Sentencia N.º RC.000418
- Sentencia
- N.º RC.000418
- Fecha
- 22/06/2017
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-971
- Ponente
- Marisela Godoy Estaba
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. N° 2016-000971
Magistrada Ponente: MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA.
En el juicio por petición de herencia, incoado por la ciudadana FANNY ENRIQUETA MARCANO CANACHE, representada judicialmente por los abogados Albino Ferreras Garza, Bernardo Priwin Aguerrevere, Gustavo Mata Borjas, Carmen Verónica Carreño, Claudio Turola García, Miriam Carolina González Rodríguez, David Goncalvez Fernández, Julio Cesar Pérez Palena, Norka Mujica Sánchez, María Antonietta Bracamonte Goncalves, Eduardo Trujillo Ariza, Juan Carlos Cuenca Vivas, Juan Carlos Velásquez Abreu y Enrique Quevedo Daboin, contra los ciudadanos JORGE ORTEGA y MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA, representada judicialmente por los abogados Andrés Eloy Hernández Sandoval, Iván Dionisio Cuevas Serva, Gustavo Orlando Caraballo, Gustavo Enrique Limongi Malave y Patricia Isabel Caraballo Briceño, y la ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, representada judicialmente por los abogados Gonzalo Salima Hernández, Gregory Odreman, Alberto Palazzi, Enrique Subero y Ronald José Puente González; el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva en fecha 20 de octubre de 2016, mediante la cual declaró:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, contra la sentencia dictada en fecha 21 de julio de 2015, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de petición de herencia de la sucesión del ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, fallecido en accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, intentada por la ciudadana FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en su condición de legítima heredera de su hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, quien sucedió a su padre en el referido accidente de aviación y murió posteriormente a consecuencia del mismo, contra los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quienes han venido poseyendo y disponiendo indebidamente de los bienes y frutos pertenecientes a la herencia, en consecuencia; i) se condena a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, a restituir a la accionante la totalidad de dichos bienes, frutos e intereses que hayan devengado desde la apertura de la sucesión hasta la fecha en que quede definitivamente firme este fallo, cuyo monto deberá calcularse mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes parámetros: 1. Se calcularán desde la fecha de admisión de la reforma de la demanda (9 de noviembre de 2012), hasta el día en que quede firme esta decisión; 2. Se nombrará un solo experto contable; y 3. Deberá ser calculada mediante experticia contable debiendo tomarse como base de cálculo los Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas emanados del Banco Central de Venezuela durante dicho período. ii) Se les condena igualmente a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, a indemnizar a la actora FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que quede firme esta decisión, lo cual será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes parámetros: 1. se calcularán desde la fecha de admisión de la reforma de la demanda (9 de noviembre de 2012), hasta el día en que quede firme esta decisión; 2. se nombrará un solo experto contable; y 3. Deberá ser calculada mediante experticia contable debiendo tomarse como base de cálculo los Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas emanados del Banco Central de Venezuela durante dicho período. TERCERO: Se declara firme el dispositivo QUINTO del fallo dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, de fecha 21 de julio de 2015, que declaró el derecho que tiene la viuda de JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO VIUDA DE ORTEGA, en virtud de lo establecido en el artículo 824 del Código Civil, a recibir una parte igual a la que corresponde a cada uno de los hijos de la persona fallecida, y que en el presente asunto equivale al cincuenta por ciento (50%) de los bienes que constituyen dicha sucesión, la cual ha de compartir con la parte accionante FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en el entendido que cualquier excedente que haya dispuesto o posea de su cuota hereditaria, deberá reintegrarlo a la parte accionante con sus frutos e intereses, cuyo monto será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil . (Mayúsculas, resaltados y subrayados del texto).
Contra el precitado fallo de alzada, la representación judicial de los codemandados Jorge Ortega y Mery Sánchez Ortega, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido por auto de fecha 16 de noviembre de 2016, siendo oportunamente formalizado e impugnado. Hubo réplica y contrarréplica.
Luego de recibido el expediente, se dio cuenta en Sala el 15 de diciembre de 2016, y mediante el método de insaculación se asignó la ponencia a la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba.
Con ocasión de la elección de la nueva junta directiva de este Tribunal Supremo en data 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el periodo 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, por los Magistrados: Yván Darío Bastardo Flores, Presidente; Francisco Ramón Velázquez Estévez, Vicepresidente; Guillermo Blanco Vázquez; Vilma María Fernández González y Marisela Valentina Godoy Estaba; Secretario Temporal: Ricardo Antonio Infante y Alguacil: Roldan Velásquez Durán.
Concluida la sustanciación del recurso de casación conforme a las previsiones contenidas en el artículo 319 del Código de Procedimiento Civil y cumplidas como fueron las formalidades legales, quien suscribe el presente fallo pasa a decidirlo previa las siguientes consideraciones:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
I
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción por la recurrida de los artículos 15 y 231 eiusdem.
Alega textualmente el formalizante, lo siguiente:
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE LA CAUSA POR VIOLACIONES DE NORMAS DE ESTRICTO ORDEN PÚBLICO.
En fecha 8 de noviembre de 2012, la ciudadana FANNY ENRIQUETA MARCANO CANACHE, parte actora en el presente juicio, luego de reformar su demanda inicial, incoa acción de PETICIÓN DE HERENCIA, la cual es admitida en fecha 12 de noviembre de 2012, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, tránsito y bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en los siguientes términos:
Omissis
Es el caso ciudadanos Magistrados, que tratándose de una acción por PETICIÓN DE HERENCIA, en la cual la actora se abrogaba la condición de heredera es de absoluta, la consecuencia de tal pretensión, era la existencia de una indeterminación acerca de las personas que debían ser llamadas a concurrir a la herencia deferida por el ciudadano Jorge Luís Ortega Sánchez; produciéndose en consecuencia la obligación por parte del Juez A-quo, al momento de admitir la demanda, de ordenar mediante edictos, la comparecencia de todas aquellas personas (conocidos o desconocidos) que se creyesen con derechos a concurrir a dicha herencia, tal y como lo dispone el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente:
Omissis
De la lectura del auto de admisión de demanda, se observa sin lugar a dudas, cómo el Juzgador A-quo omitió llamar mediante edicto al presente juicio a los sucesores desconocidos, y mucho menos le designó un defensor a los fines de que ejerciera la defensa de éstos, a pesar de ser una obligación de estricto orden público; es por ello que, SOLICITO muy respetuosamente de esta Sala, tenga a bien ORDENAR LA REPOSICIÓN DE LA PRESENTE CAUSA al estado de nueva admisión de la demanda, a los fines de que sean llamados al juicio mediante edictos, los herederos desconocidos o personas que se crean con interés de concurrir a la herencia deferida por el ciudadano Jorge Luís Ortega Sánchez.
Como sustento de la presente solicitud, debemos destacar que nuestro máximo Tribuna tanto en su Sala Constitucional como en su Sala de Casación Civil, ha dispuesto diuturnamente, que la citación constituye una formalidad esencial para la validez del juicio, tal como lo dispone el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, se trata de un acto de comunicación procesal, por medio del cual se pone en conocimiento de la parte demandada que se ha intentado un juicio en su contra y que debe comparecer al Tribunal, en el término o lapso procesal dispuesto a los fines de dar contestación a la pretensión que se ha intentado en su contra.
Tal exigencia procesal, trátese de una de las manifestaciones más claras del derecho a la defensa, pues es la vía en que el demandado puede conocer por vez primera, que se ha iniciado un juicio en su contra y le permite conocer los términos en que el actor ha expuesto sus argumentos así como el tiempo en que debe comparecer al órgano jurisdiccional a contestar.
En el caso de las herencias, visto que los bienes del de cujus pasan de derecho a la persona del heredero, y que la sucesión se abre en el momento de la muerte, a tenor de lo dispuesto en los artículos 993 y 995 del Código Civil, se hace necesario que en todo caso, se cite al proceso a los herederos conocidos y desconocidos de éste, mediante edictos, publicados en la forma legalmente prevista, ello a los fines de no incurrir en futuras reposiciones y en garantía del derecho a la defensa de aquellos que pudiesen tener algún derecho en la masa hereditaria, pero que no resultan conocidos a priori a los fines de ser citados en la forma ordinaria.
Si bien en nuestro proceso se ha proscrito la nulidad por la nulidad misma, toda vez que ésta debe buscar siempre un fin útil, no menos cierto es, que el incumplimiento de formalidades esenciales como lo es la citación, acarrean la inminente nulidad de los actos que se ejecuten con posterioridad a dicha omisión, de allí que el artículo 206 ibídem, señale:
Omissis
Con fundamento en todo lo antes expuesto, considera esta representación, que se infringió las disposiciones contenidas en los artículos 15 y 231 del Código de Procedimiento Civil, al incumplir la obligación de citar a los herederos desconocidos del ciudadano Jorge Luís Ortega Sánchez; siendo lo procedente y ajustado a derecho, decretar la nulidad absoluta de todos y cada uno de los actos verificados en el presente proceso, conforme lo dispuesto en los artículos 206, 208, y 211 del Código de Procedimiento Civil, debiendo en consecuencia acordarse la REPOSICIÓN DE LA PRESENTE CAUSA AL ESTADO NUEVA ADMISIÓN DE LA DEMANDA a los fines de que sean citados mediante edictos, los herederos desconocidos del ciudadano JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ y la designación de un Defensor Judicial, tal como ha fue solicitado por esta representación, como punto previo ante el Juzgado Superior que dictó la sentencia de la aquí se recurre.
En tal sentido, dada la naturaleza del vicio delatado, SOLICITAMOS de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien casar el fallo recurrido; o en su defecto, reponga la causa al estado en que el Juzgado Primera Instancia que resulte competente, ordene la publicación de los edictos correspondiente y la designación de un Defensor para los Herederos Desconocidos .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante la infracción de los artículos 12 15, 206 208 y 231 del Código de Procedimiento Civil, pues el juez de alzada no cumplió con la obligación de ordenar la publicación de los edictos a fin de cumplir con la obligación de citar a los herederos desconocidos del ciudadano Jorge Luís Ortega Sánchez, una vez admitida la reforma de la demanda el día 12 de noviembre de 2012, en consecuencia, siendo lo procedente y ajustado a derecho, decretar la nulidad absoluta de todos los actos, a fin de que se reponga la causa al estado de que se dicten los dicten los edictos para citar a los herederos desconocidos.
Respecto a la solicitud de reposición de la causa la Sala ha establecido en decisión N° 411, de fecha: 2 de julio de 2014, Caso: GROPECUARIA LA VIGÍA C.A., contra la asociación civil PRODUCTORES RURALES EL SOCORRO (APRUSO), lo siguiente:
Respecto a la reposición de la causa, la misma ocurre, cuando el juez en la oportunidad de dictar sentencia, detiene el curso del proceso, anula las actuaciones realizadas y retrotrae el proceso al estado en que de acuerdo con su criterio, deba renovarse el acto esencial que haya estimado como quebrantado.
De allí que, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el Código de Procedimiento Civil, conforme con los principios de economía y celeridad procesal, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales. Por ende, es imprescindible para que proceda la reposición, que además haya quedado comprobado en el juicio que la infracción de la actividad procesal haya causado indefensión a las partes o a una de ellas y que el acto no haya cumplido su finalidad. (Vid. sentencia N° 00587, de fecha 31 de julio de 2007, caso: Chivera Venezuela S.R.L., contra Inversiones Montello C.A. y otra) .
En la denuncia bajo análisis el formalizante expresa que luego de la admisión de la reforma de la demanda, en la que se propuso petición de herencia, en el auto de admisión el a-quo no ordenó la publicación de los edictos a fin de que se citaran a los herederos desconocidos del de cujus Jorge Luís Ortega Sánchez, de ello no se evidencia que el recurrente exprese cuál sería la utilidad de la reposición aquí solicitada, sin embargo, siendo que la presente denuncia se basa en un quebrantamiento de forma procesal y en virtud de los postulados constitucionales referidos a no sacrificar la justicia por formalismos inútiles de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la sala extrema facultades y pasa a analizar la presente denuncia en los siguientes términos:
Al respecto la sentencia recurrida expresó lo siguiente:
DE LA SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE LA CAUSA.
Los codemandados JORGE ORTEGA y MERY ELENA SANCHEZ DE ORTEGA, solicitan en sus informes que este Tribunal Superior decrete la reposición de la causa al estado de nueva admisión de la demanda, a los fines de que sean citados mediante edictos, los herederos desconocidos del ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ.
En su exposición, la parte accionada ha traído a colación sentencias de la Sala de Casación Civil que acuerdan la reposición de la causa al estado de publicación de los edictos que ordena el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, en las causas que suspenden su curso por haber constancia en autos del fallecimiento de una de las partes, por haberse omitido la publicación de los edictos, señalándose en dichas decisiones que la falta de publicación de los edictos constituye una infracción a las normas de orden público relacionadas con la citación y que, por ende, causan menoscabo del derecho de defensa de los posibles sucesores desconocidos de la parte que haya fallecido en el curso de un proceso.
En efecto, la sentencia de 25 de junio de 2002, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, citada por los codemandados, casa la sentencia dictada en alzada, por considerar que la recurrida, al no ordenar la reposición de la causa al estado en que se ordene la paralización de la causa y se practique la citación por edicto de los herederos desconocidos, violó los artículos 206, 208 y 212 del Código de Procedimiento Civil. De igual manera, en la sentencia N° 079, de 25/02/2004, citada también por los codemandados en sus informes, se declara textualmente: De acuerdo con la doctrina de esta Sala, los edictos deben ser librados siempre que conste en el expediente la muerte de alguna de las partes, debido a la dificultad de determinar con certeza la inexistencia de herederos desconocidos, pues no basta tomar en consideración la declaración de las partes, quienes podrían tener interés en excluir a algún tercero capaz de afectar sus derechos. Así mismo, en la sentencia del 09 de agosto de 2010, caso Iván de Angeles Bertossi, con ponencia de la magistrada Iris Armenia Peña Espinoza, citada también por los codemandados en sus informes, se repite una vez más el mismo precedente relacionado con la citación por edicto de los sucesores desconocidos de la parte que haya fallecido en el curso de un proceso, pues conforme se expresa en el citado fallo:
En este sentido, dicha norma contenida en el artículo 231 eiusdem, prevé una forma de citación especial, como es la citación por edictos, siendo que la referida norma no puede aplicarse por analogía a situaciones no contempladas en ella, es decir, que su aplicación está subjetivamente restringida a los herederos desconocidos de una persona fallecida que sea parte en un juicio. De manera que, mediante la citación por edictos se llama en general a quienes se crean asistidos del derecho, y no a personas determinadas expresamente por su nombre, apellido y domicilio, como en la hipótesis de la citación personal o por carteles
.
Finalmente, la sentencia N° 1024, de fecha 19 de julio de 2012, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, actuando en recurso de control de la constitucionalidad del acto de desaplicación del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, acordado por el juez de primera instancia en ejercicio del poder difuso de la constitucionalidad de la norma, por violatoria del principio de la justicia gratuita, en virtud de que se le había concedido al accionante el beneficio de litigar gratuitamente y no se le podía en consecuencia imponer la obligación de pagar la publicación de los edictos solicitados por éste y acordados por el Tribunal de la causa en el auto de admisión de la demanda. La Sala Constitucional consideró desacertado el criterio del Tribunal, porque vulneraba el derecho de defensa de los herederos desconocidos del demandado y ordenó que la publicación del Edicto se hiciera con cargo a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, decisión ésta que no interpreta el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, sino que se pronuncia sobre la constitucionalidad del mismo, y que en definitiva no avala el criterio sostenido por los apoderados de los codemandados en su escrito de informes.
Considera este Juzgado Superior que el criterio sostenido por los codemandados y que resulta avalado por las sentencias de la Sala de Casación Civil citadas en su apoyo, es que la citación por edicto de los herederos desconocidos de la parte que fallece en el curso del proceso es obligatoria, a tenor de lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, porque cuando se haga constar en el expediente la muerte de una parte, de la causa suspende hasta que se cite a los herederos, dando aplicación analógica a lo establecido en el artículo 231 del citado Código, procediéndose en consecuencia a citar personalmente o por carteles a los herederos conocidos de la parte y por edicto a los desconocidos, a objeto de evitar, como enseña la jurisprudencia anteriormente citada, reposiciones futuras.
Distinta es la situación que se presenta cuando se intenta una demanda de petición o de partición de herencia, como sucede en el caso de autos, y los demandados son los herederos conocidos del causante, pues en este caso se procede a la citación personal de los dichos herederos, resultando inaplicable lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, conforme lo señala la jurisprudencia por demás reiterada de la Sala de Casación Civil, pues la citada disposición legal no puede aplicarse por analogía a situaciones no contempladas en ella. Así, en sentencia N° 143, de 24 de marzo de 2008, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández, se deja establecido lo siguiente:
Al respecto, cabe señalar, que doctrina reiterada de esta Sala tiene establecido que el cumplimiento, libramiento y publicación de los edictos a los sucesores desconocidos, es de ineludible cumplimiento para casos donde se impugnen actos realizados en vida por quien al momento del litigio haya fallecido, para así, de esa forma resguardar con ello a quienes siendo causahabientes de un derecho o de una obligación reclamada en juicio, pudiesen, sin haber estado a derecho en razón de la ausencia de citación, resultar condenados o absueltos por la providencia dictada en el proceso al cual no fueron llamados, todo esto con evidente menoscabo a su derecho de defensa Copia textual.
Esa misma Sala, en sentencia N° 807, del 9 de noviembre de 2007, había declarado que:
En el presente caso, se delata la infracción de los artículos 15, 211 y 231 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar el formalizante que la sentencia de alzada incurrió en el vicio de reposición mal decretada, ya que en su criterio en el presente caso no era necesario la citación por edicto de los herederos desconocidos del causante de su mandante (parte actora en este juicio).
Al respecto, cabe señalar, que doctrina reiterada de esta Sala tiene establecido que el cumplimiento, libramiento y publicación de los edictos a los sucesores desconocidos, es de ineludible cumplimiento para casos donde se impugnen actos realizados en vida por quien al momento del litigio haya fallecido, para así, de esa forma resguardar con ello a quienes siendo causahabientes de un derecho o de una obligación reclamada en juicio, pudiesen, sin haber estado a derecho en razón de la ausencia de citación, resultar condenados o absueltos por la providencia dictada en el proceso al cual no fueron llamados, todo esto con evidente menoscabo a su derecho de defensa.
No obstante, en el presente caso el juicio de partición de herencia ha sido instaurado por el ciudadano JOAO ABEL GONZÁLEZ, en su condición de único hijo del fallecido ABEL GONCALVES, contra la ciudadana ALBERTINA PEREIRA DE GONCALVES, cónyuge del prenombrado de cujus, tal como consta en acta de defunción traída al proceso por el actor, y que riela inserta al folio 17 de la pieza 2 del presente expediente, en la cual, entre otros particulares, se dejó textualmente establecido lo siguiente:
Se ha presentado ante este Despacho (sic) la ciudadana Albertina Pereira de Goncalves, de sesenta y dos (sic) años de edad
, y expuso que: ABEL GONCALVES, C.I. N° 6.178.573, falleció el día 1° de mayo del presente año, a las diez post-meridiem, en su casa de habitación
, y de las noticias adquiridas aparece que el finado tenía ochentiún años de edad
Al acto de su fallecimiento estaba casado con la exponente, deja un hijo de nombre JUAN ABEL, mayor de edad, no deja bienes de fortuna
.
Así las cosas, se observa que los supuestos que informan el presente caso, resultan distintos a los que sirven de base al criterio reiterado de la Sala, anteriormente comentado, y que prevé la obligatoria publicación de edictos a los herederos desconocidos a fin de tenerlos como citados respecto a los asuntos relacionados con actos que en vida hubiera realizado su causante, ya que, como bien ha podido evidenciarse en este caso, el demandante es uno de los dos herederos conocidos del ciudadano ABEL GONCALVES, fallecido ab-intestato y casado en vida con la ciudadana ALBERTINA PEREIRA DE GONCALVES, tal como consta en la propia partida de defunción y en la declaración vertida en ésta por la prenombrada cónyuge, hoy demandada en este proceso.
Adicionalmente, por virtud de las características de este caso en particular, estima la Sala que el contenido y alcance de la garantía prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se conjuga con la intención legislativa de la norma consagrada en el artículo 231 del Código Procesal Civil, especialmente, en relación a la prueba a la que se hace referencia en ella y a los efectos de que, necesariamente, debe determinarse la fuerza de esa presunción, máxime, cuando como en el caso de autos constan evidencias claras e irrefutables de la inexistencia de tales herederos desconocidos. Así, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, tal forma de citación procederá:
Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de esta referente a una herencia u otra cosa común
. Copia textual.
De acuerdo con lo expresado por la Sala de Casación Civil en las dos sentencias anteriormente citadas, el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil no tiene aplicación sino en los casos de demandas contra los sucesores desconocidos de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común, en cuyo caso la citación de los sucesores desconocidos, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por edicto. También es necesaria dicha citación por edicto a los herederos desconocidos a fin de tenerlos como citados respecto a los asuntos relacionados con actos negociales que en vida hubiera realizado su causante, pero tal disposición resulta inaplicable cuando se demanda a los herederos conocidos de la persona fallecida y esté comprobado su derecho a la herencia, como ocurre con la situación planteada en autos, en la cual se ha demandado a la viuda del causante y a los padres de éste, quienes atribuyéndose el carácter de únicos y legítimos sucesores han tomado posesión de la herencia. Siendo, pues, que la acción de petición de herencia planteada en este caso, está dirigida a los sucesores conocidos del causante quienes aparecen claramente determinados en el libelo de demanda, en consecuencia no es procedente dar aplicación al artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.
Concluye señalando la sentencia antes referida, N° 143, de fecha 24 de marzo de 2008, que se configura la violación del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, cuando se ordena su aplicación en una demanda de partición sucesoral intentada contra los herederos conocidos de una persona fallecida, situación que es aplicable mutatis mutandis a la controversia existente en autos. En efecto, la referida decisión de la Sala de Casación Civil dispone lo siguiente:
En otra decisión, esta vez fechada 25 de febrero de 2004, caso Mery Pacheco Rivero contra Emilia Rodríguez de Pacheco, expediente N° 03-375, la Sala señaló:
De acuerdo con la doctrina de esta Sala, los edictos deben ser librados siempre que conste en el expediente la muerte de alguna de las partes.
Si las partes no instan la citación de los herederos, no procede la reposición sino la perención de la instancia, luego de transcurridos seis meses contados a partir de que conste en autos la partida de defunción de alguna de las partes Estas consideraciones permiten concluir que en el supuesto de que conste en el expediente la muerte de alguno de los litigantes, el proceso queda de pleno derecho en suspenso .
En caso bajo examen, no ha fallecido ninguna de las partes involucradas en el juicio, y existen por demás, evidencias claras de quiénes son los sucesores del ciudadano ABEL GONCALVES, a saber, su hijo JOAO ABEL GONCALVES, hoy demandante, y la viuda, ALBERTINA PEREIRA DE GONCALVES, hoy demandada por partición de herencia.
Por consiguiente, estima esta Sala en atención a las características de este particular caso, que la reposición decretada por la recurrida fue indebida y, por ende, resulta procedente la presente denuncia, por infracción de los artículos 15, 211 y 231 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.
Similar a lo decidido en esa oportunidad por la Sala, es la situación planteada en el caso sub examine, puesto que se observa que efectivamente el tribunal superior acordó reponer la causa al estado de admisión de la demanda ordenando la citación mediante edictos de los sucesores desconocidos del causante Ismael Rivero León de conformidad con lo previsto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, anulando todo lo actuado, incluida la sentencia de primera instancia de fecha 04 de julio de 2005, la cual declaró con lugar la defensa perentoria de falta de cualidad e interés activa y pasiva tanto de los demandados como de la demandada para estar en juicio.
