Venley

Sentencia N.º 000806

Sentencia
N.º 000806
Fecha
10/12/2025
Sala
Casación Civil
Expediente
25-111
Ponente
Henry José Timaure Tapia
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. AA20-C-2025-000111

 

   Magistrado Ponente: HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA

 

 

En la demanda por cobro de bolívares, vía intimatoria, intentada ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en fecha 7 de octubre de 2014, bajo el N° 63, tomo 26-A., representada judicialmente por los ciudadanos abogados Rubén Elías Rodríguez y Rubén Darío Rodríguez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 50.069 y 265.554, respectivamente, contra la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., (CONPRONORTE), debidamente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital, en fecha 28 de junio de 2013, bajo el N° 133, tomo 66-A Sdo., representada judicialmente por los ciudadanos abogados Carlos Domínguez Hernández, Mark Melilli Silva, Lisette García Gandica, Andrés Rafael Chacón, Elías Tarbay Reverón, Anthony Muñoz Ponce y Carlos Enrique Quintero Zambrano, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 31.491, 79.506, 106.695, 194.360, 216.506, 296.960 y 320.904, respectivamente; el Juzgado Superior Undécimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo de la misma Circunscripción Judicial y sede, dictó sentencia en fecha 19 de diciembre de 2024 (folios 203 al 235 de la 3ra. pieza del expediente), mediante la cual declaró textualmente:

“…PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por el abogado RUBEN DARÍO RODRIGUEZ (sic), inscrito en el Instituto de previsión social del abogado(sic)  bajo el N° 100.876, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 05/06/2024 por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario  de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual queda confirmada pero con la siguiente motiva.

SEGUNDO: SIN LUGAR, la demanda de cobro de bolívares (vía intimación) incoada por SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., sociedad mercantil inscrita Registro Mercantil Segundode la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en fecha 7 de octubre de 2014, bajo el N° 63, tomo 26-A., contra CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., (CONPRONORTE), sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital.

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso a la parte apelante…”. (Destacado de la cita).

 

Contra la referida decisión de alzada, la representación judicial de la demandante en fecha 13 de enero de 2025 (Folio 236 de la 3ª pieza del expediente) anunció recurso extraordinario de casación, siendo admitido mediante auto de fecha 29 de enero de 2025 (Folios 239 al 246 de la 3ra. pieza del expediente) y remitido el expediente a esta Sala.

En fecha 26 de febrero de 2025 (Folios 250 al 292, de la 3ª pieza del expediente), la representación judicial de la parte demandante recurrente formalizó el recurso extraordinario de casación propuesto tempestivamente.

En fecha 28 de marzo de 2025 (Folios 297 al 310, de la 3ª pieza del expediente), la representación judicial de la parte demandada consignó el escrito de impugnación.

En fecha 28 de marzo de 2025 (Folio 295 de la 3ª pieza del expediente), se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia de la presente causa al Magistrado Dr. Henry José Timaure Tapia, en su carácter de Magistrado Presidente de esta Sala.

En la oportunidad legal correspondiente, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

-I-

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN

DENUNCIA POR DEFECTO DE FORMA

PRIMERA DENUNCIA

Conforme al contenido del artículo 313, ordinal primero, del Código de Procedimiento Civil, se denunció la infracción de los artículos  243 ordinal 4° y 244 ejusdem, por incurrir en el vicio de inmotivación en el análisis de las pruebas testimoniales, con la siguiente argumentación:

“…De conformidad con el artículo 313, ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 243, ordinal 4", y 244 eiusdem, por incurrir el ad quem en el vicio de inmotivación en el análisis de las pruebas, ya que en la sentencia recurrida se desecharon las pruebas testimoniales de los ciudadanos Yimnell Susana Figuera Rivas, Leomar Jesús Trinitario Patiño, Jorge Luis Torcatt Lunar y Ricardo Antonio Sierralta Nava, de manera conjunta, sin que mediara un análisis propio e individualizado de cada una de las circunstancias, respecto a cada ciudadano.

Ahora bien, en cuanto a la inmotivación del fallo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N 1619, de fecha 24 de octubre de 2008, expediente N° 2008-774, caso: Agencia de Festejos San Antonio C.A., en un recurso de revisión constitucional, estableció lo siguiente:

(…Omissis…)

“Así, dicha Sala sostiene, que “[q]ueda(sic) claro que la motivación exigua no es motivación, pero no pueden escasear los motivos hasta el punto de que no sea posible al control de la legalidad"

De igual forma ha sostenido la Sala, que la falta absoluta de motivos puede asumir las siguientes modalidades:

a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye.

b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas.

c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables.

d) Porque todos los motivos son falsos. El razonamiento del juez conduce a una conclusión apartada palmariamente de la realidad procesal.

e) Por motivación acogida, cuando el juzgador no señala sus motivos, sino que asume y dar por entendidos los del juzgador de la apelación, dando por reproducidos los mismos como únicos soporte para motivar el fallo de alzada, sin esgrimir una fundamentación propia.

f) Por petición de principio, cuando se dé por probado lo que es objeto de prueba, cometiendo el juez un sofisma, vale decir, un argumento falaz y/o una tergiversación engañosa de los hechos que aparentan ser la verdad.

g) Por motivación ilógica o sin sentido Cuando los motivos son tan vagos, generales, ilógicos, sin coherencia o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión.

h) Por motivación aparente o simulada. Aquella que no pasa de ser un intento fingido de cumplimiento formal al mandato de la ley, y que consiste en el empleo de citas de disposiciones legales, jurisprudencia, doctrina y de frases vagas o genéricas que dan la impresión de haberse hecho un razonamiento, pero que por si solas no permiten conocer realmente cuáles son las razones de hecho y de derecho por las que se arribo a la decisión.

i) Por inmotivación en el análisis de los medios de pruebas. Que hace imposible desentrañar cuál es su contenido y que elementos dimanan de ellos, no se expresa ningún razonamiento en tomo a lo que el juez considera que se probó: o no señala los motivos por los cuales fueron desechados y

j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo.

Así las cosas, respecto al supuesto i) se observa que de conformidad con la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, tal forma de decidir representa un típico caso de motivación aparente o simulada, es decir, aquella que no pasa de ser un intento fingido de cumplimiento formal al mandato impuesto a los jueces en el artículo 243, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, y que consiste en el empleo de citas de disposiciones legales, doctrinarias o jurisprudenciales, y de frases vagas o genéricas que dan la impresión de haberse hecho un razonamiento, pero que por sí solas no permiten conocer realmente cuáles son las razones de hecho y de derecho por las que se arribó a la decisión. (Véase fallo N° 657, de fecha 4 de noviembre de 2014, expediente N° 2014-320, caso: Iván Manuel Torres Martínez, contra la Asociación Civil El Rosal 702).

Al respecto dicha Sala en sentencia N° 028, de fecha 9 de mayo de 2018, expediente N° 2017-062, caso: María Teresa Da Corte de Fernández y otro, contra Joao Manuel Órnelas Pita y otro; reiteró su criterio referente a la ocurrencia del vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios, el cual permite la revocatoria de la sentencia por inmotivación en el análisis de un medio de prueba, como vicio de forma en la elaboración de la decisión, en conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, más no por el vicio de silencio de pruebas o silencio parcial de pruebas, como vicio de fondo o de infracción de ley en la redacción del fallo, en base al ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, los cuales constituyen supuestos de casación que son totalmente diferentes.

En este sentido conviene traer a colación lo señalado por la recurrida al resolver el punto relativo a las testimoniales antes referidas, promovidas por mí representada, lo cual es del tenor siguiente:

“…PRUEBAS APORTADAS DURANTE LA OPORTUNIDAD PROBATORIA

Asimismo promovió las testimoniales de los ciudadanos YIMNELL SUSANA FIGUERA RIVAS LEOMAR JESÚS TRINITARIO PATIÑO JORGE LUIS TORCATT LUNAR RICARDO ANTONIO SIERRALTA NAVA RAYMOND DE JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA, AGUSTÍN UGAS y JORGE OCHOA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cedulas de identidad Nros V-23 546.953 V-19 OR2 323. V-11.002.077. V-15.810.448. V-14 044 624. V-19.312 148 v V-20.622218, respectivamente, constando a los folios 69 al 72,109 al 112 de la pieza N° 2 del expediente, las resultas las comisiones libradas a los Juzgados de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas de los Municipios Simón Rodnguez y San José de Guanipa y Anaco del Estado (sic) Anzoátegui evidenciándose, de dichas declaraciones, que en el caso de los ciudadanos YIMNELL SUSANA FIGUERA RIVAS LEOMAR JESÚS TRINITARIO PATIÑO, JORGE LUIS TORCATT LUNAR RICARDO ANTONIO SIERRALTA NAVA, que aun y cuando declaran tener conocimiento de los servicios prestados a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE (CORPONORTE),  así como la emisión y entrega de les facturas objeto del presente proceso los observa esta Juzgadora Superior que los mismos cumplen funciones laborales en la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., deduciéndose que existe un vinculo de dependencia entre los testigos y la parte promovente lo que determina la existencia de un interés directo a favor de la demandante lo que hace que dichos testigos resulten inhábiles, a tenor de lo dispuesto en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual dichas deposiciones deben desecharse del proceso…”

Del fallo recurrido parcialmente transcrito, se tiene que la juez ad quem desechó las testimoniales de los ciudadanos Yimnell Susana Figuera Rivas, Leomar Jesús Trinitario Patiño, Jorge Luis Torcatt Lunar y Ricardo Antonio Sierralta Nava, sin especificar sus dichos ni hacer otro señalamiento, más que decir, que cumplen funciones laborales en la empresa Security Works Asesores Consultores, C.A., promovente de la prueba, porque deduce que existe un vinculo de dependencia y en consecuencia están inhábiles para declarar, lo cual a todas luces es una motivación aparente o simulada realizada con frases genéricas que dan la impresión de haberse hecho sin un razonamiento.

En este sentido, dado que no se permite analizar el contenido de las declaraciones de cuatro (4) testigos plenamente diferenciados, sino que únicamente las desechó grupalmente, sin que conste a lo largo del fallo, que hayan sido desarrolladas las mismas, dicho pronunciamiento hace imposible desentrañar cuál es su contendido y que elementos dimanan de ellos, siendo que no se expresa ningún razonamiento en torno a lo que el juez considera que se probó, no permite el ejercicio de verificar y controlar los mismos, por lo que dicha situación resulta asimilable a la inmotivación absoluta.

En este orden de ideas, en un caso similar al de autos, dicha Sala de Casación Civil ya se ha pronunciado referente la comisión del vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios, cuando se procede a valorar de manera genérica, y global, al respecto en sentencia N° 485, de fecha 30 de septiembre de 2021, caso: Nicola Baroudi Baroudi y otra, contra Bruno Nicola Pastore Amoroso y otra, Exp. N° 2011-157, señaló:

(…Omissis…)

En tal sentido, la doctrina de la Sala Civil es clara al determinar “…que el juez tiene el deber de analizar todas las pruebas promovidas por las partes en el juicio, una por una y que no puede analizar las mismas de forma global o en bloque…”…omissis

En tal sentido, cabe señalar, que es jurisprudencia reiterada de esa Sala de Casación Civil, tanto de la extinta Corte Suprema de Justicia como la del actual Tribunal Supremo de Justicia, la cual ha hecho suya la Sala Constitucional, entre otras, en sentencias Nros. 1222. de fecha 6 de julio de 2001, caso Distribuciones Importaciones Cosbell, C.A.: 324. del 9 de marzo de 2004, caso inversiones La Suprema, C.A. 891, del 13 de mayo de 2004, caso Inmobiliaria Diamante, S.A.. 2629, del 18 de noviembre de 2004, caso Luis Enrique Herrera Gamboa y 409, del 13 de marzo de 2007, caso Mercantil Servicios Financieros, C.A.) que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, entre los cuales está el de la motivación, son de estricto orden público.

En sintonía con lo anterior, la Sala enseña que el sentenciador debió examinar cuidadosamente las pruebas aportadas al juicio, con el señalamiento de sus particularidades en el fallo, para poder entender de qué se trata cada una de forma individual, y ofrecer una actividad de raciocinio debidamente sustentada en motivos de hecho y de derecho para realizar un análisis con respecto al establecimiento y valoración de dichas pruebas, ya sean acogiéndolas o desechándolas, pero debidamente fundamentado y no de forma arbitraria y sin sustento, a fin de que su decisión resultara plausible o aceptable en lo que se refiere al requisito de motivación, en otras palabras, debió realizar una actividad de justificación en los fundamentos generales de su decisión, y al no hacerlo y sencillamente evadir su responsabilidad, no justificó su decisión con argumentos de hecho y de derecho.

La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que San (sic) los jueces con ajustamiento a lo alegado por las partes en la demanda y la Contestación (sic), y a lo probado por ellas, como fundamento del dispositivo, las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran, y las segundas, la aplicación a estos de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

El dispositivo de todo fallo debe ser razonado, es decir, estar fundado en un examen de los hechos y de las pruebas aportadas a los autos con las conclusiones jurídicas que a los jueces les merecen. Esta formalidad es una garantía contra la arbitrariedad judicial, pues con su cabal cumplimiento la cosa juzgada emerge del dispositivo, llega a ser resultado lógico de una sana administración de justicia.

