Venley

Sentencia N.º RC.000228

Sentencia
N.º RC.000228
Fecha
09/05/2018
Sala
Casación Civil
Expediente
17-062
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. N° 2017-000062

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En el juicio de fraude procesal, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, ubicado en la ciudad de Valencia, por los ciudadanos MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNÁNDES y JOAO DA SILVA FERNÁNDES, representados judicialmente por las ciudadanas abogadas Martha Elena Chávez Grimaldi y Teresa María Chávez Grimaldi, contra los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, patrocinados judicialmente por los ciudadanos abogados Melissa Paredes, Héctor Ávila García y Francisco Agüero Villegas; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia, dictó decisión definitiva en fecha 17 de noviembre de 2016, mediante la cual declaró lo siguiente:

 

“(…) PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta el 04 (sic) de febrero de 2016, por los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE,  asistidos por la abogada MELISSA PAREDES, contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo.

 

SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por FRAUDE PROCESAL, incoada por los ciudadanos MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNÁNDES y JOAO DA SILVA FERNÁNDES, contra los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE. En consecuencia, SE ORDENA, una vez que quede definitivamente firme el presente fallo, desglosar los expedientes acumulados a la presente causa,  contentivos de los juicios de 1.-) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., que cursa en el Expediente (sic)  N° 771, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, 2.-) PARTICIÓN, que cursa en el Expediente (sic)  N° 24.072, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Del (sic) Transito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; y 3.-) INTERDICTO POR DESPOJO O RESTITUCIÓN, que cursa en el Expediente (sic) N° 24.675, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, y remitirlos a los tribunales (sic)  de origen, con copia certificada de la presente decisión a cada uno de esos Tribunales (sic) .

 

Queda así REVOCADA la sentencia objeto de la presente apelación.

 

No existe condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo…” (Destacado del texto transcrito).

 

Contra la referida decisión de alzada, el demandante anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

En fecha 26 de enero de 2017, la Sala recibió el expediente; y el 27 de enero de 2017, se efectuó el acto público de asignación de ponencias correspondiéndole la presente al magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el periodo 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

-I-

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

Por razones metodológicas, esta Sala pasa a conocer de la denuncia identificada en el escrito de formalización como “2.2” por defecto de actividad como si fuera la primera delación presentada, de la manera siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida del artículo 243 ordinal 4° eiusdem, en concordancia con el artículo 12 ibídem, por incurrir en el vicio de inmotivación.

Señala el formalizante:

“(…) 2.2.- INMOTIVACIÓN

 

Con fundamento en el numeral 1°, del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunciamos por parte de la recurrida la infracción del numeral 4, del artículo 243, en concordancia con el artículo 12 de dicho texto legal, por no haber analizado la recurrida las pruebas que nuestros mandantes aportaron con el libelo de la demanda y reprodujeron en el escrito de promoción de pruebas para probar que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., funcionaba en el inmueble número 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias, del Municipio Valencia del Estado (sic) Carabobo, que señalamos a continuación:

 

En relación con las pruebas aportadas por nuestros mandantes, y admitidas, en el texto de la sentencia, el juez ‘a quem’ se expresa:

 

(…omissis…)

 

De la transcripción anterior se desprende que el juez ‘a quem’ manifiesta que aprecia dichas pruebas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, (disposición legal ésta que establece que cuando no son impugnadas deben tenerse como auténticos las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico de los documentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, que son aportados en el juicio),  y cuyo alcance determinará en la parte motiva, lo cual no hizo, como se verá de seguidas.

 

Ahora bien, la consideración (sic) TERCERA de la sentencia (frente del folio 212 al vuelto de l folio 221) contiene:

(…omissis…)

 

a) Impugnación del poder apud acta y decisión (vto. folio 211), folio interpolado (folio 212 y su vto.), alegato de la parte demandada referente a la existencia de un litis consorcio pasivo necesario y su decisión declarándola sin lugar (fte. del folio 213) y su vto.); alegato de la parte actora respecto a la nulidad de la apelación interpuesta por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia, y del auto dictado por el juez ‘ a quo’ oyendo dicha apelación en ambos efectos (fte.  folio 214 y su vto.); transcripción de parte de los alegatos de los demandate (sic) contenidos en el libelo de la demanda y del escrito de contestación de la demanda (vto.  folio 214 al fte. del folio 218); citas y transcripciones de sentencias y opiniones de lo autores sobre el fraude (fte. del folio 218 al fte. del folio 219), alegato de la parte actora respecto  a que el verdadero propósito de JOAO MANUEL ORNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE era el de quedarse con el inmueble, para lo cual emplear el juicio de Disolución y Liquidación de la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., ante lo cual el juez ‘a quem’ tergiversa y declara sin lugar tal alegato exponiendo y fundamentado su decisión sobre cuestiones ajenas como son que las causas de disolución de las compañías o sociedades anónimas no son taxativas, y nada puede ser obligado en permanecer en comunidad, (fte. del folio 219 al fte. de folio 220).

 

b) Respecto de la querella interdictal nuestros mandantes alegaron que los querellantes habían adquirido un inmueble mediante el juicio de partición, el cual se encontraba ocupado o poseído por la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A.,  la cual no se había disuelto ni liquidado como falsamente afirman los querellante (sic) en la querella, pues dicha compañía estaba funcionando o ejerciendo sus actividades en dicho inmueble, la cual dejo de funcionar y ser desalojada con la ejecución del decreto de secuestro, mintiendo los querellantes de haber sido despojados en la posesión, la cual nunca habían tenido, ante lo cual el juez ‘a quem’ nuevamente tergiversa y declara sin lugar dicho alegato elucubrando y divagando sobre la carga de la prueba, el concepto del interdicto de despojo o restitutorio, y que sólo en el procedimiento contentivo de la querella interdictal es donde se puede probar los alegatos de falsedad y no en el juicio de fraude procesal, obviando que las denuncias de irregularidades que se hacen evidencian la conducta procesal de las partes, de la cual puede inferirse que el proceso ha sido utilizado con fines diferentes a la solución de los conflictos como bien lo afirma el juez ‘a quem’ (vto. del folio 218), pero que lamentablemente no aplica (fte. del folio 220 al vto. del folio 220).

 

c) Con relación a la demanda de partición el juez ‘a quem’ señala que nuestros mandantes alegaron que el propósito de JOAO MANUEL ORNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, era el de quedarse con el inmueble y manifestaron las irregularidades incurridas en la designación del partidor que vician de nulidad la venta , la cual pretenden fundamentar en un acto conciliatorio celebrado el día 27 de septiembre de 2011, al cual la apoderada de los demandados no le prestó su consentimiento ni estuvo de acuerdo Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la manifestación del apoderado actor, por lo que mal puede tenerse como aceptada la proposición de la parte actora, ante lo cual el juez ‘a quem’ hace un análisis de la tramitación procesal del juicio de partición concluyendo que dichos vicios debieron ser alegados dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del informe del partidor, y al no haberse hecho, declara sin lugar los alegatos de nuestros mandantes (vto. del folio 221 al vto. del folio 222).

 

d) de seguidas resuelve una cuestión referente al comportamiento de la juez ‘a quo’ en la formulación de una preguntas que le hizo a los testigos en el acto de la declaración de la querella interdictal (vto. del folio 222 al fte. del folio 223), luego a continuación transcribe parte de la sentencia número 908, dictada el 04 (sic) de agosto de 2000, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia referente al fraude procesal la cual invoca pero que realmente no aplica (fte. del folio 223 al vto. del folio 223), concluyendo que a nuestros mandantes le correspondía la carga de la prueba y  ‘…analizadas y valoradas como fueron las pruebas promovidas por las partes…’ lo cual es incierto como se ha visto en ninguno de las partes de la Consideración (sic) Tercera (sic) de la sentencia analiza ni valora las pruebas promovidas por nuestros mandantes.

 

En este orden de ideas, es preciso señalar que en el folio 212 (interpolado), el juez ‘a quem’ afirma en el numeral 2, que los apoderados MELISSA PAREDES y HÉCTOR ÁVILA GARCÍA hicieron valer el contenido de todas las actas procesales que conforman los tres (3) expedientes, contentivos de los juicios en lo cales (sic) hace depender la acción por fraude procesal, pero miente cuando expresa que ‘…advierte que, al analizar las pruebas acompañadas  a los autos, se pronunció sobre las referidas actas procesales, razón por la cual da por reproducida dicha valoración…’, lo cual no es cierto haber efectuado dicho análisis con anterioridad, amen, de que dichas actas procesales de duchos expedientes son la misma que nuestros mandantes dan por reproducidas, y como se ha visto, en el auto de admisión de las pruebas aportadas por nuestros mandantes, el juez señala que las valorara posteriormente en la parte motiva, lo cual no hace.

 

En este sentido la doctrina y la jurisprudencia de manera unánime coinciden en afirmar que no basta mencionar en la sentencia medios probatorios sino que es necesario analizarlos, valorizarlos, señalando las razones por las cuales se aprecian o se desechan, pues de no hacerse se incurriría en el vicio de inmotivación, como lo ha venido manteniendo de manera constante y reiterada esta Sala, en sentencias de:

 

a) 12 de diciembre de 1960, en la cual afirmó: ‘…escoger para fundamentar una decisión y prescindir de otras, sin saber si éstas desvirtúan o enervan las primeras, es no decidir ateniéndose a lo alegado y probado en autos, y no escudriñar la verdad…’.

 

b) ‘…constituye el vicio de inmotivación…el no obstante haber dejado constancia en el fallo de la promoción y evacuación de las pruebas se prescinde de su análisis contraviniendo la doctrina de que el examine se impone así las pruebas sean inocuas, ilegales o impertinentes, pues justamente a esta calificación son puede llegar el juez si previamente no existe su juicio de valoración…’ (Sent. Número 0259, Expediente (sic) número 03-0721)

 

Este vicio de inmotivación tiene como sanción la nulidad del fallo a tenor de lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, la cual puede ser declarada a solicitud de parte o de oficio, por ser los requisitos intrínsecos de la sentencia de estricto orden público’, como lo ha establecido esta Sala en reiterada y constante jurisprudencia, y entre ellas la dictada el 21 de junio de 2007, Expediente (sic) número 2007-44…” (Destacado de lo transcrito)

 

Para decidir, la Sala observa:

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delató la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por adolecer la recurrida del vicio de inmotivación.

