Venley

Sentencia N.º RC.000932

Sentencia
N.º RC.000932
Fecha
15/12/2016
Sala
Casación Civil
Expediente
16-357
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2016-000357

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En el juicio por cobro de bolívares, incoado ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por el ciudadano JOSÉ LUÍS GARCÍA ALVAREZ, representado judicialmente por los ciudadanos abogados en libre ejercicio de su profesión Ana Teresa Argotti y David E. Castro Arrieta, contra sociedad  mercantil distinguida con la denominación CARTON DE VENEZUELA C.A, patrocinada judicialmente por los abogados en libre ejercicio de su profesión Yumisley Julia Sarmientos, Listnubia Méndez González, Ivelize Tozzi Colmenares, Elvira Dupoy, Beatriz Pompa, Oriana Arvelaiz, Génesis Díaz, Nathalie González, Alfredo de Armas, Pedro Ramos, Angelo Cutolo, Carlos Urbina, Bernardo Pisani, José de los Santos Michelena, René Plaz Bruzual, Oswaldo Anzola Pérez, Enrique Itriago Alfonzo, Francisco Javier Utrera, Reinaldo Hellmund, Ignacio Hellmund, Eduardo Michelena de la Cova y Luis Ortiz Álvarez, el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en reenvío, dictó sentencia definitiva en fecha 4 de marzo de 2016, y aclaratoria en fecha 9 de marzo de 2016, señalando lo siguiente:

 

“…PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carcas, de fecha 15 de julio de 2014, en consecuencia se confirma el fallo apelado.

 

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A. por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

 

a- la cantidad de OCHOCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS BOLÍVARES CON TRECE CÉNTIMOS (Bs. 809.506,13), por concepto de participación en las utilidades netas de la empresa después de impuestos, con ocasión del desempeño como Director Principal de la Junta Directiva ejercido por la parte demandante durante los períodos de los años 2001 al 2007, ambos inclusive.

 

b- A pagar a la parte demandante la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DOS BOLÍVARES CON SIETE CÉNTIMOS (Bs. 632.102,07) por concepto de intereses moratorios calculados a la tasa establecida en el artículo 108 del Código de Comercio del 12% anual sobre la suma establecida en el particular que antecede, causados desde la fecha en que debió producirse el pago, hasta la fecha de presentación de la demanda.

 

c- A pagar a la parte demandante los intereses moratorios que se han seguido causando, a la tasa del 12% anual, que deberán calcularse desde la fecha de interposición de la demanda, es decir desde el día 08 (sic) de junio de 2012 exclusive, hasta la fecha en que el presente fallo quede definitivamente firme, para lo cual se ordena practicar una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

 

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo.

 

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada, por haber sido confirmado el fallo dictado por el Tribunal Aquo…”. (Destacado de lo transcrito).

 

Contra la referida decisión de alzada, la demandada anunció recurso extraordinario de casación en fecha 29 de marzo de 2016, el cual fue admitido en fecha 20 de abril de 2016 y oportunamente formalizado. Hubo impugnación pertinente, réplica y no hubo contrarréplica.

En fecha 10 de mayo de 2016, mediante acto público de insaculación, se designó ponente al Magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

 

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir la recurrida en el vicio de incongruencia positiva, bajo la siguiente consideración:

 

Expresa la formalizante, lo siguiente:

“…-I-

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir la recurrida en el vicio de incongruencia positiva.

 

En efecto, la recurrida estableció que quedaron demostrados todos los requisitos, de carácter concurrente, para que se generara, a favor de la parte actora, el derecho a la participación en las utilidades de la empresa, supliéndolo a la parte actora su carga de alegar y probar los requisitos contenidos en el artículo 35 de los Estatutos.

 

En tal sentido, en el escrito de demanda, concretamente en la página 4, la parte actora alegó lo siguiente:

 

‘Conforme a lo señalado en el artículo 35 de los Estatutos (sic), me correspondía percibir cantidades de dinero como participación especial en las utilidades de la empresa. en ocasión del desempeño que ejercí como Director Principal de su junta Directiva, participación especial traducida en una suma de dinero anual equivalente al 3% en las utilidades liquidas de la empresa, después de impuesto, esto es, que el monto que arrojara ese tres por ciento (3%) debía pagársenos en proporciones iguales a los (11) Directores (sic)  Principales (sic) que conformamos la Junta Directiva como lo previene el artículo 20 de los Estatutos Sociales. Años tras año, la empresa por Asambleas (sic) Ordinarias (sic) o Extraordinarias (sic) de accionistas aprobaba el informe de la Junta (sic) Directiva (sic), con vista del informe del Comisario (sic) y el Balance (sic) general y los Estados (sic) de Ganancias (sic) y Pérdidas (sic), y en cada periodo se evidenciaba que la empresa arrojaba utilidades líquidas…´

En la oportunidad de contestación de la demanda, mi representada negó y rechazó la demanda interpuesta, tanto en los hechos alegados por el actor, como el derecho que de ello se desprende deducir.

Conforme a lo anterior, en la sentencia recurrida, concretamente en la página 36, se estableció lo siguiente:

 

‘Como consecuencia de lo anterior, demostrado como quedó por medio de las experticias promovidas y evacuadas válidamente que la demandada adeuda a la actora las cantidades de dinero exigidas en el libelo de demanda, a tenor de lo previsto en los artículos 132 y 305 del Código de Comercio, 35 de los Estatutos sociales de la demandada y 1.159 de Código Civil este tribunal superior declarará en la dispositiva del presente fallo con lugar la presente demanda y sin lugar la apelación´.

 

En la anterior transcripción, se observa que la recurrida dio por demostrado ‘por medio de la experticias promovidas y evacuadas válidamente que la demandada adeuda las cantidades de dinero exigidas en el libelo de la demanda, a tenor de lo previsto en los artículos 132 y 305 del código de Comercio, 35 de los estatutos sociales de la demandada…´. Ahora bien, el artículo 35 de los Estatutos Sociales de la compañía demandada, que constituye el fundamento de la pretensión de la actora establece lo siguiente:

 

‘Artículo 35. Fondo de Reserva y Distribución de Utilidades. De las utilidades líquidas después de impuesto, se apartará: a) un 5% para formar el Fondo de Reserva Legal hasta tanto este alcance un 10% del capital social; b) un 3% para los Miembros de la Junta Directiva, como participación especial en la utilidades netas de la empresa. En caso de que algún Miembro (sic) Principal (sic) no asista a alguna reunión de la Junta Directiva, su suplente tendrá derecho a recibir la respectiva participación en los beneficios, pero si el Suplente que asista a dicha reunión fuere un funcionario o empleado de la Compañía a tiempo completo, este no tendrá derecho a la participación especial sino que ella la recibirá el Principal aun cuando no asita a la reunión; c) el remanente será empleado o distribuido en la forma que disponga la junta Directiva (sic), la cual podrá crear o destinar a diversos Fondos las sumas que juzgue necesarias para prestaciones sociales, desarrollo de la Compañía (sic), mejoramiento de sus instalaciones o cualquier otro objeto conveniente a los intereses de la Empresa (sic) ´.

 

Para la interpretación de la cláusula antes transcrita, debe observarse que no cabe duda en el juicio que el actor fue trabajador de la empresa desde el 1 de octubre de 1981 hasta el 31 de mayo de 2010, tal como quedó admitido en el segundo párrafo del folio 4 del escrito de demanda; por ende, siendo la parte actora trabajador de la Compañía (sic), y habiendo sido designado como Director (sic) Principal (sic) de la Junta (sic) Directiva (sic), sólo tendría derecho a la participación en las utilidades en la medida que hubiese asistido a las reuniones, o bien si no hubiere asistido a la reunión, su suplente haya sido un funcionario o empleado de la compañía; en otras palabras, para tener derecho a la participación, la parte actora ha debido alegar y probar que asistió a todas las reuniones de Junta (sic) Directiva (sic), pues no se trata simplemente de una compensación automática, sino que está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos

 

Pues bien, la parte actora tenía la carga de alegar y probar los supuestos de procedencia para que le surgiera el derecho a la participación en las utilidades de la compañía, como lo era: (i) su designación como Director (sic) Principal (sic) de la Junta (sic) Directiva (sic); (ii) demostrar su asistencia a las reuniones de la Junta (sic) directiva; (ii) cuando no asistiese a la reunión de Junta (sic) Directiva (sic), habría asistido su suplente, quien a su vez es funcionario o empleado de la compañía; no obstante ello, la sentencia recurrida, excediéndose en sus facultades decisorias, e incurriendo en el vicio de incongruencia positiva, suplió la carga alegatoria y probatoria que correspondía a la parte actora con relación a su participación en las reuniones de Junta (sic) Directiva (sic); por tanto, de la simple lectura del artículo 35 de los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe concluir que la parte actora no tiene derecho a las anualidades reclamadas al no haber alegado ni probado el hecho anteriormente mencionado.

 

La infracción delatada resulta determinante, pues la carga alegatoria y probatoria suplida por el Juez (sic) Superior (sic), permitió que fuese declarada ‘Con Lugar´ la demanda por cobro de participación especial en las utilidades netas de la empresa, aún cuando el actor no logró demostrar por ningún medio su asistencia a todas las reuniones de la Junta (sic)  Directiva (sic) celebradas en el periodo 2001-2007.

 

De manera pues, que la recurrida incurrió en el vicio de la incongruencia positiva infringiendo el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil y el artículo 12 eiusdem.

 

Por las razones expuestas, solicitamos a esta Sala de Casación Civil la casación del fallo por lo que a esta denuncia respecta…” (Destacados de lo transcrito).-

 

         La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia positiva, al considerar que el juez de alzada se excedió al suplir la carga alegatoria y probatoria que correspondía a la parte demandante, con relación a su participación en las reuniones de la junta directiva celebradas por la sociedad de comercio.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 numeral 5°, del Código de Procedimiento Civil, los jueces de instancia se encuentran en el deber de resolver las controversias a que por ley se encuentran llamados de acuerdo con todo lo que se haya alegado, emitiendo la correspondiente decisión expresa, positiva y precisa con respecto a las pretensiones y excepciones que hubieren sido invocadas por las partes. Cuando el juez incumple con tal mandato, su sentencia queda viciada de incongruencia, bien por haber omitido la resolución de algún alegato o por haberse excedido desbordando los términos en que las partes delimitaron la controversia, denominándose incongruencia negativa a la primera y positiva a la segunda. (Cfr. sentencia N° RC-059, de fecha 8 de febrero de 2.012, caso de José Castiñeira y otra contra Pedro Salazar y otra.)

         Al respecto cabe señalar, lo establecido por el juez de alzada en su decisión, que dispuso lo siguiente:

 

“…SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA:

 

Se da inicio a la presente causa por libelo presentado ante Unidad de recepción y Distribución de Causas de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 08 de junio de 2012, quedando para conocer de la misma al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de ésta Circunscripción Judicial, el cual la admitió en fecha 12 del mismo mes y año.

 

La actora en su escrito libelar alegó lo siguiente:

 

Que los estatutos de la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A., establecen que la misma sería administrada por una Junta Directiva compuesta por once (11) Directores Principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes personales, accionistas o no, a fin de suplir las faltas temporales o absolutas de sus respectivos principales, quienes durarían un (1) año en sus cargos, lo cual consta de anexo de la demanda marcado “A”.

 

Que el artículo 35 de los estatutos sociales establece que de las utilidades líquidas después de impuestos, se apartarán:

 

a- Un 5% para formar el fondo de reserva legal, hasta completar el 10% del capital social;

 

b- Un 3% para los miembros de la junta directiva, como participación especial en las utilidades netas de la empresa y que en caso que algún miembro principal no asista a alguna reunión de la junta directiva, su suplente tendrá derecho a recibir la respectiva participación en los beneficios, pero si el suplente que asista a dicha reunión fuere un funcionario o empleado de la compañía, a tiempo completo, éste no tendrá derecho a participación especial sino que ellas la recibirá el principal, aún cuando no asista a la reunión;

 

c- El remanente será distribuido en la forma que disponga la junta directiva, la cual podrá crear o destinar a diversos fondos las sumas que juzgue necesarias para prestaciones sociales, desarrollo de la compañía, mejoramiento de sus instalaciones o cualquier otro objeto conveniente a los intereses de la sociedad.

 

Que el demandante fue anualmente designado por las asambleas generales de accionistas y se desempeñó como uno de los once (11) directores principales que habrían de regir los destinos de la sociedad, desde el período 1999-2000, hasta el período 2007-2008, siendo designado como director suplente para el período 2008-2009.

 

Que paralelamente el demandante mantuvo con la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A., una relación de carácter laboral desde el 1º de octubre de 1981, ejerciendo como último cargo el de Vicepresidente de Contraloría y Finanzas hasta el 31 de mayo de 2010, por renuncia del cargo, pagándole la empresa sus prestaciones sociales.

 

Que conforme a lo señalado en el artículo 35 de los estatutos sociales, le correspondía recibir cantidades como participación especial, una suma de dinero anual equivalente al 3% en las utilidades líquidas de la empresa, después de impuestos, es decir, que ese 3% debía ser pagado en proporciones iguales a los once (11) directores principales que conformaban la junta directiva, como lo establece el artículo 20 de los estatutos sociales.

 

Que anualmente la asamblea general de accionistas aprobó el informe de la junta directiva, con vista al informe del comisario y el balance general y los estados de ganancias y pérdidas, siendo que en cada período se evidenciaron ganancias líquidas, de la siguiente forma:

 

Fecha de cierre del ejercicio: Ganancias luego de impuesto: 3% entre 11 directores:

 

31/12/2001 Bs. 7.843.009,00 Bs. 235.290,27 Bs. 21.390,02

31/12/2002 Bs. 16.330.746,00 Bs. 489.922,38 Bs. 44.538,40

31/12/2003 Bs. 46.502.513,00 Bs. 1.395.075,39 Bs. 126.825,04

31/12/2004 Bs. 67.175.515,00 Bs. 2.015.265,45 Bs. 183.205,95

31/12/2005 Bs. 62.211.129,00 Bs. 1.866.333,87 Bs. 169.666,72

31/12/2006 Bs. 51.617.000,00 Bs. 1.548.510,00 Bs. 140.773,64

31/12/2007 Bs. 45.139.000,00 Bs. 1.354.170,00 Bs. 123.106,36

 

Que la demandada CARTON DE VENEZUELA, S.A. no le pagó a la demandante ninguna de las indicadas cantidades de dinero que le correspondían por derecho establecido en el artículo 35 de los estatutos sociales de la empresa, adeudándole para la fecha de interposición de la demanda la suma de Bs. 809.506,13.

 

Que la falta de pago de dichas cantidades de dinero devengan de pleno derecho intereses moratorios calculados a la tasa del 12% anual, por disposición del artículo 108 del Código de Comercio, que para la fecha de interposición de la demanda alcanzaban la suma de Bs. 632.102,07.

 

Que la parte demandante remitió a la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A. diversas cartas y telegramas de cobro, cuyo contenido transcribe en el libelo de demanda, sin que tuviera respuesta alguna.

 

Acompañó dichas comunicaciones al libelo de demanda, marcadas con las letras D, E, F y G, y acuse de recibo marcado H.

 

Que acompañó legajos de copias certificadas marcadas A, B y C, emanadas del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, que contiene copias certificadas de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A., donde consta la discusión y aprobación de los balances con vista del informe de la Junta Directiva, junto al informe del Comisario, en la siguiente forma:

 

a- En la asamblea celebrada el 13/5/2002, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2001, siendo registrada en fecha 8/7/2002, bajo el Nº 8, tomo 107-A Pro.;

b- En la asamblea celebrada el 4/4/2003, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2002, siendo registrada en fecha 12/5/2003, bajo el Nº 40, tomo 54-A Pro.;

c- En la asamblea celebrada el 8/1/2004, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2003, siendo registrada en fecha 12/1/2004, bajo el Nº 76, tomo 1-A Pro.;

d- En la asamblea celebrada el 17/1/2005, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2004, siendo registrada en fecha 27/1/2005, bajo el Nº 51, tomo 8-A Pro.;

e- En la asamblea celebrada el 8/2/2006, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2005, siendo registrada en fecha 23/2/2006, bajo el Nº 35, tomo 23-A Pro.;

f- En la asamblea celebrada el 15/2/2007, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2006, siendo registrada en fecha 12/3/2007, bajo el Nº 22, tomo 30-A Pro.; y,

g- En la asamblea celebrada el 10/3/2008, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2007, siendo registrada en fecha 9/4/2008, bajo el Nº 66, tomo 33-A Pro.

 

Que de dichas asambleas se evidencia la obtención de utilidades líquidas, luego de deducidos impuestos, para el cierre de los años 2001 al 2007, cuyo 3% equivale a la suma de Bs. 8.904.567,36, que divididos entre los 11 miembros que integraban la Junta Directiva, da para cada uno de ellos la suma de Bs. 809.506,13 y su falta de pago oportuno generó intereses que para el momento de interposición de la demanda alcanzaban la suma de Bs. 632.102,07.

 

Que la obligación de pago que tiene la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A. con el demandante nace del artículo 35 de sus estatutos sociales, que expresamente señala: “… de las utilidades líquidas después de impuesto, se apartará:

 

a) un 5% para formar el Fondo de Reserva legal hasta tanto éste alcance un 10% del capital social;

b) un 3% para los Miembros de la Junta Directiva, como participación especial en las utilidades netas de la empresa”.

 

Que el artículo 20 de los mismos estatutos sociales dispone: “La Compañía será administrada por una Junta Directiva compuesta de once (11) Directores Principales quienes tendrán sus respectivos suplentes personales, accionistas o no, a fin de suplir las faltas temporales o absolutas de sus respectivos principales…”.

 

Que dichos estatutos sociales, aprobados el 31/8/1998 constituyen la prueba de la obligación a tenor de lo dispuesto por el artículo 124 del Código de Comercio.

 

Que como consecuencia de lo anterior, demanda a la sociedad mercantil CARTON DE VENEZUELA, S.A., en la persona de su representante judicial, ciudadano CRISTÓBAL MENDOZA, para que convenga o sea condenada al pago de las siguientes cantidades de dinero:

 

1- Bs. 809.506,13, por concepto de participación en las utilidades netas de la empresa después de impuesto, con ocasión del desempeño del demandante como Director Principal de la misma durante los períodos de los años 2001 al 2007;

2- Bs. 632.102,07, por concepto de intereses calculados a la tasa del 12% anual, hasta la fecha de interposición de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio;

3- Los intereses que se sigan causando desde la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha en que se dicte sentencia definitivamente firme en esta causa, calculados a la tasa del 12% anual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio, el cual solicita que sea calculado por experticia complementaria del fallo, tal como lo dispone el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil;

4- Que se condene en costas a la parte demandada; y,

5- Que se ordene la indexación del principal indicado en el primer punto del petitorio, de acuerdo a los índices de precios al consumidor para el área metropolitana de Caracas publicados por el Banco Central de Venezuela desde la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha en que se dicte sentencia definitivamente firme en esta causa, lo cual solicita que sea calculado por experticia complementaria del fallo, tal como lo dispone el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

 

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

En fecha 12 de diciembre de 2012, la abogada LISTNUBIA MENDEZ, en su carácter de apoderada judicial de la demandada, sociedad mercantil CARTON DE VENEZUELA, S.A., consignó escrito mediante el cual dio contestación a la demanda, en los términos siguientes:

 

Rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes la demanda interpuesta en contra de su representada, tanto en los hechos como en el derecho.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.980 del Código Civil, alega como defensa perentoria la prescripción de la acción propuesta, por cuanto dicha norma establece que se prescribe por 3 años todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.

 

Que en el presente caso la actora demanda el pago por concepto de participación especial en las utilidades netas de la sociedad mercantil, en razón de su supuesta condición de director principal durante los períodos 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2007-2008, conforme lo establecido en el artículo 35 de los estatutos sociales de la empresa demandada, que fija dicha participación en el 3% de las utilidades netas después de impuestos y a ser distribuida entre los 11 directores principales que conforman la junta directiva.

 

Alega el actor que tales pagos debían hacerse inmediatamente después de que la respectiva asamblea aprobara el informe de la junta directiva de la sociedad junto con el informe del comisario y los estados de ganancias y pérdidas para el ejercicio económico respectivo.