Dicho pronunciamiento contraría abiertamente el criterio doctrinal de esta Sala, ya que en el presente caso, la sentencia recurrida reconoce de manera expresa cuales son los herederos que debieron ser llamados a tomar parte en la presente causa, lo que les atribuye el carácter de herederos conocidos, no siendo aplicable por ende la disposición contenida en el referido artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.
Por otra parte, cabe resaltar que aun cuando en el caso de autos resulta improcedente la citación prevista en el citado artículo, puesto que no ha fallecido ninguna de las partes intervinientes en el presente proceso, de haberse verificado esa circunstancia, tampoco procedería la reposición de la causa, pues en ese caso nacería la carga para las partes, de procurar la citación de los herederos de ésta dentro de los seis meses siguientes a la constancia en autos de la defunción. Así se decide.
En razón de lo antes expresado estima la Sala que la sentencia recurrida infringió la disposición contenida en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, lo que trajo como consecuencia a su vez, el quebrantamiento de los artículos 15 y 211 eiusdem, al haber acordado dicho fallo una reposición indebida. Así se decide
. Copia textual.
Con apego estricto al criterio anterior, resulta improcedente acordar la reposición solicitada por los codemandados JORGE ORTEGA y MERY ELENA SANCHEZ DE ORTEGA, al estado de admisión de la demanda, a los fines de que sean citados por edictos los herederos desconocidos de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, por cuanto, de acuerdo al criterio vigente de la Sala de Casación Civil, expresado en la sentencia N° 143, de 24 de marzo de 2008, incurriría esta alzada en una reposición indebidamente decretada, ya que habiéndose demandado en petición de herencia a los sucesores conocidos de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, como es la viuda, ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO y a los padres de éste, ciudadanos JORGE ORTEGA y MERY ELENA SANCHEZ DE ORTEGA, y quienes se atribuyen el carácter de únicos y universales herederos de éste, resulta inaplicable lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, como pretende la parte demandada, y así se decide
.
Al respecto el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, expresa textualmente lo siguiente:
Cuando se compruebe que son desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común, la citación que debe hacerse a tales sucesores desconocidos, en relación con las acciones que afecten dicho derecho, se verificará por un edicto en que se llame a quienes se crean asistidos de aquel derecho para que comparezcan a darse por citados en un término no menor de sesenta días continuos, ni mayor de ciento veinte, a juicio del Tribunal, según las circunstancias. El edicto deberá contener el nombre y apellido del demandante y los del causante de los sucesores desconocidos, el último domicilio del causante, el objeto de la demanda y el día y la hora de la comparecencia. El edicto se fijará en la puerta del Tribunal y se publicará en dos periódicos de los de mayor circulación en la localidad o en la más inmediata, que indicará el Juez, por los menos durante sesenta días, dos veces por semana .
La Sala de Casación Civil, en decisión N° 807, de fecha 9 de noviembre de 2007, caso: Joao Abel Goncalves c/ Albertina Pereira, en cuanto al artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, consideró lo siguiente:
En el presente caso, se delata la infracción de los artículos 15, 211 y 231 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por considerar el formalizante que la sentencia de alzada incurrió en el vicio de reposición mal decretada, ya que en su criterio en el presente caso no era necesario la citación por edicto de los herederos desconocidos del causante de su mandante (parte actora en este juicio).
Al respecto, cabe señalar, que doctrina reiterada de esta Sala tiene establecido que el cumplimiento, libramiento y publicación de los edictos a los sucesores desconocidos, es de ineludible cumplimiento para casos donde se impugnen actos realizados en vida por quien al momento del litigio haya fallecido, para así, de esa forma resguardar con ello a quienes siendo causahabientes de un derecho o de una obligación reclamada en juicio, pudiesen, sin haber estado a derecho en razón de la ausencia de citación, resultar condenados o absueltos por la providencia dictada en el proceso al cual no fueron llamados, todo esto con evidente menoscabo a su derecho de defensa.
No obstante, en el presente caso el juicio de partición de herencia ha sido instaurado por el ciudadano JOAO ABEL GONZÁLEZ, en su condición de único hijo del fallecido ABEL GONCALVES, contra la ciudadana ALBERTINA PEREIRA DE GONCALVES, cónyuge del prenombrado de cujus, tal como consta en acta de defunción traída al proceso por el actor, y que riela inserta al folio 17 de la pieza 2 del presente expediente, en la cual, entre otros particulares, se dejó textualmente establecido lo siguiente:
Se ha presentado ante este Despacho (sic) la ciudadana Albertina Pereira de Goncalves, de sesenta y dos (sic) años de edad , y expuso que: ABEL GONCVALVES, C.I. N° 6.178.573, falleció el día 1° de mayo del presente año, a las diez post-meridiem, en su casa de habitación , y de las noticias adquiridas aparece que el finado tenía ochenta y un años de edad Al acto de su fallecimiento estaba casado con la exponente, deja un hijo de nombre JUAN ABEL, mayor de edad, no deja bienes de fortuna .
Así las cosas, se observa que los supuestos que informan el presente caso, resultan distintos a los que sirven de base al criterio reiterado de la Sala, anteriormente comentado, y que prevé la obligatoria publicación de edictos a los herederos desconocidos a fin de tenerlos como citados respecto a los asuntos relacionados con actos que en vida hubiera realizado su causante, ya que, como bien ha podido evidenciarse en este caso, el demandante es uno de los dos herederos conocidos del ciudadano ABEL GONCALVES, fallecido ab-instetato y casado en vida con la ciudadana ALBERTINA PEREIRA DE GONCALVES, tal como consta en la propia partida de defunción y en la declaración vertida en ésta por la prenombrada cónyuge, hoy demandada en este proceso .
En decisión N° 405, fecha 8 de agosto de 2003, caso: Margen de Jesús Blanco Rodríguez c/ Inversiones y Gerencia Educacionales, en la que por otra parte expresó:
Como puede observarse, el Juez de alzada consideró que al no ser comprobable la existencia de herederos desconocidos, se hacía innecesaria la publicación de edictos para citarlos. Al respecto, el criterio uniforme de la Sala de Casación Civil es el siguiente:
...La Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 8 de diciembre de 1993, estableció la siguiente doctrina que ahora se reitera:
En efecto, cuando se trata del fallecimiento de una de las partes, respecto a los herederos conocidos, debe ordenarse su citación cumpliendo todas las formalidades que la ley establece, en acatamiento al principio que la citación por carteles es sucedánea a la citación personal, es decir, que la imprenta procede, agotadas como hayan sido todas las diligencias tendientes a obtener la citación personal.
De otra parte, como hay casos en los cuales no es posible determinar si hay herederos desconocidos o no, por no saberse si los primeros existen, por ello lo conveniente para evitar futuras reposiciones y nulidades, o bien que pueda dejarse de citar a alguno de los herederos conocidos, como es el caso en estudio, o que los herederos desconocidos puedan verse perjudicados en sus derechos, la ley procesal ha previsto el supuesto del artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, el cual, a juicio de esta Corte, debe aplicarse a todo caso, en virtud de la imposibilidad del funcionario jurisdiccional de conocer a ciencia cierta, si la información sumi-nistrada por el litigante ha sido ajustada a derecho o no, en cuanto a tales herederos conocidos o no, máxime, cuando la situación procesal entre ellos es la litis consorcio necesaria.
El artículo 144 del Código de Procedimiento Civil dice que: La muerte de la parte desde que se haga constar en el expediente, suspenderá el curso de la causa mientras se citen a los herederos..
En consecuencia, el no cumplimiento de las exigencias que determina el artículo 231 citado supra, trae como conse-cuencia la nulidad de todo lo actuado con posterioridad al acto írrito, conforme a lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil. (Negritas y subrayado de la Sala. Sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 10 de agosto de 1999, en el juicio de Antonio José Figuera Medida contra Antonio Angel Hernández Estrado y otro, expediente N° 98-325, sentencia N° 536). Destacado y subrayado de la Sala).
La doctrina de la Sala de Casación Civil ha señalado que la citación de los herederos desconocidos a través del edicto indicado en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, deberá producirse en todos los casos de fallecimiento de una de las partes. Si precisamente el heredero es desconocido, no puede aspirarse a la previa comprobación de la existencia de éste como requisito para la publicación del edicto, si en efecto resulta incierta su existencia. El carácter de desconocido lo hace de difícil comprobación previa, y la única forma de evitar posteriores reposiciones es atender la situación procesal inmediata, producto de la muerte de una de las partes, y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, a fin de sanear el proceso de nulidades posteriores.
Por otra parte, los efectos de la cosa juzgada sólo deben afectar a quienes se han hecho parte en el proceso, y sería indeseable que una sentencia definitiva afecte intereses de terceros, no citados en juicio, como podrían ser los eventuales herederos desconocidos quienes no se habrían podido hacer parte en el proceso por el incumplimiento de la citación a que hace referencia el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil . (Negrillas de la sentencia).
Ahora bien, de acuerdo a la jurisprudencia precedentemente citada se evidencia que el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, debe aplicarse en dos situaciones: 1) cuando se tenga certeza de los herederos desconocidos los sucesores de una persona determinada que ha fallecido, y esté comprobado o reconocido un derecho de ésta referente a una herencia u otra cosa común; o 2) una vez que conste el acta de defunción de una de las partes que haya fallecido en juicio. Todo ello con la finalidad de evitar posteriores reposiciones atendiendo la situación procesal inmediata, producto de la muerte de una de las partes, y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, a fin de sanear el proceso, y prever futuros derechos o intereses de herederos desconocidos.
Ahora bien, en aplicación de los razonamientos precedentemente expuestos al caso de autos, se puede precisar que el de cujus Jorge Luís Ortega Sánchez, quien en vida fuera hijo de los ciudadanos Mery Sánchez de Ortega y de Jorge Ortega, estuvo casado con la ciudadana Fanny Enriqueta Marcano Canache cuya sentencia de divorcio consta a los folios 32 al 33 de la pieza 1 de 8, y de dicha unión se procrearon dos hijos María Fernanda Ortega y Jorge Rafael Ortega Marcano (fallecidos), los cuales fallecieron en el mismo accidente aeronáutico en fecha 1 de marzo de 2009, en ese sentido se evidencia que el de cujus no es posible que tenga herederos desconocido.
Ahora bien, de las actas que constan en el expediente se puede evidencias las siguientes actuaciones:
Auto de admisión de la demanda de fecha 11 de enero de 2010, dictado por el Circuito Judicial del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de adopción Internacional Sala de Juicio Unipersonal N° 8, mediante el cual además de admitir la demanda por DECLARACIÓN DE CONMORIENCIA, de conformidad con el artículo 994del Código Civil Venezolano ( ). Se le advierte al (sic) demandada que deberá referirse a los hechos uno a uno de acuerdo al artículo 461 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Asimismo, de conformidad con el artículo 507 del Código Civil, se acuerda librar Edicto emplazando a todas aquellas personas que tengan interés directo y manifiesto en el juico, para que comparezcan ante esta sala de juicio a exponer lo que considere conducente dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, contados a partir de la publicación que del mismo se haga en el Diario Últimas Noticias, posterior consignación fijación que del mismo se haga en el presente asunto . (ff. Del 289 al 290 de la pieza 1 de 8 del expediente), Dichos edictos constan a los folios 72 al 71.-
Dicha demanda fue reformada y en ese sentido se ejerció la acción de petición de herencia, la cual fue admitida por auto de fecha 9 de noviembre de 2012, dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. (ff. 354 de la pieza 3 de 8 del expediente).
Ahora bien, de conformidad con los razonamientos precedentemente expuesto se evidencian las siguientes circunstancias: 1) que el de cujus Jorge Luís Ortega Sánchez, tuvo dos hijos al momento de su muerte, los cuales fallecieron en el mismo acto, y una esposa con la cual estaba casado bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales; 2) se evidencia que en el auto de admisión de la demanda se ordenó la publicación de unos edictos de conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, los cuales fueron consignados en el expediente, a fin de citar o de que se presentaran en juicio los herederos desconocidos; y 3) se puede evidenciar que de acuerdo a las actuaciones que constan en el expediente no era posible aplicar el contenido del artículo 231 eiusdem, pues las partes del presente juicio no han fallecido, supuesto de hecho previsto en la norma a fin de aplicar la consecuencia jurídica referida a la publicación de edictos para que se presente en juicios los herederos desconocidos, de manera que siendo el fin último de la presente denuncia el hecho de que los herederos o posibles herederos desconocidos se enteraran del presente juicio, ello se cumplió con los edictos publicados que constan en el expediente, de manera que en todo caso resultaría inútil declarar una reposición de la causa cuando se cumplió con la formalidad requerida.
En consecuencia y de acuerdo a los argumentos antes expuesto se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.
II
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción por la recurrida de los artículos 7, 15, 78, 206 y 341 eiusdem.
Alega textualmente el formalizante, lo siguiente:
Cuando JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ, MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, de 16 años de edad y JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, de 14 años de edad, se precipitaron a tierra por efecto del accidente aeronáutico ocurrido el 1o de marzo de 2009, en el Páramo Piedra Gorda, Sector San Miguel Municipio Boconó del estado Trujillo, dada la severidad del impacto, así como el tanatocronodiagnóstico fijado en los "Protocolos de Autopsias" de manera expresa para cada uno de los occisos, emergió instantáneamente la presunción de conmoriencia prevista en el artículo 994 del Código Civil y, en consecuencia, no hubo transmisión de derechos sucesorales recíprocamente.
Como consecuencia de la presunción legal y el orden de suceder dispuestos en los artículos 994 y 825 del Código Civil, nuestros mandantes y la viuda del ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, de pleno derecho y a falta de repudio, adquirieron la condición de herederos y entraron en posesión de la herencia deferida por éste; siendo oportuno igualmente destacar, que conforme al 1.379 ejusdem, la referida presunción legal, dispensa de prueba a quien ella favorece, de allí que en tales circunstancias, nuestros mandantes no tenían nada que probar, de buena fe y de pleno derecho, pero con infinito pesar, adquirieron la condición de herederos de su hijo.
A pesar de lo anterior, la Demandante, como ya se señaló previamente, se dio a la tarea de destruir la referida presunción legal, ello a los fines de que se le reconociese a ella, con exclusión de cualquier otra persona, no sólo como heredera de su hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, sino también, referenciada en su afirmación de haber fallecido su hija segundos después que su padre JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ, que se le reconociese como exclusiva y excluyente heredera del referido ciudadano, todo lo cual significa, que nos entramos en presencia de una pretensión mero declarativa de la demandante. Es decir, la Actora, con el propósito de convertirse en heredera del ciudadano JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ, requiere en primer término, se le reconozca a su hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, como heredera respecto a su padre, lo que implica destruir la presunción legal de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil y por cuya virtud, de buena fe, nuestros mandantes obrado como herederos de su único hijo.
Como podrá apreciarse, la Actora en el presente caso, no solo incoó de manera directa una demanda mero declarativa contra nuestros representados y la viuda del ciudadano JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ, para excluirlos como herederos y pasar ella a detentar la condición de única heredera del que fuere el patrimonio del de cujus, sino que además, propuso dos (2) acciones en forma simultánea: una acción de rendición de cuentas y otra indemnizatoria, incurriendo así en una inepta acumulación de pretensiones, que pasamos a demostrar en los términos siguientes:
La pretensión mero declarativa, aparece sintetizada en los literales a) y b) del libelo de demanda, al demandarse lo siguiente:
"a) Que reconozcan mi cualidad de heredera de mi fallecida hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, quien a su vez fue la única heredera, por haberle sobrevivido, de su padre JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ;
b) Que los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA y MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, reconozcan que no son los herederos del ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ,...".
En cuanto a la acción de rendición de cuentas, ésta aparece claramente acreditada de los términos en los que fuere planteado el literal c) del mismo libelo de demanda, en el que la Parte Actora "pide la restitución de unos bienes con la determinación de los frutos y rentas que los mismos hayan podido producir", tal como se lee a continuación:
c) Que los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA y MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, restituyan todos y cada uno de los bienes que vienen poseyendo y que pertenecen en el acervo hereditario del extinto JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ y que fueron heredados por mi fallecida hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO y que ahora me pertenecen por ser yo su legítima heredera, conjuntamente con todos los frutos y rentas que los mismos hayan podido producir,...
Finalmente, y en lo referente a la acción indemnizatoria, ésta textualmente se constata en el literal d) del escrito libelar, en el que la actora literalmente reclama lo siguiente:
d) Que los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA y MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, me indemnicen por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que recaiga sobre este proceso sentencia definitiva y ejecutoriada .
Pues bien, dejando de lado por ahora la absoluta indeterminación en el libelo de demanda, de los bienes reclamados por la Parte Actora, lo que redunda en la indeterminación del fallo y que será combatido posteriormente en la denuncia pertinente, lo que interesa en esta denuncia, es analizar la incompatibilidad de estas pretensiones así acumuladas.
En tal sentido y desde el punto de vista sustantivo, no hay dudas de la vocación hereditaria de la actora respecto a sus hijos MARÍA FERNANDA y JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO conforme al primer aparte del artículo 825 del Código Civil; no obstante, la actora reconoce que a la fecha de su acción, no aparece ni ha sido reconocida en forma alguna que su hija, MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, haya heredado a JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ, de cuya suerte, tras su fallecimiento, a falta de cualquier otro descendiente, concurrieron como herederos los codemandados: JORGE ORTEGA, MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA y MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO (Padres y cónyuge del de cujus).
Es por ello que, para derivar cualquier pretensión contra nuestros mandantes por efecto de la sucesión de JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ de la que tomaron posesión, primero debe la actora acreditar que su hija, MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, sucedió a su padre, lo que constituye el quid de su pretensión mero declarativa; en tal sentido, sí, y solo sí la pretensión mero declarativa triunfase, la Actora detentaría derechos sobre los eventuales bienes que integran la herencia dejada por el ciudadano JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ, lo que pone al descubierto que tanto las pretensiones de cuentas como indemnizatorias del libelo, están jurídicamente subordinadas al éxito de la primera; en este contexto, la única forma en que la Actora pudiere, sustantivamente hablando, hacer valer estas pretensiones, habría sido mediante una acumulación subsidiaria eventual, esto es, que ante el éxito de la primera pretensión, el Tribunal pudiere entrar a conocer de las otras pretensiones.
Tal situación fue advertida al momento de contestar la demanda, cuando esta representación alegó respecto a esas pretensiones, "la falta de cualidad e Interés de la actora en sostenerlas", referenciados especialmente en la circunstancia de carecer la demanda del instrumento fundamental que la soportara, lo cual aparejaba su inadmisibilidad, pero ello fue no sólo incomprendido completamente por la recurrida, la cual de forma infundada atribuyó la cualidad a la Demandante al interés invocado por esta para intentar su acción.
Así, desde el punto de vista sustantivo, aún si todas las pretensiones compartieran el mismo procedimiento, que no es el caso, consideramos que la actora no podía proponer por vía principal, simultáneamente, las pretensiones antes identificadas, las cuales y así ha sido objeto de reiterado pronunciamiento, debían haberse planteado de forma subsidiaria.
Como puede apreciarse, el eventual derecho para proponer tanto la rendición de cuentas, como la acción indemnizatoria, en el caso concreto, derivaba ineludiblemente de la declaratoria con lugar de la pretensión mero declarativa; de allí la imposibilidad jurídica de nuestros representados de sostener unas pretensiones que al no habérselas propuesto de forma eventual, traducían la falta de cualidad e interés de la demandante e inadmisibilidad de las mismas conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil.
Pero aún si el más generoso espíritu finalista quisiere refutar lo hasta ahora expuesto, desde el punto de vista procesal, de lo que no caben dudas es que la inepta acumulación de pretensiones delatada resulta insalvable, y en tal sentido observemos lo siguiente:
Supongamos, gratía arguendi, que todas las pretensiones, a pesar de estar las últimas subordinada a la primera, pudieran acumularse por vía principal, y figuradamente aceptásemos, que tanto la pretensión mero declarativa como la indemnizatoria, a falta de previsión especial en contrario, debían canalizarse por el cauce del procedimiento ordinario, pero lo que es inaceptable, y en eso no hay concesión posible, es que la segunda pretensión ejercida por la Actora es una nítida pretensión de rendición de cuentas y que, en cuanto tal, tiene un procedimiento especial previsto en el artículo 673 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Como ha sido expuesto, la Actora en su segunda pretensión, reclama de nuestros mandantes que le "restituyan todos y cada uno de los bienes que vienen poseyendo, "que ahora me pertenecen por ser yo su legítima heredera, conjuntamente con todos los frutos y rentas que los mismos hayan podido producir; tales pretensiones, calzan perfectamente en lo que constituye el objeto fundamental del procedimiento de rendición de cuentas, en el que ante la circunstancia en la que una persona administre bienes ajenos, se le pueda reclamar "el pago reclamado por el actor en la demanda o la restitución de los bienes que el demandado hubiere recibido para el actor en ejercicio de la representación o de la administración conferida" tal como nítidamente se establece en el artículo 677 del Código de Procedimiento Civil.
En este contexto, no hay dudas, que en los términos expuestos, la Actora demandó de nuestros representados la restitución de unos bienes, -indeterminados-, y además les reclamó los frutos y rentas de dichos bienes, lo cual sintetiza en la más absoluta puridad, una demanda de rendición de cuentas, acción ésta que es suficientemente conocido, está dotada de un procedimiento especial e incompatible con el procedimiento ordinario.
Lo anterior, desde el punto de vista sustancial y adjetivo, representa una situación similar a la de aquella persona que ha mantenido una unión estable de hecho con otra, y pretende que se le homologuen derechos propios de la institución del matrimonio, y que a su vez, se le acuerde la partición de los bienes comunes. Tal proceder, como lo ha sostenido a la saciedad la jurisprudencia patria, resulta procesalmente antagónico, ya que primero se debe obtener la mera declaración de la existencia de la unión estable de hecho, para luego poder declarar los efectos derivados de la misma y consecuencialmente demandar la partición; todo lo cual es imposible adelantar en un solo proceso, debido a la incompatibilidad procedimental que imposibilita la sustanciación simultanea de dichas acciones.
Omissis
Innumerables han sido los fallos que han tratado el punto de la inepta acumulación de pretensiones y sería ocioso invocarlos todos en apoyo de esta denuncia, pues lo que está muy claro, es que la Demandante no podía acumular por vía principal pretensiones en las que unas dependieran de la declaratoria con lugar de la primera; y que por su naturaleza jurídica, desde el punto de vista adjetivo, tampoco podían acumularse, ya que se trata de pretensiones con procedimientos incompatibles entre sí, y por cuanto la Actora, en su segunda pretensión reclamó se le restituyera "todos y cada uno de los bienes (...) con todos los frutos y rentas que los mismos hayan podido producir, resulta evidente a tenor de lo preceptuado en el artículo 677 del Código de Procedimiento Civil, que dicha pretensión principal de "petición de herencia, es absolutamente incompatible con el procedimiento ordinario por el que habría de ventilarse las otras pretensiones incoadas.
De lo anterior, resulta evidente la infracción por parte de la recurrida del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, pues al establecer el principio de legalidad de los actos procesales, es inadmisible que estos se cumplan con inobservancia de las pautas establecidas en la ley. Violó, obviamente, el artículo 15 del mismo Código, en cuanto concedió a la demandante prerrogativas no concedidas en la ley, al haberle autorizado acumular de forma simultánea pretensiones que por su naturaleza eran subsidiarias y, peor aún, sin que contaran con el mismo procedimiento, dejando a nuestros representados en estado de indefensión al haber debido litigar de forma ilegal el presente juicio.