En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que el formalizante en su denuncia, sostiene que en la sentencia recurrida se produjo el referido vicio, por considerar que la alzada refiriéndose a las pruebas aportadas por los demandantes, la misma no efectuó el correspondiente análisis o valoración de las mencionadas pruebas, lo cual le genera un perjuicio a sus patrocinados.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia que los juzgadores establezcan en sus fallos los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentan para arribar a determinada conclusión jurídica.

Con respecto a este requisito intrínseco de la sentencia, es necesario destacar, que el mismo cumple una doble finalidad, por una parte, mantener una garantía contra las decisiones arbitrarias, porque la sentencia, a pesar de ser un acto de autoridad, no puede consistir en un simple mandamiento en el cual no se expresen las razones por las cuales se ha dictado en tal o cual sentido pues debe contener prueba de su legalidad; y, por otra parte, que exista expresión en su contenido de la forma en la cual los jueces han cumplido su obligación de examinar las actas del proceso, indicando cual fue el proceso intelectual realizado, para llegar a sus conclusiones.

Ahora bien, es doctrina de esta Sala que:

 

“(…) La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:

 

1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,

 

2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,

 

3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y

 

4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento…” (Fallo N° RC-640, de fecha 9 de octubre de 2012, expediente N° 2011-31). (Destacados del fallo citado).-

 

En tal sentido, la doctrina de esta Sala tiene establecido, que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por lo cual esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 830, de fecha 11 de agosto de 2004, caso Pedro Alejandro Nieves Siso y otros, contra Carmen Díaz de Falcón y otros, expediente Nº 2003-1166, señaló lo siguiente:

 

“(…) Esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 435 de fecha 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente Nº 99-062, señaló lo siguiente:

 

La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.

 

En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:

 

‘(…) Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado ‘que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- ‘un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia’, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna ‘de las garantías no expresadas en la Constitución’. (Sentencia Nº 334, de fecha 13 de agosto de 1992, expediente Nº 91-169, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández)’…” (Subrayado de la Sala).

 

En el mismo sentido, que los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión Nº 889, de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana Carola Yolanda Meléndez Belisario, que dispuso lo siguiente:

 

“(…) En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A, 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria”. (Destacados de esta Sala).

 

A su vez cabe señalar, en torno a, que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la sentencia Nº 1068, de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 2006-447, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por el ciudadano José Gregorio Tineo Nottaro, que dispuso lo siguiente:

 

“...Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:

 

‘…la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

 

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento’.

 

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil...” (Destacados de esta Sala).

 

Por su parte el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:

 

“Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.”

 

El artículo 243 eiusdem, dispone:

 

“Toda sentencia debe contener:

 

1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.

 

2° La indicación de las partes y de sus apoderados.

 

3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

 

4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

 

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

 

6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.” (Destacado de la Sala)

 

Y el artículo 12 ibídem, preceptúa:

 

“Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

 

De donde se desprende, en un análisis concatenado de las normas antes transcritas, que el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia, es sancionado por la ley con la nulidad la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido.

Ahora bien, con el propósito de verificar la existencia del vicio aducido, esta Sala procede a transcribir textualmente los extractos pertinentes de la recurrida, donde se estableció lo siguiente:

 

 

“(…) SEGUNDO

 

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA

 

Las abogadas  MARTHA ELENA CHÁVEZ GRIMALDI y TERESA MARÍA CHÁVEZ GRIMALDI, en su carácter de apoderadas actoras, promovieron las siguientes pruebas:

 

1.- Dieron por reproducido el Expediente (sic) Nro. 771, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Los Municipios valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, contentivo del juicio por Disolución y Liquidación de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A.

 

2.-Dieron por reproducido el Expediente (sic) Nro. 24.072, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, contentivo del juicio por PARTICIÓN.

 

3.-Dieron por reproducido el Expediente (sic) Nro. 24.675, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, contentivo del juicio por QUERELLA INTERDICTAL POR DESPOJO o RESTITUTORIA.

 

4.- Reprodujeron e hicieron valer las actuaciones siguientes: La declaración del ciudadano JOSÉ DE JESÚS CORTE, el día 09 (sic) de julio de 2010, al responder las posiciones juradas; Acta (sic) de Secuestro (sic) levantada por el Juzgado tercero Ejecutor de Medidas de los Municipio Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, en fecha 12 de diciembre de 2012, diligencia suscrita por el Alguacil (sic), ciudadano JOSÉ GERMÁN GONZÁLEZ, de fecha 17 de noviembre de 210, inserta al Expediente (sic) No. 24.072, escrito de alegatos presentado por la abogada MELISSA PAREDES MORILLO, apoderada judicial de los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA Y JOSÉ DE JESÚS CORTE, en fecha 10 de enero de 2013, en el expediente No. 24.675; diligencia de fecha 26 de febrero de 2013, suscrita por el abogado HÉCTOR ÁVILA GARCÍA, en el Expediente (sic) No. 7.771, declaraciones de pagos de impuestos sobre la renta y municipales, presentados por el ciudadano JOAO DA SILVA FERNANDES, Expediente (sic) No. 24.675; Libelo (sic) presentado por los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, en el juicio de Disolución y Liquidación de la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., diligencia suscrita por el Alguacil (sic) VÍCTOR ALFONZO TIRADO, del Juzgado Cuarto de los Municipios valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, en fecha 1° DE JUNIO DE 2010, EN EL Expediente (sic) No. 7771; declaración de los ciudadanos ENRIQUE RAMÓN ROMERO LEÓN, OMER ANTONIO ROSAS PÉREZ, ORLANDO LORENZO URBINA FRANCO y FÉLIX ALCIBIADES ESCOBAR ESCOBAR, que cursan en el expediente (sic) No. 7771, Acta (sic) de fecha 10 de noviembre de 2011, que cursa en el expediente (sic) No. 27.072; Credencial (sic) expedida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de esta Circunscripción Judicial, documento de venta del terreno y los locales, celebrado por el ciudadano NELSON FANEITE LUGO, a los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito valencia, Estado (sic)  Carabobo, bajo el No. 2012-1454, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 313.7.9.4.2953, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2012, el cual cursa en el Expediente (sic)  Nro. 24.072, Cheques (sic) consignados por el abogado HÉCTOR ÁVILA GARCÍA, apoderados (sic) de los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de esta Circunscripción Judicial, en el expediente (sic) No. 24.072; escrito de fecha 19 de diciembre de 2012, presentado por los hoy accionantes en la presente causa, en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de esta Circunscripción Judicial, en el Expediente (sic) No. 24.675, Escrito (sic) de fecha 19 de diciembre de 2012, presentado por los hoy accionantes de los ciudadanos LENIN JOSÉ CEDEÑO SARRAMEDA y CANDELARIA MAYELA CONTRERAS, testigos del justificativo, que cursan en el Expediente (sic) No. 24.675; Sentencia (sic) dictada por el juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en el Expediente (sic) No. 24.675; declaraciones de los testigos NATIVIDADE CALDEIRA DE FARIA y MAIBELIN MILEXY POLANCO ACUÑA, en el Expediente (sic) No. 24.675; y escrito de conclusiones de fecha 30 de enero de 2013, que cursa en el Expediente (sic) No. 24.675.

 

5.-Reprodujeron la Constancia (sic) suscrita por el Directos de Hacienda Pública Municipal de la Alcaldía de Valencia, de fecha 17 de enero de 2013, La constancia (sic) No. C-2353, contentiva de la renovación de Autorización de Expendios de Bebidas Alcohólicas de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A.,  Constancia (sic) de Registro de Expendios de Alcohol y Especies Alcohólicas, de fecha 26 de mayo de 1995, de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., Resolución (sic) No. HRCE-121, de fecha 31 de marzo de 1995, expedido por el Ministerio de hacienda, Autorización (sic) de fecha 26-05-1995 (sic), para ejercer Expendio de Especies Alcohólicas; Constancia (sic) de Notificación (sic) expedida por el Departamento o Sección de Licores de la Administración de Hacienda; Certificado (sic) No. 1689-2011, expedido por el Cuerpo de Bomberos de valencia, Certificado (sic) No. 1668-2012, expedido por el Cuerpo de Bomberos de Valencia; Solvencia (sic) de pago expedido por CORPOELEC, Declaración (sic) Definitivas (sic) de Rentas (sic)  y Pago (sic) de la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., Declaración (sic) de Impuestos al valor Agregado (I.V.A); Declaración (sic) de Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor del BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., Certificados (sic) Electrónicos de Recepción de Declaración por Internet I.S.L.R., los Informes de Preparación de Estados Financieros, Balances generales y Estados de Ganancias y Pérdidas de la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., y del Libro de Licores para los Expendios de la sociedad mercantil BAR RESTAURAN EL SABOR FRITO C.A.

 

En relación  a los Expediente señalados en los numerales 1, 2 y 3, así como las actuaciones procesales discriminadas en el numeral 4, y los instrumentos señalados en el numeral 5, esta Alzada los aprecia de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y cuyo alcance se determinará en la parte motiva del presente fallo, Y ASÍ SE DECIDE.

 

6.- Copia certificada de documento en el cual la ciudadana JOSEFA MARÍA SALAS SERRANO, actuando en su propio nombre y en representación de la ciudadana LINDA ROSA SALAS SERRANO, dieron en venta a los ciudadanos JOSÉ DE  JESÚS CORTE, JOAO DA SILVA FERNANDES y JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA; protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito valencia, Estado (sic) Carabobo, bajo en No. 13, Tomo 10, Protocolo Primero, Folios 1 al 3, de fecha 12 de mayo de 2000, marcado ‘A’.

 

Este documento, al no haber sido impugnado, se le da valor probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, para dar por probado su contenido; Y ASÍ SE DECIDE.