En virtud de los criterios antes señalados, tenemos que en el presente caso la sentenciadora de la alzada estaría incurriendo en el vicio de inmotivación análisis de las pruebas testimoniales de los ciudadanos Yimnell Susana Figuera Rivas. Leomar Jesús Trinitario Patiño, Jorge Luis Torcatt Lunar y Ricardo Antonio Sierralta Nava, por cuanto no procedió con el señalamiento de cada una de sus particularidades, ni de qué se trataba cada una de forma individual, sino que se limitó, sin siquiera indicar cuáles preguntas y respuestas le permitieron llegar a dicho razonamiento, a desecharlas por inhabilidad de los testigos basados, sin ofrecer una actividad de raciocinio debidamente sustentada en motivos de hecho y de derecho para realizar un análisis con respecto al establecimiento y valoración de dichas pruebas, lo cual se verifica de forma arbitraria y sin sustento por parte del ad quem.

La norma contenida en el artículo 243, ordinal 4", del Código de Procedimiento Civil, exige el sentenciador establecer los motivos de hecho y de derecho de la decisión y la contenida en el 244 eiusdem, sanciona con nulidad a la sentencia en las que falten esas determinaciones, en consecuencia los dos motivos la actitud arbitraria del juez ad quem, genera una intensidad y fuerza que equivalen a la carencia de fundamentos en el análisis probatorio de las testimoniales de Yimnell Susana Figuera Rivas, Leomar Jesús Trinitario Patiño, Jorge Luis Torcatt Lunar y Ricardo Antonio Sierralta Nava, y, por ende, hace nula a la sentencia recurrida.

Asimismo dicha actuación del juez ad quem genera una influencia determinante en el dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo, ya que de no haber incurrido en la inmotivación anteriormente señalada habría tomado en consideración las testimoniales evacuadas como factor determinante para la demostración de las facturas aceptadas objeto del presente juicio por cobro de bolívares vía de intimación, las cuales fueron objeto de oposición por parte de la intimada, modificándose totalmente el argumento por el cual se desestima dicha acción, aunado al hecho de que la misma jueza ad quem dejó expresamente señalado respecto al objeto de las señaladas deposición que las mismas “...declaran tener conocimiento de los servicios prestados a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE (CORPONORTE), así como la emisión y entrega de las facturas, objeto del presente proceso…” lo que modifica lo resuelto en el dispositivo de la sentencia por cuanto en el supuesto de haber sido valoradas las mismas en toda su extensión acorde a lo esgrimido en la presente denuncia el juez superior no podría haber desechado del proceso las facturas aceptadas N' 000734.de fecha 4 de abril de 2023 N° 000752 de fecha 17 de julio de 2023 y N° 000753 de fecha 18 de agosto de 2023, y en consecuencia declarado la improcedencia demanda por cobro de bolívares vía intimatoria, interpuesta por nuestra representada.

Los argumentos expuestos demuestran que la recurrida infringió el artículo 243 ordinal 4°, del Código de Procedimiento Civil, y por ende también el 244 eiusdem, al estar incursa en el vicio de inmotivación en el análisis de los medios de prueba que la hace nula, vicio que se verifica si se hace imposible desentrañar cual es su contendido y que elementos dimanan de ellas, no se expresa ningún razonamiento en tono a lo que el juez señala respecto los motivos por los cuales fueron desechadas, como en el presente caso.

En virtud de lo antes señalado, requerimos se declare la procedencia de la Presente (sic) denuncia y en consecuencia se anule la sentencia del superior y de conformidad con lo previsto en las nuevas regulaciones en el proceso de casación civil venezolano señaladas en los fallos de esta Sala de Casación Civil. Nros. 254, expediente N° 2017- 072, y 255, expediente N° 2017-675, de fecha 29 de mayo de 2018, ratificados en decisiones Nros. 152, expediente N° 2019-507, de fecha 24 de septiembre de 2020, 483 expediente N° 2021-028, de fecha 30 de septiembre de 2021, y 133, expediente N° 2018-348. de fecha 16 de marzo de 2022, y en aplicación de lo estatuido la sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. N° 362, expediente N° 2017-1129 del 11 de mayo de 2018, se pase a conocer del mérito de la controversia. Así lo solicitamos…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

Alega el recurrente la violación de los artículos 243.4 y 244 del Código de Procedimiento Civil, porque la recurrida incurre en inmotivación en el análisis de la prueba de testigos, ya que se se limitó a mencionar la prueba y desecharla, sin realizar el análisis exhaustivo de cada una, con lo cual no pudo demostrarse la veracidad de otras pruebas traídas al procedimiento, como las facturas objeto del presente juicio, por lo que incurrió en el vicio delatado.

En relación con el vicio de inmotivación esta Sala ha establecido que el mismo se contrae a la falta de señalamiento por parte del juez de las razones de hecho y de derecho de su decisión porque: i) Por inmotivación en el análisis de los medios de pruebas. Que hace imposible desentrañar cuál es su contendido y qué elementos dimanan de ellos, no se expresa ningún razonamiento en torno a lo que el juez considera que se probó; o no señala los motivos por los cuales fueron desechados. (Cfr. fallos N° 123, del 29-3-2017. Exp. N° 2016-239; N° 228, del 9-5-2018. Exp. N° 2017-062; y N° 436, del 13-8-2018. Exp. N° 2017-432).

Ahora bien, en cuanto a la inmotivación del fallo, la Sala Constitucional en decisión N° 889 del 30 de mayo de 2008, caso: INHERBORCA, señaló respecto a la necesidad de motivación de la sentencia lo siguiente:

“...la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a estos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos…”.

 

También ha sostenido la doctrina de esta Sala, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:

a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye.

b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas.

c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables.

d) Porque todos los motivos son falsos. El razonamiento del juez conduce a una conclusión apartada palmariamente de la realidad procesal.

e) Por motivación acogida, cuando el juzgador no señala sus motivos, sino que asume y da por entendidos los del juzgador de la apelación, dando por reproducidos los mismos, como único soporte para motivar el fallo de alzada, sin esgrimir una fundamentación propia.

f) Por petición de principio, cuando se dé por probado lo que es objeto de prueba, cometiendo el juez un sofisma, vale decir, un argumento falaz y/o una tergiversación engañosa de los hechos que aparentan ser la verdad.

g) Por motivación ilógica o sin sentido. Cuando los motivos son tan vagos, generales, ilógicos, sin coherencia o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión.

h) Por motivación aparente o simulada. Aquella que no pasa de ser un intento fingido de cumplimiento formal al mandato de la ley, y que consiste en el empleo de citas de disposiciones legales, jurisprudencia, doctrina y de frases vagas o genéricas que dan la impresión de haberse hecho un razonamiento, pero que por sí solas no permiten conocer realmente cuáles son las razones de hecho y de derecho por las que se arribó a la decisión.

i) Por inmotivación en el análisis de los medios de pruebas. Que hace imposible desentrañar cuál es su contendido y qué elementos dimanan de ellos, no se expresa ningún razonamiento en torno a lo que el juez considera que se probó; o no señala los motivos por los cuales fueron desechados, y

j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo.

Ahora bien, respecto al supuesto de inmotivación, que atañe al presente caso, el cual se encuentra estatuido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se debe precisar que respecto a este tipo de inmotivación se verifica cuando hay inmotivación en el análisis de los medios de pruebas. Que hace imposible desentrañar cuál es su contendido y qué elementos dimanan de ellos, no se expresa ningún razonamiento en torno a lo que el juez considera que se probó; o no señala los motivos por los cuales fueron desechados.

 Por lo que, la motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a estos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes.

Ahora bien, a los fines de verificar la procedencia o no de la presente delación, debe esta Sala traer a colación lo señalado por el sentenciador de la recurrida al momento de emitir pronunciamiento sobre el punto que denuncia el recurrente como contradictorio, sobre las testimoniales rendidas y la forma de desechar los testigos,  el cual es del tenor siguiente:

“…Asimismo, promovió las testimoniales de los ciudadanos YIMNELL SUSANA FIGUERA RIVAS, LEOMAR JESÚS TRINITARIO PATIÑO, JORGE LUIS TORCATT LUNAR, RICARDO ANTONIO SIERRALTA NAVA, RAYMOND DE JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA, AGUSTÍN UGAS Y JORGE OCHOA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-23.546.953, V-19.082.323, V-11.002.077, V-15.810.448, V-14.044.624, V-19.312.148 y V-20.622.218, respectivamente, constando a los folios 69 al 72 y 109 al 112 de la pieza N° 2 del expediente, las resultas de las comisiones libradas a los Juzgados de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa y Municipio Anaco del Estado (sic) Anzoátegui, evidenciándose de dichas declaraciones que en el caso de los ciudadanos YIMNELL SUSANA FIGUERA RIVAS, LEOMAR JESÚS TRINITARIO PATIÑO, JORGE LUIS TORCATT LUNAR, RICARDO ANTONIO SIERRALTA NAVA, que aun y cuando declaran tener conocimiento de los servicios prestados a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, (CORPONORTE) (sic), así como la emisión y entrega de las facturas, objeto del presente proceso, observa esta Juzgadora (sic) Superior (sic) que los mismos cumplen funciones laborales en la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., deduciéndose que existe un vínculo de dependencia entre los testigos y la parte promovente, lo que determina la existencia de un interés directo a favor de la demandante, lo que hace que dichos testigos resulten inhábiles, a tenor de lo dispuesto en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual dichas deposiciones deben desecharse del proceso; en lo referente a la testimonial del ciudadano RAYMOND DE JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA, se aprecia del contenido de su declaración que manifestó haber sido contratado por la compañía demandada en noviembre de 2022, sin embargo, se aprecia que las facturas controvertidas fueron emitidas en el año 2023, específicamente en los meses de abril, julio y agosto, sin que fuera reconocido por el preindicado ciudadano, si todavía cumple funciones laborales en la empresa demandada, lo cual impide determinar la veracidad de su declaración así como el interés directo o indirecto que pudiera tener, razón por la cual, la misma debe ser desechada del proceso, en tal sentido, cuando la ley mercantil requiere como necesidad de forma del instrumento. (contrato) que conste por escrito, ninguna otra prueba de él es admisible. y en el caso de autos, se pretende acreditar la emisión de unas facturas mediante la prueba testimonial, y dicho medio no resulta idóneo, y ni siquiera como medio complementario resultaría eficaz para darle validez o acreditar su emisión, pues estaría impregnado de subjetividad, seria impreciso y sujeto a manipulación, lo que resulta suficiente para que esta sentenciadora desestime el mérito probatorio de las testimoniales para acreditar la existencia de un instrumento que la ley exige que conste por escrito. y así se establece…”.

 

De lo transcrito se desprende claramente, que de conformidad con el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, el juez superior, haciendo uso de su intelecto, aplicando las reglas de sana crítica, decidió inhabilitar y desestimar la declaraciones en cuestión, no encontrando la Sala que con su conducta haya violado el juez superior en su sentencia, las previsiones del artículo mencionado, por el contrario aplicó acertadamente la disposición señalada y desechó las testimoniales por considerar que los testigos -según el artículo- no podían rendir declaración.

El artículo 478 eiusdem establece:

“…Artículo 478: No puede tampoco testificar el magistrado en la causa en que esté conociendo; el abogado o apoderado por la parte a quien represente; el vendedor, en causas de evicción, sobre la cosa vendida; los socios en asuntos que pertenezcan a la compañía. El heredero presunto, el donatario, el que tenga interés, aunque sea indirecto, en las resultas de un pleito, y el amigo íntimo, no pueden testificar en favor de aquellos con quienes les comprenda estas relaciones. El enemigo no puede testificar contra su enemigo…”.

 

El artículo es claro en establecer cuáles personas no pueden ser llamadas a rendir declaración, lo cual subsumió el juez en que los mismos trabajan en la empresa demandante y tenían un interés en las resultas, razón por la cual, no era necesario la transcripción íntegra de las deposiciones, ni un análisis exhaustivo de la prueba, en vista de ello, el juez motivó perfectamente la causa por la cual desechó las testimoniales, contrariamente a lo denunciado por el recurrente.

Por los motivos antes expuestos se desecha la presente denuncia por inmotivación, por la violación de los artículos 243.4 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

SEGUNDA DENUNCIA

El formalizante denuncia en la recurrida el vicio de inmotivación en el análisis de las pruebas, con base en la siguiente fundamentación:

“…De conformidad con el artículo 313, ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 243, ordinal 4", y 244 eiusdem, por incurrir el ad quem en el vicio de inmotivación en el análisis de las pruebas, ya que en la sentencia recurrida se desecharon las pruebas documentales contenidas en el punto segundo, del Capítulo (sic) I, del escrito de promoción de pruebas, de manera conjunta, sin que mediara un análisis propio e individualizado de cada una de las circunstancias, respecto a cada una de ellas, de manera similar a lo delatado en la anterior denuncia.