Obviamente la recurrida violó el artículo 78 de la Norma Adjetiva Civil, al no haberse percatado que la Actora incurrió en una inepta acumulación de pretensiones que a la luz de toda la jurisprudencia vigente, comporta la inadmisibilidad de la demanda; lo que a su vez implicó la violación del artículo 206 eiusdem, al no haber declarado, como era lo procedente, la nulidad de todo lo actuado y la inadmisibilidad de la demanda conforme al artículo 341 ibidem, tanto por la ilegalidad, como por la contrariedad al orden público de la demanda en los términos propuestos.
En tal sentido, dada la naturaleza del vicio delatado, SOLICITAMOS de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien casar el fallo recurrido, y consecuencialmente declare inadmisible la demanda propuesta; o en su defecto, reponga la causa al estado en que el Juzgado Superior que resulte competente, dicte una nueva sentencia con prescindencia de la infracción denunciada .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 7, 15, 78, 206 y 341 del Código de Procedimiento Civil, al no declarar la inepta acumulación de pretensiones frente al petitum de la parte actora en el libelo de la demanda, pues establece que de los siguientes alegatos: "a) Que reconozcan mi cualidad de heredera de mi fallecida hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, quien a su vez fue la única heredera, por haberle sobrevivido, de su padre JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ; b) Que los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA y MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, reconozcan que no son los herederos del ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ,...". c) Que los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA y MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, restituyan todos y cada uno de los bienes que vienen poseyendo y que pertenecen en el acervo hereditario del extinto JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ y que fueron heredados por mi fallecida hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO y que ahora me pertenecen por ser yo su legítima heredera, conjuntamente con todos los frutos y rentas que los mismos hayan podido producir,... d) Que los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA y MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, me indemnicen por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que recaiga sobre este proceso sentencia definitiva y ejecutoriada .
Agrega el formalizante la parte actora acumuló las acciones de petición de herencia y rendición de cuentas lo cual a su decir presenta procedimientos incompatibles, razón por la cual debía declararse la inadmisible por inepta acumulación de pretensiones, por infracción de los artículos 7, 15, 78, 206 y 341, todos del Código de Procedimiento Civil.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, los actos deben realizarse en la forma prevista en este Código y en leyes especiales. Esta norma consagra el principio de legalidad de las formas procesales, en aplicación del cual, la estructura del proceso, su secuencia y desarrollo, está preestablecida en la ley, motivo por el cual, no deben las partes o el propio juez, subvertir o modificar los trámites, ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en que deben practicarse los actos procesales. Por esta razón, la Sala ha establecido de forma reiterada, que no es potestativo de los tribunales subvertir las formas procesales dispuestas por el legislador para la tramitación de los juicios, pues su observancia es de orden público y, su finalidad es garantizar el debido proceso.
Al respecto, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, mediante sentencia N° 553, de fecha 16 de marzo de 2006, (caso: Francisco D Ángelo), estableció lo siguiente:
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra los derechos y garantías inherentes a las personas, entre ellos los derechos procesales; así a título de ejemplo puede citarse el artículo 49 eiusdem, en el cual se impone el respeto al derecho a la defensa, a la asistencia jurídica, a ser notificado, a recurrir del fallo que declare la culpabilidad y al juez imparcial predeterminado por la ley, entre otros; el artículo 26 eiusdem, que consagra el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales; y el artículo 253 eiusdem, segundo párrafo que establece el derecho a la ejecución de las sentencias.
Estos derechos procesales aseguran el trámite de las causas conforme a ciertas reglas y principios que responden al valor de la seguridad jurídica, es decir, al saber a qué atenerse de cara a la manera en que se tramitan las causas.
Todos los bienes jurídicos procesales a que se ha hecho referencia, han sido agrupados por la doctrina alemana y la española en el llamado derecho a la tutela judicial efectiva. En él se garantizan:
Omissis
b) el proceso debido: en él se garantiza el derecho al juez imparcial predeterminado por la ley, el derecho de asistencia de abogado, el derecho a la defensa (exigencia de emplazamiento a los posibles interesados; exigencia de notificar a las partes, así como de informar sobre los recursos que procedan . (Negritas de la Sala Constitucional).
Precisada la necesidad que tienen los órganos jurisdiccionales de observar las normas que regulan la manera en que deben realizarse los actos procesales, punto que toca el orden público y constitucional, en vista de que se enmarcan estas normas dentro del derecho procesal constitucional del debido proceso, se hace necesario concatenar este derecho fundamental, con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, que consagra la imposibilidad de acumular en el libelo de demanda pretensiones que resulten excluyentes o contrarias entre sí. Dicho artículo, dispone textualmente lo siguiente:
Artículo 78.- No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre si.
Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí .
En la norma antes transcrita, el legislador establece la llamada inepta acumulación de pretensiones, es decir, la prohibición de acumular en el mismo libelo determinadas pretensiones, señalando los casos en que ésta se configura, a saber: cuando las pretensiones se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, cuando por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal, o cuando sus procedimientos sean incompatibles.
En relación con la inepta acumulación de pretensiones, esta Sala ha sostenido reiteradamente, entre otras decisiones, mediante sentencia Nº 619, de fecha 9 de noviembre de 2009, caso: Bonjour Fashion de Venezuela, C.A. y otro contra Fondo Común, C.A. Banco Universal, en el expediente 09-269, lo siguiente:
esta Sala ha establecido en diferentes ocasiones que la acumulación de pretensiones en una causa, debe obedecer a la necesidad de evitar la eventualidad de fallos contrarios o contradictorios en casos que, o bien son conexos, o existe entre ellos una relación de accesoriedad o continencia. En este sentido, ha sostenido que ella tiene como objetivo influir positivamente en la celeridad, ahorrando tiempo y recursos al fallar en una sola sentencia asuntos en los que no hay razón para que se ventilen en diferentes procesos. (Ver, entre otras, sentencia de 22 de mayo de 2001, caso: Mortimer Ramón contra Héctor José Florville Torrealba.). Sin embargo, debe verificarse si la acumulación se ajusta a derecho, esto es, que se trate de pretensiones compatibles, que no se contraríen o excluyan entre sí, y que puedan ser tramitadas en un mismo procedimiento.
En tal sentido, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, establece que el tribunal admitirá la demanda si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. De lo contrario deberá negar su admisión expresando los motivos de su negativa.
Igualmente, el artículo 78 eiusdem, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. De tal modo, que toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación. (S.C.C. de fecha 9-12-2008 caso: Sacla C.A. INSACLA contra Leoncio Tirso Morique Rosa). (Mayúsculas del texto) .
Teniendo presente la norma que regula la figura conocida como inepta acumulación de pretensiones y la jurisprudencia que la ha interpretado, resulta necesario, a los fines de dejar sentado cómo se plantearon las pretensiones concretamente en la presente causa, transcribir parte del escrito de reforma de la demanda (ff. 261 al 278 de la pieza 3 de 8), el cual textualmente señala lo siguiente:
para reformar formal y totalmente la Demanda DE Declaración de premoriencia interpuesta en contra de los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA Y MARIA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, ( ), SUSTITUIRLA POR Demanda de Petición de Herencia conforme a los artículos 443 del Código Civil y numeral 1 del artículo 43 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
Omissis
PETITORIO
Por las razones de hecho y de derecho expuestas en mi propio nombre, demando a los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA y MARIA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, ya ampliamente identificados, para que convengan, o en su defecto este tribunal declare y establezca que:
1. Que reconozcan mi cualidad de heredera de mi fallecida hija MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO, quien a su vez fue la única heredera, por haberle sobrevivido, de su padre JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ;
2. Que los ciudadanos JORGE OPRTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA y MARIA ALEXANDRA SUBERO DE ORTEGA reconozcan que no son herederos del ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ.
3. Que los ciudadanos JORGE OPRTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA y MARIA ALEXANDRA SUBERO DE ORTEGA, restituyan todos y cada uno de los bienes que viene poseyendo y que pertenecen al acervo hereditario del extinto JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ y que fueron heredados por mi fallecida hija MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO y que ahora me pertenecen por ser yo su legitima heredera, conjuntamente con todos los frutos y rentas que hayan podido producir;
4. Que los ciudadanos JORGE OPRTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA y MARIA ALEXANDRA SUBERO DE ORTEGA me indemnicen por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que recaiga sobre este proceso sentencia definitiva y ejecutoriada; todo lo cual deberá ser calculado mediante experticia complementaria del fallo;
5. A todo evento, y de manera subsidiaria, para el caso que en definitiva este honorable Tribunal considerase que la ciudadana MARIA ALEXANDRA SUBERO DE ORTEGA, en su condición de viuda del ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ, casada bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales le asiste algún grado de derecho hereditario o legitimario, se determine la cuota o participación sobre todos los bienes de la herencia, de manera que reintegre cualquier excedente que de su cuota haya dispuesto o posea, con sus frutos e intereses, debido a que en todo caso, concurriría yo en la herencia junto con ella.
6. Que se condene en costas a los co-demandados . (Negrillas del escrito).
De la precedente transcripción del escrito de la reforma del libelo de la demanda se desprende la siguiente pretensión: se demanda por petición de herencia, como consecuencia de ello se solicita: a) Que reconozcan mi cualidad de heredera de mi fallecida hija MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO, b) que los ciudadanos JORGE OPRTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA y MARIA ALEXANDRA SUBERO DE ORTEGA reconozcan que no son herederos del ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ. c) que restituyan todos y cada uno de los bienes que vienen poseyendo y que pertenecen al acervo hereditario del extinto JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ; d) que fueron heredados por mi fallecida hija y, e) la indemnización por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que recaiga sobre este proceso sentencia definitiva y ejecutoriada.
Para verificar si hay o no una inepta acumulación de pretensiones resulta necesario partir de la definición de lo que es la acción de petición de herencia la cual de acuerdo al tratadista argentino Goyena Copello define a la petición de herencia como: la reclamación que intenta quien, invocando su calidad de heredero del causante, pide su reconocimiento judicial como tal, con igual o mejor derecho que quien ha entrado en posesión de la herencia, y para concurrir o excluir al mismo en ella, así como la entrega de los bienes como consecuencia de dicho reconocimiento. De dicha definición se infiere que se encuentra legitimado (Legitimidad activa) para iniciar la acción de petición de herencia, quien tenga la calidad de heredero, o quien considere tener tal calidad. (https://trabajadorjudicial.wordpress.com/caracteristicas-de-la-accion-de-peticion-de-herencia).
De acuerdo a ello se tiene que los efectos de ejercer la acción de petición de herencia sería que una vez reconocido el titulo hereditario en el heredero verdadero, el demandado deberá restituir a este todo lo que pertenece a la herencia, los bienes con sus acciones y frutos, el precio de los enajenados, el importe de los créditos cobrados y, en general, todo valor que hubiere ingresado en el patrimonio del demandado a consecuencia de actos de gestión o de disposición de la herencia. Responde de esta obligación de modo distinto, el heredero aparente, de buena y de mala fe, y el mero poseedor.
Ahora bien, de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos se tiene que el efecto inmediato de la acción de petición de herencia es precisamente lo solicitado por la parte actora en su escrito de reforma de la demanda en la que expresa que una vez reconocida como única heredera de su hija fallecida MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO, se reconozca que los demandados no son herederos de JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ que además se le restituyan todos y cada uno de los bienes que vienen poseyendo y que pertenecen al acervo hereditario del extinto JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ y, por vía de consecuencia, sea indemnizada por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia.
En consecuencia, y de acuerdo a lo antes expuesto mal podría considerarse que lo solicitado por la parte actora es una inepta acumulación de pretensiones cuando ello lo que configura es el efecto de la declaratoria de heredero, razón por la cual se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.
III
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción por parte de la recurrida de los artículos 7, 15, 206, 341 y 434 eiusdem, con base a las razones siguientes:
Sin perjuicio de la denuncia que antecede, en la que hemos diseccionado el libelo así como las pretensiones contenidas en el mismo, demostrando así la "inepta acumulación" en la que incurrió la Actora; pero concediendo a los fines de la proposición de la presente denuncia que lo libelado, en palabras de la demandante, es una pretensión carente de regulación legal en nuestro ordenamiento llamada "petición de herencia", la misma, en los términos propuestos, es igualmente inadmisible.
La Demandante afirma en su libelo que: su hija sobrevivió "por segundos a su padre en el brutal accidente aéreo en que ambos perdieron la vida, y en consecuencia, pasó a heredarlo; luego, al fallecer su hija, ella por ser ella su única heredera pasó a heredarla, y por ende a ser co-heredera en los bienes que conforman la herencia deferida por el ciudadano Jorge Luís Ortega Sánchez. No obstante, la Actora, requiere, primero: destruir la presunción legal de conmoriencia preceptuada en el artículo 994 del Código Civil, de acuerdo a la doctrina que se ha ocupado de esta acción de "petición de herencia"; posteriormente, individualizar los bienes de la herencia en los cuales tendría derecho excluyente o concurrente respecto a los herederos aparentes o simples coherederos, sin acompañar su pretensión con el instrumento fundamental de su pretensión: es decir, aquel del que, en efecto, se acredita la condición de heredera que invoque, y la prueba de que los bienes en los que pretende tomar posesión como heredera pertenecieron al causante y, en consecuencia, forman parte de la sucesión.
En el presente caso, la Demandante ni acompañó prueba del derecho que como heredera invocó, ni acompañó prueba alguna de los bienes que a su decir formarían parte de la sucesión a la que tendría derecho, peor aún, no individualizó bien alguno a serle puesto en su posesión, lo que, de suyo, desdibuja y excluye que se haya propuesto una pretensión como la que la doctrina califica como de "petición de herencia" y, por tanto resulta inadmisible.
En efecto, por lo valioso de las aportaciones e investigación en ella plasmada, nos permitimos transcribir las consideraciones efectuadas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Marida, vertidas en su sentencia del 2 de mayo de 2007, en las que, in extenso, al desarrollar la pretensión de petición de herencia, señaló lo siguiente:
Omissis
De la extensa cita que antecede, más allá de las diferencias doctrinarias y de legislaciones, esta invocada "petición de herencia supondría que una persona que tiene derecho a una determinada herencia y sus bienes, y ha sido privada de ella, en parte o en todo, aspira que se le reconozcan sus derechos sobre esos bienes y ser puesta en posesión de los mismos. Como es obvio, esta pretensión requiere de la acreditación o comprobación de la condición de heredero, así como de la determinación de los bienes que pertenecen a dicha herencia, naturalmente, mediante la aportación de las respectivas pruebas que son los instrumentos fundamentales que deben acompañarse como sustento de dicha acción de Petición de Herencia.
Ahora bien, en el presente caso, la Actora ni produjo pruebas que demostraran el derecho invocado, ni individualizó su pretensión sobre bien alguno; tal como lo alegáramos en la contestación de la demanda al señalar lo siguiente:
Omissis
Estos alegatos de falta de acreditación por parte de la actora del instrumento fundamental en que apoyaría su pretensión, fue silenciado por la recurrida; pero dado que esa circunstancia, a su vez, es causal de inadmisibilidad de la demanda, en vez de proponer una denuncia por incongruencia negativa, lo adecuado es elevar a esta Sala la ocurrencia del vicio a fin de que, de una vez, dada la naturaleza de la presente denuncia y la indefensión que se deriva de haber permitido a la actora llevar adelante un proceso con base en una demanda - admisible, se opta por proponer dicho vicio en el marco de una denuncia por indefensión.
Omissis
Pues bien, al articular esta denuncia con la que antecede, la Actora dirá que acumuló sus diversas pretensiones precisamente porque carecía del instrumento fundamental, siendo que es todo lo contrario, ya que precisamente, por carecer de instrumento fundamental que acreditara la condición de heredera de su hija respecto a su padre, mal podía demandar la "petición de herencia" ni tampoco podía incurrir en la acumulación de pretensiones denunciada previamente.
Por ello, se insiste, tanto desde el punto de vista sustantivo como procesal, si la actora pretendía que se reconociera que su hija heredó a su padre, ha debido limitar a ese único pronunciamiento su demanda, por no ser acumulable por vía principal a las pretensiones de cuentas e indemnizatorias libeladas simultáneamente, pero, si lo que la actora pretendió era una "petición de herencia" propiamente dicha, ello sólo habría sido posible de contar con el instrumento fundamental que acreditara que su hija heredó a su padre y, posteriormente, la demandante haría lo propio respecto a su hija.
De todo lo hasta ahora expuesto, lo que queda muy claro es que la demanda resulta totalmente inadmisible, bien por la inepta acumulación denunciada en primer término, o por la falta de instrumento fundamental como ha sido planteado en la presente denuncia; en tal sentido, no habiendo la recurrida declarado la inadmisibilidad por tales razones, incurrió en infracción del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil.
De la misma forma se observa, la evidente infracción por parte de la recurrida del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, pues al establecer el principio de legalidad de los actos procesales, es inadmisible que estos se cumplan con inobservancia de las pautas establecidas en la ley. Aunado a ello, violó, obviamente, el artículo 15 del mismo Código, en cuanto concedió a la demandante prerrogativas no concedidas en la ley, al haberle autorizado una ventaja indebida al permitirle desarrollar un proceso judicial con base en una demanda inadmisible por no haberse anexado a la misma el instrumento fundamental que el tipo de pretensión ejercida imponía, dejando a nuestros representados en estado de indefensión al haber debido litigar de forma ilegal el presente juicio.
Igualmente la recurrida violó el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, al no haber declarado la nulidad de todo lo actuado y la inadmisibilidad de la demanda conforme al artículo 341 del mismo Código, aquí denunciado y haber inobservado que la falta de consignación del instrumento fundamental anexo a la demanda de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 434 eiusdem, conforme a la jurisprudencia de esta honorable Sala, entraña la inadmisibilidad de la demanda por comprometer la garantía constitucional de nuestros representados de tener acceso, controlar y contradecir la prueba y el derecho que se le opone.
En consecuencia, dada la naturaleza del vicio denunciado, SOLICITAMOS, tenga a bien casar el fallo recurrido y, de una vez, se declare inadmisible la demanda propuesta o, en su defecto, se reponga la causa al estado en que el Juzgado Superior que resulte competente dicte una nueva sentencia sin incurrir en la infracción denunciada .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que la demanda debe ser declarada inadmisible con base en que no fue acompañada por el documento fundamental de la demanda, es decir, la pretensión no fue acompañada por la prueba del derecho que como heredera invocó, ni acompañó prueba alguna de los bienes que a su decir formarían parte de la sucesión a la que tendría derecho, peor aún, no individualizó bien alguno a serle puesto en su posesión, lo que, de suyo, desdibuja y excluye que se haya propuesto una pretensión como la que la doctrina califica como de "petición de herencia" y, por tanto resulta inadmisible .
De acuerdo a lo expuesto considera el recurrente que el juez de alzada incurrió en la infracción de los artículos 7, 15, 206, 341 y 434 todos del Código de Procedimiento Civil.
Los artículos denunciados como infringidos y por los cuales debe ser declarada inadmisible la demanda son el artículo 341y 434 del Código de Procedimiento Civil, los cuales textualmente expresan lo siguiente:
Artículo 341:
Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.
Artículo 434:
Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después, a menos que haya indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos.
En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados, y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los quince días del lapso de promoción de pruebas, o anunciarse en él de donde deban compulsarse; después no se le admitirán otros .
En cuanto al artículo 341 la Sala Civil en decisión N° 183, fecha 25 de mayo de 1995, caso: Filippo Bonelli c/ Teófilo Cruz Hernández y otro, expresó:
De acuerdo al artículo 341 del C.P.C., presentada la demanda el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. estos supuestos de inadmisibilidad, por constituir límites al derecho a la acción, no son susceptibles de interpretación extensivo analógica .
De manera que de acuerdo con la citada jurisprudencia de conformidad con el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, la demanda será inadmisible en el caso de que esta sea contraria a la ley al orden público o a las buenas costumbres siendo esta una enumeración taxativa de la ley.
Ahora bien, en relación al artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, la Sala en decisión N° 81 de fecha 25 de febrero de 2004, caso: ISABEL, ELENA y MORELLA ÁLAMO IBARRA contra INVERSIONES MARIQUITA PÉREZ, C.A., expresó lo siguiente:
En el caso examinado, la cuestión planteada versa sobre la supuesta extemporaneidad de dos pruebas promovidas por la actora, a saber: contrato de cesión de derechos celebrado y las planillas sucesorales, las cuales debieron presentarse con la demanda, por tratarse de documentos fundamentales de la pretensión; y siendo que el formalizante denunció una regla de establecimiento de las pruebas (artículo 434 del Código de Procedimiento Civil), pasa la Sala a examinar la presente denuncia.
Al respecto, el artículo 340 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, establece:
El libelo de la demanda deberá expresar:
(...)
6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
Para Jesús Eduardo Cabrera (El instrumento fundamental. Caracas, Revista de Derecho Probatorio N° 2, Editorial Jurídica ALVA, S.R.L., 1993, p. 19-29), los documentos fundamentales son aquellos en que se funda la pretensión y ésta debe contener la invocación del derecho deducido, junto con la relación de los hechos que conforman el supuesto de la norma aludida por el demandante.
Considera el mencionado autor que la frase del ordinal 6° aquellos de los cuales se derive el derecho deducido debe interpretarse, en el sentido de que se trata de los instrumentos que prueban inmediatamente la existencia de los hechos que se han afirmado como supuesto de la norma cuya aplicación se pide.
La Sala, al acoger el criterio doctrinario que antecede, considera que para determinar si un documento encaja dentro del supuesto del ordinal 6° artículo 340 citado, debe examinarse si está vinculado o conectado con la relación de los hechos narrados en el escrito de la demanda, y en consecuencia, debe producirse junto con el libelo.
En otras palabras, son documentos fundamentales de la pretensión aquella de los cuales emana el derecho que se invoca y cuya presentación no ofrezca dificultad para que el demandado conozca los hechos en que el actor funda su pretensión y la prueba de la que intenta valerse. Así, el que pretenda reivindicar un inmueble deberá acompañar el título de propiedad donde conste el dominio; quien exija el cumplimiento de un contrato deberá presentar el instrumento del que resulte su celebración.
Omissis
Es claro pues, que la parte actora no acompañó con el libelo de la demanda, el original del contrato de cesión mediante el cual Administradora Luzardo y Eraso le cedió todos los derechos, acciones y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento suscrito entre ésta y la arrendataria Inversiones Mariquita Pérez C.A., ni las copias certificadas de las Planillas de Liquidación Sucesoral Nos. 1624 y 507, de fechas 30 de octubre de 1984 y 13 de julio de 1972, expedidas por el Departamento de Sucesiones adscrito al Ministerio de Hacienda, a pesar que de esos documentos deriva su carácter de propietarias y emana su cualidad para demandar la resolución del contrato de arrendamiento.
Al no presentarlos junto con la demanda ni tampoco hacer uso de las excepciones que contempla el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora perdió la oportunidad para producir eficazmente estos documentos, siendo extemporáneos por haber sido presentados en el lapso de promoción de pruebas.
Asimismo, la recurrida, al permitir la inserción extemporánea en el expediente de las planillas de liquidación sucesoral y el contrato de cesión de derechos, infringió los artículos 340 ordinal 6° y 434 del Código de Procedimiento Civil, no así el 1.550 del Código Civil, pues esta norma nada tiene que ver con lo planteado por el formalizante.
La infracción de los mencionados artículos por la recurrida fue determinante del dispositivo del fallo, pues declaró con lugar la demanda a pesar de que las demandantes no demostraron oportunamente su cualidad para sostener el presente juicio .
De acuerdo con la jurisprudencia precedentemente transcrita se desprende que cuando el documento fundamental de la demanda no sido consignado con esta en la primera oportunidad, significa que luego no podría ser consignada pues sería extemporánea.