 

Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que corren insertas en el presente expediente se observa quem corre inserto al folio 171 de la Primera (sic) Pieza (sic) Principal (sic) del presente Expediente (sic), en el cual se lee ‘…los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE…asistidos por el abogado HÉCTOR ÁVILA…’, confiere poder apud acta a los abogados MELISSA PAREDES, HÉCTOR ÁVILA GARCÍA Y FRANCISCO AGÜERO. Seguidamente, en fecha 14 de noviembre de 2013, las abogadas MARTHA ELENA CHÁVEZ GRIMALDI y TERESA MARÍA CHÁVEZ GRIMALDI, en su carácter de apoderadas actoras, presentaron escrito de impugnación del referido poder apud-acta otorgado por los accionados. De seguidas, los abogados HÉCTOR ÁVILA y FRANCISCO AGÜERO, presentaron escrito de contestación da la demanda, consignando original de instrumento poder, otorgado por los accionados, autenticado por ante la Notaria pública Primera de valencia, Estado (sic) Carabobo, en fecha 22 de noviembre de 2013. Asimismo, las abogadas MARTHA ELENA CHÁVEZ GRIMALDI y TERESA MARÁ CHÁVEZ GRIMALDI, en su carácter de apoderadas actoras, presentaron escrito en el cual ratificaron la impugnación del referido poder otorgado por los accionados e impugnaron el precitado poder autenticado ante la Notaria Pública Primera de valencia, Estado (sic) Carabobo, en fecha 12 de diciembre de 2013.

 

En ese sentido, este Sentenciador (sic) considera necesario traer a colación el contenido de la sentencia N° 115, dictada por la Sala de Casación Civil, de fecha 29 de mayo de 1997, en el juicio seguido por la ciudadana Daniela Baretta contra maquinaria Labora C.A., expediente N° 95-905, en el cual se lee:

(…omissis…)

 

Por lo que, en aplicación del referido criterio jurisprudencial, al constar en autos que, la parte demandada consignó a los autos instrumento poder, después de cada impugnación del poder efectuada por las abogadas MARTHA ELENA CHÁVEZ GRIMALDI y TERESA MARÍA CHÁVEZ GRIMALDI, en su carácter de apoderadas actoras; esta Alzada tiene como subsanado el defecto u omisión hecho valer a los autos del instrumento poder impugnado, Y ASÍ SE DECIDE.

 

Decidido lo anterior, observa esta Alzada, que en el escrito de contestación a la demanda, los abogado HÉCTOR ÁVILA GARCÍA y FRANCISCO AGÜERO VILLEGAS (sic)

 

Este juzgador observa que los ciudadanos MARIBEL FERREIRA RODRÍGUEZ y FABIANA VICTORIA FERNÁNDEZ GONCALVES, no comparecieron el dial u la hora fijadas por el juzgado ‘a quo’ a rendir sus deposiciones, tal como se dejo constancia en las actas de fechas 26 de febrero de 2014, las cuales corren agregadas a los folios 80 y 81, en el mismo orden señalado, declarándose desierto dichos actos.

 

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:

 

Los abogados MELLISA (sic) PAREDES y HÉCTOR ÁVILA GARCÍA, en su carácter de apoderados judiciales de los accionados promovieron las siguientes pruebas:

 

1.- promovieron la confesión espontanea de a (sic) parte en el libelo de demanda.

 

Observa este Sentenciador (sic) que, sólo puede considerarse como confesión, en las declaraciones que se pretendan como confesorias del ‘thema probandum’, cuando dichas declaraciones fueron realizadas con animus confitendi, tal y como lo señala el autor RENGEL ROMBERG, en su obra ‘Tratado de Derecho Civil Venezolano’, ‘…puede decirse de las declaraciones contenidas en los informes para la vista de la causa, no tienen el carácter de confesiones. Este tipo de declaraciones tiene más bien la finalidad de delimitar los términos de la controversia, y por tanto el thema probandum, y o expresan el animus confitendi, que sólo puede encontrarse en las declaraciones confesorias’, criterio estos que toma en consideración esta Alzada para concluir, que no se evidencian, en el caso de autos, las confesiones denunciadas por la parte promovente, razón por la cual no se le da el carácter de confesión a los dichos de los ciudadanos MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNANDES y JOAO DA SILVA FERNANDES, contenidos en el escrito libelar. Y ASÍ SE DECIDE.

 

2.-Hicieron valer el contenido de todas las actas procesales que conforman los tres (3) expedientes sobre la valoración de las referidas actas procesales, razón por la cual da por reproducida dicha valoración, Y ASÍ SE ESTABLECE…” (Destacado de lo transcrito).-

 

De igual modo, se observa de la recurrida lo siguiente:

 

“(…) En el caso sub-examine, se observa que, tanto, de los alegatos esgrimidos en el escrito libelar por los accionantes, como, de lo señalado por los accionados en el escrito de contestación ala demanda, el ciudadano NELSON FANEITE LUGO, figura como ‘partidor’ en el juicio contentivo de PARTICIÓN, incoado por los ciudadanos JOSÉ DE JESÚS CORTE, MARÍA ALCIRA TEIXEIRA DE CORTE, JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y CARLA CRISTINA VIEIRA DE ÓRNELAS, contra los ciudadanos MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNÁNDEZ (sic) y JOAO DA SILVA FERNANDES, contenido en el Expediente No. 24.072, nomenclatura del juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, no desprendiéndose en modo alguno el que dicho ciudadano NELSON FANEITE LUGO figure ni como comunero, ni como parte interesada del inmueble objeto de dicho juicio, por lo que, al no estar vinculado como demandante o demandado en dicho juicio de Partición (sic), así como tampoco en los demás juicios alegados por los accionantes como fundamento de la presente demanda por FRAUDE PROCESAL, vale señalar, en los juicios de Disolución (sic) y Liquidación (sic) de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., que cura en el Expediente (sic) N° 771, por ante el Juzgado Cuarto de Los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; e INTERDICTO POR DESPOJO o RESTITUTORIO, que cursa en el Expediente (sic) N° 24.675, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del la Circunscripción judicial del Estado (sic) Carabobo, resulta forzoso para esta Alzada (sic) concluir, que la defensa de falta de cualidad pasiva para sostener el presente juicio de los co-demandados JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, por no haberse llamado al proceso el partidor NELSON FANEITE LUGO, no puede prosperar, Y ASÍ SE DECIDE.

 

(…omissis…)

 

Decidido lo anterior, observa esta Alzada (sic), que la presente apelación lo fue contra la sentencia dictada el día 17 de diciembre de 2015, por el Tribunal ‘a quo’, en la cual declaro CON LUGAR la demanda de FRAUDE PROCESAL, incoada por MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNANDES y JOAO DA SILVA FERNANDES, contra los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELA PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE.

 