En este sentido conviene traer a colación lo señalado por la recurrida al resolver el Punto (sic) relativo a las documentales antes referidas, promovidas por mi representada, lo cual es del tenor siguiente:

“Igualmente promovió las documentales que cursan en su totalidad de la pieza de anexos conformados por: 1) informe post operacional de fecha 21/12/2022, relacionada con la limpieza y estimulación del pozo MUC-24C y Taladro S/T dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con previa revisión de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 2) Recibos de documentos de servicio de fecha 08/01/2023, mediante la cual la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., hizo entrega al ciudadano RAYMOND RODRIGUEZ (sic) en condición de gerente de Coiled Tubing en el Distrito DEPO de PDVSA, 3) Informe postoperacional de fecha 03/02/2023 relacionada con la limpieza y estimulación del Pozo (sic) SBC-108 y Taladro (sic) S/T dirigido a PDVSA, por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C,A. 4) Recibo de fecha 15/02/2023 mediante la cual el ciudadano RAYMOND RODRIGUEZ (sic) en su condición de gerente de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., deja constancia haber recibido del ciudadano RICARDO SIERRALTA gerente de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., los reportes a los pozos MUC-27, MUC-24C, MUC-24L, SBC-108, MUC-118, PIC-41, PIC-17 y PIC-07, 5) Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 07/02/2023, relacionada con la pesca, recuperación y sarta de CT 2” del Pozo (sic) PIC-23 y Taladro (sic) S/T dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., previa revisión de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 6) Propuesta. Técnica Económica (Coiled Tubing) realizada por la empresa CONSTRUCCIONES PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) PIC-24 y Taladro (sic) S/T de fecha 07/03/2023 con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 7) Recibo de documentos de servicios de fecha 19/04/2023 mediante la cual la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hizo entrega al ciudadano RAYMON RODRIGUEZ (sic) en su condición de gerente de Coiled Tubing, la documentación en físico de los servicios ejecutados en Coiled Tubing en el Distrito DEPO de PDUSA con las propuestas técnicas para el pozo PIC-24, reporte de campo del pozo PIC-24 y post operacional del pozo PIC-24: 8) Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizadas por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pazos (sic) SBC-145 y Taladro S/T de fecha 16/02/2023, con revisión previa de la impresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 9) Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 09/01/2023, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación matricial con Coiled Tubing del pozo PIC-41 y Taladro (sic) S/T, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, CA., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 10) Recibo de documentos de servicios de fecha 14/01/2023, mediante la cual la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hizo entrega al ciudadano RAYMOND RODRÍGUEZ, en su condición de gerente de Coiled Tubing, la documentación de los servicios ejecutados de Coiled Tubing en el Distrito DEPO de PDVSA, con las propuestas técnicas para el pozo PIC-41, reporte de campo del pozo PIC-41 y post operacional del pozo PIC-41, 11) informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 14/02/2023, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación matricial con Colled Tubing del pozo SBC-102 y Taladro S/T, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 12) Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizadas por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) PIC-17 y Taladro (sic) S/T, de fecha 21/11/2022, con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.; 13) Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizadas por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) MUC-119 y Taladro (sic) S/T, de fecha 19/01/2023, revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., 14) Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 28/01/2023, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación con Coiled Tubing del Pozo (sic) MUC-119. y Taladro (sic) S/T, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 15) informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 29/11/2022 relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación con Coiled Tubing de 2 del Pozo (sic) FUL-51 y Taladro (sic) S/T, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 16) Informe Técnico (sic) del Pozo (sic) PIC-16 de fecha 02/03/2023, mediante la cual la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., presenta un resumen operacional de las actividades a desarrollar por la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 17) Propuesta Técnica Económica Coiled Tubing por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., C.A. (sic) para la limpieza y estimulación de los Pazos (sic) FUL 51 Taladro (sic) S/T de fecha 19/01/2023 con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 18) Reporte de Servicios (sic), en los que la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., realizan un resumen de las operaciones de limpieza y estimulación del Pozo (sic) PIC-16.con su respectivo sumario del día.19) Recibo de Documentos (sic) de Servicios (sic) de fecha 14/12/2022, mediante el cual la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hizo entrega le hizo entrega (sic) al ciudadano RAYMOND RODRIGUEZ (sic), en su condición de gerente de Coiled Tubing la documentación en físico de los servicios ejecutados de Coiled Tubing en el Distrito DEPO de PDVSA con las propuestas técnicas para el pozo FUL-51 Reporte de Campo (sic) del Pozo (sic) FUL-51 y Post (sic) Operacional (sic) del Pozo (sic) FUL-51. 20) Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 02/03/2023, relacionada  del con la limpieza nitrogenada y estimulación con Coiled Tubing de 2” del pozo PIC-6 v Taldro (sic) S/T dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 21) Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) FUC-28 Taladro (sic) S/T de fecha 15/10/2022 con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 22) Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 05/11/2022, relacionada con la pesca, limpieza y estimulación matricial del Pozo (sic) FUC-28: y Taladro (sic) S/T. dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES PROYECTOS DEL NORTE, C.A., 23) Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) SBC-130 Taladro S/T. de fecha 02/12/2022,  con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 24) Reporte de Servicios (sic) de fecha 07/2021, mediante el cual la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., describe las operaciones realizadas por la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., en el Pozo (sic) SBC-130, 25) Constancia de entrega de fecha 02/05/2023, mediante la cual el ciudadano Jorge Torcatt, titular de la cédula de identidad N° 11.002.0077 (sic), en su condición de coordinador de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hace entrega a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., de los documentos pertenecientes al servicio de Coiled Tubing de los Pozos (sic) MUC-119, SBC-102, MUC-27, SBC-145, SBC-130, FULL-51, FUC-28, FUC-13L, PIC-07, 26) Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 15/12/2022 relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación matricial del Pozo (sic) SBC-130 y Taladro (sic) S/T, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 27) Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 15/12/2022, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación matricial del Pozo (sic) SBC-130 y Taladro (sic) S/T, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A. 28) Recibo de Documentos (sic) de Servicios (sic) de fecha 10/03/2023, mediante la cual la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hizo entrega le hizo entrega al ciudadano RAYMOND RODRÍGUEZ, en su condición de gerente de Coiled Tubing la documentación en físico de los servicios ejecutados de Coiled Tubing en el Distrito (sic) DEPO de PDVSA, con las propuestas técnicas para el Pozo (sic) PIC-16, Reporte de Campo (sic) del Pozo (sic) PIC-16 y Post (sic) Operacional (sic) del Pozo (sic) PIC-16, 29) Constancia de entrega de fecha 02/05/2023, mediante la cual el ciudadano JORGE TORCATT en su condición de coordinador de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hace entrega a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., de los documentos pertenecientes al servicio de Coiled Tubing de los Pozos (sic) MUC-119, SBC-102, MUC-27, SBC-145, SBC-130, FULL-51, FUC-28. FUC-13L, PIC-07, ahora bien, observa esta Juzgadora (sic) Superior (sic) que dichas documentales fueron promovidas con el objeto de demostrar la relación comercial existente entre las partes, adicionalmente contra las mismas, los apoderados judiciales ejercieron oposición, no obstante, dichas probanzas fueron admitidas por el tribunal a quo en la oportunidad legal correspondiente sin que contra dicho pronunciamiento se hubiera ejercido recurso alguno, en virtud de ello, considera quien aquí decide, que la relación comercial existente entre las partes no resulta un hecho controvertido por lo tanto las documentales consignadas acreditan un hecho que no ha sido objeto de contradicción, cual es, el vinculo o relación comercial entre las partes Y así se establece.” (Resaltado de la Sala).

Como se puede observar del fallo recurrido parcialmente transcrito, se tiene que la ad quem luego de hacer el señalamiento de las documentales referidas en el punto segundo del Capítulo (sic) I del escrito de promoción de pruebas de nuestra representada, las desechó, nuevamente sin especificar el contenido de las mismas, ni hacer otro, señalamiento individualizado, más que decir, que dichas documentales fueron promovidas con el objeto de demostrar la relación comercial existente entre las partes y que por cuanto la relación comercial existente entre las partes no resultaba un hecho controvertido, las mismas "(…) acreditan un hecho que no ha sido objeto de contradicción (…)” sin hacer consideración respecto a su valor probatorio, esto a todas luces es una motivación aparente o simulada realizada con frases genéricas que dan la impresión de haberse hecho sin un razonamiento, teniendo en cuenta que, tal como lo señaló esta representación judicial al momento de ser promovidas las mismas, dichos medios corresponden a "(...) cartas misivas, firmadas y selladas en original, dirigida entre las partes contendientes, con el objeto de probar la prestación de los servicios relacionados con las facturas aceptadas (...)"

De lo antes transcrito se desprende palmariamente y sin lugar a dudas que la recurrida incurre nuevamente en la comisión del vicio de inmotivación en el análisis de los medios de pruebas, promovidas por nuestra representada, y que hace imposible desentrañar cuál es su contendido y qué elementos dimanan de ellos, dado que no se expresa ningún razonamiento en torno a lo que el juez considera que se probó, solo indica someramente que "(...) acreditan un hecho que no ha sido objeto de contradicción (..)". observándose que la alzada, con este tipo de razonamiento, solo simula el análisis de las mismas, sin señalar o establecer el respectivo valor probatorio que le confiere a cada una de ellas y su influencia en la controversia, no expresando nada al respecto del contenido de las referidas documentales, analizando de manera ligera las pruebas de forma genérica, global, en bloque o en conjunto, confundiendo varias pruebas como si fueran una sola, en un análisis confuso, insuficiente y por ende inmotivado.

Asimismo conviene señalar que las documentales se refieren a las siguientes:

1.- informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 21 de diciembre de 2022, relacionada con ta limpieza y estimulación del Pozo (sic) MUC-24C y Taladro (sic) S/T, constante de 35 folios útiles, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de nuestra representada SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

2.- Recibo de Documentos (sic) de Servicios (sic) de fecha 8 de enero de 2023, mediante la cual nuestra mandante SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., hizo entrega al ciudadano Raymond Rodriguez (sic), en condición de Gerente (sic) de Coiled Tubing, la documentación en fisico de los trabajos ejecutados de Coiled Tubing en el Distrito DEPO de PDVSA, con las propuestas técnicas para el Pozo SBC-44. Reporte de Campo (sic) del Pozo (sic) SBC-44 Operacional (sic) del Pozo (sic) SBC-44.

3.- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 3 de febrero de 2023, relacionada con la limpieza y estimulación del Pozo (sic) SBC-108 y Taladro (sic) S/T constante de 26 folios útiles. dingido a PDVSA, por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES. C.A.

4.- Recibo de fecha 15 de febrero de 2023, mediante la cual el ciudadano Raymond Rodríguez, en su condición de Gerente (sic) de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., (CONPRONORTE), deja constancia de haber recibido tel ciudadano Ricardo Sierralta, Gerente (sic) de mi mandante SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., los reportes correspondientes a los Pozos (sic) MUC-27, MUC-24C, MUC-24L, SBC-108, MUC-119, PIC-41, PIC-17 y PIC-07.

5.- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 7 de febrero de 2023, relacionada con pesca, recuperación y Sarta (sic) de CT 2" del Pozo (sic) PIC-23 Y Taladro (sic) S/T, constante de 24 tolos útiles, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., previa revisión de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

6.- Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación De (sic) los Pozos (sic) PIC-24 v Taladro (sic) S/T. de fecha 7 de marzo de 2023, constante de 37 folio ulties, con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

7.- Recibo de Documentos (sic) de Servicios (sic) de fecha 15 de abril de 2023, mediante la Dal (sic) nuestra representada le hizo entrega al ciudadano Raymond Rodríguez, en su condición de Gerente (sic) de Coiled Tubing, la documentación en fisico (sic) de los servicios ejecutados en Coiled Tubing en el Distrito (sic) DEPO de PDVSA, con las propuestas técnicas para el Pozo (sic) PIC-24, Reporte (sic) de Campo (sic) del Pozo (sic) PIC-24 y Post (sic) Operacional (sic) del Pozo (sic) PIC-24.

8.- Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizadas por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) SBC-145 y Taladro (sic) S/T, de fecha 16 de febrero de 2023, constante de 32 folios útiles, con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

9- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 9 de enero de 2023, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación matricial con Coiled Tubing del Pozo (sic) PIC-41 y Taladro (sic) S/T constante de 28 folios útiles, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de mi mandante.

10.- Recibo de Documentos (sic) de Servicios (sic) de fecha 14 de enero de 2023, mediante la cual la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hizo entrega al ciudadano Raymond Rodríguez, en su condición de Gerente (sic) de Coiled Tubing. la documentación en físico de los servicios ejecutados de Coiled Tubing en el Distrito (sic) DEPO de PDVSA, con las propuestas técnicas para el Pozo (sic) PIC-41. Reporte de Campo (sic) del Pozo (sic) PIC-41 y Post (sic) Operacional (sic) del Pozo PIC-41.

11- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 14 de febrero de 2023, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación matricial con Coiled Tubing del pozo SBC-102 y Taladro (sic) S/T constante de 25 folios útiles, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., Con (sic) revisión previa de empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

12.- Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizadas por la empresa. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) PIC-17 y Taladro (sic) S/T, de fecha 21 de noviembre de 2022, constante de 27 folios útiles, con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

13. Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizadas por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos MUC-119 y Taladro S/T, de fecha 19 de enero de 2023, constante de 24 folios útiles, revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

14.- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 28 de enero de 2023, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación con Coiled Tubing del Pozo (sic) MUC-119, y Taladro (sic) S/T, constante de 25 folios, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

15.- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 29 de noviembre de 2022, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación con Coiled Tubing de 2 del Pozo (sic) FUL-51 y Taladro (sic) S/T, constante de 26 folios, dirigido a PDVS A por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

16.- Informe Técnico (sic) del Pozo (sic) PIC-16 de fecha 2 de marzo de 2023, mediante la cual la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., presenta un resumen operacional de las actividades a desarrollar por la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

17.- Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos FUL-51 Taladro S/T de fecha 19 de enero de 2023, constante de 28 folios, con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

18- Reporte de Servicios (sic), constante de 26 folios, en los que la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.. realiza un resumen de las operaciones de limpieza y estimulación del Pozo (sic) PIC-16, con su respectivo sumario del día.