Para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante la Sala procede a transcribir lo pertinente del escrito de reforma de la demanda que consta a los ff. 261-278 de la pieza 3/8 del expediente, en el cual se expresa:
CAPITULO IV
DE LAS PRUEBAS QUE DESVIRTÚAN LA PRESUNCIÓN DE LEY, Y QUE DETERMINAN LA PREMORIENCIA DEL DE CUJUS JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ CON RESPECTO A SU HIJA Y HEREDERA MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO
Una vez localizado el sitio del accidente aéreo y realizadas las investigaciones pertinentes relacionadas con el levantamiento, identificación y reconocimiento de los cadáveres, las autoridades competentes presentaron la documentación que permite concluir que las muertes de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ y de su hijo JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, por las razones científicas que se desprenden de las autopsias y las fotografía) que se recabaron, ocurrieron de forma instantánea al haber perdido la masa encefálica, más no así la muerte de la adolescente MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO quién expiró con posterioridad e incluso, de haber obtenido auxilio apropiado de inmediato en el lugar de los hechos, quizás habría podido sobrevivir a tan grave accidente.
Del análisis que hace la experto, Dra. Antonietta de Dominicis M., protocolo de la autopsia del cadáver de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, que se acompañó con la demanda original marcado "C.3", se desprende que:
"Con respecto a los hallazgos al examen interno de la Cabeza, según la descripción de la experto, nos encontramos con una fractura abierta de cráneo que abarca los huesos temporal, parietal derecho y occipital hacia la línea media y lado derecho, ya que se describe que hay exposición de masa encefálica a nivel de las regiones que corresponden a esos huesos. También se menciona deformidad y hundimiento del macizo cráneo facial, pero no se señala si es en todo el macizo cráneo facial o en algún segmento del mismo y tampoco se menciona como se encuentra la masa encefálica. Es de hacer notar que según las fotografías tomadas al cadáver, durante el levantamiento y la autopsia, el hundimiento y deformidad se encuentra hacia el lado izquierdo del macizo cráneo facial y la fractura abierta con exposición de masa encefálica hacia el lado derecho, estas lesiones comprometen las órbitas con la consecuente pérdida de ambos globos oculares.
Concluiremos con este punto, mencionando nuevamente que estas lesiones descritas a nivel de región cefálica es la causa directa de la muerte, la cual produce una muerte instantánea en vista de la magnitud y gravedad de las lesiones".
Mientras que del análisis que hace la experto, Dra. Antonietta de Dominicis M. del protocolo de autopsia de la adolescente MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, que se acompañó a la demanda que se reforma marcado "C.5", se desprende que:
"Con respecto a la Data de la muerte y tomando en consideración que las bajas temperaturas donde permanecieron los cadáveres después del accidente, retardan la marcha normal de la putrefacción, hemos podido observar que el cadáver de Jorge Rafael Ortega Marcano presenta signos de putrefacción descritos por la patólogo como "Asas del intestino delgado y colon violáceas y con gases".
De igual forma, el cadáver de Jorge Luís Ortega Sánchez presenta signos de autólisis, descrito como "Corazón violáceo, blando" por la experto, este hallazgo representa el más precoz de los procesos cadavéricos transformativos, lo cual nos indica que están comenzando los procesos putrefactivos.
Es de hacer notar que en el protocolo de autopsia del cadáver de María Fernanda, la patólogo no describió ninguno de estos signos, más bien, si apreciamos las fotografías en una de ellas se puede observar que los dedos de la mano derecha aún persisten ligeramente flexionados, lo que nos indica que todavía persiste la rigidez cadavérica.
Para terminar con este punto con respecto a la data de la muerte podemos concluir diciendo que tanto Jorge Luís Ortega Sánchez como Jorge Rafael Ortega Marcano fallecieron antes que María Fernanda Ortega Marcano, en vista de que ella no presenta signos de putrefacción según protocolo de autopsia.
Conviene recordar que supervivencia es el período transcurrido desde que el individuo recibe la lesión mortal hasta que fallece. En el Derecho-i. Civil también tiene interés el problema de supervivencia en materia de sucesiones y herencia.
El cadáver no presenta, signos iníciales de putrefacción, como- la mancha verde abdominal (de acuerdo al protocolo de autopsia), éste, debería presentar rigidez cadavérica en fase de resolución, este apreciación la podemos sustentar si se observa una de las fotografías tomadas al cadáver en el Aeropuerto de Bocona donde se aprecia los dedos de la mano derecha aún ligeramente flexionados, lo que nos indica que todavía persiste la rigidez cadavérica.
A parte de todas estas contusiones excoriadas y equimóticas descrita por la experto, en una de las fotografías se aprecia en el miembro superior derecho, en su cara anterior, a nivel de tercio medio y tercio inferior de brazo, algunas equimosis y en el antebrazo se observan d excoriaciones, una alargada que abarca el tercio medio y otra ovalad ubicada en la muñeca, las cuales no fueron descritas en el protocolo autopsia. Es importante referir, que luego de la observación visual y ayuda de una lupa de estas contusiones simples, en la fotografía aprecia el miembro superior derecho hinchado y enrojecido, esto se p en evidencia al observar la presencia de una cinta negra ubicada se el extremo distal de la excoriación alargada descrita en el antebrazo que produce una compresión en esta área como consecuencia del edema respuesta al trauma recibido en esa zona, esto nos permite suponer que la muerte no fue instantánea".
El lenguaje técnico utilizado puede ser extraño a las personas que son profesionales de la medicina y por eso he preferido dejar fuera algunas precisiones, sin embargo, no es posible dejar de señalar que en el caso de María Fernanda Ortega Marcano se pudo apreciar "Hematoma retroperitoneal" esto es, la acumulación de sangre situada detrás del peritoneo, y su origen se debe a traumatismos renales, vejiga, de columna lumbar, fracturas pélvicas, lesiones de grandes vasos, etc., en este caso se puede explicar por la fractura de la pelvis y la lesión de riñón izquierdo. En otras palabras tuvo profusas hemorragias y estas últimas, no se producen, cuando existe una muerte instantánea.
La Dra. Dominicis, ilustra al respecto: "Debemos hacer el siguiente comentario en referencia al hematoma retroperitoneal y al hemoperitoneo; el profesor Gisbert Calabuig señala en su texto al hablar de los Marcadores de vitalidad, lo siguiente "Ya en la antigüedad se comprobó el diferente comportamiento entre la sangre derramada en vida y después de la muerte: la primera coagula rápidamente, mientras que la segunda lo hace de forma incompleta o no coagula..." y en cuanto a la hemorragia señala que su presencia es propia de las lesiones producidas en vida y, si es evidente, su valor es definitivo, agregando que "El máximo volumen de sangre derramada se encuentra cuando la muerte no ha tenido lugar inmediatamente y existen múltiples lesiones (caso de atropellos, aplastamientos, precipitaciones, etc.)".
En consecuencia, estas afirmaciones del profesor Gisbert Calabuig y los hallazgos descritos en el protocolo de autopsia referente al Hematoma retroperitoneal y el Hemoperitoneo, nos permite suponer que María Fernanda Ortega Marcano no murió instantáneamente."
Los extractos que he referido corresponden al informe de la Dra. Antonietta De Dominicis M. los cuales obviamente serán sustentados y debatidos a lo largo del proceso siendo preciso subrayar para todos aquellos que no son médicos que en el caso de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, la muerte ocurrió de manera instantánea al producirse el accidente y en cambio en el caso de MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, su cuerpo muestra signos vitales que se produjeron con posterioridad al accidente y por lo tanto que la muerte no fue instantánea al producirse el mismo. La evidencia demuestra, signos de putrefacción más avanzados en el padre que en la hija y rigidez cadavérica en la hija, ya ausente en el padre.
Se ratifican los instrumentos fundamentales y probatorios que fueron consignados con el libelo de demanda original y que consisten en los siguientes:
Marcado "B" la copia certificada del expediente signado bajo el № AP31-S-2009-001298, contentivo de la Declaración de Únicos y Universales Herederos de los Causantes María Fernanda Ortega Marcano y Jorge Rafael Ortega Marcano, emitida por el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual riela en la pieza Nro. 1, folios 22 al 68.
La copia certificada del expediente signado bajo el № AP31-S-2009-001298, contiene:
B.1. Acta de defunción de Jorge Luis Ortega Sánchez.
B.2. Acta de defunción de María Fernanda Ortega Marcano.
B.3. Acta de defunción de Jorge Rafael Ortega Marcano.
B.4. Partida de nacimiento de María Fernanda Ortega Marcano.
B.5. Partida de nacimiento de Jorge Rafael Ortega Marcano
B.6. Copia de la cédula de identidad de Fanny Enriqueta Marcano Canache
B.7. Copia de la cédula de identidad de María Fernanda Ortega Marcano
B.8. Copia de la cédula de identidad de Jorge Rafael Ortega Marcano.
B.9. Documentos de separación de cuerpos y de bienes de los cónyuges Jorge Luis Ortega Marcano y Fanny E. Marcano Canache.
B.IO. Solicitud de Separación de Cuerpos y Bienes de los ciudadanos Jorge Luis Ortega Sánchez y Fanny E. Marcano Canache y posterior Sentencia de Conversión en divorcio.
B. 11. Declaración de Únicos y Universales Herederos de los Causante-María Fernanda Ortega Marcano y Jorge Rafael Ortega Marcano, TÍTULO a favor de Fanny Marcano Canache.
Marcado "C", se acompañó y se ratifica con este escrito como prueba la copia certificada del expediente número NN- FO1-0005-09, que cursa por ante la Fiscalía Aeronáutica Primera a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, el cual se encuentra inserto en los folios 69 al 244 de la pieza 1 del expediente.
La copia certificada del expediente signado bajo el número NN- F01-0005-09 contiene:
C.1. Acta de Notificación de Accidente o incidente de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil J1AA/NAI N°010/2009
C.2. Copia certificada de las actuaciones de los equipos de rescate, las investigaciones y muy especialmente copia certificada de los levantamientos de los cadáveres y protocolos de autopsia de: C.3. Jorge Luis Ortega Sánchez, C.4.Jorge Rafael Ortega Marcano y C.5. María Fernanda Ortega Marcano.
Marcado "D", fue consignado y se ratifica con este escrito, original del informe de la Consultora Técnica nombrada por mí, Dra. Antonietta de Dominicis M., titular de la cédula de identidad número 8.631.068, en su carácter de Médico Anatomopatólogo Forense Criminalista, a quien se le requirió informe del levantamiento de los cadáveres, de los protocolos de autopsia de los mismos y la revisión de las fotografías de los cadáveres de Jorge Luis Ortega Sánchez, Jorge Rafael Ortega Marcano y María Fernanda Ortega Marcano, a fin de determinar la causa de la muerte de las tres personas fallecidas y si la misma se produjo instantáneamente en todos ellos, o por el contrario, si hubo la sobrevivencia temporal de alguno. Dicho informe por ser una documental emanada de un tercero que no es parte en juicio, será ratificado por la citada profesional, en la fecha y hora que este digno Tribunal tenga a bien fijar, asumiendo esta representación el compromiso de traerla a juicio. Dicho informe riela a los folios 246 al 288 de la pieza 1 del expediente.
Así mismo, marcado con la letra "A", se promueve con el presente escrito de reforma de la demanda, copia fotostática del expediente signado bajo el № AP31 -S-2009-003770 contentivo de la solicitud de Declaración de Juicos y Universales Herederos de los ciudadanos JORGE ORTEGA y MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA, la cual cursa por ante el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Marcado con la letra "B", se promueve con el presente escrito de reforma de la demanda, la copia fotostática del expediente signado bajo el № AP31-S-2009-002639, contentivo de la solicitud de Declaración de Únicos y Universales Herederos de la ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO .tramitada por ante el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Marcado con la letra "C", se promueve con este escrito de reforma, la copia certificada de las capitulaciones matrimoniales de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ y MARÍA ALEXANDRA SUBERO, convenidas en separación total y absoluta de bienes, registrada ante la Oficina de Registro Público del Municipio Chacao, Estado Miranda el cual quedo protocolizado bajo el № 34 Tomo 01 del Protocolo Segundo de fecha 09 de Septiembre de 2002.
CAPITULO V
DE LOS BIENES HEREDITARIOS
A título meramente informativo, puesto que el hecho de que señalemos algunos de los bienes que conformaban el activo del causante originario, JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, a la época de su fallecimiento, no implica que restrinjamos nuestra reclamación sólo a ellos, ni mucho menos la universalidad en que como heredera concurro, indico algunos de los bienes propiedad de dicho ciudadano, para que se evidencie la magnitud de la herencia a que me refiero en mi petición:
Ellos son:
1.- Jorge Luis Ortega Sánchez:
Cuentas Bancos (Suiza) $ 266.118,77
Inversiones Financieras $ 5.518.887,00
Vehículos Bs. 160.000,00
Part. Avión (King Air E90) $ 300.000,00
Inmuebles Bs. 5.160.000,00
2- 90% de las acciones de Bienes y Valores 910 C.A. Rif-J-308173886: Cuentas Bancos EEUU $ 15.221,93
Cta. Banco Inverunión
Vehículos Bs. 362.514,00
3.- 50% acc (Creo) Cabo Corp (Cia Panameña):
Inversiones Financieras en EEUU $ 2.555.166,66
4.- Trust (Banco Bahamas): Bancos e Inv. Financieras en las Bahamas Fidecomiso $ 6.483.606,87
5.- XX % de las acciones de Cabo Group C.A. Rif. J-309824376 Activos Fijos (Inmueble ubicado en la Urb. Los Naranjos, Res. Las Villas) Bs. 430.000,00
6.- Blender Intertrade: Banco (Azimut 55E) $ 1.300.000,00
TOTAL ACTIVOS EN DÓLARES: $ 15.161.416,97
(Considerando los porcentajes que coloque de las Cías Panameñas)
TOTAL ACTIVOS EN BOLÍVARES: Bs. 5.897.514,00
(Considerando el porcentaje de las acciones de Cabogroup)
De igual manera, señalo el apartamento distinguido con el número y letra dos B dos (2B), ubicado en la planta o piso 2 del Edificio Balndin Arriba, construido sobre una parcela de terreno distinguida con las letras y números C tres raya C cuatro (C3-C4) que forman parte de la calle "F' de la etapa "A" ; 7 '.a Urbanización Colinas de Valle Arriba, en jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, una (1) acción distinguida con el Nro. 0742 del Valle Arriba Athlectic Club y una (1) acción distinguida con el Nro. 1 13 de la Lagunita Country Club .
De la precedente transcripción de la reforma de la demanda se evidencia que la parte actora interpone una acción de petición de herencia, proveniente de su hija fallecida MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO, quien sobreviviera a su padre JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ, cuya filiación está demostrada en autos de acuerdo con las actas de defunción y nacimiento (ff. 26 y 34 de la pieza de 8 del expediente) respectivamente, lo que evidencia que la acción es conforme a derecho pues no es contraria al orden pública ni a la buena costumbre y además se consignaron los documentos fundamentales de la demanda, razón por la cual mal podría el juez de alzada declarar inadmisible la demanda, entre otros documentos fundamentales de la demanda.
Asimismo se evidencia la especificación de los bienes que conforman la masa hereditaria, tomando en consideración los bienes muebles e inmuebles y el efectivo según las distintas cuentas bancarias.
En consecuencia, y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis y así se decide.-
IV
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción por la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 eiusdem, al incurrir en el vicio de inmotivación.
El formalizante se fundamenta en lo siguiente:
Como se apreciará con una simple lectura del libelo, a la que esta Sala se encuentra autorizada, dada naturaleza formal de la presente denuncia; tal como se explicó ut supra, la Actora acumuló tres pretensiones contra nuestros representados; en tal sentido, la tercera de esas pretensiones, "la indemnizatoria, se propuso en los siguientes términos:
d) Que los ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA y MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, me indemnicen por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que recaiga sobre este proceso sentencia definitiva y ejecutoriada.
La demanda y todas sus pretensiones resultan improcedente, tal como se demostrará en las respectivas denuncias por infracción de ley, pero dada la estructura del recurso de casación, es inevitable plantear las denuncias de forma que, por su naturaleza, aparejan la nulidad absoluta de la recurrida.
La actora, sin explicación alguna, reclamó de nuestros mandantes que la indemnicen por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia.
Es que si a la demandante le asistiere la razón respecto a su primera pretensión, es que hasta la fecha nuestros mandantes, con sobradas razones, han actuado como herederos conforme a lo dispuesto en el artículo 994 de la norma sustantiva civil, de suerte tal que los actos que hayan cumplido con tal carácter, se encuentran amparados por la disposición contenida en el artículo 1.001 ejusdem, según el cual:
Omissis
En el presente caso, la Demandante ni identificó los bienes que conformarían la herencia, y menos aún se hizo en la recurrida; por el contrario la actora planteó un petitorio abstracto, hipotético y eventual, y a pesar de ello le fue concedido en los términos propuestos, yendo más allá incluso la recurrida, ya que en ésta se designó un experto para que consolidara sus deseos.
Como puede observarse, la recurrida con sospechosa complacencia, se plegó a todo cuanto pidió la Actora en su libelo contra nuestros representados, incluso le acordó esta pretensión indemnizatoria y así, textualmente, señaló:
Igualmente, los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA, quedan obligados a indemnizar a la actora por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que quede firme está decisión, lo cual será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un experto contable".
Salvo el ánimo desmedido de la recurrida de allanarse a la pretensión libelada, no hay fundamento alguno en el fallo impugnado que justifique semejante pronunciamiento. La recurrida, luego de considerar que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO heredó a JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ, cual si una cosa fuere consecuencia natural de la otra, impone a nuestros representados indemnizar a la actora, como si hubieren cometido algún hecho ilícito o incumplido alguna obligación, al mayor valor que hayan podido adquirir unos eventuales bienes.
En el presente caso, no existió el más mínimo elemento de prueba que permitiese presumir o por lo menos intuir la existencia de los supuestos bienes que conformaban la herencia deferida por el ciudadano Jorge Luís Ortega Sánchez; y mucho menos de la mala fe con la que hubieren obrado nuestros representados; ni alguna variación de precio, ni de su disposición, ni nada, pero no obstante tales ausencias, la recurrida dio por sentado que nuestros representados quedaban obligados a ello sometiéndolos a la arbitrariedad de un pesquisador con súper poderes, que se encargaría de decidir qué bienes integrarían la herencia, los tasará y en fin, juzgaría un universo de cosas más allá del propio fallo, lo que acarrea igualmente su nulidad, como se denunciará posteriormente.
En lo que interesa a esta denuncia, la recurrida de manera totalmente inmotivada, da por sentado que nuestros representados quedaron obligados a indemnizar a la actora por el mayor de valor de unos bienes, dando por cierto y sin ningún fundamento, lo que en todo caso habría correspondido probar a la demandante de aspirar triunfar en esta pretensión y no hizo. Tal resolución de la recurrida no es más que una falta absoluta de motivos, censurada en nulidad por el artículo 244 Código de Procedimiento Civil, por incumplimiento del ordinal 4o del artículo 243 del mismo Código, en la modalidad de petición de principio.
Omissis
Pues bien, de la lectura del párrafo de la recurrida transcrito en esta delación, queda muy clara la materialización del vicio denunciado, pues la recurrida condenó nuestros representados a una indemnización sin fundamento alguno, pues el hecho de que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO hubiere supuestamente heredado JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ, nada tiene que ver, ni provoca condena indemnizatoria a favor de la actora.
Con fundamento a las razones supra expuestas, delatamos que la recurrida violó el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, al momento de imponer semejante condena indemnizatoria a nuestros representados, ordenándoles pagar el mayor valor de unos hipotéticos bienes sin que se sepa por qué estarían obligados a ello.
En consecuencia, constatada como sea la ocurrencia de la inmotivación por parte de la recurrida en los términos expuestos, SOLICITAMOS de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien casar el fallo impugnado, y reponga la causa al estado en que un nuevo Juez Superior dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio anunciado .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en el vicio de inmotivación del fallo, con base en que dio por sentado que los demandados quedaron obligados a indemnizar a la actora por el mayor valor de unos bienes, dando por cierto y sin ningún fundamento, lo que en todo caso habría correspondido probar a la demandante de aspirar triunfar en esta pretensión y no hizo, con lo cual incurrió en la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, en relación al vicio de inmotivación, esta Sala señaló en sentencia N° 137 de fecha 4 de marzo de 2016, en el juicio seguido por Andrea del Jesús Moya Coa contra Frank Ramón Moreno Frontado y otra, lo siguiente:
La motivación en la sentencia conlleva, entonces, a establecer con certeza la justificación de lo ordenado en ella, por lo que el vicio de inmotivación existe, cuando la decisión carece totalmente de fundamentos sin permitir, en consecuencia, que se entienda el porqué de lo prescrito y no debe confundirse la escasez o exigüidad de la motivación, con la falta absoluta de fundamentos (cuando los motivos del fallo, por ser impertinentes o contradictorios, o integralmente vagos e inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia), que es la infracción que da lugar al recurso de casación.
Sobre el particular en referencia, esta Sala Civil ha establecido que para que una sentencia se considere inmotivada, debe carecer en forma absoluta de fundamentos. Deben ser totalmente inexistentes las razones tanto de hecho como de derecho, pues no basta entonces, para considerarla inmotivada, lo insuficientes y aparentes que resulten para el formalizante los motivos dados en la recurrida para declararla sin lugar, pues se insiste, debe carecer por completo la decisión objetada, tanto en las razones de hecho como de las razones de Derecho.... (Ver entre otras, sentencia Nº 199, de fecha 2 de abril De 2014, caso: Franklin René Gutiérrez Andradez contra C.A. de Seguros La Occidental, la cual ratifica el fallo Nº 702, de fecha 27 de noviembre de 2013, caso: William José Santana Torrealba y otra contra Irian Santiago Osorio).....
De la jurisprudencia antes transcrita, se desprende que el vicio de inmotivación se verifica cuando la decisión carece totalmente de fundamentos sin permitir, en consecuencia, que se entienda el porqué de lo decidido y no debe confundirse la escasez o exigüidad de la motivación, con la falta absoluta de fundamentos, por lo que la Sala en sus fallos siempre ha insistido en que debe carecer por completo la sentencia objetada, tanto en las razones de hecho como las de derecho.
Establecido lo anterior, la Sala para corroborar lo denunciado por el recurrente, pasa a transcribir de seguida los extractos pertinentes de la sentencia recurrida, la cual estableció lo siguiente:
DE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CUALIDAD.
Alegan los codemandados JORGE ORTEGA y MERY ELENA SANCHEZ DE ORTEGA, la falta de cualidad de la actora para intentar el juicio y de ellos para sostenerlo.
Señalan que la petición de herencia propuesta por la demandante es definida como la reclamación que intenta quien, invocando su calidad de heredero del causante, pide su reconocimiento judicial como tal, con igual o mejor derecho que quien ha entrado en posesión de la herencia, y para concurrir o excluir al mismo en ella, así como la entrega de los bienes que como en consecuencia de dicho reconocimiento, infiriéndose de dicha definición que estará legitimado (legitimación activa) para iniciar la acción de petición de herencia, quien detente la cualidad de heredero.
Omissis
(
) significando ello que quien propone la demanda está obligado a acreditar conjuntamente con el libelo de demanda, pruebas determinantes que demuestren:
1. La muerte del de cuius.
2. La cualidad de heredero del de cuius que detenta el accionante.
3. La posesión por el demandado de bienes pertenecientes a la herencia, o la violación por él de derechos hereditarios y la violación por el demandado de derechos hereditarios.
Omissis
La acción de petición de herencia puede proponerse contra quien posee como heredero, contra el falso heredero, esto es, contra aquél que creyéndose heredero o arrogándose tal carácter entró en posesión de los bienes sucesorales o parte de ellos, y en fin, contra quien posee como simple detentador de dichos bienes.