Los ciudadanos MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNANDES y JOAO DA SILVA FERNANDES, asistidos por los abogados MARTHA ELENA CHÁVEZ GRIMALDI  y TERESA MARIA CHÁVEZ GRIMALDI, en el escrito libelar alegaron que los abogados HÉCTOR ÁVILA GARCÍA y JUAN VICENTE VADELL, apoderados de los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELA PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, demandaron al ciudadano JOAO DA SILVA FERNANDES, por Disolución (sic) y Liquidación (sic) de la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., por ante el Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego (sic) esta Circunscripción Judicial, alegando que JOAO DA SILVA FERNANDES impedía el funcionamiento de dicha sociedad, pues era uno de los Directores (sic) Gerentes (sic), que debían actuar conjuntamente, con el otro Director (sic) Gerente (sic) JOSÉ DE JESÚS DA CORTE, al negarse a convocar las Asambleas que debía efectuar con el otro Director (sic) Gerente (sic), además de incurrir en violaciones estatutarias como las de permitir en las instalaciones de la sociedad, la presencia de MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNANDES y JUAN GUILLERMO FERNANDES CORTE, esposa e hija, respectivamente, de JOAO DA SILVA FERNANDES, cuando el verdadero y real propósito de JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, era el quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble constituido por un lote de terreno y los locales sobre él construidos, distinguido con el No. 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias , Municipio valencia, Estado Carabobo, cuya superficie es de CUATROCIENTOS TRECE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (413,33 Mts2), donde estaba funcionado la sociedad mercantil cuya disolución demandan, que los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, representan el SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66%), del capital social de dicha sociedad, y que a pesar de la falta de formalidad de las convocatorias, los balances eran aprobados, y JOAO DA SILVA FERNANDEZ presentaba las declaraciones de impuestos sobre la renta y municipales, pagando dichos impuestos, tal como se evidencia de la copia fotostática certificada del Expediente (sic) N° 24.675, contentivo de la Querella (sic) Interdictal (sic); así como también se evidencia de los siguientes recaudos: Constancia suscrita por el Director de Hacienda Pública Municipal de la Alcaldía de Valencia, de fecha 17 de Enero (sic) de 2013, donde hace constar que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO , C.A.,  es titular de la Licencia de Actividades (sic) Económicas (sic) N° 23.955, autorizándola en el ejercicio de la actividad económica de: Bar-Restauran, ubicado en Avenida 100 (Las Ferias), Municipio Valencia; Constancia (sic) de Renovación de Autorización (sic) de Expendios (sic) de bebidas (sic) Alcohólicas (sic) N° C-2353, de BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A.,  N° de Control (sic) 000882, con fecha de Notificación (sic) 19 de Julio (sic) de 2012, expedida por la Alcaldía de Valencia, con Licencia de Actividades (sic) Económicas (sic) N° 25955, con fecha de vencimiento de Expendios (sic) de Alcohol (sic) y Especies (sic) Alcohólicas (sic), de fecha 26 de mayo de 1995, de la compañía BAR RESTAURAN EL SABOR FRITO C.A., donde aparece como Administrador JOSÉ DE  JESÚS DA CORTE, expedida por la Dirección General de Rentas Municipales, Resolución N° HRCE-121, de fecha 31 de Marzo (sic) de 1995, expedido por el Ministerio de Hacienda, donde se le concede Registro y Autorización para ejercer expendio de Especies (sic) Alcohólicas (sic) a la compañía BAR RESTAURAN EL SABOR FRITO C.A. (…), autorización de fecha 26-05-1995 (sic), para ejercer Expendio (sic) de Especies (sic) Alcohólicas (sic), expedido por la Dirección General de Rentas del Ministerio de hacienda, a la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A.; Constancia (sic) de Notificación (sic) expedida por (sic) Departamento o Sección de Licores de la Administración de Hacienda, siendo notificado el ciudadano JOSÉ DE JESÚS CORTE; firmado como recibido en fecha 26-058-1995 (sic), donde se le concede Registro (sic) y Autorización (sic) para ejercer Expendio (sic) de Especies (sic) Alcohólicas (sic) Certificado (sic) N° 1689-2011, expedido por el Cuerpo de Bomberos de Valencia, por el termino de un año, siendo practicada inspección ocular en el inmueble Nro. 68-115, Avenida 100 (Las Ferias) Municipio Valencia, de la empresa BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., se dejó constancia de estar en funcionamiento, cumpliendo con las NORMAS COVENIN,  con fecha de vencimiento 28 de Abril (sic) de 2012; Certificado N° 1668-2012, expedido por el Cuerpo de Bomberos de valencia por el termino de un año, siendo practicada inspección ocular en el Inmueble (sic) Nro. 68-115, Avenida 100 (Las Ferias), Municipio Valencia, de la empresa BAR RESTAURAN EL SABOR FRITO C.A., se dejó constancia de estar en funcionamiento, cumpliendo con las NORMAS COVENIN, con fecha de vencimiento 13 de Abril (sic) de 2013, Solvencia (sic) de Pago (sic) expedido por CORPOELEC, con fecha de vencimiento 25 de Enero (sic) de 2013, a favor de BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., (…); Informes de Preparación de Estados Financieros, Balances Generales y Estados de Ganacia y Perdidas de la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., expedidos por la Licenciada (sic) ZULLY M. RAMÍREZ H., correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012; Declaraciones (sic) Definitivas (sic) de Rentas (sic) y Pago (sic) de la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., , correspondiente a los años 2005, 2006 y 2007, expedidas por el SENIAT; Declaraciones (sic) Definitivas (sic) de Rentas (sic) y Pago (sic) de BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., DE LOS AÑOS 2009, 2010,  2011 y 2012, expedidas por el SENIAT; Declaración (sic)  y Pago (sic)  del IVA, del BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., expedidas por el SENIAT, de los años. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (sic)  2012; Declaración (sic)  y Pago (sic)  del Impuesto al >Consumo Suntuario y a las Ventas al Mayor del BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A.,  expedidas por el SENIAT, de los años: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (sic) 2002; Certificados (sic) Electrónicos (sic) de Recepción (sic) de Declaración (sic) por Internet (sic) (ISLR), suscritos por el SENIAT, del contribuyente BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., ; Libro (sic) de Licores (sic) para las Expediciones (sic) que efectúe la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., que de todos los referidos recaudos se evidencia que si se reunían los socios; que en relación con el fraude que denuncian, en el juicio de disolución y liquidación los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, admiten en el libelo de la demanda, que la sociedad de comercio BAR RESTAURAN EL SABOR FRITO C.A., se encuentra en pleno funcionamiento; que dicha compañía funciona o desarrolla sus actividades en el inmueble objeto del juicio de partición, al indicar ‘…Pedimos la citación del Demandado (sic) se haga en la Av. Las Ferias N° 65-115, Municipio Miguel Peña, Municipio Valencia, Estado (sic) Carabobo, donde funciona la Empresa BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A.’; circunstancia que se encuentra corroborada con la diligencia del Alguacil de fecha 1° de Junio (sic) de 2010; que durante la tramitación de dicho juicio la parte actora promovió como prueba a los testigos ENRIQUE RAMÓN ROMERO LEÓN, OMER ANTONIO ROSAS PÉREZ ORLANDO, quienes no fueron repreguntados y se encuentran contestes en afirmar, que para la fecha en que declaran, la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., se encuentra funcionando, que con estas actuaciones queda demostrado: A.- Que los actores, JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE mienten en la querella interdictal por despojo que incoaron contra los hoy demandantes, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, al afirmar que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., fue disuelta y liquidada. B.- Igualmente mienten en la querella interdictal al afirmar que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., funcionaba en el local 2, del inmueble distinguido con el número 68-115, ubicado en la Avda. Las Ferias 100, de la Parroquia (sic) Miguel Peña, Municipio valencia, ya descrito ut-supra, puesto no era que funcionaba, sino que estaba funcionado para cuando interpusieron la querella, y dejó de funcionar una vez que fue desalojada del local con la ejecución del secuestro decretado en la mencionada querella interdictal; que en lo que respecta a la intención o propósito que habían concebido de manera deliberada JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE de quedarse con el inmueble como únicos y exclusivo  propietarios y poseedores, se puede corroborar con la admisión de dicho objetivo por parte de JOSÉ DE JESÚS CORTE, el día 9 de Julio (sic) de 2010, quien al responder a las posiciones juradas, confesó ‘…Décimo Sexto: Diga el Absolvente (sic) si el valor del fondo de comercio y principalmente el del terreno se ha incrementado extraordinariamente y ello le motiva para excluir al socio Juan Da Silva Fernandes del fondo de comercio? Contestó, así: el motivo es que nos queremos independizar, no podemos seguir así. Cesaron…’; que en la aludida querella interdictal por despojo, les imputan falsamente que el día 20 del mes de abril del año 2012, los despojaron del inmueble, cuando nunca lo habían poseído; que el abogado HÉCTOR ÁVILA GARCÍA, apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ DE JESÚS CORTE y MARÍA ALCIRA TEIXEIRA DE CORTE (cónyuge), y JOAO MANUEL ÓRNELA PITA y CARLA CRISTINA VIEIRA DE ÓRNELAS, los demandaron por PARTICIÓN, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito de esta Circunscripción Judicial, con la finalidad de quedarse como únicos y exclusivo propietarios del inmueble constituido por una extensión o lote de terreno y los locales comerciales construidos sobre dicho terreno, distinguido con el N° 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias, del Municipio Valencia del Estado (sic) Carabobo, con una superficie de CUATROCIENTOS TRECE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (413,33 Mts.2); el cual fue adquirido por documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro de Distrito Valencia del Estado (sic) Carabobo, bajo el Nro. 13, Tomo 10, Protocolo Primero, Folios 1 al 3, de fecha 12 de mayo de 2000, que en el referido juicio de PARTICIÓN hubo las siguientes irregularidades: NELSON FANEITE LUGO, fue designado PARTIDOR, de manera IRREGULAR, además de su falta de juramentación; que los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, fueron los únicos que comparecieron a la primera reunión para la designación de partidor, prevista en el artículo 778 del Código de Procedimiento Civil, el día 10 de noviembre de 2011, y no el 10 de febrero de 2011, como erróneamente se indica en el acta levantada (Expediente N° 24.072), que la comunidad está integrada por tres personas con iguales cuotas, por lo que a cada uno le corresponde TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33%), y así el ciudadano JOAO DA SILVA FERNANDES, le corresponde un TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES POR CIENTO (33,33%) del inmueble, y a los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, en conjunto tienen un SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS POR CIENTO (66,66%), quienes no constituyen la mayoría absoluta para poder nombrar al Partidor, ya que se requiere de un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%), por lo que al haberse designado a NELSON FANEITE LUGO, como partidor, su designación resulta irregular, al no existir esa mayoría calificada, debiendo haberse convocado a una segunda reunión para uno de los cinco (5) días siguientes, en cuya ocasión se designaría al partidor por los asistentes al acto cualquiera fuera el número de ellos, tal como lo ordena el precitado 778 del Código de Procedimiento Civil, que se encuentran afectadas de nulidad las actuaciones realizadas por el ciudadano NELSON FANEITE LUGO, tales como la venta de los derechos y acciones que le pertenecen del inmueble anteriormente descrito, señalando actuar como supuesto representante del ciudadano JOAO DA SILVA FERNANDES (es decir co-demandante en la presente causa), vende a los restantes comuneros JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, mediante documento de fecha 03 (sic)  de abril de 2012, por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito de Registro de Municipio Valencia, Estado (sic)  Carabobo, bajo el N° 49, folios 340, Tomo 29; que constando que dicho inmueble es de imposible división lo que procedía, al no haber acuerdo entre ellos, la venta debía hacerse en subasta pública, a tenor del artículo 1071 del Código Civil, lo cual no se efectuó; que se pretende fundamentar dicha venta en un supuesto acto conciliatorio celebrado el día 27 de septiembre de 2011, de la cual se desprende que en ningún momento su apoderada judicial dio su consentimiento o estuvo de acuerdo con la manifestación del apoderado actor, por lo que mal puede tenerse como aceptada la proposición del apoderado de los comuneros JOAO MANUEL ÓRNELA PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, ni mucho menos deducir conclusión alguna, y no obstante ello, el abogado HÉCTOR ÁVILA GARCÍA apoderado judicial de los mencionado ciudadanos, el 10 de octubre de 2011, presentó un escrito por ante el mencionado Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en la cual se lee ‘…que al no haber habido acuerdo alguno, correspondía a la autoridad judicial establecer las condiciones con arreglo a derecho, a temor de lo dispuesto en el artículo 1072 del Código Civil, actividad ésta que no efectuó, que en el Expediente (sic) no consta que JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE hayan solicitado la entrega material del inmueble que dicen haber comprado en el juicio de partición ,lo cual debieron haber hecho mediante ejecución de la irrita sentencia; que luego de que quedó registrada su propiedad sobre el referido inmueble, y una vez concluida y declarada firme la partición, acudieron al sitio en fecha 20 de abril de 2012, y en presencia de los ciudadanos CANDELARIA MAYELA CONTRERAS y LENIN JOSÉ CEDEÑO SARRAMEDA, procedieron a insultarlos, retirándolos del sitio a empujones, sin entender como si ha mediado un juicio en ambos casos y ya no existe comunidad con el señor JOAO DA SILVA FERNANDES, que la referida ciudadana decía que de allí nunca la iban a sacar, que no tiene ninguna posesión legitima para ocupar dicho inmueble, ya que no es arrendataria, no es coproprietaria, ni socia, como ya tampoco lo es el ciudadano JOAO DA SILVA FERNANDEZ (sic); que de las declaraciones de los testigos del justificativo se observa la existencia de un sesgamiento de la Juez (sic) del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, al tomarle las declaraciones, como fue su intervención al preguntarles ‘si efectivamente le consta suficientemente que los ciudadanos JOSÉ DA CORTE y JOAO MANUEL ÓRNELAS han sido ocupante continuos del inmueble antes descrito y que fueron despojados de la posesión que tenían por los ciudadanos María Da Corte y Joao Da Silva’, que la referida Juez (sic) favoreció a los querellantes con la pregunta formulada de manera sugestiva, infringiendo el encabezamiento del artículo 485 del Código de Procedimiento Civil, como se evidencia de la pregunta al testigo, si efectivamente le consta suficientemente que los ciudadanos JOSÉ DA CORTE y JOAO MANUEL ÓRNELAS han sido ocupantes del inmueble antes descrito yu que fueron despojados de la posesión que tenían por los ciudadanos María Da Corte y Joao Da Silva?; que la Juez (sic)  hizo caso omiso a la contradicción respecto a la hora del supuesto despojo, lo que trae como consecuencia que los hechos narrados por los querellantes no fueron probados, al declarar los testigos sobre unos supuestos hechos ocurridos en horas diferentes, y no obstante ello, para la juez dichos testigos se encuentran contestes, lo cual constituye una infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; que los hoy demandantes promovieron como testigos a los ciudadanos NATIVIDADE CALDEIRA DE FARÍA y MAIBELIN MILEXY POLANCO ACUÑA, los cuales no incurrieron en contradicciones, y se encuentran contestes con las otras actuaciones del Expediente (sic)  N° 24.675, al manifestar que la mencionada sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., tenía más de 17 años funcionando en dicho local, y que cesó en sus actividades el 12 de diciembre del año 2012, según el testimonio de ambas, que es precisamente la fecha en que se practicó el secuestro, según consta en el Cuaderno Separado; que la referida querella interdictal fue declarada con lugar con fecha 14 de marzo del año 2013; razones por las cuales y con fundamento en lo previsto en los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, demandan por FRAUDE PROCESAL a los ciudadanos MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, para que sean declarados por el Tribunal NULOS E INEXISTENTES los juicios de: 1.-) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A.,  que cursa en el Expediente (sic) N° 7771, por ante el Juzgado Cuarto de Los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; 2.-) PARTICIÓN, que cursa en el Expediente N° 24.072, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; 3.-) INTERDICTO POR DESPOJO o RESTITUTORIO, que cursa en el Expediente N° 24.675, por ante el juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo.