19- Recibo de Documentos (sic) de Servicios (sic) de fecha 14/12/2022 mediante el cual la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES. C.A., le hizo entrega le hizo entrega al ciudadano Raymond Rodríguez, en su condición de Gerente (sic) de Coiled Tubing la documentación en físico de los servicios ejecutados de Coiled Tubing en el Distrito (sic) DEPO de PDVSA, con las propuestas técnicas para el Pozo (sic) FUL-51, Reporte (sic) de Campo (sic) del Pozo (sic) FUL-51 y Post (sic) Operacional (sic) del pozo FUL-51.

20.- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 2 de marzo de 2022, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación con Coiled Tubing de 2 del Pozo (sic) PIC-6 y Taladro (sic) S/T, de 28 folios útiles, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

21.- Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) FUC-28 y Taladro (sic) S/T, de fecha 15 de octubre de 2022, de 30 folios útiles, con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

22.- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 5 de noviembre de 2022, relacionada con la pesca, limpieza y estimulación matricial del Pozo (sic) FUC-28 y Taladro (sic) S/T, de 24 folios, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

23.- Propuesta Técnica (sic) Económica (sic) (Coiled Tubing) realizada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., (CONPRONORTE), para la limpieza y estimulación de los Pozos (sic) SBC-130, Taladro (sic) S/T, de fecha 2 de diciembre de 2022, de 33 folios útiles, con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

24.- Reporte de Servicios (sic) del mes de julio de 2021, mediante el cual la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., describe las operaciones realizadas por la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., en el Pozo (sic) SBC-130.

25. Constancia de entrega de fecha 2 de mayo de 2023, mediante la cual el ciudadano Jorge Torcatt, en su condición de Coordinador (sic) de SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hace entrega a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., de los documentos pertenecientes al servicio de Colled Tubing de los Pozos (sic) MUC-119, SBC-102, MUC-27. SBC-145, SBC-130, FULL-51. FUC-28 FUC-13L, PIC-07

26 - Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 15 de diciembre de 2022, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación matricial del Pozo (sic) SBC-130 y Taladro (sic) S/T, 19 folios útiles, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

27.- Informe Post (sic) Operacional (sic) de fecha 15 de diciembre de 2022, relacionada con la limpieza nitrogenada y estimulación matricial del Pozo (sic) SBC-130 y Taladro (sic) S/T, de 19 folios útiles, dirigido a PDVSA por parte de la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., con revisión previa de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A.

28.- Recibo de Documentos (sic) de Servicios (sic) de fecha 10 de marzo de 2023, mediante la cual la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hizo entrega le hizo entrega al ciudadano Raymond Rodríguez, en su condición de gerente de Coiled Tubing la documentación en físico de los servicios ejecutados de Coiled Tubing en el Distrito (sic) DEPO de PDVSA, con las propuestas técnicas para el Pozo (sic) PIC-16, Reporte (sic) de Campo (sic) del Pozo (sic) PIC-16 y Post (sic) Operacional (sic) del Pozo (sic) PIC-16.

29.- Constancia de entrega de fecha 2 de mayo de 2023, mediante la cual el ciudadano Jorge Torcatt, en su condición de Coordinador (sic) de la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., le hace entrega a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., de los documentos pertenecientes al servicio de Coiled Tubing de los Pozos (sic) MUC-119, SBC-102, MUC-27, SBC-145, SBC-130, FULL-51, FUC-28, FUC-13L, PIC-07.

Las referidas documentales fueron promovidas por nuestra representada a los fines de demostrar la prestación de servicios relacionados con las facturas aceptadas N 000734, de fecha 4 de abril de 2023, N° 000752 de fecha 17 de julio de 2023 y N° 000753, de fecha 18 de agosto de 2023, objeto del presente juicio, es decir, no buscaban probar una relación comercial entre las partes, sino la prestación de los servicios cuya contraprestación se reflejó en las facturas fundamentos de la pretensión de cobro de bolívares vía intimatoria.

En virtud de los criterios antes señalados, tenemos que en el presente caso la sentenciadora de la alzada estaría incurriendo en el vicio de inmotivación análisis de las pruebas documentales, antes reseñadas, por cuanto no procedió con el señalamiento de cada una de sus particularidades, ni de qué se trataba cada una de forma individual, sino que se limitó, sin siquiera indicar el verdadero objeto de los medios señalados, a señalar que acreditan un hecho que no ha sido objeto de contradicción, sin ofrecer una actividad de raciocinio debidamente sustentada en motivos de hecho y de derecho para realizar un análisis con respecto al establecimiento y valoración de dichas pruebas, lo cual se verifica de forma arbitraria y sin sustento por parte de la jueza ad quem.

La norma contenida en el articulo 243 ordinal 4, del Código de Procedimiento Civil, exige el sentenciador establecer los motivos de hecho y de derecho de la decisión y la contenida en el 244 eiusdem sanciona con nulidad a la sentencia en las que falten esas determinaciones: en consecuencia los dos motivos la actitud arbitraria del juez ad quem, genera una intensidad y fuerza que equivalen a la carencia de fundamentos en el análisis probatorio de las documentales, y en consecuencia, hace nula a la sentencia recurrida.

Asimismo dicha actuación del juez ad quem genera una influencia determinante en el dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo, ya que de no haber incurrido en la inmotivación anteriormente señalada habría tomado en consideración las documentales evacuadas como factor determinante para la demostración de los trabajos cuya contraprestación reflejaban las facturas aceptadas objeto del presente juicio por cobro de bolívares vía de intimación, modificándose totalmente el argumento por el cual se desestima dicha acción, lo que modifica lo resuelto en el dispositivo de la sentencia por cuanto en el supuesto de haber sido valoradas las mismas en toda su extensión acorde a lo esgrimido en la presente denuncia, el juez superior no podría haber desechado del proceso las facturas aceptadas N° 000734, de fecha 4 de abril de 2023. N° 000752 de fecha 17 de julio de 2023 y N° 000753, de fecha 18 de agosto de 2023, y en consecuencia declarado la improcedencia de la demanda por cobro de bolívares vía intimatoria, interpuesta por nuestra representada.

Los argumentos expuestos demuestran que la recurrida infringió el artículo 243 ordinal 4°, del Código de Procedimiento Civil, y por ende también el 244 eiusdem, al estar incursa en el vicio de inmotivación en el análisis de los medios de prueba que la hace nula, vicio que se verifica si se hace imposible desentrañar cuál es su contendido y que elementos dimanan de ellas, no se expresa ningún razonamiento en torno a lo que el juez señala respecto los motivos por los cuales considera que "(…) acreditan un hecho que no ha sido objeto de contradicción, como en el presente caso…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

Alega el recurrente la violación del artículo 243 ordinal 4°, y el 244, del Código de Procedimiento Civil, al incurrir en inmotivación en el análisis y valoración de las pruebas documentales que pudieron tener influencia determinante en el dispositivo del fallo, si las hubiera valorado en su integridad.

Como se dijo en el punto anterior, en relación con el vicio de inmotivación esta Sala ha establecido que el mismo se contrae a la falta de señalamiento por parte del juez de las razones de hecho y de derecho de su decisión porque: i) Por inmotivación en el análisis de los medios de pruebas. Que hace imposible desentrañar cuál es su contendido y qué elementos dimanan de ellos, no se expresa ningún razonamiento en torno a lo que el juez considera qué se probó; o no señala los motivos por los cuales fueron desechados. (Cfr. fallos N° 123, del 29-3-2017. Exp. N° 2016-239; N° 228, del 9-5-2018. Exp. N° 2017-062; y N° 436, del 13-8-2018. Exp. N° 2017-432).

La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces con ajustamiento a lo alegado por las partes en la demanda y la contestación, y a lo probado por ellas, como fundamento del dispositivo, las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran, y las segundas, la aplicación a estos de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

El dispositivo de todo fallo debe ser razonado, es decir, estar fundado en un examen de los hechos y de las pruebas aportadas a los autos con las conclusiones jurídicas que a los jueces les merecen. Esta formalidad es una garantía contra la arbitrariedad judicial, pues con su cabal cumplimiento la cosa juzgada que emerge del dispositivo, llega a ser resultado lógico de una sana administración de justicia.

Ahora bien, esta Sala a los fines de contribuir con la celeridad y desgaste que impone la extensa valoración de las pruebas, da por reproducido el contenido de lo transcrito en la denuncia, en vista de que son múltiples ordenes de trabajo, y solo para verificar lo denunciado por el recurrente, considera necesario transcribir la parte pertinente de la sentencia recurrida el cual es del tenor siguiente:

“…observa esta Juzgadora (sic) Superior (sic) que dichas documentales fueron promovidas con el objeto de demostrar la relación comercial existente entre las partes, adicionalmente contra las mismas, los apoderados judiciales ejercieron oposición, no obstante, dichas probanzas fueron admitidas por el tribunal a quo en la oportunidad legal correspondiente sin que contra dicho pronunciamiento se hubiera ejercido recurso alguno, en virtud de ello, considera quien aquí decide, que la relación comercial existente entre las partes no resulta un hecho controvertido por lo tanto, las documentales consignadas acreditan un hecho que no ha sido objeto de contradicción, cual es, el vinculo o relación comercial entre las partes…”.

 

Puede observarse claramente, del resumen de la transcripción de la sentencia recurrida, que el juez superior actuó conforme a lo solicitado por la parte demandante, en reconocer la relación comercial existente entre ellas, por lo que contrariamente a lo solicitado por el recurrente, el juez motivó perfectamente su sentencia, sin incurrir en el vicio delatado.

En vista de lo expuesto, se declara improcedente la denuncia por falta de motivación contenida en los artículos 243.4 y 244 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

-II-

DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY

PRIMERA DENUNCIA

El formalizante denuncia en la recurrida el vicio de falta de aplicación de normas, con base en la siguiente fundamentación:

“…De conformidad con el ordinal 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos (sic) 320 denuncio que la recurrida, con violación de los artículos 12 y 509 del mismo Código, por falta de aplicación, incurrió en el vicio de silencio de pruebas, y, a su vez, violó los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil, también por falta de aplicación, así como el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil también por falta de aplicación, con base en los siguientes fundamentos:

Dada la naturaleza de la presente denuncia y la invocación en apoyo de la misma del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, lo que habilita a la Sala al examen de las actas procesales, pido que se constate que, en el cuaderno de tacha de falsedad incidental abierto a raíz de la tacha propuesta por la parte demandada contra los instrumentos anexos al libelo, se promovieron e hicieron valer las facturas originales Invocadas en el libelo de demanda y cuyo cobro es el objeto central de la pretensión.

Asimismo, pido que se verifique que, en el escrito de promoción de pruebas, se promovieron y se opusieron a la parte demandada las facturas originales, tal como se lee a continuación:

"Primero: De conformidad con los artículos 124 y 147 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 1361 (sic) y 1363 (sic) del Código Civil promuevo los siguientes documentos, contentivos de las facturas aceptadas en original, con el objeto de demostrar la existencia de la obligación, el monto de la deuda y demás aspectos relacionados con las cantidades liquidas y exigibles de dinero que se pretenden cobrar en este juicio Dichos (sic) documentos son los siguientes:

1. Factura aceptada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A. (CONPRONORTE), signada con el N° 000734 de fecha 4 de abril de 2023, hasta por la cantidad de un millón nueve mil dólares con cincuenta y cinco centavos ($ 1.009.654,55), por concepto del trabajo integral a pozos con equipo de tubería continua en la dirección ejecutiva de producción oriente en el distrito El Furrial Punta de Mata, Estado (sic) Monagas, dicho servicio se ejecutó por SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., concediéndole a deudor un plazo de treinta (30) dias (sic) continuos para pagar De (sic) modo que el vencimiento de esta factura se verificó el 4 de mayo de 2023, Cabe (sic) destacar que esta factura en original se encuentra en resguardo en la caja fuerte de este Tribunal (sic).

2. Factura aceptada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A. (CONPRONORTE), signada con el N° 000752 de focha 17 de julio de 2023, hasta por la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y un mil dólares americano (sic) ($ 1.651.623.00) por concepto de trabajo integral a los pozos PIC 41. PIC, MUC 24-L, MUC 27, MU 119 y SBC 108 con equipos de tubería continua en la dirección ejecutiva de producción oriente en el Distrito (sic) El Furrial, Punta de Mata. Estado (sic) Monagas. Dicho servicio se ejecuto por SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., concediéndole a deudor un plazo de treinta (30) días continuos para pagar. De modo que el vencimiento de esta factura se verifico el 17 de agosto de 2023. Cabe destacar que esta factura en original se encuentra en resguardo en la caja fuerte de este Tribunal (sic).