Se considera que posee como heredero, la persona que se encuentra en alguna de las siguientes posiciones:
1. Tiene la posesión material de toda la herencia o parte de ella, a pesar de no ser heredero.
2. Tiene la posesión material de toda la herencia o parte de ella, como heredero que es de quien antes la poseía, a pesar de que dicho poseedor no era heredero o no era el único heredero del titular original del patrimonio en cuestión.
3. Tiene la posesión material de uno o más bienes singulares de la herencia, a título de heredero, aunque en realidad no lo es, y ello, tanto si se trata de bienes que pertenecían al de cuius, como también en el caso de bienes cuya posesión tenía el de cuius por cualquier otro título (arrendamiento, comodato, prenda, etc.)
4. Tiene la posesión material de la herencia como universalidad, aunque a título singular, por haberla adquirido por acto entre vivos de quien es un falso heredero, tal es el caso del donatario o del comprador de la herencia. Es también la situación del Estado, como titular de la propiedad y de la posesión de la herencia declarada yacente, si más tarde aparece algún heredero del de cuius que reclama sus derechos sucesorales.
5. Se arroga derechos hereditarios, pretendiendo ser heredero del causante, sin serlo en realidad. Así sucede cuando el sedicente heredero, que no lo es, se niega a pagar un crédito a favor de la herencia, alegando que se extinguió por confusión; o habiendo cobrado un crédito de la herencia, niega al heredero la correspondiente restitución, discutiéndole su cualidad para exigírsela; o habiendo restituido la herencia que ya no posee, se niega a hacer otro tanto con los enriquecimientos que obtuvo de la misma y que se encuentran en su poder.
6. Por extensión, se incluyen también en esta categoría los siguientes casos, aunque en ellos realmente no hay posesión pro herede: i) el de quien no pretende tener derecho a la herencia, pero tiene en su poder algún bien que corresponde a ella, o es deudor de la misma y no entrega ese bien, o no paga su deuda, pretextando que quien le reclama una u otra cosa no es el heredero; y ii) el de quien se opone a que el heredero ejerza algún derecho de la herencia respecto de terceras personas, so pretexto de que aquél no es en realidad sucesor del causante (v.gr.: oposición a que un tercero haga un pago o entregue al heredero alguna cosa que corresponde por cualquier título a la herencia); en esta última hipótesis -como puede apreciarse- la acción procede contra una persona que, en realidad, ni siquiera está en posesión del bien de la herencia que da lugar o motivo a la acción de petición.
Se dice que es poseedor, quien tiene la posesión material de uno o más bienes singulares de la herencia, sin alegar título alguno para ello (v.gr.: el usurpador, el invasor, el ladrón).
Omissis...
En el caso que nos ocupa, la acción de petición de herencia ha sido intentada por la accionante, quien se declara legítima sucesora de su hija, MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, por haber sobrevivido a su padre, JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, en el accidente de aviación tantas veces nombrado que le costó la vida a ambos, fundada su condición de heredera en lo establecido en los artículos 822 del Código Civil, en lo que se refiere al derecho que tuvo su hija de heredar a su padre a la muerte de éste, y en el artículo 826 del citado Código, con relación a su derecho de heredar a su vez a su hija, compartiendo tal derecho con la viuda del causante, en consecuencia, este Tribunal Superior considera que la accionante, ciudadana FANNY ENRIQUETA MARCANO CANACHE, tiene cualidad e interés para intentar la demanda, y así lo declara.
Asimismo, habiendo entrado los padres y la viuda del ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, a compartir en partes iguales los bienes sucesorales, partiendo los padres del hecho de que su hijo y su nieta fallecieron al mismo tiempo en el accidente, y que, en consecuencia, por aplicación de la presunción de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil, no hubo trasmisión de derechos de uno a otro, tales personas, la viuda y los padres del causante, resultan ser los legitimados pasivos de la acción de petición de herencia planteada por la accionante, y en consecuencia tienen cualidad e interés exigido en la ley para sostener la acción intentada por la ciudadana FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, y así se establece.-
Con relación al alegato sostenido por los accionados excepcionantes para discutir la cualidad de la parte actora para intentar la demanda y de ellos para sostener la demanda, que no haya presentado la prueba que desvirtúen la presunción legal y determinen la premoriencia del de cuius JORGE ORTEGA SÁNCHEZ con respecto a su hija y heredera, esta alzada considera, en primer término, que la vocación hereditaria o cualidad de heredera alegada por la accionante deriva directamente de la ley, dada su condición de madre de la adolescente MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, lo cual acreditó con la presentación de la partida de nacimiento de ésta, instrumento público en la cual consta que MARÍA FERNANDA era hija legítima de ella (de la accionante) y del ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, fallecido en el accidente junto con sus dos hijos, JORGE RAFAEL y MARÍA FERNANDA, fallecidos ambos ab intestato y sin dejar descendencia, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 825 del Código Civil, tantas veces nombrado, que establece que:
la herencia de toda persona que fallece sin dejar hijos o descendientes cuya legitimación esté legalmente comprobada, se difiere conforme a las siguientes reglas: (
) No habiendo cónyuge, la herencia corresponde íntegramente a los ascendientes. Ahora bien, su derecho a la sucesión de la herencia dejada por JORGE ORTEGA SÁNCHEZ deviene del hecho de que su hija MARÍA FERNANDA, muerta junto con su padre y hermano en el accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, murió después que su padre, según quedó demostrado a juicio de esta alzada, mediante la experticia rendida judicialmente en este proceso y con los testimonios rendidos por la doctora ANTONIETTA DE DOMINICIS MINERVINI, HOMERO DE JESUS URBINA ROJAS y MARIANELA ABREU, conforme se ha considerado precedentemente, con lo cual se destruyó la presunción de conmoriencia alegada por los codemandados como fundamento de la excepción opuesta, y así se declara.
En consecuencia, se declara sin lugar la excepción de falta de cualidad e interés de la accionante para intentar la demanda y de los codemandados JORGE ORTEGA y MERY ELENA SANCHEZ DE ORTEGA, para sostener el juicio, y así se decide.
DEL FONDO.
Decididas como han sido las cuestiones de previo pronunciamiento planteadas por los codemandados JORGE ORTEGA y MERY ELENA SANCHEZ DE ORTEGA en su escrito de informe, como es lo referente a la solicitud de reposición de la causa al estado de nueva admisión de la demanda por no haberse citado a los herederos desconocidos del ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, y la excepción de falta de cualidad de interés de la accionante para intentar la demanda y de los accionados para sostener el juicio, pasa esta sentenciadora a pronunciarse sobre el fondo de la acción intentada y lo hace en los siguientes términos.
Tal y como señaló esta alzada al determinar los límites de la controversia, ésta gira en torno al derecho a suceder al ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, muerto junto con sus dos hijos, MARÍA FERNANDA y JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, en el accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, en el Municipio Boconó del estado Trujillo.
La parte accionante de la petición de herencia, demanda a los ciudadanos JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA y MARIA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO DE ORTEGA, padres los dos primeros y cónyuge la tercera del ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, para que le reconozcan el carácter que tiene de única y universal heredera de aquél, alegando que su hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO sobrevivió a su padre y a su hermano JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, en el referido accidente de aviación, no obstante que falleció después, a consecuencia de los traumatismos sufridos en el accidente.
La codemandada MARIA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO viuda DE ORTEGA alegó que no obstante haber suscrito un acuerdo de capitulaciones matrimoniales con su cónyuge antes de contraer matrimonio, tal convenio no le hace perder su derecho a la sucesión de cónyuge, razón por la cual tiene derecho a compartir en partes iguales dicha sucesión con los ascendientes de su cónyuge, y en todo caso, el derecho a recibir una cuota igual a la de un hijo, según resulta de lo establecido en los artículos 824 y 825 del Código Civil.
Por su parte, los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, padres de JORGE ORTEGA SÁNCHEZ alegan que su hijo y sus nietos, MARÍA FERNANDA y JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, que eran sus únicos descendientes legítimos, fallecieron junto con él a un mismo tiempo en el accidente, dándosele aplicación presunción de conmoriencia, establecida en el artículo 994 del Código Civil, según la cual,
si hubiere duda sobre cuál de dos o más individuos llamados recíprocamente a sucederse, haya muerto primero que el otro, el que sostenga la anterioridad la muerte del uno o del otro deberá probarla. A falta prueba, se presumen todos muertos al mismo tiempo no hay transmisión de derechos de uno a otro..., y que no habiendo prueba alguna de que sus nietos hayan sobrevivido a su padre en el accidente, y siendo intestada la herencia, ésta se difiere del modo establecido en el artículo 825 del citado Código, que regula la sucesión de la persona que fallece sin dejar hijos o descendientes, y conforme a la cual, habiendo ascendientes y cónyuge, corresponde aquéllos y a ésta de por mitad.
En síntesis, el debate se circunscribe a determinar si se aplica o no la presunción de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil, lo cual conlleva a declarar la demanda sin lugar; o si, por el contrario, resulta comprobado el hecho alegado por la accionante según el cual su hija MARÍA FERNANDA sobrevivió a su padre JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, en el accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, en el sitio denominado Páramo Piedra Gorda, Sector San Miguel, Municipio Boconó del Estado Trujillo, desvirtuando con dicha prueba la presunción iuris tantum establecida en el señalado precepto, la demanda intentada por ésta debe ser declarada con lugar.
Así las cosas, es un hecho admitido por las partes y sobre el cual no hay controversia, que el día 1º de marzo de 2009, en el Páramo Piedra Gorda, Sector San Miguel, Municipio Boconó del estado Trujillo, ocurrió un accidente aéreo en el cual se precipitó a tierra la aeronave identificada con las siglas YV 2129, pereciendo en dicho accidente las seis (6) personas que viajaban a bordo de la aeronave siniestrada, de los cuales tres (3) de estaban relacionados con la accionante, a saber: el ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, venezolano y titular de la cédula de identidad Nº 6.919.132, su ex-esposo, de quien se había divorciado el 20 de marzo de 2001, por sentencia dictada por la Sala de Juicio Nº 5 del Circuito Judicial de Protección de esta Circunscripción Judicial, y los hijos adolescentes de dicho matrimonio, MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, de 16 años de edad, titular de la C.I. Nº 23.711.958 y JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, de 14 años de edad, titular de la C.I. Nº 23.711.957.
La prueba de la filiación de la accionante con sus dos hijos fallecidos en el accidente, resulta plenamente acreditada con las partidas de nacimiento acompañadas por la actora junto con el libelo de demanda, las cuales demuestran que MARÍA FERNANDA y JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, son hijos legítimos del matrimonio que hubo entre la accionante y el ciudadano JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, matrimonio que se disolvió mediante sentencia de divorcio de fecha 20 de marzo de 2001, dictada por la Sala de Juicio Nº 5 del Circuito Judicial del Tribunal de Protección del Niño y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, cuya copia certificada consta en autos.
Alega la accionante que, de los protocolos de autopsia practicados en los cadáveres de JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ, JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO Y MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO, se pudo determinar el estado en que quedaron los cuerpos como consecuencia del accidente y por consiguiente, apreciar que las lesiones sufridas por ellos fueron distintas, que no fueron de la misma severidad o magnitud para presumir que todos ellos murieron en forma instantánea, puesto que, alega la parte demandante, su hija MARIA FERNANDA sobrevivió por algunas horas a su hermano JORGE RAFAEL y a su padre JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ.
Los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, padres de JORGE LUIS ORTEGA SANCHEZ, alegan que tanto su hijo como sus nietos, MARÍA FERNANDA y JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, únicos descendientes de éste, fallecieron a un mismo tiempo, y en consecuencia, por aplicación de la presunción de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil, no hay trasmisión de derechos de uno a otro.
Ahora bien, por cuanto la accionante alega que su hija MARÍA FERNANDA sobrevivió a su padre en el accidente, ésta sucede al padre en la herencia, en virtud de lo establecido en el artículo 822 del Código Civil, que establece, que al padre, a la madre y a todo ascendiente suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legítimamente comprobada, corresponde entonces a la accionante desvirtuar la presunción de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil, mediante prueba fehaciente del hecho de la premoriencia del padre, todo ello a tenor del artículo 1354 del Código Civil, en concordancia con el encabezamiento del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que establece: Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
En el asunto que nos ocupa, tal y como ha quedado establecido en el análisis y valoración de las pruebas, la sobrevivencia de MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO a su padre JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, en el accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, en el Municipio Boconó del estado Trujillo, quedó plenamente probada, a criterio de esta Superioridad, con las declaraciones rendidas por los testigos ANTONIETA DE DOMINICI MINERVINI, HOMERO URBINA ROJAS y MARIANELA ABREU, médicos cirujanos y expertos forenses, quienes declararon con base en el informe del levantamiento de los cadáveres, los protocolos de autopsia y las secuencias fotográficas de los cadáveres cursantes en los autos, que MARÍA FERNANDA sobrevivió a su padre, JORGE ORTEGA SÁNCHEZ en el accidente, lo cual infieren los testigos, tomando en consideración la gravedad de las lesiones sufridas por uno y otro, que demostraron que el cadáver del padre presentaba a nivel de cabeza, según el protocolo de autopsia, fractura abierta con exposición de la masa encefálica, lo cual sumado a otras graves lesiones sufridas, revelaban que éste falleció en forma instantánea en el accidente, en tanto que su hija, MARÍA FERNANDA, presentaba deformidad del macizo craneal facial con hundimiento de la hemicura izquierda, pero no presentó pérdida de la masa encefálica, lo que es indicativo de una lesión de menor gravedad que el padre, mostrando signos de vida después de sufrir los traumatismos, como es entre otros signos, hemorragia subcutánea en el cuero cabelludo, congestión vascular a nivel de hígado, bazo y riñón izquierdo, colección de sangre en la cavidad peritoneal, producto de una hemorragia interna por las laceraciones en hígado y riñón, correspondientes a reacciones vitales, además de enrojecimiento e inflamación de la escoriación sufrida en el antebrazo derecho, todas ellas demostrativas que MARÍA FERNANDA murió después que su padre. Y así queda establecido.-
Aunado a lo anterior, los signos abióticos consecutivos demostraron que el cadáver de JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, presentaba signos de autolisis, lo que indica que el cadáver había entrado en fase de putrefacción, en tanto que el de MARÍA FERNANDA, no presentaba signos de autolisis, lo que indica que JORGE ORTEGA SÁNCHEZ murió primero que su hija, porque su cadáver estaba entrando en fase de putrefacción y el de su hija no. A tales apreciaciones de los testigos expertos se suma el parecer unánime de los expertos que tuvieron a su cargo la práctica de la experticia solicitada por la parte actora, que estuvo a cargo de los profesionales de la medicina ERNESTO JOSE GONZALEZ ISEA (médico forense) JOSE RAFAEL ALANZO CORREDOR (médico forense) y ZAIDHA JOSEFINA PERSDOMO ABRAMS (anatomapatólogo forense), quienes en forma unánime dictaminaron lo siguiente:
Por lo que concluimos que en base a estos elementos MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO. Edad: 16 años. Sexo: femenino. Cédula de Identidad Nº V-23.711.958, sobrevivió, a su padre ORTEGA SANCHEZ JORGE LUIS. Edad: 40 años. Sexo: Masculino. Cédula de Identidad: Nº V-6.919.132 y a su hermano JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, Edad: 14 años. Sexo: masculino. Cédula de identidad Nº V- 23.711.957. Por lo que podemos establecer que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, falleció después de su padre y su hermano
Copia textual.
Quedando de esta manera plenamente probado el alegato sostenido por la accionante y presupuesto de la acción intentada, relativo a que su hija MARÍA FERNANDA sobrevivió a su padre en el accidente de aviación que le costó la vida a ambos. Y así se decide.-
Correspondía igualmente a la accionante probar que los accionados; JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, padres de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, por una parte, la viuda MARÍA ALEJANDRA SUBERO ZAMBRANO, entraron en posesión de la totalidad de los bienes que conforman la herencia, lo cual quedó plenamente demostrado con las solicitudes de declaración de únicos y universales herederos, presentadas en copias simples del expediente N° AP31-S-2009-003770, del Juzgado Décimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, en lo que atañe a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA; copias simples del expediente N° AP31-S-2009-002639, del Juzgado Vigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la misma Circunscripción Judicial, en lo que atañe a la codemandada, MARÍA ALEJANDRA SUBERO ZAMBRANO, copias simples éstas que se tienen como fidedignas, a tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pruebas que demuestran la voluntad de los codemandados de compartir en forma excluyente, con base en dichas declaraciones la totalidad de los bienes de la sucesión.
Dichas pruebas constantes en documentos públicos, adminiculadas a las copias simples del expediente N° AP11-F-2009-000668, llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en el cual consta el acuerdo suscrito entre los ciudadanos MARÍA ALEJANDRA SUBERO ZAMBRANO y JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, comprometiéndose a la participación amigable de la herencia dejada por su causante JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, copias simples de documentos públicos consideradas fidedignas, a tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, demostrativas del acuerdo de las partes para repartirse los bienes de la herencia dejada por JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, son demostrativas de que los codemandados entraron en posesión de los bienes sucesorales, requisito éste de procedencia de la acción intentada, y así se declara.
Ahora bien, probado plenamente como ha sido el fundamento de la acción de petición de herencia intentada por la ciudadana FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE contra los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, destruida como ha sido la presunción de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil, es forzoso para esta alzada confirmar la sentencia apelada y declarar, como en efecto se hará en el dispositivo del presente fallo, habiendo sobrevivido la hija de la accionante, MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO a su padre, JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, en el accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, el cual le costó la vida a ambos, tratándose de una sucesión intestada, la hija hereda al padre, en virtud de lo establecido en el artículo 822 del Código Civil, y fallecida ésta sin dejar descendientes, la madre hereda a la hija, en virtud de lo establecido en el artículo 825 del Código Civil, y en consecuencia, quedan excluidos de la sucesión, por no tener derecho a ella, los padres del de cuius, los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quienes quedan obligados a restituir a la accionante FANNY HENRIQUETA MARCANO la totalidad de los bienes pertenecientes a la sucesión que vienen poseyendo y que fueron heredados por la hija de la accionante, MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO, los cuales le pertenecen a aquélla por ser su legítima heredera, conjuntamente con los frutos y rentas que hayan producido. Y así se decide.
Igualmente, los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quedan obligados a indemnizar a la actora por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que quede firme esta decisión, lo cual será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un experto contable.
Con relación a la otra codemandada, la ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO, viuda de ORTEGA, queda firme el dispositivo QUINTO de la sentencia dictada por el Juzgado a quo, que declaró que la sucesión del de cuius, JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, se distribuirá en partes iguales, esto es, en una proporción del cincuenta por ciento (50%) de los bienes hereditarios, entre la viuda, MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO y la parte accionante, FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en el entendido que cualquier excedente que de su cuota hereditaria haya dispuesto o posea MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO, deberá reintegrarlo a la parte accionante con sus frutos e intereses, cuyo monto será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un experto contable. Y así finalmente se decide .
De la transcripción de algunos extractos de la sentencia recurrida se desprende que el juez de alzada al momento de resolver la solicitud de pronunciamiento de la falta de cualidad de la parte actora declara que sí tiene cualidad con base en que: a) que la vocación hereditaria o cualidad de heredera alegada por la accionante deriva directamente de la ley, dada su condición de madre de la adolescente MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, lo cual acreditó con la presentación de la partida de nacimiento de ésta, instrumento público en la cual consta que MARÍA FERNANDA era hija legítima de ella (de la accionante) y del ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, fallecido en el accidente junto con sus dos hijos, JORGE RAFAEL y MARÍA FERNANDA, fallecidos ambos ab intestato y sin dejar descendencia, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 825 del Código Civil .
b) su derecho a la sucesión de la herencia dejada por JORGE ORTEGA SÁNCHEZ deviene del hecho de que su hija MARÍA FERNANDA, muerta junto con su padre y hermano en el accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, murió después que su padre, según quedó demostrado a juicio de esta alzada, mediante la experticia rendida judicialmente en este proceso y con los testimonios rendidos por la doctora ANTONIETTA DE DOMINICIS MINERVINI, HOMERO DE JESUS URBINA ROJAS y MARIANELA ABREU, conforme se ha considerado precedentemente, con lo cual se destruyó la presunción de conmoriencia alegada por los codemandados como fundamento de la excepción opuesta, .
c) Correspondía igualmente a la accionante probar que los accionados; JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, padres de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, por una parte, la viuda MARÍA ALEJANDRA SUBERO ZAMBRANO, entraron en posesión de la totalidad de los bienes que conforman la herencia, lo cual quedó plenamente demostrado con las solicitudes de declaración de únicos y universales herederos, presentadas en copias simples del expediente N° AP31-S-2009-003770, del Juzgado Décimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, .
Concluyendo el juez de alzada en que: d)
quedan excluidos de la sucesión, por no tener derecho a ella, los padres del de cuius, los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quienes quedan obligados a restituir a la accionante FANNY HENRIQUETA MARCANO la totalidad de los bienes pertenecientes a la sucesión que vienen poseyendo y que fueron heredados por la hija de la accionante, MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO, los cuales le pertenecen a aquélla por ser su legítima heredera, conjuntamente con los frutos y rentas que hayan producido. Y así se decide.-
Igualmente, los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quedan obligados a indemnizar a la actora por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que quede firme esta decisión, lo cual será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un experto contable.
Con relación a la otra codemandada, la ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO, viuda de ORTEGA, queda firme el dispositivo QUINTO de la sentencia dictada por el Juzgado a quo, que declaró que la sucesión del de cuius, JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, se distribuirá en partes iguales, esto es, en una proporción del cincuenta por ciento (50%) de los bienes hereditarios, entre la viuda, MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO y la parte accionante, FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en el entendido que cualquier excedente que de su cuota hereditaria haya dispuesto o posea MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO, deberá reintegrarlo a la parte accionante con sus frutos e intereses, cuyo monto será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil
.
De lo precedentemente expuesto se evidencia que el juez de alzada ordenó la restitución de los bienes y el pago del mayor valor de unos bienes, con base en que quedó demostrada la cualidad de la parte actora y que se demostró que no hubo conmoriencia sino hubo premoriencia por parte de MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO quien sobrevivió a su padre JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, y por tal razón sí tenía calidad de heredera con relación a su hija fallecida, en virtud de ello logro demostrar su derecho de única heredera y por vía de consecuencia le corresponden todos los bienes de la comunidad hereditaria los cuales estaban en posesión de los demandados ciudadanos JORGE ORTEGA, MERY SANCHEZ DE ORTEGA, y MARÍA ALEJANDRA SUBERO ZAMBRANO de ORTEGA (viuda), lo cual quedó demostrado con la prueba de declaración de único y universales herederos, a decir del juez de alzada, en virtud de ello y como consecuencia de tal declaratoria se ordena la restitución de todos los bienes de la herencia, asi como el mayor valor que hubieran podido alcanzar dichos bienes, lo cual será calculado mediante experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, y de acuerdo a los razonamientos precedentemente expuestos se puede evidenciar que la sentencia recurrida no adolece del vicio endilgado por el formalizante, es decir, de inmotivación pues del mismo es posible ejercer el control de legalidad de lo decidido por el juez de alzada, en consecuencia se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.-
V
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción por la recurrida del ordinal 6° del artículo 243 eiusdem, al incurrir en el vicio de indeterminación objetiva.
El formalizante se fundamenta en lo siguiente:
El dispositivo del fallo debe ser modelo de precisión y claridad. Constituye la norma jurídica individualizada a la que las partes, los auxiliares de justicia y el juez de la ejecución, deben sujetarse sin ambigüedades ni obscuridades. En caso que el dispositivo del fallo no cumpla este requisito, el fallo adolecerá del vicio de indeterminación objetiva por violación del ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, acarreando su nulidad.