 

A su vez, los abogados MELISSA PAREDES y FRANCISCO AGÜERO VILLEGAS, en su carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, en el rescrito de contestación a la demanda, rechazaron en todas u cada una de sus partes, todos los hechos narrados en el libelo de demanda,  por ser totalmente falsos y los fundamentos de derecho alegados, porque las normas jurídicas invocadas no se subsumen dentro del contenido de los temerarios hechos, rechazaron y negaron que sus representados hayan actuado de manera premeditada y dolosa falseando la verdad con el deliberado propósito de quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores de un inmueble constituido por un lote de terreno y los locales construidos sobre dichos terreno, distinguido con el No. 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias, en jurisdicción del Municipio valencia del Estado (sic) Carabobo, con un área aproximada de CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS CON TREINTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS (mts2 413,33)…adquirido por un instrumento protocolizado en la Oficina Inmobiliaria de Registro del Segundo Circuito del Municipio Valencia del Estado (sic) Carabobo, en fecha 12 de mayo de 2000, bajo el No. 13, Tomo 10, Protocolo Primero, folios 1 al 3,; rechazaron y negaron que hayan actuado en groseras violaciones de procedimiento que repercutieron en la materialización de sus objetivos, cual era la de disolver y liquidar dicha compañía (Bar-Restaurant El Sabor Frito C.A.), al ser  desalojada del local donde desarrollaba sus actividades, que la voluntad de sus representados era quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble objeto de la litis; negaron que JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, se hayan puesto de acuerdo para ir en contra de los demandantes y quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble (terreno y diez locales); negaron que hayan recurrido en forma dolosa e intentar un nuevo juicio, querella interdictal por despojo plagado de vicios procesales con la connivencia del órgano jurisdiccional, mediante actos falsos; que en el proceso interdictal existía subversión del procedimiento; que se hubieren válido de varios procedimientos con el propósito de liquidar la sociedad mercantil; que es falso que hayan recurrido a argucias, engaños y que hayan cometido fraude procesal; negaron y contradijeron que sea nulo e inexistente el juicio de Disolución (sic) y Liquidación (sic) de la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., que cursa por ante el Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, San Diego, Libertador, Naguanagua, Los Guayos y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; que sea nulo e inexistente el juicio de partición, que cursa por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo y que sea nula la venta protocolizada en fecha 3 de abril de 2012, por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio valencia del Estado (sic) Carabobo, bajo el No. 49, Tomo 29, Protocolo de Transcripción de fecha 3 de abril de 2012; negaron contradijeron que sea nula e inexistente el juicio de interdicto por Despojo o Restitutorio que cursa por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo (Exp- No. 24.675).

 

(…omissis…)

 

En el caso sub examine se observa que, en el escrito libelar que, los ciudadanos MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNANDES y JOAO DA SILVA FERNANDES, asistidos por los abogados MARTHA ELENA CHÁVEZ GRIMALDI y TERESA MARÍA CHÁVEZ GRIMALDI, alegaron que los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, demandaron al ciudadano y JOAO DA SILVA FERNANDES, por Disolución (sic) y Liquidación de la Sociedad (sic) Mercantil (sic) BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., cuyo juicio cursa por ante el Juzgado Cuarto de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego (sic) esta Circunscripción Judicial (Expediente Nro. 7.771), con fundamento en que el ciudadano JOAO DA SILVA FERNÁNDEZ impedía el funcionamiento de dicha sociedad, quien en su carácter de Director (sic) Gerente (sic), debía actuar conjuntamente con otro Director (sic) Gerente (sic), ciudadano JOSÉ DE JESÚS CORTE, negándose a convocar las Asambleas (sic), incurriendo en violaciones estatutarias, cuando el verdadero propósito de los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, era quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble constituido por un lote de terreno y los locales sobre él construidos, distinguido con el Nro. (sic) 68-115, ubicado en la Avenida (sic) Las Ferias, Municipio Valencia, Estado (sic) Carabobo, cuya superficie es de CUATROCIENTOS TRECE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y TRES DECÍMETROS (413,33 Mts2), donde estaba funcionando la sociedad mercantil cuya disolución demandan.

 

Ahora bien, esta Alzada (sic) considera importante señalar que, las causas de disolución constituyen el fundamento legal o contractual para declarar el término de la existencia de la sociedad, en base a hechos o situaciones que dan paso a la disolución efectiva del vinculo social; con fundamento en la presencia de una cualesquiera de las causales de disolución previstas en el artículo 340 del Código de Comercio, las cuales al no ser taxativas, las partes pueden incorporar causales distintas de disolución; asimismo, la doctrina admite las tesis de la disolución por justos motivos en base al artículo 1.678 del Código Civil venezolano, (Goldschmitdt), lo cual puede ampliar sensiblemente el número de causas de disolución comunes a todas las sociedades; pudiendo fundamentarse como por ejemplo, en la falta de acuerdo manifiesto entre sus accionistas para la adopción de determinadas decisiones, que podría constituirse como un impedimento al logro del fin para el cual la sociedad fue constituida; o en el obstáculo del normal desenvolvimiento de la sociedad, produciéndose hechos imputables a los socios, que implicarían la desaparición de la denominada affectio societatis o jus fraternitatis (elemento que se encuentra en la base del negocio jurídico societario) y que, como lo expone acertadamente Isaac Halperin en su Curso de Derecho Comercial (parte especial Sociedades), envuelve el propósito de colaboración; tomando en consideración lo establecido en el artículo 768 del Código Civil, el cual dispone que ‘…nadie puede obligarse a permanecer en comunidad…’.

 

Siendo que, en el caso sub examine, los hoy demandantes en la presente demanda de Fraude (sic) Procesal (sic), fundamentan la supuesta intención de los demandados, ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, de quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble donde estaba funcionando la Sociedad Mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., constituido por un lote de terrenos y los locales sobre él construidos, distinguido con el Nro (sic). 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias, Municipio Valencia, Estado (sic) Carabobo, con la interposición de la referida demanda por Disolución y Liquidación del BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A.; intención que en modo alguno pudiere materializarse, ni siquiera en el caso de que prospere la referida acción de disolución de sociedad, ya que de ser declarada con lugar (sic) Disolución (sic) de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., consecuencialmente se ordenaría la liquidación de los haberes de dicha compañía, de conformidad con lo previsto en los artículos 347 y siguientes del Código de Comercio; resultando forzoso para esta Alzada (sic) concluir que la denuncia de fraude procesal, con fundamento en que los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, demandaron al ciudadano JOAO DA SILVA FERNANDES, por Disolución (sic) y Liquidación (sic) de la Sociedad (sic) Mercanti (sic)l BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A. (Expediente Nro. 7.771), nomenclatura del Juzgado Cuarto de Los Municipios valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego (sic) esta Circunscripción Judicial) con el supuesto propósito de quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble constituido por un lote de terreno, y los locales sobre él construidos, distinguido con el No. 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias, Municipio Valencia, l Estado (sic) Carabobo, no puede prosperar; Y ASÍ SE DECIDE.

 

En relación al alegato de los hoy demandados, referido en que los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, mienten en la querella interdictal por despojo que incoaron en su contra, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial (Expediente Nro. 24.675), al afirmar que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A. fue disuelta y liquidada; que los precitados JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, mienten en dicha querella interdictal, al afirmar que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., funcionaba en el local 2, del inmueble distinguido con el número 68-115, ubicado en la Avda. (sic) Las Ferias 100, de la Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia, puesto no era que funcionaba, sino que estaba funcionando para cuando interpusieron la querella, y dejó de funcionar una vez que fue desalojada del local con la ejecución del secuestro decretado en la mencionada querella; y que de manera dolosa en la aludida querella interdictal por despojo, alegan falsamente que el día 20 del mes de abril del año 2.012, los despojaron del inmueble, cuando nunca lo habían poseído; este Sentenciador (sic) hace las siguientes consideraciones:

 

Nuestro Proceso (sic) Civil (sic), está regido por el principio dispositivo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, de ahí que, los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la demanda y las razones de hecho que sustentan la misma, y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado al momento de contestar la demanda. Así, según tales afirmaciones de hecho planteadas por las partes que fundamentan sus pretensiones y excepciones, respectivamente, las partes se distribuían la carga de la prueba. En el derecho procesal moderno, la carga que tienen las partes de probar sus afirmaciones, se rige por el principio general, que para demostrar un hecho en el proceso es menester haberlo afirmado, bien sea por el actor en la demanda, o el demandado en la contestación. Ello debido a que en el proceso dispositivo (nuestro caso) la prueba es carga de las partes y no del Juez (sic). Las partes deben demostrar al Juez (sic) la realización del hecho, o provocar en él la convicción de la verdad del hecho alegado, sin que éste pueda sacar elementos de convicción fuera del proceso.