3 Factura aceptada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A. (CONPRONORTE), signada con el N° 00075(3) de fecha 17 de julio de 2023. hasta por la cantidad de un millón doscientos quince mil dólares(sic) con treinta y siete centavos ($ 1.215.976,37) por concepto de trabajo integral a los pozos SBC 102 PIC16 PIC 23 SBC 145 PIC 24, con equipos de tubería continua en la dirección ejecutiva de producción oriente en el Distrito El Furrial Punta de Mata Estado (sic) Monagas. Dicho servicio se ejecutó por SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., concediéndole a deudor un plazo de treinta (30) días continuos para pagar. De modo que el vencimiento de esta factura se verificó el 18 de septiembre de 2023 Cabe destacar que esta factura en original se encuentra en resguardo en la caja fuerte de este Tribunal (sic).

Así las cosas tenemos tres (3) facturas debidamente aceptadas por el deudor que establecen en una deuda liquida exigible de dinero hasta por la cantidad de tres millones ochocientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y tres dólares ($3.877.253,92) que la empresa deudora CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE EL NORTE, C.A. (CONPRONORTE) no ha pagado a la fecha de su vencimiento.”

Finalmente, solicito a la Sala que constate que, ante la producción y promoción de los originales de esas facturas, la parte demandada no las impugnó ni desconoció, como si hizo respecto a los fotostatos a color acompañados al libelo, lo cual resulta irrelevante ante la producción posterior de esos originales y su falta de impugnación.

Ahora bien, visto que esta representación produjo y opuso a la parte demandada las facturas originales en las que consta la obligación demandada, y esa parte demandada no impugnó, ni desconoció esas facturas, debieron tenerse por reconocidas y, en consecuencia, probados los hechos libelados. Pero, esa no fue la conducta exhibida por la recurrida. Veamos:

El primer yerro de la recurrida sobre este aspecto lo encontramos al folio doscientos veintidós (222) de la tercera pieza principal del expediente, donde se lee lo siguiente:

"En la oportunidad probatoria correspondiente, la representación judicial de la parte demandante, ratificó el valor probatorio de las facturas Nros. 000734, 000752 v 000753 y sus respectivas ordenes (sic) de servicio las cuales como se indica anteriormente, serán valoradas previo al desarrollo de la motiva. Y así se establece."

Como se aprecia claramente de la transcripción que se hizo del escrito de promoción de pruebas presentado por esta representación, no es cierto que se haya "ratificado" el valor probatorio de algún otro instrumento. En esa oportunidad, una vez que el procedimiento monitorio había decaído de su especialidad y había pasado a ser un procedimiento ordinario, de forma autónoma e independiente, se promovieron las facturas invocadas en el libelo, en original.

El segundo yerro de la recurrida lo encontramos en que esta solo se ocupó de examinar las fotocopias a color anexas al libelo, pero no se valoraron de forma autónoma las facturas originales promovidas con posterioridad.

Sobre la eficacia probatoria de las copias anexas al libelo hay criterios diversos, debiendo subrayarse que esta propia Sala de Casación Civil ha admitido la eficacia de las copias de documentos privados, tal como se aprecia en su sentencia 217 del 4 de mayo de 2018, que sostuvo lo siguiente:

(…Omissis…)

Ahora bien, no se combate con la presente denuncia el pronunciamiento de la recurrida respecto a la valoración que hizo respecto a los documentos anexos a la demanda; sino la falta de valoración autónoma e independiente que debió hacer respecto a las facturas originales promovidas oportunamente y no cuestionadas por la parte demandada.

Fueron tres (3) las facturas invocadas en el libelo como adeudadas por la parte demandada, las que se identifican por su numeración como 734, 752 y 753. La recurrida, con un criterio cuestionable, pero no combatido en la presente denuncia, pues ello es irrelevante, desechó las copias anexas al libelo, por considerar que el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil no admite ese tipo de reproducciones, pero, lo que no hizo la recurrida, y es lo que se delata en la presente denuncia, fue valorar en forma autónoma las facturas promovidas en el escrito de promoción de pruebas y que, al no haber sido impugnadas ni desconocidas, quedaron reconocidas.

En su examen del caudal probatorio, desechados los fotostatos anexos al libelo, debió examinar las facturas originales promovidas en la oportunidad pertinente, para concluir que, al no haber sido impugnadas ni desconocidas, habían quedado reconocidas: Pero eso no fue lo que hizo la recurrida: las facturas originales promovidas y opuestas a la parte demandada se examinaron tan solo para cotejarlas con los fotostatos, ya desestimados por la razón antes descrita, pero la recurrida no las valoró ni se pronunció sobre su mérito probatorio.

Así las cosas, denuncio expresamente que la recurrida violó el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, al silenciar la promoción autónoma de unas facturas originales en la oportunidad de promoción de pruebas, falseando lo acaecido, señalando que se trató de una ratificación de un mérita probatorio, siendo que se trató de una promoción pura y simple, tal como consta de la transcripción que antecede de dicha promoción, e igualmente violó esa norma cuando, a pesar de esa promoción autónoma y de que reconoce que constan a los autos unas facturas originales presentadas por mi representada -que no fueron desconocidas- guardó absoluto silencio respecto a su mérito probatorio y los efectos absolutos que tiene respecto a la pretensión el reconocimiento tácito de las mismas ante la falta de impugnación por la parte demandada.

A fin de evitar confusiones, lo valorado y desechado por la recurrida fueron unas copias fotostáticas anexos al libelo, mientras que, lo omitido por la recurrida, fue la valoración de unos instrumentos originales representativos de unas facturas comerciales originales, que tienen los números 734, 752 753 que, opuestos a la parte demandada, no los impugnó ni desconoció.

Denuncio además del silencio de pruebas incurrido por la recurrida, con obvia Infracción (sic) de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, que imponían a la recurrida valorar todas las pruebas, la infracción, por falta de aplicación, de los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil 1.363 del Código Civil, cuya aplicación concatenada, dada la falta de impugnación o desconocimiento de esas facturas originales por la parte demandada a la que les fueron opuestas, provocó que se las tuviera legalmente por reconocidas y, en consecuencia, que se derivara plena prueba de las mismas. En el caso concreto, de tales facturas originales, así alegadas e invocadas en el libelo, se desprende la existencia de la obligación demandada, su magnitud y exigibilidad obviamente, de haber la recurrida valorado las facturas originales promovidas y atribuirles el mérito probatorio que legalmente les correspondía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, debió declarar con lugar la demanda incoada, resultando palmario la violación de esta disposición igualmente por falta de aplicación.

Las infracciones denunciadas fueron trascendentes en el dispositivo del fallo, pues de no haber incurrido la recurrida en el silencio de pruebas denunciado, y de haber aplicado lo dispuesto en los artículos 254 y 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil, en lugar de haber desechado la demanda, la recurrida habría declarado con lugar la pretensión incoada, condenando a la demandada al pago de las sumas reclamadas.

Por último, respecto de los artículos que el sentenciador de la alzada debió aplicar y no aplicó, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, ordinal 4", del Código de Procedimiento Civil, se tiene que los artículos que debió aplicar la recurrida para resolver la controversia fueron precisamente los aquí denunciados, esto es, los artículos 12, 254, 444 y 509 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

Alega el recurrente la violación de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, por incurrir en el vicio de silencio de pruebas, y, que, a su vez, violó los artículos 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil, también por falta de aplicación, así como el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, al no darle valor probatorio a las documentales relativas a las facturas objeto del presente litigio.

Al respecto, se precisa que la falta de aplicación consiste en no juzgar conforme a la norma sustancial que corresponde al caso concreto, es decir, no aplicar las consecuencias jurídicas de una norma legal vigente que corresponde a la diatriba sustancial sometida a juicio, cuyo error constituye el sentido del recurso extraordinario de la casación, que es velar por la correcta aplicación del Derecho, sobre ello, esta Sala en sentencia N° 137 de fecha 2 de abril del año 2025, expuso lo siguiente:

“…Por otro lado, la infracción de ley correspondiente al vicio por falta de aplicación de una norma jurídica la cual se produce cuando se niega la existencia o la vigencia de una norma “…dispuesta para resolver el conflicto, por lo que aún cuando una norma regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó…”. (Vid. sentencia N° 092 de fecha 15 de marzo de 2017, caso Zully Alejandra Farías Rojas).

 

Ahora bien, en relación con el delatado vicio de silencio de pruebas, esta Sala con ponencia conjunta, en sentencia N° 335, de fecha 9 de junio de 2008, caso: Banco Latino, C.A., contra Inversiones Cotécnica, C.A., y otras, expediente N° 2003-421, reiterada en fallo N° RC-346, de fecha 15 de junio de 2015, expediente N° 2013-427, caso: Cenit Sarahay Guerra Moreno, contra Segunda Nicacia Cadena Cuenu, señaló lo siguiente:

“…La Sala dejó sentado en sentencia de fecha 21 de junio de 2000, que la falta de análisis y pronunciamiento sobre las pruebas no constituye un defecto de forma de la sentencia, sino un error de juzgamiento que debe ser denunciado al amparo del ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, alegando la violación de la regla de establecimiento de las pruebas contenida en el artículo 509 eiusdem por falta de aplicación, siempre y cuando la falta de examen de la prueba o su análisis parcial, haya sido decisivo del dispositivo del fallo; extremo este que ha de considerarse cumplido cuando la prueba omitida o examinada parcialmente, es capaz de demostrar hechos que han de cambiar la suerte de la controversia. (Caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A.)…”. (Resaltado de la Sala).

 

Conforme al criterio de esta Sala antes transcrito, el vicio de silencio de pruebas, se produce cuando el juez omite en su totalidad examinar o valorar la prueba, siempre y cuando esa falta de examen haya sido decisivo en el dispositivo del fallo, lo cual ha de considerarse cumplido, cuando la prueba omitida es capaz de demostrar hechos que han de cambiar la suerte de la controversia.

De igual forma esta Sala ha determinado, que no existe silencio de pruebas cuando de la sentencia recurrida, se observe, que el juez analizó y valoró la misma, dado que el supuesto de hecho generador del vicio es la falta absoluta de su apreciación por parte del juez de instancia.

Ahora bien, en el presente caso, el juez de alzada en torno a la prueba delatada como silenciada, referida a las facturas Nros. 000734, 000752 v 000753 dispuso lo siguiente:

“…Ahora bien, en el caso de autos se observa que una vez desconocidas e impugnadas las facturas presentadas en juicio, la representación judicial de la accionante en el escrito de contestación de la tacha incidental, presentó señalando como originales las facturas objeto de la presente pretensión, y en esa misma oportunidad solicitó su resguardo en la caja fuerte del Tribunal (sic) a quo: a pesar de ello, tales instrumentos cursan en los folios 20 al 22 de la pieza principal denominada N° 3 del expediente, por lo que en relación a la factura N° 000734, se aprecia de la simple comparación entre la factura identificada como original y la copia fotostática a color consignada junto al libelo de la demanda existen entre ellas notables diferencias en lo que respecta sus características esenciales, pues, en la factura indicada como original (folio 20, pieza 3), no que contiene la información referente a la indicación de la fecha de recepción, así como la fecha del vencimiento de la factura, ambas características ubicadas en el extremo inferior izquierdo del documento, conforme se evidencia de la factura consignada junto al libelo de la demanda: aunado a que, la ubicación de los sellos de la demandada y la presunta firma en señal de recibida, no se corresponden entre las referidas documentales, características que resultan ser discrepantes y discordantes entre sí, tal y como fuera afirmado por los expertos grafotécnicos en el contenido de la experticia, lo que conlleva necesariamente a esta Juzgadora (sic) Superior (sic) a determinar que la reproducción fotostática presentada junto al libelo, no se corresponde con la factura que indica el apoderado de la parte demandante haber consignado como original, motivo por el cual, al tratarse la factura en cuestión de un documento privado habiendo sido impugnado por la contraparte, sin que pueda determinarse su autenticidad considera quien aquí suscribe que dicha documental carece de valor probatorio, ello en atención a lo dispuesto en el citado artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual la misma debe ser desestimada del proceso- Y así se decide.

Con respecto a las facturas Nros. 000752 у 000753, emitidas en fechas 17/07/2023 y 18/08/2023 respectivamente, y con fechas de vencimiento para los días 17/08/2023 y 18/09/2023 dirigidas a la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A., librada la primera por un monto de un millón seiscientos cincuenta y un mil seiscientos veintitrés dólares americanos (USD$ 1.651.623.00) y la segunda por la cantidad de un millón doscientos quince mil novecientos setenta y seis con treinta y siete centavos (USDS 1.215.976.37), donde presuntamente se comercializó el servicio prestado a pozo Distrito Furrial/Punta de Mata. Estado (sic) Monagas, en lo referente a las preindicadas facturas se aprecia, que las mismas también fueron objeto de desconocimiento e impugnación: ahora bien, en aras de determinar su valor probatorio, corresponde a quien aquí decide analizarlas en conjunto con el resto de los medios probatorios promovidos, para de esta forma determinar su validez o no dentro del proceso; en este sentido, tenemos que la representación judicial de la parte demandada consignó a los autos señaladas como originales ordenes de servicio signadas con los Nros, OS000199 y OS000239, junto con las facturas que fueron libradas en razón a ellas, por compañías que se identifican en su contenido como proveedores, corroborándose así, en el caso de la orden de servicio OS000199, que la misma fue emitida a favor de la compañía MULTISERVICIOS HERMANOS CASTELLANO, C.A., empresa que reconoció tener una relación comercial con la demandada, tal y como se aprecia de las resultas de la prueba de informes que cursa al folio 169 de la pieza N° 2, así como de haber emitido la factura N° 000144, por los conceptos allí contenidos, aunado a ello, también fue consignado en autos, resultas de la prueba de informes dirigida al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), a través de la cual dicho ente tributario afirma que la información requerida se corresponde con los archivos que reposan en el mismo, tanto en lo relativo al Impuesto sobre la Renta (ISLR) como al Impuesto al Valor Agregado OVA), producto de la citada factura; en lo referente a la orden de servicio 05000239, se verifica que fue emitida a orden de la compañía TELECOMUNICACIONES ROCARLI, C.A., compañía que al igual que la anterior reconoció tener una relación comercial con la demandada contentivo a la asistencia y prestación de servicios de internet, reconociendo también haber emitido la factura N° 0000134760, por los conceptos en ella contenidos (folio 171 pieza N° 3), igualmente, que también fue requerido a través de la prueba de informes dirigida al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) la información sobre la retención del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) como al Impuesto al Valor Agregado (IVA), producto de la aludida factura información que fue comprobada por el ente, tal y como se aprecia de las resultas que constan a los folios 4 al 10 de la pieza N° 3.