Apartando la profunda injusticia del fallo, este incurrió en una de las más protuberantes -y aberrantes- indeterminaciones. Según se desprende del libelo y se ha desarrollado en la presente formalización, la Actora acumuló tres pretensiones: una merodeclarativa a fin de sostener que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO hubiere supuestamente heredado a JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ; una de rendición de cuentas indeterminada y otra indemnizatoria.
Asimismo, la actora omitió toda indicación sobre cuáles serían los bienes de la herencia que supuestamente le corresponderían de su hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, y que con tanto afán apetece, pero no obstante, reclamó que le fueren restituidos todos, con sus rentas y frutos: y además solicitó, que se condenara a nuestros representados a una indemnización equivalente al mayor valor que hubieren adquirido los hipotéticos bienes.
Independientemente de la suerte de la primera pretensión, las dos segundas resultan inatendibles. No se puede demandar en abstracto. No se puede demandar hipotéticamente. No se puede demandar bajo el albur de que de haber bienes, se restituyan. Era preciso, imperioso y necesario, que la demandante individualizara sus pretensiones, singularizara los bienes sobre los cuales reclamaba derechos, detallara cuáles habrían sido enajenados y se le debía algún precio de prosperar su primera pretensión, pero ese no fue el caso. En tales circunstancias, aun triunfando la actora en su primera pretensión, las otras no podían correr la misma suerte pues son de imposible condena, salvo que, se lo hiciera de la forma ilegal y absurda con que se condujo la recurrida.
A pesar de lo antes señalado, a la recurrida no se lo ocurrió mejor opción a fin de complacer a la demandante, que dispensarla de sus cargas alegatorias y probatorias, y ante la imposibilidad de cumplir con el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, delegó en un único experto -en contravención de la Ley, que en todo caso impondría tres (3)- que hiciese las veces de pesquisa, avaluador, tasador, en fin, un súper experto, quien por una supuesta experticia complementaria del fallo, adquiera poderes jurisdiccionales y calificase qué bienes pertenecieron a la herencia y cuáles no, sus valores, sus rentas, los mayores valores que hubieran adquirido.
En fin, más que un experto que habría de fijar montos de frutos, daños e intereses perfectamente delimitados en la sentencia, que es para lo que el Código de Procedimiento Civil, autoriza la experticia complementaria del fallo, la recurrida nombró un pretor con ilimitadas funciones jurisdiccionales. Esto es francamente inaceptable y debe anularse el fallo por semejante desafuero.
Omissis
De la cita que antecede, queda muy clara la indeterminación del fallo que hemos denunciado al haberse delegados en un único experto la determinación e identificación de unos bienes sin fundamento ni parámetros alguno, a los fines de que se le entregue a la demandante, con adición de frutos o rentas, más el cálculo de unas indemnizaciones de mayor valor de otros bienes, todo lo cual sería ejecutado contra nuestros representados.
Este absurdo deja expuesto a nuestros mandantes al más absoluto atropello de todos sus derechos, pues será este súper experto quien ha de juzgar sobre qué bienes pertenecieron a la herencia y cuáles no, sus eventuales rentas, valores mayores o menores, y todo ello sin que se sepa las bases de su encargo, el tiempo del mismo, la solución a los eventuales conflictos de sus decisiones, etc.
En los términos que aparece la recurrida, nuestros representados quedan a merced de un todopoderoso quien habrá de hacer y deshacer a su antojo, identificando bienes de los que no se ha litigado, asignándoles valores y rentas a favor de la actora y, para colmo, se desconoce cuándo o cómo ha de hacerse, lo que es, indudablemente, inaceptable y hace adolecer a la recurrida del denunciado vicio de indeterminación objetiva.
Omissis
Ciudadanos Magistrados, con base en la doctrina de esta Sala de Casación Civil, en el ordinal 6o del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 49 de la Constitución, lo ordenado por la recurrida constituye una terrible desviación, violatoria del orden público y la Constitución que difícilmente encuentre precedentes en lo que respecta al abuso de la figura de la experticia complementaria del fallo. En este caso, no sólo porque no se determinan los parámetros de cálculo de unos frutos, daños o intereses, que es para lo que se concibió la herramienta procesal, sino porque se manda a un experto, a su libre arbitrio, a hacer consideraciones jurídicas y fácticas respecto a si unos hipotéticos bienes pertenecen o no a una herencia que le han de ser entregados a la demandante, sin saberse cómo, cuándo, con qué criterio, etc. Además, dicho experto tendrá que determinar si esos bienes habrían causado rentas o cuál habría sido su mayor valor. Esto es inaceptable!.
Es obvio que en el caso que se analiza, la recurrida incurrió precisamente en el vicio de indeterminación objetiva antes apuntado, puesto que, como se señaló previamente, omitió precisar la forma en que ha de hacerse posible la ejecución de la sentencia y, peor aún, delegó el establecimiento de los bienes, sus valores, rentas. etc., a un tercero que carece de facultades jurisdiccionales.
Con base a estas consideraciones y en atención a los criterios jurisprudenciales invocados, es innegable la materialización del vicio denunciado en la recurrida, por lo que dada la infracción del 243, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, lo que acarrea la nulidad de la sentencia conforme al artículo 244 del mismo Código, por lo que SOLICITAMOS se declare la procedencia de la presente denuncia, se case el fallo recurrido y se reponga la causa al estado en que el Juzgado Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio denunciado .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en el vicio de indeterminación por infracción de los artículos 243 ordinal 6° y 244 del Código de Procedimiento civil, con base en que la parte actora no precisó ni individualizó los bienes objeto del acervo hereditario, aunado al hecho de que el juez de alzada ordenó la experticia complementaria del fallo con un solo experto.
Al respecto la sentencia recurrida expresa lo siguiente:
DISPOSITIVO
(
) declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, contra la sentencia dictada en fecha 21 de julio de 2015, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de petición de herencia de la sucesión del ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, fallecido en accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, intentada por la ciudadana FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en su condición de legítima heredera de su hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, quien sucedió a su padre en el referido accidente de aviación y murió posteriormente a consecuencia del mismo, contra los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quienes han venido poseyendo y disponiendo indebidamente de los bienes y frutos pertenecientes a la herencia, en consecuencia; i) se condena a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, a restituir a la accionante la totalidad de dichos bienes, frutos e intereses que hayan devengado desde la apertura de la sucesión hasta la fecha en que quede definitivamente firme este fallo, cuyo monto deberá calcularse mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes parámetros: 1. Se calcularán desde la fecha de admisión de la reforma de la demanda (9 de noviembre de 2012), hasta el día en que quede firme esta decisión; 2. Se nombrará un solo experto contable; y 3. Deberá ser calculada mediante experticia contable debiendo tomarse como base de cálculo los Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas emanados del Banco Central de Venezuela durante dicho período. ii) Se les condena igualmente a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, a indemnizar a la actora FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que quede firme esta decisión, lo cual será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes parámetros: 1. se calcularán desde la fecha de admisión de la reforma de la demanda (9 de noviembre de 2012), hasta el día en que quede firme esta decisión; 2. Se nombrará un solo experto contable; y 3. Deberá ser calculada mediante experticia contable debiendo tomarse como base de cálculo los Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas emanados del Banco Central de Venezuela durante dicho período. TERCERO: Se declara firme el dispositivo QUINTO del fallo dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, de fecha 21 de julio de 2015, que declaró el derecho que tiene la viuda de JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO VIUDA DE ORTEGA, en virtud de lo establecido en el artículo 824 del Código Civil, a recibir una parte igual a la que corresponde a cada uno de los hijos de la persona fallecida, y que en el presente asunto equivale al cincuenta por ciento (50%) de los bienes que constituyen dicha sucesión, la cual ha de compartir con la parte accionante FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en el entendido que cualquier excedente que haya dispuesto o posea de su cuota hereditaria, deberá reintegrarlo a la parte accionante con sus frutos e intereses, cuyo monto será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
Se condena en costas a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, de conformidad con el artículo 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencidos totalmente.
Por cuanto la presente decisión se pronunció fuera del lapso legal correspondiente, se ordena la notificación de las partes mediante boleta que a tal efecto se ordena librar
.
Ante tal escenario, esta Sala se permite invocar el criterio que se ha sostenido en decisión N° 534 de fecha 9 de agosto de 2013, caso: Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX), contra Sural C.A., en el expediente N° 12-710, en la cual siguiendo las directrices trazadas por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en sentencias N° 427 del 14/10/2016 y N° 885 del 11/05/2007, en relación con la ejecutabilidad del fallo y a la concretización de la tutela judicial efectiva debida al favorecido por el pronunciamiento judicial, se estableció:
para determinar si se cumple con el requisito de la determinación de la cosa sobre la cual recae la decisión, resulta imprescindible examinar dicho requisito en el marco de los principios constitucionales, particularmente bajo la óptica de los principios a la tutela judicial efectiva y en la omisión de formalidades no esenciales al proceso que propugnan los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que permitirá considerar no sólo (sic) la delación de indeterminación, sino el principio a favor de la ejecución de la sentencia, que ampara a la parte que favorece el fallo.
Efectivamente, la jurisprudencia ha sostenido que tal institución exige ser revisada de una forma ponderada, toda vez que si se tiene una sentencia de fondo que declare por ejemplo con lugar la demanda, resultaría un flaco servicio a la justicia, que los fallos no pudieran ejecutarse, a pesar de tal declaratoria, pues a menos que lo decidido y ordenado trate de algo sumamente puntual e insustituible, el Código de Procedimiento Civil contempla, inclusive en la fase de ejecución de la sentencia de mérito, la posibilidad de que el juez ejecutor adopte las medidas necesarias, en el marco de la cosa juzgada, que conduzcan a la ejecución de ese fallo . (Vid. sentencia N° 534, de fecha 09/08/2013, caso: Banco de Comercio Exterior, C.A. (BANCOEX), contra Sural C.A., expediente N° 12-710). (Subrayado de esta Sala).
De lo expuesto se extrae la interpretación que ha hecho esta Sala en concordancia con los criterios e interpretaciones -a su vez- sostenidos por la Sala Constitucional, acorde con los principios constitucionales dispuestos en los artículos 26 y 257, del principio a favor de la ejecución de la sentencia que ampara a quien resulta favorecido por el fallo.
Acorde con ello se establece que el principio a favor de la ejecución del fallo, exige ser revisado de una forma ponderada, por cuanto si se tiene una sentencia de fondo que declare con lugar la demanda -por ejemplo-, resultaría un contrasentido del valor justicia, que la misma no pueda ser ejecutada, no obstante a tal declaratoria, máxime cuando se encuentran bien establecidos y probados los hechos que condujeron a tal decisión, pues a menos que lo decidido y ordenado trate de muy puntual o insustituible; el Código de Procedimiento Civil señala, incluso en la fase de ejecución de la decisión de fondo, la posibilidad de que el juez de la ejecución adopte las medidas necesarias, sin afectar la cosa juzgada, que conduzcan a la ejecución de ese fallo.
Dentro de ese orden de ideas, declarada con lugar una pretensión de condena, donde no se pudo determinar en el texto del fallo la cantidad correspondiente a frutos, intereses o daños, y en consecuencia el sentenciador ordena una experticia complementaria del fallo conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a tales efectos se haría inejecutable la sentencia, si en el texto del fallo -e incumpliendo la letra del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil- no se precisa cuáles son los perjuicios probados a estimarse y los puntos que deben servir de base a los expertos para su cálculo.
El artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, como formalidad que debe contener la sentencia que ordene la experticia complementaria, exige que el fallo indique: 1) señalamiento preciso de los perjuicios probados que deben estimarse; 2) puntos que deben servir de base a los expertos.
Es necesario para la Sala analizar si tales exigencias son o no requisitos esenciales del fallo; pero si se considera que los dispositivos de las sentencias firmes de condena pueden ser variados mediante experticia complementaria, en los casos de los artículos 527, 528, 529 530 del Código de Procedimiento Civil, casos en que los parámetros de las experticias no consten en la sentencia firme, sino en autos posteriores a ella, se debe concluir que siempre que el dispositivo de un fallo sea una condena, si la liquidación de la misma se ejecutare mediante una experticia complementaria, las exigencias del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil podrán cumplirse posteriormente si es que no constan en el fallo, y siempre que con ellas no se desmejore - debido al transcurso del tiempo- la situación del perdidoso con respecto a la fecha de la decisión.
Ello es posible con la vigente Constitución, con fundamento en el artículo 257 que señala que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades, por lo que la Sala estima que los requisitos a que hace mención el artículo 249 citado, deben ser interpretados con laxitud, en atención del derecho a la tutela judicial efectiva, para no perjudicar a quien haya obtenido una sentencia favorable, y lo cual ocurre en el caso de autos.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa evidencia la Sala que tal y como ha sido denunciado, el juez de la recurrida incurrió en un error al establecer que un solo experto deberá practicar la experticia complementaria del fallo, que según la jurisprudencia reiterada de esta Sala debe ser por tres expertos, aunado al hecho de que no precisa el monto para proceder al cálculo.
En ese orden de ideas y en armonía con los criterios jurisprudenciales sostenidos en favor del principio de la ejecución de la sentencia, considera la Sala que casar el fallo, aunque el mismo adolezca del vicio que le es endilgado, por un error que -advertido- puede perfectamente ser corregido, incluso en la fase de ejecución de la sentencia de mérito, imposibilite la prosecución del mismo en aras del principio de la tutela judicial eficaz así como que no debe sacrificarse la justicia por la omisión de formalidades, y en beneficio del principio pro actione el cual impone la exigencia de la interpretación del derecho a la ejecución de las sentencias en el sentido más favorable a la ejecución.
Por lo demás, no puede la Sala pasar por inadvertido errores como el detectado en el sub iudice, que van en desmedro de la obligación de administrar de justicia en el menor tiempo posible; por lo que se hace necesario advertir a los jueces el cuido que deben observar en la oportunidad de hacer la fijación de tales parámetros, pues ello genera, sin duda, un perjuicio para las partes en cuanto a la firmeza de las decisiones y en consecuencia para la ejecución de las mismas, produciéndose un retardo injustificado que desdice de su labor jurisdiccional.
En consecuencia se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.
RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY
I
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se acusa la infracción por la recurrida de los artículos 994, 1.359 y 1.387 primer aparte, del Código Civil, así como de los artículos 285 numeral 3° de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, los artículos 214, 216 y 217 del Código Orgánico Procesal Penal; 16 numeral 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 77 y siguientes del Código de Instrucción Médico Forense, 82 y 89 de la Ley Orgánica Poder Judicial, 35 de la Ley del Ejercicio de la Medicina y 144, 145, 146 y 150 Código de Deontología Médica, todos por falta de aplicación y el artículo 1.422 del Código Civil, por falsa aplicación.
El formalizante se fundamenta en lo siguiente:
En la presente denuncia, compleja por demás, se viene a combatir un hecho establecido por la recurrida: que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO sobrevivió por breve tiempo a JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ en el accidente aéreo en el que ambos perdieron la vida.
Obsérvese que en la presente denuncia se cuestionan todos los medios probatorios apreciados por la recurrida para establecer el referido hecho, pues dada la naturaleza de la presente denuncia, ella resultaría improcedente si no tuviere trascendencia en el dispositivo del fallo, de lo que la denuncia aislada de cada medio probatorio, aun siendo procedente, al estar la recurrida apoyada en otros medios, la expondría al riesgo de ser declarada improcedente por cuanto el hecho estaría apoyado en la valoración de otro medio probatorio combatido separadamente. Por ello, parte de la complejidad de esta denuncia es la necesidad del combate simultáneo de todos los medios probatorios indebidamente apreciados por la recurrida para la determinación del referido hecho.
En los respectivos protocolos de autopsias cursantes en el presente expediente, se estableció que la data de la muerte de los ocupantes de la avioneta siniestrada era de dos (2) días; de allí, que a falta de cualquier otra distinción, surgió automática la presunción de conmoriencia prevista el artículo 994 del Código Civil.
La actora, en su pretensión mero declarativa, procura desvirtuar el contenido de esas importantes documentales y para ello promovió unas testimoniales y una experticia, siendo que esos medios no son admisibles para probar contra lo contenido en un documento público de tal naturaleza, tal como se demostrará en la presente denuncia.
El medio legal idóneo por excelencia, establecido en las leyes inherentes a la materia para determinar la data de la muerte o tanatocronodiagnóstico, en casos de accidentes, lo constituye el estudio anatomopatológico practicado por un médico forense que habrá de hacer constar en un instrumento denominado Protocolo de Autopsia. Dicho estudio el cual debe obligatoriamente materializarse dentro un proceso judicial que se desarrolla a tenor de lo dispuesto los artículos 285 numeral 3o de la Constitución (sic) de la República (sic); 214, 216 y 217 del Código Orgánico Procesal Penal; 16 numeral 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 77 y siguientes del Código de Instrucción Médico Forense, 82 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 35 de la Ley del Ejercicio de la Medicina y 144, 145, 146 y 150 del Código de Deontología Médica. Este marco normativo confiere a dichos instrumentos, el valor de documentos auténticos y a las opiniones contenidas en los mismos de fe pública.
Es decir, el médico forense, actuando en su condición de funcionario de policía de investigación penal, cuando elabora el acta contentiva del levantamiento de cadáveres, así como de los resultados de la autopsia (Protocolos de Autopsia), desarrolla actos auténticos que merecen fe pública, confiriendo una especial cualidad a dichos instrumentos; ya que como lo apunta el Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, los documentos contentivos de sus dichos y actos, tienen eficacia probatoria plena, y se tienen por cierto sin necesidad de otra prueba que los verifique (...)", extrayéndose de lo anterior, que el único instrumento con valor probatorio legal para establecer las circunstancias de modo y tiempo (data mortuoria) de una persona, lo constituye el protocolo de autopsia elaborado y certificado por un médico forense en funciones de policía de investigación penal, bajo la dirección del Ministerio Público; ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 78 del Código de Instrucción Médico Forense en consonancia con el artículo 35 de la Ley del Ejercicio de la Medicina.
En tal sentido, conforme al invocado marco legal, solo los médicos que ejerciendo funciones públicas de órganos de policía de investigación penal, bajo la dirección del Ministerio Público, podrán certificar aquellos hechos y circunstancias que comprueben en el ejercicio de su actividad; estándole vedado a cualquier otro profesional de la medicina, emitir pronunciamientos o dictámenes parcializados sobre hechos no comprobados o en los cuales no hayan tenido participación alguna.
Los instrumentos auténticos de fecha cierta, elaborados por funcionarios públicos (verdaderos expertos facultados conforme a la Ley para emitir opiniones de incidencia en procesos judiciales), y a quienes le correspondió levantar ese siniestro, así como realizar los actos de investigación, tales como son el "Informe Técnico", fechado 25-3-2009, realizado por los funcionarios: TSU, Detective Alvaro Borja y TSU, Detective Oscar Tovar, cuyo valor probatorio resulta inobjetable por tratarse de un documento público, materializado conforme a las previsiones legales respectivas; y en el cual se demuestra que la aeronave matrícula YV-2129, en la que viajaban los hoy occisos, impactó en una zona de montaña... presentando "signos de combustión con desprendimiento de todas sus partes y piezas, los cuales quedaron dispersos a lo largo de la zona, cabe igualmente destacar, que dicha aeronave, se precipitó con "propulsión considerable en los motores, descendiendo a tierra de manera violenta, produciéndose "el desprendimiento súbito de todos sus componentes, así como la proyección de los sus ocupantes", "dejando un sendero de dispersión de 65 metros", desintegrándose en un 90%; todo lo cual da cuenta de que se trató de un impacto extremadamente fuerte en las que las posibilidades de sobrevivencia, aún por los más breves lapsos, resultan nugatorias, debido a que de acuerdo a las leyes de la física, los ocupantes de dicha aeronave fueron receptores de un impacto superior al que recibió el aparato, tanto así, que en las autopsias mas adelantes citadas, se reitera como lesión común, la afección principalmente de la cavidad craneal de todos los occisos, pudiendo concluir que si el avión se desintegró en los términos ya expuestos por los expertos, qué lesiones no sufrieron sus ocupantes; por lo que mal podríamos, suponer, presumir o inventar como lo pretende la actora, que alguno de ellos sobrevivió a otro.
Asimismo, encontramos acreditados en el expediente, por haberlos traído la parte actora a los autos, tres (3) instrumentos auténticos de fecha cierta, contentivos de los Levantamientos de Cadáver", del ciudadano Jorge Luís Ortega Sánchez, y los adolescentes María Fernanda Ortega Marcano y Jorge Rafael Ortega Marcano, calendados 23 de julio de 2009, numerados: 9700-165-2009-965, suscritos en Trujillo por el Médico Forense Dr. Homero Urbina Rojas, en los cuales y como se ha dicho, se describe claramente una lesión común entre los occisos que despeja cualquier duda sobre la peregrina hipótesis de una sobrevivencia subsecuente de alguno con relación a otros, propuesta por la actora, constituida esta por la afectación en los tres cuerpos del "macizo cráneo facial" y "bóveda craneal", signo coincidente este, que echa por tierra cualquier posibilidad de agonía y que imposibilita por ende, desestimar el valor probatorio de la presunción legal e incontrovertible de que todos los ciudadanos antes mencionados murieron al nuestrosmo (sic) tiempo, como consecuencia de los politraumatismos sufridos.
Y finalmente, constan en autos aunados a los anteriores tres (3) instrumentos auténticos de fecha cierta, contentivos de los Protocolos de Autopsia, suscritos por la funcionaria pública, Médico Anatomopatólogo Experto Forense, Dra. Marianela Abreu, en los que sin lugar a dudas se determinan inobjetablemente dos hechos incontrovertibles: la "DATA DE MUERTE: 02 días, y la CAUSA DE LA MUERTE: Traumatismos generalizados debido a accidente aéreo", para cada cadáver.
Ahora bien, la pretensión mero declarativa de la demandante se apoya en desvirtuar el contenido de los protocolos de autopsia y así, demostrar, que no hubo la conmoriencia, sino premoriencia de JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ respecto a MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO.
En tal sentido denunciamos que la fe de los protocolos de autopsia, en cuanto documentos auténticos equiparables a los públicos en su fe probatoria tal como dispone el artículo 1.359 del Código Civil, no puede enervarse por vía de declaración testimonial ni mediante una experticia indirecta, esto es, una evacuada sobre las bases de dicha autopsia. Por el contrario, solo una nueva autopsia, que tomara en consideración aspectos diferentes o novedosos respecto a la primera tendría la posibilidad de enervar el contenido de la primera que se hubiere levantado.
En consonancia con lo anterior, en lo que respecta a la supuesta "experticia" suscrita por los médicos y anatomopatólogos forenses: ERNESTO JOSÉ GONZÁLEZ ISEA, JOSÉ RAFAEL ALONZO CORREDOR, ZAIDHA JOSEFINA PERDOMO ABRAMS, consignado el 28 de octubre de 2014, al haber dictaminado sobre los hallazgos reflejados en las autopsias en cuestión, sin jamás haber tenido contacto con el verdadero objeto de la prueba, cual serían los cadáveres cuya data de muerte la actora había puesto en discusión, se trata obviamente de una prueba inadmisible y sin mérito probatorio alguno.
En efecto, no es admisible dentro del marco del artículo 1.422 del Código Civil que se promueva una experticia para desvirtuar el contenido de un instrumento auténtico, salvo que el instrumento mismo fuere el objeto de la prueba cual sería una experticia grafotécnica para establecer adulteraciones, data o falsificaciones del mismo. Menos aún resulta admisible que se pretenda dar mayor valor a una experticia en forma indirecta o mediatizada, con base en las descripciones de la propia autopsia, que a la propia autopsia. Esto es, la recurrida le dio más fe a la experticia que hicieron unos médicos sobre la base de unas fotos y otros datos, que al dictamen emanado por el funcionario destinado por la ley para emitir la autopsia, quien a través de sus sentidos presenció e hizo de primera mano todas las pruebas y determinaciones legales y técnicas del caso.