 

Ahora bien, el interdicto de despojo o restitutorio puede ser definido como la acción sumaria de posesión que tiene por objeto que el despojado sea restituido en la posesión que ha perdido. El objeto principal del interdicto es restituir en la posesión y los fundamentos de derecho sustantivo del interdicto se encuentran en los artículos 783 y 784 del Código Civil.

 

Para que prospere la pretensión de tutela interdictal restitutoria, debe determinarse la existencia de una anterior posesión o tenencia de la cosa cuya restitución se solicita, la ocurrencia de actos o hechos constitutivos del despojo atribuidos al querellado, y el ejercicio temporánea de la acción.

 

En ese orden de ideas, siendo que la actividad probatoria que se debe desplegar en un juicio, recae en primer término sobre el demandante, que tiene la carga probatoria de demostrar los hechos particulares y concretos en que fundamenta su pretensión, y del demandado en refutar y demostrar que el actor no tiene la razón legal, en que fundamenta sus pretensiones, dentro de los lapsos correspondientes; por lo que, mal podrían pretender los hoy demandantes a través de la presenta acción de fraude procesal, demostrar la falsedad o no de los alegatos esgrimidos por los hoy demandados, en el escrito libelar de la Querella (sic) Interdictal (sic) que cursa en el Expediente (sic) N° 24.675, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo, dado que ello debía ser objeto de prueba, en el respectivo juicio, de conformidad con la norma contenida en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, dando lugar a un fallo que así lo establezca, resultando para esta Alzada (sic) forzoso concluir que, la denuncia de fraude procesal con fundamento en que los ciudadanos precitados JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, mienten en la querella interdictal por despojo que incoaron en su contra (Expediente Nro. 24.675, nomenclatura del Juzgado Cuarto Civil), al afirmar que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., fue disuelta y liquidada; que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., funcionaba en el local 2, del inmueble distinguido con el número 68-115, ubicado en la Avda. (sic) Las Ferias 100, de la Parroquia Miguel Peña, Municipio Valencia, para cuando interpusieron la querella, puesto que la sociedad mercantil BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO, C.A., estaba funcionando y que dejó de funcionar una vez que fue desalojada del local con la ejecución del secuestro decretado; cuando nunca lo habían poseído los accionantes, no puede prosperar; Y ASÍ SE DECIDE.

 

En relación al alegato de los hoy demandantes, consistente en que la intensión que habían concebido de manera deliberada los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE lo era de quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble constituido por un lote de terrenos, y los locales sobre él construidos, distinguido con el número 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias (sic), Municipio Valencia, Estado (sic) Carabobo, la cual se evidencia, de la admisión de dicho objetivo por parte del ciudadano JOSÉ DE JESÚS CORTE, el día 9 de Julio (sic) de 2010, quien al responder a las posiciones juradas, confesó: ‘Decimo Sexto: Diga el Absolvente (sic) si el valor del fondo de comercio y principalmente el del terreno se ha incrementado extraordinariamente y ello le motiva para excluir al socio Juan Da Silva Fernandes del fondo de comercio?. Contestó, así: el motivo es que nos queremos independizar, no podemos seguir así. Cesaron…’.

 

(…omissis…)

 

Siendo que, para que exista prueba de confesión, en un determinado juicio, es absolutamente necesario que la declaración de la parte, esté acompañada del ánimo confesandi, es decir, del propósito de confesar algún hecho circunstancia en beneficio de la parte; conforme al criterio jurisprudencial sentado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° RC-0347, de fecha 02 (sic) de noviembre de 2001 (…) Observando esta Alzada en el caso sub examine, que el ciudadano JOSÉ DE JESÚS CORTE, el día 9 de Julio (sic) de 2010, al responder a la posición jurada ‘Décimo Sexto: Diga el Absolvente (sic) si el valor del fondo de comercio y principalmente el del terreno se ha incrementado extraordinariamente y ello le motivo para excluir al socio Juan Da Silva Fernandes del fondo de comercio) Contestó, así: el motivo es que nos queremos independizar, no podemos seguir así’, de sus dichos no se desprende en modo alguno el que efectivamente el referido ciudadano JOSÉ DE JESÚS CORTE, haya tenido la intención o ánimo de proferir confesión alguna, relativa a la supuesta intención declarada como fraudulenta, consistente en el deseo de quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble antes descrito, resultando forzoso concluir que, la denuncia de fraude procesal, con fundamento en que la intención que habían concebido los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE de quedarse como únicos y exclusivo propietarios y poseedores del inmueble constituido por un lote de terreno, y los locales sobre él construidos, distinguido con el No. 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias, Municipio Valencia, Estado (sic) Carabobo, se pueden corroborar con la admisión de dicho objetivo por parte del ciudadano JOSÉ DE JESÚS CORTE, el día 9 de Julio (sic) de 2010, no puede prosperar; Y ASÍ SE DECIDE.

 

En cuanto al alegato de los hoy demandantes, consistente en que el abogado HÉCTOR ÁVILA GARCÍA, apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ DE JESÚS CORTE y MARÍA ALCIRA TEIXEIRA DE CORTE (cónyuges) y JOAO MANUEL ÓRNELA PITA y CARLA CRISTINA VIEIRA DE ÓRNELAS, presentaron demanda en su contra por PARTICIÓN (Expediente Nro. 24.072, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de esta Circunscripción Judicial), con la finalidad de quedarse como únicos y exclusivos propietarios del inmueble constituido por una extensión o lote de terreno y los locales comerciales en él construidos distinguido  con el N° 68-115, ubicado (…) (adquirido por documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro de Distrito Valencia del Estado (sic) Carabobo, bajo el Nro. 13, Tomo 19, Protocolo Primero, Folios 1 al 3, de fecha 12 de mayo de 2000); al haber sido designado den dicho juicio, de manera irregular al ciudadano NELSON FANEITE LUGO, y que como consecuencia de ello, está afectada de nulidad la venta de los derechos y acciones del precitado inmueble, mediante documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Segundo Circuito de Registro del Municipio Valencia, Estado (sic) Carabobo, en echa 03 (sic) de abril de 2012, bajo el N° 49, Folios 340, Tomo 29; que se pretende fundamentar dicha venta en un supuesto acto conciliatorio celebrado en día 27 de septiembre de 2011, del cual se desprende que en ningún momento (sic) apoderada judicial de los hoy demandante dio su consentimiento o estuvo de acuerdo con la manifestación del apoderado actor, y por ende, mal puede tenerse como aceptada la proposición del apoderado de los comuneros JOAO MANUEL ÓRNELA PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE.

(…omissis…)

 

En observancia a las normas que regulan el juicio de partición se evidencia que, una vez presentado el informe del partidor al tribunal, tal como lo preceptúa el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, los interesados tiene un plazo de diez (10) días de despacho para revisar dicho informe, momento en el cual deberán realizar las observaciones y objeciones al mismo. En caso de considerarlos graves, el Juez (sic) está obligado a decidir sobre los reparos dentro de los diez (10) días siguientes, decisión que puede ser llevada al conocimiento del Juzgado Superior, mediante el ejercicio del recurso de apelación (Ver. Sent. S.C.C. de fecha 07 (sic) de abril de 2016, Exp. Nro.AA20-C-2015-000684 (…). Siendo que, de la lectura del escrito libelar se evidencia que, los hoy accionantes alegan la supuesta irregularidad de la venta efectuada por el Partidor, ciudadano NELSON FANEITE LUGO, designado en el juicio de Partición (Expediente Nro. 24.072, nomenclatura del juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial), en que la misma se fundamentó en la realización de un supuesto acto conciliatorio celebrado el día 27 de septiembre de 2011, del cual se desprende que en ningún momento la apoderada judicial de los hoy demandante dio su consentimiento o estuvo de acuerdo con la manifestación del apoderado actor, y por ende, mal puede tenerse como aceptada la proposición del apoderado de los comuneros JOAO MANUEL ÓRNELA PITA Y JOSÉ DE JESÚS CORTE, todo lo cual, en criterio de este Sentenciador, debió haber sido alegado en la oportunidad correspondiente, en el referido juicio de partición, debiendo la parte interesada, haber hecho uso de realizar las observaciones y objeciones al mismo en tiempo oportuno, así como de ejercer los recursos de impugnación concedidos por la ley para la defensa de sus derechos , lo cual en modo alguno consta en autos, lo que hace forzoso concluir, que la denuncia de fraude procesal, con fundamente en que el abogado HÉCTOR ÁVILA GARCÍA, apoderado judicial de los ciudadanos JOSÉ DE JESÚS CORTE y MARÍA ALCIRA TEIXEIRA DE CORTE (cónyuges) y JOAO MANUEL ÓRNELA PITA y CARLA CRISTINA VIEIRA DE ÓRNELAS, presentaron demanda en contra de los hoy accionantes por PARTICIÓN (Expediente Nro. 24.072 nomenclatura del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del tránsito de esta Circunscripción Judicial), con la finalidad de quedarse como únicos y exclusivos propietarios del inmueble constituido por una extensión o lote de terreno y los locales comerciales en él construidos, distinguido con el N° 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias, del Municipio Valencia del Estado (sic) Carabobo, al haber sido designado en dicho juicio de manera irregular al ciudadano NELSON FANEITE LUGO, no puede prosperar, Y ASÍ SE DECIDE.