 

Sostiene que es evidente que en el caso bajo examen operó la prescripción extintiva de la acción propuesta en los términos establecidos en el artículo 1.980 del Código Civil, pues la participación especial en las utilidades líquidas de la sociedad, reclamadas por el actor en razón de su supuesta condición de Director Principal durante los períodos de 1999 al 2008, constituye una típica obligación que, en el supuesto de ser procedente, debía pagarse anualmente.

 

Manifiestan a todo evento, y en el supuesto negado que el Tribunal entienda que el lapso de prescripción aplicable en el caso bajo examen sea el ordinario decenal previsto en el artículo 132 del Código de Comercio, que la prescripción de la anualidad relacionada con la asamblea general extraordinaria de fecha 13/5/2002, prescribió en fecha 13 de mayo de 2005.

 

Desconoció en su contenido y firma los documentos acompañados a la demanda, marcados con las letras “D” y “E”, manifestando que no se encuentran suscritos por persona capaz de obligar a la demandada.

 

Que los documentos acompañados a la demanda marcados “F” y “G” no son oponibles a la demandada, por cuanto carecen de firma autógrafa alguna de la demandada o de persona capaz de obligarla.”

 

DE LAS PRUEBAS

 

Anexo al libelo de demanda la parte actora consignó las siguientes pruebas:

 

Copias certificadas de la asamblea general de accionistas de la sociedad mercantil CARTON DE VENEZUELA, S.A., celebrada en fecha 31 de agosto de 1998, en la cual se acordó refundir en un solo texto los estatutos sociales de la compañía con todas las modificaciones acordadas hasta dicha fecha. (f. 17 al 27). En ese mismo legajo de copias certificadas corren insertas las certificaciones de las actas correspondientes a las asambleas generales de accionistas de la sociedad mercantil CARTON DE VENEZUELA, S.A., en fechas 22/3/1999 (folios 36 y ss.), 20/3/2000 (folio 65 y ss.), 27/03/2001 (folios 82 y ss.), 13/5/2002 (folios 89 y ss.), 4/4/2003 (folios 97 y ss.), 8/1/2004 (folios 105 y ss.), 17/1/2005 (folios 117 y ss.), 8/2/2006 (folios 125 y ss.) y 15/2/2007 (folios 132 y ss.), en las que consta la designación del demandante, ciudadano JOSÉ LUIS GARCÍA ÁLVAREZ, como Director Principal del indicado ente societario. Éstos instrumentos son copias certificadas de documentos públicos que cursan en el expediente de la sociedad mercantil CARTON DE VENEZUELA, S.A. llevado por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito capital y Estado Miranda, y surten pleno valor probatorio en cuanto a su contenido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.360 del Código Civil. Así se establece.

 

Entre los recaudos acompañados al libelo de demanda también constan los siguientes estados consolidados de ganancias y pérdidas aprobados por diversas asambleas generales de accionistas de la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A., cuyas actas debidamente participadas al Registro Mercantil rielan en copias certificadas emanadas de dicho registro:

 

Los prenombrados instrumentos constituyen copias certificadas de documentos públicos que cursan en el expediente de la sociedad mercantil CARTON DE VENEZUELA, S.A. llevado por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito capital y Estado Miranda, y por tanto surten plena prueba respecto a su contenido conforme a lo establecido en el artículo 1.360 del Código. Así se establece.

 

Misivas dirigidas por el demandante a la demandada requiriendo el pago de las cantidades de dinero cuyo cobro pretende a través de este proceso judicial, acompañadas al libelo de la demanda marcadas con las letras “D” y “E” (folios 322 al 325). La firma que demuestra la recepción de dicha misiva fue desconocida por la demandada en la contestación, siendo promovida oportunamente la prueba de cotejo y demostrada su autenticidad, tal como consta de dictamen de los expertos grafotécnicos designados en esta causa (folios 87 al 99), el cual fue consignado por los expertos mencionados por diligencia de fecha 13/3/2013, de modo que este tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 1.422 y 1.425 del Código Civil, considera probada la autenticidad de las firmas y en consecuencia reconocidos los instrumentos impugnados. Así se establece.

 

Telegramas dirigidos por la demandante a la demandada requiriendo el pago de las cantidades de dinero cuyo cobro pretende a través de esta demadna, acompañadas al libelo de la demanda marcadas con las letras F y G (folios 326 al 329). Dichos telegramas muestran la firma autógrafa de la persona designada como remitente, así como el sello de las oficinas del Instituto Postal Telegráfico donde los originales fueron entregados, con sus respectivos sellos húmedos que indican la fecha que fueron recibidos por las oficinas de correos. En razón de ello, considera este tribunal superior quese encuentran satisfechos los extremos establecidos en el artículo 1.375 del Código Civil para demostrar que en efecto los mencionados telegramas fueron consignados por su remitente en fechas 7/3/2012 y 29/3/2012 respectivamente. De otra parte se aprecia la entrega de uno de dichos telegramas pro el acuse de recibo emanado del Instituto Postal telegráfico en fecha 27/3/2012, consignado junto al libelo de demanda como anexo marcado “H”, por lo tanto, los mismos surten pleno valor probatorio en cuanto al intento por parte del actor de cobrar las cantidades de dinero que alega le deben. Así se establece.

 

Cuadro sin firma, consignado junto al libelo de demanda como anexo marcado “I”, el mismo no llena los requisitos establecidos en el artículo 1.368 del Código Civil, en consecuencia se desecha. Así se decide.

 

Adicionalmente, en el lapso de promoción de pruebas establecido en el artículo 396 del Código de

 

Procedimiento Civil, la actora promovió los siguientes:

 

Ratificó y reprodujo el mérito de los autos, y especialmente de cada una de las documentales que han sido precedentemente valoradas.

 

Copia certificada emanada del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente al libelo de demanda, su auto de admisión y la orden de comparecencia, de la solicitud de dicha copia y del auto que la acordó, protocolizado en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 30/7/2012, anotada bajo el Nº 6, folio 35, Tomo 32 del Protocolo de Transcripción, protocolizada a los fines de interrumpir la prescripción.

 

Dicho instrumento constituye copia certificada de documento público, y corre en autos con todo su valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.360 del Código, por lo tanto se tiene como interrupción de la prescripción. Así se establece.

 

Documento administrativo emitido por el Instituto Postal Telegráfico, fechado el 23/5/2012, en el que consta que el telegrama enviado por el demandante a la demandada en fecha 29/3/2012 fue efectivamente entregado el día 9/4/2012, lo anterior para probar una forma de interrupción de la prescripción establecida en el artículo 1.980 del Código Civil. Dicho instrumento administrativo no fue impugnado en forma alguna, por lo que se debe tener como legal y legítimo, por aplicación analógica del artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ser considerado como instrumento público administrativo. Así se establece.

 

Prueba de informes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Departamento de Afiliaciones, para que ese órgano remitiera al aquo copia de la tarjeta de afiliación e inscripción que hizo la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A. de las ciudadanas ROSA JULIA CASTELLANOS y MARÍA E. PRATO, quienes aparecen como receptoras de los requerimientos de cobro formulados por el demandante a la empresa demandada, a través de las misivas acompañadas al libelo de la demanda, que aparecen recibidas por las indicadas ciudadanas. Las resultas de dicha prueba fueron recibidas en fecha 18/7/2013. No obstante, dicha prueba fue declarada inadmisible por decisión dictada por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 9/8/2013 en consecuencia debe ser desechada. Así se establece.

 

Prueba de informes de la Superintendencia de Bancos, para que se requiera a la Consultoría Jurídica del Banco de Venezuela informe al aquo si la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A. mantiene cuenta de nómina de pago con ese banco, y de ser el caso, informe si de dicha cuenta nómina se pagó el salario a las ciudadanas ROSA JULIA CASTELLANOS y MARÍA E. PRATO, en el período comprendido desde el 1º de diciembre de 2011 al 30 de diciembre de 2011, pretendiendo demostrar con dicha prueba que los requerimientos de cobro formulados por el demandante a la empresa demandada, a través de sendas misivas, fueron recibidos por dichas ciudadanas, quienes se desempeñaron como trabajadoras de la sociedad CARTON DE VENEZUELA, S.A. Ésta prueba de informes recibida del BANCO DE VENEZUELA en fecha 3/4/2013 (folio 131 y ss. de la segunda pieza) demuestra que las ciudadanas ROSA JULIA CASTELLANOS y MARIA E. PRATO mantienen una cuenta de nómina en dicha institución financiera, siendo que la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A. realiza abonos por concepto de nómina a dichas ciudadanas, en consecuencia se demuestra que las mencionadas ciudadanas son empleadas de la demandada. Así se establece.

 

Prueba de informes solicitada al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para demostrar que la demandada, CARTON DE VENEZUELA, S.A., tiene su domicilio fiscal en la final de la Calle El Hatillo, Petare, Caracas, que esa dirección coincide con la que aparece como lugar de entrega de los requerimientos de cobro de la actora a la demandada, cuyas copias fueron acompañadas al libelo de demanda marcadas “D”, “E” y “G”. Las resultas de dicha prueba fueron agregadas a los autos en fecha 31/7/2013 (f. 301 al 304 de la segunda pieza). Junto al oficio se recibió copia de la planilla de Registro de Información Fiscal (RIF) donde aparece que la dirección fiscal de la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A. está ubicada en el local denominado Cartón de Venezuela, situado en la Calle El Hatillo, Petare, Municipio Sucre del estado Miranda. Con ésta prueba queda demostrada la dirección fiscal de la parte demandada que coincide con la dirección donde fueron entregados los requerimientos de cobro del actor. Así se establece.

 

Prueba de informes del Instituto Postal telegráfico (IPOSTEL) solicitando copia de los dos telegramas que el demandante remitió a la demandada acompañados al libelo marcados como anexos “F” y “G”, requiriendo el pago de las cantidades de dinero cuyo cobro se demanda. Las resultas de dicha prueba fueron recibidas en fecha 16 de abril de 2013 (folio176 y ss. de la segunda pieza). De ésta prueba se evidencia que los telegramas que fueron acompañados como anexos al libelo de demanda, en los cuales la actora requirió a la demandada el pago de las cantidades de dinero que pretende por medio través de esta demanda, si fueron efectivamente consignados en el instituto Postal telegráfico y si fueron entregados por IPOSTEL en la dirección de la demandada, de modo que queda demostrado con esto, la intención de cobro de las cantidades de dinero reclamadas. Así se establece.

 

Inspecciones judiciales a ser practicadas en las sedes de la demandada ubicadas en el final de la Calle El Hatillo, Municipio Sucre del Estado Miranda y en la Avenida Domingo Olavarría, Zona Industrial II, sede Corporativa, Edif. Unión Gráfica, Valencia, Estado Carabobo, con el fin de demostrar que los telegramas de cobro remitidos por la actora a la demandada fueron remitidos a sedes donde efectivamente funciona la demandada. La primera de las inspecciones judiciales fue practicada por el aquo en fecha 20/2/2013 (folio 57 y 58 de la segunda pieza) y mediante la misma se demuestra que al final de la Calle El Hatillo, Municipio Sucre del Estado Miranda funciona la planta y oficina de la demandada, CARTON DE VENEZUELA, S.A. La segunda de las inspección no consta haber sido practicada, tal como se evidencia de las resultas provenientes del comisionado, las cuales fueron agregadas a estos autos en fecha 19/9/2013, por lo que ésta segunda inspección mo aporta valor probatorio en la presente causa. Así se establece.

 

Experticia contable practicada sobre la base de las asambleas discriminadas en el libelo de demanda, en las que anualmente fueron aprobados los estados de ganancias y pérdidas, con vista al informe del Comisario, para determinar lo siguiente:

 

a- La cuantificación y monto exacto en bolívares, las ganancias netas después de impuesto, para determinar el 3% de las mismas y se divida entre 11 porciones;

b- el monto que resulta de sumar todas las cantidades anuales que arrojó la operación anterior; y,

c- el monto correspondiente a los intereses moratorios, a la rata del 12% anual.

 

El informe de esta experticia fue consignado por los expertos en fecha 25/3/2013 (folio 115 de la segunda pieza) y del dictamen de los expertos se aprecia llegaron a las siguientes conclusiones:

 

“… en consideración a los factores anteriormente descritos y analizados, concluimos que la cantidad resultante asciende a Un Millón Novecientos Veintisiete Mil Ochocientos Treinta con 28/100 Céntimos (Bs.1.927.830,28) a cancelar al ciudadano JOSÉ LUIS GARCÍA ÁLVAREZ, por la sociedad mercantil CARTON DE VENEZUELA, S.A., como se detalla en el siguiente cuadro: Monto por Participación Junta Directiva: 1.086.027,79; Intereses Moratorios (hasta 08-06-2012) 841.802,49; Monto por Cobrar (José Luis García) Bs.1.927.830,28.”.

 

El anterior dictamen no fue impugnado por la demandada, toda vez que la representación judicial de esta última se limitó a solicitar aclaratoria de la misma, siendo aclarada por diligencia presentada en fecha 06/06/2013 y ratificada por diligencia presentada en fecha 25/6/2013. Como consecuencia de ello este Tribunal Superior colige con el criterio del aquo respecto a las conclusiones arrojadas en la experticia, la cual fue practicada por profesionales con conocimientos contables, la misma está debidamente fundamentada en los balances que cursan en el expediente de la sociedad mercantil CARTON DE VENEZUELA, S.A. llevado por el registro mercantil, por lo tanto surte plena prueba de los montos adeudados al actor por parte de la demandada. Así se establece.

 

(…omissis…)

 

Por su parte, la Sala de Casación Civil casó el fallo proferido por el Juzgado Superior Primero de la misma competencia y Área, sobre la base de que el fallo impugnado en casación aplicó la perención breve contenida en el artículo 1.980 del Código Civil, por lo que anuló el fallo por falsa aplicación, pues determinó que siendo la relación de las partes de índole mercantil, la prescripción aplicable al caso es la contenida en el artículo 132 del Código de Comercio.

 

Así las cosas, se advierte que del análisis de los elementos probatorios aportados por las partes, así como de los alegatos esgrimidos por cada una de ella, se puede inferir claramente que acatando la doctrina vinculante emitida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia para el presente caso, debe en primer lugar desecharse la defensa de prescripción sostenida por la representación judicial de la demandada, toda vez que la misma se basa en lo dispuesto en la prescripción breve de las obligaciones de tracto sucesivo de índole civil, no pudiendo se aplicada dicha normativa al ámbito mercantil puesto que para ello el artículo 132 del Código de Comercio establece claramente la prescripción de las acciones mercantiles en diez años, salvo las excepciones que la propia ley mercantil prevé y que no se corresponden con el presente caso, por ello, siendo que tal y como quedó demostrado y admitido por ambas partes, las obligaciones demandadas nacen en fechas: 31/12/2001; 31/12/2002; 31/12/2003; 31/12/2004; 31/12/2005; 31/12/2006; y 31/12/2007.

 

Por otra parte se aprecia que el derecho a cobrar de mayor antigüedad dentro de lo pretendido por el actor se corresponde al ejercicio económico que terminó en fecha 31/12/2001, que señala utilidad neta de Bs. 7.843.009, según la asamblea de accionistas celebrada el 13/5/2002, que a su vez aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2001, siendo registrada la misma en fecha 8 de julio de 2002, bajo el Nº 8, tomo 107-A Pro. Ante el Registro Mercantil Primero ya señalado; con ello, se puede establecer con claridad que a partir de ésta última fecha comienza a computarse el lapso de prescripción decenal establecida en el artículo 132 del Código de Comercio, por tanto, el último día que podía verificar la prescripción extintiva en el presente caso era el 7 de julio de 2012; de otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 1.969 del Código Civil, el lapso de prescripción se interrumpió por efecto de las misivas dirigidas por el demandante a la demandada exigiendo el pago de las cantidades de dinero debidas y acompañadas al libelo de la demanda marcadas con “D” y “E” cursantes a los folios 319 al 322, las cuales como ya se expuso, fueron valoradas positivamente por este tribunal superior mediante prueba de cotejo practicada en juicio, cuyas resultas acoge este Tribunal, corresponden a las ciudadanas ROSA JULIA CASTELLANOS en cuando a la marcada “D” y a MARÍA E. PRATO en cuanto a la marcada “E”, empleadas de la demandada conforme quedó probado mediante la prueba de informes requerida a la Superintendencia de Bancos, y que a la vez se solicitara informes al Banco de Venezuela, que expresa que las mencionadas ciudadanas mantienen una cuenta de nómina en dicha institución financiera, siendo que la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A. realiza abonos por concepto de pago de nómina (sueldo) a las mismas y que son suficientes para demostrar la notificación del actor de exigir el pago de lo adeudado y recibidas en fecha 5 y 16 de diciembre de 2011, cuyas firmas receptoras fueron desconocidas por la parte demandada.

 

Es decir que las misivas enviadas por el actor, conforme lo establece el artículo 1.969 del Código Civil, interrumpieron válidamente la prescripción de la acción y por lo tanto, no puede prosperar en derecho la defensa relativa a ésta figura jurídica. Así se decide.

 

Como consecuencia de lo anterior, demostrado como quedó por medio de las experticias promovidas y evacuadas válidamente que la demandada adeuda a la actora las cantidades de dinero exigidas en el libelo de demanda, a tenor de lo previsto en los artículos 132 y 305 del Código de Comercio, 35 de los estatutos sociales de la demandada y 1.159 del Código Civil este tribunal superior declarará en la dispositiva del presente fallo con lugar la presente demanda y sin lugar la apelación. Así se decide.

 

En otro orden se observa este Tribunal Superior que en cuanto a los intereses demandados, el artículo 108 del Código de Comercio establece el derecho del acreedor a exigir de pleno derecho el pago de intereses en los casos de deudas mercantiles, por lo que es procedente este reclamo, el cual ya se encuentra determinado en la expertica contable realizada y apreciada.

 

Así mismo, en cuanto a la corrección monetaria, es procedente acordarla toda vez que el envilecimiento del signo monetario por efecto de la inflación ha erosionado la capacidad adquisitiva del dinero, por ello, ordenar el pago sólo al monto que nominalmente ha quedado establecido, sin tomar en consideración la capacidad de compra de esas cantidades implicaría una disminución o erosión patrimonial del beneficiario. Así se decide.”

 

         De la lectura de todo lo antes transcrito de la recurrida, se observa, que el juez de alzada no se excedió, ni suplió la carga alegatoria y probatoria que correspondía a la parte demandante, con relación a su participación en las reuniones de la junta directiva celebradas por la sociedad de comercio, dado que en su decisión se atuvo a lo alegado y probado en autos, y en base a dicha apreciación soberana de los hechos y de las pruebas tomo su determinación y declaró la procedencia de la acción, al considerar probados los hechos alegados por la demandante.

         Por otra parte cabe señalar, que la formalizante pretende mediante esta denuncia, que la Sala descienda a las actas del expediente y verifique el análisis hecho por la recurrida del artículo 35 de los estatutos sociales de la demandada, cuestión que escapa al vicio de incongruencia positiva denunciado, dado que para que la Sala descienda al estudio de dicho aspecto, es necesario que la formalizante plantea la correspondiente denuncia por infracción de ley, en el sub-tipo de casación sobre los hechos, en referencia al establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

-II-

         Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por adolecer del vicio de inmotivación al no contener los motivos de hecho y de derecho, bajo la siguiente fundamentación:

 

Expresa la formalizante:

“…-II-

 

De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del ordinal 4° del artículo 243 eiusdem, por adolecer del vicio de inmotivación al no contener los motivos de hecho de su decisión.

 

El referido vicio se verifica de la siguiente manera: en el libelo de la demanda el actor afirma haberse desempeñado como uno de los Directores o Miembros. Principales de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A. y así mismo alega la existencia de una obligación de fuente convencional en cabeza de mi representada, como lo es la relativa al supuesto derecho del actor a percibir el pago de un porcentaje sobre las utilidades líquidas luego de impuestos, reportadas por la compañía al cierre de cada ejercicio económico anual, desde el ejercicio del año 2001 y hasta el ejercicio del año 2007. En efecto, el actor fundamentó su pretensión de cobro en el artículo 35 de los estatutos sociales de CARTÓN DE VENEZUELA C.A., disposición ésta que el actor produjo como parte de sus alegatos en el libelo de la demanda.

 

Por su parte la demandada en la oportunidad de dar contestación a la demanda, negó de forma absoluta y total en el Capítulo Primero del referido escrito tantos los hecho alegados por el actor, como el derecho que de ellos se pretende deducir; y en el Capítulo Segundo opuso a todo evento, como defensa subsidiaria la prescripción de la acción, sin perjuicio de lo expuesto en el Capítulo Primero.

 

Ahora bien, es el hecho que la sentencia recurrida en su parte motiva (muy breve por cierto, de apenas dos páginas sobre un total de treinta y nueve) desechó la defensa de prescripción, explicando cuales fueron, a juicio del sentenciador, los motivos por los cuales la misma no se había consumado en el presente caso.

 

Sin embargo, una vez resuelto el punto previo de la prescripción, la sentencia pasó a decidir el tema de fondo (pago de la bonificación solicitada) sin la debida motivación, esto es, sin que pueda inferirse cuál fue el razonamiento efectuado por el Juez Superior para llegar a la conclusión a la que llegó.

 

A fin de demostrar el vicio que en esta oportunidad se delata, me permito transcribir el único párrafo de la sentencia relativo a la toma de una decisión sobre la controversia planteada (a saber, el tercer párrafo en la página 36 del fallo, de acuerdo con la numeración propia de la sentencia), en que señala lo siguiente:

 

‘(…)como consecuencia de lo anterior (NdR: lo ‘anterior´ es la decisión relativa a la improcedencia de la defensa de prescripción), demostrado como quedó por medio de las experticias promovidas y evacuadas válidamente que la demandada adeuda a la actora las cantidades de dinero exigidas en el libelo de la demanda, a tenor de lo previsto en los artículos 132 y 305 del Código de Comercio, 35 de los estatutos sociales de la demandada y 1.1459 del Código Civil este tribunal superior declarará en la dispositiva del presente fallo con lugar la presente demanda y sin lugar la apelación. Así se decide (…)´.

 

Como puede observarse, la recurrida remite, a los fines de la decisión del caso, a los establecido por unas ‘experticias´, sin explicar a que experticias se refiere, o que hechos concretos y positivos se establecen a partir de la misma. Aún más grave, a la hora de establecer la condena al pago de cantidades de dinero, no se explican las razones por las cuales se acuerdan esas cantidades, y ni siquiera se aclara la cifra exacta acordada, sino que el juzgador remite a otras actas, fuera de la sentencia, a las que habrá que acudir para que pueda conocerse cuáles son esas cantidades (en concreto, el sentenciador remite al libelo de la demanda). En relación con esto (sic) último punto (cantidades de dinero acordadas), tenemos entonces que no existe en la sentencia recurrida al razonamiento material que sustente la condena que luego se hace en el dispositivo. Todo lo anterior resulta en que el presente caso está configurado el vicio de inmotivación delatado, ya que no puede condenarse al lapso de una cantidad de dinero sin que ello esté sustentado en los correspondientes fundamentos de hecho y de derecho los cuales debió exponer claramente el juez superior, con el propósito de que contra ese pronunciamiento se pueda efectuar el debido control de legalidad. (En este mismo sentido se pronunció la Sala de Casación Civil en sentencia número RC.000036, publicada en fecha 27 e3 enero del 2014, caso: Distribuidora A.R.C, C.A. contra MAVESA, S.A, que resolvió un asunto análogo al presente). Lo que significa que la sentencia incumple con la necesidad de la debida motivación de hecho y de derecho, establecida en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia a tenor del artículo 244 eiusdem, resulta nula…” (Resaltado de lo transcrito).

 

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que la formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de inmotivación, al considerar que el juez de alzada no explanó los motivos de hecho y derecho para sustentar su fallo.

Ahora bien, en cuanto al vicio de inmotivación del fallo, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1619, del 24 de octubre de 2008, expediente N° 08-774, caso de la Agencia de Festejos San Antonio C.A., en revisión constitucional, estableció lo siguiente:

 

“...El requisito de la motivación del fallo se fundamenta en el principio de legalidad de los actos jurisdiccionales. La tutela judicial eficaz requiere respuestas de los órganos de administración de justicia, que estén afincadas en motivos razonables, por lo que es necesario que toda sentencia contenga los motivos de hecho y de derecho en que apoye su dispositivo para el conocimiento y la comprensión de los litigantes, como condición y presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante la proposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley otorgue a las partes que tengan legitimación para oponerlos. Si no consta en el acto jurisdiccional la motivación sobre los supuestos de hecho o la cuestión de derecho, se configura el vicio de inmotivación o falta de fundamentos, cuya consecuencia es, se insiste, la obstaculización para la verificación del control de la legalidad del dispositivo de la sentencia.

El procesalista Leopoldo Márquez Añez explicó que el requisito de la motivación se incorporó en nuestra legislación desde la promulgación del Código de Procedimiento Judicial de 12 de mayo de 1836 (Código de Aranda). Asimismo, aludió al hecho de que en nuestras primeras constituciones existió una norma de carácter procesal. Sobre el particular comentó que:

El requisito de la motivación se consagró por primera vez en la Constitución de 15 de agosto de 1819, cuyo artículo 12, Sección Tercera, exigía que “Todo tribunal debe fundar sus sentencias con expresión de la ley aplicable al caso”. Esta consagración constitucional de la motivación representó un hito en la historia de las instituciones procesales en Venezuela, tanto más destacado y relevante, cuanto que ello significó la ruptura radical con el derecho español, que había eliminado el requisito de motivación de las sentencias desde 1778. En efecto, por Real Cédula de 23 de junio de 1778, Carlos III mandó derogar la práctica de motivar las sentencias, con la siguiente justificación:

"Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica… de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que las partes se siguen; mando, cese en dicha práctica de motivar las sentencias, ateniéndose a las palabras decisorias...”. (Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana, Colección de Estudios Jurídicos n.° 25, págs., 31-33).

Igualmente, esta Sala Constitucional en reciente decisión n.° 889/2008 del 30 de mayo, y que hoy se reitera, señaló respecto a la necesidad de motivación de la sentencia lo siguiente:

“...la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos.”

 

También ha sostenido esta Sala, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:

a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.

b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.

c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; y

d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Vid. sentencia Nº 83 del 23/3/92, caso: Juan Nazario Perozo, contra Freddy Victorio Escalona Cortez y otros, reiterada mediante fallo Nº RC-182 del 9/4/08, Exp. 2007-876, entre otras, caso: Marlene Evarista Revete Abreu y otros, contra la Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste).

Siendo importante destacar, que para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse.

         Ahora bien, esta Sala en atención a la brevedad del fallo, da por reproducida la transcripción antes hecha de la sentencia recurrida de alzada, y en tal sentido observa, que no se verifica la inmotivación delatada por la recurrente, dado que, como ya se dijo en la denuncia anterior, la determinación definitiva del juez, fue el resultado de atenerse a lo alegado y probado en autos, y en base a dicha apreciación soberana de los hechos y de las pruebas tomó su determinación y declaró la procedencia de la acción, al considerar probados los hechos alegados por la demandante, y al desechar la defensa de prescripción de la acción propuesta, en atención a una decisión ya dictada precedentemente por esta Sala, bajo el N° RC-712, de fecha 27 de noviembre de 2015, expediente N° 2015-355, que declaró procedente una denuncia por infracción de ley, y que generó la sentencia de reenvío, que es objeto de impugnación con este recurso extraordinario de casación.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

-III-

         Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 5° del artículo 243  y 12 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de incongruencia mixta, bajo la siguiente consideración:

 

Expresa la formalizante en su escrito de formalización, lo siguiente:

 

“…III

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de procedimiento (sic) Civil, denunció la infracción por la recurrida del ordinal 5° del artículo 243 y del artículo 12, eiusdem por incurrir en el vicio de incongruencia mixta.

 

El referido vicio se verifica de la siguiente manera: en el libelo de la demanda el actor afirma haberse desempeñado como uno de los Directores (sic) o Miembros (sic) Principales (sic) de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A y así mismo alega la existencia de una obligación de fuente convencional en cabeza de mi representada, como lo es la relativa al supuesto derecho del actor a percibir el pago de un porcentaje sobre las utilidades liquidas luego de impuestos, reportadas por la compañía al cierre de cada ejercicio económico anual, desde el ejercicio del año 2001 y hasta el ejercicio del año 2007. En efecto, el actor fundamentó su pretensión de cobro en el artículo 35 de los estatutos sociales de CARTÓN DE VENEZUELA C.A, disposición esta que el actor reprodujo como parte de sus alegatos en el libelo de la demanda.

 

Por su parte la demandada en la oportunidad de dar contestación a la demanda, negó de forma absoluta y total en el Capítulo Primero del referido escrito tanto los hechos alegados por el actor, como el derecho que de ellos se pretende deducir; y en Capítulo Segundo opuso a todo evento, como defensa subsidiaria la prescripción de la acción, sin perjuicio de lo expuesto en el Capítulo (sic) Primero (sic).

 

Como puede observarse de los términos de la contestación, mi representada negó el nacimiento o existencias de la presuntas obligaciones cuyo cumplimiento exige el demandante; sin embargo, la recurrida tergiversó gravemente los alegatos realizados por la demandada en su contestación, alterando radicalmente el tema decidendum.

 

A los fines de demostrar el vicio que se delata, me permito transcribir parte del primer párrafo de la página 35 del fallo ( de a cuerdo con la numeración propia de la sentencia), así:

 

‘ (…) el artículo 132 del Código de Comercio establece claramente la prescripción de las acciones mercantiles en diez años, salvo las excepciones que la propia ley mercantil prevé y que no se corresponde con el presente caso, por ello, siendo que tal y como quedó demostrado y admitido por ambas partes, las obligaciones demandadas nacen en fechas: 31/12/2002, 3171272003; 31/12/2004; 31/12/2005; 31/122006; y 31/12/2007 (…)´…

 

Como se observa, la recurrida tergiversó la defensa expuesta por mi representada en la contestación de la demanda, toda vez que estableció que la demanda habría admitido que las obligaciones demandadas nacen en fecha 31/12/2001; 31/12/2002/; 31/12/2003; 31/12/2004; 31/12/2005; 31/12/2006; y 31/12/2007, cuando lo cierto es que CARTÓN DE VENEZUELA, C.A. para nada admitió las presuntas obligaciones por el actor y sus fechas de nacimiento; por el contrario, desconoció su existencia total.

 

Ahora bien, es fácil ver las consecuencias de la denunciada tergiversación: pues, como resulta obvio, al considerar ‘admitidas´ por la demandada las presuntas fechas de nacimientos de las obligaciones reclamadas, el juzgador considera igualmente “demostradas” dichas obligaciones.

 

Luego, una vez que la recurrida resolvió el punto previo, relativo a la de defensa de prescripción de la acción, no estimo necesario un examen más profundo de la controversia, sino que de inmediato declaró procedente la pretensión del actor, sin mayor amaláis del fondo de la controversia, dada la supuesta ‘admisión´ de la compañía demandada.

 

Por lo tanto, tal como fue denunciado, estamos en presencia del vicio conocido como incongruencia mixta: ello porque la recurrida tergiversa un argumento de hecho, incluido en la contestación, pues no resuelve la cuestión, tal como fue efectivamente planteada (a saber, el tema decidendum trabado con la contradicción sobre la existencia y fecha de nacimiento de la presunta obligación) y, simultáneamente, resuelve sobre algo no pedido – el argumento desnaturalizado (controversia que versa sobre una supuesta admisión de la demanda acerca de la existencia y fecha de nacimiento de la presunta obligación). Este último supuesto es considerado por la jurisprudencia de esta honorable sala de Casación Civil como un caso de incongruencia mixta, porque deja de resolver lo pedido y resuelve algo diferente (cito en este sentido la doctrina sentada por la Sala de Casación sentencia número RC.000094, publicada en fecha 17 de marzo de 2011, caso Consuja C.A. contra Venequip, S.A.).

 

El vicio denunciado resulta trascendental para el dispositivo del fallo, toda vez que el alegato tergiversado por la Segunda Instancia, determina según la recurrida supuesta admisión de mi representada en cuanto a la fecha de nacimiento y existencia de distintas obligaciones en cabeza de mi representada relativas al pago de las participaciones en las utilidades liquidas de la empresa obtenidas en el periodo 2001-2007, estimadas por la parte demandante en la cantidad de Ochocientos Nueve Mil Quinientos Seis Bolívares con Trece Céntimos (809.506,13), más otras cantidades por concepto de intereses de mora e indexación.

 

De lo expuesto, se evidencia que la sentencia incumple con el deber de la necesaria congruencia con los términos del problema judicial, establecido en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, a tenor del articulo 244 eiusdem, resulta nula…” (Resaltado de lo transcrito).

 

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que  la formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 12 eiusdem, por incurrir en el vicio de incongruencia mixta, al considerar que la recurrida tergiversó la defensa expuesta por su representada en la contestación de la demanda, puesto que no resolvió la cuestión, tal como fue planteada (a saber, el thema decidendum trabado con la contradicción sobre la existencia y fecha de nacimiento de la presunta obligación) y, simultáneamente, resuelve sobre algo no pedido el argumento desnaturalizado (controversia que versa sobre una supuesta admisión de la demanda acerca de la existencia y fecha de nacimiento de la presunta obligación).

En relación con la congruencia del fallo, la Sala ha establecido que la sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente de si es acertada o errónea.

Por tanto, no se puede apreciar, más ni menos, de las cuestiones controvertidas y trascendentales en la solución de la controversia, ni dejar de resolver alguna de ellas. Así, cuando se deja de examinar la prueba, todos o algunos de sus hechos fundamentales, la sentencia está viciada por omisión de análisis fáctico y cuando se considere innecesario el análisis de algunos elementos probatorios, el juez debe dejar constancia motivada de ello.

Ahora bien, el vicio de incongruencia por lo general adopta dos modalidades: la incongruencia positiva la cual ocurre cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial.

Igualmente esta Sala ha señalado reiteradamente que el vicio de incongruencia puede presentarse en forma compleja, siendo el caso cuando el juez tergiversa los alegatos planteados por las partes en la demanda o contestación. De modo que si el juez se aparta de los hechos alegados, en conducta no exactamente encuadrable en estas reglas, también incurre en incongruencia. Por ejemplo, si el juez tergiversa un argumento de hecho, incluido en la demanda o en la contestación, no resuelve la cuestión, tal como fue planteada y, simultáneamente, resuelve algo no pedido -el argumento desnaturalizado-, este último supuesto, puede ser considerado como un caso de incongruencia mixta, porque deja de resolver lo pedido y resuelve algo diferente. (Cfr. Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2009, caso de Utc Tires & Rubber Company contra Carpi-Tap, S.R.L., Expediente N° 08-407).

         Ahora bien, en el presente caso, de la lectura de la sentencia recurrida antes transcrita en este fallo y que se da nuevamente por reproducido en este acto, se observa, que la determinación definitiva del juez, fue el resultado de atenerse a lo alegado y probado en autos, y en base a dicha apreciación soberana de los hechos y de las pruebas tomo su determinación y declaró la procedencia de la acción, al considerar probados los hechos alegados por la demandante, y al desechar la defensa de prescripción de la acción propuesta, en atención a una decisión ya dictada precedentemente por esta Sala, bajo el N° RC-712, de fecha 27 de noviembre de 2015, expediente N° 2015-355, que declaró procedente una denuncia por infracción de ley, y que generó la sentencia de reenvío, que es objeto de impugnación con este recurso extraordinario de casación.

         No observando esta Sala, que se hayan tergiversados los términos en los cuales se trabó la litis, ni que haya resuelto sobre algún aspecto no relacionado en la demanda y la contestación.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

-IV-

         Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 5° del artículo 243 y 12 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de incongruencia negativa, bajo la siguiente consideración:

 

 

Expresa la formalizante:

“…-IV-

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir la recurrida en el vicio de incongruencia negativa.

Ciudadanos Magistrados, el vicio se materializa en la sentencia impugnada al no haberse resuelto de forma expresa, positiva y precisa el alegato de la parte demandada relacionado con el desconocimiento de dos (2) documentos consignados junto con la demanda, marcados ‘D´ y ‘E´, sobre la base de que las firmas no pertenecen a persona capaz de obligar a la compañía, todo lo cual habría derivado en la procedencia de la defensa de prescripción opuesta por mi representada. En este mismo orden de ideas tampoco la recurrida tomó en cuenta o analizó el rechazo expuesto por mi representada en cuanto a que no le resultaban oponibles dos (2) presuntos documentos telégrafos marcados ‘F´ y ‘G´.

En efecto, en la oportunidad de la contestación de la demanda, mi representada desconoció los documentos marcados ‘D´ y ‘E´, promovidos por la parte actora junto con su escrito de demanda, y al efecto alegó:

‘a.- Desconozco en su contenido y firma el documento anexo ‘D´ del libelo de la demanda, supuestamente fecha 5 de diciembre de 2011; y particularmente, desconozco el sello y supuesta firma autógrafa que le opuesta a mi representada, pues dicha firma no pertenece ni a la demandada ni a persona capaz de obligarla

b.- Desconozco en su contenido y firma el documento anexo ‘E´ del libelo de la demanda, supuestamente fecha 19 de diciembre de 2012; y particularmente, desconozco el sello y supuesta firma autógrafa que le es opuesta a mi representada, pues dicha firma no pertenece ni a la demandada ni a persona capaz de obligarla´.

En cuanto a los presuntos documentos telegráficos marcados ‘F´ y ‘G´, mí representada en el escrito de contestación expuso:

‘c- en cuanto a los documentos marcados ‘F´ y ‘G´, señaló que los mismos no son oponibles a mi representada por cuanto carecen de firma autógrafa alguna de la demandada ni de persona alguna capaz de obligarla”

Respecto a los desconocimientos de los documentos marcados ‘D´ y ‘E´, la sentencia recurrida estableció lo siguiente:

‘Misivas dirigidas por el demandante a la demandada requiriendo el pago de las cantidades de dinero cuyo cobro pretende a través de este proceso judicial, acompañadas del libelo de la demanda marcados con las letras “D” y E” (folios 322 al 325). La firma que demuestra la recepción de dicha misiva fue desconocida por la demandada en al contestación, siendo promovida oportunamente la prueba de cotejo y demostrada su autenticidad, tal como consta de dictamen de los expertos grafotécnicos designados en esta causa (folio 87 al 99), el cual fue consignado por los expertos mencionados por diligencia en fecha 13/3/2013 (sic), de modo que este tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en los artículos 1.422 y 1.425 del Código Civil, considera probada la autenticidad de las firmas y en consecuencia reconocidos los instrumentos impugnados. Así se establece´.

Luego, más adelante en el segundo párrafo de la página 35, y el primer párrafo de la pagina 36 de la sentencia, analizando la norma relacionada con la prescripción y su interrupción en el caso de marras, la recurrida estableció:

‘ por otra parte se aprecia que el derecho a cobrar de mayor antigüedad dentro de pretendido por el actor se corresponde al ejercicio económico que terminó en fecha 31/12/2.001 (sic), que señala utilidad neta de Bs. 7.843.009,00 según la asamblea de accionistas celebrada el 31/5/2.002 (sic), que a su vez aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio culminado el 31/12/2.001 (sic), siendo registrada la misma en fecha 8 de julio de 2.002, bajo el N° 8, tomo 107-A Pro. Ante el Registro Mercantil primero ya señalado; con ello, se puede establecer con claridad que a partir de esta ultima fecha comienza a computarse el lapso de prescripción decenal establecida en el artículo 132 del Código de comercio, por tanto, el último día que podía verificar la prescripción extintiva en el presente caso era el 7 de julio de 2.012; de otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 1.969 del Código Civil, el lapso de prescripción se interrumpió por efecto de las misivas dirigidas por el demandante a la demandada exigiendo el pago de las cantidades de dinero debidas y acompañadas al libelo de la demanda marcadas con ‘D´ y ‘E´ cursantes a los folios 319 al 322, las cuales como ya expuso, fueron valoradas positivamente por este tribunal superior mediante prueba de cotejo practicada en juicio, cuyas resultas acoge este Tribunal, corresponden a las ciudadanas ROSA JULIA CASTELLANOS en cuando a la marcada ‘D´ y a MARIA E. PRATO en cuanto a la marcada ‘E´, empleadas de la demandada conforme quedó probado mediante la prueba de informes requerida a la Superintendencia de Bancos, y que a la vez se solicitará informes al Banco de Venezuela, que expresa que las mencionadas ciudadanas mantiene una cuenta de nómina en dicha institución  financiera, siendo que la empresa CARTÓN DE VENEZUELA, S.A. realiza abonos por concepto de pago de nómina (sueldo) a las mismas y que son suficientes para demostrar la notificación del actor de exigir el pago de lo adeudado y recibidas en fecha 5 y 16 de diciembre de 2.011, cuyas firmas receptoras fueron desconocidas por la parte demandada´.

Respecto del rechazo expuesto por mi representada en cuanto a que no le resultaban oponibles dos presuntos documentos telegráficos marcados ‘F´ y ‘G´, el fallo recurrido estableció lo siguiente (pagina 21 y 22 de la sentencia):

‘Telegramas dirigidos por la demandante a la demandada requiriendo el pago de las cantidades de dinero cuyo cobro pretende a través de esta demanda, acompañadas al libelo de la demanda marcadas con las letras F y G (folios 326 al 329). Dichos telegramas muestran la firma autógrafa de la persona designada como remitente, así como el sello de las oficinas del Instituto Postal Telegráfico donde los originales fueron entregados, con sus respectivos sellos húmedos que indican la fecha que fueron recibidos por las oficinas de correos. En razón de ello, considera este tribunal superior que se encuentran satisfechos los extremos establecidos en el artículo 1.375 del Código Civil para demostrar que en efecto los mencionados telegramas fueron consignados por su remitente en fecha 7/3/2012 (sic) y 29//2012 (sic) respectivamente. De otra parte se aprecia la entrega de uno de dichos telegramas por el acuse de recibo emanado del Instituto Postal telegráfico en fecha 27/3/2012 (sic) consignado junto al libelo de demanda como anexo marcado ‘H´, por lo tanto los mismos surten pleno valor probatorio en cuanto al intento por parte del actor de cobrar las cantidades de dinero que alega le deben. Así se establece´.

En lo que concierne al desconocimiento ejercido por mi representada contra los documentos marcados ‘D´ y ‘E´, en la oportunidad de la contestación a la demanda, en su texto se observa el mismo no se limitó simplemente al desconocimiento del sello y la firma autógrafa, sino que además la parte demandada arguyó que la persona que supuestamente firmó ese documento ‘F´… no pertenece ni a la demandada ni a persona capaz de obligarla…´. De igual manera, respecto de los documentos marcados ‘F´ y ‘G´ mi representada no se limitó a un rechazo genérico contra los mismos, sino que arguyó que tales documentos telegráficos no le resultaban oponibles por cuanto carecen de firma alguna de persona capaz de obligarla.

En la sentencia recurrida, el juez se limitó a establecer que quedó demostrada la autenticidad de los documentos ‘D´ y ‘E´ a través del informe consignado por los expertos grafotécnicos así como que los documentos marcados ‘F´ y ‘G´ fueron efectivamente entregados, pero no se resolvió lo atinente a si las personas que recibieron los documentos, eran capaces de obligar a la compañía, hecho este que por demás no fue probado por la parte actora. Pues bien, el vicio de incongruencia negativa denunciado radica en el hecho de que la recurrida no resolvió la defensa esgrimida por mi representada en cuanto a que los documentos, que supuestamente interrumpían la prescripción (la recurrida atribuyo expresamente la supuesta interrupción de la prescripción a los documentos ‘D y ‘E´, no así respecto de los documentos marcados ‘E´ y ‘G´, de los que se limitó a expresar que probaban el intento del actor de cobrar las cantidades de dinero que alegó se le debían), no fueron recibidos por personas capaz de obligar a la compañía, y por ende no era susceptible de interrumpir la prescripción. La circunstancia antes descrita resulta fundamental para la decisión de la controversia, pues, a cargo de la parte actora, no le bastaba demostrar la autenticidad de los documentos, sino que además debía demostrar que esas personas, quienes supuestamente recibieron los documentos, se entraban facultadas para obligar a la empresa.

El vicio delatado resulta trascendente en el dispositivo del fallo toda vez que de haberse resuelto la defensa ejercida por mi representada, el Tribunal habría declarado la prescripción decenal respecto de la anualidad, que en criterio de la actora, correspondía al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2001; ya que aun dado hipotéticamente por bueno el erróneo argumento del demandante, según el cual la participación especial en las utilidades netas del año 2001 habría sido exigible a partir de la celebración de la asamblea de accionistas de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A., ocurrida el 13 de mayo de 2002; aun así al haber sido presentada la demanda en el día 8 de junio de 2012, se habría consumado la prescripción decenal de la acción relativa a la participación especial del año 2001.

De manera pues que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, al omitir pronunciamiento expreso, positivo y preciso sobre todos los alegatos realizados por nuestra representada respecto de los documentos marcados ‘D´ ‘E´ ‘F´ y ‘G´, infringiendo así el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil y el artículo 12 eiusdem.

Por las razones expuestas, solicitamos a esta Sala de Casación Civil la casación del fallo por lo que por lo que a esta denuncia respecta…” (Destacado de lo transcrito)

 

 

La Sala para decidir, observa:

 

         De la denuncia antes transcrita se desprende que la formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 12 eiusdem, por incurrir en el vicio de incongruencia negativa, al considerar que la alzada no resolvió de forma expresa, positiva y precisa el alegato de la parte demandada relacionado con el desconocimiento de dos (2) documentos consignados junto con la demanda, marcados “D” y “E”, sobre la base de que las firmas no pertenecen a persona capaz de obligar a la compañía, todo lo cual habría derivado en la procedencia de la defensa de prescripción opuesta, aduciendo además que la recurrida tampoco tomó en cuenta o analizó el rechazo expuesto por la demandada en cuanto a que no le resultaban oponibles dos (2) presuntos documentos telégrafos marcados “F” y “G”.

Ahora bien, acerca del vicio de incongruencia negativa la Sala en múltiples decisiones se ha pronunciado al respecto, entre ellas, la sentencia N° RC-498 de fecha 5 de agosto de 2014, caso de Transporte Industrial C.A. contra Mack de Venezuela, C.A., expediente N° 14-104, en la cual se señaló lo siguiente:

 

“…En cuanto al vicio de incongruencia del fallo, el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, expresamente dispone que: toda sentencia debe contener “…disposición expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia…”.

 

La norma supra indicada debe ser analizada en concordancia con lo previsto en el artículo 12 eiusdem, que consagra, entre otras particularidades, que el juez debe decidir conforme a todo lo alegado y sólo a lo alegado en autos, sin suplir excepciones o argumentos de hecho no formulados por las partes, lo cual constituye una manifestación del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil en nuestro ordenamiento jurídico.

 

Sobre el particular, esta Sala mediante sentencia Nº 588, de fecha 9 de agosto de 2012, estableció que la congruencia del fallo implica la conformidad que debe existir entre el fallo respectivo, el asunto controvertido y los hechos alegados oportunamente por las partes, y sólo sobre tales hechos, que a su vez fijan los límites de la controversia o thema decidendum.

 

Asimismo, esta Sala ha considerado que “…el vicio de incongruencia del fallo se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa).

 

Esta última hipótesis conduce a establecer que el juez tiene la obligación de considerar y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos formulados por las partes, es decir, sobre todo aquello que constituye un alegato o una defensa, regla ésta llamada principio de exhaustividad.

 

En ese sentido, el Código de Procedimiento Civil impone al juez la determinación y posteriores análisis de todos los alegatos y defensas esgrimidos en el proceso, los cuales deben necesariamente ser tomados en cuenta para la sentencia que se emita. (Vid sentencia Nº 51 de fecha 7 de febrero de 2012, caso: Moraima Carolina Silva, contra Luis Alejandro Valero Monsalve y otra)…”. (Cursivas del fallo).

De acuerdo con la anterior jurisprudencia de la Sala, el vicio de incongruencia surge cuando el juez altera o modifica el problema judicial debatido entre las partes, al no resolver y decidir sobre todos y cada uno de los alegatos o defensas expuestas por los sujetos en litigio.

         Ahora bien, esta Sala observa, que los alegatos señalados como silenciados por la recurrente, se refieren a aspectos netamente probatorios, y en especifico sobre la impugnación y validez de las pruebas anexas a la demanda marcadas “D”, “E”, “F” y “G”, las cuales conforme a lo transcrito de la sentencia recurrida, hecho ya en este fallo y que nuevamente se da por reproducido en atención a la brevedad de la sentencia, se observa que fueron analizadas y juzgadas, por lo cual, si la formalizante no está de acuerdo con dicho aspecto de la sentencia recurrida, es necesario que este planteara la correspondiente denuncia por infracción de ley, en el sub-tipo de casación sobre los hechos, en referencia al establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, mas no como incongruencia negativa, en torno a alegatos destinados a la impugnación o validez de las pruebas producidas por su contraparte.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

-V-

         Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del ordinal 5° del artículo 243 y 12 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de incongruencia positiva, bajo la siguiente fundamentación:

 

Expresa la formalizante:

“…-V-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunció la infracción por la recurrida del ordinal 5° del artículo 243 y del artículo 12, eiusdem por incurrir en el vicio de incongruencia positiva.

El referido vicio se verifica de la siguiente manera: en el libelo de la demanda el actor afirma haberse desempeñado como uno de los Directores o Miembros Principales de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A. y así mismo alega la existencia de una obligación de fuente convencional en cabeza de mi representada, como lo es la relativa al supuesto derecho del actor al percibir el pago de un porcentaje sobre las utilidades liquidas luego de impuestos, reportadas por la compañía al cierre de cada ejercicio económico anual, desde el ejercicio del año 2001 y hasta el ejercicio del año 2007. En efecto, el actor fundamentó su pretensión de cobro en el artículo 35 de los estatutos sociales de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A., disposición esta que el actor reprodujo como parte sus alegatos en el libelo de la demanda.

Resulta importante especificar a los fines de la presente denuncia que el actor alegó que las cantidades de dinero por él demandadas por concepto de participaciones anuales en los beneficios resultaban exigibles dese la fecha en la que la asamblea de accionistas aprobara los estatutos de Ganancias y/o Perdidas relativos al ejercicio económico del año/años anteriores.

De hecho, así se afirma en la página 6 del libelo de la demanda (de acuerdo con la numeración propia de dicho escrito), en los siguientes términos: ‘Se deja establecido, que tales pagos, debían hacerse inmediatamente luego de que la respectiva Asamblea aprobara el informe de la Junta Directiva de la Compañía junto con el informe del Comisario y los estados de Ganancias y/o Perdidas para el ejercicio económico respectivo´.

Ese argumento de la parte actora (surgimiento de supuesto derecho de pago de una participación en la sutilidades netas a partir del momento en que una asamblea de accionistas aprobara los Financieros de la compañía) se reitera en el libelo, cuando se plantea la pretensión relativa al cobro de interese de mora. En efecto, en la pagina quince (15) del libelo de la demanda (de acuerdo con la numeración propia de dicho escrito) se alega lo siguiente: ‘(…) Ahora bien, visto que las cantidades de dinero adeudadas no me fueron pagadas en su oportunidad, éstas generan intereses moratorios al doce (12%) anual, desde la fecha (exclusive) de celebración de cada una de las Asambleas Ordinaria de Accionistas donde se aprobó el informe que presentó la Junta Directiva de la Compañía junto con el Informe del Comisario y el Balance general junto con el estado de Ganancias y/o Perdidas para cada ejercicio, como sigue: 1) Desde la celebración de la Asamblea del 13 de mayo de 2002, exclusive en la que se me debió de pagar la suma de Bs.21.390.02, hasta la presente fecha, arroja la suma de Bs.25.454.13 por concepto de intereses moratorios (…)´.

Por su parte la demandada en lugar de dar contestación a la demanda, negó de forma absoluta y total en el Capítulo Primero del referido   los hechos alegados por el actor, como el derecho que de ello se pretende deducir; y en el capítulo Segundo opuso a todo evento, como defensa subsidiaria la prescripción de la acción, sin perjuicio de lo expuesto en el Capítulo (sic) Primero (sic).

A los fines de la presente denuncia, resulta necesario especificar, en cuanto a la defensa de prescripción opuesta en el Capítulo (sic) Segundo (sic) del escrito de contestación, que mi representada opuso en primer lugar la prescripción de la acción, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.980 del Código Civil (prescripción por tres años); pero también y esto es fundamental- se opuso a todo evento, para el supuesto negado de que el tribunal de la causa considerara que el lapso de prescripción aplicable era el ordinario decenal previsto en el artículo 132 del Código de Comercio, la prescripción de la participación especial anual más antigua, esto es, la relación con la Asamblea extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de mayo de 2002,| toda vez que aplicarse ese lapso de prescripción, la acción relativa a esa participación especial en particular habría prescrito en fecha 13 de mayo de 2012, es decir, un mes antes de la presentación de la demanda.

Ahora bien, la sentencia de segunda instancia que aquí recurrida consideró aplicable (por ser sentencia de reenvío y actuar en función del mandato de esta Sala de casación Civil contenido en sentencia número RC.000712 de fecha 27 de noviembre de 2015) al caso de autos la prescripción decenal ordinaria contemplada en el artículo 132 del Código de Comercio.

Sin embargo, el sentenciador de alzada no declaró la prescripción de la acción respecto de la participación especial anual ,más antigua (relativa al ejercicio económico del año 2001), porque por un lado consideró que dicha prescripción había siso interrumpida a través de gestiones de cobro (mediante cartas masivas y telegramas) y por otro lado, como argumento nuevo, no alegado por las partes, arguyó que el lapso de prescripción decenal debía comenzar a computarse desde la fecha en que la asamblea de accionistas de la empresa fue registrada, lo que ocurrió en fecha ocho (8) de julio de 2002, por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, y no desde la fecha de su celebración, que fue el 13 de mayo de 2002; ver en este sentido lo indicado en el segundo párrafo de la página 35 del fallo (de acuerdo con la remuneración propia de la sentencia.

Ahora bien, la conclusión de la recorrida en relación con la supuesta interrupción de la prescripción realizada a través de presuntas gestiones de cobro resulta ser un error de juicio, pues vulnera normas relativas a la representación de las sociedades de comercio y a las personas que están facultadas para recibir comunicaciones. firmarlas y comprometer con ello a su representada; no obstante, tal tema será objeto de denuncia separada (tomando en cuenta que de acuerdo con el criterio de esta Sala de Casación Civil, constituye una falta de técnica mezclar en una misma denuncia delaciones por defecto de actividad y por error in iudicando).

En el contexto de la presente denuncia, quiero pues destacar el error craso de forma cometido por la recurrida, al suplir un argumento de hecho no alegado por las partes para sostener que hubo interrupción de la prescripción, como lo es que el lapso de la prescripción decenal mercantil sólo puede comenzar a computarse a partir del registro de la Asamblea de accionistas en las que se aprobaron los estados financieros relativos al ejercicio económico del año 2001. Tal tesis no solo no fue alegada por las partes, sino que incluso contradice abiertamente lo alegado en el libelo de la demanda, en el sentido que el derecho a la participación especial en las utilidades netas de la empresa del año 2001, nació en fecha 13 de mayo de 2002, día de la celebración del asamblea de Accionistas que aprobó los estados financieros de la compañía; siendo que el actor incluso tomó esta fecha como referencia para el cálculo de los intereses de mora sobre la citada participación especial del año 2001.

Por todo lo anterior, estamos en presencia del vicio conocido como incongruencia positiva, toda vez que el juez superior, al suplir un argumento de hecho no invocado por las partes, como lo es que el cómputo de la prescripción solo puede iniciar a partir del registro de la Asamblea de Accionistas en las que se aprobaron los estados financieros, extendió su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido (de acuerdo con la definición del vicio de incongruencia positiva acogida por esta Sala, ver por ejemplo: Sentencia número RC.000097 publicada en fecha 23 de febrero de 2016, caso: Beatriz Rafaela López Romero contra César José Rodríguez Jardim y otro).

Tomando en cuenta que las gestiones de cobro extrajudicial (mediante cartas misivas y telegramas) que intentó realizar de forma infructuosa e ineficaz la parte actora, no lograron interrumpir la prescripción (tema éste que será objeto de una denuncia por infracción de ley) tenemos que el vicio denunciado resulta trascendental para el dispositivo del fallo, todas vez que aquel alegato suplido por la Segunda Instancia, dio como resultado que no se declarara la prescripción de la acción respecto de la participación especial en la utilidad neta relativa al ejercicio económico del año 2001. Por lo que, la sentencia incumple con el deber de la necesaria congruencia con los términos del problema judicial, establecido en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, a tenor del artículo 244 eiusdem, resulta nula…” (Resaltado de lo transcrito)

 

La Sala para decidir, observa:

 

         De la denuncia antes transcrita se desprende que la formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 12 eiusdem, por incurrir en el vicio de incongruencia positiva, al considerar que la alzada suplió un argumento de hecho no invocado por las partes, como lo es que el cómputo de la prescripción solo puede iniciar a partir del registro de la asamblea de accionistas en las que se aprobaron los estados financieros, extendiendo su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido.

Respecto a la incongruencia positiva del fallo, esta Sala en sentencia N° RC-530, de fecha 11 de agosto de 2014, caso de Simón Gomer Torreyes contra la Asociación Cooperativa La Bendición del Trillo, R.L expediente N° 14-207, señaló lo siguiente:

 

“…Es reiterada la doctrina de esta Sala, que el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, exige que el fallo guarde relación con la pretensión que el actor plantea en su libelo y los términos en que el demandado presenta su contestación, pues éstos son los límites en los cuales la controversia queda delimitada.

En este sentido, se ha sostenido que la congruencia es la acertada relación entre las pretensiones de las partes y lo resuelto por el juez, y para que esa relación sea realmente atinada, es preciso que lo resuelto sea consecuencia de lo alegado por las partes sin que se rebasen ni mengüen los elementos de las peticiones.

La jurisprudencia y la doctrina han definido la congruencia de la sentencia como la conformidad que debe existir entre ésta y la pretensión o pretensiones que constituyan el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto. De allí, que el vicio de incongruencia se produce cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración (incongruencia positiva), o bien cuando omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial (incongruencia negativa)…”. (Resaltado del texto).

 

         Ahora bien, esta Sala en atención a la brevedad del fallo, da por reproducida nuevamente la transcripción antes hecha de la sentencia recurrida de alzada, y en tal sentido observa, que no verifica la incongruencia positiva delatada por la recurrente, dado que la determinación definitiva del juez, fue el resultado de atenerse a lo alegado y probado en autos, y en base a dicha apreciación soberana de los hechos y de las pruebas tomo su determinación y declaró la procedencia de la acción, al considerar probados los hechos alegados por la demandante, y al desechar la defensa de prescripción de la acción propuesta, en atención a una decisión ya dictada precedentemente por esta Sala, bajo el N° RC-712, de fecha 27 de noviembre de 2015, expediente N° 2015-355, que declaró procedente una denuncia por infracción de ley, y que generó la sentencia de reenvío, que es objeto de impugnación con este recurso extraordinario de casación.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

 

 

-VI-

         Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida y la aclaratoria, de los artículos 12, 15, 243 ordinal 6° y 249 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de indeterminación objetiva, bajo los siguientes términos:

“…-VI-

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil se denuncia infracción de los artículos 12, 15, 243, ordinal 6° y 249 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir la recurrida y su aclaratoria en el vicio de indeterminación objetiva, lo cual produce indefensión.

En la parte dispositiva de la sentencia, concretamente en la página 38 de la decisión, la recurrida estableció.

‘SEGUNDO´ CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón De Venezuela, C.A por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

(…)

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones ya establecidas en el cuerpo de la presente sentencia, hasta la fecha que quede firme el presente fallo´.

En la decisión dictada por la recurrida con motivo de la solicitud de aclaratoria de la parte actora, en cuanto a la indexación, estableció, concretamente en la página 8 de la decisión lo siguiente:

‘en atención al punto señalado por la apoderada actora, atinente a la aclaratoria sobre el literal ‘d´ del particular segundo del capítulo III del fallo, este juzgador percibe que cometió un error involuntario al condenar el pago del respectivo ajuste inflacionario del capital demandado, estableciéndolo de la siguiente manera: ‘…A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela  para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones ya establecidas en el cuerpo de la presente sentencia, hasta la fecha que quede firme el presente fallo…´ (destacado de la aclaratoria).

Siendo lo correcto, lo señalado en el libelo de demanda, cursante al folio 18 de la pieza N° 1 del presente expediente, en el cual se solicita se le aplique la corrección monetaria, de acuerdo a los índices de precio al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas que arroje el Banco Central de Venezuela, desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha en que se dicte la sentencia definitiva, y así se establece.

A continuación, la referida sentencia aclaratoria, en la página 10, estableció que:

‘Consecuentemente verificado por este Sentenciador el contenido de la parte dispositiva de la sentencia ut supra mencionada, procede a salvar los errores involuntarios en que se incurrió al condenarse el pago de la indexación desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones ya establecidas en el cuerpo de la sentencia, así como al condenarse en costas a la parte demandada en la presente causa, debe incluirse:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caraca, de fecha 15 de julio de 2014, en consecuencia se confirma el fallo apelado. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar.

(…)

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de la experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo. (…)´

Por último, en la parte dispositiva, concretamente en el Capítulo IV, denominado ‘Decisión´ (página 12), y en lo que respecta a la indexación o corrección monetaria, el fallo señalo:

‘En virtud de lo antes expuesto, se salva el error involuntario cometido en la dispositiva de fallo proferido por este Juzgado, en fecha 4 de marzo de 2016, de la siguiente forma: (…)

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo (…) ´

Hemos repetido la referencia sobre la indexación tantas veces fue reiterada en las decisiones recurridas para descartar cualquier duda sobre la expresa condenatoria en ese sentido, y desechar el argumento de que se trato de un error material involuntario o de transcripción.

Como se puede apreciar, de la transcripción que antecede. La recurrida recargó sobre el patrimonio de mi representada todo el peso económico del transcurso del tiempo en este proceso, sin tomar en cuenta que la tardanza del mismo no puede serle imputada.

La recurrida, en todo caso, debió haber hecho la salvedad de que habían plazos que no se computarían a los efectos del cálculo, indicando con precisión cuales debían ser excluidos.

Lo contrario sería admitir que una de las partes, llamada al proceso para que ejerciera su legitimo derecho a la defensa deba cargar en solitario con los efectos del retardo en la administración de justicia, siendo que además deben excluirse lapsos, cuyo transcurso no le debe ser imputable a mi representada, contrariando además el pacifico y reiterado postulado de la Sala de Casación Civil y de la Sala Constitucional, en cuanto a la forma de cálculo de la indexación monetaria.

Sobre este particular, en cuanto a la manera en que debe calcularse la indexación, la Sala Constitucional, en sentencia No. 714, del 12 de junio de 2013, caso Giuseppe Bazzanella, en la que declaró ha lugar la revisión constitucional, estableció que:

‘Sin embargo, debe aclarar la Sala, que la indexación deberá ser acordada sólo en lo que respecta al monto del capital demandado y no sobre los intereses reclamados, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta el día en que quedó firme el fallo proferido por la alzada en la causa principal (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil n° RC. 000435 de 25 de octubre de 2010, caso: Juan Carlos Balaguera Villamizar contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A), debiendo excluirse para el cálculo correspondiente los lapsos de paralización de la causa no imputable a las partes, a saber, vacaciones judiciales recesos judiciales por vacaciones o fiestas decembrinas, huelga de empleados tribunalicios y cualquier otro lapso o período de paralización del proceso no imputable a las partes, tomándose como base para ello el Índice Nacional de Precios al Consumidor, emitido por el Banco Central de Venezuela´.

Considero, por lo tanto, que la recurrida infringió de esta forma, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, pues se permitió un exceso en contra de la posición procesal de mi representada, que se tradujo en clara indefensión, pues mi mandante sufrirá los efectos del retardo procesal en su patrimonio, por causa que le son ni le han sido imputables en el curso de este procedimiento.

Estamos ante vicios claros que producen la nulidad de la sentencia recurrida, como lo establece el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.

Al proceder como lo hizo el juez de la recurrida, incurrió en el vicio denunciado y así solicitamos sea declarado.

Por tales motivos, de conformidad con las razones antes señaladas, solicito formalmente a esta Sala que constate el vicio de indeterminación objetiva denunciado y declare con lugar esta denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, anulando la decisión recurrida, a fin de que el juez que corresponda dicte nuevo fallo, sin incurrir en el señalado defecto de actividad…” (Resaltado de lo transcrito)

 

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 12, 15, 243 ordinal 6° y 249 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de indeterminación objetiva, al considerar que la alzada permitió un exceso sobre la indexación en contra de la posición procesal de su representada, lo que le crea indefensión, toda vez que sufrirá los efectos del retardo procesal en su patrimonio.

         Además señaló, que la recurrida recargó sobre el patrimonio de la demandada todo el peso económico del transcurso del tiempo en este proceso, sin tomar en cuenta que la tardanza del mismo no puede serle imputada, por lo que debió excluir de la indexación los lapsos cuyo transcurso no le debe ser imputable a su representada.

         En atención a lo anterior, la Sala en el análisis de la presente delación evidenció que la formalizante en casación lo que pretende acusar es su disconformidad con lo decidido por el ad quem, cuando estableció los parámetros para que sea calculada la indexación judicial, sin que se haya excluido los lapsos cuyo transcurso no le debe ser imputable a su representada, pues, le recargó sobre su patrimonio todo el peso económico del transcurso del tiempo en este proceso, argumentos estos propios de una delación del vicio de incongruencia positiva en su modalidad de ultrapetita y no del vicio de indeterminación objetiva, tal y como fue planteado en su escrito de formalización, por lo que la presente denuncia será conocida de acuerdo con el mencionado vicio que ocasiona la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y no al vicio acusado por el recurrente en casación.

Establecido lo anterior, la Sala pasa a transcribir la parte pertinente del fallo emanado de la alzada a fin de verificar lo delatado por el recurrente en casación, el cual señaló lo siguiente:

 

“…De conformidad con lo anterior, este Tribunal estima procedente el pago de la indexación monetaria del principal demandado (excluidos los intereses), la cual deberá verificarse mediante la experticia complementaria del fallo, de acuerdo al índice general de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas, publicados el Banco Central de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, en virtud del criterio fijado por la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, mediante sentencia de fecha 28 de abril de 2009, con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, número de sentencia 438, Exp. 08-0315. ASÍ SE DECIDE.-

…Omissis…

CAPITULO III

DISPOSITIVA

A la luz de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITNA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; declara:

…Omissis…

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A. por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

…Omissis…

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones ya establecidas en el cuerpo de la presente sentencia, hasta la fecha que quede firme el presente fallo…”.

 

         Por otra parte, la representación judicial de la demandante solicitó la aclaratoria del anterior fallo transcrito, y el ad quem en fecha 9 de marzo de 2.016, estableció lo siguiente:

“… I

Vista la diligencia presentada en fecha 08 de marzo de 2016, por la abogado ANA TERESA ARGOTTI VELASQUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 117.875, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual se dio por notificado de la decisión dictada por este Juzgado, solicita aclaratoria respecto al literal “d.-” del dispositivo del fallo, en virtud de haberse fijado una fecha distinta a los fines de calcular la indexación, de lo peticionado en el libelo de demanda, asimismo, solicita se sirva salvar la omisión de la condenatoria en costas de la parte actora producto del ejercicio del recurso ordinario de apelación, por haber sido confirmada la sentencia dictada por el tribunal de instancia, de conformidad a lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 252 del Código Adjetivo Civil. II

El Tribunal para decidir observa:

…Omissis…

Consecuentemente verificado por este Sentenciador el contenido de la parte dispositiva de la sentencia ut supra mencionada, procede a salvar los errores involuntarios en que se incurrió al condenarse el pago de la indexación desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones ya establecidas en el cuerpo de la sentencia, así como al condenarse en costas a la parte demandada en la presente causa; debe incluirse:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carcas, de fecha 15 de julio de 2014, en consecuencia se confirma el fallo apelado. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A. por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

…Omissis…

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo. (…).

IV

DECISIÓN

En virtud de lo antes expuesto, se salva el error involuntario cometido en la dispositiva del fallo proferido por este Juzgado, en fecha 04 de marzo de 2016, de la siguiente forma:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carcas, de fecha 15 de julio de 2014, en consecuencia se confirma el fallo apelado.

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A. por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

…Omissis…

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo. (…)….”. (Mayúsculas del fallo).

 

         De acuerdo a lo antes transcrito, se tiene que en la aclaratoria efectuada por el ad quem, se condenó a la demandada al pago de la indexación con exclusión de los intereses moratorios, de acuerdo al índice general de precios al consumidor emitido por el Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, el cual, deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de acuerdo con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil que ha de calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha que quede firme el fallo de la alzada.

         Ahora bien, respecto a los lapsos de tiempo que deben excluirse en el cálculo de la indexación, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 714 de fecha 12 de junio de 2.013, caso de Giuseppe Bazzanella, expediente N° 12-348, señaló lo siguiente:

 

“…Sin embargo, debe aclarar esta Sala, que la indexación deberá ser acordada sólo en lo que respecta al monto del capital demandado y no sobre los intereses reclamados, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta el día en que quedó firme el fallo proferido por la alzada en la causa principal (Vid. sentencia de la Sala de Casación Civil n.° RC.000435 de 25 de octubre de 2010, caso: Juan Carlos Balaguera Villamizar contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A.), debiendo excluirse para el cálculo correspondiente los lapsos de paralización de la causa no imputable a las partes, a saber, vacaciones judiciales, recesos judiciales por vacaciones o fiestas decembrinas, huelga de empleados tribunalicios y cualquier otro lapso o período de paralización del proceso no imputable a las partes, tomándose como base para ello el Índice Nacional de Precios al Consumidor, emitido por el Banco Central de Venezuela…”.

 

         De acuerdo a la anterior jurisprudencia, se tiene que para el cálculo numérico de la indexación condenada al pago, se debe excluir los lapsos de paralización de la causa no imputable a las partes, tales como, vacaciones judiciales, recesos judiciales por vacaciones o fiestas decembrinas, huelga de empleados tribunalicios y cualquier otro lapso o período de paralización del proceso no imputable a las partes.

Por otro lado, respecto a los parámetros que ha de utilizar el juez para el cálculo de la indexación judicial, esta Sala mediante sentencia N° RC-288 de fecha 3 de mayo de 2016, caso de Jesús Romero Guiliany, contra Mapfre La Seguridad C.A. de Seguros, expediente N° 2015-706, señaló lo que a continuación se transcribe:

 

“…En armonía con los criterios jurisprudenciales sostenidos en favor del principio de la ejecución de la sentencia, considera la Sala que casar el fallo, aunque el mismo adolezca del vicio que le es endilgado, por un error que -advertido- puede perfectamente ser corregido, incluso en la fase de ejecución de la sentencia de mérito, imposibilite la prosecución del mismo en aras del principio de la tutela judicial eficaz así como que no debe sacrificarse la justicia por la omisión de formalidades, y en beneficio del principio pro actione el cual impone la exigencia de la interpretación del derecho a la ejecución de las sentencias en el sentido más favorable a la ejecución.

Por tanto, en aplicación de tales principios que finalmente buscan con su implementación la realización de la justicia con el menor agravio posible, en este caso para la parte que ha resultado gananciosa, esta Sala considera procedente establecer que el cálculo de la indexación acordada a la cual deberán ajustarse los expertos deberá tener como referencia la fecha de la interposición de la demanda, es decir, el 7 de noviembre de 2.006. Así se establece.

Por lo demás, no puede la Sala pasar por inadvertido errores como el detectado en el sub iudice, que van en desmedro de la obligación de administrar de justicia en el menor tiempo posible; por lo que se hace necesario advertir a los jueces el cuido que deben observar en la oportunidad de hacer la fijación de tales parámetros, pues ello genera, sin duda, un perjuicio para las partes en cuanto a la firmeza de las decisiones y en consecuencia para la ejecución de las mismas, produciéndose un retardo injustificado que desdice de su labor jurisdiccional.

En consecuencia se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide…”. (Resaltado de la Sala).

 

De acuerdo al principio de la ejecución de la sentencia, se considera que casar el fallo aun cuando este inficionado del vicio delatado, por un error que -advertido- puede perfectamente ser corregido, incluso en la fase de ejecución de la sentencia de mérito.

Ahora bien, respecto a lo referido por el recurrente en casación, la Sala observó que el ad quem en su fallo estableció correctamente como parámetro inicial para el cálculo de la indexación condenada al pago, la fecha en la cual se admitió la demanda y como parámetro final señaló la fecha en la cual el fallo de alzada se considere definitivamente firme, todo de acuerdo a la pacífica y constante jurisprudencia de la Sala que al respecto a dictado.

No obstante, tal como fue delatado, en el fallo recurrido no se evidencia que para realizarse el cálculo de la indexación, se hayan excluido los lapsos de paralización de la causa no imputable a las partes, tales como, vacaciones judiciales, recesos judiciales por vacaciones o fiestas decembrinas, huelga de empleados tribunalicios y cualquier otro lapso o período de paralización del proceso no imputable a las partes.

Así pues, en atención al criterio jurisprudencial antes señalado, el cual es perfectamente aplicable a la situación surgida en el presente juicio, pues, tales principios persiguen la realización de la justicia con el menor agravio posible, esta Sala considera procedente establecer que para el cálculo de la indexación judicial acordada por el ad quem, los expertos deberán tener como parámetro inicial de referencia la fecha en la cual fue admitida la demanda incoada y como parámetro final indispensable para dicho cálculo, la fecha del auto que declare que la sentencia se encuentra definitivamente firme, teniendo en cuenta que se deberá excluir de dicho cálculo, los lapsos antes descritos.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

-VII-

         Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de inmotivación, bajo la siguiente fundamentación:

 

Expresa la formalizante, lo que a continuación se transcribe:

“…VII

De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación.

Ciudadanos Magistrados, la recurrida incurre en el vicio de inmotivación, toda vez que no expresa, en la fundamentación de la sentencia, ni en la aclaratoria, cuáles fueron las normas jurídicas sobre las cuales basó la condena de la indexación o corrección monetaria contenida en el dispositivo del fallo impugnado, transgrediendo así la exigencia que le impone el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que el sentenciador debe expresar no solo los motivos de hecho, sino también los motivos de derecho.

En efecto, de una simple lectura de la sentencia recurrida podemos observar que en la motiva de la sentencia de fecha 04 de marzo de 2016, sólo hace análisis de las disposiciones contenidas en los artículos 132 y 305 del Código de Comercio, 35 de los estatutos de mi representada y 1.159 del Código Civil a los fines de declarar la procedencia de la pretensión, en cuanto al capital, y ordena realización de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de la determinación de los intereses de mora y la indexación judicial, como sí lo hace con los intereses (vgr. Artículo (sic) 108 del Código de Comercio); en la aclaratoria, de fecha 9 de marzo de 2.016, reitera los términos en que ordena el cálculo de la indexación, pero no ofrece las razones jurídicas o normas de Derecho (sic) en las que fundamenta su condena por tal concepto.

En este caso, la inmotivación radica específicamente en los siguientes hechos:

En primer lugar, la recurrida no establece las razones de Derecho (sic) por la cuales considera que es procedente la corrección monetaria; simplemente condena la indexación o corrección monetaria, arguyendo que “…el envilecimiento del signo monetario por efecto de la inflación ha erosionado la capacidad adquisitiva del dinero, por ello, ordenar el pago sólo al monto que nominalmente ha quedado establecido, sin tomar en consideración la capacidad de compra de esas cantidades implicaría una disminución o erosión patrimonial del beneficiario”.

En segundo lugar, la recurrida establece que la indexación deberá calcularse ‘…Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo´, sin emitir ninguna consideración, ni de hecho ni de Derecho (sic), sobre tal forma de cálculo, inadvirtiendo el criterio reiterado de la Sala de Casación Civil y la Sala Constitucional, ambas del Tribunal supremo de Justicia, en cuanto a la exclusión de periodos no imputables a la parte demandada. En este sentido, las decisiones No. RC:000549, del 6 de agosto de 2012, dictada por la Sala de Casación Civil, y No. (sic) 714 del 12 de junio de 2013, dictada por la Sala Constitucional, establece la forma de cálculo de la corrección monetaria, con expresa exclusión de ciertos periodos. En efecto, la decisión No. 714, del 12 de junio de 2.013, caso Giuseppe Bazzanella, en la que declaró Ha Lugar la revisión constitucional, estableció que:

“Sin embargo, debe aclarar esta Sala, que la indexación deberá ser acordada sólo en lo que respecta al monto del capital demandado y no sobre los intereses reclamados, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta el día hasta el día en que quedó firme el fallo proferido por la alzada en la causa principal (Vid, sentencia de la Sala de Casación Civil n°. RC.000435 de 25 de octubre de 2010 caso: Juan Carlos Balaguera Villamizar contra Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A.), debiendo excluirse para el cálculo correspondiente los lapsos de paralización de la causa no imputable a las partes, a saber, vacaciones judiciales, recesos judiciales por vacaciones o fiestas decembrinas, huelga de empleados tribunalicios y cualquier otro lapso o periodo de paralización del proceso no imputable a las partes, tomándose como base para ello el Índice Nacional de Precios al Consumidor, emitido por el Banco Central de Venezuela.”

En tercer lugar, siendo no menos importante, la recurrida, sin esgrimir motivo alguno, ordenó el cálculo de la corrección monetaria, utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas, y no el Índice Nacional, tal como lo ha establecido de manera reiterada esta Sala de Casación Civil. Este hecho es importante, pues la utilización de un índice o de otro hace recaer en cabeza de mi representada una mayor carga en cuanto a la corrección monetaria, pues el Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas resulta ser de mayor entidad, al no completar la situación económica inflacionaria del país, sino de una sola localidad, como lo es Caracas.

Al proceder como lo hizo el juez de la recurrida, incurrió en el vicio denunciado y así solicitamos sea declarado.

Por tales motivos, de conformidad con las razones antes señaladas, solicito formalmente a esta sala que constate el vicio de inmotivación denunciado y declare con lugar esta denuncia de infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, anulando la decisión recurrida, al fin de que el juez que corresponda dicte nuevo fallo, sin incurrir en el señalado defecto de actividad…” (Subrayado y cursivas del texto)

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que la formalizante, le imputa a la recurrida la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio de inmotivación, toda vez que no expresa, en la fundamentación de la sentencia, ni en la aclaratoria, cuáles fueron las normas jurídicas sobre las cuales basó la condena de la indexación o corrección monetaria contenida en el dispositivo del fallo impugnado.

         Destacó la formalizante, que la recurrida no establece las razones de derecho por la cuales considera que es procedente la corrección monetaria o indexación y simplemente condenó el pago de ese concepto, y al ordenar su cálculo, señaló que se utilice como referencia el Índice de Precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas y no el Índice Nacional.

Ahora bien, la inmotivación del fallo constituye un vicio de estricto orden formal de la sentencia y en ese sentido, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal 4° consagra, que toda decisión debe contener los motivos de hecho y de derecho que la sustenten o fundamenten.

Así pues, la motivación de la sentencia, como requisito de forma está constituida por el conjunto de razonamientos lógicos, expresados por el juez al analizar los hechos alegados y probados por las partes y subsumirlos en las normas y principios jurídicos que considera aplicables al caso. El cumplimiento de este requisito es necesario para que las partes puedan comprender las razones del fallo, para que queden convencidas que lo decidido es objetivo, justo y no arbitrario, y en caso de desacuerdo, ejercer el control de la legalidad de lo decidido, mediante el ejercicio de los recursos pertinentes. (Cfr. Sentencia N° RC-199 de fecha 2 de abril de 2.014, caso de Franklin Gutiérrez contra C.A. de Seguros La Occidental).

Establecido lo anterior, la Sala pasa a transcribir el extracto pertinente del fallo de alzada, que indicó lo siguiente:

 

 “…De conformidad con lo anterior, este Tribunal estima procedente el pago de la indexación monetaria del principal demandado (excluidos los intereses), la cual deberá verificarse mediante la experticia complementaria del fallo, de acuerdo al índice general de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas, publicados el Banco Central de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior, en virtud del criterio fijado por la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, mediante sentencia de fecha 28 de abril de 2009, con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, número de sentencia 438, Exp. 08-0315. ASÍ SE DECIDE.-

…Omissis…

Así mismo, (sic) en cuanto a la corrección monetaria, es procedente acordarla toda vez que el envilecimiento del signo monetario por efecto de la inflación ha erosionado la capacidad adquisitiva del dinero, por ello, ordenar el pago sólo al monto que nominalmente ha quedado establecido, sin tomar en consideración la capacidad de compra de esas cantidades implicaría una disminución o erosión patrimonial del beneficiario. Así se decide.

…Omissis…

CAPITULO III

DISPOSITIVA

A la luz de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITNA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; declara:

…Omissis…

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A. por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

…Omissis…

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones ya establecidas en el cuerpo de la presente sentencia, hasta la fecha que quede firme el presente fallo…”.

 

         Posteriormente, el ad quem en fecha 9 de marzo de 2.016, en respuesta a la solicitud de aclaratoria efectuada por la demandante, señaló lo siguiente:

“…I

Vista la diligencia presentada en fecha 08 de marzo de 2016, por la abogado ANA TERESA ARGOTTI VELASQUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 117.875, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante la cual se dio por notificado de la decisión dictada por este Juzgado, solicita aclaratoria respecto al literal “d.-” del dispositivo del fallo, en virtud de haberse fijado una fecha distinta a los fines de calcular la indexación, de lo peticionado en el libelo de demanda, asimismo, solicita se sirva salvar la omisión de la condenatoria en costas de la parte actora producto del ejercicio del recurso ordinario de apelación, por haber sido confirmada la sentencia dictada por el tribunal de instancia, de conformidad a lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 252 del Código Adjetivo Civil. II

El Tribunal para decidir observa:

…Omissis…

Consecuentemente verificado por este Sentenciador el contenido de la parte dispositiva de la sentencia ut supra mencionada, procede a salvar los errores involuntarios en que se incurrió al condenarse el pago de la indexación desde la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones ya establecidas en el cuerpo de la sentencia, así como al condenarse en costas a la parte demandada en la presente causa; debe incluirse:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carcas, de fecha 15 de julio de 2014, en consecuencia se confirma el fallo apelado. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A. por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

…Omissis…

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo. (…).

 

 

IV

DECISIÓN

En virtud de lo antes expuesto, se salva el error involuntario cometido en la dispositiva del fallo proferido por este Juzgado, en fecha 04 de marzo de 2016, de la siguiente forma:

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carcas, de fecha 15 de julio de 2014, en consecuencia se confirma el fallo apelado.

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A. por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

…Omissis…

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo. (…)….”. (Mayúsculas del fallo).

 

         De acuerdo a lo antes transcrito, se tiene que en la aclaratoria efectuada por el ad quem, se condenó a la demandada al pago de la indexación con exclusión de los intereses moratorios, de acuerdo al índice general de precios al consumidor emitido por el Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, el cual, deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de acuerdo con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, que ha de calcularse desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha que quede firme el fallo de la alzada.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil mediante sentencia N° RC-145 de fecha 5 de abril de 2011, caso: Carlos Hernández contra Monagas Plaza C.A., al pronunciarse sobre los presupuestos de la indexación estableció que “…la indexación constituye un fenómeno autónomo que obedece a circunstancias objetivas respecto de obligaciones económicas…”.

En este sentido, explicó el fenómeno de la inflación como presupuesto de la indexación y el cual radica en un aumento generalizado de los precios, que utiliza un índice global (índices del costo de la vida). Así, la indexación desde el punto de vista de la teoría económica, constituye un mecanismo de adecuación automática de una cifra económica (valor o precio) a la variación de otras cifras de referencia, usualmente el aumento de precio, en consecuencia, la indexación está referida a un procedimiento de revisión de precios, que se obtiene al ligar las variaciones de un valor de elementos de referencia a un índice determinado.

Por su parte, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia N° 576 de fecha 20 de marzo de 2.006, expresó respecto del fenómeno de la inflación en relación con las  obligaciones extracontractuales o de daños y perjuicios, que los daños (emergente y lucro cesante) se liquidan efectivamente para el momento del pago, por lo que es a los precios para esa oportunidad que se calculan, de allí que conceptualmente la indexación no tiene lugar frente a una obligación de valor. Aún más, en relación con los gastos demandados aún no pagados a la víctima (accionante), si en ambos casos (contractual o extracontractual) los daños han quedado probados, pero no se conoce su monto y deban ser resarcidos; la experticia complementaria del fallo se hace obligatoria, y el cálculo de los expertos necesariamente se hará con base en los precios para la época de dicha experticia, por lo que no hay realmente una indexación, a pesar que se ha venido usando ese vocablo para identificar este resarcimiento.

Como puede advertirse, lo anterior no es otra cosa que el reconocimiento expreso de que la obligación de reparar tales daños consiste en una obligación de valor y como tal está sujeta al principio de integridad de la reparación, esto quiere decir que, ante la depreciación monetaria o devaluación el propósito de la reparación del daño en dinero es restablecer lo más ajustado posible el equilibrio patrimonial alterado. De allí que, en virtud del citado principio de integridad de la reparación, la inflación se resuelve estimando el valor del daño a la fecha de su efectiva reparación.

Ahora bien, contrariamente a lo delatado por el recurrente en casación, el fallo del ad quem se encuentra motivado, dado que por una parte expresa:

 

“….Así mismo, (sic) en cuanto a la corrección monetaria, es procedente acordarla toda vez que el envilecimiento del signo monetario por efecto de la inflación ha erosionado la capacidad adquisitiva del dinero, por ello, ordenar el pago sólo al monto que nominalmente ha quedado establecido, sin tomar en consideración la capacidad de compra de esas cantidades implicaría una disminución o erosión patrimonial del beneficiario. Así se decide…”

 

Y en su dispositivo señala:

 

“…SEGUNDO: CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano José Luis García Álvarez contra la sociedad mercantil Cartón de Venezuela, C.A. por cobro de bolívares, en consecuencia se condena a la demandada a pagar:

…Omissis…

d- A pagar el respectivo ajuste inflacionario o indexación del capital demandado (excluidos los intereses), de acuerdo al índice general de precios al consumidor del Banco Central de Venezuela para el Área Metropolitana de Caracas, que deberá calcularse a través de experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha que quede firme el presente fallo. (…)….”. (Mayúsculas del fallo).

 

Y de acuerdo a la declaratoria con lugar de la demanda incoada, consideró procedente condenar a la demandada al pago de la indexación o corrección monetaria y por ello, ordenó el respectivo cálculo con el debido señalamiento que se utilice como referencia el Índice General de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas.

Ahora bien, es importante destacar que el presente juicio fue incoado y sustanciado ante los juzgados de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y por ende, es correcta y lógica la disposición del ad quem en señalar que se aplique como referencia el Índice General de Precios al Consumidor para el Área Metropolitana de Caracas emanado del Banco Central de Venezuela y no otro índice referencial ajeno a esta circunscripción judicial, lugar en el cual se conoció y decidió el juicio.

Motivo por el cual, si la formalizante no está de acuerdo con lo decidido por el ad quem en referencia a la condenatoria del pago de la indexación o ajuste por inflación, debió realizar la respectiva denuncia por infracción de ley delatando la violación de máximas de experiencia por parte del juez, y no realizarla mediante la presente delación por supuesta inmotivación del fallo, y de esta forma discutir los motivos por los cuales considera que se debían aplicar los índices General de Precios al Consumidor a Nivel Nacional y no los del Área Metropolitana de Caracas.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 506 eiusdem y 1.354 del Código Civil, por falta de aplicación, bajo el siguiente motivo:

 

Señala la formalizante:

“…-I-

De conformidad con el numeral 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por parte de la recurrida, de los artículos 506 eiusdem y 1.354 del Código Civil, por falta de aplicación.

Fundamento la presente denuncia en lo siguiente:

Como es sabido, los artículos 506 del Código de procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil establecen las reglas relativas a la carga de la prueba. De ambos artículos se puede deducir el siguiente enunciado: quien alega la existencia de una obligación, debe probarla. De forma más específica, debemos señalar que si el nacimiento o exigibilidad de una obligación está sujeto al cumplimiento de varios requisitos, el demandante deberá probar el cumplimiento de todos esos requisitos con el fin de acreditar la existencia del derecho que invoca.

En el presente caso, tenemos que el demandante afirma haberse desempeñado como uno de los Directores o Miembros Principales de Cartón de Venezuela, C.A y así mismo alega la existencia de una obligación de fuente convencional en cabeza de mi representada, como lo es la relativa al supuesto derecho del actor a percibir el pago de un porcentaje sobre las utilidades liquidas luego de impuesto, reportadas por la compañía al cierre de cada ejercicio económico anual, desde el ejercicio del año 2001 y hasta el ejercicio del año 2007. En efecto, el actor fundamentó su pretensión de cobro en el artículo 35 de los estatutos sociales de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A., disposición ésta que el actor produjo como parte de sus alegatos en el libelo de la demanda.

En relación con lo anterior, en el segundo párrafo de la segunda página del escrito libelar puede leerse lo siguiente:

‘(…) de las utilidades liquidas después de impuesto, se apartará (…) un 3% para los Miembros de la Junta Directiva, como participación especial en las utilidades netas de la empresa. en caso que algún miembro Principal no asista a alguna reunión de la Junta Directiva, su suplente tendrá derecho a recibir la respectiva participación en los beneficios (…).

Cómo puede observarse, y de acuerdo con lo descrito en libelo de la demanda, el actor tenía que haber demostrado el cumplimiento en forma concurrente de los siguientes extremos, necesarios para acreditar la existencia de un derecho pecuniario en su favor, a saber:

a) Que al cierre de cada ejercicio de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A. desde el año 2001y hasta el 2007, luego del pago de impuestos, se hubiesen obtenido utilidades liquidas que repartir;

b) Que el ciudadano José Luis García Álvarez hubiese tenido la condición de Director o Miembro Principal de la Junta Directiva durante el referido periodo, y

c) Que el ciudadano José Luis García Álvarez hubiese asistido a todas las reuniones de Junta Directiva celebradas durante cada ejercicio económico desde el año 2001 hasta el 2007, ambos inclusive. (se hace énfasis en la asistencia a todas las reuniones  de junta directiva en el periodo 2001-2007, ya que el actor demanda la totalidad del monto por participaciones anuales, no fracciones de las mismas).

Posteriormente, en la sexta página del libelo (de acuerdo con la numeración propia del escrito), puede leerse la siguiente afirmación:

‘Es el caso que la empresa CARTÓN DE VENEZUELA S.A., no me pagó en sus respectivas fechas ningunas de las cantidades de dinero que por derecho asignado en el Artículo 35 de los Estatutos Sociales me corresponden´.

Luego, como puede verse, el actor afirma ser titular del derecho descrito en el artículo 35 de los estatutos, o lo que es lo mismo afirma haber cumplido con las previsiones del artículo 35 de los Estatutos para poder hacerse acreedor

A tal derecho.

Por otro lado, es necesario destacar que mi representada negó de forma absoluta y total en el Capítulo Primero del escrito de contestación de la demanda de derecho invocado por el actor, en los términos que a continuación se transcribe:

‘En nombre y representación de la sociedad mercantil demandada, CARTÓN DE VENEZUELA, S.A., niego, rechazo y contradigo la demanda interpuesta, por tanto en los hechos alegados por el actor, como en el derecho que de ello se pretende deducir´.

Se aclara que la defensa expuesta en el capítulo I de la contestación incluye una negativa absoluta de los hechos invocados por el actor y del derecho aducido por éste, pero obviamente no implica desconocimiento de la existencia de los estatutos de mi representada o del artículo 35 de los mismos, cuyo texto fue reproducido en instancia por ambas partes, por lo que la redacción del referido artículo constituye un hecho no controvertido.

Ahora bien, de acuerdo con las reglas relativas a la carga de la prueba antes citadas, era al actor a quien correspondía probar los tres extremos necesarios para acreditar el nacimiento del derecho patrimonial invocado, a saber: a) utilidades líquidas a repartir, b) la condición de Miembro Principal de la Junta Directiva, y c) asistencias ala reuniones de Junta Directiva.

Sin embargo, es el hecho que el demandante no promovió, en el lapso procesal correspondiente, ningún medio de prueba destinado a demostrar que hubiese asistido a todas las reuniones de Junta directiva habidas en el período 2001-2007.

En la sentencia hoy recurrida tampoco se hace mención alguna de que el actor hubiese logrado acreditar su asistencia a las reuniones de Junta Directiva.

Así las cosas, tenemos que el demandante no logró demostrar un requisito indispensable para poder ser acreedor al beneficio contemplado en el artículo 35 de los Estatutos Sociales.

No obstante lo anterior, tenemos que la recurrida dio por demostrada la existencia del derecho invocado por el actor y en consecuencia, el literal a) del Segundo Punto de la Dispositiva condenó a mi representada al pago de una cantidad de Ochocientos Nueve Mil Quinientos Seis Bolívares con Trece Céntimos (Bs. 809.506,139), señalando que la condenan al pago de dicha cantidad era (y cito):”por concepto de participación en las utilidades netas de la empresa después de impuesto, con ocasión del desempeño como Director Principal de la Junta Directiva(…).

Al actuar de esta manera, la recurrida infringió por falta de aplicación, los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, ya que de haber aplicado dichos artículos (que no fueron si quiera mencionados por el Juzgado Superior, pues la única referencia que de dichos artículos se observa en documento que contiene la sentencia recurrida es en la larga cita o transcripción que se hizo del fallo de primera instancia), la sentencia habría verificado indefectiblemente el incumplimiento de la carga probatoria correspondiente al demandante, quien no logró presentar medio de prueba alguno que acreditase el cumplimiento del requisito de asistencia a todas las reuniones de Junta Directiva en el periodo 2001-2007…” (Destacado de lo transcrito)

 

La Sala, para decidir observa:

La formalizante delata la falta de aplicación de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, al considerar que la recurrida de haber aplicado dichos artículos habría verificado indefectiblemente el incumplimiento de la carga probatoria correspondiente al demandante, quien no logró presentar medio de prueba alguno que acreditase el cumplimiento del requisito de asistencia a todas las reuniones de la junta directiva en el periodo comprendido entre los años 2001 al 2007.

Por otro lado, respecto al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica expresa, el mismo se produce cuando se niega vigencia a una norma dispuesta para resolver el conflicto, y sobre este particular, esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, señalando que “…si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó…”.  (Sentencia N° 132 de fecha 1 de marzo de 2012, caso de Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros, expediente N° 11-299).

Ahora bien, los delatados artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, estatuyen expresamente lo siguiente:

 

“Artículo 506.- Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.

Los hechos notorios no son objeto de prueba.

Artículo 1.354.- Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.”

 

En ese orden de ideas conviene mencionar, que la Sala en sentencia Nº RC-193 de fecha 25 de abril de 2003, caso Dolores Morante Herrera contra Domingo Antonio Solarte y otro, criterio ratificado, entre otros, mediante el fallo Nº 199 de fecha 2 de abril de 2014, caso Franklin René Gutiérrez Andradez, contra C.A. De Seguros La Occidental, dejó asentado lo siguiente:

 

“...En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación.

 

…Omissis…

 

…cuando el demandado no se encierra en la pura negación de las pretensiones, sino que expone razones de hecho para discutirlas, adopta en el proceso una actitud dinámica, y la contienda procesal se desplaza de la pretensión, a las razones que la enervan, y el riesgo de la falta de pruebas también se desplaza, porque el actor no tiene que probar nada, pues no es de la realidad de su pretensión de lo que se trata, sino de las razones contendientes de aquellas. (GF. N° 17 (2° etapa) p 63)...”.

 

…Omissis…

 

...en sentencia N° 170 de fecha 26 de junio de 1991, caso Roberto Cordero Torres contra Guido Leopardi y otros, la Sala indicó:

 

“...Reus in exceptione fit actor...” se refiere a una actitud específica del demandado. En efecto, el reo puede adoptar distintas posiciones frente a las pretensiones del actor, a saber:

 

a) Convenir absolutamente o allanarse a la demandada. El actor queda exento de prueba.

 

b) Reconocer el hecho, pero atribuyéndole distinto significado jurídico. Toca al juez “decir” el derecho.

 

c) Contradecir o desconocer los hechos, y por tanto, los derechos que de ellos deriven. El actor corre con toda la carga de la prueba y de lo que demuestre en el proceso depende el éxito y el alcance de sus pretensiones.

 

d) Reconocer el hecho con limitaciones, porque opone al derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo. Al reo le corresponde probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas...”. (Negrillas del fallo citado de la Sala).

 

En atención a las normas citadas y al precedente jurisprudencial antes transcrito, se pone de manifiesto que si el demandado se limita únicamente a efectuar una simple negación de las afirmaciones del actor, corresponderá entonces al actor toda la carga de la prueba. No obstante, si surge una actitud dinámica del demandado en la cual no se circunscriba a la contradicción pura y simple de la pretensión de su oponente, sino que exponga particulares razones de hecho para discutirlas, precisamente porque presenta entre esas razones hechos impeditivos, modificativos o extintivos de las pretensiones de su contraparte, está asumiendo la carga de la prueba, por tanto, de lo que logre demostrar en ese sentido, dependerá su triunfo.

Al respecto es importante acotar, que para que se considere procedente la inversión de la carga de la prueba, la parte que tiene interés en hacer valer sus defensas o excepciones, debe demostrar que los hechos que opone son de tal pertinencia a las pretensiones de su contraparte y de significativa relevancia, que sean capaces de impedir, modificar o extinguir dichas pretensiones. Lo que implica, que no cualquier hecho puede dar lugar a la referida inversión.

Precisado lo anterior, a los fines de verificar la existencia de la infracción delatada, la Sala estima necesario transcribir parte de la sentencia recurrida:

 

“…SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA:

 

Se da inicio a la presente causa por libelo presentado ante Unidad de recepción y Distribución de Causas de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de fecha 08 de junio de 2012, quedando para conocer de la misma al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de ésta Circunscripción Judicial, el cual la admitió en fecha 12 del mismo mes y año.

 

La actora en su escrito libelar alegó lo siguiente:

 

Que los estatutos de la empresa CARTON DE VENEZUELA, S.A., establecen que la misma sería administrada por una Junta Directiva compuesta por once (11) Directores Principales, quienes tendrán sus respectivos suplentes personales, accionistas o no, a fin de suplir las faltas temporales o absolutas de sus respectivos principales, quienes durarían un (1) año en sus cargos, lo cual consta de anexo de la demanda marcado “A”.

 

Que el artículo 35 de los estatutos sociales establece que de las utilidades líquidas después de impuestos, se apartarán:

 

a- Un 5% para formar el fondo de reserva legal, hasta completar el 10% del capital social;

 

b- Un 3% para los miembros de la junta directiva, como participación especial en las utilidades netas de la empresa y que en caso que algún miembro principal no asista a alguna reunión de la junta directiva, su suplente tendrá derecho a recibir la respectiva participación en los beneficios, pero si el suplente que asista a dicha reunión fuere un funcionario o empleado de la compañía, a tiempo completo, éste no tendrá derecho a participación especial sino que ellas la recibirá el principal, aún cuando no asista a la reunión;

 

c- El remanente será distribuido en la forma que disponga la junta directiva, la cual podrá crear o destinar a diversos fondos las sumas que juzgue necesarias para prestaciones sociales, desarrollo de la compañía, mejoramiento de sus instalaciones o cualquier otro objeto conveniente a los intereses de la sociedad.

 

Que el demandante fue anualmente designado por las asambleas generales de accionistas y se desempeñó como uno de los once (11) directores principales que habrían de regir los destinos de la sociedad, desde el período 1999-2000, hasta el período 2007-2008, siendo designado como director suplente para el período 2008-2009.

 

Que paralelamente el demandante mantuvo con la empresa CARTÓN DE VENEZUELA, S.A., una relación de carácter laboral desde el 1º de octubre de 1981, ejerciendo como último cargo el de Vicepresidente de Contraloría y Finanzas hasta el 31 de mayo de 2010, por renuncia del cargo, pagándole la empresa sus prestaciones sociales.

 

Que conforme a lo señalado en el artículo 35 de los estatutos sociales, le correspondía recibir cantidades como participación especial, una suma de dinero anual equivalente al 3% en las utilidades líquidas de la empresa, después de impuestos, es decir, que ese 3% debía ser pagado en proporciones iguales a los once (11) directores principales que conformaban la junta directiva, como lo establece el artículo 20 de los estatutos sociales.

 

Que anualmente la asamblea general de accionistas aprobó el informe de la junta directiva, con vista al informe del comisario y el balance general y los estados de ganancias y pérdidas, siendo que en cada período se evidenciaron ganancias líquidas, de la siguiente forma:

 

Fecha de cierre del ejercicio: Ganancias luego de impuesto: 3% entre 11 directores:

 

31/12/2001 Bs. 7.843.009,00 Bs. 235.290,27 Bs. 21.390,02
31/12/2002 Bs. 16.330.746,00 Bs. 489.922,38 Bs. 44.538,40
31/12/2003 Bs. 46.502.513,00 Bs. 1.395.075,39 Bs. 126.825,04
31/12/2004 Bs. 67.175.515,00 Bs. 2.015.265,45 Bs. 183.205,95
31/12/2005 Bs. 62.211.129,00 Bs. 1.866.333,87 Bs. 169.666,72
31/12/2006 Bs. 51.617.000,00 Bs. 1.548.510,00 Bs. 140.773,64
31/12/2007 Bs. 45.139.000,00 Bs. 1.354.170,00 Bs. 123.106,36.

 

Que la demandada CARTÓN DE VENEZUELA, S.A. no le pagó a la demandante ninguna de las indicadas cantidades de dinero que le correspondían por derecho establecido en el artículo 35 de los estatutos sociales de la empresa, adeudándole para la fecha de interposición de la demanda la suma de Bs. 809.506,13.

 

Que la falta de pago de dichas cantidades de dinero devengan de pleno derecho intereses moratorios calculados a la tasa del 12% anual, por disposición del artículo 108 del Código de Comercio, que para la fecha de interposición de la demanda alcanzaban la suma de Bs. 632.102,07.

 

Que la parte demandante remitió a la empresa CARTÓN DE VENEZUELA, S.A. diversas cartas y telegramas de cobro, cuyo contenido transcribe en el libelo de demanda, sin que tuviera respuesta alguna.

 

Acompañó dichas comunicaciones al libelo de demanda, marcadas con las letras D, E, F y G, y acuse de recibo marcado H.

 

Que acompañó legajos de copias certificadas marcadas A, B y C, emanadas del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, que contiene copias certificadas de las asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas de la empresa CARTÓN DE VENEZUELA, S.A., donde consta la discusión y aprobación de los balances con vista del informe de la Junta Directiva, junto al informe del Comisario, en la siguiente forma:

 

a- En la asamblea celebrada el 13/5/2002, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2001, siendo registrada en fecha 8/7/2002, bajo el Nº 8, tomo 107-A Pro.;

 

b- En la asamblea celebrada el 4/4/2003, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2002, siendo registrada en fecha 12/5/2003, bajo el Nº 40, tomo 54-A Pro.;

 

c- En la asamblea celebrada el 8/1/2004, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2003, siendo registrada en fecha 12/1/2004, bajo el Nº 76, tomo 1-A Pro.;

 

d- En la asamblea celebrada el 17/1/2005, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2004, siendo registrada en fecha 27/1/2005, bajo el Nº 51, tomo 8-A Pro.;

 

e- En la asamblea celebrada el 8/2/2006, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2005, siendo registrada en fecha 23/2/2006, bajo el Nº 35, tomo 23-A Pro.; 

 

f- En la asamblea celebrada el 15/2/2007, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2006, siendo registrada en fecha 12/3/2007, bajo el Nº 22, tomo 30-A Pro.; y,  g- En la asamblea celebrada el 10/3/2008, se aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2007, siendo registrada en fecha 9/4/2008, bajo el Nº 66, tomo 33-A Pro.

 

Que de dichas asambleas se evidencia la obtención de utilidades líquidas, luego de deducidos impuestos, para el cierre de los años 2001 al 2007, cuyo 3% equivale a la suma de Bs. 8.904.567,36, que divididos entre los 11 miembros que integraban la Junta Directiva, da para cada uno de ellos la suma de Bs. 809.506,13 y su falta de pago oportuno generó intereses que para el momento de interposición de la demanda alcanzaban la suma de Bs. 632.102,07.

 

Que la obligación de pago que tiene la empresa CARTÓN DE VENEZUELA, S.A. con el demandante nace del artículo 35 de sus estatutos sociales, que expresamente señala: “… de las utilidades líquidas después de impuesto, se apartará:

 

a) un 5% para formar el Fondo de Reserva legal hasta tanto éste alcance un 10% del capital social;

 

b) un 3% para los Miembros de la Junta Directiva, como participación especial en las utilidades netas de la empresa”.

 

Que el artículo 20 de los mismos estatutos sociales dispone: “La Compañía será administrada por una Junta Directiva compuesta de once (11) Directores Principales quienes tendrán sus respectivos suplentes personales, accionistas o no, a fin de suplir las faltas temporales o absolutas de sus respectivos principales…”.

 

Que dichos estatutos sociales, aprobados el 31/8/1998 constituyen la prueba de la obligación a tenor de lo dispuesto por el artículo 124 del Código de Comercio.

 

Que como consecuencia de lo anterior, demanda a la sociedad mercantil CARTÓN DE VENEZUELA, S.A., en la persona de su representante judicial, ciudadano CRISTÓBAL MENDOZA, para que convenga o sea condenada al pago de las siguientes cantidades de dinero:

 

1- Bs. 809.506,13, por concepto de participación en las utilidades netas de la empresa después de impuesto, con ocasión del desempeño del demandante como Director Principal de la misma durante los períodos de los años 2001 al 2007;

 

2- Bs. 632.102,07, por concepto de intereses calculados a la tasa del 12% anual, hasta la fecha de interposición de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio;

 

3- Los intereses que se sigan causando desde la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha en que se dicte sentencia definitivamente firme en esta causa, calculados a la tasa del 12% anual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio, el cual solicita que sea calculado por experticia complementaria del fallo, tal como lo dispone el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil;

 

4- Que se condene en costas a la parte demandada; y,

 

5- Que se ordene la indexación del principal indicado en el primer punto del petitorio, de acuerdo a los índices de precios al consumidor para el área metropolitana de Caracas publicados por el Banco Central de Venezuela desde la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha en que se dicte sentencia definitivamente firme en esta causa, lo cual solicita que sea calculado por experticia complementaria del fallo, tal como lo dispone el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

 

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

 

En fecha 12 de diciembre de 2012, la abogada LISTNUBIA MÉNDEZ, en su carácter de apoderada judicial de la demandada, sociedad mercantil CARTÓN DE VENEZUELA, S.A., consignó escrito mediante el cual dio contestación a la demanda, en los términos siguientes:

 

Rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes la demanda interpuesta en contra de su representada, tanto en los hechos como en el derecho.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.980 del Código Civil, alega como defensa perentoria la prescripción de la acción propuesta, por cuanto dicha norma establece que se prescribe por 3 años todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.

 

Que en el presente caso la actora demanda el pago por concepto de participación especial en las utilidades netas de la sociedad mercantil, en razón de su supuesta condición de director principal durante los períodos 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2007-2008, conforme lo establecido en el artículo 35 de los estatutos sociales de la empresa demandada, que fija dicha participación en el 3% de las utilidades netas después de impuestos y a ser distribuida entre los 11 directores principales que conforman la junta directiva.

 

Alega el actor que tales pagos debían hacerse inmediatamente después de que la respectiva asamblea aprobara el informe de la junta directiva de la sociedad junto con el informe del comisario y los estados de ganancias y pérdidas para el ejercicio económico respectivo.

 

Sostiene que es evidente que en el caso bajo examen operó la prescripción extintiva de la acción propuesta en los términos establecidos en el artículo 1.980 del Código Civil, pues la participación especial en las utilidades líquidas de la sociedad, reclamadas por el actor en razón de su supuesta condición de Director Principal durante los períodos de 1999 al 2008, constituye una típica obligación que, en el supuesto de ser procedente, debía pagarse anualmente.

 

Manifiestan a todo evento, y en el supuesto negado que el Tribunal entienda que el lapso de prescripción aplicable en el caso bajo examen sea el ordinario decenal previsto en el artículo 132 del Código de Comercio, que la prescripción de la anualidad relacionada con la asamblea general extraordinaria de fecha 13/5/2002, prescribió en fecha 13 de mayo de 2005.

 

Desconoció en su contenido y firma los documentos acompañados a la demanda, marcados con las letras “D” y “E”, manifestando que no se encuentran suscritos por persona capaz de obligar a la demandada.

 

Que los documentos acompañados a la demanda marcados “F” y “G” no son oponibles a la demandada, por cuanto carecen de firma autógrafa alguna de la demandada o de persona capaz de obligarla.”

 

(…omissis…)

 

Por su parte, la Sala de Casación Civil casó el fallo proferido por el Juzgado Superior Primero de la misma competencia y Área, sobre la base de que el fallo impugnado en casación aplicó la perención breve contenida en el artículo 1.980 del Código Civil, por lo que anuló el fallo por falsa aplicación, pues determinó que siendo la relación de las partes de índole mercantil, la prescripción aplicable al caso es la contenida en el artículo 132 del Código de Comercio.

 

Así las cosas, se advierte que del análisis de los elementos probatorios aportados por las partes, así como de los alegatos esgrimidos por cada una de ella, se puede inferir claramente que acatando la doctrina vinculante emitida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia para el presente caso, debe en primer lugar desecharse la defensa de prescripción sostenida por la representación judicial de la demandada, toda vez que la misma se basa en lo dispuesto en la prescripción breve de las obligaciones de tracto sucesivo de índole civil, no pudiendo se aplicada dicha normativa al ámbito mercantil puesto que para ello el artículo 132 del Código de Comercio establece claramente la prescripción de las acciones mercantiles en diez años, salvo las excepciones que la propia ley mercantil prevé y que no se corresponden con el presente caso, por ello, siendo que tal y como quedó demostrado y admitido por ambas partes, las obligaciones demandadas nacen en fechas: 31/12/2001; 31/12/2002; 31/12/2003; 31/12/2004; 31/12/2005; 31/12/2006; y 31/12/2007.

 

Por otra parte se aprecia que el derecho a cobrar de mayor antigüedad dentro de lo pretendido por el actor se corresponde al ejercicio económico que terminó en fecha 31/12/2001, que señala utilidad neta de Bs. 7.843.009, según la asamblea de accionistas celebrada el 13/5/2002, que a su vez aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio culminado el 31/12/2001, siendo registrada la misma en fecha 8 de julio de 2002, bajo el Nº 8, tomo 107-A Pro. Ante el Registro Mercantil Primero ya señalado; con ello, se puede establecer con claridad que a partir de ésta última fecha comienza a computarse el lapso de prescripción decenal establecida en el artículo 132 del Código de Comercio, por tanto, el último día que podía verificar la prescripción extintiva en el presente caso era el 7 de julio de 2012; de otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 1.969 del Código Civil, el lapso de prescripción se interrumpió por efecto de las misivas dirigidas por el demandante a la demandada exigiendo el pago de las cantidades de dinero debidas y acompañadas al libelo de la demanda marcadas con “D” y “E” cursantes a los folios 319 al 322, las cuales como ya se expuso, fueron valoradas positivamente por este tribunal superior mediante prueba de cotejo practicada en juicio, cuyas resultas acoge este Tribunal, corresponden a las ciudadanas ROSA JULIA CASTELLANOS en cuando a la marcada “D” y a MARÍA E. PRATO en cuanto a la marcada “E”, empleadas de la demandada conforme quedó probado mediante la prueba de informes requerida a la Superintendencia de Bancos, y que a la vez se solicitara informes al Banco de Venezuela, que expresa que las mencionadas ciudadanas mantienen una cuenta de nómina en dicha institución financiera, siendo que la empresa CARTÓN DE VENEZUELA, S.A. realiza abonos por concepto de pago de nómina (sueldo) a las mismas y que son suficientes para demostrar la notificación del actor de exigir el pago de lo adeudado y recibidas en fecha 5 y 16 de diciembre de 2011, cuyas firmas receptoras fueron desconocidas por la parte demandada.

 

Es decir que las misivas enviadas por el actor, conforme lo establece el artículo 1.969 del Código Civil, interrumpieron válidamente la prescripción de la acción y por lo tanto, no puede prosperar en derecho la defensa relativa a ésta figura jurídica. Así se decide.

 

Como consecuencia de lo anterior, demostrado como quedó por medio de las experticias promovidas y evacuadas válidamente que la demandada adeuda a la actora las cantidades de dinero exigidas en el libelo de demanda, a tenor de lo previsto en los artículos 132 y 305 del Código de Comercio, 35 de los estatutos sociales de la demandada y 1.159 del Código Civil este tribunal superior declarará en la dispositiva del presente fallo con lugar la presente demanda y sin lugar la apelación. Así se decide.

 

En otro orden se observa este Tribunal Superior que en cuanto a los intereses demandados, el artículo 108 del Código de Comercio establece el derecho del acreedor a exigir de pleno derecho el pago de intereses en los casos de deudas mercantiles, por lo que es procedente este reclamo, el cual ya se encuentra determinado en la expertica contable realizada y apreciada.

 

Así mismo, en cuanto a la corrección monetaria, es procedente acordarla toda vez que el envilecimiento del signo monetario por efecto de la inflación ha erosionado la capacidad adquisitiva del dinero, por ello, ordenar el pago sólo al monto que nominalmente ha quedado establecido, sin tomar en consideración la capacidad de compra de esas cantidades implicaría una disminución o erosión patrimonial del beneficiario. Así se decide.”

 

         De todo lo antes transcrito de la recurrida, se observa, que la parte demandada dio contestación a la demanda y rechazó puro y simple tanto los hechos como el derecho deducido, y posteriormente opuso como defensa perentoria la prescripción extintiva de la acción.

         Por lo cual, en la presente causa, nos encontramos el supuesto d) de la doctrina sobre la carga de la prueba en juicio, antes descrita en este fallo, que señala expresamente:

 

“…d) Reconocer el hecho con limitaciones, porque opone al derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo. Al reo le corresponde probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas...”.

 

         En tal sentido cabe señalar, si se alega la extinción de la obligación por obra de la prescripción, es porque la obligación ha nacido, puesto que sólo lo que existe en el mundo de la vida real puede ser objeto de extinción; en otras palabras, para dejar de ser, es imprescindible ser. Sobre el particular, el tratadista Eloy Maduro Luyando ha señalado:

 

“La prescripción, como defensa de fondo, debe necesariamente alegarse en la contestación al fondo de la demanda. Su alegato implica un reconocimiento implícito de la existencia de la obligación. Por ello, si hay otras defensas, la prescripción debe alegarse como defensa subsidiaria”. (Eloy Maduro Luyando, Emilio Pittier Sucre, “Curso de Obligaciones”, Derecho Civil III, Tomo I, 2004, página 503).

 

         Podemos citar como opinión coincidente con la anterior, la del doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, quien ha expresado en ese orden:

 

“…El demandado que se excepciona admite los hechos que el actor está narrando, pero agrega unos nuevos hechos que le van a eliminar los efectos jurídicos a los hechos admitidos; ese es el caso típico de la excepción de pago…”. (Revista de Derecho Probatorio, Nº 12, Editorial Jurídica Alva S.R.L., 2000, página 13).

 

         En sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, ahora esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de octubre de 1994, en el expediente N° 1993-340, al respecto dispuso lo siguiente:

 

“En sentencia de este Alto Tribunal del 4 de Junio de 1968 (G.F. N° 60. 2ª. Etapa. Pág. 400), se sentó doctrina en cuanto a los efectos que produce la oposición de la prescripción por el demandado, en los siguientes términos: “La defensa de prescripción implica el reconocimiento del hecho que le sirve como causa al derecho pretendido”.

 

         Igualmente, en decisión del 2 de Junio de 1971 (Gaceta Forense N° 72. 2ª. Etapa. Pág. 458), al determinar los efectos que produce la proposición de excepciones perentorias, dispuso lo siguiente:

 

“La excepción presupone, por regla general, que el reo admite el hecho alegado por el actor, pero le opone otro hecho nuevo que impide, modifica o extingue los efectos jurídicos de la situación admitida. Por tanto, cuando el demandado opone la excepción de pago, está admitiendo la existencia de la obligación, pero la enerva alegando el hecho posterior de su pago”.

 

         De todo lo antes expuesto se desprende, que la oposición de una excepción perentoria en la contestación de la demanda a fondo, implica un reconocimiento tácito de la pretensión, la cual se ve enervada con la proposición de un hecho nuevo que la modifica, extingue o impide sus efectos, lo que determina, que cuando el demandado propone, sin más, una excepción perentoria, en virtud del reconocimiento de la pretensión, el actor queda relevado de la carga de la prueba y corresponde al demandado acreditar el hecho modificativo, impeditivo o extintivo que enerva la pretensión.

         Con estos razonamientos de la Sala, y por haber opuesto la demandada la prescripción en la forma explicada, quedaron acreditados los hechos libelados, y en consecuencia, en el presente caso la carga de la prueba de demostrar dicho hecho extintivo correspondía a la demandada, y por ende, el juez de la recurrida no invirtió la carga de la prueba, en el presente juicio, cuando declaró con lugar la acción, al considerar “…demostrado como quedó por medio de las experticias promovidas y evacuadas válidamente que la demandada adeuda a la actora las cantidades de dinero exigidas en el libelo de demanda, a tenor de lo previsto en los artículos 132 y 305 del Código de Comercio, 35 de los estatutos sociales de la demandada y 1.159 del Código Civil este tribunal superior declarará en la dispositiva del presente fallo con lugar la presente demanda y sin lugar la apelación.”

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, debe declararse improcedente. Así se decide.

-II-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción del artículo 1.969 del Código Civil, por error de interpretación y el artículo 99 del Código de Comercio, por falta de aplicación, bajo el siguiente motivo:

 

Señala la formalizante:

 

“…-II-

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 1.969 del Código Civil por error de interpretación y el artículo 99 del Código de Comercio por falta de aplicación.

En efecto, ciudadanos Magistrados, le sentencia recurrida, respecto a la interrupción de la prescripción, concretamente en el segundo párrafo de la página 35, y el primer párrafo de la página 36, estableció lo siguiente:

‘por otra parte se aprecia que el derecho a cobrar de mayor antigüedad dentro de lo pretendido por el actor se corresponde al ejercicio económico que terminó en fecha 31/12/2001 (sic), que señala utilidad neta de Bs.7.843.009, según la asamblea de accionistas celebrada el 13/05/2002, que su vez aprobó el estado de ganancias y pérdidas correspondientes al ejercicio culminado el 31/12/2001 (sic), siendo registrada la misma en fecha 8 de julio de 2002, bajo el N° 8, tomo 107-A Pro. Ante el Registro Primero ya señalado; con ello, se puede establecer con claridad que a partir de ésta última fecha comienza a computarse el lapso de prescripción decenal establecida en el artículo 132 del Código de Comercio, por tanto, el último día que podía verificar la prescripción extintiva en el presente caso era el 7 de julio de 2012; de otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 1.969 del Código Civil, el lapso de prescripción se interrumpió por efecto de las misivas dirigidas por el demandante a la demandada exigiendo el pago de las cantidades de dinero debidas y acompañadas al libelo de la demanda con ‘D´ y ‘E´ cursantes a los folios 319 al 322, las cuales como ya se expuso, fueron valoradas positivamente por este tribunal superior mediante prueba de cotejo practicada en juicio, cuyas resulta acije este Tribunal, corresponden a la ciudadana ROSA JULIA CASTELLANOS en cuando al marcada ‘D´ y a MARÍA E. PRATO en cuanto a la marcada ‘E´, empleadas de la demandada conforme quedó probado mediante la prueba de informe requerida a la Superintendencia de Bancos, y que a la vez se solicitara informes al Banco de Venezuela, que expresa que las mencionadas ciudadanas mantienen una cuenta de nómina en dicha institución financiera, siendo que la empresa CARTÓN DE VENEZUELA, S.A. realiza abonos por conceptos de pago de nómina (sueldo) a las mismas y que son suficientes para demostrar la notificación del actor de exigir el pago de lo adeudado y recibidas en fecha 5 y 16 de diciembre de 2011, cuyas firmas receptoras fueron desconocidas por la parte demandada”.

En otras palabras, la recurrida estableció que por el sólo hecho de que las ciudadanas Rosa Julia Castellanos y María E. Prato, quienes presuntamente recibieron las comunicaciones ‘D´ y ‘E´ promovidas por la actora en su escrito de demanda, mantuvieran una cuenta nómina en el Banco de Venezuela, debía entenderse que tenían facultades para obligar a la compañía.

Ahora bien, en el artículo 1969 del Código Civil establece que:

‘Artículo 1.969.-Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso´.

La recurrida estableció que la interrupción de la prescripción del derecho reclamado se realizó conforme a la regulación contenido en el artículo 1969 del Código Civil, interpretando de manera errada el contenido de dicha norma, al estimar que la comunicación presuntamente recibidas por las ciudadanas Rosa Julia Castellanos  y María E. Prato, por el hecho de aparecer ellas en la cuenta nómina bancaria, era suficiente para considerar interrumpida la prescripción, siendo que el artículo 99 del Código de Comercio, establece cual es la persona o dependiente capaz de obligar a la empresa, no bastando para ello ser dependiente o empleado, pues además de ello se requiere el conferimiento expreso de la facultad de ejecutar en nombre de la empresa determinadas operaciones de su giro.

En efecto, el artículo del Código de Comercio, establece:

‘Artículo 99.  Los dependientes no obligan a sus principales en los contratos que celebren, a menos que éstos le hayan conferido expresamente la facultad de ejecutar en su nombre determinadas operaciones de su giro´.

La infracción delatada resulta determínate para el dispositivo del fallo toda vez que si la recurrida hubiere interpretado correctamente el artículo 1969 del Código Civil, y asimismo hubiere aplicado el dispositivo del artículo 99 del Código de Comercio, habría llegado a la conclusión de que las ciudadanas Rosa Julia Castellanos y María E. Prato, aún y cuando fueren dependientes de la empresa demandada, no tenia facultad para obligar a la Compañía (sic), y por ende, se hubiere declarado la prescripción de la partición especial anual más antigua, esto es, la relativa al ejercicio concluido el 31 de diciembre del año 2001, ya que aun dando hipotéticamente por bueno el erróneo argumento del demandante, según el cual la participación especial en las utilidades netas del año 2001 habría sido exigible a partir de la celebración de la asamblea de accionistas de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A., ocurrida el día 13 de mayo de 2002; aún así, al haber sido presentada la demanda en el día 8 de junio de 2012, se habría consumado la prescripción decenal de la acción relativa a la participación especial del año 2001…” (Destacado de lo transcrito).

 

La Sala, para decidir observa:

La formalizante delata el error de interpretación del artículo 1.969 del Código Civil y la falta de aplicación del artículo 99 del Código de Comercio, al considerar que la recurrida estableció que la interrupción de la prescripción del derecho reclamado se realizó conforme a la regulación contenido en el artículo 1.969 del Código Civil, interpretando de manera errada el contenido del mismo, al estimar que la comunicación presuntamente recibidas por las ciudadanas Rosa Julia Castellanos y María E. Prato, por el hecho de aparecer ellas en la cuenta nómina bancaria, era suficiente para considerar interrumpida la prescripción, siendo que el artículo 99 del Código de Comercio, estipula cual es la persona o dependiente capaz de obligar a la empresa, no bastando para ello ser dependiente o empleado, pues además de ello se requiere el conferimiento expreso de la facultad de ejecutar en nombre de la empresa determinadas operaciones de su giro.

         Ahora bien, en cuanto a la interrupción de la prescripción, la sentencia recurrida dispuso lo siguiente:

 

“…Adicionalmente, en el lapso de promoción de pruebas establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, la actora promovió los siguientes:

 

Ratificó y reprodujo el mérito de los autos, y especialmente de cada una de las documentales que han sido precedentemente valoradas.

 

Copia certificada emanada del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente al libelo de demanda, su auto de admisión y la orden de comparecencia, de la solicitud de dicha copia y del auto que la acordó, protocolizado en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Capital en fecha 30/7/2012, anotada bajo el Nº 6, folio 35, Tomo 32 del Protocolo de Transcripción, protocolizada a los fines de interrumpir la prescripción.

 

Dicho instrumento constituye copia certificada de documento público, y corre en autos con todo su valor probatorio de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.360 del Código, por lo tanto se tiene como interrupción de la prescripción. Así se establece.

 

Documento administrativo emitido por el Instituto Postal Telegráfico, fechado el 23/5/2012, en el que consta que el telegrama enviado por el demandante a la demandada en fecha 29/3/2012 fue efectivamente entregado el día 9/4/2012, lo anterior para probar una forma de interrupción de la prescripción establecida en el artículo 1.980 del Código Civil. Dicho instrumento administrativo no fue impugnado en forma alguna, por lo que se debe tener como legal y legítimo, por aplicación analógica del artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ser considerado como instrumento público administrativo. Así se establece…”

 

         Confrontado lo decidido por la alzada y lo expuesto por el recurrente en casación, esta Sala observa, que la interrupción de la prescripción fue establecida por la valoración de una prueba concerniente a copia certificada emanada del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiente al libelo de demanda, su auto de admisión y la orden de comparecencia, de la solicitud de dicha copia y del auto que la acordó, la cual se encuentra debidamente protocolizada.

Por su parte, el artículo 1.969 del Código Civil, señala que:

“…Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial.

 

Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso…”.

 

La disposición antes transcrita, señala la forma en que se puede interrumpir el lapso de prescripción de la acción, por lo que es obvio que no existe una errónea interpretación del artículo 1.969 del Código Civil, en este caso, dado que conforme a lo señalado en dicha norma, el juez de la recurrida declaró la interrupción de la prescripción al apreciar una prueba determinante que fue consignada debidamente protocolizada o registrada.

         De igual forma se observa, que la fundamentación de la denuncia por parte de la recurrida, se encuentra dirigida a otros motivos del fallo por los cuales consideró que se declaró la interrupción de la prescripción, y esta no se percató, que dicha interrupción fue declarada por motivos distintos a los señalados, por lo cual, la denuncia de falta de aplicación del artículo 99 del Código de Comercio, también es improcedente, pues no guarda relación fáctica con lo establecido por el juez de la recurrida al respecto.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 1.969 del Código Civil y 99 del Código de Comercio, debe declararse improcedente. Así se decide.

-III-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción del artículo 108 del Código de Comercio, por falsa aplicación y el quebrantamiento del artículo 1.269 del Código Civil, por falta de aplicación, bajo el siguiente motivo:

 

Señala la formalizante:

“…-III-

De conformidad con el artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 108 del Código de Comercio, por falsa aplicación y el quebrantamiento del artículo 1.269 del Código Civil por falta de aplicación.

A los fines de ilustrar la presente denuncia, señalado en primer lugar los antecedentes que dan origen a la misma.

El demandante afirma haberse desempeñado como uno de los Directores o Miembros Principales de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A. y así mismo alega la existencia de una obligación de fuente convencional en cabeza de mi representada, como lo es la relativa al supuesto derecho del actor a percibir el pago de un porcentaje sobre las utilidades líquidas luego de impuestos, reportadas por la compañía al cierre de cada ejercicio económico anual, desde el ejercicio del año 2001 y hasta el ejercicio del año 2007. En efecto, el actor fundamento su pretensión de cobro en el artículo 35 de los estatutos sociales de CARTÓN DE VENEZUELA, C.A., disposición ésta que el actor reprodujo como parte de sus alegatos en el libelo de la demanda.

En relación con lo anterior, en el segundo párrafo de la segunda página del escrito libelar puede leerse lo siguiente:

‘Artículo 35: (…) de las utilidades liquidas después de impuestos, se apartará: a) un 5% para formar el Fondo de Reserva Legal hasta tanto este alcance un 10% del capital social; b) un 3% para los Miembros de la Junta Directiva, como participación especial en las utilidades netas de la empresa. en caso que algún Miembro Principal no asista a alguna reunión de la Junta Directiva, su Suplente tendrá derecho a recibir la respectiva participación en los beneficios, pero si el Suplente que asista a dicha reunión fuere un funcionario o empleado de la Compañía a tiempo completo, este no tendrá derecho a participación especial sino que ellas la recibirá el Principal aun cuando no asista a la reunión; c) el remanente será empleado o distribuido en la forma que disponga la Junta Directiva, la cual podrá crear o destinar a diversos Fondos la sima que juzgue necesarias para prestaciones sociales, desarrollos de la Compañía, mejoramiento de sus instalaciones o cualquier otro objeto conveniente a los intereses de la Empresa´.

Como puede observarse, y de acuerdo descrito en el libelo de la demanda, en el literal b) del artículo 35 de los Estatutos Sociales se describe la existencia de un beneficio especial de carácter convencional, y se señala la forma en el mismo debe calcularse; sin embargo en dicha norma estatuaria no se señala a partir de qué momento la participación especial allí contemplada resulta exigible o cuando haya de ser pagada a los Miembros Principales de la Junta Directiva

En este sentido, el demandante consideró equivocadamente que su puesto derecho a la participación en la utilidades liquidas y netas de la empresa resultaba exigible –a falta de otra referencia- a partir de momento en que se celebraba la asamblea de accionistas de la empresa que aprobaba cada año, los estados financieros de la compañía. Con motivo de tal consideración, es por lo que la parte actora solicitó el pago de interés de mora, calculados a la tasa anual del 12%, causados a partir del día siguiente a la celebración de cada asamblea de accionistas en la que se hubiesen aprobado los estados financieros, y calculados hasta la fecha de interposición de la demanda hasta la fecha en que la sentencia condenatoria quede definitivamente firme, y que habrían de ser calculados a través de una experticia complementaria del fallo.

Por otro lado, es necesario destacar que mi representada negó de forma absoluta y total en el Capitulo Primero del escrito de contestación de la demanda el derecho invocado por el actor, en los términos que a continuación se transcriben:

‘En nombre y representación de la Sociedad Mercantil demandada, CARTÓN DE VENEZUELA, S.A., niego, rechazo y contradigo la demanda interpuesta, tanto en los hechos alegados por el actor, como en el derecho que de ellos se desprende deducir´.

Los términos de la defensa anteriormente expuesta implican que no solo se rechazó la pretensión principal, esto es el concepto demandado de supuestas participaciones en las utilidades netas, sino que también se negó en consecuencia cualquier obligación accesoria a aquella, como los son los supuestos intereses de mora y la indexación solicitada.

Luego, la existencia y forma de cálculo de los interés de mora era un hecho controvertido, y el Juez tenía el deber de decidir a cerca de la procedencia de ese concepto, así como sobre la fórmula de cálculo del mismo, si consideraba procedente el concepto demandado.

Se aclara que la defensa expuesta en el capítulo I del escrito de contestación incluye una negativa absoluta de los hechos invocados por el actor y del derecho aducido por éste, pero obviamente no implica desconocimiento de la existencia de los estatutos de mi representada o del artículo 35 de los mismos, cuyo texto fue reproducido en instancia por ambas partes, por lo que la redacción del referido artículo constituye un derecho no controvertido.

Ahora bien, la sentencia de alzada hoy recurrida, conjuntamente con su aclaratoria, determina que existió un derecho del actor al cobro de las participaciones especiales sobre las utilidades netas de la empresa y asimismo condenó al pago de intereses moratorios. En cuanto a esta última condena, en el literal b) del punto segundo de la dispositiva del fallo, la recurrida estableció que los intereses de mora se causaban desde la fecha en que debió producirse el pago, hasta la presentación de la demanda, condenando así a la cantidad de Seiscientos Treinta y Dos Mil Ciento Dos Bolívares con Siete Céntimos (Bs. 632.102,07) (sic), que son los supuestos intereses de mora causados antes de la presentación del libelo de la demanda), lo que implica que en definitiva el Tribunal (sic) acogió la errónea tesis según la cual los intereses de mora deben calcularse desde la fecha de la celebración de cada asamblea de accionistas anual que aprobara los estados financieros de un determinado ejercicio económico.

Pues bien, tal decisión resulta errónea y contraria a derecho por cuanto la recurrida deja de aplicar así el artículo 1.269 del código Civil.

Dicha norma establece en su último aparte que a falta de un plazo establecido en la convención de que se trate, las obligaciones resultan exigibles sólo a partir del momento en el deudor es requerido formalmente para ello por parte del acreedor. Dicho requerimiento no puede consistir en cualquier solicitud realizada de manera informal o poco precisa sino que debe consistir en una solicitud realizada por escrito, contentiva de la pretensión de cumplimiento correctamente descrita y notificada a la persona del deudor o, si se trata de una persona jurídica, a la persona que tenga facultad para representarla y obligarla. De tal manera que si la recurrida consideraba que CARTÓN DE VENEZUELA, C.A. adecuaba alguna cantidad de dinero por concepto de intereses de mora, ha debido en todo caso condenar los mismo a partir del momento en que mi representada fue citada en juicio, pues solo en ese momento se realizo contra ella un acto equivalente a una interpelación o valido requerimiento.

De igual manera, incurre la recurrida en la falsa aplicación del artículo 108 del Código de Comercio, toda vez que dicha norma establece que los intereses sobre obligaciones mercantiles en general se causan en la medida en que las medidas mercantiles sean liquidas y exigibles, y es el hecho que en presente caso, la norma convencional (artículo 35 de los estatutos sociales) invoca por el tribunal de alzada para justificar la condena de mi representada no expresa fecha alguna a partir de la cual se considera exigible la obligación allí contemplada, por lo que a falta de un formal requerimiento, recibido por alguna persona con la facultad para obligar válidamente a mi representada, no podía considerarse que la presunta obligación resultaba exigible por lo que tampoco habría estado constituido en mora el supuesto deudor; situación ésta que no encuadra con el supuesto de hecho contemplado en la norma (obligación ya exigible y sin embargo incumplida), de allí que se configure el vicio de falsa aplicación del artículo 108 del Código de Comercio.

La infracción delatada resulta determinante del dispositivo del fallo toda vez que de no haberse cometido la misma, la recurrida habría llegado a la conclusión de que sólo mediante la citación de la demandada se habría podido constituir en mora a mi representada y en consecuencia, el supuesto negado de que hubiese mediado condena, solo se habría condenado al pago de los intereses de mora causados a partir de la fecha de la citación.

NORMAS APLICABLES PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA

En cumplimiento del ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, especificó las normas jurídicas que el tribunal superior debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia.

1. En primer lugar, la recurrida ha debido aplicar las normas relativas a la carga de la prueba, esto es, los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, toda vez que el demandante alegó la existencia de una obligación de fuente convencional, esto es, su supuesto derecho a percibir una participación especial de las utilidades netas de la compañía como retribución por su desempeño como supuesto Director Principal. Por lo que, aplicando las reglas legales antes citadas, correspondía al accionante demostrar que había asistido a todas las reuniones de Junta Directiva celebradas en los respectivos periodos desde el año 2001 hasta el año 2007, ambos inclusive, situación ésta que no ocurrió.

2. La sentencia de segunda instancia ha debido aplicar el artículo 254 del Código de procedimiento Civil, y por lo tanto, al no existir plena prueba de los hechos alegados en la demanda, ha debido declara ‘sin lugar´ la demanda.

3. La recurrida ha debido aplicar los artículos 12 y de 243 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto dictar una sentencia congruente con los términos de la controversia y en consecuencia, ha debido analizar y decidir las defensas opuestas por nuestras presentadas en el sentido que las cartas misivas y telegramas no fueron recibidos o firmados por persona alguna facultada para representar a la empresa CARTÓN de VENEZUELA, C.A. De igual manera, la aplicación correcta de los citados artículos 12 y 2423 eiusdem, da lugar a que se desecha la demanda por cuanto al actor no alegó ni demostró haber participado en todas las reuniones de la Junta Directiva que se hayan podido celebrar en el lapso 2001-2007, a pesar de que exige el pago de tales participaciones en forma íntegra y no fraccionada, tal como si hubiese asistido a todas las sesiones de Junta Directiva. Finalmente la aplicación efectivas de los artículos antes señalados, conduce necesariamente a que el Juez Superior establezca que la demanda ha negado todos los hechos, evitando así tergiversaciones como la que ocurrió equivocadamente el juez de alzada que mi representada habría admitido el nacimiento de obligaciones a favor del demandante.

4. La recurrida ha debido aplicar, pero correctamente interpretado a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, el artículo 1.169 del Código Civil, verificando que los supuestos actos interruptivos extrajudiciales no fueron realizados en una persona capaz de representar y obligar a Cartón de Venezuela, C.A. y que sólo el acto interruptivo efectuado en la persona facultada para ello, es susceptible de interrumpir la prescripción de la acción. De igual manera, la recurrida a debido aplicar el artículo 99 del Código de Comercio y verificar así que no todo empleado o dependiente de una sociedad de comercio está facultado para representar a la misma y mucho menos obligarla en materia de notificaciones o requerimientos extrajudiciales…” (Resaltado de lo transcrito)

 

El recurrente delata la infracción del artículo 108 del Código de Comercio, por falsa aplicación y el quebrantamiento del artículo 1.269 del Código Civil, por falta de aplicación, al considerar que el tribunal de alzada para justificar la condena de su representada no expresa fecha alguna a partir de la cual se considera exigible la obligación allí contemplada, por lo que a falta de un formal requerimiento, recibido por alguna persona con la facultad para obligar válidamente a su representada, no podía considerarse que la presunta obligación resultaba exigible por lo que tampoco habría estado constituido en mora el supuesto deudor; situación ésta que no encuadra con el supuesto de hecho contemplado en la norma.

         Esta Sala observa, conforme a lo señalado ya en la resolución de la primera denuncia por infracción de ley, que por haber opuesto la demandada la prescripción en la forma explicada, quedaron acreditados los hechos libelados, dado que la oposición de una excepción perentoria en la contestación de la demanda a fondo, implica un reconocimiento tácito de la pretensión.

         Por lo cual, el alegato hecho como fundamento principal de la denuncia, concerniente a la falta de un formal requerimiento, recibido por alguna persona con la facultad para obligar válidamente a su representada, no podía considerarse que la presunta obligación resultaba exigible por lo que tampoco habría estado constituido en mora el supuesto deudor, quedo desvirtuado por los hechos narrados en el libelo de la demanda y en consecuencia la demandada se equivocó al pretender mediante una denuncia de infracción de ley pura y simple, que la Sala entre a conocer de aspectos facticos señalados en la demanda, y en consecuencia debió dirigir su denuncia, a una infracción de ley en el sub-tipo de casación sobre los hechos, en cuanto al establecimiento y valoración de los hechos y de las pruebas, para que la Sala, de forma excepcional, pudiera descender al estudio de las actas del expediente y determinara a ciencia cierta, si lo señalado por la formalizante es cierto.

         Por las anteriores razones, la presente denuncia por infracción de los artículos 108 del Código de Comercio y 1.269 del Código Civil, debe declararse improcedente, así como declara sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 4 de marzo de 2016 y su aclaratoria de fecha 9 de marzo de 2016.

Se CONDENA en costas del recurso a la parte demandada recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Publíquese, regístrese, y remítase este expediente al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince días del mes de diciembre de dos mil dieciséis Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

__________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

___________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

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YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

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YARITZA BONILLA JAIMES

 

 

 

Exp. AA20-C-2016-000357

 

Nota: Publicada en su fecha a las (   )

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

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