Adicionalmente, sobre las facturas antes indicadas (000752 y 000753) la misma parte demandada, promovió experticia grafotécnica sobre las ellas, concluyendo dicha experticia que, las facturas: "(...) presentan reproducciones de tazas a manera de firmas, no originales, y dada la estructura de la firma indubitada en cuanto a a cantidad de unidades de acción escritural con relación a la estructura de las firmas cuestionadas no pueden ser atribuidas las reproducciones cuestionadas como reproducciones de firmas de MAX GERARDO URIOLA CHEREMO, en los documentos objeto de tacha": aunado a lo anterior, en el particular tercero afirman que: "(...) en las facturas N° 000752 y 000753 que se encuentran en resguardo y en las órdenes de servicio N° OS000199 y N° OS000238 justo debajo del sello de CORPONORTE (sic) existen reproducciones de trazos y rasgos a manera de timas que son reproducciones no originales.": y finalmente, que: "(...) No existen estampas de sellos originales de CORPONORTE (sic), en las facturas N° 000752 y N° 000753: y tampoco hay estampas de sellos de CORPONORTE originales en las órdenes de servicio N° O5000199 v N° OS000239 que rielan a los autos."; y siendo que dicho estudio realizado por los expertos designados arrojó la falta de veracidad de las mentadas facturas, es por ello, que al no haber sido debidamente invalidado en su contenido durante la sustanciación del juicio por la parte contra quien obraba dicha prueba a través de los recursos de ley existentes, es menester para quien aquí suscribe determinar la firmeza de dicha experticia grafotécnica. Y así se establece.

Atendiendo a lo antes expuesto, considera esta Juzgadora (sic) Superior (sic) que las facturas consignadas por la parte demandante signadas con los 000752 у 000753, no se corresponde con las órdenes de servicio Nros. OS000199 y 05000239, con las cuales fueron acompañadas, pues se aprecia de los autos, que dichas órdenes fueron emitidas a nombres de proveedores distintos a la de la parte demandante, aunado a ello, que tal y como fuera indicado por los expertos grafotécnicos, tanto las facturas consignadas como las órdenes de servicio que fueron presentadas en juicio constituyen una reproducción no original del documento, motivo por el cual, no es posible para quien aquí decide comprobar su veracidad, siendo forzoso en razón a ello declarar que las mismas carecen de valor probatorio y por lo tanto deben ser desestimadas del proceso. Y así se decide…”.

 

Como puede observarse de la extensa transcripción de la sentencia recurrida, la misma resuelve la incógnita de la parte recurrente al establecer que las copias de las facturas consignadas con el libelo de la demanda, según la experticia, no se compaginan con los originales consignadas en la incidencia de tacha, por lo que no existe el silencio de pruebas delatado, asimismo, se observa que se aplicó el contenido íntegro de los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, referidos a que el juez debe tener por norte la verdad y analizar todas las pruebas presentadas en juicio.

Con respecto al artículo 444 del Código de Procedimiento Civil y 1.363 del Código Civil, denunciados por falta de aplicación, referido a los documentos privados, su tiempo y forma de consignación y reconocimiento, se denota de la transcripción de la sentencia recurrida, que las documentales fueron objeto de experticia grafotécnica que determino su falsedad, por lo que no existe el vicio delatado.

Con respecto a la falta de aplicación del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, referido a que “…Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demanda…”, de la transcripción de la recurrida se denota que fueron exhaustivamente analizadas las pruebas y determinaron, cuál parte tenía la razón en el presente caso, por lo que la denuncia es improcedente.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, se concluye que la presente denuncia es improcedente. Y así se decide.

SEGUNDA DENUNCIA

El formalizante denuncia en la recurrida el vicio de falta y falsa aplicación de normas, con base en la siguiente fundamentación:

“…De conformidad con el ordinal 2 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. en concordancia con los artículos 320 denuncio que la recurrida violó el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, los artículos 254, 445 y 508 del mismo Código, por falta de aplicación, y el artículo 147 del Código de Comercio, también por falta de aplicación, con base en los siguientes fundamentos:

Como se describió en la presentación del caso, a los documentos anexos al libelo, la parte demandada los impugné mediante la tacha de falsedad, desconociéndolos e Impugnándolo por su naturaleza de copias simples de documentos privados.

La tacha de falsedad fue declarada sin lugar por los jueces de instancia y el recurso de casación anunciado contra el fallo del superior se declaró inadmisible, así como sin lugar el recurso de hecho propuesto.

En lo que atañe al desconocimiento, es preciso señalar: dado que lo alegado fue que las facturas demandadas quedaron tácitamente aceptadas, pues fueron entregadas en la sede de la demandada y recibidas sin reclamo dentro de los ocho (8) días siguientes, y, dado que mi representada no contaba con un documento indubitado para promover el cotejo, autorizada por el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, promovió la prueba de testigos.

Así, en la presente causa declararon de forma conteste cinco (5) testigos, quienes, de forma unánime, declararon conocer a las partes, declararon conocer su relación comercial y declararon tener certeza de la presentación de las facturas demandadas a la parte demandada. No obstante, sin que hubieran sido tachados, ni repreguntados, ni cuestionados, la recurrida desechó cuatro (4) de esas testimoniales por considerar a los testigos como personas interesadas, tal como se lee del siguiente pasaje:

"Asimismo, promovió las Testimoniales (SIC) de los ciudadanos YIMNELL SUSANA FIGUERA RIVAS, LEOMAR JESÚS TRINITARIO PATIÑO, JORGE LUIS TORCATT LUNAR, RICARDO ANTONIO SIERRALTA NAVA, RAYMOND DE JESÚS RODRÍGUEZ CARGIA, AGUSTIN (sic) UGAS Y JORGE OCHOA, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-23.546.953, V-19.082 323, V-11.002077, V-15.810.448, V-14.044.624, V-19.312.148 y V-20.622.218, respectivamente, constando a los folios 69 al 72 y 109 al 112 de la pieza N° 2 del expediente, las resultas de las comisiones libradas a los Juzgados de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas de los Municipios Simón Rodríguez y San José de Guanipa y Municipio Anaco del estado Anzoátegui, evidenciándose de dichas declaraciones que en el caso de los ciudadanos YIMNELL SUSANA FIGUERA RIVAS, LEOMAR JESÚS TRINITARIO PATIÑO, JORGE LUIS TORCATT LUNAR, RICARDO ANTONIO SIERRALTA NAVA, que aun y cuando declaran tener conocimiento de los servicios prestados a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE (CORPONORTE) (sic), así como la emisión y entrega de las facturas objeto del presente proceso, observa esta Juzgadora (sic) Superior (sic) que los mismos cumplen funciones laborales en la empresa SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., deduciéndose que existe un vinculo de dependencia entre los testigos y la parte promovente, lo que determina la existencia de un interés directo a favor de la demandante, lo que hace que dichos testigos resulten inhábiles, a tenor de lo dispuesto en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual dichas deposiciones deben desecharse del proceso.”

Como se aprecia de la cita previa, la recurrida descalificó el dicho de cuatro (4) testigos, no tachados, ni repreguntados, ni impugnados, por considerar que, por el simple hecho de prestar servicios para mi representada, tienen interés en las resultas del juicio. Este pronunciamiento por parte de la recurrida lo que exhibe es su inmenso desconocimiento sobre el alcance de la expresión "interés, aunque sea indirecto, en las resultas del juicio". Así, por una parte, la recurrida interpreta que ser trabajador de una de las partes en juicio, en este caso, de la parte que lo promovió, significa que tiene interés en las resultas del juicio y, en consecuencia, su dicho debe ser desestimado. Como es bien sabido, el interés susceptible de invalidar el dicho de un testigo es el interés económico del beneficio que directamente pueda recibir el testigo o los testigos del éxito de la demanda.

Sobre el interés inhabilitante del testigo, esta Sala de Casación Civil, en sentencia número 510 de fecha 9 de agosto de 2016, expediente Nº AA20-C-2016-000126, dejó establecido el siguiente criterio:

(…Omissis…)

Como queda expuesto, la simple circunstancia de que un testigo preste sus servicios para la parte que lo promueve (salvo el servicio doméstico en los términos del artículo 479 del Código de Procedimiento Civil), no constituye causal de inhabilidad del testigo, ni entraña ni presume la existencia de un interés en las resultas del juicio, de lo que resulta más que evidente que la recurrida aplicó falsamente el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil para privar a mi representada de la prueba que demostraba el punto neural del presente juicio: que mi representada presentó a la demandada las facturas demandadas.

En tal sentido, denuncio entonces que la recurrida violó, por falta de aplicación, el articulo (sic) 508 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, el juez examinará si las deposiciones de los testigos concuerdan entre si (sic) y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan.

Dada la naturaleza de la presente denuncia, fundada en parte en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, lo cual permite a la Sala excepcionalmente descender al examen de las actas, respetuosamente solicito que revise cuidadosamente el dicho de los testigos los ciudadanos YIMNELL SUSANA FIGUERA RIVAS, LEOMAR JESÚS TRINITARIO PATIÑO. JORGE LUIS TORCATT LUNAR Y RICARDO ANTONIO SIERRALTA NAVA, y constate que todos, bajo fe de juramento, con suficiente edad y preparación, fueron contestes en que las facturas demandadas fueron entregadas a la demandada, siendo esa la única conclusión aceptable en derecho y justicia que podía derivarse de esas testimoniales, de haberse aplicado sanamente el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y no haberse incurrido en la falsa aplicación del artículo 498 del mismo texto, tal como se lo denunció previamente.

Pero, ciudadanos Magistrados, hay más. También rindió declaración sobre exactamente los mismos hechos el ciudadano RAYMOND DE JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA, venezolano, mayor de edad, con residencia o domicilio en el Sector (sic) 17 de Diciembre (sic), Urbanización (sic) Los Geranios, TH92, El Tigre, en jurisdicción del Municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, titular de la cédula de identidad N° 14.044.625. Su testimonio fue desechado por la recurrida así:

“…en lo referente a la testimonial del ciudadano RAYMOND DE JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA, se aprecia del contenido de su declaración que manifestó haber sido contratado por la compañía demandada en noviembre de 2022, sin embargo, se aprecia que las facturas controvertidas fueron emitidas en el año 2023, específicamente en los meses de abril, julio y agosto, sin que fuera reconocido por el preindicado ciudadano, si todavía cumple funciones laborales en la empresa demandada, lo cual impide determinar la veracidad de su declaración asi como el interés directo o indirecto que pudiera tener, razón por lo cual, la misma debe ser desechada del procedo, en tal sentido, cuando la ley mercantil requiere como necesidad de forma del instrumento (contrato) que conste por escrito, ninguna otra prueba de el es admisible, y en el caso de autos, se pretende acreditar la emisión de unas facturas mediante la prueba testimonial, y dicho medio no resulta idóneo, y ni siquiera como medio complementario resultaría eficaz para darle validez o acreditar su emisión, pues estaría impregnado de subjetividad, sería impreciso y sujeto a manipulación, lo que resulta suficiente para que esta sentenciadora desestime el mérito probatorio de las testimoniales para acreditar la existencia de un instrumento que la ley exige que conste por escrito. Y así se establece".

Como se advierte del pasaje transcrito, la recurrida declara inhábil a este otro testigo sin subsumir su pronunciamiento en supuesto alguno de los permitidos en el artículo 498 del Código de Procedimiento Civil y que, aunque no lo menciona expresamente, al ser la norma genérica que autoriza la inhabilitación de los testigos, obviamente que dicha disposición es la que resultó falsamente aplicada.

Un aspecto importante que no puede inadvertirse del pronunciamiento de la recurrida es que ella tergiversa el objeto de la prueba, que en su parecer seria "acreditar la emisión de unas facturas mediante la prueba testimonial, y dicho medio no resulta idóneo, v ni siquiera como medio complementario resultaría eficaz para darle validez o acreditar su emisión", cuando en realidad, en objeto de esa prueba era demostrar la autenticidad de las facturas demandas y que fueron desconocidas por la parte demandada, tal como lo establece y pauta el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, conforme al referido artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, es obvio que la recurrida lo violó por falta de aplicación, pues las testimoniales ilegalmente desechadas fueron promovidas precisamente con fundamento en esa disposición para demostrar, como en efecto se hizo la autenticidad de las facturas, muy especialmente, en lo que respecta al hecho de que las mismas fueron entregadas a la demandada y esta as recibió, tal como fuera demandado.

En tal sentido, de haberse fijado el hecho de que las facturas demandadas que de seguidas se describen, contrariamente al desconocimiento de la demandada, si (sic) les fueron presentadas a la demandada, y si (sic) las recibió, la recurrida habría concluido la autenticidad de las facturas demandadas y habría tenido que aplicar lo dispuesto en el artículo 147 del Código de Comercio, esto es, establecer que tales facturas fueron aceptadas tácitamente dada la falta de reclamo al respecto dentro de los ocho (8) días siguientes a su recepción, Las facturas demandadas y que fueron tácitamente aceptadas por la demandada son las siguientes:

1 Factura aceptada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A. (CONPRONORTE), signada con el N 000734 de fecha 4 de abril de 2023, hasta por la cantidad de un millón nueve mil dólares con cincuenta y cinco centavos ($ 1.009 654,55), por concepto del trabajo integral a pozos con equipo de tubería continua en ta dirección ejecutiva de producción oriente en el Distrito (sic) El Furrial, Punta de Mata, Estado (sic) Monagas. Dicho servicio se ejecutó por SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., concediéndole a deudor un plazo de treinta (30) días continuos para pagar. De modo que el vencimiento de esta factura se verificó el 4 de mayo de 2023. Cabe destacar que esta factura en original se encuentra en resguardo en la caja fuerte de este Tribunal (sic).

2. Factura aceptada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE C.A. (CONPRONORTE), signada con el N° 000752 de fecha 17 de julio de 2023, hasta por la cantidad de un millón seiscientos cincuenta y un mil dólares americano ($1651 623.00), por concepto de trabajo integral a los pozos PIC 41, PIC, MỤC 24-L, MUC 27, MU 119 y SBC 108, con equipos de tubería continua en la dirección ejecutiva de producción oriente en el Distrito (sic) El Furrial, Punta de Mata. Estado (sic) Monagas Dicho servicio se ejecutó por SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES, C.A., concediéndole a deudor un plazo de treinta (30) días continuos para pagar. De modo que el vencimiento de esta factura se verificó el 17 de agosto de 2023. Cabe destacar que esta factura en original se encuentra en resguardo en la caja fuerte de este Tribunal (sic).

3. Factura aceptada por la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE, C.A. (CONPRONORTE), signada con el N° 000753 de fecha 17 de julio de 2023, hasta por la cantidad de un millón doscientos quince mil dólares con treinta y siete centavos ($ 1.215.976.37) por concepto de trabajo integral a los pozos SBC 102. PIC 16, PIC 23, SBC 145 y PIC 24, con equipos de tubería continua en la dirección ejecutiva de producción oriente en el Distrito El Furrial, Punta de Mata. Estado (sic) Monagas. Dicho servicio se ejecuto por SECURITY WORKS ASESORES CONSULTORES CA., concediéndole a deudor un plazo de treinta (30) días continuos para pagar. De modo que el vencimiento de esta factura se verificó el 18 de septiembre de 2023 Cabe destacar que esta factura en original se encuentra en resguardo en la caja fuerte de este Tribunal (sic).

De lo anterior resulta obvia entonces la violación por parte de la recurrida del artículo 147 del Código de Comercio, pues de haber establecido en el hecho de le presentación y consecuente recepción por parte de la demandada de las referidas facturas, esto es, su autenticidad, y no habiendo alegado, y menos probado la demandada haberlas rechazado, tales facturas debieron valorarse como aceptadas y, en consecuencia, cierta la obligación demandada.

Por efecto de todo lo hasta ahora expuesto, es obvia igualmente la violación por parte de la recurrida de lo dispuesto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, pues de no cometer las infracciones delatadas, debió declarar con lugar la demanda incoada.

No cabe duda que las infracciones denunciadas fueron trascendentes en el dispositivo del fallo, pues de no haber incurrido la recurrida en la falsa aplicación del artículo 498 del Código de Procedimiento Civil, y de haber aplicado lo dispuesto en los artículos 254, 445 y 508 del mismo Código, así como el artículo 147 del Código de Comercio, en lugar de haber desechado la demanda, la recurrida habría declarado con lugar la pretensión incoada, condenando a la demandada al pago de las sumas reclamadas.

Por último, respecto de los artículos que el sentenciador de la alzada debió aplicar y no aplicó, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, ordinal 4", del Código de Procedimiento Civil, se tiene que los artículos que debió aplicar la recurrida para resolver la controversia fueron precisamente los aquí denunciados, esto es, los artículos 254, 445 y 508 del mismo Código (sic), así como el artículo 147 del Código de Comercio…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

Alega el recurrente la violación de los artículos 478 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, además los artículos 254, 445 y 508 ejusdem, por falta de aplicación, y el artículo 147 del Código de Comercio,

Observa esta Sala con respecto a la falta de aplicación del artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, el mismo fue analizado supra en la primera denuncia razón por la cual se da aquí por reproducido su contenido y resuelta la falsa aplicación. Y así se decide.

Con respecto al artículo 254 eiusdem, no establece en su escrito del recurso de casación en qué forma fue aplicado falsamente dicho artículo; el cual establece “…Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado…”, dicho artículo fue analizado en el punto anterior, por lo que se considera ya resuelto lo relativo a este artículo cuando se dispuso“…de la transcripción de la recurrida se denota que fueron exhaustivamente analizadas las pruebas y determinaron que parte tenía la razón en el presente caso, por lo que la denuncia es improcedente…”. Razón por lo cual la presente denuncia es improcedente. Y así se decide.

Respecto a la falta de aplicación del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, referido a “…la prueba de cotejo cuando es negada la firma…”, de autos se desprende claramente, así como también de la denuncia anterior, que la presente demanda está fundamentada en facturas consignadas al expediente en copias simples y originales, las cuales fueron sometidas a experticia, la cual arrojó que no se compaginaban entre ellas y no se les podía otorgar veracidad, con ello, es claro para el operador de justicia declarar sin lugar una demanda cuando su instrumento fundamental es desechado, lo cual fue analizado en el punto anterior y se da por reproducido, por esta razón se declara improcedente esta denuncia por falta de aplicación del artículo 445 ejusdem. Y así se decide.

Respecto a la falta de aplicación del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, referido al “análisis de las deposiciones de los testigos”, como se explicó en la primera denuncia de forma, los testigos fueron declarados inhábiles de conformidad con el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual no es aplicable este artículo. Y así se decide.

Respecto a la falta de aplicación del artículo 147 del Código de Comercio, el cual establece:

“…Artículo 147.- El comprador tiene derecho a exigir que el vendedor firme y le entregue factura de las mercancías vendidas y que ponga al pie recibo del precio o de la parte de éste que se le hubiere entregado…”.

 

La aplicación de este artículo es irrelevante cuando los instrumentos fundamentales en que se base la demanda fueron desechados, y se da por reproducido lo motivado en el punto anterior, lo cual hace improcedente esta denuncia. Y así se decide.

Por todos los razonamientos antes expuestos, la denuncia de los artículos 478 del Código de Procedimiento Civil, por falsa aplicación, los artículos 254, 445 y 508 eiusdem, por falta de aplicación, y el artículo 147 del Código de Comercio, es improcedente.

TERCERA DENUNCIA

El formalizante denuncia en la recurrida el vicio de falta de aplicación, con base en la siguiente fundamentación:

“…De conformidad con el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 320, denuncio que la recurrida violó, por falta de aplicación, el artículo 397, único aparte, del Código de Procedimiento Civil, y, el artículo 445 del mismo Código, con base en los siguientes fundamentos:

Como quedó claramente establecido, el presente caso versa sobre la pretensión de parte de mi mandante de que la demandada le pague unas sumas de dinero cuya prueba se desprende de tres facturas plenamente identificadas en el libelo y, producidas en original. La parte demandada impugnó las facturas y, al efecto, las tachó de falsas.

La tacha de falsedad, fue declarada sin lugar por los jueces de instancia, mientras que el desconocimiento de esas facturas, tendría el efecto de trasladar a la parte actora la carga de la prueba de la autenticidad de las mismas, tal como lo pauta el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil.

No obstante, la demandante promovió una experticia grafotécnica a ser practicada respecto a los instrumentos acompañados al libelo para demostrar que las facturas demandadas no habían sido recibidas por el señor Max Gerardo Uriola Cheremos, si los guarismos en tales facturas corresponden a la autoría de dicho ciudadano, si la firma es ológrafa y la data de las impresiones.

Pues bien, nuestra representada jamás afirmó que el señor Max Gerardo Uriola Cheremos, haya sido quien recibió esas facturas, solo afirmó y probó que las facturas fueron presentadas a la parte demandada, quien al recibirlas y no impugnarlas en los Términos (sic) del artículo 147 del Código de Comercio, las aceptó tácitamente tal como consuetudinariamente lo ha establecido la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia y aparece recogido, entre otras, en la sentencia transcrita en la presentación del caso de la presente formalización.

Así las cosas, al no ser un hecho controvertido la persona natural que recibió las facturas demandadas, la promoción de esa experticia era manifiestamente impertinente, razón por la cual, debió declararse inadmisible dicha probanza, tal como lo establece el artículo 397, único aparte, del Código de Procedimiento Civil. Más aún, dada la conducta procesal desplegada por la parte demandada encaminada exclusivamente a enervar el efecto probatorio de las facturas demandada, esta no tenía carga probatoria, siendo esta de la exclusiva responsabilidad de la parte demandante, tal como lo pauta el artículo 445 del mismo Código (sic), el que, al haberlo ignorado la recurrida, obviamente lo violó por falta de aplicación.

Denuncio expresamente que las anteriores denuncias fueron trascendentes en el dispositivo del fallo, pues de haberse aplicado el único aparte del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 445 del mismo Código (sic), la recurrida habría declarado la prueba de experticia promovida manifiestamente impertinente, pues la única carga probatoria correspondía a mi mandante -probar la autenticidad de las facturas demandadas y, en consecuencia, habría excluido del caudal probatorio la experticia evacuada y, en parte, que le sirvió de base para desechar los documentos anexos al libelo.

Por último, respecto de los artículos que el sentenciador de la alzada debió aplicar y no aplicó, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, se tiene que los artículos que debió aplicar la recurrida para resolver la controversia fueron precisamente los aquí denunciados, esto es, los artículos 397 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 445 del mismo Código (sic).

Con base en estos argumentos, solicito a la Sala que case el fallo recurrido y, en un todo armónico con los criterios jurisprudenciales de hogaño, lo haga sin reenvío. Profiriendo la sentencia definitiva que, valorando adecuadamente las pruebas de autos, declare con lugar la demanda y condene a la parte demandada al pago de las sumas reclamadas…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

Alega el recurrente la violación por falta de aplicación, de los artículos el artículo 397, único aparte, del Código de Procedimiento Civil, y, el artículo 445 eiusdem.

El artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por falta de aplicación establece:

“…Dentro de los tres días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de que el juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba.

Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos. Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.

Pueden también las partes, dentro del lapso mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes…”.

 

El artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por falta de aplicación establece:

“…Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A este efecto, puede promover la prueba de cotejo, y la de testigos, cuando no fuere posible hacer el cotejo…”.

 

Esta Sala observa, que los instrumentos fundamentales en que se basa la demandada, fueron objeto de prueba en los lapsos procesales correspondientes, y al terminar la evacuación de las pruebas y de la tacha, se determinó, a través de una experticia grafotécnica valorada en denuncias anteriores, y sin lugar a dudas, que dichos instrumentos no tenían valor probatorio, lo que hace innecesario analizar la falta de aplicación de los mencionados artículos, ya que de las anteriores resoluciones de las denuncias queda resuelto este punto, razón por la cual se da por reproducido las motivaciones de las otras denuncias, debiendo declararse improcedente la presente denuncia y así se decide.

CUARTA DENUNCIA

Delata el recurrente textualmente el vicio de falta de aplicación e infracción de normas jurídicas expresas, con la siguiente argumentación:

“…De conformidad con el artículo 313 ordinal 2 del Código de Procedimiento Civil concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción en la recurrida del artículo 128 del Código de Comercio, por falta de aplicación, así como los artículos 1383 (sic) Código Civil y 124 del Código de Comercio, por incurrir el ad quem en la infracción de normas jurídicas expresas que regulan el establecimiento y apreciación de la prueba, con base en los siguientes argumentos:

Precia a cualquier otra consideración, debemos señalar que es criterio reiterado de la Sala de Casación Civil en cuanto a la infracción de normas jurídicas expresas que regulen el establecimiento de un medio de prueba, recogidos entre otros en sentencia N° 088 del 5 de marzo de 2015…en la cual ratificó fallo de vieja data N° 344 del 31 de octubre de 2000, expediente N° 2000-240, lo siguiente:

(…Omissis…)

Asimismo, es criterio de la Sala de Casación Civil “…que la actividad del juzgador de alzada en el establecimiento o apreciación de la prueba, solo puede ser denunciada por medio de los alegatos de suposición falsa, violación de máximas de experiencia, infracción de las normas reguladoras del examen de la prueba en general o de la testimonial y las relativas a las condiciones de modo, tiempo y lugar, por lo cual, a menos que se cometa la violación de una norma expresa en el establecimiento o valoración de la prueba, se cometa el vicio de suposición falsa, se incurra en la violación de una máxima de experiencia, o se incurra en la violación de cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la prueba testimonial, no puede ser impugnada en casación la apreciación de la prueba de testigos por parte del juez de alzada, al ser una función potestativa de su competencia…”. (Véase sentencia N° 193 del 17 de abril de 2018, caso Corporación Campanario, C.A., contra Barón El Grande, C.A.)

En este sentido, observamos que el sentenciador de la recurrida al momento de desechar la testimonial del ciudadano Raymond De Jesús Rodríguez García, realizó las siguientes consideraciones:

"en lo referente a la testimonial del ciudadano RAYMOND DE JESÚS RODRÍGUEZ GARCÍA, se aprecia del contenido de su declaración que manifestó haber sido contratado por la compañía demandada en noviembre de 2022, sin embargo, se aprecia que las facturas controvertidas fueron emitidas en el año 2023, específicamente en los meses de abril, julio y agosto sin que fuera reconocido por el preindicado ciudadano, si todavía cumple funciones laborales en la empresa demandada, lo cual impide determinar la veracidad de su declaración así como el interés directo o indirecto que pudiera tener, razón por la cual, la misma debe ser desechada del proceso, en tal sentido, cuando la ley mercantil requiere como necesidad de forma del instrumento (contrato) que conste por escrito, ninguna otra prueba de él es admisible, y en el caso de autos, se pretende acreditar la emisión de unas facturas mediante la prueba testimonial, y dicho medio no resulta idóneo y ni siquiera como complementario resultaría eficaz para darle validez o acreditar su emisión, pues estaría impregnado de subjetividad, sería impreciso y sujeto a manipulación, lo que resulta suficiente para que esta sentenciadora desestime el mérito probatorio de las testimoniales para acreditar la existencia de un instrumento que la ley exige que conste por escrito y así se establece...".

De la sentencia recurrida tenemos que la sentenciadora de alzada considera primeramente que la deposición del ciudadano Raymond de Jesús Rodríguez García, dado que manifestó haber sido contratado por la compañía intimada en noviembre de 2022, no pudo ser reconocido por el referido ciudadano si todavía cumple funciones laborales en la empresa demandada, lo que impide determinar la veracidad de su declaración así como el interés directo o indirecto que pudiera tener, dado que las facturas controvertidas fueron emitidas en el año 2023, específicamente en los meses de abril, julio y agosto, sin embargo, posteriormente refirió que la ley mercantil requiere como necesidad de forma del instrumento que conste por escrito, por lo que ninguna otra prueba del mismo es admisible, y por cuanto en el caso de autos, se pretende acreditar la emisión de unas facturas mediante la prueba testimonial, concluyó que dicho medio no resulta idóneo para darle validez o acreditar su emisión, lo que resulta suficiente para que esa sentenciadora para desestimar el mérito probatorio de las testimoniales.

En este sentido, podemos observar que dichas declaratoria de desestimación del testigo señalado, fue realizada en una forma muy poco desarrollada por parte del juez ad quem, adicionalmente en contravención del artículo 128 del Código de Comercio; en este sentido debo referir que la legislación mercantil resulta aplicable en el caso de marras en virtud de ser una controversia de cobro de bolívares, derivada de un grupo de facturas emitidas por mi representada y que fueron aceptadas por la intimada, sin embargo la falta de pago de las mismas, obligó el ejercicio de la presente demanda.

Se puede observar que ambas partes corresponden a sociedades mercantiles por lo que se tiene que ambas poseen carácter eminente mercantil, esto de conformidad con el artículo 200 del Código de Comercio, el cual estipula que, sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, las sociedades anónimas tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola o pecuaria.

En este sentido el articulo (sic) 124 eiusdem dispone que las obligaciones mercantiles Y su liberación se prueban: con documentos públicos, documentos privados, con los extractos de los libros de los corredores, firmados por las partes, con los libros de los Corredores (sic), con facturas aceptadas, con los libros mercantiles de las partes contratantes, con telegramas, con declaraciones de testigos y con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley civil.

Ahora bien en el caso de marras se debe señalar que la parte intimada desde el primer momento procesal desconoció las facturas presentadas en su contra, por haber presentadas en copias simples, ejerciendo paralelamente la tacha documental de las mismas ésta última la cual fue desestimada tanto en primera como en segunda instancia por lo que tal como fue plasmado en la sentencia recurrida, correspondía a mi representada sostener el uso de la misma, disponiéndose para eso de los medios probatorios previstos en la legislación.

De esta manera el artículo 128 del Código de Comercio, dispone que la prueba de testigos es admisible en los negocios mercantiles, cualquiera que sea el importe de la obligación o liberación que se trate de acreditar, y aunque no haya principio de prueba por escrito, salvo los casos de disposición contraria de la ley.

En este mismo orden de ideas, considera la Sala de Casación Civil respecto a la naturaleza jurídica de la factura y su trámite procedimental a los fines de otorgarle valor probatorio, en decisión N° 065, de fecha 18 de febrero de 2008, caso: Asociación Cooperativa de Producción de Servicios Integrados Suministros Andinos de Responsabilidad Ilimitada (SERVINTSA), R.L., contra Veraica, C.A., expediente N° 2007-497, lo siguiente:

(…Omissis…)

Conforme al criterio jurisprudencial supra transcrito, se debe considerar que la factura al ser suscrita entre las partes, sin la intervención de un funcionario público, constituye un documento privado simple, es decir, no contiene certeza legal respecto a la autoría de la misma, por lo cual, ante tal circunstancia es indispensable que surja el mecanismo de la impugnación, a los fines de tutelar el derecho a la defensa a quien se le opone.

Asimismo, conforme al referido criterio, se desprende que si bien la normativa contenida en el artículo 147 del Código de Comercio, contempla la figura de la aceptación tácita de las facturas por falta de reclamo sobre las mismas, es necesario considerar la posibilidad de ejercer en juicio su contradictorio, por cuanto, si existe duda o incertidumbre de quien aparece firmando o aceptando para comprometer a un deudor, nuestra ley adjetiva civil contempla el mecanismo procedimental, para comprobar la autenticidad del documento consignado a los autos, con el propósito que la parte promovente de dicho instrumento demuestre la legitimidad del documento impugnado o desconocido, bien sea a través de la prueba de cotejo o la de testigos.

En este sentido consideramos que lo señalado por la sentenciadora ad quem, al determinar que estaba vedado la prueba testimonial para pretender acreditar la emisión de facturas, por lo que consideró que dicho medio no resulta idóneo para darle validez o acreditar su emisión, dicha declaratoria consiste en una interpretación contraria a la ley mercantil, así como al Código de Procedimiento Civil, y a los criterios pacíficos de la Máxima Instancia Civil dado que, tal como se señaló, por cuanto en el caso de marras el intimado ejerció su derecho a la defensa mediante el desconocimiento de las facturas presentadas para su cobro, no menos cierto es que el código adjetivo civil contempla el mecanismo procedimental, para comprobar la autenticidad del documento consignado a los autos, ya sea a través de la prueba de cotejo o la de testigos.

Asimismo la Sala Civil ha señalado en las sentencias N° 808, de fecha 13 de diciembre de 2012, expediente N° 2012-289; N° 068, de fecha 8 de marzo de 2017, expediente N° 2016-803; N° 740, de fecha 15 de noviembre de 2017, expediente N° 2017-166; y N° 201, de fecha 4 de junio de 2019, expediente N° 2018-640, en lo referente al control casacional de las deposiciones judiciales, que el juez no está únicamente sujetado por lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y el ordinal 2º del artículo 313 ordinal 2° eiusdem, que prohíben la comisión de algún caso de suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, sino que... debe acatar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibídem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles, y los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil...”

En este orden de ideas, es necesario señalar que la presente acción corresponde al ejercicio de un cobro de bolívares derivados de las facturas aceptadas N° 000734, de fecha 4 de abril de 2023, N° 000752 de fecha 17 de julio de 2023 y N° 000753, de fecha 18 de agosto de 2023, presentada contra la intimada, por lo que al ser desconocidas por parte de la demandada, correspondía a nuestra representada ejercer los medios probatorios que considerara idóneos para ratificar el valor probatorio de las facturas impugnadas, entre los cuales destaca la prueba testimonial, y por ende no puede pretender la sentenciadora de la alzada, prohibir el uso de dicho medio probatorio para poder darle validez a las facturas aceptadas, las cuales constituyen el fundamento central de la presente demanda.

Del criterio antes citado, tenemos, que a los fines de demostrar la validez o acreditar la emisión de las facturas cuyo cobro se pretende, las declaraciones de testigos son permitidas tanto por la legislación, así como la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, permitiéndose aportar al juicio sus testimonios para dejar constancia de los hechos que presenciaron, respecto a la emisión de dichos instrumentos privados simples que constituyen las facturas mercantiles. Establecido lo anterior, tenemos que en el caso de marras fue infringido el artículo 128 del Código de Comercio, por cuanto, si bien es cierto que conforme al artículo 147 eiusdem, la factura puede considerarse que ha sido aceptada tácitamente por falta de reclamo sobre las mismas, es necesario considerar la posibilidad de ejercer en juicio su contradictorio, ya que si existe duda o incertidumbre de quien aparece firmando o aceptando para comprometer a un deudor, nuestra ley adjetiva civil contempla el mecanismo procedimental, para comprobar la autenticidad del documento consignado a los autos, ello con el propósito que la parte promovente de dicho instrumento demuestre la legitimidad del documento impugnado o desconocido, bien sea a través de la prueba de cotejo o la de testigos.

Igualmente, esta infracción del artículo 128 del Código de Comercio por parte del ad quem influye de manera determinante en el dispositivo del presente fallo por cuanto el argumento central de la sentenciadora ad quem es, que "…cuando la ley mercantil requiere como necesidad de forma del instrumento (contrato) que conste por escrito, ninguna otra prueba de él es admisible, y en el caso de autos, se pretende acreditar la emisión de unas facturas mediante la prueba testimonial, y dicho medio no resulta idóneo y ni siquiera como complementario resultaría eficaz para darle validez o acreditar su emisión, pues estaría impregnado de subjetividad, seria impreciso y sujeto a manipulación, lo que resulta suficiente para que esta sentenciadora desestime el mérito probatorio de las testimoniales para acreditar la existencia de un instrumento que la ley exige que conste por escrito…", sin embargo el mismo impide el control de la prueba y el derecho a hacer valer las documentales promovidas por nuestra mandante, dado que esa prueba testimonial debía ser tomada en consideración, así como el resto de testimoniales, ya que, tal como indicó la sentenciadora dichas deposiciones "() declaran tener conocimiento de los servicios prestados a la empresa CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL NORTE (CORPONORTE) (sic), asi como la emisión y entrega de las facturas, objeto del presente proceso (", lo cual permitiría determinar la validez y emisión de las facturas cuyo cobro se pretende en el presente juicio.

Por último, respecto de los artículos que el sentenciador de la alzada debió aplicar y no aplicó, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 317, ordinal 4°, del Código de Procedimiento Civil, se tiene que el artículo 1.383 del Código Civil, resultó desaplicado por cuanto la jueza desconoce el tratamiento que se le debe otorgar a las facturas como documentos privados, las cuales fueron acompañadas al libelo de demanda y posteriormente desconocidas por la intimada, las cuales, por tratarse de instrumentos privados simples podían ser objeto del trámite para su reconocimiento, asimismo fue desaplicado el articulo (sic) 124 del Código de Comercio, el cual estipula los medios probatorios que permiten probar las obligaciones mercantiles y su liberación entre los cuales se consagran las facturas aceptadas y las testimoniales asimismo resultaba aplicable el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto regula el procedimiento para la parte que quiera servirse de la copia impugnada, quien podrá Solicitar (sic) su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquella y el articulo 430 eiusdem, que estipula que respecto de los instrumentos privados, cartas o telegramas provenientes de la parte contraria, se observarán las disposiciones sobre tacha y reconocimiento de instrumentos privados, normas estas las cuales resultaban debían ser aplicadas por parte de la sentenciadora de la alzada, lo cual fue obviado, y se limitó a desechar la testimonial sin fundamento suficiente…”.

 

Para decidir, la Sala observa:

Alega el recurrente la violación por falta de aplicación, de los artículos 128 y 124 del Código de Comercio, y artículo 1.383 del Código Civil, alegando que hubo una mala valoración de la prueba de testigos y por esta razón no se valoraron en su integridad las demás pruebas consignadas en autos, lo cual considera la Sala que este punto fue dilucidado suficientemente en las denuncias anteriores la cuales se dan por reproducidas, por tal motivo la denuncia es improcedente. Y así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala declara sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandante recurrente en el presente caso. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

1.- SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandante recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Undécimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 19 de diciembre de 2024 (folios 203 al 235 de la 3ra. pieza del expediente).

SEGUNDO: Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación, a la parte demandante recurrente, de conformidad con lo estatuido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese la presente decisión al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil en Caracas, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco. Años: 215º de la Independencia y 166º de la Federación.

Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

 

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HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA

Vicepresidente,

 

 

 

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JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PARRA

Magistrada,

 

 

 

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CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS

 

Secretario,

 

 

 

 

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PEDRO RAFAEL VENERO DABOÍN

 

Exp. AA20-C-2025-000111

Nota: Publicada en su fecha a las

 

 

 

 

 

 

 

Secretario,

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