 

En relación al alegato de los hoy demandante, consistente en la existencia de un sesgamiento de la Juez del juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, al tomarle las declaraciones de los testigos del justificativo al preguntarles ‘si efectivamente le consta suficientemente que los ciudadanos JOSÉ DA CORTE y JOAO MANUEL ÓRNELAS han sido ocupantes continuos del inmueble antes descrito y que fueron despojados de las posesión que tenían por los ciudadanos María Da Corte y Joao Da Silva, que la referida Juez (sic) favoreció a los querellantes con la pregunta formulada de manera sugestiva, infringiendo el encabezamiento del artículo 485 del Código de Procedimiento Civil, como se evidencia de la pregunta al testigo si efectivamente le consta suficientemente que los ciudadanos JOSÉ DA CORTE Y JOAO MANUEL ÓRNELAS han sido ocupantes continuos del inmueble antes descrito y que fueron despojados de la posesión que tenían por los ciudadanos María Da Corte y Joao Da Silva?, que la Juez (sic) hizo caso omiso a la contradicción respecto a la hora del supuesto despojo, lo que trae como consecuencia que los hechos narrados por los querellantes no fueron probados, al declarar los testigos sobre unos supuestos hechos ocurridos en horas diferentes, y no obstante ello, para la juez dichos testigos se encuentran contestes, lo cual constituye una infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

 

Esta Alzada considera necesario traer a colación el contenido del artículo 487 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

 

(…omissis…)

 

El cual a todas luces faculta al Juez (sic) para hacer a los testigos, las preguntas que crea convenientes para ilustrar su propio juicio, por lo que, al haber la Juez (sic) del juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, en el acto de evacuación de las testimoniales, hecho uso de la facultad conferida por el propio legislador, su actuación en ese acto estuvo ajustada a derecho, resultando forzoso para esta Alzada concluir, que la denuncia de fraude procesal, con fundamento en la existencia de un sesgamiento de la Juez (sic) del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil, al tomarle las declaraciones de los testigos del justificativo, que la referida juez (sic) favoreció a los querellantes con la pregunta formulada de manera sugestiva; que la Juez (sic) hizo caso omiso a la contradicción respecto a la hora del supuesto despojo, lo que trae como consecuencia que los hechos narrados por los querellantes no fueron probados, no puede prosperar: Y ASÍ SE DECIDE.

(…omissis…)

 

Si bien en el caso de autos se evidenció la existencia de un juicio por Disolución y Liquidación de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., que cursa en el Expediente N° 7771, por ante el Juzgado Cuarto de Los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción judicial del Estado (sic) Carabobo; otro por PARTICIÓN, que cursa en el Expediente N° 24.072, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; y un tercero, por INTERDICTO POR DESPOJO o RESTITUTORIO, que cursa en el Expediente N° 24.675, por ante el juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; los cuales fueron objeto de acumulación por parte del Tribunal ‘a quo’, siendo que, con el fraude procesal no se juzgan las actuaciones procesales (formales), sino el fraude como tal (dolo en sentido amplio), analizadas y valoradas como fueron las pruebas promovidas por las partes, no contando este Sentenciador (sic) con elementos de convicción que le permitan precisar el que efectivamente existen vicios e irregularidades en los referidos juicios que conllevase a precisar que los hoy accionados, ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, hubieren hecho uso de dichos procesos para fines distintos a los establecidos en la ley, puesto que, a través de los mismos no se materializa la acción dolosa delatada por los accionantes, en el sentido de que, el verdadero y real propósito de los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, era el de quedarse como únicos y exclusivos propietarios y poseedores del inmueble constituido por un lote de terreno y los locales sobre él construidos distinguido con el Nro. 68-115, ubicado en la Avenida Las Ferias, Municipio Valencia, Estado (sic) Carabobo; y siendo que de conformidad con la norma contenida en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, el cual disoné que ‘los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda sentenciaran a favor del demudando… En ningún caso usaran los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se hayan faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse’; es por lo que este Sentenciador al observar, que la presente causa, la parte actora no probó con carácter de plena prueba, los hechos alegados en su escrito libelar , y debiéndose fundamentar el fallo en un juicio de certeza, y no de mera verosimilidad; hace forzoso concluir, que la presente demanda por FRAUDE PROCESAL, incoada por los ciudadanos MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNANDES y JOAO DA SILVA FERNANDES contra los referidos ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELAS PITA y JOSÉ DE JESÚS CORTE, debe ser declarada sin lugar, tal como señalarla en el dispositivo del presente fallo.- En consecuencia, SE ORDENA, una vez que quede definitivamente firme el presente fallo, desglosar los expedientes acumulados a la presente causa, contentivos de los juicios de 1.-) DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN de la compañía BAR RESTAURANT EL SABOR FRITO C.A., que cursa en el Expediente N° 7771, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; 2.-) PARTICIÓN, que cursa en el Expediente N° 24.072, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; y 3.-) INTERDICTO POR DESPOJO o RESTITUTORIO, que cursa en el Expediente N° 24.675, nomenclatura del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Carabobo; y remitirlos a los Tribunales (sic) de origen, con copia certificada de la presente decisión a cada uno de esos Tribunales (sic), Y ASÍ SE DECIDE.

 

Por lo que, en observancia de los criterio jurisprudenciales y doctrinarios, así como la normativa legal que rige la materia, tomadas en consideración por esta Alzada (sic) como fundamentos de su fallo, el recurso de apelación interpuesto por los ciudadanos MARÍA TERESA DA CORTE DE FERNANDES (sic) y JOAO DA SILVA FERNANDES (sic), contra los ciudadanos JOAO MANUEL ÓRNELA PITA (sic) y JOSÉ DE JESÚS CORTE (sic), contra la sentencia dictada por el Juzgado ‘a quo’ en fecha 17 de diciembre de 2015, (sic) debe prosperar; Y ASÍ SE DECIDE…”

 

De lo antes transcrito de la recurrida, se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, la inmotivación del fallo impugnado, dado que el juez de alzada se limitó simplemente a describir las pruebas promovidas, pero no realizó el análisis sistemático de cada una de ellas, expresando si las acogía o desechaba, y en las que aprecia, el mérito de la prueba analizada, es decir no señaló que elementos de convicción se derivaron del análisis de las pruebas, para llevarlo a su determinación de que la demanda debía declararse sin lugar.

A juicio de esta Sala, tal forma de decidir representa un típico caso de motivación aparente o simulada, es decir, aquella que no pasa de ser un intento fingido de cumplimiento formal al mandato impuesto a los jueces en el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, y que consiste en el empleo de citas de disposiciones legales, doctrinarias o jurisprudenciales, y de frases vagas o genéricas que dan la impresión de haberse hecho un razonamiento, pero que por sí solas no permiten conocer realmente cuáles son las razones de hecho y de derecho por las que se arribó a la decisión. (Cfr. Fallo de esta Sala N° 657, de fecha 4 de noviembre de 2014, expediente N° 2014-320, caso: Iván Manuel Torres Martínez contra la Asociación Civil El Rosal 702).

En tal sentido considera esta Sala, que el sentenciador debió examinar cuidadosamente las pruebas aportadas al juicio, con el señalamiento de sus particularidades en el fallo, para poder entender de que se trata cada una de forma individual, y ofrecer una actividad de raciocinio debidamente sustentada en motivos de hecho y de derecho para realizar un análisis con respecto al establecimiento y valoración de dichas pruebas, ya sean acogiéndolas o desechándolas, pero debidamente fundamentado y no de forma arbitraria y sin sustento, a fin de que su decisión resultara plausible o aceptable en lo que se refiere al requisito de motivación; en otras palabras, debió realizar una actividad de justificación en los fundamentos generales de su decisión, y al no hacerlo y sencillamente evadir su responsabilidad, no justificó su decisión con argumentos de hecho y de derecho.

La motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces con ajustamiento a lo alegado por las partes en la demanda y la contestación, y a lo probado por ellas, como fundamento del dispositivo, las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran, y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos legales y los principios doctrinarios atinentes.

El dispositivo de todo fallo debe ser razonado, es decir, estar fundado en un examen de los hechos y de las pruebas aportadas a los autos con las conclusiones jurídicas que a los jueces les merecen. Esta formalidad es una garantía contra la arbitrariedad judicial, pues con su cabal cumplimiento la cosa juzgada que emerge del dispositivo, llega a ser resultado lógico de una sana administración de justicia.

El sentenciador está obligado a expresar en su fallo las razones de hecho y de derecho que han influido en su convicción para llegar a determinado dispositivo, pues el acto jurisdiccional debe llevar en sí mismo la prueba de su legalidad.

También ha sostenido esta Sala, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:

a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.

b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.

c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; y

d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Cfr. Fallos de esta Sala Nº 83, de fecha 23 de marzo de 1992, caso: Juan Nazario Perozo, contra Freddy Victorio Escalona Cortez y otros; y Nº RC-182, de fecha 9 de abril de 2008, expediente N° 2007-876, caso: Marlene Evarista Revete Abreu y otros, contra la Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste; entre otras).

Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. (Cfr. Fallo N° RC-934, de fecha 15 de diciembre de 2016, expediente N° 2016-365, caso: Michel Kalbahdji Basnaji contra ALTEC, C.A., y otro, bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo).-

En el presente caso, es obvio que estamos en presencia del supuesto “a” antes citado, de la doctrina de esta Sala, pues el juez de alzada dio por sobreentendida la valoración y análisis de las pruebas.

Se desprende de la sentencia transcrita, que la alzada después de hacer una reseña de las pruebas de los demandantes, identificadas con los números “1”, “2”, “3”, “4” y “5”, así como de las pruebas presentadas por los demandados, señala que las aprecia de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al indicar expresamente que: “…En relación  a los Expediente señalados en los numerales 1, 2 y 3, así como las actuaciones procesales discriminadas en el numeral 4, y los instrumentos señalados en el numeral 5, esta Alzada los aprecia de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y cuyo alcance se determinará en la parte motiva del presente fallo. ASÍ SE DECIDE…”, y de igual modo refiere que los demandados: “…2.-Hicieron valer el contenido de todas las actas procesales que conforman los tres (3) expedientes sobre la valoración de las referidas actas procesales, razón por la cual da por reproducida dicha valoración, Y ASÍ SE ESTABLECE…”.

Lo que determina que es indiscutible, que en la sentencia no se expresa ningún razonamiento, en torno a lo que el juez considera que se probó, o cómo fue que analizó las pruebas, y en particular, no se sabe que dimana de las pruebas antes descritas, que señala fueron apreciadas y que su alcance se determinará en la motiva del fallo; lo cual no se evidenció tal valoración del acervo probatorio, vale decir, de lo transcrito precedentemente del texto de la recurrida, no es posible deducir, ni desde el punto de vista fáctico, ni desde el punto de vista jurídico, qué basamento sustenta la decisión tomada; pues como se aprecia no existe un razonamiento que permita entender el por qué de lo decidido, incurriendo así la alzada en lo que se denomina como “motivación aparente o simulada”, que se reitera, consiste en el empleo de citas de disposiciones legales, doctrinarias o jurisprudenciales, y de frases vagas o genéricas que dan la impresión de haberse hecho un razonamiento, pero que por sí solas no permiten conocer realmente cuáles son las razones de hecho y de derecho por las que se arribó a la decisión. (Cfr. Fallo de esta Sala N° 657, de fecha 4 de noviembre de 2014, expediente N° 2014-320, caso: Iván Manuel Torres Martínez contra la Asociación Civil El Rosal 702).

Al respecto de la inmotivación del fallo, en casos análogos al presente se ha pronunciado esta Sala, en sus decisiones números RC-60, de fecha 5 de abril de 2001, expediente N° 2000-492, RC-245, de fecha 2 de agosto de 2001, expediente N° 2000-243; RC-546, de fecha 27 de julio de 2006, expediente N° 2006-146; RC-857, de fecha 14 de noviembre de 2006, expediente N° 2005-741; RC-208, de fecha 14 de abril de 2008, expediente N° 2007-662; RC-576, de fecha 8 de agosto de 2008, expediente N° 2006-1036; RC-646, de fecha 9 de octubre de 2008, expediente N° 2008-244; RC-655, de fecha 17 de octubre de 2008, expediente N° 2008-167; RC-037, de fecha 19 de febrero de 2009, expediente N° 2008-430; RC-149, de fecha 30 de marzo de 2009, expediente N° 2008-662; RC-239, de fecha 5 de mayo de 2009, expediente N° 2008-645; RC-397, de fecha 17 de julio de 2009, expediente N° 2008-549; RC-545 de fecha 22 de noviembre de 2010, expediente N° 2010-229; RC-090, de fecha 17 de marzo de 2011, expediente N° 2009-435; RC-667, de fecha 5 de diciembre de 2011, expediente N° 2008-413; y RC-524, de fecha 30 de julio de 2012, expediente N° 2011-390.

En el mismo sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sus sentencias números 891, de fecha 5 de mayo de 2006, expediente N° 2004-2326; y 1619, de fecha 24 de octubre de 2008, expediente N° 2008-774.

De la lectura del fallo recurrido se evidencia sin lugar a dudas, que el mismo es inmotivado, por cuanto no existe el proceso lógico jurídico de raciocinio que conduce al juez a su determinación, por omisión del análisis de este particular por parte de la recurrida, y por la carencia de motivos de hecho y derecho que sustentan su conclusión. Esta circunstancia en la sentencia recurrida se circunscribe en una de las modalidades del vicio de inmotivación, cual es la falta absoluta de fundamentos de hecho y de derecho que sustente el dispositivo del fallo, dado que no señaló nada al respecto de las pruebas que simplemente identificó y manifestó que serían objeto de análisis con posterioridad, el cual no se observa de la parte motiva de la misma.

Por otra parte, no menos importante, esta Sala observa, que el juez en la elaboración del fallo, debe reseñar de forma pormenorizada las pruebas promovidas por ambas partes, y posteriormente de forma individualizada, pronunciarse sobre su pertinencia o no, cuestión que es de imposible cumplimiento si se comete el error de apreciarlas o analizarlas en conjunto o en bloque, como un total de forma global, pues esta forma de analizar las pruebas, es contraria a lo expresamente dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al juez a analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas.

Es claro que con esta forma de decidir, se hace imposible desentrañar cual es el contendido de dichos medios probatorios y que elementos dimanan de ellos, como constitutivos de la pretensión del demandante y si sirven o no para probar lo alegado por él. Se prescindió absolutamente del análisis del contenido de las pruebas, pues se desconoce completamente en el fallo recurrido, derivando en una conclusión totalmente infundada en cuanto a este aspecto. No menciona la alzada, cuáles son los fundamentos en los cuales basa su conclusión, lo cual imposibilita el control de legalidad sobre dicho pronunciamiento, ya que el sentenciador no indicó los hechos concretos y las razones que justifican tal decisión, incumpliendo su deber de motivar las circunstancias de hecho que comprueban o no la verificación de los supuestos exigidos por la ley, para la procedencia de la acción, y esto determina su inmotivación.

Según el doctrinario Eduardo Couture, la motivación del fallo constituye un deber administrativo del Magistrado; la ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poder comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria.

Por lo tanto, hay falta absoluta de fundamentos, cuando los motivos del fallo por ser impertinentes o contradictorios o integralmente vagos o inocuos, no le proporcionan apoyo alguno al dispositivo de la sentencia que es la finalidad esencial de la motivación, y que impiden a la Casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, al no hacerlo, no justifica la misma con argumentos de hecho y de derecho. (Cfr. Fallo N° 483, de fecha 5 de agosto de 2013, expediente N° 2013-210)

Así las cosas, el juzgado superior estaba obligado en su fallo a indicar las razones de hecho y de derecho que lo condujeron a la apreciación de las pruebas (una por una), ya sea acogiéndolas o desechándolas, a fin de que su decisión resultara plausible o aprobada en lo que al requisito de motivación se refiere; es decir, debió realizar una actividad de justificación de su decisión, y de esa manera no dejar duda respecto a su pronunciamiento y a satisfacer a las partes en cuanto a las razones dadas, lo cual en el caso bajo estudio no estamos en presencia, toda vez que a juicio de esta Sala, el juzgador de alzada descartó señalar aquellos fundamentos fácticos y jurídicos, revocando simplemente la decisión de la primera instancia. Por tal motivo, al no conocerse cuáles fueron las razones que lo llevaron a establecer su conclusión, se produce un fallo inmotivado que amerita por parte de esta Sala su declaratoria de nulidad.

Finalmente, considera la Sala necesario reiterar su criterio señalado en recientes fallos N° RC-123, de fecha 29 de marzo de 2017, expediente N° 2016-239, caso: Yenniré Carolina Marcano Martínez, contra Fernando Román José Sánchez Valerio, y RC-358, de fecha 14 de junio de 2016, expediente N° 2015-803, caso: Irma Josefina Ramos Sánchez contra Willian José Pérez García y otros, ambos bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, en los cuales se reiteró la ocurrencia del vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios, que se ve reflejada entre otros, en sus fallos: N° RC-488, de fecha 20 de diciembre de 2002. Exp. N° 2001-741; N° RC-1030, de fecha 7 de septiembre de 2004. Exp. N° 2003-840; N° RC-1311, de fecha 9 de noviembre de 2004. Exp. N° 2003-1070; N° RC-546, de fecha 27 de julio de 2006. Exp. N° 2006-146; N° RC-857, de fecha 14 de noviembre de 2006. Exp. N° 2005-741; N° RC-208, de fecha 14 de abril de 2008. Exp. N° 2007-662; N° RC-576, de fecha 8 de agosto de 2008. Exp. N° 2006-1036; N° RC-655, de fecha 17 de octubre de 2008. Exp. N° 2008-167; N° RC-037, de fecha 19 de febrero de 2009. Exp. N° 2008-430; N° RC-149 de fecha 30 de marzo de 2009. Exp. N° 2008-662; N° RC-239, de fecha 5 de mayo de 2009. Exp. N° 2008-645; N° RC-397, de fecha 17 de julio de 2009. Exp. N° 2008-549; N° RC-90, de fecha 17 de marzo de 2011. Exp. N° 2009-435; N° RC-491, de fecha 27 de octubre de 2011. Exp. N° 2011-081; N° RC-257, de fecha 26 de abril de 2012, Exp. N° 2011-430; N° RC-540, de fecha 23 de septiembre de 2013. Exp. N° 2013-112; N° RC-122, de fecha 10 de marzo de 2014, Exp. N° 2013-364; y N° RC-092, de fecha 18 de febrero de 2016. Exp. N° 2015-568; donde se ha censurado la sentencia recurrida por inmotivación en el análisis de un medio de prueba, como vicio de forma en la elaboración de la decisión, en conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, más no por el vicio de silencio de pruebas, que debe ser denunciado por infracción de ley en base al ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delaciones que son totalmente diferentes, atendiendo al criterio jurisprudencial de la extinta Corte Suprema de Justicia, que indica que dicho vicio constituye un quebrantamiento de fondo, como lo dispuso en su decisión del 10 de marzo de 1988, y no un vicio de actividad por inmotivación del fallo, como lo sustenta actualmente la doctrina de la distinguida Sala de Casación Social de este Máximo Juzgado, y como lo estableció esta Sala en su sentencia del 28 de abril de 1993, sosteniéndose actualmente dicho criterio desde hace más de dieciséis (16) años, conforme el cual, el vicio de silencio de prueba es un quebrantamiento de fondo por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, con sustento en el ordinal 2° del artículo 313 eiusdem, en concatenación con el artículo 320 ibídem, como lo dispuso esta Sala en su fallo N° 204, firmado el 14 de junio de 2000 y publicado el 21 de junio de 2000, expediente N° 1999-597, caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A., atemperado mediante sentencia N° 62, de fecha 5 de abril de 2001, expediente N° 1999-889, caso: Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa.

De igual forma se ha pronunciado la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la inmotivación del fallo en el análisis de los medios de pruebas, en sus decisiones N° 891, del 5 de mayo de 2006, Exp. N° 2004-2326; N° 1619, del 24 de octubre de 2008, Exp. N° 2008-774, N° 33, del 30 de enero de 2009, Exp. N° 2008-220, N° 1065, del 10 de agosto de 2015, Exp. N° 2014-603; y N° 340 del 5 de mayo de 2016, Exp. N° 2016-066.

Por los razonamientos antes expuestos, la Sala concluye en indicar que la sentencia impugnada está viciada de inmotivación, en violación a normas expresas de orden público en la formación del fallo, conducta con la cual se infringe el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que le permite a esta Sala declarar procedente la presente denuncia, e impone su nulidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 eiusdem, y la habilita para así declararlo conforme a lo estatuido en el artículo 210 ibídem. Así se decide.-

Así las cosas, por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se decide.-

D E C I S I Ó N

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandante, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, ubicado en la ciudad de Valencia, de fecha 17 de noviembre de 2016.

En consecuencia, ANULA la sentencia recurrida, y ORDENA al juez superior que corresponda, dicte nueva sentencia sin incurrir en el vicio detectado.

Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.

No hay condena en costas del recurso en virtud de la naturaleza de la presente decisión.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al juzgado superior de origen, de conformidad con lo previsto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil dieciocho Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

__________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

Vicepresidente,

 

 

___________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrado,

 

 

___________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada,

 

 

________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Magistrada,

 

 

_______________________________

                                              MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

_______________________________

MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

 

Exp. AA20-C-2017-000062

 

Nota: Publicada en su fecha a las (   )

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

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