Obviamente, al haber admitido la recurrida esta experticia y darle valor probatorio, violó por falsa aplicación el artículo 1.422 del Código Civil, toda vez que dicha prueba no era admisible, ni respecto al objeto de la prueba -protocolos de autopsia- ni respecto a lo que se deseaba probar -contrariar el contenido de esos protocolos de autopsia-.
Por otra parte, la recurrida admitió como "testigo experta" a la ciudadana ANTONIETTA DE DOMINICIS MINERVINI, quien previo al juicio, a solicitud de la demandante y probablemente previo pago de honorarios profesionales, anticipó su opinión sin control ni contradicción de nuestros representados, en un informe consignado por la propia demandante anexo a su libelo y que, naturalmente, apoyaba la tesis de la premoriencia pretendida por la Actora (sic).
Esta ciudadana, fue promovida para ratificar su "opinión privada" rendida previo al juicio, y fue además, interrogada como "testigo experta"; por lo que resulta insólito que esta testimonial haya sido admitida y valorada por la recurrida; en primer lugar, porque su opinión privada elaborada a solicitud de la demandante conforme a sus deseos e intereses, no es el documento a que se refiere el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, susceptible de ratificación mediante la prueba testimonial; dicha norma se refiere a comunicaciones espontáneas y no pagadas, y mucho menos a experticias sesgadas, sin control ni contradicción, fabricadas a la medida de los intereses de determinada pretensión.
¿Cómo es posible que la recurrida haya preferido el dicho de esta ciudadana, y dado mayor valor a sus conclusiones, sustentadas en la observación con una lupa de las fotos de los cadáveres que a la propia autopsia?, ¿Cómo es posible que se le dé valor a una opinión privada, carente de data de muerte, para desvirtuar el referido tanatocronodiagnóstico?, ¿Cómo es posible que se pretenda anteponer el dicho de esa ciudadana al dictamen de los funcionarios públicos que en el acto y con inmediación arribaron a sus conclusiones sobre la conmoriencia?
Si bien los protocolos de autopsia no son documentos negociables, por su naturaleza de instrumentos públicos o auténticos, le son aplicables la limitación prevista en el artículo 1.387 del Código Civil, en su primer aparte, en el sentido de que no es admisible la prueba de testigos para probar en su contra, siendo que de haber aplicado la recurrida esta disposición, habría concluido indudablemente en la inadmisibilidad de la prueba de testigos para tratar de probar contra el contenido de los protocolos de autopsia.
Finalmente, mente, la recurrida valoró las testimoniales de los ciudadanos HOMERO DE JESÚS URBINA ROJAS y MARIANELA ABREU, médico forense y anatomopatóloga forense, quienes hicieron los levantamientos de los cadáveres y los protocolos de autopsias de ley. Con base en los dichos de estos testigos, en forma adminiculada a las anteriores probanzas aquí denunciadas, la recurrida fijó el hecho de la premoriencia aquí censurado.
Sorprende que en sus declaraciones, estos funcionarios incluso recordaran detalles trascendentales como sangre rojo rutilante en la ropa interior de la adolescente y que no hubieran reflejado en sus respectivos reportes. Tanto el levantamiento de los cadáveres, como los protocolos de autopsia quedaron concluidos en el momento en que los funcionarios que participaron en los mismos los terminaron y suscribieron; por lo tanto resulta inconcebible, que se pretenda años después de haber emitido aquellos instrumentos, que dichos funcionarios hayan comparecido a agregar detalles o modificar sus conclusiones; comportamiento éste que no sólo resulta inadmisible, sino que amerita ser analizado a la luz de los supuestos típicos que describen el ilícito contenido en el artículo 77 de la Ley Contra la Corrupción.
En tal sentido, tal como se denunció previamente, si bien los protocolos de autopsia no son documentos negociales por su naturaleza de instrumentos públicos, les son aplicables la limitación prevista en el artículo 1.387 del Código Civil, en su primer aparte, en el sentido de que no es admisible la prueba de testigos para probar en su contra; estos "testigos", al concurrir al presente proceso civil, ya no lo hicieron como funcionarios en el proceso de levantamiento del sitio del suceso o redactores de los protocolos de autopsias, sino como simples testigos que mal podían declarar contra lo que dejaron constancia como funcionarios.
Por tanto, la recurrida ha debido percatarse de la limitación establecida en el aparte del artículo 1.387 del Código Civil y, en consecuencia, ha debido declarar inadmisible el testimonio de estos ciudadanos para contradecir el contenido de un documento público como lo son los "Protocolos de Autopsias".
Así, de no haber la recurrida incurrido en la infracción de las normas aquí denunciadas, al haber dejado de aplicar el artículo 1.387, en su primer aparte, del Código Civil, y aplicado falsamente el artículo 1.422, ejusdem, no habría dado le alguno a las testimoniales y experticia promovidas y evacuadas para contradecir los protocolos de autopsia, siendo importante destacar, que con los aludidos medios de prueba, jamás se estableció una data de muerte distinta a la establecida en dichos protocolos, evidenciando ello, que el valor de esa determinación instrumental jamás fue destruido. Por el contrario, dada la naturaleza de instrumentos públicos de dichos protocolos, ha debido otorgarles plenos efectos probatorios, aplicando al caso el artículo 1.359 del Código Civil y, en consecuencia ha debido tener por cierto que JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ y MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO fallecieron "al mismo tiempo (Dos (2) días), con lo que se mantendría vigente la presunción de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil, resultando así infringidas estas últimas disposiciones por falta de aplicación.
De esta forma, ha quedado plenamente acreditada la ocurrencia de las violaciones denunciadas y cuya trascendencia es obvia en el dispositivo del fallo, pues de no haber establecido la recurrida que JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ falleció primero que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, no habría declarado con lugar la demanda.
Por las razones expresadas, SOLICITAMOS de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien declarar con lugar esta denuncia, y en consecuencia case el fallo recurrido, y se le ordene al juzgado que resulte competente dictar una nueva decisión excluyendo la experticia y testimoniales promovidas por la actora para contradecir el contenido de los protocolos de autopsia .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante la infracción de los artículos 994, 1.359 y 1.387 primer aparte, del Código Civil, así como de los artículos 285 numeral 3° de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, los artículos 214, 216 y 217 del Código Orgánico Procesal Penal; 16 numeral 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 77 y siguientes del Código de Instrucción Médico Forense, 82 y 89 de la Ley Orgánica Poder Judicial, 35 de la Ley del Ejercicio de la Medicina y 144, 145, 146 y 150 Código de Deontología Médica, todos por falta de aplicación y el artículo 1.422 del Código Civil, por falsa aplicación, con base en los siguientes argumentos:
Establece el recurrente procede a combatir un hecho establecido por la recurrida que es el referido a: que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO sobrevivió por breve tiempo a JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ en el accidente aéreo en el que ambos perdieron la vida.
Considera que los respectivos protocolos de autopsias cursantes en el presente expediente, se estableció que la data de la muerte de los ocupantes de la avioneta siniestrada era de dos (2) días; de allí, que a falta de cualquier otra distinción, surgió automática la presunción de conmoriencia prevista el artículo 994 del Código Civil .
Al respecto expresa el recurrente que: el único instrumento con valor probatorio legal para establecer las circunstancias de modo y tiempo (data mortuoria) de una persona, lo constituye el protocolo de autopsia elaborado y certificado por un médico forense en funciones de policía de investigación penal, bajo la dirección del Ministerio Público; ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 78 del Código de Instrucción Médico Forense en consonancia con el artículo 35 de la Ley del Ejercicio de la Medicina .
Sobre el particular expresó el formalizante: Los instrumentos auténticos de fecha cierta, elaborados por funcionarios públicos (verdaderos expertos facultados conforme a la Ley para emitir opiniones de incidencia en procesos judiciales), y a quienes le correspondió levantar ese siniestro, así como realizar los actos de investigación, tales como son el "Informe Técnico", fechado 25-3-2009, realizado por los funcionarios: TSU, Detective Alvaro Borja y TSU, Detective Oscar Tovar, cuyo valor probatorio resulta inobjetable por tratarse de un documento público, materializado conforme a las previsiones legales respectivas; y en el cual se demuestra que la aeronave matrícula YV-2129, en la que viajaban los hoy occisos, impactó en una zona de montaña... presentando "signos de combustión con desprendimiento de todas sus partes y piezas, los cuales quedaron dispersos a lo largo de la zona, cabe igualmente destacar, que dicha aeronave, se precipitó con "propulsión considerable en los motores, descendiendo a tierra de manera violenta, ( ), " ; todo lo cual da cuenta de que se trató de un impacto extremadamente fuerte en las que las posibilidades de sobrevivencia, aún por los más breves lapsos, resultan nugatorias, ( ); por lo que mal podríamos, suponer, presumir o inventar como lo pretende la actora, que alguno de ellos sobrevivió a otro .
Al respecto alega que: constan en autos aunados a los anteriores tres (3) instrumentos auténticos de fecha cierta, contentivos de los Protocolos de Autopsia, suscritos por la funcionaria pública, Médico Anatomopatólogo Experto Forense, Dra. Marianela Abreu, en los que sin lugar a dudas se determinan inobjetablemente dos hechos incontrovertibles: la "DATA DE MUERTE: 02 días, y la CAUSA DE LA MUERTE: Traumatismos generalizados debido a accidente aéreo", para cada cadáver. ( ) Ahora bien, la pretensión mero declarativa de la demandante se apoya en desvirtuar el contenido de los protocolos de autopsia y así, demostrar, que no hubo la conmoriencia, sino premoriencia de JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ respecto a MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO. ( ).
En ese sentido alega que: la fe de los protocolos de autopsia, en cuanto documentos auténticos equiparables a los públicos en su fe probatoria tal como dispone el artículo 1.359 del Código Civil, no puede enervarse por vía de declaración testimonial ni mediante una experticia indirecta, esto es, una evacuada sobre las bases de dicha autopsia. Por el contrario, solo una nueva autopsia, que tomara en consideración aspectos diferentes o novedosos respecto a la primera tendría la posibilidad de enervar el contenido de la primera que se hubiere levantado .
Asimismo expresa que se infringió el artículo 1387 del Código Civil con base en que: Si bien los protocolos de autopsia no son documentos negociables, por su naturaleza de instrumentos públicos o auténticos, le son aplicables la limitación prevista en el artículo 1.387 del Código Civil, en su primer aparte, en el sentido de que no es admisible la prueba de testigos para probar en su contra, siendo que de haber aplicado la recurrida esta disposición, habría concluido indudablemente en la inadmisibilidad de la prueba de testigos para tratar de probar contra el contenido de los protocolos de autopsia. ( ) la recurrida valoró las testimoniales de los ciudadanos HOMERO DE JESÚS URBINA ROJAS y MARIANELA ABREU, médico forense y anatomopatóloga forense, quienes hicieron los levantamientos de los cadáveres y los protocolos de autopsias de ley. Con base en los dichos de estos testigos, en forma adminiculada a las anteriores probanzas aquí denunciadas, la recurrida fijó el hecho de la premoriencia aquí censurado .
En virtud de ello concluye: En tal sentido, tal como se denunció previamente, si bien los protocolos de autopsia no son documentos negociales por su naturaleza de instrumentos públicos, les son aplicables la limitación prevista en el artículo 1.387 del Código Civil, en su primer aparte, en el sentido de que no es admisible la prueba de testigos para probar en su contra; estos "testigos", al concurrir al presente proceso civil, ya no lo hicieron como funcionarios en el proceso de levantamiento del sitio del suceso o redactores de los protocolos de autopsias, sino como simples testigos que mal podían declarar contra lo que dejaron constancia como funcionarios .
De acuerdo a lo expuesto, expresa el formalizante que el juez de alzada ha debido percatarse de la limitación establecida en el aparte del artículo 1.387 del Código Civil y, en consecuencia, declarar inadmisible el testimonio de estos ciudadanos para contradecir el contenido de un documento público como lo son los "Protocolos de Autopsias", pues de haberlo hecho no hubiera incurrido en la infracción de las normas aquí denunciadas, al haber dejado de aplicar el artículo 1.387, en su primer aparte, del Código Civil, y aplicado falsamente el artículo 1.422, ejusdem, pues dada la naturaleza de instrumentos públicos de dichos protocolos, ha debido otorgarles plenos efectos probatorios, aplicando al caso el artículo 1.359 del Código Civil y, en consecuencia ha debido tener por cierto que JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ y MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO fallecieron "al mismo tiempo (Dos (2) días), con lo que se mantendría vigente la presunción de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil.
La formalización constituye el acto procesal en el cual el recurrente expone los motivos por los cuales pretende obtener la nulidad del fallo recurrido. Por su complejidad e importancia, el artículo 317eiusdem, impone una serie de requisitos, con el objeto de que la formalización contenga las especificaciones y razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de las denuncias.
Así, el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé las diversas modalidades en que puede verificarse los defectos de actividad o errores in procedendo que determinan la nulidad del fallo recurrido, el cual comprende los quebrantamientos de formas sustanciales de los actos con menoscabo del derecho de defensa, y el incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 243 eiusdem, verbigracia el de congruencia.
Por su parte, el ordinal 2° del supra artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, prevé los errores de juzgamiento que puede cometer el juez al dictar su decisión, sea por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia. Estos quebrantamientos de ley consisten en: a) error de derecho propiamente dicho, que se verifica en la interpretación y aplicación de las normas sustantivas o adjetivas para resolver el asunto debatido; b) el error de derecho al juzgar los hechos, que comprende la infracción de las normas que regulan: b.1) el establecimiento de los hechos, b.2) la apreciación de los hechos, b.3) el establecimiento de las pruebas, y b.4) la apreciación de las pruebas; y, c) los errores de hecho o de percepción en el juzgamiento de los hechos, que conducen por vía de consecuencia a un error de derecho, que son los tres casos de suposición falsa previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil: c.1) atribuir a un acta o instrumento del expediente menciones que no contiene, c.2) establecer hechos positivos y precisos con pruebas que no existen, y c.3) fijar hechos con pruebas inexactas. (Vid. sentencia de esta Sala N° 728 de fecha 1° de diciembre de 2014).
En ambos recursos, bien por defecto de actividad o por infracción de ley, el formalizante debe razonar de forma clara y precisa en qué consiste la infracción, esto es, señalar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo.
Asimismo, debe plantear separadamente las denuncias, pues el efecto de la declaratoria de procedencia del recurso es distinto en uno u otro caso. Pero, en la denuncia por infracción de ley, además de cumplir con lo precedentemente señalado, debe también indicar si la norma fue infringida por errónea, falsa o falta de aplicación, así como demostrar que el error de juicio fue determinante en el dispositivo del fallo.
Ahora bien, tenemos que en el caso de autos el formalizante alega la infracción en concordancia con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual regula los casos excepcionales del falso supuesto, que a su vez se encuadran en el capítulo de casación sobre los hechos , ello puede ocurrir cuando el juez juzga los hechos e incurre en errores tanto de derecho como de hecho; los primeros, se producen en la apreciación de los hechos o de las pruebas y, los segundos, se producen cuando el juez establece un hecho positivo y concreto que no tiene respaldo probatorio en los autos, vale decir, falsamente establecido, que da origen a la suposición falsa contemplada en la citada norma, que no es otra cosa que, el juez supone la existencia de un hecho falso, porque atribuye a un acta o instrumento probatorio que está en el expediente menciones que no contiene; o da por demostrado ese hecho con pruebas que no aparecen en autos; o el hecho falso e inexacto que estableció resulta desvirtuado por otros instrumentos o actas probatorias que están en el expediente.
La Sala, con el objeto de imponer al recurrente sobre la técnica que se debe tener en la casación sobre los hechos, transcribe la sentencia Nº 000088 de fecha 5 de marzo de 2015, expediente Nº 14-053, caso Malluri Alejandro Acosta Rojas contra Nelson Ramón León Mendoza, la cual ratificó el fallo de vieja data con el Nº 893 de fecha 18 de noviembre de 1998, caso Julio de Martínez Hernández y otro contra Víctor Rabbat, en la cual expresó:
( ) La Sala, a los únicos fines de ilustrar al formalizante respecto de la técnica en la casación sobre los hechos, transcribe su sentencia de fecha 18 de noviembre de 1998, en la cual expresó:
La presente denuncia de infracción, tocante al establecimiento y valoración de las pruebas realizadas por el Juez de la recurrida, se corresponde con el recurso denominado casación sobre los hechos, el cual no es una tercera categoría de recurso sino está inmerso en errores de juicio. El adecuado planteamiento de esta denuncia exige el cumplimiento de la técnica casacional requerida para que la Corte pueda descender al fondo del proceso y escudriñar las actas del expediente. La doctrina constante de esta Sala se ha pronunciado en el sentido de requerir del formalizante el cumplimiento estricto de la técnica elaborada al efecto, que confiere a la Sala potestad para revisar el juicio de hecho de los sentenciadores. En este sentido, han sido dictados numerosos fallos, entre los cuales cabe destacar uno de fecha 6 de diciembre de 1989, ratificado en decisión del 19 de diciembre de 1991, en el cual se estableció lo siguiente:
El artículo 320 del Código de Procedimiento Civil prevé los casos excepcionales en que esta Corte puede descender al fondo de la controversia o al establecimiento o apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia. Tales casos están señalados en el propio artículo 320, a saber: cuando se alegue infracción de norma jurídica expresa que regule el establecimiento o apreciación de las pruebas o de los hechos o cuando la parte dispositiva del fallo sea consecuencia: a) de una suposición falsa del juez, que atribuyó a instrumentos a actas del expediente menciones que no contienen; b) o dio por demostrado con pruebas que no aparecen en autos; c) o cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo. También exige el Código vigente, que la suposición falsa sea de tal entidad que afecte la parte dispositiva del fallo....
Pero sucede que no son éstos los únicos requisitos que debe cumplir la formalización, aparte de los requisitos específicos exigidos por el artículo 320 para estos casos excepcionales, el artículo 317 ejusdem establece los requisitos exigidos para toda formalización, entre cuyos requisitos figura el establecimiento en el numeral 3º, es decir, la denuncia de haberse incurrido en alguno o algunos de los casos contemplados en el ordinal 2º del artículo 313, con expresión de las razones que demuestren la existencia de la infracción, falsa aplicación, o aplicación errónea....
En fallo del 27 de junio de 1996, que a su vez ratifica el de fecha 4 de agosto de 1993, la Corte sentó doctrina en tal sentido, de la manera siguiente:
Debe la Sala resaltar, que siempre que se hable de norma jurídica que regule el establecimiento y valoración de los hechos y de las pruebas, se está haciendo referencia a cuatro tipos de normas jurídicas, los cuales son distintos entre sí. De esta forma lo asentó esta Corte en fallo del 4 de agosto de 1993 (Edelberto Cabrales Liscano contra Claudio Enrique Moreau Paéz), en el cual se expresó:
Interpretando el sentido de dicho texto de ley (se refiere al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil), con aprecio del espíritu del legislador, encuentra la Sala que son normas capaces de hacer descender a la Sala para conocer de los hechos en relación a la ilegalidad o inconducencia de un medio de prueba, aquellas normas jurídicas expresas que regulen el establecimiento de los hechos o de su valoración, así como las que regulen el establecimiento de los medios de prueba o su valoración; se deriva que existen cuatro categorías de normas jurídicas cuya denuncia de infracción, de conformidad con el artículo 320 ejusdem, son suficientes para que de acuerdo con su dispositivo normativo sean capaces de hacer descender a la Sala al conocimiento de los hechos. Estos cuatro grupos en comento son: 1) las normas jurídicas que regulen el establecimiento de los hechos; 2) las que regulen la valoración de los hechos; 3) las que regulen el establecimiento de un medio de prueba; y 4) las que regulen la valoración de un medio de prueba. (Paréntesis de la Sala).
De acuerdo con la doctrina de los redactores del Código de Procedimiento Civil, serían normas que regulen el establecimiento de los hechos, aquellas que exigen un preciso medio de prueba, o que exigen alguna prueba en concreto para establecer la existencia de determinados hechos o actos. Igualmente son normas de valoración de los hechos, aquéllas que a un conjunto de hechos les dé una denominación, o determinada calificación. Por otra parte, serían normas que establecen un medio de prueba, aquellas que consagran las formalidades procesales para la promoción y evacuación del mismo, siendo necesario su cumplimiento para la validez del medio de prueba. De igual manera, serían normas para la valoración de las pruebas, aquéllas que fijen una tarifa legal al valor probatorio del medio; o aquellas que autorizan la aplicación de las reglas de la sana crítica .
En aplicación de los precedentes jurisprudenciales al caso de autos se evidencia que el formalizante alega la infracción de una serie de normas con base en un hecho establecido por el juez, pero no precisa cómo y en qué sentido fueron infringidas las citadas normas, tampoco establece en cuáles de los falsos supuestos previstos en el artículo 320 del Código de procedimiento Civil, esta incursa la sentencia recurrida, razón por la cual la Sala se encuentra impedida de entrar a análisis la denuncia de infracción de los artículos 994, 1.359 y 1.387 primer aparte, del Código Civil, así como de los artículos 285 numeral 3° de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, los artículos 214, 216 y 217 del Código Orgánico Procesal Penal; 16 numeral 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 77 y siguientes del Código de Instrucción Médico Forense, 82 y 89 de la Ley Orgánica Poder Judicial, 35 de la Ley del Ejercicio de la Medicina y 144, 145, 146 y 150 Código de Deontología Médica, todos por falta de aplicación y el artículo 1.422 del Código Civil, debido a que la fundamentación es de tal manera deficiente que aún cuando la sala extremara facultades, no podría determinar lo requerido por el formalizante, pues de lo contrario estaría supliendo defensa en franco menoscabo derecho a la defensa de la parte que no recurrió en casación, razón por la cual esta parte de la denuncia se desestima por indebida fundamentación, y así se decide.
Ahora bien, en la parte final de la fundamentación de la denuncia bajo estudio, se desprende que el recurrente alega por falta de aplicación del artículo 1.387 del Código Civil, al considerar que el juez de alzada no debía valorar ni admitir los testigos, para desestimar el documento denominado Protocolos de Autopsias, y es en ese sentido que la Sala procede a examinar esta parte de la delación:
Al respecto, cabe observar que las normas denunciadas como infringidas disponen:
Artículo 1.387: No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares.
Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese dicho antes, al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor menor de dos mil bolívares.
Queda, sin embargo, en vigor lo que se establece en las leyes relativas al comercio .
De la norma supra transcrita (artículo 1.387 Código Civil) se colige que la inadmisibilidad de la prueba de testigos, viene dada por la imposibilidad de probar en contra de una convención contenida en un documento público o privado, pues el ya nombrado convenio resulta de un acuerdo de voluntades, expresado ante funcionario público. Sin embargo, la prueba testifical para probar la simulación de un negocio jurídico en materia civil, solamente le es permitida promoverla a los terceros que no hubieran intervenido en el negocio jurídico cuya simulación se denuncia; se repite entonces, le está vedada su promoción a quien haya intervenido en la celebración de la convención, salvo los casos previstos en los artículos 1.392 y 1.393 del Código Civil, respectivamente que admite la prueba de testigos cuando haya un principio de prueba por escrito, y en todos los casos en que haya existido para el acreedor la imposibilidad material o moral de obtener una prueba escrita de la obligación; cuando el acreedor haya perdido el título que le servía de prueba, como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor; y cuando el acto es atacado por ilicitud de la causa.(sentencia N° 768, de fecha 14 de noviembre de 2008, caso: FRED WINDER HERNÁNDEZ FALCÓN, representado judicialmente por los profesionales del derecho Manuel Parra Escalona y Gustavo Adolfo Vinasco Núñez contra el ciudadano GIUSEPPE CECCARELLI).
Ahora bien, de la interpretación del artículo 1.387 del Código Civil, supra transcrita y en aplicación al subiudcie, se evidencia que la misma supone como supuesto de hecho que haya una convención entre partes ya sea pública o privada, en ese sentido es que prevé la consecuencia jurídica que no podrá admitirse testigos para desvirtuarla.
En consecuencia, si se evidencia que "Protocolos de Autopsias es ciertamente un documento público, que implica una declaración de un funcionario, mal podría el juez aplicar una norma cuyo supuesto de hecho no se ajusta al los hechos que constan en los autos, razón por la cual el ad quem no incurrió en la infracción del artículo 1.387 del Código Civil, por lo que se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.
II
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción por la recurrida del primer aparte del artículo 1.001 del Código Civil, por falta de aplicación.
El formalizante se fundamenta en lo siguiente:
Ahora bien, más allá de que la recurrida no explica porqué nuestros representados deben alguna indemnización a la demandante, pues no se ha discutido la comisión de algún hecho ilícito o incumplimiento contractual, sino tan solo la destrucción de una presunción legal que arroja a nuestros mandantes la condición de herederos aparentes y de buena fe, lo cierto es, que aún de ser cierto que JORGE LUÍS ORTEGA SÁNCHEZ falleció primero que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, lo cual no probó jamás la demandante, ni parece probable dadas las circunstancias del siniestro que les arrebató la vida, lo aplicable en el presente caso sería la consecuencia prevista en el primer aparte del artículo 1.001 del Código Civil.
En efecto, conforme a esta disposición sustantiva, ante la eventualidad de que los demandantes, herederos aparentes, hubieren hecho algún acto de disposición, cuya buena fe se presume y no ha sido discutida, solo quedarían obligados a restituir al verdadero heredero, la actora en esta hipótesis, el precio recibido y a ceder su acción contra el comprador que no lo hubiese pagado todavía.
Es una disposición clara y certera que, aún en la rocambolesca tesis de la demandante, no podría ser ignorada, de lo que resulta inexplicable de dónde sacó la Demandante que nuestros mandantes le debían alguna indemnización por el mayor valor de unos hipotéticos y no identificados bienes, y menos aún que tan absurda pretensión fuera acordada por la recurrida. Por eso, ante el muy improbable escenario de que esta honorable Sala no casare el fallo recurrido por alguna de las denuncias de forma, ni prosperare la primera denuncia por infracción ley, SOLICITAMOS se declare la falta de aplicación del único aparte del artículo 1.001 del Código Civil, por cuyo efecto, jamás se podría haber declarado con lugar la pretensión indemnizatoria incoada contra nuestros mandantes.
Como resulta obvio de la presente denuncia, ella fue trascendente en el dispositivo del fallo, pues de no haberse cometido la infracción, jamás nuestros mandantes habrían sido condenados a indemnizar a la actora FANNY ENRIQUETA MARCANO CANACHE por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia.
Por las razones anteriormente expuestas, SOLICITAMOS de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien casar el fallo recurrido y en consecuencia ordene al juez de reenvío que dicte nueva sentencia sin incurrir en las infracciones denunciadas . (Subrayado del formalizante), (Negrillas de la Sala).
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante la falta de aplicación del primer aparte del artículo 1001 del Código Civil, con base en que de haberla aplicado eventualmente herederos aparentes, si hubieren hecho algún acto de disposición, , solo quedarían obligados a restituir al verdadero heredero, la actora en esta hipótesis, el precio recibido y a ceder su acción contra el comprador que no lo hubiese pagado todavía .
Respecto al vicio de falta de aplicación la Sala de Casación Civil ha considerado, que ocurre cuando el juez deja de utilizar una regla legal determinada para resolver la controversia, es decir, no utiliza la norma apropiada para resolver lo que debaten las partes y de haberlo hecho cambiaría radicalmente el dispositivo de la sentencia. (Sentencia SCC N° 501 del 28 de julio de 2008, ratificada en decisión N° 493, fecha 8 de agosto de 2016, caso: Robert Aníbal Rojas Ruíz E. Yris Maribel Brito Ochoa, contra Ramón Vicente Segovia).
Ahora bien, el formalizante alega la falta de aplicación del primer aparte del artículo 1001 del Código Civil, el cual expresa textualmente lo siguiente:
El efecto de la aceptación se retrotrae al momento en que se abrió la sucesión.
Sin embargo, quedan a salvo los derechos adquiridos por terceros en virtud de convenciones a título oneroso hechas de buena fe con el heredero aparente. Si éste ha enajenado de buena fe una cosa de la herencia, solamente está obligado a restituir el precio recibido y a ceder su acción contra el comprador que no lo hubiese pagado todavía.
El heredero aparente de buena fe no está obligado a la restitución de frutos sino desde el día en que se le haya notificado legalmente la demanda .
De la norma transcrita se desprende claramente la intención del legislador patrio de proteger los derechos de los terceros adquirentes, siempre que los derechos adquiridos lo hayan sido por convenciones a título oneroso y siempre que hayan obrado de buena fe.
Siendo así, la enajenación realizada entre el tercero de buena fe y el heredero aparente, no puede ser impugnada en perjuicio del primero, sino cuando provenga de un acto a título gratuito, o, aun proviniendo de un acto a título oneroso, el tercero hubiere procedido de mala fe, quedando a salvo las acciones que se pudieran ejercer entre los verdaderos sujetos llamados a suceder. (Sentencia N° 635 fecha 25 de octubre de 2016, caso: Patricia Isabel Hernández Infante, contra los ciudadanos Yolimar Alejandra Hernández Díaz, Natacha Diosetina Díaz Fuentes, Ramón Hernán Rodríguez Cortez, Alejandro Cedeño Herrera Y Blanca Rocío Hernández Mendoza).
De los razonamientos precedentemente expuesto se evidencia que la citada norma va dirigida a regular las enajenaciones que pudiera haber realizado el heredero aparente y luego aparece el verdadero heredero con mejor derecho, en ese caso la solución dada es que estos actos deben ser anulados y devuelto lo que le dieron a cambio, pero siempre que hubiera obrado de buena fe podrá conservar los frutos recibidos. (Autores: Juan Garay y Miren Garay. Obra Código Civil. Comentado. Volumen III, Sucesiones (Herencias y Testamentos). Edición y Distribución Corporación AGR, S.C. Año 2009. Pág.102).
En referencia a la denuncia del artículo 1.001 del Código Civil, aprecia la Sala que la previsión contenida en dicha norma concatenada con el caso bajo estudio, se evidencia que lo ahí planteado no constituye un punto discutido en la controversia, razón por la que no debía aplicarla el juez superior, en consecuencia mal podría infringirla, razón por la cual se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis y, así se decide.
III
Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se acusa la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 254 eiusdem, por falta de aplicación y el artículo 249 ibídem, por falsa aplicación.
El formalizante se fundamenta en lo siguiente:
Tal como se delató en la tercera denuncia de forma, la recurrida a falta de indicación por parte de la Actora de bienes integrantes de la herencia que persigue, pero dando por sentado su existencia, a falta de prueba de los mismos, e imposibilidad de individualizarlos, ordenó entonces que un (1) único perito, a guisa de experticia complementaria del fallo le enmiende la plana a la actora y se convierta en pesquisa, avaluador, estimador de los bienes de la herencia que encuentre para luego restituírselos a la demandante o su mayor valor, con frutos y rentas.
Ciudadanos Magistrados, el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, no autoriza a los jueces el nombramiento de semejante súper perito que ha de suplir la negligencia u omisión de la actora en la identificación de los bienes que considera pertenecen a la herencia que reclama, así como la prueba de sus alegatos y que, en fase de ejecución, este perito habrá de decidir si tal o cual bien es de la herencia, o las rentas que produjo, o su mayor valor.
El artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, solo autoriza el auxilio de prácticos para liquidar una determinada condena bajo los estrictos y precisos términos que se expresen en el fallo; nada más. Solo es posible invocarlo cuando se condene el pago de frutos, daños o intereses y el juez no pueda estimarlos.
Por eso, denunciamos que la recurrida aplica falsamente el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil cuando dispuso una experticia complementaria del fallo para propósitos completamente diferentes a los previstos en la norma; por el contrario, dado que la demandante no identificó en su libelo ni probó la existencia de bienes hereditarios, siendo ellos de su exclusiva carga procesal, debió, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 254 del Código de Procedimiento Civil, declarar sin lugar la demanda a falta de prueba de existencia de bienes, rentas e indemnizaciones que pretendió le fueren entregados.
En efecto, con base en las disposiciones denunciadas como infringidas por falta de aplicación, tenemos que el juez al sentenciar debe hacerlo con base en lo que las partes le han alegado, exclusivamente, y que no puede declarar con lugar la demanda sino cuando existe plena prueba de lo que se le hubiere planteado.
Así, a pesar de que todas las normas denunciadas bajo un supuesto de infracción de Ley, son adjetivas, por cuanto las mismas atañen al contenido mismo del juzgamiento, son pasibles de infracción y censura conforme al ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que el yerro que se denuncia no se encuentra en la actividad sino en el juzgamiento mismo por el que la recurrida dio lugar a las pretensiones de cuentas y e indemnizatoria libeladas contra nuestros representados.
Como resulta obvio de la presente denuncia, ella fue trascendente en el dispositivo del fallo, pues de no haberse cometido las infracciones denunciadas, de haber limitado la recurrida su juzgamiento a lo alegado por las partes y ceñido su conducta al mandato contenido en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la recurrida, en vez de aplicar falsamente el artículo 249 del mismo Código e inventar una experticia complementaria del fallo a una situación en la que no calza, había simplemente declarado sin lugar las pretensiones de cuentas e indemnizatorias propuestas contra mi mandante.
Por las razones anteriormente expuestas, SOLICITAMOS, de esta Sala de Casación Civil, tenga a bien casar el fallo recurrido y consecuencialmente se ordene al juez de reenvío que dicte nueva sentencia sin incurrir en las infracciones denunciadas .
Para decidir, la Sala observa:
Alega el formalizante la infracción del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil por falsa aplicación, con base en que el ad quem ordenó que la experticia complementaria del fallo fuera practicada por un solo experto, en ese mismo sentido expresa que en vez de aplicar la citada norma debió aplicar el artículo 254 eiusdem, pues cuando no hay prueba que demuestre lo alegado por la parte actora lo pertinente era declarar sin lugar la demanda.
La Sala ha precisado sobre la base de lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, que dentro de los errores de juzgamiento en que puede incurrir el juez al dictar su decisión, se encuentra la falta de aplicación de normas jurídicas, vicio que se produce cuando el sentenciador deja de utilizar una regla legal determinada para resolver la controversia, es decir, no utiliza la norma apropiada para resolver lo debatido y que de haberlo hecho cambiaría radicalmente lo dispositivo en la sentencia, negando así su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aun cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. (Vid. sentencia Nº 532 fecha 11 de noviembre de 2015, caso: Anklin René Gutiérrez Andradez contra la sociedad mercantil C.A. De Seguros La Occidental).
El supuesto de falsa aplicación tiene lugar cuando el juzgador incurre en una falsa relación entre los hechos contenidos en los autos y los previstos como supuesto de la norma jurídica que se aplica, es decir, cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella. (Ver, entre otras, la sentencia Nº 068, de fecha 11 de febrero de 2014, caso: Juan Jesús Contreras Doreste contra Leonardo José Crespo Ponte, la cual reiteró el criterio asentado el 30 de noviembre de 2007, caso: Central Azucarero del Táchira C.A., contra Corporación Afianzadora de Venezuela C.A.).
Para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante la Sala estima pertinente pasar a transcribir lo pertinente de la sentencia recurrida:
En el asunto que nos ocupa, tal y como ha quedado establecido en el análisis y valoración de las pruebas, la sobrevivencia de MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO a su padre JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, en el accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, en el Municipio Boconó del estado Trujillo, quedó plenamente probada, a criterio de esta Superioridad, con las declaraciones rendidas por los testigos ANTONIETA DE DOMINICI MINERVINI, HOMERO URBINA ROJAS y MARIANELA ABREU, médicos cirujanos y expertos forenses, quienes declararon con base en el informe del levantamiento de los cadáveres, los protocolos de autopsia y las secuencias fotográficas de los cadáveres cursantes en los autos, que MARÍA FERNANDA sobrevivió a su padre, JORGE ORTEGA SÁNCHEZ en el accidente, lo cual infieren los testigos, tomando en consideración la gravedad de las lesiones sufridas por uno y otro, que demostraron que el cadáver del padre presentaba a nivel de cabeza, según el protocolo de autopsia, fractura abierta con exposición de la masa encefálica, lo cual sumado a otras graves lesiones sufridas, revelaban que éste falleció en forma instantánea en el accidente, en tanto que su hija, MARÍA FERNANDA, presentaba deformidad del macizo craneal facial con hundimiento de la hemicura izquierda, pero no presentó pérdida de la masa encefálica, lo que es indicativo de una lesión de menor gravedad que el padre, mostrando signos de vida después de sufrir los traumatismos, como es entre otros signos, hemorragia subcutánea en el cuero cabelludo, congestión vascular a nivel de hígado, bazo y riñón izquierdo, colección de sangre en la cavidad peritoneal, producto de una hemorragia interna por las laceraciones en hígado y riñón, correspondientes a reacciones vitales, además de enrojecimiento e inflamación de la escoriación sufrida en el antebrazo derecho, todas ellas demostrativas que MARÍA FERNANDA murió después que su padre. Y así queda establecido.
Aunado a lo anterior, los signos abióticos consecutivos demostraron que el cadáver de JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, presentaba signos de autolisis, lo que indica que el cadáver había entrado en fase de putrefacción, en tanto que el de MARÍA FERNANDA, no presentaba signos de autolisis, lo que indica que JORGE ORTEGA SÁNCHEZ murió primero que su hija, porque su cadáver estaba entrando en fase de putrefacción y el de su hija no. A tales apreciaciones de los testigos expertos se suma el parecer unánime de los expertos que tuvieron a su cargo la práctica de la experticia solicitada por la parte actora, que estuvo a cargo de los profesionales de la medicina ERNESTO JOSE GONZALEZ ISEA (médico forense) JOSE RAFAEL ALANZO CORREDOR (médico forense) y ZAIDHA JOSEFINA PERSDOMO ABRAMS (anatomapatólogo forense), quienes en forma unánime dictaminaron lo siguiente:
Por lo que concluimos que en base a estos elementos MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO. Edad: 16 años. Sexo: femenino. Cédula de Identidad Nº V-23.711.958, sobrevivió, a su padre ORTEGA SANCHEZ JORGE LUIS. Edad: 40 años. Sexo: Masculino. Cédula de Identidad: Nº V-6.919.132 y a su hermano JORGE RAFAEL ORTEGA MARCANO, Edad: 14 años. Sexo: masculino. Cédula de identidad Nº V- 23.711.957. Por lo que podemos establecer que MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, falleció después de su padre y su hermano
Copia textual.
Quedando de esta manera plenamente probado el alegato sostenido por la accionante y presupuesto de la acción intentada, relativo a que su hija MARÍA FERNANDA sobrevivió a su padre en el accidente de aviación que le costó la vida a ambos. Y así se decide.-
Correspondía igualmente a la accionante probar que los accionados; JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, padres de JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, por una parte, la viuda MARÍA ALEJANDRA SUBERO ZAMBRANO, entraron en posesión de la totalidad de los bienes que conforman la herencia, lo cual quedó plenamente demostrado con las solicitudes de declaración de únicos y universales herederos, presentadas en copias simples del expediente N° AP31-S-2009-003770, del Juzgado Décimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta Circunscripción Judicial, en lo que atañe a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA; copias simples del expediente N° AP31-S-2009-002639, del Juzgado Vigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la misma Circunscripción Judicial, en lo que atañe a la codemandada, MARÍA ALEJANDRA SUBERO ZAMBRANO, copias simples éstas que se tienen como fidedignas, a tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pruebas que demuestran la voluntad de los codemandados de compartir en forma excluyente, con base en dichas declaraciones la totalidad de los bienes de la sucesión.
Dichas pruebas constantes en documentos públicos, adminiculadas a las copias simples del expediente N° AP11-F-2009-000668, llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en el cual consta el acuerdo suscrito entre los ciudadanos MARÍA ALEJANDRA SUBERO ZAMBRANO y JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, comprometiéndose a la participación amigable de la herencia dejada por su causante JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, copias simples de documentos públicos consideradas fidedignas, a tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, demostrativas del acuerdo de las partes para repartirse los bienes de la herencia dejada por JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, son demostrativas de que los codemandados entraron en posesión de los bienes sucesorales, requisito éste de procedencia de la acción intentada, y así se declara.
Ahora bien, probado plenamente como ha sido el fundamento de la acción de petición de herencia intentada por la ciudadana FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE contra los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, destruida como ha sido la presunción de conmoriencia establecida en el artículo 994 del Código Civil, es forzoso para esta alzada confirmar la sentencia apelada y declarar, como en efecto se hará en el dispositivo del presente fallo, habiendo sobrevivido la hija de la accionante, MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO a su padre, JORGE LUIS ORTEGA SÁNCHEZ, en el accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, el cual le costó la vida a ambos, tratándose de una sucesión intestada, la hija hereda al padre, en virtud de lo establecido en el artículo 822 del Código Civil, y fallecida ésta sin dejar descendientes, la madre hereda a la hija, en virtud de lo establecido en el artículo 825 del Código Civil, y en consecuencia, quedan excluidos de la sucesión, por no tener derecho a ella, los padres del de cuius, los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quienes quedan obligados a restituir a la accionante FANNY HENRIQUETA MARCANO la totalidad de los bienes pertenecientes a la sucesión que vienen poseyendo y que fueron heredados por la hija de la accionante, MARIA FERNANDA ORTEGA MARCANO, los cuales le pertenecen a aquélla por ser su legítima heredera, conjuntamente con los frutos y rentas que hayan producido. Y así se decide.
Igualmente, los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quedan obligados a indemnizar a la actora por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que quede firme esta decisión, lo cual será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un experto contable.
Con relación a la otra codemandada, la ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO, viuda de ORTEGA, queda firme el dispositivo QUINTO de la sentencia dictada por el Juzgado a quo, que declaró que la sucesión del de cuius, JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, se distribuirá en partes iguales, esto es, en una proporción del cincuenta por ciento (50%) de los bienes hereditarios, entre la viuda, MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO y la parte accionante, FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en el entendido que cualquier excedente que de su cuota hereditaria haya dispuesto o posea MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO, deberá reintegrarlo a la parte accionante con sus frutos e intereses, cuyo monto será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un experto contable. Y así finalmente se decide.
DISPOSITIVO
(
) declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, contra la sentencia dictada en fecha 21 de julio de 2015, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de petición de herencia de la sucesión del ciudadano JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, fallecido en accidente de aviación ocurrido el 1º de marzo de 2009, intentada por la ciudadana FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en su condición de legítima heredera de su hija MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, quien sucedió a su padre en el referido accidente de aviación y murió posteriormente a consecuencia del mismo, contra los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, quienes han venido poseyendo y disponiendo indebidamente de los bienes y frutos pertenecientes a la herencia, en consecuencia; i) se condena a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, a restituir a la accionante la totalidad de dichos bienes, frutos e intereses que hayan devengado desde la apertura de la sucesión hasta la fecha en que quede definitivamente firme este fallo, cuyo monto deberá calcularse mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes parámetros: 1. Se calcularán desde la fecha de admisión de la reforma de la demanda (9 de noviembre de 2012), hasta el día en que quede firme esta decisión; 2. Se nombrará un solo experto contable; y 3. Deberá ser calculada mediante experticia contable debiendo tomarse como base de cálculo los Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas emanados del Banco Central de Venezuela durante dicho período. ii) Se les condena igualmente a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, a indemnizar a la actora FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE por el mayor valor que hayan podido alcanzar todos y cada uno de los bienes integrantes de la herencia, de que han dispuesto hasta la fecha en que quede firme esta decisión, lo cual será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, bajo los siguientes parámetros: 1. se calcularán desde la fecha de admisión de la reforma de la demanda (9 de noviembre de 2012), hasta el día en que quede firme esta decisión; 2. se nombrará un solo experto contable; y 3. Deberá ser calculada mediante experticia contable debiendo tomarse como base de cálculo los Índices de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas emanados del Banco Central de Venezuela durante dicho período. TERCERO: Se declara firme el dispositivo QUINTO del fallo dictado por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, de fecha 21 de julio de 2015, que declaró el derecho que tiene la viuda de JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, ciudadana MARÍA ALEXANDRA SUBERO ZAMBRANO VIUDA DE ORTEGA, en virtud de lo establecido en el artículo 824 del Código Civil, a recibir una parte igual a la que corresponde a cada uno de los hijos de la persona fallecida, y que en el presente asunto equivale al cincuenta por ciento (50%) de los bienes que constituyen dicha sucesión, la cual ha de compartir con la parte accionante FANNY HENRIQUETA MARCANO CANACHE, en el entendido que cualquier excedente que haya dispuesto o posea de su cuota hereditaria, deberá reintegrarlo a la parte accionante con sus frutos e intereses, cuyo monto será determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
Se condena en costas a los codemandados JORGE ORTEGA y MERY SANCHEZ DE ORTEGA, de conformidad con el artículo 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencidos totalmente
.
De la precedente transcripción se evidencia que el juez de alzada concluyó que con base a las pruebas y a las testimoniales llevadas a los autos por la parte actora se pudo comprobar que efectivamente en el accidente del 1° de marzo de 2009, la ciudadana MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, había muerto después que falleció su padre JORGE ORTEGA SÁNCHEZ, y en consecuencia, la ciudadana FANNY ENRIQUETA MARCANO CANACHE, es la heredera legítima de su hija ciudadana MARÍA FERNANDA ORTEGA MARCANO, razón por la cual se declaró con lugar la demanda y se ordenó la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por falta de aplicación, textualmente expresa lo siguiente:
Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma. En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse .
De la precedente transcripción se desprenden dos supuesto de hechos a saber: a) Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella( ); b) En caso de duda, la consecuencia jurídica, se refiere a que sentenciarán a favor del demandado.
Ahora bien, en el caso de autos, el juez de alzada concluyó que quedó demostrado todos los alegatos de la parte actora con base en las pruebas evacuada en los autos, y en virtud de ello declaró con lugar la demanda, lo que implica que no se cumple con el supuesto de hecho previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual lo pertinente era la declaratoria con lugar la demanda, tal como lo hizo el ad quem, y no como lo alega el formalizante que en caso de dudas se declarar sin lugar la demanda, pues no el juzgador en ninguna parte de la sentencia recurrida expresa que tuviera dudas con respecto a lo planteado por las partes en juicio.
En ese sentido, es evidente que el juez de alzada no tenía que aplicar el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, y por vía de consecuencia, es palpable que no incurrió en el vicio de falsa aplicación del artículo 249 eiusdem, razón por la cual se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis, y así se decide.
D E C I S I Ó N
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por los codemandados ciudadanos JORGE ORTEGA y MERY SÁNCHEZ DE ORTEGA, contra la sentencia proferida en fecha 20 de octubre de 2016, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Se condena a los recurrentes al pago de las costas procesales de conformidad con la ley.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, ya mencionado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de junio de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Presidente de la Sala,
______________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
Magistrado,
____________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
___________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
___________________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. Nº AA20-C-2016-000971
Nota: Publicado en su fecha a las
Secretaria Temporal,
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias