Venley

Sentencia N.º RC.000934

Sentencia
N.º RC.000934
Fecha
15/12/2016
Sala
Casación Civil
Expediente
16-365
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. AA20-C-2016-000365.

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En el juicio por reivindicación, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Beatrice Molina de Pérez, Raúl Molina Blanchard, Oscar Pérez La Cruz, Norberto Roldán y Oscar Pérez La Cruz, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación ALTEC, C.A., representada por su presidente ciudadano José Roberto Cabello Díaz; y contra el ciudadano VÍCTOR MANUEL FRANCO LOBO, representados judicialmente por los profesionales del derecho Ammy Toledo De Coletta, Javier Manstretta Cardozo, Laura Manstretta Cardozo, Alyssette Sánchez y Ismelda Cano Finol; el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, dictó decisión definitiva en fecha 5 de febrero de 2016, mediante la cual declaró lo siguiente:

 

“…PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación propuesto por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a través de su apoderada judicial, abogada en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ, contra sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Y consecuencialmente:

SE REVOCA la aludida sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda por reivindicación incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en contra de la sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia.

TERCERO: Se ordena a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, y al ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, previamente identificados, RESTITUIR al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, previamente identificado, en el inmueble constituido por un lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el Nº 26A-27 (27 metros de la vía pública 26A) ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco, estado Zulia, el cual se encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE; mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que eso fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR; mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía maraven; ESTE; mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS de metro cuadrado (2.336.25 Mts.2), el cual le pertenece según documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia.

Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida totalmente de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil…”.  (Destacados de lo transcrito).

 

Contra la referida decisión de alzada, la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación pertinente, y no hubo réplica.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 243 ordinal 3°, y 244 del Código de Procedimiento Civil, por indeterminación de la controversia.

 

 

Expresa el formalizante:

 

“…Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida de los artículos 243 ordinal 3 eíusdem. (sic.) con la siguiente argumentación:

(…omissis…)

La sentencia recurrida en la relación de los hechos o parte narrativa, prácticamente transcribió el texto completo de la demanda y su contestación, así como de los informes presentados por las partes y las observaciones de la actora y detalló minuciosamente numerosos actos e incidentes que hubo en el  proceso. Sin embargo la alzada, no explicó de ningún modo con sus propias palabras, cómo entendió el problema judicial debatido, es decir, cuál era el tema controvertido que en su opinión estaba llamada a resolver. De los folios dos (02) al cuarenta y tres (43) de la sentencia impugnada, el juez ad quem se circunscribe a hacer una transcripción del escrito de demanda y de contestación, de los actos del proceso de manera detallada y de los alegatos de las partes en el escrito de informes y observaciones casi que de manera textual, abstrayéndose de su labor “transcriptiva” cuando en el capítulo correspondiente a DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR” manifiesta, cito textualmente:

…”QUINTO

DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la revisión exhaustiva y pormenorizada de las actas que conforman el presente expediente, que en original fue remitido a esta Superioridad, y en atención al análisis cognoscitivo del caso facti especie, se desprende que el objeto de conocimiento en esta instancia se contrae a sentencia de fecha 25 de noviembre de 2014. mediante la cual el Juzgado a-quo declaró sin lugar la demanda de reivindicación. incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a través de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio BEATRÍCE MOLINA de PÉREZ y RAÚL MOLINA BLANCHARD, en contra del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, y la sociedad mercantil ALTEC, C.A., condenando en costa a la parte demandante. Del mismo modo, verifica esta (sic.) oficio jurisdiccional que la apelación interpuesta por la parte demandante-recurrente deviene de su disconformidad con el criterio esbozado por el Juzgador a-quo, por cuanto considera que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación absoluta, previsto en el ordinal 4del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la sentencia apelada no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho que sustente su dispositivo, asimismo que quedó demostrado fehacientemente en actas la identidad del inmueble objeto de esta causa con el detentado por los demandados y, por la otra, la indubitable propiedad de su representado sobre el mismo, es por que solicita se anule el fallo apelado y sea declarada con lugar la demanda incoada. Ahora bien, antes de proceder a analizar el fondo del asunto sometido a consideración de esta Juzgadora Superior, se hace necesario precisar, en relación al vicio de inmotivación absoluta, invocado en el escrito de informes presentado ante esta Alzada por la parte actora, ciudadano MICHEL KALBAHDJÍ BASNAJÍ, a través de su apoderada judicial, abogada en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ, plenamente identificados en actas, donde alegó que la recurrida, incurrió en el vicio de inmotivación absoluta, causal esta prevista en el ordinal 4° del artículo 243 del código adjetivo civil, en virtud que la sentencia apelada no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho que sustente su dispositivo, por lo tanto, sea declarado con lugar el recurso de apelación y se anule el fallo cuestionado.

Quedando así delimitado el thema decidendum objeto del conocimiento por esta Juzgadora Superior, se hace necesario para este órgano jurisdiccional, traer a colación lo dispuesto por la Sala de Casación Civil de nuestro máximo Tribunal de Justicia, en sentencia N° 0646, de fecha 09 de octubre de 2008, expediente N° 08-0244, bajo ponencia del Magistrado Dr. Luís Antonio Ortiz Hernández:”... actividad esta que impide conocer y controlar hacia dónde va dirigida la motivación de hecho y de derecho del fallo, que justifique su dispositivo...”

 

El artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, expresa:

 

“...Toda sentencia debe contener:

3°) Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos...”

Sobre el particular, en sentencia N° RC-O1 87 de fecha 22 de marzo de 2002, proferida en el juicio de Joao Henríquez de Abreu contra Manuel Fermino de Abreu y otra, esta Sala sostuvo lo siguiente:

 

“…En reiterada doctrina de la Sala y más aún en acatamiento al artículo 257 de la Constitución, que la redacción del fallo por parte de los jueces no está sometida a un régimen en concreto. Por el contrario, bien pueden utilizar la forma de redactar que estimen más conveniente, aunque obviamente deben cumplir con los requisitos a que se contraen los artículos 243 y 244, entre otros, del Código de Procedimiento Civil…”. Así, en la recurrida, durante todo el capítulo denominado “ANTECEDENTES”, se limita a transcribir los alegatos contenidos en la demanda y en la contestación de la demanda, para luego determinar todos y cada uno de los actos cumplidos durante el proceso, me permito citar:

 

…TERCERO 
DE LOS ANTECEDENTES

 

De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, se desprende: Por auto de fecha 18 de marzo de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admitió demanda de reivindicación, incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a través de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ y RAÚL MOLINA BLANCHARD, en contra de la sociedad mercantil ALTEC, C.A., y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, mediante la cual procedieron a señalar que transcriben sendos resúmenes con los documentos marcados con las letras “A “, “PI” ““B”, (..omissis...)

 

En fecha 24 de marzo de 2011, el Alguacil de ese Tribunal, dejó constancia de haber recibido los emolumentos necesarios a los fines de llevar a efecto la citación de ¡os demandados.

Por diligencias de fecha 4 de abril de 2011, la apoderada judicial de la parte actora, abogada en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ, solicitó el resguardo del plano de mensura levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Municipio Maracaibo según nota de registro RU.-90-12-0001 (marcado con la letra “PI”).

 

En fecha 5 de abril de 2011, el Alguacil del Tribunal de la causa, dejó constancia de la imposibilidad de poder localizar al ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, y al ciudadano SIMÓN JOSÉ CABELLO ESTABA, en su condición de presidente de la sociedad mercantil ALTEC. C.A. Mediante auto de fecha 8 de abril de 2011, el Juzgado a-quo ordenó el resguardo de las documentales señaladas por la representación judicial de la parte actora, previa certificación en actas.

 

Mediante diligencia de fecha 12 de abril de 2011, la apoderada judicial de la parte accionante, BEATRICE MOLINA de PÉREZ solicitó la citación cartelaría de los demandados.

 

Por auto de fecha 26 de abril de 2011, ese Juzgado ordenó librar carteles de citación a la parte demandada.

 

Una vez consignados los carteles respectivos, y dejando constancia la secretaria del Tribunal de la causa, del cumplimiento a las formalidades establecidas en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido ese Órgano Jurisdiccional, por auto de fecha 20 de junio de 2011, acordó designar como defensor Ad-Ligem de los demandados, al abogado en ejercicio CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 82.973.

 

En fecha 8 de julio de 2011, el Alguacil del Tribunal de causa, dejó constancia de haber notificado al defensor ad-litem designado al efecto. El día 13 de julio de 2011, el defensor ad-litem abogado en ejercicio CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ VALBUENA, aceptó el cargo recaído en su contra, prestando el juramento de Ley.

 

Mediante diligencia de fecha 15 de julio de 2011, la apoderada judicial de la parte actora, abogada en ejercicio BEATRÍCE MOLINA de PÉREZ solicitó al Tribunal se libraran los recaudos de citación al defensor ad-litem designado en la presente causa.

 

Por auto de fecha 18 de julio de 2011, el tribunal a-quo, ordenó librar recaudos de citación al defensor ad-litem designado al efecto. Una vez librado los recaudos de citación, en fecha 1° de agosto de 2011 el Alguacil del Tribunal de instancia, dejó constancia de haber citado al defensor ad-litem abogado en ejercicio CARLOS ORDOÑEZ.

 

Mediante escrito de fecha 20 de septiembre de 2011, ¡a abogada en ejercicio actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil ALTEC C.A., consignó original de instrumento poder y solicitó se decretara la perención de la instancia en la presente causa. Por decisión de fecha 22 de septiembre de 2011, el tribunal de instancia declaró improcedente la declaratoria de solicitud de perención de la instancia, solicitada por la apoderada judicial de la parte co-demandada, sociedad mercantil ALTEC, C.A.

 

Mediante diligencia de fecha 23 de septiembre de 2011, la apoderada judicial sociedad mercantil AL7EC, CA., abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL apeló de la decisión.

 

En fecha 27 de septiembre de 2011, el abogado en ejercicio CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ VALBUENA, en su condición de defensor ad-litem del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, procedió a contestar la demanda, donde regó, rechazó y contradijo los hechos y el derecho narrados en el libelo de la demanda.

 

El día 29 de septiembre de 2011, la abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil ALTEC, CA., y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, presentó escrito de contestación de la demanda, alegando como como punto previo, la falta de cualidad o falta de interés en el actor para intentar o sostener el juicio, asimismo enfatizó que se inicio El presente procedimiento con ocasión a la demanda de reivindicación interpuesta por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI, (..omissis...)

 

CUARTO

DE LOS INFORMES Y LAS OBSERVACIONES

 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, y en la oportunidad legal establecida en dicha normase deja constancia que ambas partes presentaron los suyos en los términos siguientes.

 

(…omissis…)

 

De la anterior trascripción parcial, se revela que la recurrida se circunscribe a relatar paso a paso los incidentes y alegatos de las partes en los diversos actos del proceso, para culminar en sus consideraciones para decidir, que en virtud de no existir el vicio de inmotivación en la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de fecha 25 de noviembre de 2.014, lo cual constituye el thema decidendum” de la cuestión planteada, pasa a resolver el fondo de la controversia.

 

No existe en parte alguna de la sentencia recurrida, que la Juez de Alzada explicara de modo alguno con sus propias palabras, cómo entendió el problema judicial debatido, es decir, cuál era el tema controvertido que en su opinión estaba llamada a resolver.

 

No dejó establecido en parte alguna del fallo con sus palabras la manera cómo quedó trabada la litis, simplemente, en el capítulo respecto de las “CONCLUSIONES”, establece:

 

“Analizados los elementos probatorios que conforman el caso facti especie, corresponde a esta Operadora de Justicia efectuar la respectiva apreciación probatoria, y pronunciamiento sobre la procedencia o no de la litis planteada, referida a la acción reivindicatoria, en tal sentido, se hace imperativo esbozar ciertos lineamientos a los fines de inteligenciar con precisión metodológica la decisión a ser proferida en esta instancia, al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia”...

 

En este sentido, me permito transcribir criterio esbozado por esta Sala en sentencia de fecha 3 de abril de 2.003, con ponencia del Magistrado ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ, mediante la cual quedó sentado lo siguiente:

 

“…En efecto, la narrativa de la sentencia prácticamente transcribió el texto completo de la demanda y su contestación y detalló minuciosamente numerosos actos e incidentes que hubo en el proceso, pero la alzada no explicó de ningún modo con sus propias palabras, cómo entendió el problema judicial debatido, o sea, cuál era el tema controvertido que en su opinión estaba llamada a resolver, lo que impide conocer y controlar hacia dónde va dirigida la motivación de hecho y de derecho del fallo, que justifique su dispositivo...”

 

La representación judicial de la parte demandada, en su escrito de contestación a la formalización, expresa lo que de seguidas se transcribe:

 

“...Pedimos que se rechace tal denuncia, toda vez que en criterio de esta Sala el vicio de falta de síntesis en la decisión se comete cuando el Juez obvia indicar cómo quedó trabada la controversia de conformidad con lo alegado por las partes, por lo que si el Juez da cumplimiento a tal requerimiento a pesar de transcribir todos los actos del proceso, no procede casar el fallo recurrido por falta de síntesis de conformidad con tal denuncia.

 

El Juez transcribió lo que a su juicio eran las actuaciones más relevantes. No hay indefinición de la controversia, porque la misma ha quedado plasmada en la narrativa que hiciera el Juez de la recurrida y en consecuencia, si (sic) entendió los términos en que quedó planteada la controversia. En la página veintinueve (29) del fallo, al concluir la narrativa y entrar a decidir sobre los hechos y el derecho, la recurrida dice (sic):

 

“...Planteada como fue la controversia, debe previamente esta superioridad resolver la cuestión previa opuesta por la parte demandada al contestar el fondo de la demanda como punto previo a la sentencia...”.

 

De prosperar la denuncia, la reposición sería inútil, toda vez que la finalidad del proceso es la realización de la justicia con la solución del asunto de fondo debatido en el proceso. Debe preservarse la justicia prescindiendo del asunto de meras formas procesales, para evitar que ésta se subordine al proceso, en aplicación al (sic) principio establecido en el Artículo (sic) 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...”.

Para decidir, la Sala observa:

 

De un lado, el formalizante delata que en la recurrida se infringieron los artículos 12 y 243 ordinales 3° del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no expresa en forma clara y precisa los términos en que quedó planteada la controversia, no obstante haber transcrito in extenso los alegatos planteados tanto en el libelo de la demanda como en el escrito de su contestación; y, del otro, la abogada impugnante considera que en la recurrida sí se cumplió con lo ordenado en las normas denunciadas como violadas, pues, el juzgador de alzada, a su entender, sí efectuó la síntesis de los términos en que quedó trabada la litis al transcribir en la narrativa las actuaciones más relevantes.

 

El artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, expresa:

 

“...Toda sentencia debe contener:

3°) Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan en autos...”.

 

Sobre el particular, en sentencia N° RC.-0187 de fecha 22 de marzo de 2002, proferida en el juicio de Joao Henríquez de Abreu contra Manuel Fermino de Abreu y otra, esta Sala sostuvo lo siguiente:

 

“...En reiterada doctrina de la Sala y más aún en acatamiento al artículo 257 de la Constitución, que la redacción del fallo por parte de los jueces no está sometida a un régimen en concreto. Por el contrario, bien pueden utilizar la forma de redactar que estimen más conveniente, aunque obviamente deben cumplir con los requisitos a que se contraen los artículos 243 y 244, entre otros, del Código de Procedimiento Civil.

 

Acerca del supuesto de hecho contemplado en el ordinal 3° del  artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la Sala ha expresado que esa norma, producto de la reforma de 1986 exige que el juez en la narrativa del fallo la obligación de hacer una síntesis de las actuaciones llevadas a cabo en el proceso, para que se tenga una idea cabal del mismo. Dicha síntesis debe ser lacónica y precisa, por lo cual el sentenciador no debe transcribir todos los actos del proceso, so pena de nulidad del fallo recurrido, aunque si pudiera hacer cita de ciertas actuaciones al tratar en la motiva un punto en concreto, para así facilitar una mejor comprensión del punto debatido. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

(...omissis...)

 

Ahora bien, en el asunto que se analiza, a diferencia del caso señalado en la jurisprudencia transcrita supra, el sentenciador empleó veintisiete (27) folios, que incluyen los subtítulos “LA NARRATIVA” y “DE LAS PRUEBAS “, para transcribir todos los actos habidos en el proceso, y eso de ninguna manera implica que se cumplió con la obligación que tienen los jueces de hacer una síntesis de las actuaciones llevadas a cabo en un proceso.

 

Así, en la recurrida, en la parte final del subtítulo “LA NARRATIVA“ y en el inicio del denominado “DE LAS PRUEBAS”, se expresa lo que sigue:

 

“...En fecha 03 de marzo de 1998, fue recibido el mencionado computo (sic) y agregado a los autos el 16 de marzo de 1998. En fecha 19 de marzo de 1998, el juzgado de la causa admite la reconvención y emplaza a la parte actora reconvenida para que tenga lugar el acto de contestación al quinto (05) (sic) de despacho siguiente a este. En fecha 30 de marzo de 1998, los abogados PEDRO PIMENTEL y JAIRO JOSE GARCA (sic), actuando con el carácter de apoderado (sic) judiciales de la ciudadana CRUCELIS LOPEZ (sic), dan contestación a la reconvención propuesta por los demandados reconvinientes de manera genérica contradicen por incierto lodo y cada uno de los hechos expuestos en la contrademanda que INVERSIONES TUMA, C.A. le consiguió un préstamo de dinero a su patrocinada declarado como venta con pacto de retracto a exigencia de los prestamistas, niegan y contradicen que el co-demandado JEAN NIKOLAI MACHUCA FLORES, haya procurado obtener un préstamo ofreciendo como garantía hipotecaria el inmueble litigioso, niegan que los codemandados hayan cancelado al abogado ARMANDO MANZANILLA MATUTE, la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES DE BOLIVARES (sic) (Bs. 24.000. 000,oo) por concepto de honorarios profesionales, rechazan y contradicen que su patrocinada esta (sic) obligada a pagar dicha cantidad y que tal pretensión es contraria a derecho que es improcedente en derecho la pretensión del reconviniente JEAN MACHUCA FLORES, de que se le pague la cantidad de DIECINUEVE MILLONES DE BOLÍVARES (sic) (Bs. 19.000.000,oo), por no haber obtenido un préstamo por esa cantidad al no poder ofrecer en garantía hipotecaria el inmueble litigioso, dada a (sic) la prohibición de enajenar y gravar que pesa sobre el bien. En fecha 28 de abril de 1998, los abogados ARMANDO MANZANILLA MATUTE y ORLANDO REVEROL, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los demandados presentaron el escrito de prueba y veintiséis (26) anexos, y en fecha 29 de abril de 1998, lo hace, los abogados PEDRO PIMENTEL BRJCENO y JAIRO JOSE GARCIA (sic), y consignan nueve (09) anexos, el escrito de pruebas presentado por los abogados PEDRO SEGUNDO PIMENTEL BRICEÑO y JAIRO JOSE GARCIA (sic.), contienen catorce (14) apartes.

 

DE LAS PRUEBAS

 

En el aparte primero I, invocan el mérito favorable de los autos, especialmente la confesión contenida en la contestación de la demanda, en la cual se afirma que es falso que la cantidad cierta dada como precio fuese la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (sic) (Bs. 5.000.000,oo), y se le entregará al padre de la demandante ciudadano CRUZ RAMON (sic) LOPEZ (sic,), ya que esa cantidad o un poco más CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (sic) (Bs. 5.800.000,oo), si es cierto que le fue entregada al señor CRUZ RAMON (sic) LOPEZ, pero obedece a otra negociación, a un préstamo que se ¡e hizo al mencionado ciudadano, quien se encontraba demandado y se procedía a ejecutar sus bienes y en esa fecha de la ejecución de la sentencia, él procedió a cobrar el cheque que le dio nuestra representada, ante la entidad bancaria respectiva, que ciertamente el negocio jurídico fue un contrato de préstamo a interés oculto bajo la apariencia de una venta con pacto de retracto (contrato simulado), que el préstamo fue otorgado a través de un cheque emitido a la orden de CRUZ RAMON (sic) LOPEZ (sic), que la necesidad económica por la cual atravesaba la representada, fue lo que aprovecho (SIC) EL PRESTAMISTA PARA ESTABLECER DESMEDIDO Y USUREROS INTERESES...“.

 

Y así continúa la recurrida transcribiendo todo el contenido del escrito de pruebas en cuestión, hasta el aparte XIII, para proseguir con la transcripción de lo expuesto en el escrito de pruebas de la parte accionada reconviniente.

 

Por consiguiente, evidenciada la carencia total de síntesis lacónica y precisa de los términos en que quedó planteada la controversia, lo cual no permite tener una idea clara de lo controvertido, imposibilitando la labor de control jurisdiccional encomendada a este alto Tribunal, con base en las razones expuestas, la Sala encuentra que en la recurrida se infringieron los artículos 12 y 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, por lo que adolece del vicio de falta de síntesis  denunciado. En consecuencia, se declara procedente la presente denuncia. Así se establece”.

 

En virtud de los hechos y el Derecho anteriormente explanado, solicito con la venia de estilo sea declarada procedente la presente denuncia de error de actividad en el que incurrió la Juez de Alzada, Con (sic) fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por infracción en la recurrida de artículo 243 ordinal 3° eiusdem.

 

Asimismo, Pido que de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, al haberse declarado procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1° del artículo 313 eiusdem, con la venia de estilo se proceda conforme a Derecho con el consecuente efecto repositorio de la sentencia, de conformidad con el artículo 320 ibídem…”.

        

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que la formalizante, le imputa a la recurrida la infracción del artículo 243 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil y 244 eiusdem, al considerar que la juez de alzada  “…no explicó de ningún modo con sus propias palabras, cómo entendió el problema judicial debatido, es decir, cuál era el tema controvertido que en su opinión estaba llamada a resolver…”.

         Sobre la indeterminación de la controversia, esta Sala en decisión N° 273, de fecha 27 de junio de 2011, caso: Víctor Manuel Núñez Rosales, contra Mauro Briceño Valero y Francelina Hegilda Lezama de Briceño, estableció lo siguiente:

 

“…El requisito intrínseco de la sentencia a que se contrae el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, persigue evitar que los jueces de instancia, al narrar los hechos ocurridos durante el proceso, realicen una extensa reseña de ellos con datos que son innecesarios para la resolución de la controversia.

 

Lo sustancial de la norma cuya infracción se delata, consiste en el deber del juez de establecer en forma previa a su decisión cuáles son los límites de la controversia planteada; para ello deberá hacer una síntesis de lo demandado y de la contestación dada; y si en tal tarea considera necesario el juez transcribir “algún” alegato de las partes, no por ello infringe la disposición en cuestión.

 

De manera tal, que antes de entrar a motivar el fallo, mediante el establecimiento de los hechos y la aplicación del derecho, el juez deberá exponer en qué sentido y cómo quedó trabado el problema judicial a resolver; exposición que a su vez deberá formular a través de una síntesis clara, precisa y lacónica.

 

Ahora bien, en efecto, del cuerpo de la sentencia de alzada que cursa en la tercera pieza del expediente se evidencian ciertas inconsistencias lógicas que impiden una lectura consecuente y coherente de lo allí reseñado, tal y como lo denuncia el formalizante, sin embargo, esta Sala constata que tal imperfección atiende en realidad a un error en la impresión del fallo, el cual fue impreso por ambas caras del papel lo que conllevó a un desorden en la secuencia de cada uno de los folios y sus vueltos. Así, y a título ilustrativo, se evidencia que del vuelto del folio 1.069 debe continuarse la lectura en el folio 1.071, y éste a su vez sigue en el vuelto del folio 1.070, que sigue en el folio 1.072, hasta que se restituye el orden de la impresión.

 

…omissis….

 

No obstante lo anterior, considera menester esta Sala traer a colación el criterio jurisprudencial sostenido en sentencia N° 68 del 5 de abril de 2001 y reiterado en fallo N° 645 del 8 de agosto de 2007, caso: Farid Djowrrayed contra Banco Canarias de Venezuela, C.A. y otra, en la cual se señaló lo siguiente en relación al vicio de indeterminación de la controversia previsto en el ordinal 3° del artículo 243 de la ley civil adjetiva:

 

“Como se desprende de la jurisprudencia transcrita, se deja de cumplir con la referida norma adjetiva, cuando: 1) el juez se extiende en la narrativa señalando y transcribiendo todos los actos que no tengan mayor relevancia, y; 2) el juez no realiza ninguna síntesis, no dejando, en consecuencia, en forma clara, precisa y lacónica los términos en que ha quedado planteado el asunto jurídico a resolver...”.

 

De la doctrina transcrita precedentemente se observa que el juez infringe el ordinal 3º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que le ordena la realización de una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, cuando se extiende en la narrativa señalando y transcribiendo todos los actos que no tengan mayor relevancia; y cuando no sintetiza en forma clara, precisa y lacónica los términos en que quedó planteado el asunto jurídico a resolver.

 

Si bien ambos supuestos pudieran entrar en el terreno de lo subjetivo pues lo que no es relevante para algunos, lo puede ser para otros, así como lo que pudiera estar perfectamente sintetizado para algunos, puede que no lo esté para otros, lo cierto es que la exigencia prevista en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, busca que el juez realmente se imbuya en el problema sometido a su consideración, exponiendo en su fallo cómo -a su entender- quedó planteado el asunto de acuerdo a las defensas y excepciones ejercidas por las partes, valga decir, especificando de manera clara, precisa y lacónica los aspectos que forman parte del thema decidendum…”. (Resaltados de la Sala).

 

En tal sentido cabe, señalar la fundamentación de la sentencia recurrida, a los fines de evidenciar el vicio delatado, estableciendo la misma lo siguiente:

 

 

“…DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

 

De la revisión exhaustiva y pormenorizada de las actas que conforman el presente expediente, que en original fue remitido a esta Superioridad, y en atención al análisis cognoscitivo del caso facti especie, se desprende que el objeto de conocimiento en esta instancia se contrae a sentencia de fecha 25 de noviembre de 2014, mediante la cual el Juzgado a-quo declaró sin lugar la demanda de reivindicación, incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a través de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ y RAÚL MOLINA BLANCHARD, en contra del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, y la sociedad mercantil ALTEC, C.A., condenando en costa a la parte demandante.

 

Del mismo modo, verifica esta oficio jurisdiccional que la apelación interpuesta por la parte demandante-recurrente deviene de su disconformidad con el criterio esbozado por el Juzgador a-quo, por cuanto considera que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación absoluta, previsto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la sentencia apelada no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho que sustente su dispositivo, asimismo que quedó demostrado fehacientemente en actas la identidad del inmueble objeto de esta causa con el detentado por los demandados y, por la otra, la indubitable propiedad de su representado sobre el mismo, es por que solicita se anule el fallo apelado y sea declarada con lugar la demanda incoada.

 

Ahora bien, antes de proceder a analizar el fondo del asunto sometido a consideración de esta Juzgadora Superior, se hace necesario precisar, en relación al vicio de inmotivación absoluta, invocado en el escrito de informes presentado ante esta Alzada por la parte actora, ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a través de su apoderada judicial, abogada en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ, plenamente identificados en actas, donde alegó que la recurrida, incurrió en el vicio de inmotivación absoluta, causal esta prevista en el ordinal 4º del artículo 243 del código adjetivo civil, en virtud que la sentencia apelada no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho que sustente su dispositivo, por lo tanto, sea declarado con lugar el recurso de apelación y se anule el fallo cuestionado.

 

Quedando así delimitado el thema decidendum objeto del conocimiento por esta Juzgadora Superior, se hace necesario para este órgano jurisdiccional, traer a colación lo dispuesto por la Sala de Casación.

 

n Civil de nuestro máximo Tribunal de Justicia, en sentencia N° 0646, de fecha 09 de octubre de 2008, expediente N° 08-0244, bajo ponencia del Magistrado Dr. Luís Antonio Ortiz Hernández:

 

“...esta sala determina que, de un análisis en conjunto de las jurisprudencias antes citadas, se puede concluir que existe cuatro (4) supuestos que configuran el vicio de inmotivación del fallo, a saber: 1.- Cuando el fallo no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho que pueda sustentar el dispositivo del fallo, existe inmotivación por falta absoluta de motivos, la cual constituye una de las modalidades del mencionado vicio.- 2.- Cuando las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas, estamos ante la modalidad de inmotivación por motivos vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos, que impiden conocer el criterio jurídico al que arribó el juez para dictar su decisión. 3.- Cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables –vicio de motivación contradictoria-, es necesario distinguir entre dos modalidades: Inmotivación por contradicción entre los motivos e inmotivación por contradicción entre los motivos y el dispositivo. 4.- Por último, existe inmotivación cuando los motivos dados por el sentenciador son falsos...” (Negrillas y cursiva de esta operadora de justicia).

 

El primer presupuesto se refiere a que toda sentencia debe contener los argumentos de hecho y de derecho para poder sustentar la decisión a dictar; el segundo presupuesto prevé que debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas; el tercer supuesto preside en que la decisión no debe contener contradicciones entre lo alegado en la pretensión y lo decidido; y el cuarto supuesto, establece que la decisión no debe contener falsos supuestos.

 

En este sentido, estima la parte actora que se configuró el vicio de inmotivación por falta absoluta, en razón de haber considerado que el Juez a-quo en su decisión no materializó ningún razonamiento de hecho o de derecho que sustentaran su dispositivo, según indica, por cuanto cada uno de los instrumentos analizados debían ser individualizados e identificadas con sus fechas y demás menciones distintas en el preciso momento de decidir su prevalecía.

 

Ahora bien, una vez descritos los planteamientos de la parte recurrente, y precisados como fueron los supuestos mediante los cuales opera el vicio de inmotivación, previsto en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se obtiene, de la revisión exhaustiva efectuada sobre la sentencia apelada, que la misma contiene los motivos de hecho y derecho que fundamentan la declaratoria sin lugar de la demanda establecida por el Tribunal a-quo; de allí que este órgano jurisdiccional ad-quem puede conocer las razones por las cuales el referido Juzgado decidió en los términos vertidos en el fallo recurrido, todo lo cual hace posible el control de la legalidad de la misma, ya que, como antes se indicó, es posible conocer dichos motivos. Por lo tanto, mal puede alegar la singularizada parte recurrente la existencia del vicio de inmotivación por ella delatado, máxime que los supuestos ut supra referidos no se verificaron en el caso concreto; en consecuencia, se declara improcedente el aludido vicio. Y ASÍ SE DECIDE.

 
Dilucidado lo anterior, procede este Tribunal de Alzada a resolver las defensas previas alegadas por la parte demandada, como puntos previos antes de descender a resolver el fondo de la controversia.

 

PUNTO PREVIO Nº I 
IMPUGNACIÒN DE LA ESTIMACIÒN DE LA DEMANDA 


Dado que ha sido objetada por la parte demandada, sociedad mercantil ALTEC, C.A., la estimación de la demanda, a través de su apoderada judicial, abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, en su escrito de contestación de la demanda esta arbitrium iudiciis; considera impretermitible evocar lo preceptuado en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé lo siguiente:

 

“Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.

 
El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo en la sentencia definitiva…”. 

 


Como puede observase de la norma adjetiva civil ut supra señalada, la misma establece el deber del demandante al estimar la demanda, y por otro lado le concede la facultad al demandado de impugnar tal estimación, siempre que la considere insuficiente o exagerada, sin embargo, para realizar tal impugnación deben ser explicados los motivos que sustentan esa antagónica debiendo especificar las razones y circunstancia por las cuales la considera insuficiente o exagerada, y, así lo ha señalado el Máximo Tribunal, Sala de Casación Civil, con Ponencia del magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, en fecha 14 de diciembre de 2004, juicio Ricardo Martínez Vs. Antonio Lorenzo Álvarez, cuando estableció lo siguiente:

 

(…Omissis…)

 

“Cuando el demandado contradice pura y simplemente la estimación del actor, sin precisar si lo hace por insuficiente o exagerada, se tendrá como no hecha oposición alguna, en razón de que el Código limita esa oposición y obliga al demandado a alegar un hecho nuevo que debe probar, como es que sea reducida o exagerada la estimación efectuada, pudiendo proponer una nueva cuantía. Alegatos que deben probar so pena de quedar definitiva la estimación hecha por el actor”. 

(…Omissis…)

 

En este sentido, cabe destacar que la parte demandada, procedió a realizar impugnación de la cuantía estimada en el escrito libelar por la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.088.437,50), equivalente a CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE UNIDADES TRIBUTARIAS (53.789,47 U.T.), sin indicar las verdaderas razones de su rechazo, ya que, sólo se limitó a manifestar que realizaba la impugnación de la estimación a la demanda alegando que la misma prosperaba por las razones explanadas en el libelo que le sirven de sustanciación a la misma, ya que, su valor real se demostrará con una experticia a través de la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, o cualquier experto que designe el tribunal en la oportunidad correspondiente, en razón de ello, es impretermitible para esta Superioridad, declarar la improcedencia de la impugnación realizada por la apoderado judicial de la parte codemandada, en virtud que no es posible la impugnación pura y simple, por cuanto la misma debe alegar un hecho nuevo el cual debe ser objeto de prueba en el juicio, razón por la cual, queda firme la estimación de la demanda, por no haber sido cumplida las formalidades previstas en la Ley. Y ASÌ SE DECIDE.

 

PUNTO PREVIO Nº 2 
LA FALTA DE CUALIDAD ACTIVA

 

Opone la parte demandada, a través de la apoderada judicial, abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, en el escrito de contestación de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, la falta de cualidad o falta de interés en el actor para intentar o sostener el juicio, todo según los documentos presentados, los cuales a su decir carecen de veracidad, en virtud de la forma de transmisión de propiedad, los causahabientes a título particular eran estafadores de oficio, por cuanto estos terrenos fueron objetos de varias expropiaciones desde la fecha del 16 de noviembre de 1970 y terminando en el año 1980, cuando el Presidente de la República de Venezuela, mediante Decreto Nº 435 declaró zona especial afectada por la ejecución de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, la superficie de terreno formada por los Barrios Sierra Maestra, Corazón de Jesús y El Manzanillo, cuyos propietarios fueron la sociedad mercantil PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A. y otros, donde el área de expropiación es de 4.888.988,70 Mts2, y una segunda expropiación por Decreto Nº 2174 de fecha 20 de julio de 1983, publicado en la gaceta oficial de la República de Venezuela Nº 32780 de fecha 2 de agosto de 1983, mediante el cual se declaró zona especialmente afectada con motivo de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, cuatro lotes de terrenos con un área aproximada de 132,80 Hectáreas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios San Francisco y Cristo de Aranza, del antes Distrito Maracaibo del estado Zulia, el cual quedó registrado en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 11 de julio de 1991, bajo el Nº 27, Tomo 2o, Tercer Trimestre.

 
Igualmente alegó, que mediante documento inserto ante la Oficina Subalterno de Registro del Municipio San Francisco del Estado Zulia, bajo el Nº 47, Tomo 9o, Tercer Trimestre, el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI adquiere de manos del ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, una extensión de terreno de dos mil trescientos treinta y seis metros con veinticinco centímetros (2.336,25 Mts) y que este adquiere el terreno de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, por documento registrado ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo, en fecha 22 de diciembre de 1.983, bajo el Nº 30 del protocolo 1º, Tomo 18°, cuarto trimestre, adquiriendo este a su vez por dación en pago de PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A., por documento de fecha 19 de diciembre de 1978, anotado bajo el Nº 38, Tomo 10, ante el registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo, con una extensión de terreno de 232.936,85 Mts2.

 

Por otra parte procedió a aseverar, que en fecha 28 de julio de 1983 ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo, bajo el Nº 31, Tomo 5 Planificaciones Zuliana C.A, a través de su representante legal, doctor ATENOGENES HILL REYES e IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, hacen una aclaratoria sobre la superficie de terreno en la cual se dio en dación en pago, y aclaran que las porciones ahí mencionadas sobre las cuales se aclara el derecho de propiedad, comprenden unos ciento sesenta mil metros cuadrados (160.000 Mts2) de terreno que dentro del indicado en las operaciones de dación en pago, quedaron traspasados al señor IBRAHIN GONZÁLEZ; que como se puede apreciar en esta declaración de los 232.936,85 mts2 que le dio en dación en pago PLANIFICACIONES ZULIANAS a IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES según aclaratoria eran 160.000 Mts2 le fue expropiada toda en la primera expropiación según decreto 435, por lo cual no le quedaba ningún terreno que vender, ya que la primera expropiación que afectó a IBRAHIN GONZÁLEZ fue por 250.000 Mts2 en base al documento del 21 de marzo de 1969.

 

Así mismo adujo, que según documento de fecha 19 de diciembre de 1978, quedando anotado bajo el Nº 38, Tomo 10 en el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo, señala que PLANIFICACIONES ZULIANAS lo adquirió por documento en el Registro Segundo de Maracaibo en fecha 21 de mayo de 1969 Nº 95, tomo 5o, instrumento este por el cual el Estado Venezolano procedió a la Expropiación del terreno de PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A., Asimismo, alegó que en la segunda expropiación que comenzó en el año de 1983, la cual quedó registrada en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro, en fecha 11 de julio de 1991, bajo el Nº 27, Tomo 2, Tercer Trimestre, y por Decreto Nº 2174 de fecha 20 de julio de 1983, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela de fecha 2 de agosto de 1.983, se declaró zona afectada con motivo de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, cuatro lotes de terrenos con un área aproximada de 134,80 Hectáreas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios San Francisco y Cristo de Aranza, del antes Distrito Maracaibo del estada (sic) Zulia, y que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declara formalmente la Expropiación de las zonas y terrenos objeto de la solicitud de Expropiación formulada por INAVI, estando afectados como propietario IBRAHIN GONZÁLEZ, a quien se le atribuye la cantidad de 311.365,00 Mts2 por compra a Plazuca, según documento registrado el 19-12-78, bajo el Nº 38, Tomo 10.

 

Concluyó esbozando, que la persona que pretenden reivindicar el bien inmueble y dice ser propietario del mismo ciudadano MICHEL KALBAHDJI, no tiene cualidad activa en virtud que la superficie de terreno que le fue vendida según el origen del documento 19 de diciembre de 1978, bajo el Nº 38, Protocolo 1º, Tomo 10, estaba ya expropiado cuando lo adquirió de EMIL KALBAHDJI HOMSI en fecha 19 de septiembre de 2000, por lo tanto, no surte efecto alguna esta venta, porque la verdadera propietaria del bien que se pretende reivindicar es EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), que luego en la división político territorial fueron traspasados al Municipio San Francisco del Estado Zulia por su ubicación.

 

Ahora bien, para resolver la defensa esbozada por la parte apoderada judicial de la parte accionada, la cual versa sobre la determinación de la procedencia o no del alegato de falta de cualidad activa, y siendo que la pretensión intentada por la parte demandante está referido a la reivindicación de un inmueble, el cual alega ser de su propiedad, por lo cual, considera esta Sentenciadora, que la misma corresponde a materia de fondo, y no a esta fase previa, en virtud que tal defensa enerva a los requisitos de validez para la procedencia de la reivindicación interpuesta, en consecuencia los argumentos esgrimidos por la representante judicial, abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, será resulta en las conclusiones de la presente decisión. Y ASÍ SE DETERMINA. 

 

PUNTO PREVIO Nº 3 
LA FALTA DE CUALIDAD PASIVA 

Opone la parte accionada, a través de su apoderada judicial, que la sociedad mercantil ALTEC, C.A., no ostenta la cualidad pasiva para sostener el juicio, debido a que el inmueble fue adquirido legalmente por compra que le hiciere al ciudadano VÍCTOR FRANCO LOBO, no teniendo ninguna prohibición para ello; de la misma manera adujo, que el documento de donde emana su propiedad fue registrado ante el Registro Subalterno de San Francisco en fecha 23 de julio de 2007, Nº 65, Tomo 97, con todas las formalidades de Ley, y donde posteriormente construyó unas mejoras, siendo también registradas.

 
Así mismo esgrimió, que el título con que se presenta el actor también se encuentra registrado, sin embargo ambos con fechas diferentes; y siendo que no se trata del mismo inmueble, es por lo que, su representado no posee esa cualidad pasiva, ya que ambos inmuebles no tienen los mismos linderos, medidas, sector, número cívico, y a su decir son dos inmueble totalmente diferentes, en razón de ello, el accionante debió intentar primero la nulidad del documento que posee el ciudadano VÍCTOR FRANCO, para luego instaurar la demanda por reivindicación.

 

Ahora bien, en virtud que la pretensión intentada por la parte accionante versa sobre la reivindicación de un inmueble, el cual alega ser de su propiedad, y siendo que la parte codemandada, sociedad mercantil ALTEC, C.A., también aduce ostentar un título válido sobre el inmueble objeto de litigio, razón por la cual, considera esta Operadora de Justicia, que la misma corresponde a materia de fondo, y no a esta fase previa, ya que, la defensa enerva a los requisitos de validez para la procedencia de la reivindicación interpuesta, en consecuencia la falta de cualidad alegada por la representante judicial de la parte demandada, abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, será resulta en las conclusiones de la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.

 

Quedando así delimitado el thema decidendum objeto de conocimiento por este Jurisdicente Superior, se procede a analizar los medios probatorios promovidos por las partes a los fines de resolver definitivamente la controversia.

 

 

Pruebas de la parte actora

 

Acompañó junto al escrito libelar:

 

“…OMISSIS…”


CONCLUSIONES 

Analizados los elementos probatorios que conforman el caso facti especie, corresponde a esta Operadora de Justicia efectuar la respectiva apreciación probatoria, y pronunciamiento sobre la procedencia o no de la litis pretensión planteada, referida a la acción reivindicatoria, en tal sentido, se hace imperativo esbozar ciertos lineamientos a los fines de inteligenciar con precisión metodológica la decisión a ser proferida en esta instancia, al respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° RC. 00826, de fecha 11 de agosto de 2004, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, expediente N° 03-485, estableció:

 

“La acción reivindicatoria es una acción real, petitoria, de naturaleza esencialmente civil y se ejerce erga omnes, es decir, contra cualquiera que sea el detentador y contra todo poseedor actual que carezca de título de propiedad. Esta acción, supone tanto la prueba del derecho de propiedad por parte del demandante como la privación o detentación posesoria de la cosa, por quien ostente cualquier carácter diferente al de propietario y no es susceptible de prescripción extintiva.” (…Omissis…). 
(Negrillas de este suscrito jurisdiccional). 

 

De la misma manera, el autor Gonzalo Quintero en su obra Acción Reivindicatoria, la define como:

 

“la acción mediante la cual el propietario no poseedor hace efectivo su derecho contra el poseedor no propietario o por la que pretende que se haga constar su derecho de propiedad sobre una cosa, y el juzgador ordene su restitución al que la detenta. Constituye la más eficaz defensa del derecho de propiedad al no permitir que retenga un tercero la cosa contra la voluntad del propietario. La propiedad y la posesión van ordinariamente unidas y mediante la acción reivindicatoria se permite al propietario que recobre la posesión indebidamente perdida” (Negrillas de este Sentenciador Superior).

 

Según los autores PLANIOL y RIPERT, en la obra “Derecho Civil”, la reivindicación es la acción ejercida por una persona que reclama la restitución de una cosa, pretendiéndose propietaria de ella; se fundamenta en la existencia del derecho de propiedad y tiene por objeto la intención de la posesión. Es definida por AGUILAR GORRONDONA en la obra “Cosas, Bienes y Derechos Reales, Derecho Civil II”, como la acción en la que el actor alega que es propietario de una cosa que el demandado posee o detenta sin derecho para ello y, consecuencialmente, pide que se le condene a la devolución de la misma.

 

En la obra del autor GERT KUMMEROW, titulada “Bienes y Derechos Reales”, establece que según PUIG BRUTAU la acción reivindicatoria es la acción que puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un título jurídico como fundamento de su posesión; y en la misma obra se establece que DE PAGE estima que la reivindicación es la acción por la cual una persona reclama contra un tercero detentador la restitución de una cosa de la cual se pretende propietario.

 

El autor AGUILAR GORRONDONA, afirma en su obra que para la procedencia de la reivindicación se requiere que concurran tres grupos de condiciones o requisitos, unos relativos al actor, otros al demandado y otros a la cosa: 1) La acción reivindicatoria solo puede ser ejercida por el propietario, siendo que no es necesario demostrar la propiedad antes de intentar la acción, pero es necesario invocar el carácter de propietario en la demanda y luego demostrarlo en el curso del proceso; 2) La reivindicación sólo puede intentarse contra el poseedor o detentador actual de la cosa, lo que no es sino consecuencia lógica de que la acción tiene carácter restitutorio y de que mal podría restituir quien no poseyera ni detentara; y 3) En relación a la cosa: se requiere la identidad entre la cosa cuya propiedad invoca el actor y la que posee o detenta el demandado; no pueden reivindicarse las cosas genéricas; y la reivindicación de los bienes muebles por su naturaleza procede si se prueba la mala fe del poseedor, que la cosa es una cosa sustraída o perdida o que el poseedor no es un tercero. 
Señala el autor; que el actor tiene la carga de probar que es el propietario de la cosa que reivindica, que el demandado la posee o detenta y la identidad de la cosa.

 

KUMMEROW establece en su obra que para la procedencia de la acción reivindicatoria se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) El derecho de propiedad o dominio del actor; b) El hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada; c) La falta de derecho a poseer del demandado; y d) La identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el actor alega derechos como propietario. Señala que el autor deberá probar en el juicio respectivo: a) Que es propietario de la cosa; b) Que el demandado posee o detenta el bien; y c) Que el bien cuyo dominio pretende es el mismo que posee o detenta el demandado (identidad).

 

En síntesis, no basta con la comprobación del derecho de propiedad para que la acción reivindicatoria sea procedente sino que, además, es menester que la cosa reivindicada sea detentada o poseída efectivamente por la persona contra quien se dirija la acción, y que exista perfecta y clara identidad entre ellas.

 

Dentro de este marco se precisa que, la acción reivindicatoria es aquella por medio de la cual, una persona que se dice propietaria del bien objeto de la demanda, reclama contra un tercero detentador su restitución, siendo su fundamento, el derecho de propiedad y en particular el derecho de persecución característico del mismo, por tanto, al ser una acción restitutoria, tiene por finalidad obtener una sentencia que condene la devolución de determinado bien, diferenciándose en este aspecto de la acción de declaración de certeza de la propiedad, que sólo persigue la declaración dicha. Asimismo, se instituye que la procedencia de la acción reivindicatoria se encuentra condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) que el actor sea propietario y lo demuestre con justo título, b) que exista identidad entre el inmueble objeto de reivindicación y el identificado en tal justo título, c) que se demuestre que el demandado es poseedor o detentador, y d) que la posesión del demandado no sea legítima.

 

En este orden de ideas, cabe destacar que en el caso facti especie, observa quien aquí decide, que la parte accionada opuso la falta de cualidad activa o la falta de interesés en el actor para instaurar o sostener el juicio, aduciendo que los documentos presentados por la parte demandante, carecen de veracidad, en virtud de la forma de transmisión de la propiedad; y siendo que uno de los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria, es que el autor sea propietario y lo demuestre con justo título, en razón de lo cual, se hace necesaria la determinación de resolver si el demandante tiene derecho a que se les resuelva su pretensión.

 
Ahora bien, para determinar la procedencia de la alegada falta de cualidad del accionante, ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, plenamente identificado en actas, es preciso revisar la documentación presentada por la parte actora en el escrito libelar, donde aporto los siguientes documentos: 1) documento autenticado ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo del estado Zulia, el día 15 de marzo de 2000, quedando anotado bajo el Nº 47, Tomo 14 y 2) documento protocolizado por la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 19 de septiembre de 2000, el cual quedó anotado bajo el Nº 47, Protocolo 1º, Tomo 9º, Tercer Trimestre, constituido por un lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el Nº 26A-27 ubicado en el lugar denominado “El Manzanillo”, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, encontrándose comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía Maraven,; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía Maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida San Francisco, y el cual posee una superficie aproximada de dos mil trescientos treinta y seis metros cuadrados con veinticinco centímetros (2.336,25 Mts2), derecho de propiedad que a priori demostró mediante la consignación en autos de las copias certificadas del aludido documento así como de la certificación de tradición legal expedida en fecha 14 de noviembre de 2011 por el Registro Público del municipio San Francisco del estado Zulia.

 
En este sentido, una vez efectuadas las anteriores ilustraciones, y del análisis efectuado al escrito libelar, resulta impretermitible para esta Sentenciadora indicar que la parte demandante ostenta la cualidad para intentar la presente demanda, a través de la cual pretende la reivindicación del bien inmueble cuya propiedad se atribuye conforme a las documentales antes señaladas, documentos estos que posee pleno valor probatorio, por cuanto la contraparte no procedió a realizar impugnación alguna sobre los mismos, en tal sentido colige esta Superioridad en estricta aplicación a lo supra citado, que se encuentra legitimado activamente para demandar. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte demandada, por todo lo cual, pasa a analizar la pretensión instaurada por la parte accionante. Y ASÍ SE DECIDE.

 

De esta manera, quedando comprobada la legitimación activa, pasa esta Alzada a analizar el primer requisito de procedencia de la acción reivindicatoria, el cual debe entenderse por un justo título a los fines de demostrar la propiedad de un inmueble, que no es otro que aquel instrumento que acredite su propiedad y que haya sido otorgado mediante documento público, es decir, con las formalidades y solemnidades que exige la Ley para ser considerado como tal, con arreglo a las previsiones normadas en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con el ordinal 1° del artículo 1.920 eiusdem. Consecuencialmente, colige este Tribunal de Alzada que el medio idóneo para probar el derecho de propiedad de un inmueble frente al poseedor o detentador, es necesariamente un título protocolizado. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 
A fin de darle sustrato jurídico a lo precedentemente expuesto, se puntualizan las normas del Código Civil que son aplicables:

Artículo 548: “El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador”.

 

Artículo 1.920: “Además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse: 
1º. Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a Título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca.”
(…Omissis…)

 

Artículo 1.924: "Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble". 
"Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales".

 

Artículo 1.357: Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.

 

Artículo 1.359: El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso:1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos constar. (Negrillas de esta Superioridad). 


Dentro de este marco, procede esta Juzgadora Superior a determinar si se cumplen en la presente causa con el primer requisito antes señalado, por lo cual, se observa que la parte actora para demostrar la titularidad del inmueble objeto de reivindicación, presentó a las actas documento mediante el cual, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES o CARMINES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, domiciliado para ese entonces en el Distrito Maracaibo del estado Zulia (hoy municipio Autónomo Maracaibo, estado Zulia, le vendió de manera pura y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, casado, industrial y comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 5.149.819, de igual domicilio, una zona de terreno ubicada en el lugar denominado el Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo, estado Zulia, con las siguientes medidas y lindero; NORTE: terreno propiedad del vendedor ocupados por tercera personas y mide cincuenta metros (50 mts.); SUR: terreno propiedad de la compañía Maraven y mide cincuenta y cinco metros (55mts.); ESTE: terrenos propiedad de la compañía MARAVEN y mide treinta nueve metros (39 mts.) y OESTE: la avenida 5 San Francisco y mide cincuenta metros (50 mts.). Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), por haberlo adquirido según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia, en fecha 19 de diciembre de 1978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo Primero, Tomo 10, del cuarto trimestre, dejándose constancia que sobre el referido terreno no versa ningún gravamen .Quedando notariada la referida venta, el día 08 de noviembre de 1.983, bajo el Nº 36, Tomo 48 de los libro respectivo y posteriormente registrado ante la oficina Subalterna del tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia.

 

Igualmente, presentó instrumento donde el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, antes identificado le vendió el mismo inmueble al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, tal y como se evidencia de documento autenticado el día 8 de noviembre de 1983 por ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo, anotado bajo el Nº 56, Tomo 48 y posteriormente protocolizado en fecha 22 de diciembre de 1983, bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, identificado como documento “A”, derivado de lo cual, no existe la menor duda de que el identificado terreno es propiedad exclusiva de su representado, obteniéndose de tal manera que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, es propietario del inmueble indicado en el escrito libelar, respecto del cual, demanda la reivindicación; documento éste que cumple con los requisitos de Ley para ser considerado justo título, por lo que está suscrita jurisdiccional estima acreditado el primer requerimiento. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 

Por otra parte, verifica esta Arbitrium Iudiciis, que la representante judicial de la codemanda, sociedad mercantil ALTEC, C.A., abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, aseveró en su escrito de contestación de la demanda, que su representada no tiene la cualidad pasiva para sostener el juicio, debido a que el inmueble fue adquirido legalmente por el ciudadano VÍCTOR FRANCO LOBO, no teniendo ninguna prohibición para ello; de la misma manera adujo, que el documento de donde emana su propiedad fue registrado ante el Registro Subalterno de San Francisco en fecha 23 de julio de 2007, Nº 65, Tomo 97, con todas las formalidades de Ley, y donde posteriormente construyó unas mejoras, siendo también registradas, asimismo adujo que el actor debió primero anular el documento donde el ciudadano VICTOR FRANCO LOBO, adquirió la propiedad del inmueble, para después demandar por reivindicación, por lo cual su representada no posee la cualidad pasiva en esta demanda.

 

En razón de ello, se concluye que, para determinar la procedencia de la presente acción, es importante analizar otro de los requisitos, como es que se compruebe que el demandado es poseedor o detentador, y siendo que uno de los codemandados alegó no tener legitimatio ad causam, es impretermitible para esta Sentenciadora pasar a analizar uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, como es el caso de la legitimación pasiva, ya que ésta es la persona frente a la cual debe sentenciarse, aptitud procesal cuya falta de consideración dentro de la vida jurídica acarrearía la procura de una tutela judicial inútil o infructuosa a aquel accionado que no tendría la cualidad para ser condenado y por ende obligado o ejecutado.

 

Siendo ello así, es necesario precisar, que de la inspección judicial realizada por el Juzgado a-quo, en fecha 24 de noviembre de 2011, se evidencia que al constituirse el mismo en la dirección siguiente: “Barrio El Manzanillo, sector Punta de Piedra, avenida 5 con calle 16 Nº 15B-87, en jurisdicción del municipio San Francisco del estado Zulia, al llegar a la mencionada dirección, dejó constancia de haber notificado de su misión a la asistente administrativo de la empresa ALTEC, C.A., de la misma manera dejó constancia que en la dirección antes señalada se encontraba presente el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, titular de la cédula de identidad Nº 682.738 con parte de su núcleo familiar”.

 

Por otra parte, se observa del informe fotográfico presentado por el practico designado como auxiliar de justicia con la finalidad de prestarle la asesoría necesaria al Tribunal en el momento que se llevó a efecto la inspección promovida en la etapa probatoria, ciudadano ENDER GUILLERMO BRACHO SOCORRO, donde dejó constancia lo que ha continuación se transcribe: “ En esta toma se observa la fachada frontal de inmueble inspeccionado con un aviso publicitario que contiene el nombre (ALTEC,C.A), el cual colinda por el Oeste con la avenida 5 de San Francisco y por el Norte con dos propiedades una sin identificación o nomenclatura visible y otra con nomenclatura Nº 15A-120”. De lo cual se deriva que, la sociedad mercantil ALTEC, C.A., se encuentra en posesión del bien objeto de la inspección, en razón de ello, colige esta Superioridad que se encuentra comprobado la legitimatio ad causam de la codemandada ut supra mencionada. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte accionada. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 

Seguidamente, es necesario pasar a analizar el tercer y último requisito necesario para la procedencia de la venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital acción reivindicatoria, que versa sobre la identidad del inmueble propiedad de la actora y el inmueble del cual la demandada se encuentra en posesión. En este sentido, se verifica que luego de un estudio exhaustivo realizado a la experticia sobre los planos de mensura Nº RM-90-12-0001 levantado por la oficina de Catastro Municipal del municipio Maracaibo del estado Zulia, señalado con la letra y número “P1” y Nº ME04040001 levantado por la Coordinación de Catastro de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, marcado con la letra y número “P2”, los cuales sustentan: 1) documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 25 de diciembre de 1983, anotado bajo el No. 30, Tomo 18, Protocolo 1°, Cuarto Trimestre, a través del cual el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, adquiere inmueble constituido por una parcela de terreno por compra venta que hiciera al ciudadano IBRAHIN GONZALEZ, y 2) documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 30 de junio de 2004, bajo el No. 44, Protocolo 1°, Tomo 30, Segundo Trimestre (marcado con la letra “D”) mediante el cual la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, le otorga el Reconocimiento de Derechos al ciudadano VICTOR MANUEL FARNCO LOBO, de una superficie de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (1.819,31 Mts2); a tal efecto los expertos designados concluyeron lo siguiente:

 

“a) Experticia sobre el plano de mensura levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo según nota de Registro RM-90-12-0001.Luego de verificado el plano y el documento señalado, es nuestra conclusión que ese plano de mensura se corresponde al área de terreno comprada por el Sr Emil Kalbajdji Homsi. Que tiene un área según el plano de 2.336,25 m2…”. b) Realizar experticia comparativa sobre el plano de mensura –denominado “P1” levantado por la Oficina de catastro Municipal del Distrito Maracaibo con nota de registro RM-90-12-001 y el plano“P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco distinguido con el numero ME04040001.Luego de comparar los dos planos concluimos lo siguiente:

 …Omissis…)

 

Deferencias:

 

• Tienen diferentes fechas de registro

• El plano RM-9012-0001 fue registrado en la Dirección de Catastro del antiguo Distrito Maracaibo, hoy Municipio Maracaibo, cuando San Francisco era una Parroquia, en el año 1990.

• El plano ME0404001 fue registrado en el año 2003 en la Dirección de catastro del Municipio San Francisco.

 

Similitudes: 


• Se refiere a dos áreas de terrenos, que tienen gráficamente la misma ubicación geográfica de acuerdo a las direcciones de los inmuebles identificadas en cada plano.

• Ambos inmuebles están ubicados entre las Av.5 y la Av. 25G.

• Los linderos de ambos planos son coincidentes, con excepción del lindero norte.

 

Ahora bien, del análisis efectuado al informe pericial, presentado por los ciudadanos MARIA CAROLINA AMAYA, OCTAVIO VILLALOBOS y JAIME RODRIGUEZ, plenamente identificados en actas y en su condición de expertos, se observa que existe identidad entre el inmueble objeto de reivindicación y el poseído por los demandados en actas, lo cual se puedo evidenciar de los planos que reposan en el expediente, identificados con la letra y número “P1”, aportado por la parte actora y el “P2”, consignado por la representante judicial de los demandados, los cuales fueron valorados en la oportunidad correspondiente.

 

En este sentido, se desprende del mismo informe que existe una diferencia en relación al lindero NORTE, por lo cual, es importante señalar que con motivo a las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quien era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero. Y ASÍ SE DETERMINA. 


Determinado lo anterior, y luego de revisar la cadena documental aportada por la parte actora, se evidencia que el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, le vende al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, una zona de terreno ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del estado Zulia, con las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía MARAVEN; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía MARAVEN; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), el cual forma parte de una extensión de terreno que adquirió según documento registrado el día 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, Cuarto Trimestre.

 

Cabe destacar, que el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.149.819, le vende la misma superficie de terreno al ciudadano MICHEL KALBAKDJI BASNAJI, parte accionante en el presente litigio, por haberlo adquirido según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, tal y como se evidencia de la cadena documental aportada al proceso por la parte accionante.

 

Mientras que la cadena documental aportada por la parte demanda, se evidencia que el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-682.738, solicitó Reconocimiento de Derecho sobre una superficie que forma parte de los terrenos ejidos del municipio San Francisco del estado Zulia, situado en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, Nº 15B-87, Parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, el cual le fue otorgado por la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, según documento registrado ante el Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del estado Zulia, el fecha 30 de junio de 2004, quedando anotado bajo el Nº 44, Protocolo 1º, Tomo 30, Segundo Trimestre; quien posteriormente le vende a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., la superficie de terreno, el día 31 de agosto de 2007, documento este protocolizado por ante la oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 49, Tomo 20, Protocolo 1º, Tercer Trimestre.

 

Dentro de esta perspectiva, colige esta Juzgadora Superior, que si bien es cierto que existe dos (2) cadenas documentales, no es menos cierto que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, posee una cadena documental que data del año 1.978, mientras que la sociedad mercantil ALTEC,C.A., ostenta una cadena documental mas resiente (sic), ya que, data del año 2004, razón por la cual, la parte demandante logró demostrar todos los elementos que configura la viabilidad de una reivindicación, en atención a que se demostró la propiedad del inmueble, la identidad del mismo con la prueba pericial y la cadena documental con una data más antigua en el presente proceso; y por último la posesión ejercida por sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia, y que éstos a su vez, no logrando desvirtuar la pretensión del demandante pues el argumento que esbozó de la contratación careció de elementos probatorios que apoyara su afirmación. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 
En aquiescencia a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y a los criterios jurisprudenciales ut supra explanados, aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso sub litis, y aunado a los medios probatorios aportados por las partes interactuantes en la presente causa, resulta forzoso para esta Jurisdicente Superior, REVOCAR la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y consecuencialmente, se declara CON LUGAR el recurso de apelación incoado por la parte actora, a través de su apoderada judicial y así se plasmará en forma expresa, precisa, y positiva en el dispositivo del fallo a ser dictado en la presente causa. Y ASÍ SE DECIDE. 

 

Tomando en cuenta todo lo antes transcrito se observa, que la recurrida contiene una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos como quedó planteada la controversia, pues se evidencia que en sentido general (f. 305 al 325) narra primero los hechos en que hace estribo la demanda y seguidamente, aquellos que dan soporte a la contestación, donde se incluyen los alegatos formulados tanto en los informes que ambas partes presentaron en alzada, como en las observaciones que hicieran los demandados a los presentados por el demandante, hasta que finalmente, en el capítulo quinto referido a las consideraciones para decidir, la juez de alzada hace la precisión de cuanto será objeto de su decisión, estableciendo que (f. 328) “… en virtud que la pretensión intentada por la parte accionante versa sobre la reivindicación de un inmueble, el cual alega ser de su propiedad, y siendo que la parte codemandada, sociedad mercantil ALTEC, C.A., también aduce ostentar un título válido sobre el inmueble objeto de litigio, razón por la cual, considera esta Operadora de Justicia, que la misma corresponde a materia de fondo…”.

Y acorde con la precisión del objeto de la controversia, dictó su decisión, declarando: “…PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación propuesto por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a través de su apoderada judicial, abogada en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ, contra sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Y consecuencialmente: SE REVOCA la aludida sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda por reivindicación incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en contra de la sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia. 
TERCERO: Se ordena a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, y al ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, previamente identificados, RESTITUIR al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, previamente identificado, en el inmueble constituido por un lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el Nº 26A-27 (27 metros de la vía pública 26A) ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco, estado Zulia, el cual se encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE; mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR; mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía maraven; ESTE; mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS de metro cuadrado (2.336.25 Mts.2), el cual le pertenece según documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia. Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida totalmente de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. 

En consideración, a todos los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta denuncia es improcedente. Así se declara.-

-II-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación.

 

Expresa el formalizante:


“…INMOTIVACION 

Se denuncia la infracción a que se contrae el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por violación por parte de la recurrida del mandato contenido en el ordinal 4° del artículo 243 eiusdem y artículo 12 ¡bidem, atinente al vicio de INMOTIVACION. 

 

La presente denuncia se fundamenta en que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación en la modalidad atinente a que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables.

 

En efecto, el ordinal 4° del artículo 243 del Código de procedimiento Civil, contiene el deber de motivación del acto sentencial.

 

“Artículo 243. Toda sentencia debe contener: ... 4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión. ...”

 

 “Pero ¿Qué es la inmotivación?

 

La inmotivación es la falta absoluta de razonamientos de hecho y de derecho que sustentan el dispositivo del fallo, delatable por vía de defecto de actividad, conforme a lo previsto en el artículo 313.1 del Código de Procedimiento Civil, donde se denuncie el incumplimiento del requisito a que se refiere el artículo 243.4 ejusdem, que produce la nulidad de la sentencia con el consecuente efecto 
reposición o de reenvío impropio, al estado que el tribunal de reenvío dicte una--- nueva sentencia, con plena jurisdicción o conocimiento de causa, no estando 
vinculado, ligado o atado con la decisión de Casación.” (ob.cit. p.45-476).

 

En el caso sub exámine el caso de inmotivación corresponde a la destrucción de motivos por contradicciones graves e irreconciliables en violación del artículo 12 y 15 del Código de procedimiento Civil que causa indefensión.

 

En el caso que nos ocupa tal y como lo establece la recurrida en su V’ capítulo denominado “LOS ANTECEDENTES” al realizar la relación de los 
alegatos de las partes, con respecto a los alegatos de la actora en su libelo, determina:

 

“Por auto de fecha ¡8 de marzo de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admitió demanda de reivindicación, incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a través de sus apoderados judiciales, abogados en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ y RAÚL MOLINA BLANCHÁRD, en contra de la sociedad mercantil ALTEC, C.A., y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, mediante la cual procedieron a señalar que transcriben sendos resúmenes con los documentos marcados con las letras “A“,“Pl” y “B” para demostrar de manera fehaciente e irrebatible la propiedad de su representado. ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI del lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el N° 26A.-27 (27 metros de la vía pública 26A). ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco del estado Zulia, el cual, se encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES. (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES. según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía maraven; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía maraven: y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS  TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS de metro cuadrado (2.336.25 Mts.2), siendo adquirido el mencionado inmueble por su poderdante, según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del hoy municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 22 de diciembre de 1.983, quedando anotado bajo el N° 30, Protocolo Primero, Tomo 18°.” (Subrayado mio) (folio cinco -5- de la recurrida)

 

Más adelante, en el folio siete (07) haciendo el recuento de los hechos alegados por la actora, expresa:

 

De igual manera arguyen, que de acuerdo con los documentos “A “, “PI “ y “B” citados anteriormente, no queda duda, que el referido terreno es propiedad exclusiva del ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, antes identificado, sin embargo existen otros documentos que están vinculados a la propiedad del terreno que pertenece a su representado, tal y como se evidencia del identificado con la letra “B”, documento éste donde la sociedad mercantil ALTEC C.A., debidamente constituida en fecha 7 de mayo de 1.999, ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, bajo el N° 20, Tomo 27-A; y cuya copia acompañan marcado con la letra “C”, asimismo documento marcado con la letra “D” otorgado por el Alcalde y Secretario Municipal del Municipio San Francisco. protocolizado el 30 de junio de 2004 ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del estado Zulia. bajo el N° 44. Protocolo Primero. Tomo 30. segundo trimestre, mediante el cual, se hace Reconocimiento de Derechos, a favor del ciudadano VÍCTOR MANUEL FRANCO LOBO  titular de la cédula de identidad N° V- 682.738, sobre un terreno ejido situado en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, N 15B-87, parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, con forma poligonal y que tiene una superficie de UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UNA CENTÉSIMA DE METROS CUADRADOS (1.819,31 Mts.2): comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: con propiedad que es o fue de IRAEL(sic) SEGUNDO VALBUENA y con propiedad que es o fue de JOSÉ MORTORA; SUR: con vía pública (calle 166 (sic)): ESTE: con vía pública avenida 25-G y OESTE: con vía pública (avenida 5 San Francisco).”

 

Continúa relatando la recurrida en su folio ocho (08):“De la misma forma arguyen, que el documento otorgado por VÍCTOR MANUEL FRANCO LOBO, por ante la Notaría Pública del municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 23 de julio del 2007, anotado bajo el N° 65, Tomo 97 de los libros de autenticaciones; posteriormente protocolizado por ante ¡a Oficina de Registro Público del municipio San Francisco del estado Zulia, el día 31 de agosto de 2007, anotado bajo el N° 49, Tomo 20, Protocolo Primero, Tercer Trimestre, marcado con la letra “E”; y del cual acompañan al escrito libelar, donde se puede evidenciar que el mencionado ciudadano, declara que da en venta pura y simple, perfecta e irrevocable, libre de todo gravamen, a la empresa mercantil ALTEC, CA., la cual está representada por su Presidente, ciudadano SIMÓN JOSÉ CABELLO ESTABA, titular de la cédula de identidad PI’ V- 2.769.109, representación que consta de acta de asamblea de fecha 16 de mayo de 2006, inscrita en el mismo Registro Mercantil Tercero bajo el N° 08, Tomo 36-A, todos los derechos sobre un terreno que forma parte de mayor extensión, que es de su única y exclusiva propiedad por haberlo adquirido según documento protocolizado el día 30 de junio de 2004 en la Oficina de Registro Inmobiliario del municipio San Francisco del estado Zulia, bajo el N° 44, Protocolo 1°, Tomo 30, Segundo Trimestre, cercado en sus lados NORTE, SUR, y OESTE, con forma de polígono irregular y una superficie aproximada de UN MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (1600 Mts.2), y que existen varias bienhechurías sobre el terreno, la cual también fue medida, que son de su propiedad según documento registrado en la misma Oficina de Registro, el día 30 de junio de 2005, bajo el N° 45, Protocolo 1°, Tomo 26, Segundo Trimestre.

 

Así mismo aducen, que el documento señalan que el terreno está ubicado en el Sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, N’ 15B-S7, parroquia Francisco Ochoa, municipio Autónomo San Francisco del estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE; propiedad que es o fue de ISRAEL SEGUNDO VALBUENA y con propiedad que es o fue de JOSÉ MORTORA; SUR: con vía pública; (calle 16). En cuanto a este lindero, los representantes judiciales manifestaron que el mismo “se encuentra corregido en la nota estampada por el Registro”. ESTE; propiedad del vendedor; y OESTE: su frente, con vía pública, avenida 5 San Francisco.”

 

De lo anteriormente transcrito se colige que, el actor reclama una zona de terreno con una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS de metro cuadrado (2.336.25 Mts.2), en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el N° 26A-27 (27 metros de la vía pública 26A), ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco del estado Zulia, el cual se encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos 
de la propiedad de la compañía maraven; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía maraven; y OESTE: mide cincuenta 
(50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco.

 

Por su parte, el mismo actor manifiesta que existe otro documento de propiedad que asevera tiene relación con su propiedad, y que son los documentos antes descritos según los cuales el ciudadano VICTOR FRANCO LOBO adquiriera de la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia un inmueble formado por un terreno ejido situado en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, N° 15B-87, parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, con forma poligonal y que tiene una superficie de UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UNA CENTÉSIMA DE METROS CUADRADOS (1.819,31 Mts.2); comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: con propiedad que es o fue de ISRAEL SEGUNDO VALBUENA y con propiedad que es o fue de JOSÉ MORTORA; SUR: con vía pública (calle 166); ESTE: con vía pública avenida 25-G; y OESTE: con vía pública (avenida 5 San Francisco).

 

Que de dicha área de terreno, le vendió como parte de mayor extensión a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., mi mandante, una extensión de terreno con una superficie de UN MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (1.600 Mts2.) ubicado en el Sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, N° 15B-87, parroquia Francisco Ochoa, municipio Autónomo San Francisco del estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE; propiedad que es o fue de ISRAEL SEGUNDO VALBUENA y con propiedad que es o fue de de JOSÉ MORTORA; SUR: con vía pública; (calle 16). En cuanto a este lindero, los representantes judiciales manifestaron que el mismo “se encuentra corregido en la nota estampada por el Registro”. ESTE; propiedad del vendedor; y OESTE: su frente, con vía pública, avenida 5 San Francisco.

 

De lo anteriormente transcrito igualmente se colige que se trata de terrenos con distinta superficie, distintos linderos y distintas nomenclaturas, alegato éste esgrimido tanto en la contestación de la demanda, como en el escrito de informes ante el Juzgado de alzada.

 

La recurrida en su relación de los hechos al analizar las pruebas de la parte actora, específicamente en la prueba de experticia, del informe arrojado por los expertos designados, practicado sobre el plano de mensura que acompañara la actora agregado al cuaderno de comprobantes de su documento de propiedad, se concluyó, lo siguiente:

 

“A fin de determinar la superficie que permitirá establecer objetivamente el espacio físico solicitado en la experticia, se empleó el plano agregado al expediente No. RM-90-12-OO1, con el cual se definieron los vértices del levantamiento topográfico a ser efectuado. Que dentro de la poligonal que forman los vértices seleccionados existen dos inmuebles ubicados hacia los linderos Este y Sur. Que la identificación de los ocupantes de dichos inmuebles no fue posible, por no estar los mismos al momento de la experticia. Que luego de verificado el levantamiento topográfico, debatido entre ellos, concluyeron que dicho terreno tiene una superficie de 2.324,88 Mts2.

 

• Que los inmuebles ubicados en el lindero norte son: inmueble No. 15B-77 el cual no tiene placa de identificación de la nomenclatura municipal (se le tomó una fotografía al recibo de electricidad donde aparece dicha identificación) y No. ÍSA-120, el cual si tenía placa de iden4ficación Los demás linderos se corresponden a vías públicas.

• Que el inmueble objeto de la experticia se encontraba al momento de efectuar la misma, identificada con la nomenclatura No. 15B-87.

• Que el lindero Este del inmueble objeto de ¡a experticia corresponde a la avenida 25G.

 

En este sentido, es importante resaltar que la representación judicial de la parle actora en su escrito de pruebas, promueve dicho medio probatorio con el objeto de establecer el espacio físico que corresponde a los 2.336,25 Mts2, de la misma manera que se verificara la nomenclatura de los respectivos inmuebles colindantes, por otra parte solicitó se dejare constancia de la nomenclatura municipal asignada al inmueble objeto de la misma y se comprobara la nomenclatura asignada al inmueble ubicado en el lindero colindante Este; debido a ello, los expertos a los fines de dar cumplimiento con la labor encomendada procedieron a hacer un levantamiento topográfico.”

 

Cabe destacar que la representación de mi mandante en dicha oportunidad impugnó el informe realizado por haber sido realizado con respecto al plano de mensura que acreditaba la propiedad de la actora, entre otros y en atención a dicha impugnación, la Juez de alzada determinó:

 

“En tal razón, se observa del mismo, que si bien es cierto, que los expertos omitieron especificar el motivo por el cual ambas áreas eran distintas,110 es menos cierto que conforme a los planos de mensura objeto de estudio, se verificó que ciertamente tal como lo indican los expertos, en el plano de mensura denominado “PI” levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo (hoy Municipio Maracaibo) según nota de registro RM-90-12-000I, se observa que el área de superficie del terreno según la mensura es de 2.265,83 Mts2y en el plano de mensura denominado “P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco del Estado Zulia distinguido con el No. ME04040001, se observa que el área de superficie del terreno según la mensura es de 1.819,31 Mts2, y siendo que ambos planos de mensuras no emanan del mismo ente administrativo, mal podría ser motivo para anular el informe presentado por los expertos designados en la presente causa, en consecuencia se acuerda desestimar lo alegado por la representante judicial de la parte demandada, y se procede a otórgale todo su valor probatorio… “(folio sesenta y dos -62-)

 

Es menester resaltar, que el plano de mensura a que alude la recurrida denominado “P1” fue acompañado por la actora a su libelo de demanda y que corresponde al documento de propiedad que refiere el actor le atribuye la acción, y por su parte, el plano signado “P2” acompañado al libelo soporta los linderos del documento de propiedad del causante de la venta a mi mandante.

 

De manera que, le otorga su valor probatorio al informe de los expertos, al plano de mensura P1 y P2, asume que hay una diferencia en las medidas de CUATROCIENTAS CUARENTA Y SEIS METROS CON CUARENTA Y SEIS CENTÉSIMAS DE METROS CUADRADOS (446, mts2), y con respecto a la medida del inmueble que ordena restituir y que es el reclamado por el actor en su libelo existe una diferencia de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTESIMAS DE METROS CUADRADOS (776, 25 mts2)

 

De la prueba de inspección judicial promovida por la actora y apreciada por la Juez en su justo valor probatorio, se deja constancia de:

 

…“•Que la dirección donde se encontraba constituido era la siguiente: Barrio El Manzanillo, sector Punta de Piedra, avenida 5 con calle 16, Edificio N° 15B-87, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco del estado Zulia

 

• Que la nomenclatura del inmueble es la siguiente: 15B-87

• Que la superficie del terreno: En este particular, el Tribunal dejó constancia que donde se encontraba constituido, el área era irregular, para lo cual procedió a dejar constancia tanto de sus linderos como medidas, haciendo de la siguiente manera: NORTE; propiedad que es o fue de la ciudadana MERCEDES PARRA, información obtenida a través del vecino del sector, el inmueble mide SETENTA METROS (70 Mis), sin nomenclatura visible, estando dividido por dos (2) inmuebles, en consecuencia el segundo lindero está identificado según nomenclatura No. ¡5A-120, aproximadamente de  SETENTA METROS (70 mts), SUR: vía pública (sin nomenclatura visible) mide SESENTA Y DOS METROS (62 Mts), ESTE. vía pública, avenida 5, mide VEINTICUATRO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (24,50 Mts) y OESTE: vía pública (sin nomenclatura visible,) mide TREINTA Y NUEVE METROS CON VEINTE CENTÍMETROS (39,20 Mts). Asimismo, dejó constancia sobre las mediciones que las mismas son aproximadas y serán ampliadas y especificadas en el informe práctico presentado por el experto debidamente designado.

• Valor de la edificación construida en ese terreno: Con relación a este particular, el Tribunal consideró no dejar constancia de mismo, por cuanto de hacerlo puede hacer una valoración a priori, en virtud de ser objeto de fondo de la controversia (folios sesenta y dos -62-y sesenta y tres -63-)”

 

Posteriormente, en el dispositivo del fallo, la recurrida establece:

 

“TERCERO: Se ordena a la sociedad mercantil ALTEC, C.A, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DIAZ, y al ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, previamente identificados, RESTITUIR al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI. previamente identificado. en el inmueble en el inmueble constituido por un lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el N° 26A-2 7 (27 metros de la vía pública 26A) ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco. estado Zulia el cual se encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE; mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, (también conocido como IBRARIN GONZÁLEZ CARUINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR; mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía maraven; ESTE; mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS de metro cuadrado (2.336.25 Mts.2). el cual le pertenece según documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia.”

 

La destrucción de los motivos entre unos otros deviene de la diferencia en las medidas, cabida, linderos y nomenclaturas no aclarados por la recurrida, quien además confunde el término medidas del terreno con la cabida, de manera que cómo va a restituir mi mandante junto con el co-demandado VICTOR FRANCO LOBO, una zona de terreno cuyos linderos no existen, cuya nomenclatura no coincide con el inmueble que es de su propiedad y sobre el cual ejerce actos de posesión y dominio, menos aun, no podría mi mandante devolverle junto con el co-demandado una zona de terreno de mayor extensión a los UN MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (1.600 mts2) que en el supuesto negado caso de corresponder o tener identidad con el inmueble reclamado, no posee.

 

Se viola el principio de la autosuficiencia del fallo, pues para ejecutar lo ordenado en la sentencia es menester utiliza el apoyo de otros documentos fuera de la sentencia.

No puede hablarse de indeterminación objetiva, pues la sentencia determina el objeto sobre el cual recae la decisión, lo inejecutable y lo inmotivado deviene de que el inmueble u objeto determinado en el dispositivo no se corresponde ni en la nomenclatura1 ni linderos ni en la cabida al inmueble que es propiedad de mi mandante.

“En cuanto a la motivación respecto a la cuestión de hecho, se doctrinó:

 

En relación con los argumentos planteados por el recurrente, e observa que el requisito de motivación previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de procedimiento Civil, impone i (sic) juez el deber de expresar e (sic) su sentencia los motivos de hecho y de derecho de la decisión. El fin perseguido es permitir el conocimiento del razonamiento del juez, pues ello constituye el presupuesto necesario para obtener un posterior control sobre la legalidad de lo decidido.

Los motivos de hecho están conformados por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que lo demuestran y los motivos de derecho por la aplicación de los principios y las normas jurídicas a los hechos establecidos en el caso concreto.

 

(...omissis…)

 

Sobre este particular la Sala reitera que toda sentencia debe bastarse a sí misma debe llevar la prueba de su legalidad, sin depender de elementos extraños que 1 complementen o la perfeccionen. En aplicación del referido principio de autosuficiencia de la sentencia, la Sala ha establecido que los jueces de instancia en la redacción de los fallos, deben ser claros y precisos, de manera que no ocasionen confusiones, diferentes interpretaciones o conflictos que deban ser resueltos con posterioridad. En este sentido, dejó sentado la Sala, entre otras, en decisión de fecha 23 de mayo 1990 (caso Héctor López Parra el Mercedes Mendive de Bolívar), que:

 

“... las sentencias deben ser redactadas de manera tal, que pueda (sic) ser entendida sin confusión, dudas ni ambigüedades; de suerte que lo que se disponga quede bien determinado y o entienda todo el que lea, no quedando sujeto a condiciones ni eventualidades, de forma que lo decidido no quede dependiendo de un hecho futuro, de ningún acontecimiento por venir, de ninguna prueba por hacer, sin cuestiones ni pleitos pendientes, redactada en términos concretos, exactos, correctos, bien definidos sin agregaciones innecesarias. Las sentencias por otra debe tener al dictarla, pues en ello va envuelto el concepto de una sana y eficiente administración de justicia. Los jueces deben evitar que sus fallos contengan errores que después resultan costosos para las partes, con el consiguiente retardo en la solución de los asuntos sometidos a su consideración.” (ob. Cit. P. 477-478)

 

¿Qué correspondería devolver a ALTEC, C.A. y qué correspondería devolver a VÍCTOR MANUEL FRANCO LOBO?.

 

Lo anterior se traduce en indefensión para mi mandante por cuanto no puede devolver o restituir algo que no tiene ni posee. DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS de metro cuadrado (2.336.25 Mts.2), no los posee, ni tampoco esa es la nomenclatura ni los linderos del inmueble que posee.

 

Así en sentencia de fecha 17 de marzo de 2.11 en expediente 2010-000427 bajo ponencia de la Magistrada IRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA, que comprende un análisis completo de los requisitos de la acción de reivindicación, y entre otras determina:

 

“Por lo tamo, el hecho que el demandado no posea o detente en su totalidad el lote, porción o área de terreno que se pretende reivindicar, no es obstáculo para que en estos supuestos los jueces deben declarar con lugar la demanda de reivindicación si el demandante demuestra los demás requisitos a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación, por ende, estima la Sala que los jueces deben ordenar al demandado que restituya la posesión al demandante del lote, porción o área de terreno poseída o detentada por el demandado, que en el ejemplo antes citado serían los 910,20 m2, pues, es lógico que no se puede ordenar la restitución de los 89,80 m2, que el demandado no posee o detenta, pero que el demandante ha demostrado que es de su propiedad 


En este orden de ideas, es factible que el demandado a quien se señala como el detentador o poseedor de esa área o porción de terreno que pretende el reivindicante, sea un colindante del lote de terreno que el demandante pretende reivindicar, ya que por cualquier título (el demandado) puede ser propietario o poseedor de un área de terreno contiguo y distinto al que el demandante pretende reivindicar, en cuyo caso, considera la Sala que el demandante para dar cumplimiento al requisito de ¡a identidad de la cosa está en la obligación de demostrar, tal como lo exige la doctrina de esta Sala, que el demandado (colindante) ocupa o detenía ¡a misma porción o área de terreno que forma parte de un terreno de mayor extensión que el demandante alega es de su propiedad y que pretende reivindicar, pues, como ya se ha dicho se debe diferenciar lo que es la cabida, como un requisito que debe contener la demanda de reivindicación, con lo que es la identidad del bien o la cosa reivindicada, como requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria.”

 

Siempre realizando estos alegatos en el supuesto negado caso de tratarse del mismo lote de terreno, el reclamado por el reivindicante.

 

“Artículo 12. Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

 

Por otra parte pero en igual orden de ideas, el vicio de indefensión se produce, en el caso facti especie, por la contradicción grave en que incurre la recurrida al establecer la identidad de lo reclamado con el inmueble descrito en el título de propiedad de mi representada, aun cuando poseen distintas medidas, linderos y nomenclatura y determinar como una unidad a mi mandante con quien fuera su causante en la venta. quien detenta una porción del terreno que adquiera de la Alcaldía. Tal circunstancia no se determina en el dispositivo, pues de actas se desprende que VICTOR MANUEL FRANCO LOBO habita con su familia en la porción de terreno, hecho que quedó demostrado durante la inspección.

 

En consecuencia, y en atención a los razonamientos de hecho y de Derecho anteriormente citados, es por lo que acudo ante esta Honorable Sala, con la venia de estilo a solicitar sea Declarada Procedente la denuncia que por este capítulo y de conformidad con lo establecido en el artículo 313 ordinal 1 en concordancia con el artículo 243 en su ordinal 40 ambos del Código de procedimiento Civil con la delación por infracción del artículo 12 ejusdem, se realiza por inmotivación del fallo, con todos los pronunciamientos de Ley….”.

 

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que la formalizante le imputa a la recurrida, la infracción de los artículos 243 ordinal 4° y 12 del Código de Procedimiento Civil, por inmotivación.

         La recurrente en casación señaló, que el ad quem en su fallo incurrió en el delatado vicio de actividad al momento de analizar y valorar las pruebas de la parte actora, específicamente la prueba de experticia, del informe arrojado por los expertos designados, practicado sobre el plano de mensura que acompañara la parte actora agregado al cuaderno de comprobantes de su documento de propiedad, el ad quem, al otorgarle valor probatorio asume que hay una diferencia en las medidas de cuatrocientas cuarenta y seis metros con cuarenta y seis centésimas de metros cuadrados (446 mts2) y con respecto a la medida del inmueble que ordena restituir y que es reclamado por el actor en su libelo existe una diferencia de setecientos treinta y seis metros cuadrados con veinticinco centésimas de metros cuadrados (776,25 Mts).

Finalmente alegó, que la destrucción de los motivos entre unos y otros deviene de la diferencia en las medidas, cabidas y linderos y nomenclaturas no aclarados por la recurrida, quien además confunde el término de medidas del terreno con la cabida, de manera que cómo va a restituir su mandante junto con el co-demandado, una zona de terreno cuyos linderos no existen, cuya nomenclatura no coincide con el inmueble que es de su propiedad y sobre el cual ejerce actos de posesión y dominio y menos aún no podría su mandante devolverle junto con el co-demandado una zona de terreno de mayor extensión a los un mil seiscientos metros cuadrados (1600 mts2) que en el supuesto negado no tiene identidad con el inmueble reclamado

Ahora bien, en cuanto al vicio de inmotivación del fallo, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1619, del 24 de octubre de 2008, expediente N° 08-774, caso de la Agencia de Festejos San Antonio C.A., en revisión constitucional, estableció lo siguiente:

 

“...El requisito de la motivación del fallo se fundamenta en el principio de legalidad de los actos jurisdiccionales. La tutela judicial eficaz requiere respuestas de los órganos de administración de justicia, que estén afincadas en motivos razonables, por lo que es necesario que toda sentencia contenga los motivos de hecho y de derecho en que apoye su dispositivo para el conocimiento y la comprensión de los litigantes, como condición y presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante la proposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley otorgue a las partes que tengan legitimación para oponerlos. Si no consta en el acto jurisdiccional la motivación sobre los supuestos de hecho o la cuestión de derecho, se configura el vicio de inmotivación o falta de fundamentos, cuya consecuencia es, se insiste, la obstaculización para la verificación del control de la legalidad del dispositivo de la sentencia.

El procesalista Leopoldo Márquez Añez explicó que el requisito de la motivación se incorporó en nuestra legislación desde la promulgación del Código de Procedimiento Judicial de 12 de mayo de 1836 (Código de Aranda). Asimismo, aludió al hecho de que en nuestras primeras constituciones existió una norma de carácter procesal. Sobre el particular comentó que:

El requisito de la motivación se consagró por primera vez en la Constitución de 15 de agosto de 1819, cuyo artículo 12, Sección Tercera, exigía que “Todo tribunal debe fundar sus sentencias con expresión de la ley aplicable al caso”. Esta consagración constitucional de la motivación representó un hito en la historia de las instituciones procesales en Venezuela, tanto más destacado y relevante, cuanto que ello significó la ruptura radical con el derecho español, que había eliminado el requisito de motivación de las sentencias desde 1778. En efecto, por Real Cédula de 23 de junio de 1778, Carlos III mandó derogar la práctica de motivar las sentencias, con la siguiente justificación:

"Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica… de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que las partes se siguen; mando, cese en dicha práctica de motivar las sentencias, ateniéndose a las palabras decisorias...”. (Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana, Colección de Estudios Jurídicos n.° 25, págs., 31-33).

Igualmente, esta Sala Constitucional en reciente decisión n.° 889/2008 del 30 de mayo, y que hoy se reitera, señaló respecto a la necesidad de motivación de la sentencia lo siguiente:

“...la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos.”

 

También ha sostenido esta Sala, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:

a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.

b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.

c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; y

d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Vid. sentencia Nº 83 del 23/3/92, caso: Juan Nazario Perozo, contra Freddy Victorio Escalona Cortez y otros, reiterada mediante fallo Nº RC-182 del 9/4/08, Exp. 2007-876, entre otras, caso: Marlene Evarista Revete Abreu y otros, contra la Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste).

Así las cosas, respecto al supuesto c) antes citado se observa, que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, y en este sentido se ha pronunciado esta Sala en sus fallos N° RC-704, del 27 de noviembre de 2009, expediente N° 2009-242; N° RC-457, del 26 de octubre de 2010, expediente N° 2009-657; N° RC-215, del 13 de mayo de 2011, expediente N° 2010-547; N° RC-121 del 29 de febrero de 2012, expediente N° 2011-581; y N° RC-393 del 8 de julio de 2013, expediente N° 2013-101, entre muchos otros, de la siguiente forma:

 

“...siendo que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad el fallo...” (Destacado de lo transcrito).

 

Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse.

Ahora bien, la Sala pasa a transcribir la parte pertinente del fallo de la alzada, a fin de verificar lo delatado por el recurrente en casación:

 

“…Dentro de este marco, procede esta Juzgadora Superior a determinar si se cumplen en la presente causa con el primer requisito antes señalado, por lo cual, se observa que la parte actora para demostrar la titularidad del inmueble objeto de reivindicación, presentó a las actas documento mediante el cual, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES o CARMINES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, domiciliado para ese entonces en el Distrito Maracaibo del estado Zulia (hoy municipio Autónomo Maracaibo, estado Zulia, le vendió de manera pura y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, casado, industrial y comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 5.149.819, de igual domicilio, una zona de terreno ubicada en el lugar denominado el Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo, estado Zulia, con las siguientes medidas y lindero; NORTE: terreno propiedad del vendedor ocupados por tercera personas y mide cincuenta metros (50 mts.); SUR: terreno propiedad de la compañía Maraven y mide cincuenta y cinco metros (55mts.); ESTE: terrenos propiedad de la compañía MARAVEN y mide treinta nueve metros (39 mts.) y OESTE: la avenida 5 San Francisco y mide cincuenta metros (50 mts.). Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), por haberlo adquirido según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia, en fecha 19 de diciembre de 1978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo Primero, Tomo 10, del cuarto trimestre, dejándose constancia que sobre el referido terreno no versa ningún gravamen .Quedando notariada la referida venta, el día 08 de noviembre de 1.983, bajo el Nº 36, Tomo 48 de los libro respectivo y posteriormente registrado ante la oficina Subalterna del tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia. 

Igualmente, presentó instrumento donde el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, antes identificado le vendió el mismo inmueble al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, tal y como se evidencia de documento autenticado el día 8 de noviembre de 1983 por ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo, anotado bajo el Nº 56, Tomo 48 y posteriormente protocolizado en fecha 22 de diciembre de 1983, bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, identificado como documento “A”, derivado de lo cual, no existe la menor duda de que el identificado terreno es propiedad exclusiva de su representado, obteniéndose de tal manera que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, es propietario del inmueble indicado en el escrito libelar, respecto del cual, demanda la reivindicación; documento éste que cumple con los requisitos de Ley para ser considerado justo título, por lo que esta suscrita jurisdiccional estima acreditado el primer requerimiento. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 

Por otra parte, verifica esta Arbitrium Iudiciis, que la representante judicial de la codemanda, sociedad mercantil ALTEC, C.A., abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, aseveró en su escrito de contestación de la demanda, que su representada no tiene la cualidad pasiva para sostener el juicio, debido a que el inmueble fue adquirido legalmente por el ciudadano VÍCTOR FRANCO LOBO, no teniendo ninguna prohibición para ello; de la misma manera adujo, que el documento de donde emana su propiedad fue registrado ante el Registro Subalterno de San Francisco en fecha 23 de julio de 2007, Nº 65, Tomo 97, con todas las formalidades de Ley, y donde posteriormente construyó unas mejoras, siendo también registradas, asimismo adujo que el actor debió primero anular el documento donde el ciudadano VICTOR FRANCO LOBO, adquirió la propiedad del inmueble, para después demandar por reivindicación, por lo cual su representada no posee la cualidad pasiva en esta demanda.

 

En razón de ello, se concluye que, para determinar la procedencia de la presente acción, es importante analizar otro de los requisitos, como es que se compruebe que el demandado es poseedor o detentador, y siendo que uno de los codemandados alegó no tener legitimatio ad causam, es impretermitible para esta Sentenciadora pasar a analizar uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, como es el caso de la legitimación pasiva, ya que ésta es la persona frente a la cual debe sentenciarse, aptitud procesal cuya falta de consideración dentro de la vida jurídica acarrearía la procura de una tutela judicial inútil o infructuosa a aquel accionado que no tendría la cualidad para ser condenado y por ende obligado o ejecutado.

 

Siendo ello así, es necesario precisar, que de la inspección judicial realizada por el Juzgado a-quo, en fecha 24 de noviembre de 2011, se evidencia que al constituirse el mismo en la dirección siguiente: “Barrio El Manzanillo, sector Punta de Piedra, avenida 5 con calle 16 Nº 15B-87, en jurisdicción del municipio San Francisco del estado Zulia, al llegar a la mencionada dirección, dejó constancia de haber notificado de su misión a la asistente administrativo de la empresa ALTEC, C.A., de la misma manera dejó constancia que en la dirección antes señalada se encontraba presente el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, titular de la cédula de identidad Nº 682.738 con parte de su núcleo familiar”.

 

Por otra parte, se observa del informe fotográfico presentado por el practico designado como auxiliar de justicia con la finalidad de prestarle la asesoría necesaria al Tribunal en el momento que se llevó a efecto la inspección promovida en la etapa probatoria, ciudadano ENDER GUILLERMO BRACHO SOCORRO, donde dejó constancia lo que ha continuación se transcribe: “ En esta toma se observa la fachada frontal de inmueble inspeccionado con un aviso publicitario que contiene el nombre (ALTEC,C.A), el cual colinda por el Oeste con la avenida 5 de San Francisco y por el Norte con dos propiedades una sin identificación o nomenclatura visible y otra con nomenclatura Nº 15A-120”. De lo cual se deriva que, la sociedad mercantil ALTEC, C.A., se encuentra en posesión del bien objeto de la inspección, en razón de ello, colige esta Superioridad que se encuentra comprobado la legitimatio ad causam de la codemandada ut supra mencionada. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte accionada. Y ASÍ SE ESTABLECE. 

 

Seguidamente, es necesario pasar a analizar el tercer y último requisito necesario para la procedencia de la (sic) venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital acción reivindicatoria, que versa sobre la identidad del inmueble propiedad de la actora y el inmueble del cual la demandada se encuentra en posesión. En este sentido, se verifica que luego de un estudio exhaustivo realizado a la experticia sobre los planos de mensura Nº RM-90-12-0001 levantado por la oficina de Catastro Municipal del municipio Maracaibo del estado Zulia, señalado con la letra y número “P1” y Nº ME04040001 levantado por la Coordinación de Catastro de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, marcado con la letra y número “P2”, los cuales sustentan: 1) documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 25 de diciembre de 1983, anotado bajo el No. 30, Tomo 18, Protocolo 1°, Cuarto Trimestre, a través del cual el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, adquiere inmueble constituido por una parcela de terreno por compra venta que hiciera al ciudadano IBRAHIN GONZALEZ, y 2) documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 30 de junio de 2004, bajo el No. 44, Protocolo 1°, Tomo 30, Segundo Trimestre (marcado con la letra “D”) mediante el cual la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, le otorga el Reconocimiento de Derechos al ciudadano VICTOR MANUEL FARNCO LOBO, de una superficie de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (1.819,31 Mts2); a tal efecto los expertos designados concluyeron lo siguiente:

 

“a) Experticia sobre el plano de mensura levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo según nota de Registro RM-90-12-0001.

 

Luego de verificado el plano y el documento señalado, es nuestra conclusión que ese plano de mensura se corresponde al área de terreno comprada por el Sr Emil Kalbajdji Homsi. Que tiene un área según el plano de 2.336,25 m2…”.

 

b) Realizar experticia comparativa sobre el plano de mensura –denominado “P1” levantado por la Oficina de catastro Municipal del Distrito Maracaibo con nota de registro RM-90-12-001 y el plano“P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco distinguido con el numero ME04040001.

 

Luego de comparar los dos planos concluimos lo siguiente:

(…Omissis…)

Deferencias: 

•Tienen diferentes fechas de registro 


• El plano RM-9012-0001 fue registrado en la Dirección de Catastro del antiguo Distrito Maracaibo, hoy Municipio Maracaibo, cuando San Francisco era una Parroquia, en el año 1990.

 

• El plano ME0404001 fue registrado en el año 2003 en la Dirección de catastro del Municipio San Francisco. 

Similitudes: 

• Se refiere a dos áreas de terrenos, que tienen gráficamente la misma ubicación geográfica de acuerdo a las direcciones de los inmuebles identificadas en cada plano. 
• Ambos inmuebles están ubicados entre las Av.5 y la Av. 25G. 
• Los linderos de ambos planos son coincidentes, con excepción del lindero norte.

 

Ahora bien, del análisis efectuado al informe pericial, presentado por los ciudadanos MARIA CAROLINA AMAYA, OCTAVIO VILLALOBOS y JAIME RODRIGUEZ, plenamente identificados en actas y en su condición de expertos, se observa que existe identidad entre el inmueble objeto de reivindicación y el poseído por los demandados en actas, lo cual se puedo evidenciar de los planos que reposan en el expediente, identificados con la letra y número “P1”, aportado por la parte actora y el “P2”, consignado por la representante judicial de los demandados, los cuales fueron valorados en la oportunidad correspondiente.

 

En este sentido, se desprende del mismo informe que existe una diferencia en relación al lindero NORTE, por lo cual, es importante señalar que con motivo a las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quien era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero. Y ASÍ SE DETERMINA.

 

Determinado lo anterior, y luego de revisar la cadena documental aportada por la parte actora, se evidencia que el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, le vende al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, una zona de terreno ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del estado Zulia, con las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía MARAVEN; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía MARAVEN; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), el cual forma parte de una extensión de terreno que adquirió según documento registrado el día 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, Cuarto Trimestre.

 

Cabe destacar, que el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.149.819, le vende la misma superficie de terreno al ciudadano MICHEL KALBAKDJI BASNAJI, parte accionante en el presente litigio, por haberlo adquirido según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, tal y como se evidencia de la cadena documental aportada al proceso por la parte accionante. 

Mientras que la cadena documental aportada por la parte demanda, se evidencia que el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-682.738, solicitó Reconocimiento de Derecho sobre una superficie que forma parte de los terrenos ejidos del municipio San Francisco del estado Zulia, situado en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, Nº 15B-87, Parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, el cual le fue otorgado por la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, según documento registrado ante el Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del estado Zulia, el fecha 30 de junio de 2004, quedando anotado bajo el Nº 44, Protocolo 1º, Tomo 30, Segundo Trimestre; quien posteriormente le vende a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., la superficie de terreno, el día 31 de agosto de 2007, documento este protocolizado por ante la oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 49, Tomo 20, Protocolo 1º, Tercer Trimestre

 

Dentro de esta perspectiva, colige esta Juzgadora Superior, que si bien es cierto que existe dos (2) cadenas documentales, no es menos cierto que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, posee una cadena documental que data del año 1.978, mientras que la sociedad mercantil ALTEC,C.A., ostenta una cadena documental mas resiente, ya que, data del año 2004, razón por la cual, la parte demandante logró demostrar todos los elementos que configura la viabilidad de una reivindicación, en atención a que se demostró la propiedad del inmueble, la identidad del mismo con la prueba pericial y la cadena documental con una data mas antigua en el presente proceso; y por último la posesión ejercida por sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia, y que éstos a su vez, no logrando desvirtuar la pretensión del demandante pues el argumento que esbozó de la contratación careció de elementos probatorios que apoyara su afirmación. Y ASÍ SE ESTABLECE. (Copia Textual negritas y subrayado de la Sala) 

De acuerdo con lo antes transcrito, se observa que el ad-quem luego del análisis del efectuado al informe pericial presentado por los expertos, señaló que “…se desprende del mismo informe que existe una diferencia en relación al lindero NORTE, por lo cual, es importante señalar que con motivo a las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quién era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero...”

Ahora bien, la Sala en el análisis del fallo recurrido, no evidencia tal como fue delatado por la formalizante, que el ad-quem haya incurrido en inmotivación por contradicción, pues lo señalado por la jueza de alzada como conclusión al analizar las pruebas, la hizo determinar que: “…las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quién era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero…”, y que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno objeto del presente juicio, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero.

En consideración, a todos los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta denuncia es improcedente. Así se declara.-

-III-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por parte de la recurrida del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, incongruencia negativa.

Expresa el formalizante:

 

“…De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 243 ordinal 5° y artículos 12 y 15 del mismo Código con fundamento en que el juez de alzada no decidió con arreglo a la pretensión deducida y las excepciones y defensas alegadas.

 

El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil en su ordinal 5° establece:

 

“Artículo 243 Toda sentencia debe contener: ... 5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia”...

 

“Artículo 244 Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.”

 

La sentencia impugnada, en su capítulo denominado DE LOS ANTECEDENTES, al transcribir los alegatos contenidos en el libelo de demanda, en su folio cinco (05) expresa:

 

“Por auto de fecha 18 de marzo de 2.011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admitió demanda de reivindicación, incoada por el ciudadano MICHEL KLBAHDI BASNAJI, a través de sus apoderados judiciales (...omissis...) mediante la cual procedieron a señalar que transcriben sendos resúmenes con los documentos marcados con las letras “A“, “Pl” y “B”, para demostrar de manera fehaciente e irrebatible la propiedad de su representado”... (subrayado mio)

 

En el folio once (11) a propósito de los alegatos de la actora expresa la recurrida:

 

“De la misma manera alegan, que tanto el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO como SÍMON JOSE CABELLO, simulando no conocer al dueño del inmueble que FRANCO LOBO “vendió” a la sociedad mercantil ALTEC, C.A.; y a su decir -acto en el cual, el segundo nombrado actuó como representante legal de la compradora-, asimismo aseveran que este negocio existen indicios que desvirtúan la actitud de los ciudadanos FRANCO LOBO y CABELLO ESTABA, ya que se puede observar que el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, otorgó el documento de compra venta el día 3! de agosto de 2.007 y el ciudadano SIMON JOSÉ CABELLO ESTABA, quien es el representante de la compañía ALTE(J, C.A. recibió en fecha 2 de junio de 2.008, la oferta de VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, en fecha anterior a la oferta de venta.“... (subrayado mio)

 

Ahora bien, en el folio trece (13) de la recurrida a propósito de los alegatos de la actora en su escrito libelar, se indica:

 

…“por tal motivo manifiestan los apoderados judiciales que la negociación de compra venta suscrita entre el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO y la sociedad mercantil ALTEC, C.A., representada por su Presidente, ciudadano SIMON JOSÉ CABELLO ESTABA, fue de manera ilícita, por cuanto hubo fraude, dolo y simulación en esa operación.”

 

Finalizan aseverando que conforme al artículo 1382 del Código Civil venezolano vigente, en nombre de su presentado (SIC), ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, proceden a demandar por reivindicación al ciudadano VÍCTOR MANUEL FRANCO LOBO, para que convenga en los siguientes hechos: Primero: Que la venta que realizó de la parcela conformada por una superficie e (sic) 1600 Mts. 2 a la sociedad mercantil ALTEC, C.A. según documento protocolizado .omissis...) la efectuó en pleno conocimiento que el terreno que estaba vendiendora (sic) propiedad del hoy accionante MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, y no obstante con ello, también pretendió demostrar que se trataba de otro inmueble, y en razón a la venta antes mencionada, es por lo que proceden a demandar a ALEC, C.A., siendo representada por el ciudadano SIMON JOSE CABELLO ESTABA, en motivo de ello, sea citado el mencionado representante con la finalidad de que éste convenga, en el sentido que acepte como Presidente de la empresa antes señalada, que en fecha 2 de junio de 2. OO8ibió por parte de los abogados OSCAR EDUARDO BÁRBOZA Y ALEX PALMAR, la oferta de compra venta del inmueble conformado por un lote de terreno, propiedad de su representado, ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI tal y como se evidencia en documento protocolizado“... (subrayado mio)

 

Más adelante la recurrida en su folio dieciséis (16) expresa:

 

“El día 29 de septiembre de 2011, ¡a abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil ALTEC, C.A y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, presentó escrito de contestación de la demanda, alegando como punto previo, la falta de cualidad o falta de interés en el actor para intentar o sostener el juicio, asimismo enfatizó (...omissis...) pero es el caso que sus representados tienen justo título de propiedad, son legítimos propietarios por la adquisición de buena fe de un Instituto Público, llenando todas las formalidades de Ley en la ordenanza municipal del municipio San Francisco y su decir- como falso-; ya que sus propiedades están debidamente registradas conforme a lo establecido en los artículos 1.920 y 1.924 del Código Civil venezolano,”

 

Continúa la recurrida determinando respecto del escrito de contestación, en el folio veinte (20) de la misma:

 

“En cuanto a la contestación de la demanda procedió a negar, rechazar y contradecir, en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho explanados en la presente demanda, incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASAJI,”

 

Continúa la recurrida haciendo un recuento en su capítulo “DE LOS ANTECEDENTES”, respecto de los informes de las partes (folio veintiséis (26) párrafo segundo:

…“alega el actor que la conducta del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO. es fraudulenta, por cuanto el mismo se encontraba impedido para vender el inmueble en virtud de que sólo le habían reconocido derechos”

 

En el folio treinta y cuatro (34) y en relación con los informes presentados por la actora, en el primer párrafo, la recurrida asevera:

…“manifestando la apoderada judicial que dicho ciudadano FRANCO LOBO de forma dolosa y fraudulenta ha pretendido apoderarse de dicho inmueble, a pesar de tener conocimiento que los legítimos propietarios de ese terreno, son la familia KALBAKDI,”

 

Aun cuando, a través de esta denuncia, la Sala no desciende al conocimiento de las actas, cabe destacar que de la lectura que se haga del libelo de demanda en su capítulo denominado “petitum”, éste contiene cinco pretensiones que no fueron analizadas por el sentenciador para resolver la controversia, indispensables en el dispositivo del fallo. Así, en dicho capítulo (folio 21 del libelo) expresa:

 

“Conforme a la facultad que confiere el artículo 1.382 del Código Civil, a nombre de Michel Kalbahdji Basnaji, titular de la Cédula de Identidad No. 6.434.161, domiciliado en Caracas, Distrito Capital, demandamos a Víctor Manuel Franco Lobo, titular de la Cédula de Identidad No. 682.738, domiciliado en el Municipio San Francisco, Estado Zulia, para que convenga en los siguientes hechos:

 

Primero: Que en la venta de una parcela de 1.600 m2 que le hizo a Altec, C.A. según documento inscrito en la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, el 30 de junio de 2.004, bajo el No. 44, Protocolo Primero, Tomo 30, segundo trimestre, tenía plena consciencia en cuanto a que el terreno vendido era el de la propiedad del accionante Michel Kalbajdji Basnaji, titular de la Cédula de Identidad No. 6.434.161, mas sin embargo pretendió hacer aparecer que se trataba de otro terreno; y él Franco Lobo presentó como soporte documental, el que otorgó la Alcaldía de San Francisco, por “Reconocimiento de Derechos” y en caso que no convenga en ello, que así sea declarado por el Ciudadano Juez con fundamento en las pruebas aportadas.

 

Segundo: Que expresamente manfieste que entre él Víctor Manuel Franco Lobo, y Simón Cabello Estaba hubo previo acuerdo para realizar el negocio de compra venta del terreno utilizando como soporte instrumental el documento registrado el día 30-06-2 004, bajo el No. 44, protocolo Primero, Tomo 30, segundo Trimestre; o en caso contrario, que así lo declare el Ciudadano Juez.

 

Tercero: Que de acuerdo con los términos del “Documento de Reconocimiento de Derechos” otorgado a su favor por la Alcaldía de San Francisco le estaba vedado disponer libremente de esos Derechos: o en caso contrario que así lo declare el ciudadano Juez. Demandamos a nombre de Michel Kalbadji Basnaji, titular de la Cédula de Identidad No. 6.434161, domiciliado en Caracas Distrito Capital a Simón José Cabello Estaba, titular de la Cédula de Identidad No. 2.769.109, en su carácter de Presidente de la compañía Altec, C.A., inscrita en el registro mercantil tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el No. 20, Tomo 27-A, para que convenga en los siguientes hechos:

 

Primero: Que para la fecha en que él, Simón José Cabello Estaba, el dos de junio de 2.008, recibió por parte de los abogados Oscar Eduardo Barboza y Alexy palmar, ¡a oferta de venta del terreno de la propiedad de Michel Kalbadji Basnaji, amparado por el documento protocolizado el 19 de septiembre de 20000 en la Oficina Suba llerna de Registro del Municipio San Francisco, del Estado Zulia, bajo el No. 47, protocolo Primero, Tomo 90, tercer trimestre, (Documento B) ocultó que ya Víctor Manuel Franco Lobo había vendido a Altec, C.A. según documento registrado el 31 de Agosto de 2.007 en ¡a Oficina de registro Público del Municipio San Francisco, Estado Zulia, bajo el No. 49, Tomo 20, protocolo Primero, tercer trimestre; en caso contrario, que así lo deje establecido el Ciudadano Juez.

 

Segundo: Que no obstante conocer la real situación irregular que presenta el terreno de la propiedad de Michel Kalbadji Basnaji, titular de la Cédula de Identidad No. 6.434.161, en razón de que lo había adquirido desde el 31-07-2007, convenga en que ignoró totalmente la oferta de venta del mismo terreno, recibida de los abogados Oscar Eduardo Barboza y Alexy Palmar Castillo, en fecha 30 de Mayo de 2008; o en caso contrario que así sea declarado por el Ciudadano Juez.”.

 

Tercero: Que de acuerdo con los términos del “Documento de Reconocimiento de Derechos” otorgado a su favor por la Alcaldía de San Francisco le estaba vedado disponer libremente de esos Derechos: o en caso contrario que así lo declare el ciudadano Juez.

 

Demandamos a nombre de Michel Kalbadji Basnaji, titular de la Cédula de Identidad No. 6.434161, domiciliado en Caracas Distrito Capital a Simon José Cabello Estaba, titular de la Cédula de Identidad No. 2.769.109, en su carácter de Presidente de la compañía Altec, C.A., inscrita en el registro mercantil tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el No. 20, Tomo 27-A, para que convenga en los siguientes hechos:

 

Primero: Que para la fecha en que él, Simón José Cabello Estaba, el dos de junio de 2.008, recibió por parte de los abogados Oscar Eduardo Barboza y Alexy palmar, ¡a oferta de venta del terreno de la propiedad de Michel Kalbadji Basnaji, amparado por el documento protocolizado el 19 de septiembre de 20000 en la Oficina Suba llerna de Registro del Municipio San Francisco, del Estado Zulia, bajo el No. 47, protocolo Primero, Tomo 90, tercer trimestre, (Documento B) ocultó que ya Víctor Manuel Franco Lobo había vendido a Altec, C.A. según documento registrado el 31 de Agosto de 2.007 en la Oficina de registro Público del Municipio San Francisco, Estado Zulia, bajo el No. 49, Tomo 20, protocolo Primero, tercer trimestre: en caso contrario, que así lo deje establecido el Ciudadano Juez.

 

Segundo: Que no obstante conocer la real situación irregular que presenta el terreno de la propiedad de Michel Kalbadji Basnaji, titular de la Cédula de Identidad No. 6.434.161, en razón de que lo había adquirido desde el 31-07-2007, convenga en que ignoró totalmente la oferta de venta del mismo terreno, recibida de los abogados Oscar Eduardo Barboza y Alexy Palmar Castillo, en fecha 30 de Mayo de 2008; o en caso contrario que así sea declarado por el Ciudadano Juez.” (subrayado mio)

 

Tal y como se adujera anteriormente parafraseando el escrito o libelo de demanda, la parte actora hace este petitum solicitando el reconocimiento en sede jurisdiccional de que existe dolo, fraude o simulación, invocando además, como fundamento para tales pedimentos, el artículo 1.382 del Código Civil, que a letra expresa:

 

“Artíículo 1.382. No dan motivo a la tacha del instrumento, simulación, el fraude ni el dolo en que hubieren incurrido sus otorgantes, sino las acciones o excepciones que se refieran al acto jurídico mismo Que aparezca expresado en el instrumento. (subrayado mío)

 

¿Qué ocurre bajo la perspectiva de estos alegatos, con las notas registrales que acreditan la propiedad de mi mandante, en el supuesto negado de proceder la reivindicación?

 

Seguidamente, en el libelo, la parte actora intenta de manera separada la acción reivindicatoria, exigiendo la restitución.

 

Ahora bien, en el escrito de contestación de la demanda fue negado, rechazado y contradicho “en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho” la demanda. Además de ello, y aun cuando no sea necesario contestar negando, contradiciendo y rechazando de manera pormenorizada la demanda, en el escrito en commento (sic) se manifestó: …“por igual negamos y rechazamos que el negocio de compra venta del terreno y las bienhechurías sobre el edificadas, y el comportamiento de Víctor Franco sea contraria a derecho porque su conducta sea fraudulenta enmarcada en el numeral 3 del artículo 463 del Código Penal, ya que mi representado solicitó en compra legal el terreno que fue vendido por la Alcaldía del municipio San Francisco con todas las formalidades de Ley tal como lo ha aceptado el actor está debidamente registrado, por lo cual no (SIC) representado no está incurso en el fraude.”

 

La negación de todos los hechos además implica, la negación de que mi mandante, por órgano de su Presidente tuviera conocimiento de situación regular alguna de dicho terreno, huelga ahondar en el hecho de que no se trata del mismo inmueble.

 

Por su parte, la sentencia proferida por el a quo que además fuera analizada por el ad quem, con respecto a este pedimento haciendo la relación debida de los alegatos de las partes, especialmente de la parte actora, expresa:

 

“Que conforme a la facultad que concede el artículo 1.382 del Código Civil, a nombre de Michel Kalbahdji Basnaji, demandan a Víctor Manuel Franco Lobo, para que convenga en los siguientes hechos: Primero: Que en la venta de una parcela de 1.600 m2. que le hizo a Altec, C.A., según documento inscrito en la Oficina de Registro Inmobilu.irio del Municipio San Francisco del Estado Zulia, el 30 de Junio de 2004, bajo el N° 44, Protocolo Primero, Tomo 30, segundo trimestre, tenía plena consciencia en cuanto a que el terreno vendido era el de la propiedad del accionante Michel Kalbahdji Basnaji, mas sin embargo pretendió hacer aparecer que se trataba de otro terreno; y él, Franco Lobo presentó como soporte documental, el que otorgó ) la Alcaldía de San Francisco, por ‘Reconocimiento de Derechos”; y en caso que no convenga en ello, que así sea declarado por Tribunal.

 

Segundo: Que expresamente marnfieste que entre él, Víctor Manuel Franco Lobo, y Simón José Cabello Estaba hubo previo acuerdo para realizar el negocio de compra venta del terreno utilizando como soporte instrumental el documento registrado el día 30-06-2004, bajo el N° 44, Protocolo Primero, Tomo 30, segundo trimestre; o en caso contrario, que así lo declare el Tribunal. Tercero: Que de acuerdo con ¡os términos del Documento de Reconocimiento de Derechos” otorgado a su favor por la Alcaldía de San,.Francisco le estaba vedado disponer libremente de esos Derechos; o en caso contrario que así lo declare el Tribunal.

 

Que demandan a nombre de Michel Kalbahdji Basnaji, a Simón José Cabello Estaba, en su carácter de presidente de la compañía Altec, C.A., antes ident{ficada, para que convenga en los siguientes hechos: Primero: Que para ¡afecha en que él, Simón José Cabello Estaba, el dos de junio de 2008, recibió por parte de los abogados Oscar Edúardo Barboza y Alexy Palmar, la oferta de venta del terreno de la propiedad de Michel Kalbahdji Basnaji, amparado por el documento protocolizado el 19 de Septiembre de 2000 en la Oficina Suba/terna de Registro del Municipio San Francisco, del Estado Zulia, bajo el N°47, Protocolo Primero, Tomo 9, tercer trimestre, (Documento “B”), ocultó que ya Víctor Manuel Franco Lobo había vendido a Altec, C.A., según documento registrado el 31 de agosto de 2007 en la Oficina de Registro Público del Municipio San Francisco, Estado Zulia, bajo el N° 49, Tomo 20, Protocolo Primero, tercer trimestre; en caso contrario, que así lo deje establecido e! Tribunal.

 

Segundo: Que no obstante conocer la real situación irregular que presenta el terreno de la propiedad de Michel Kalbahdji Basnaji, en razón de que lo había adquirido desde el 31-07-2007, convenga en que ignoró totalmente la oferta de venta del mismo terreno, recibida de ¡os abogados Oscar Eduardo Barboza y Alexy Palmar Castillo, en fecha 30 de Mayo de 2008; o en caso contrario que así sea declarado por el Tribunal

 

Que de conformidad con la facultad que confiere el artículo 548 del Código Civil, en nombre de su mandante Michel Kalbahdji Basnaji, demandan a la compañía Altec, C.A., antes identificada, para que convenga en restituirle al accionante, su legítimo dueño, el terreno con superficie de 1.600 m2 y el terreno con superficie de 2.336,25 m2., antes identificados; o en caso contrario, que a ello sea obligado por el Tribunal.”

 

Sin embargo, en sus conclusiones la recurrida nada dice respecto del pedimento realizado por la actora y la defensa opuesta por la demandada, máxime si la actora no probó su alegato. El artículo 1.382 del Código Civil, a la letra establece:

 

“Artículo 1.382. No dan motivo a la facha del instrumento, simulación, el fraude ni el dolo en que hubieren incurrido sus otorgantes, sino a las acciones o excepciones que se refieran al acto jurídico mismo que aparezca expresado en el instrumento.” (subrayado mio)

 

Cabe mencionar dentro de dichas acciones y excepciones, la legitimidad y buena fe en la adquisición del derecho de propiedad, elementos esenciales por cuya falta de pronunciamiento por parte del Juez de Alzada, acarrea importantes y nefastas consecuencias para mi poderdante.

 

El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, textualmente establece:

 

“Articulo 12. Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

 

Por su parte el artículo 15 ejusdem, ordena:

 

“Artículo 15 Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y  mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.”

 

La congruencia o asonancia de la sentencia, es un requisito indispensable para cumplir a su vez con el principio de exhaustividad, es decir, que contenga no todos y cada uno de los alegatos de las partes, sino el pronunciamiento sobre los elementos de hecho Planteados durante la contienda judicial.

 

El Dr. HUMBERTO BELLO TABARES parafraseando a estos dos autores esboza:

 

“Según GUASP, la congruencia es la causa jurídica del fallo Y PRIETRO CASTRO agrega, como otra derivación de la congruencia, el principio de la exhaustividad, esto es, la prohibición de omitir decisión sobre ninguno de los pedimentos formulados por las partes.” (BELLO TABARES, Humberto. “La Casación Civil”. p519.

 

La importancia de los alegatos y la defensa opuesta a los efectos de en el escrito de contestación fue negado el fraude y la mala fe, que a decir de la actora, cometiera mi representado en connivencia con el ciudadano VICTOR FRANCO LOBO. No existiendo en todo el proceso, prueba alguna que indique que la compra venta del terreno tanto a la Alcaldía por parte del ciudadano VICTOR FRANCO LOBO como entre VICTOR FRANCO LOBO y mi representada la sociedad mercantil ALTEC,C.A. fueran fraudulentas simuladas o con dolo, resultando con dicha omisión por parte de la recurrida en su pronunciamiento sobre el vencimiento total por parte de la actora, al aseverar el Juzgado de la recurrida en el particular segundo de su dispositivo que se declara CON LUGAR la demanda de reivindicación, cuando nada dice respecto de la demanda que por fraude, dolo y simulación pretende endilgar a mi representado.

 

Las nefastas consecuencias que de allí se desprenden, inciden sobre las mejoras construidas por mi mandante, y cuya fehaciencia deviene de los documentos promovidos en la oportunidad correspondiente al lapso probatorio, los cuales constan en actas con las siguientes características, analizadas y valoradas por la recurrida:

 

a) Original de documento de mejoras de VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, mejoras éstas que fueron realizadas en el terreno de su propiedad y registrada ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia en fecha 30 de junio de 2.005, anotado bajo el No. 45, Tomo 26° constante de tres (03) folios.

 

b) Copia de documento de mejoras de la empresa ALTEC, C.A., mi representada, registrada en fecha 8 de abril de 2.008, por ante la Oficina de registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, bajo el No. 47, Tomo 1.

 

Adminiculado a ello, la sentencia nada dice respecto de dichos alegatos, quedando los mismos sin decidirse, con la consecuente indefensión en perjuicio de mi mandante.

 

Cabe destacar que sobre dichos documentos, la Juez de Alzada otorgó todo su valor probatorio, sin embargo nada dice respecto de las mejoras sobre el terreno construidas, en el dispositivo ni determinó los hechos que de ellos se derivaban, pues tratándose de un poseedor de buena fe, en todo caso, por devenir su posesión de un documento de propiedad legítimo, en el supuesto y negado caso de tratarse del mismo terreno, las mejoras sobre este construidas le pertenecen a mi representado y no a la parte actora, por haberse desvirtuado la presunción a que se contrae el artículo 549 del Código Civil, en concordancia con lo establecido en los artículos 554 y siguientes . ejusdem. Quién tendría por tanto, el derecho de accesión, alegato que además quedó en suspenso.

 

Así vemos con respecto a las mejoras y en atención a la denuncia planteada, que aun cuando fue analizado este punto en la inspección judicial practicada en el inmueble, folios sesenta y dos (62) y sesenta y tres (63) de la recurrida, muy especialmente en el punto quinto a partir de su análisis, determina:

 

…“.Valor de la edificación construida en este terreno: Con relación a este particular, el Tribunal consideró no dejar constancia del mismo, por cuanto de hacerlo puede hacer una valoración a priori, en virtud de ser objeto de fondo de la controversia. “...

 

Del contenido de la recurrida nada más se dice respecto de las mejoras, del derecho de accesión ni de la buena fe o no en la venta, aun cuando formaran parte de los alegatos y excepciones o defensas opuestas y del material probatorio cursante en autos.

Así vemos que en el dispositivo, la recurrida simplemente ordena a mi mandante a restituir al actor el inmueble reclamado y condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida totalmente de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

 

Nada se dice respecto de las mejoras, nada se dice respecto de la simulación, dolo o fraude que alegara la actora y que no demostrara. Nos encontramos en presencia del vicio denominado Incongruencia o Disonancia Negativa, la cual es definida por el Dr. Humberto E.T. Bello Tabares como “...aquella que se produce cuando el operador de justicia en la parte 2 motiva del fallo, deja de pronunciarse sobre hechos debatidos en el proceso, como puede ser en los casos de prescripción, pago, compensación, falta de cualidad e interés traídos a los autos por argumentos de las partes.” (BELLO TABARES, Humberto. “La Casación Civil”. p.Sl7. (aracas. 2010).

 

Humberto Cuenca en su obra uCurso de Casación Civil”, pág. 131, indica: “La sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente si es acertada o errónea. Las razones no pueden ser de cualquier especie, sino derivadas “de los propios elementos constitutivos de los autos, o sea las alegaciones de las partes y los elementos de pruebas aportados por ellas omisis... En fin, la incongruencia es la falta de vinculación entre ¡o sentenciado y lo discutido y la falta de relación entre dos extremos censurable por el tribunal supremo “. Por su parte, A lirio Ábreu Burelli y Luis Aquiles Mejía, en la obra “La Casación Civil” (pág. 302.) establecen: “El requisito de la congruencia tiene por fin asegurar el efectivo cumplimiento del dispositivo -nemo jure sine actore- contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, que implica el deber del juez de atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, expresado en el artículo 12 del mismo Código”.

 

El vicio de incongruencia negativa ha sido denominada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal como incongruencia omisiva, que no es más que la omisión de pronunciamiento o citrapetita que de verificarse conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales se ¡ determinó el alcance de la controversia planteada por las partes, seT llega a conclusiones erróneas que fundamentan la decisión, incumpliéndose la función jurisdiccional que es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, debiendo ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad, como son los estatuidos en los artículos 12, 15, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, para no incurrir en vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ellos la vulneración del principio de la congruencia del fallo, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 de la Constitución.

 

De los alegatos de la accionante sobre dolo, fraude o simulación presuntamente perpetrados por mi mandante en connivencia con el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, negados y rechazados en el escrito de contestación sin que la actora de forma alguna haya demostrado la mala fe por parte de mi mandante de adquirir el bien inmueble que pretende reivindicar el actor, queda de manifiesto el carácter de buena fe de ALTEC, C.A. en la adquisición del inmueble liberándola de cualquier señalamiento de fraude, hechos estos que aun siendo conocidos por el juzgador de alzada no fueron resueltos en la sentencia.

 

Ahora bien, de la lectura de lo antes transcrito en relación a la decisión recurrida, se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, la verificación de la incongruencia negativa delatada, dado que la juez de alzada en una evidente desigualdad ante la ley de las partes en litigio, no resolvió sobre lo negado y rechazado expresamente por mi mandante en el escrito de contestación ni en los informes. Simplemente se circunscribe a decretar un mejor derecho de parte del actor por el tiempo o la data de la cadena documental, determinando de allí la legitimidad, decreta el vencimiento total y nada dice respecto de las mejoras construidas las cuales además se encuentran registradas, al aseverar que se trata del mismo inmueble.

 

En este sentido, la falta de pronunciamiento demarca los casos de incongruencia negativa, que consisten en la falta de solución de aquellos puntos controvertidos, que si bien fueron mencionados o citados por el sentenciador, sin embargo sobre ellos, guarda silencio, al no analizarlos, establecerlos, correlacionarlos, calificarlos, apreciarlos o desecharlos; o el caso de silencio total, en el cual, el sentenciador no sólo no se pronuncia sobre el extremo de hecho controvertido, sino que ni siquiera lo menciona en el texto material de la sentencia.

 

Sobre el particular, el tratadista español Jaime Guasp, señala la congruencia: “como la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto”.(Ver. GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Tomo Primero, Págs. 516 a 518).

 

Incurre la sentencia recurrida en incongruencia negativa, en virtud de que omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales.

 

Siendo así, la Juez de alzada incurre en violación del artículo 243 en su ordinal quinto (5°) del Código de Procedimiento Civil, en el “,. cual, el legislador le impone la obligación de dictar una decisión L expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, quien está en el deber de pronunciarse expresamente sobre todo lo alegado por las partes en el proceso, sobre todos los elementos de hecho que conformaron la demanda y la contestación, así como los informes u observaciones, ya que estas son, la expresiones de las partes en contienda a través de las cuales se circunscribe el problema judicial debatido o thema decidendum, que por demás y según la delación antes realizada en el primer capítulo de este escrito, la recurrida desconoce.

 

De igual forma, en relación con el vicio en este capítulo delatado, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión N° 1021 del 29 de julio de 2013, expediente N° 11-747, dispuso lo siguiente:

 

“...Es innegable que al haber el tribunal de marras apartado su decisión de lo expuesto por la actora y lo esgrimido en la contestación de la demanda, declarando la inexistencia del contrato de autos, se sustituyó en las partes, modificando el tema decidendum, y ocasionando una violación al derecho a la tute la judicial efectiva y al debido proceso de la parte solicitante.

 

En este sentido, es importante señalar, que el derecho a la tute la judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lleva consigo, entre otras, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada, en el sentido de que toda sentencia debe contener una motivación que no tiene por qué ser exhaustiva, pero si razonable, en el sentido de “(...) que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión”. (Vid. Sentencia N° 4594 del 13 de diciembre de 2005, caso: “José Gregorio Díaz Valera”).

 

Asimismo, además de la exigencia de motivación, la tu tela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La cual puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce una desconexión entre la decisión y los términos en que las partes formulan sus pretensiones. al conceder más, menos o cosa distinta de lo requerido; así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.

 

Es así como podemos encontrarnos con que un fallo puede ser incongruente tanto por acción como por omisión, y al respecto ha señalado esta Sala que “la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por parte del juez, incumpliendo la obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita” (Vid. Sentencia N° 4594 del ¡3 de diciembre de 2005, caso: “José Gregorio Díaz Valera”) ... “(Resaltados de la Sala)

 

Más recientemente y en especifico, en cuanto a la incongruencia negativa de los alegatos esgrimidos ante el juez de alzada, esta Sala de Casación Civil ha advertido, en su fallo N° RC190 del 1° de abril de 2014, expediente N° 13-712, caso: Carmen Hernández contra Eduardo Sierra, lo siguiente:

 

“...El vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo 12 y del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el libelo de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, (...).

(...Omissis...)

 

Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado.so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil...” (Resaltados de la Sala)

 

En consecuencia, al no pronunciarse el juez de la recurrida, expresamente sobre la suerte de dichos alegatos, quebrantó el contenido del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, lesionando la disposición contenida en el artículo 12 del Código de procedimiento Civil, que hace nula dicha sentencia, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley Adjetiva, por lo que solicito su nulidad de conformidad con lo establecido en el artículo 210 eiusdem, con todos los pronunciamientos de Ley.

 

La Sala para decidir, observa:

         De la denuncia anteriormente transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida, el vicio de incongruencia negativa, alegando que la juez de alzada, no se pronunció sobre el fraude, dolo y simulación alegado por la parte demandante, que le pretenden endilgar a su representado, así como tampoco “… resolvió sobre lo negado y rechazado expresamente por mi mandante en el escrito de contestación ni en los informes. Simplemente se circunscribe a decretar un mejor derecho de parte del actor por el tiempo o la data de la cadena documental, determinando de allí la legitimidad, decreta el vencimiento total y nada dice respecto de las mejoras construidas las cuales además se encuentran registradas, al aseverar que se trata del mismo inmueble.

Ahora bien el vicio de incongruencia ha sido definido en innumerables fallos por este Máximo Juzgado, como una infracción al requisito de la sentencia de pronunciarse sobre el problema jurídico sometido a su decisión, circunscrito a los términos de la demanda y de la contestación, por lo cual sólo puede resolverse las cuestiones que hayan sido presentados en esos actos, aplicando el derecho a los hechos alegados y probados.

El sentenciador, debe, en consecuencia, pronunciarse sobre todo lo alegado y sólo sobre lo alegado por los litigantes en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el escrito de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el jurisdicente está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa y de esta manera satisfacer la exigencia legislativa, conforme a lo estatuido en los artículos 12 y ordinal 5° del artículo 243, ambos del Código de Procedimiento Civil, en aplicación del antiguo Adagio Latino: Justa alegata et probata judex judicre debet, que determina que: (Según lo alegado y probado el juez debe juzgar o que el juez debe sentenciar con arreglo a lo alegado y probado), para así dar cumplimiento al principio de ‘exhaustividad’ que impone a los jueces, el deber de resolver todas y cada una de las cuestiones alegadas por las partes que constituyen el problema judicial; y por tanto no incurrir en omisión de pronunciamiento. Cuando el Juez incumple con tal mandato, su sentencia queda viciada de incongruencia negativa o citrapetita. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-388, del 15/7/2009, Exp. N° 2009-218. Caso: Ana Carrillo Vs Gustavo Galvis).

Asimismo la doctrina de esta Sala ha expresado que no toda modificación vicia el fallo. El tribunal puede acordar menos de lo reclamado (minus petitio), pero no puede pronunciarse sobre cosa no demandada (non petita), ni sobre cosa extraña (extrapetita), ni otorgar más de lo pedido (ultrapetita), pues su decisión debe enmarcarse dentro de los límites de lo reclamado (intrapetita). Debe acotarse que el fallo, al incurrir en “non petita”; “extrapetita” y “ultrapetita” incurre en el vicio de nulidad de la sentencia, conocido comúnmente como “ultrapetita”, establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, pues tales términos nos llevan a la misma conclusión, cual es que la sentencia se excedió concediendo más de lo que delimitaron los contendientes en la litis.

En una sentencia de vieja data (24-4-1940), la antigua Corte Federal y de Casación, estableció una precisa y categórica definición del requisito de congruencia, así:

 

‘...El artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, determina las condiciones que debe reunir la sentencia para su validez, y los defectos que la vician de nulidad. En cuanto a los requisitos del fallo, la citada disposición ordena que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las acciones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas. Este ordenamiento indica, según la interpretación y aplicación tradicional y constante de dicho precepto legal, que entre la demanda y la contestación de una parte, y la sentencia, de la otra, debe existir la debida y correspondiente congruencia. Si el fallo carece de esa conformidad, es porque ha sido alterado el problema jurídico planteado por las partes´ (Márquez Añez Leopoldo. Memoria de la Corte Federal y de Casación. Tomo II, pág. 65. Año: 1941, Obra Citada pág. 11. Cita Nº 2).-

 

Como consecuencia del planteamiento anterior, la Sala elaboró una doctrina que ha sido aplicada en su constante y pacífica doctrina, que dice:

 

‘Los jueces cumplen con el deber de decidir con arreglo a la acción deducida y a las excepciones o defensas opuestas con sólo atenerse a los reclamos del libelo y a los alegatos hechos en la contestación de la demanda. Es con los elementos que surgen de ambos actos como queda establecida la relación procesal sobre la cual los jueces deben dejar recaer su decisión. De ahí que no estén obligados a decidir cualesquiera otros reclamos del actor que debiendo haber sido consignados en el petitorio del libelo fueron hechos en oportunidades distintas del juicio, ni los alegatos del demandado que debiendo haber sido hechos en el acto de la contestación de la demanda fueron deducidos fuera de él”

 

Sobre el particular, esta Sala tiene establecido, que la incongruencia adopta dos modalidades y tres aspectos: Las modalidades son: Incongruencia positiva, cuando el Juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el Juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. Los aspectos son: a) Cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido, o se pronuncia sobre cosa extraña o comete incongruencia mixta, la que se produce cuando el juez extiende su decisión sobre cuestiones que no le fueron planteados en el proceso (extrapetita) y, c) cuando se deja de resolver algo pedido o excepcionado (citrapetita), o incongruencia negativa, denominada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal como “incongruencia omisiva”, que no es más que la omisión de pronunciamiento.

Ahora bien, de verificarse la incongruencia, esto conllevaría a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales se determinó el alcance de la controversia planteada por las partes, se llega a conclusiones erróneas que fundamentan la decisión, incumpliéndose la función jurisdiccional que es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, debiendo ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad, como son los estatuidos en los artículos 12, 15, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, para no incurrir en vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ellos la vulneración del principio de la congruencia del fallo, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Cfr. Fallo del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-463, caso: Jacinto A. Torres Torres contra la empresa Pride International C.A., reiterado el 23 de abril de 2010, fallo N° RC-118, expediente N° 2009-471, caso: Jorge Enrique Contreras Pabón contra Aura Stella Contreras de Romero, y otros, y sentencia Nº 1279 de fecha 25 de junio de 2007, expediente Nº 2007-400, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, recurso de revisión constitucional incoado por Festejos Plaza.)

En consecuencia, con fundamento en la determinación del problema judicial que debe hacerse en la sentencia, podrá verificarse la llamada incongruencia del fallo, que aplicada a las dos reglas antes expuestas da lugar a la incongruencia positiva o ultrapetita, (Ne Eat Iudex Ultra Petita Partium), cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; donde también es importante destacar lo que Guasp llama incongruencia mixta, que comprende la extrapetita, que es la combinación de la incongruencia positiva con la negativa, que se produce cuando el juez extiende su decisión sobre cuestiones que no le fueron planteados en el proceso, (Ne Eat Iudex Extra Petita Partium), cuando se otorga algo distinto de lo pedido, o se pronuncia sobre cosa extraña. (Guasp, Jaime. Obra citada, pág. 484), o la incongruencia negativa, omisiva o citrapetita, (Ne Eat Iudex Citra Petita Partium), cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. (Cfr. sentencia N° RC-848, de fecha 10 de diciembre de 2008, caso: Juana Ynocencia Rengifo De Arenas y Antonio Arena, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (†), Yumey Coromoto (†) y Rosangela Arenas Rengifo (†), contra la sociedad mercantil SERVIQUIM C.A., y la sociedad mercantil SEGUROS MERCANTIL C.A., en el expediente N° 2007-163.-

De igual forma se observa, que se vulnera el principio de congruencia, cuando se produce un desajuste entre el fallo y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, y su infracción conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales se determinó el alcance de la controversia planteada por las partes, se llega a conclusiones erróneas que modifican de forma sustancial los términos del litigio, con la consecuente vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Cfr. Fallo N° NC-258 del 13 de mayo de 2014, expediente N° 2013-14, caso: María del Pilar Puerta de Baraza contra Consorcio VR 33, C.A. y otras)

Ahora bien, en el presente caso la formalizante recurrente es la parte demandada, la cual fue condena en la alzada y esta alega la incongruencia negativa de alegatos hechos por la demandante, en su libelo de la demanda y en su escrito de informes, siendo el caso, que dicha delación sólo correspondería a la demandante, conforme a la doctrina de esta Sala, por ser quien tiene interés en que tal omisión, de ser cierta sea declarada, dado que una parte en el juicio, no se puede convertir en defensora de los derechos e intereses de su contraparte, como ocurre en el presente caso, cuando la demandada, alega la falta de pronunciamiento sobre alegatos supuestamente hechos por la demandante.

Al respecto esta Sala mediante decisión N° 155, de fecha 10 de marzo de 2004, caso: Antonio Farrauto Puma contra Chaleb Sujaa, expediente N° 04-089, ratificada entre otras, en sentencia N° 266, de fecha 21 de mayo de 2009, caso: María Carolina Canestri Campagna y otros contra Antonia María Barrios y otros, expediente N° 08-656, señaló:

 

“...Expresa Carnelutti, al definir la legitimación para interponer el recurso de casación, que el interés de la parte en la impugnación lo determina su vencimiento en el procedimiento impugnado; criterio que comparte la Sala, pues no basta ser parte en la instancia, sino que es indispensable que el fallo recurrido le haya producido un agravio, que es lo que precisamente delimita el interés para recurrir en casación….” (Negrillas de la transcripción)

 

Por su parte, esta Sala en sentencia N° 167, del 11 de marzo de 2004, caso: Inversiones Kurosy C.A., contra Tienda Disueño C.A., y otra, expediente N° 2002-871, dispuso lo siguiente:

 

“La Sala ha indicado de forma reiterada que el recurrente sólo tiene interés y legitimación para formular el vicio de incongruencia negativa respecto de los alegatos formulados por él y no por su contraparte.

 

En efecto, en decisión de fecha 5 de febrero de 2002, (caso: 23-21 Oficina Técnica de Construcciones C.A., c/ “Banco Unión S.A.C.A. y otro), la Sala dejó sentado que en caso de que el recurrente fundamente “...la denuncia de incongruencia negativa en la omisión de pronunciamiento respecto de alegatos formulados en el libelo por su contraparte, los cuales contradijo en la contestación...carece de interés procesal en efectuar tal planteamiento, pues de ser cierto lo aseverado por el formalizante, la única agraviada sería la demandante y sólo ella tendría interés procesal en denunciarlo ante la Sala...”.

 

La Sala reitera este precedente jurisprudencial y establece que el recurrente no tiene interés ni legitimación para denunciar el vicio de incongruencia negativa respecto de alegatos formulados por su contraparte, que de ser decididos sólo podrían desfavorecerle…”. (Negrillas y subrayado de este fallo)

 

De igual forma, esta Sala en sentencia N° RC-492, del 28 de octubre de 2011, caso: Valerie Levy Pedrido De Rodán contra Daniel Rodán Salomón y otros, expediente N° 2011-140, dispuso lo siguiente:

 

“…En este orden de ideas, la Sala en decisión N° 339, de fecha 10 de junio de 2008, Exp. N° 07-751, en el caso Maribel Pinzón de Bolívar contra Eusebia Lucía Mora Pérez, estableció:

 

“…Sobre el particular, la Sala en sentencia N°. 1120, de fecha 22 de septiembre de 2004, Exp. N° 2003-000502, en el caso de Rafael José Marcano Gómez contra Rosaura del Valle Hernández Torres, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:

 

“...En relación a la legitimidad o interés del recurrente sobre la delación planteada, ha sido pacífica y reiterada la doctrina de esta Sala, en sentencia Nº 117 del 13 de abril de 2000, caso Banco Industrial de Venezuela, C.A., contra la sociedad mercantil Agropecuaria El Jobal C.A., y otro, expediente Nº 99-1030, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, lo siguiente:

 

“...El formalizante alega que la sentencia recurrida infringió el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en incongruencia negativa, al omitir pronunciamiento en torno a la oposición que a la medida de embargo ejecutivo realizó la sociedad mercantil Desarrollo Buriita C.A.

 

Al respecto, la Sala ha sostenido en diversas oportunidades que para denunciar el vicio de incongruencia negativa es necesario que el recurrente en casación ostente legitimidad, entendiéndose por ella que el denunciante resulte afectado por la pretendida omisión de pronunciamiento. En efecto, en sentencia de 13 de agosto de 1992, reiterada en decisión de 9 de diciembre de 1998, y 21 de julio de 1999, (Belkis Astrid González Guerrero c/. Beltina María Zerpa de González), la Sala expresó:

 

‘De acuerdo a reiterada doctrina, la omisión de pronunciamiento en la sentencia sólo puede ser denunciada en casación por la parte que resulte afectada por tal defecto, pues la parte contraria carece de legitimidad para denunciar un vicio que sólo podría favorecerlo’.

 

Por tanto, en el presente caso la recurrente no tiene legitimidad para denunciar la omisión de pronunciamiento sobre la oposición formulada por la sociedad mercantil Desarrollo Burita C.A., razón por la cual se desecha la denuncia.

 

Tal como claramente se observa, debe el recurrente tener una legitimidad o interés sobre las delaciones que plantea, de lo contrario se declarará su improcedencia...” (Negrillas del texto).

 

Como corolario de lo expuesto y en atención al precedente jurisprudencial supra transcrito, el cual se reitera, esta sede casacional concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento respecto a una pretensión planteada por su contraparte; lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción del ordinal 5° del artículo 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta sentencia. Así se establece…”.

 

Por todo lo antes expuesto, en aplicación de la transcrita jurisprudencia y determinado que los alegatos cuya omisión de pronunciamiento expuestos en la delación fueron de una tercera interesada y no de quien recurre, la Sala concluye en que el recurrente carece de interés procesal para alegar la predicha omisión de pronunciamiento, lo cual conlleva a la desestimación de la denuncia de infracción de los artículos 12 y 243, ordinales 4°) y 5°) del Código de Procedimiento Civil. Así se decide…”. (Negrillas y cursivas del texto)

 

En tal sentido, debemos señalar lo que han expresado, los tratadistas en la materia:

 

“….Legitimación para recurrir.- Que las partes en el proceso deben ser legítimas, es precepto tradicional en la teoría de la legitimidad, pero en casación se requieren otras condiciones formales que, si bien implícitas en el proceso de instancia, se hacen más evidentes en el juicio de casación: a) Es necesario haber sido parte en la instancia, o sea, haber actuado en primero o segundo grado; b) Es indispensable tener interés, y esta condición parece esencialmente adherida a la legitimación para obrar, aun cuando sea posible advertir algunas diferencias entre ambos conceptos; c) Es necesario que haya un perjuicio, es decir, una parte vencida, total o parcialmente, y una parte triunfadora total o parcialmente. En síntesis, para ser recurrente se requiere legitimación activa en el perdidoso y, para ser recurrido, legitimación pasiva en el triunfador…” (Cuenca, Humberto; Curso de Casación Civil, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, 1980, pp. 433 y 434).

 

“…No cabe acceder a la casación si se agrava la situación jurídica del recurrente; y que nadie puede erigirse en defensor de un interés que, por no ser propio, sólo puede ser defendido por la parte que en el pleito lo ventilaba…” (vide: De la Plaza, Manuel; Derecho Procesal Civil Español, Volúmen 2, Madrid, 1955, p. 809). (Subrayado de la Sala).

 

“…A un litigante no le incumbe la defensa de su adversario ni la de otro litigante…” (Taboada Roca, Manuel; Los requisitos de Procedibilidad en la Casación Española, Editorial Montecorro S.A., Madrid, 1980, p. 26)…”. (Subrayado de la Sala).

 

En atención a todo lo antes señalado, esta Sala estima que la hoy recurrente demandada, no tiene interés procesal para plantear la presente denuncia en relación a los alegatos que se dicen silenciados, ya que fueron alegados por su contraparte la demandante, por lo que tal supuesto silencio del juez no le causa ningún agravio y en consecuencia le resta legitimación para recurrir en casación, todo lo cual determina la improcedente de la presente denuncia. Así se declara.-

-IV-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia negativa.

 

Expresa el formalizante:

 

“…De conformidad con el ordina 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 243 ordinal 5° y 12 del mismo Código, con base en que el juez de alzada no decidió con arreglo a la pretensión deducida y las excepciones y defensas alegadas. Incurriendo en el vicio de INCONGRUENCIA NEGATIVA.

 

El artículo 243 del Código de Procedimiento Civil en su ordinal 5° establece:

“Artículo 243 Toda sentencia debe contener: 5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a fa pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.“...

 

Por su parte, el artículo 244 ejusdem, establece:

“Artículo 244 Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior: por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.”

La sentencia impugnada, en su capítulo denominado DE LOS ANTECEDENTES, al transcribir los alegatos contenidos en el libelo de demanda expresa en su folio cinco (05) expresa:

 

“Por auto de fecha 18 de marzo de 2.011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admitió demanda de reivindicación, incoada por el ciudadano MICHEL KLBAHDJI BASNAJI, a través de sus apoderados judiciales (...omissis...) mediante la cual procedieron a señalar que transcriben sendos resúmenes con los documentos marcados con las letras “A“, “P1” y “B” ,para demostrar de manera fehaciente e irrebatible la propiedad de su representado”...

 

Más adelante en el folio seis (06) de la sentencia sujeta a estudio expresa:

 “Por otra parte exponen, que la referida zona de terreno quedó fuera del polígono de expropiación, todo con ocasión del juicio que instauró e/Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI), en contra del causante del vendedor y que sobre la misma no versa ningún tipo de gravamen, y nada debe por concepto de Impuestos Nacionales ni municipales, ni por ningún otro concepto, en virtud la mencionada venta, transmitió al comprador el dominio, propiedad y posesión de lo vendido, haciéndote la tradición legal correspondiente y obligándose al saneamiento de Ley.”

 

Tal circunstancia no fue demostrada por la actora, siendo su carga demostrarlo.

 

Como la misma recurrida manifiesta en sus folios del dieciséis (16) al veinte (20) ambos inclusive dentro de las excepciones opuestas, como la Falta de cualidad de la actora y que en la recurrida no decidiera como punto previo o sino como una cuestión de fondo, pues el terreno sobre el cual el actor reclamara la reivindicación, había sido objeto de expropiación desde el 16 de noviembre de 1.970, terminando el proceso en el año 1.980, cuando el Presidente de la República mediante Decreto 345 declaró zona especial afectada por la ejecución de obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, la superficie de terreno formada por varios barrios de la zona, cuyos propietarios fueron la sociedad mercantil Planificaciones Zuliana, C.A. y otros, analizando en dicho escrito, los documentos de los cuales deviene la propiedad que se atribuye el actor.

 

Me permito transcribir:

 

…”alegó la falta de cualidad activa necesaria, en virtud de los documentos presentados, los cuales carecen de veracidad, porque la forma de transmisión de propiedad, los causahabientes a título particular eran estafadores de oficio, ya que, estos terrenos fueron objetos de varias expropiaciones desde la fecha del 16 de noviembre de 1.970 y terminando en el año 1980, cuando el Presidente de la República de Venezuela, mediante Decreto N° 435, declaró zona especial afectada por la ejecución de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, la superficie de terreno formada por los Barrios Sierra Maestra, Corazón de Jesús y El Manzanillo, cuyos propietarios fueron la sociedad mercantil PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A. y otros, donde el área de expropiación es de 4.888.988,70 M1s2, y una segunda expropiación por Decreto N°2174 de fecha 20 de julio de 1983, publicado en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 32780 de fecha 2 de agosto de 1983, donde se declaró zona especialmente afectada con motivo de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, cuatro lotes de terrenos con un área aproximada de 132,80 Hectáreas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios San Francisco y Cristo de Aranza, del antes Distrito Maracaibo del estado Zulia, el cual quedó registrado en la Oficina Subalterna de Registro del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 11 de julio de 1991, bajo el N° 27, Tomo 2o, Tercer Trimestre.

 

De la misma forma asevera, que mediante documento inserto ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del Estado Zulia, bajo el N° 47, Tomo 9o, Tercer Trimestre, el ciudadano MICHEL KAIBAHDJI, hoy parte accionante, adquiere de manos del ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, una extensión de terreno de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON VEINTICINCO CENTIMETROS (2.336,25 Mts); y que de igual manera el ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, adquirió este terreno de manos del ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARA-IONES, por documento de registro ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo, en fecha 22 de diciembre de 1.983, bajo el N°30 del protocolo 1°, 3 Tomo 18°, cuarto trimestre.

 

Sigue manifestando, que el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES adquiere el referido terreno por dación en pago de PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A., según su decir, por documento de fecha 19 de diciembre de 1978, anotado bajo el N° 38, Tomo 10, protocolizado por ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo del estado Zulia, con una extensión de terreno de 232.936,85 Mts2, sin embargo, el día 28 de julio de 1983 ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo, bajo el N°31, Tomo 5 Planificaciones Zuliana C.A, a través de su representante legal abogados ATENOGENES HILL REYES e IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, hacen una aclaratoria sobre la superficie de terreno en la cual se dio en dación en pago, y aclaran que las porciones ahí mencionadas sobre las cuales se aclara el derecho de propiedad comprenden unos CIENTO SESENTA MIL METROS CUADRADOS (160.000 Mts2) de terreno, que dentro del indicado en las operaciones de dación en pago, quedaron traspasados al señor IBRAHIN GONZÁLEZ; que como se puede apreciar en esa declaración de los 232.936,85 Mts2, que le dio en dación en pago PLANIFICACIONES ZULIANAS a IBRAHIN GONZÁLEZ CARAMONES según aclaratoria eran 160.000 Mts2. y esta superficie de terreno le fue expropiada toda en la primera según decreto N° 435, por lo cual, que no le quedaba ningún terreno que vender, tal y como se puede observar del el folio 176, donde le fue expropiado al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, una superficie de 250.000 Mts2, en base al documento de fecha 21 de marzo de 1969.48.

 

Enfatiza , que el documento protocolizado el día 19 de diciembre de 1978, quedando anotado bajo el N° 38, Tomo 10, ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo del estado Zulia, señala que PLANIFICACIONES ZULIANAS lo adquirió según documento protocolizado en el Registro Segundo de Maracaibo en fecha 21 de mayo de 1969, anotado bajo el N° 95, tomo 50, documento este por el cual, el Estado Venezolano procedió a la expropiación del terreno de PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A.; como se puede evidenciar del folio N° 176 de este expediente, de siendo registrada la sentencia proferida en ese procedimiento ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo de estado Zulia, el día 22 de julio, quedando anotado bajo el N° 26, Tomo 8, se observa que le fueron expropiados a IBRAHIM GONZÁLEZ por la dación en pago del documento de fecha 21 de mayo de 1969, quedando anotado bajo el N° 95, tomo 50, todo lo cual, según a su decir -se ve claramente que PLANIFICACIONES ZULIANA C.A. e IBRAHIN GONZÁLEZ eran unos estafadores de oficio, ya que vendieron nuevamente los lotes de terreno que ya habían sido expropiados en la sentencia antes mencionada

 

De la misma forma alega la representante judicial, que de la segunda expropiación, la cual comenzó en el año de 1983, quedó registrada ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo del estado Zulia, el día ¡1 de julio de 1991, quedando anotado bajo el N° 27, Tomo 2, Tercer Trimestre, donde el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI) y por Decreto N° 2174, dictado el día 20 de julio de 1983, y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, de fecha 2 de agosto de 1.983, donde fue declarado zona afectada con motivo de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo; en tal sentido, cuatro lotes de terrenos con un área aproximada de 134,80 Hectáreas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios San Francisco y Cristo de Aranza, del antes Distrito Maracaibo del Estado Zulia, a su decir -como puede observarse en el reverso del folio 2 de la sentencia de expropiación- se presentó el abogado en ejercicio ATENOGENES ALFONSO HILL en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil PLANIFICACIONES ZULIANAS, C.A., y el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, los cuales presentaron escritos y documentos; y que en el acto de contestación a la solicitud de expropiación estos la aceptaron, tal y como se puede apreciar del folio 3 de la sentencia de expropiación, y no habiendo oposición de parte, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró formalmente la expropiación de las zonas y terrenos objeto de la solicitud de expropiación formulada por INAVI, con todas sus adherencias, mejoras y pertenencias, que se encuentran protocolizadas por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del antes Distrito Maracaibo del estado Zulia.

 

Continúa alegando la representante judicial, que de acuerdo a lo antes explanado, dicha expropiación quedó determinada de ¡a siguiente manera: “el día 9 de enero de 1976, bajo el N° 2, Protocolo 1°, Tomo 8 y el 19 de diciembre de 1978, bajo el N° 38, Protocolo 1° Tomo 10, (documento este por el cual le vende a EMIL KALBÁHDJJ HOMSI, que a la vez le vende a la parte actora en este juicio MICHEL KALBAHDJI), que así mismo se puede observar en el folio N° 6 reverso de la sentencia de expropiación segunda, que dice propietarios afectados: Primero: IBRAHIN GONZÁLEZ, se le atribuye la cantidad de 311.365,00 Mts2 por compra a PLAZUCA, según documento registrado el día 19 de diciembre de ¡978, bajo el N° 38, Tomo 10, sin embargo manifestó que estas tierras habían sido expropiada bajo ese documento, no obstante a ello, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ se las vuelve a vender a INAVI, por lo tanto, al no estar presente el ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI en la expropiación, estos terrenos que adquirió, ya habían sido expropiados.

 

Sigue esgrimiendo, que en el momento en que comenzó la expropiación, según decreto N° 2174 de fecha 20 de julio de ¡983, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, el día 2 de agosto de 1983, donde se declaró zona afectada con motivo de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, en jurisdicción de los Municipios San Francisco y Cristo de Aranza, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ se presentó en el juicio de expropiación y estando en conocimiento que el terreno de su propiedad, según documento de fecha 19 de diciembre de 1978, anotado bajo el N° 38, Protocolo 1°, Tomo 10, se encontraba en ese proceso de expropiación, no obstante a ello el día 22 de diciembre de 1983, vende este terreno al ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, y el cual, se lo vendió a la parte accionante en este proceso, ciudadano MICHEL KALBAHDJI. Alegó, que cuando ocurrió la referida venta del inmueble objeto de esta demanda, dicho terreno se encontraba expropiado, y siendo que al propietario le fue cancelado su propiedad tal y como se expresa en la sentencia dictada el día 23 de enero 1991, la cual tiene más de 20 años que se encuentra firme a favor de INAVI, y visto que el ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, no se presentó en dicha expropiación para oponerse como comprador de buena fe, a pesar que en ese procedimiento fueron publicados los edictos, cumpliendo de esta manera con todas las formalidades de Ley, por cuanto al ser publicado los mismos; se les hace un llamamiento a todas aquellas personas que tuvieran interés en ese juicio, sin embargo que e! mencionado ciudadano no acudió a ese Órgano Jurisdiccional, a los fines de hacer valer sus intereses, motivo por el cual fue que continuo el procedimiento de expropiación, llegándose a la decisión de decretar la expropiación de un área, según documento de fecha 19 de diciembre de 1978, bajo el N° 38, Protocolo 1°, Tomo 10, no obstante a esto, le vendió el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ a EMIL KALBAHDJI HOMSI y cuando éste le traspasa esa propiedad a MICHEL KALBAHDJI, dicho terreno se encontraba expropiado.

 

Aseveró la apoderada judicial, que la persona que pretende reivindicar el bien inmueble y dice ser propietario del mismo, es decir el ciudadano MICHEL KALBAHDJJ, no posee cualidad activa, por cuanto la superficie de terreno que le fue vendido, según el origen del documento, de fecha 19 de diciembre de 1978, anotado bajo el N° 38, protocolo 1°, tomo 10, se encontraba expropiado cuando fue adquirido de EMIL KALBAHDJI HOMSI, el día 19 de septiembre de 2000, por lo tanto, no surte efecto alguno la referida venta, en virtud que la verdadera propietaria del bien que se pretende reivindicar es EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), que luego en la división político territorial fueron traspasados al Municipio San Francisco del Estado Zulia. “(folios 16 al 20 de la recurrida).

 

Así, en el folio diecinueve (19) (segundo párrafo) asevera la recurrida en el acto de contestación:

 

“Alegó, que cuando ocurrió la referida venta del inmueble objeto de esta demanda dicho terreno se encontraba expropiado, y siendo que al propietario le fue cancelado su propiedad, tal y como se expresa en sentencia dictada el día 23 de enero 1991, la cual tiene más de 20 años que se encuentra firme a favor del INAVI, y visto que el ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, no se presentó en dicha expropiación para oponerse como comprador de buena fe, a pesar de que en ese procedimiento fueron publicados los edictos, cumpliendo de esta manera con odas las formalidades de la Ley, por cuanto al ser publicado ese juicio, sin embargo que el mencionado ciudadano no acudió a ese Órgano Jurisdiccional, a los fines de hacer valer sus intereses, motivo por el cual fue que continuó el procedimiento de expropiación, llegándose a la decisión de decretar la expropiación de un área, según documento de fecha 19 de diciembre de 1.978, bajo el No. 38, Protocolo 1°, Tomo 10, no obstante a esto, le vendió el ciudadano IBRAHIN GONZALEZ a EMIL KALBAHDJI HOMSI y cuando éste le traspasa la propiedad a MICHEL KALBAHDJI, dicho terreno se encontraba expropiado.”

 

Asimismo, se realiza una exposición de lo ocurrido en la segunda expropiación realizada que comenzara en el año 1.983 argumentándose y demostrándose con los documentos acompañados al escrito de contestación, de manera fehaciente que los terrenos sobre los cuales se atribuía la propiedad el actor, habían sido expropiados mucho antes de su adquisición, pasando a la propiedad del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) quien luego traspaso al Municipio san Francisco del Estado Zulia dichos terrenos cuando se incluyó como municipio en la división político territorial.

 

Fueron acompañados los siguientes instrumentos:

 

1) Documentos antecesores del inmueble registrado por ante el tercer Circuito de Registro de Maracaibo de fecha 19 de diciembre de 1.978, bajo el No. 38, Tomo 10, protocolo primero.

2) Documento aclaratorio de Planificaciones Zulianas a Ibrahin González sobre la dación en pago, registrado ante el tercer Circuito de registro de Maracaibo de fecha 28 de julio de 1.982, No. 32, Tomo 5, protocolo 1°

3) Documento de fecha marzo de 1969, No. 95, Tomo 5.

4) Documento de expropiación del decreto No. 435 de la Presidencia de la República, registrado en el registro Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 20 de junio de 1.980, bajo el No. 26, Tomo 8, cuyo juicio de expropiación fue llevado por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, expropiación realizada a favor del INAVI, indicándose con dicha consignación, que se trata de los lotes de terreno que Planificaciones Zulianas, C.A. vende a Emil Kalbahdji Hosme, causante de Emil Kalbadhji, ahora actor, y que según el documento No. 95, de fecha 26 de marzo de 1.969, Tomo 50, y en el folio 176 se lee quedó expropiado todo lo de Ibrahin Gonzalez.

 

Respecto de este documento, la Juez otorga pleno valor probatorio, y asevera sin soporte alguno, lo siguiente:

 

“En este sentido, se desprende del mismo informe que existe una diferencia en relación al lindero NORTE, por lo cual, es importante señalar que con motivo a las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quién era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que 9 correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el N° 38, del Protocolo 1°, Tomo 10,conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte” pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero. Y ASÍ SE DEJERMINÁ.”

 

5) Documento de expropiación del decreto 2174 de fecha 20 de julio de 1.983 y publicado en Gaceta Oficial No. 32780, registrada por ante el Registro Subalterno tercero de Maracaibo en fecha 11 de julio de 1.991, bajo el No. 27, Tomo 2 Protocolo 1°, indicándose de manera expresa la expropiación sobre los terrenos de los causantes del actor en su cadena documental.

 

Con respecto a estos alegatos la recurrida en el capítulo que denomina antecedentes, en una suerte de transcripción casi textual de los alegatos esbozados en el escrito de contestación se refiere a los mismos, y luego en el capítulo de la recurrida denominado “PUNTO PREVIO No. 2. LA FALTA DE CUALIDAD ACTIVA”, repite los mismos argumentos de mi representada en el escrito de contestación, para culminar esbozando lo que a continuación me permito citar:

 

“Ahora bien, para resolver la defensa esbozada por la parte apoderada judicial de la parte accionada, la cual versa sobre ¡a determinación de la procedencia o no del alegato de falta de cualidad activa, y siendo que la pretensión intentada por la parte demandante está referido a la reivindicación de un inmueble, el cual alega ser de su propiedad. por lo cual, considera esta Sentenciadora, que la misma corresponde a materia de fondo. y no a esta fase previa, en virtud que tal defensa enerva a los requisitos de validez para la procedencia de la reivindicación interpuesta, en consecuencia los argumentos esgrimida por la representante judicial, abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, será resuelta en las conclusiones de la presente decisión. Y ASÍ SE DETERMINA.” (folio 48 de la sentencia impugnada). (SUBRAYADO MIO)

 

Sin embargo, en el capítulo atinente a las conclusiones para decidir, y a pesar de atribuírsele y ser apreciadas en todo su valor probatorio las documentales acompañadas antes mencionadas. la recurrida nada decide al respecto, y manifiesta:

 

“En este orden de ideas, cabe destacar que en e! caso facti especie, observa quien aquí decide, que la parte accionada opuso la falta de cualidad activa o la falta de intereses en el actor para instaurar o sostener el juicio, aduciendo que los documentos presentados por la parte demandante, carecen de veracidad, en virtud de la forma de transmisión de la propiedad: y siendo que uno de los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria, es que el autor sea propietario y lo demuestre con justo título, en razón de lo cual, se hace necesaria la determinación de resolver si el demandante tiene derecho a que se les resuelva su pretensión.

 

Ahora bien, para determinar la procedencia de la alegada falta de cualidad del accionante, ciudadano MÍCHEL KALBAHDJI BASNAJI, plenamente identificado en actas, es preciso revisar la documentación presentada por la parte actora en el escrito libelar, donde aporto los siguientes documentos: 1) documento autenticado ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo del estado Zulia, el día 15 de marzo de 2000, quedando anotado bajo el N° 47, Tomo 14 y 2) documento protocolizado por la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 19 de septiembre de 2000, el cual quedó anotado bajo el N° 47, Protocolo 10, Tomo 9°, Tercer Trimestre, constituido por un lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el N° 26A-27 ubicado en el lugar denominado “El Manzanillo”, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, encontrándose comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía Maraven,; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía Maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida San Francisco, y el cual posee una superficie aproximada de dos mil trescientos treinta y seis metros cuadrados con veinticinco centímetros (2.336,25 Mts2), derecho de propiedad que a priori demostró mediante la consignación en autos de las copias certificadas del aludido documento así como de la certificación de tradición legal expedida en fecha 14 de noviembre de 2011 por el Registro Público del municipio San Francisco del estado Zulia.

 

En este sentido, una vez efectuadas las anteriores ¡lustraciones, y del análisis efectuado al escrito libelar, resulta impretermitible para esta Sentenciadora indicar que la parte demandante ostenta la cualidad para intentar la presente demanda, a través de la cual pretende la reivindicación del bien inmueble cuya propiedad se atribuye conforme a las documentales antes señaladas, documentos estos que posee pleno valor probatorio, por cuanto la contraparte no procedió a realizar impugnación alguna sobre los mismos, en tal sentido colige esta Superioridad en estricta aplicación a lo supra citado, que se y encuentra legitimado activamente para demandar. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte demandada, por todo lo cual, pasa a analizar la pretensión instaurada por la parte accionante. Y ASÍ SE DECIDE

 

De esta manera, quedando comprobada la legitimación activa, pasa esta Alzada a analizar el prime requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, “(folios 72y 73 de la sentencia impugnada).

 

De la anterior cita se colige, que a pesar de mencionar los alegatos realizados por las partes tanto en la demanda como en el escrito de contestación y hacer referencia a ellos en los informes de las partes y darle su justo valor a las documentales con fundamento en las cuales mi representada intentó como punto previo la falta de cualidad activa, nada dijo sobre el material probatorio aportado y los alegatos contenidos al efecto, en la contestación de la demanda, en sus conclusiones para decidir, ni en el dispositivo del fallo dice o determina nada al respecto, quedando dichos alegatos sin decisión, por el contrario expresa que la falta de cualidad activa, que como punto previo opusiera mi mandante en el escrito de contestación se basa en que mi mandante la opuso “aduciendo que los documentos presentados por la parte demandante. carecen de veracidad, en virtud de la forma de transmisión de la propiedad”...argumento que hace incurrir a la recurrida además en la incongruencia negativa delatada, pues la falta de cualidad activa se opuso con ocasión del procedimiento expropiatorio del que fue objeto el inmueble que pretende reivindicar el accionante.

El artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, textualmente establece:

 

“Articulo 12 Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

 

Por su parte el artículo 15 ejusdem, ordena:

“Articulo 15 Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.”

 

El pronunciamiento del Juez de Alzada en el sentido de determinar el destino de los alegatos realizados con respecto a las expropiaciones referidas, tendría efectos importantes en el dispositivo, pues a manera de adminículo con la diferencia en la nomenclatura municipal del inmueble y la diferencia en los linderos y medidas, habría fallado de distinta manera valorando como mejor derecho, aun en el supuesto negado de tratarse del mismo terreno, el derecho de propiedad de mi mandante la sociedad mercantil ALTEC, C.A.

 

En este sentido, la falta de pronunciamiento demarca los casos de incongruencia negativa, que consisten en la falta de solución de aquellos puntos controvertidos, que si bien fueron mencionados o citados por el sentenciador, sin embargo sobre ellos, guarda silencio, al no analizarlos, establecerlos, correlacionarlos, calificarlos, apreciarlos o desecharlos; o el caso de silencio total, en el cual, el sentenciador no sólo no se pronuncia sobre el extremo de hecho controvertido, sino que ni siquiera lo menciona en el texto material de la sentencia.

 

Sobre el particular, el tratadista español Jaime Guasp, señala la congruencia: “como la conformidad que debe existir entre ¡a sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones en cuanto delimitan este objeto”. (Ver. GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Tomo Primero, Págs. 516 a 518).

De lo que se colige, que el fallo debe contener un equilibrio en el cual, no debe contener más de lo pedido, o menos de lo pedido por las partes oportunamente, pues si así lo hiciera, en el último caso, incurría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre alguna de las pretensiones procesales.

 

Es importante señalar, que la incongruencia se verifica fundamentalmente por la falta de decisión o solución de un punto controvertido, como es en el caso de autos, la expropiación previa de la cual fueron objeto las extensiones de terreno ubicadas en el sector, los cuales determinan el derecho o no reclamado por el actor, en el supuesto negado de tratarse del mismo inmueble y que tal como aparece reflejado en los documentos a los cuales la recurrida otorga valor probatorio como son los enunciados con anterioridad acompañados al libelo de demanda, y ante el señalamiento que hiciera de que dicho terreno se encontraba fuera de la expropiación tal y como aparece reflejado en la recurrida en el folio seis (6) al realizar el recuento de los antecedentes, es evidente de la lectura que se haga de la sentencia impugnada que no se conoce el destino de los alegatos hechos en el escrito libelar ni en la oportunidad de la presentación de la contestación de fa demanda, respecto del proceso expropiatorio.

 

Siendo así, el juzgado superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia quebrantó el contenido del artículo 243 en su ordinal quinto (5°) del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con el cual, el legislador le impone la obligación de dictar una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas. El sentenciador está en el deber de pronunciarse expresamente sobre todo lo alegado por las partes en el proceso, sobre  todos los elementos de hecho que conformaron la demanda y la contestación, así como los informes u observaciones, ya que estas son, la expresiones de las partes en contienda a través de las cuales se circunscribe el problema judicial debatido o thema decidendum.

 

De igual forma, en atención al vicio delatado la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión N° 1021 del 29 de julio de 2013, expediente N° 11-747, dispuso lo siguiente:

 

“...Es innegable que al haber el tribunal de marras apartado su decisión de lo expuesto por la actora y lo esgrimido en la contestación de la demanda, declarando la inexistencia del contrato de autos, se sustituyó en las partes, modificando el tema decidendum, y ocasionando una violación al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la parte solicitante.

 

En este sentido, es importante señalar, que el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lleva consigo, entre otras, la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada, en el sentido de que toda sentencia debe contener una motivación que no tiene por qué ser exhaustiva, pero si razonable, en el sentido de “(...) que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión (Vid. Sentencia N° 4594 del 13 de diciembre de 2005, caso: “José Gregorio Díaz Valera)”.

 

Asimismo, además de la exigencia de motivación, la tutela judicial efectiva impone que las sentencias sean congruentes. La cual puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí que dicha exigencia vulnera cuando se produce una desconexión entre la decisión y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo requerido; así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión.

 

Es así como podemos encontrarnos con que un fallo puede ser incongruente tanto por acción como por omisión, y al respecto ha señalado esta Sala que “la incongruencia activa se presenta, ante la resolución de la pretensión por Ç parte del juez, incumpliendo ¡a obligación de actuar de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada dicha pretensión, generando con su pronunciamiento desviaciones que suponen modificación o alteración en el debate; en cambio, la inmotivación deviene por incongruencia omisiva, por el incumplimiento total de la obligación de motivar, y dejar por ende, con su pronunciamiento, incontestada dicha pretensión, lo que constituye una vulneración del derecho a la tutela judicial, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente im’erpretarse como desestimación tácita” (Vid. Sentencia N° 4594 del 13 de diciembre de 2005, caso: “José Gregorio Díaz Valera”)...“(Resaltados de la Sala)

 

Más recientemente y en especifico, en cuanto a la incongruencia negativa de los alegatos esgrimidos ante el juez de alzada, esta Sala de Casación Civil ha advertido, en su fallo N° RC-190 del 1° de abril de 2014, expediente N° 13-712, caso: Carmen Hernández contra Eduardo Sierra, lo siguiente:

 

“...El vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo l2y del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las panes, en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el libelo de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, (...).

(...Omissis...)

 

Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre lodo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 50 del Código de Procedimiento Civil...” (Resaltados de la Sala)

Por las razones anteriores y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido el ordinal quinto (5°) del articulo 243 eiusdem, que hace que dicha sentencia sea nula, a tenor de lo dispuesto en el artículo 244 del mismo código, y que permite a esta Sala declararlo así, conforme al artículo 210 ibídem, así como por la infracción de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil, solicito con la venia de estilo sea CASADO el fallo recurrido por estar inficionado del vicio de forma de orden público conocido como incongruencia negativa, generando indefensión, en violación de las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Copia Textual)

 

La Sala para decidir, observa:

De la denuncia anteriormente transcrita se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida, el vicio de incongruencia negativa, alegando que la juez de alzada, omitió pronunciamiento con relación a “… la falta de decisión o solución de un punto controvertido, como es en el caso de autos, la expropiación previa de la cual fueron objeto las extensiones de terreno ubicadas en el sector, los cuales determinan el derecho o no reclamado por el actor, en el supuesto negado de tratarse del mismo inmueble y que tal como aparece reflejado en los documentos a los cuales la recurrida otorga valor probatorio como son los enunciados con anterioridad acompañados al libelo de demanda, y ante el señalamiento que hiciera de que dicho terreno se encontraba fuera de la expropiación tal y como aparece reflejado en la recurrida en el folio seis (6) al realizar el recuento de los antecedentes, es evidente de la lectura que se haga de la sentencia impugnada que no se conoce el destino de los alegatos hechos en el escrito libelar ni en la oportunidad de la presentación de la contestación de la demanda, respecto del proceso expropiatorio…”.

Ahora bien, como bien se señaló en la denuncia anteriormente resuelta, el vicio de incongruencia ha sido definido en innumerables fallos por este Máximo Juzgado, como una infracción al requisito de la sentencia de pronunciarse sobre el problema jurídico sometido a su decisión, circunscrito a los términos de la demanda y de la contestación, por lo cual sólo puede resolverse las cuestiones que hayan sido presentados en esos actos, aplicando el derecho a los hechos alegados y probados.

El sentenciador, debe, en consecuencia, pronunciarse sobre todo lo alegado y sólo sobre lo alegado por los litigantes en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el escrito de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el jurisdicente está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa y de esta manera satisfacer la exigencia legislativa, conforme a lo estatuido en los artículos 12 y ordinal 5° del artículo 243, ambos del Código de Procedimiento Civil, en aplicación del antiguo Adagio Latino: Justa alegata et probata judex judicre debet, que determina que: (Según lo alegado y probado el juez debe juzgar o que el juez debe sentenciar con arreglo a lo alegado y probado), para así dar cumplimiento al principio de ‘exhaustividad’ que impone a los jueces, el deber de resolver todas y cada una de las cuestiones alegadas por las partes que constituyen el problema judicial; y por tanto no incurrir en omisión de pronunciamiento. Cuando el Juez incumple con tal mandato, su sentencia queda viciada de incongruencia negativa o citrapetita. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-388, del 15/7/2009, Exp. N° 2009-218. Caso: Ana Carrillo Vs Gustavo Galvis).

Ahora bien, de verificarse la incongruencia, esto conllevaría a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales se determinó el alcance de la controversia planteada por las partes, se llega a conclusiones erróneas que fundamentan la decisión, incumpliéndose la función jurisdiccional que es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, debiendo ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad, como son los estatuidos en los artículos 12, 15, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, para no incurrir en vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso y con ellos la vulneración del principio de la congruencia del fallo, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Cfr. Fallo del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-463, caso: Jacinto A. Torres Torres contra la empresa Pride International C.A., reiterado el 23 de abril de 2010, fallo N° RC-118, expediente N° 2009-471, caso: Jorge Enrique Contreras Pabón contra Aura Stella Contreras de Romero, y otros, y sentencia Nº 1279 de fecha 25 de junio de 2007, expediente Nº 2007-400, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, recurso de revisión constitucional incoado por Festejos Plaza.)

De igual forma se observa, que se vulnera el principio de congruencia, cuando se produce un desajuste entre el fallo y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, y su infracción conlleva a la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que al no analizarse correctamente los alegatos de las partes y no ceñirse a los términos en los cuales se determinó el alcance de la controversia planteada por las partes, se llega a conclusiones erróneas que modifican de forma sustancial los términos del litigio, con la consecuente vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 numeral 8 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Cfr. Fallo N° NC-258 del 13 de mayo de 2014, expediente N° 2013-14, caso: María del Pilar Puerta de Baraza contra Consorcio VR 33, C.A. y otras)

Ahora bien, la formalizante en esta denuncia le endilga a la recurrida, la falta de pronunciamiento con relación a las expropiaciones previas que le hicieren al inmueble objeto del presente juicio, que fueron alegados por la parte demandante en su escrito libelar, siendo el caso, que dicha delación sólo correspondería a la demandante, conforme a la doctrina de esta Sala, antes descrita en la denuncia anterior, la cual se da por reproducida en este acto en atención a la brevedad del fallo, por ser quien tiene interés en que tal omisión, de ser cierta sea declarada, dado que una parte en el juicio, no se puede convertir en defensora de los derechos e intereses de su contraparte, como ocurre en el presente caso, cuando la demandada, alega la falta de pronunciamiento sobre alegatos supuestamente hechos por la demandante.

En atención a todo lo antes señalado, esta Sala estima al igual que en la denuncia anterior, que la hoy recurrente demandada, no tiene interés procesal para plantear la presente denuncia en relación a los alegatos que se dicen silenciados, ya que fueron alegados por su contraparte la demandante, por lo que tal supuesto silencio del juez no le causa ningún agravio y en consecuencia le resta legitimación para recurrir en casación, todo lo cual determina la improcedente de la presente denuncia. Así se declara.-

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia que la recurrida incurrió en el vicio de error de interpretación del artículo 548 del Código Civil, bajo la siguiente fundamentación:

Expresa la formalizante:    


“…Se denuncia la infracción contenida en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 ejusdem, el error in iudicando en que incurrió el juez de alzada por errónea interpretación del artículo 548 del Código Civil.

 

Ha sido criterio sostenido por esta Sala de Casación Civil, de conformidad el artículo 548 del Código Civil, que para que pueda declararse con lugar la acción de reivindicación es necesario que estén presentes de manera concurrente los siguientes requisitos:

 

1.- El derecho de propiedad sobre el bien por parte del actor reivindicante.

2.-Que el demandado se encuentre en posesión del bien que se pretende reivindicar.

3.- Que el demandado posea la cosa sin tener derecho a ello y

4.-La identidad del bien que se pretende reivindicar con el que posee el accionado.

 

De igual forma, establece el artículo 548 del Código Civil que “...El propietario de una cosa tiene el derecho de reiviridicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes...”

 

Ahora bien, la acción reivindicatoria según el diccionario de Calvo Baca, Emilio “Terminología Jurídica Venezolana”, Ediciones Libra C.A., pág 723, señala que:

 

“La acción reivindicatoria compete al propietario no poseedor contra el poseedor no propietario para obtener la restitución del dominio o al menos el reconocimiento de su derecho y calidad de dueño. La reivindicación se refiere a toda clase de cosas: muebles e inmuebles; corporales e incorporales (derechos), específicas o colectivas...

 

En efecto, lo que se pretende con la acción reivindicatoria, no es obtener la declaratoria de propiedad, puesto que dicha propiedad, para que se dé el juicio de reivindicación, debió haber sido debidamente demostrada en la secuela del juicio, sino es obtener la restitución de un bien, por parte del propietario que aleqa le fue despojado, y para ello, deben darse los requisitos ut supra señalados en el juicio de reivindicación. Ha sido debatido a lo largo del proceso, ampliamente, el hecho de la diferencia de los linderos y la nomenclatura que posee el inmueble, que es distinta a la del bien que se pretende reivindicar.

 

En este sentido, en sentencia de reciente data, de fecha 17 de marzo de 2.01 (sic) en expediente 2010-000427 bajo la ponencia de la Magistrado Iris Armenia Peña Espinoza, que comprende un análisis completo de los requisitos de dicha acción, Se precisó que por identidad de la cosa redamada en un juicio de reivindicación, no puede entenderse su totalidad, sino que basta que el demandante demuestre que la parte demandada posee la misma cosa que él alega es de su propiedad. Asimismo, la Sentencia en lo adelante transcrita, establece que resulta improcedente por parte de los jueces, comparar o confrontar el informe de experticia sobre la posesión y linderos de lo detentado por el demandado (como ocurrió en el caso facti especie), con las documentales e inspecciones judiciales promovidas por las partes. lo que se trata es de demostrar una situación facti no documental.

 

En el caso facti especie, la Juez de Alzada toma en consideración para determinar la identidad del bien reclamado, la comparación de documentales como la experticia realizada sobre el plano de mensura (no en el sitio),obviando la inspección judicial realizada en el sitio que solicitó mi mandante sobre el terreno propiedad de ésta según el título de propiedad que se opone, en cuya evacuación se determinaron los linderos cabida, medidas y nomenclatura palmariamente distintos a los alegados por el accionante.

 

Resulta de suma importancia lo atinente a la nomenclatura del inmueble y de sus linderos, circunstancia ésta no demostrada por el actor, de quien era la carga procesal probatoria, en tanto y en cuanto no logró demostrar que el terreno del cual dice ser propietario en su nomenclatura, corresponde a la misma del bien inmueble propiedad de mi mandante. El accionante reclama el inmueble signado con el número 26A-27 en la jurisdicción de la Parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia tal y como fuera ordenado en el dispositivo del fallo, mientras que el terreno propiedad de mi mandante se encuentra signado con el No. 15847 en jurisdicción de la Parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del estado Zulia.

 

A este respecto, destaco que el inmueble fue adquirido por el accionante según documento de fecha 19 de septiembre de 2000, bajo el No. 47, protocolo 10, Tomo 9°, Tercer Trimestre, fecha en la cual ya había ocurrido la constitución del municipio San Francisco y su creación como división político territorial, razón por la cual no hay lugar a dudas que la nomenclatura ha debido en todo caso ser corregida por la oficina de catastro mediante la expedición de la cédula catastral y su nomenclatura, hecho que no demostró el accionante.

 

Tampoco el accionante reclamó parte o una porción de terreno, cuando lo cierto es que mi mandante es propietario de un inmueble constituido por un terreno y las bienhechurías sobre él construidas con una superficie de UN MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (1.600 mts2) y lo reclamado por el accionante sin determinar porción o superficie alguna es de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTESIMAS DE METRO CUADRADO (2.336,25 MTS2).

 

A este respecto, la sentencia antes mencionada, deja sentado lo siguiente:

 

“Al respecto, observa la Sala que en el presente caso el juez de alzada no procedió de esa forma, pues, debido al error que cometió no logró determinar los linderos y medidas del bien que se pretende reivindicar, por ende, para determinar si el demandante había cumplido con el requisito de la identidad de la cosa reivindicada a la cual se halla condicionada la acción de reivindicación, lo hizo mediante la comparación de la ubicación, linderos y medidas del área o porción de terreno que mide 1.693.38 m2, que la demandante pretende reivindicar con la ubicación, linderos y medidas de las dos parcelas de terreno que el demandado alega son de su propiedad, las cuales tienen una extensión total de 4.328,56 m2 de terreno, lo cual ocasionó que el juez de alzada incurriera en la errónea interpretación del artículo 548 del Código Civil.

 

Pues, respecto a la identidad de la cosa reclamada como requisito al cual se halla condicionada la acción reivindicatoria, se exige que el juez para verificar dicho requisito debe primero; determinaría ubicación, linderos y medidas del lote de terreno o de esa determinación o individualización establecer si ese lote de terreno o bien inmueble (determinado o individualizado) es el mismo que posee el demandado y no establecer esa identidad con base en la comparación “... entre el lote de terreno objeto de la presente acción y las parcelas de terreno de las cuales el demandado alega ser propietario...”

 

Pues, es evidente que si se parte de esa comparación se logre verificar el cumplimiento del requisito de la identidad de la cosa reivindicada, ya que el juez de alzada en primer lugar no logró determinar la identidad del inmueble a reivindicar respecto sus linderos y medidas por causa del error cometido y, además en el presente caso el demandante no pretende reivindicar las dos ¡ parcelas de terreno que alega el demandado son de su propiedad, sino un área de terreno que mide 1.693,38 m2, la cual forma parte de un lote de terreno de mayor extensión que mide 14,012,04 m2, el cual alega es de su propiedad.

 

Por lo tanto, el juez de alzada no podía para verificar el requisito de la identidad de la cosa reivindicada proceder a comparar los linderos y medidas del bien que el demandante pretende reivindicar con los linderos y medidas de las parcelas de terrenos que el demandado alega son de su propiedad, pues, con esa comparación era evidente que no podía “...existir certeza dentro del presente juicio sobre la identidad de la cosa a reivindicar...”, tal como lo estableció el ad quem.

 

Asimismo, observa la Sala que con ello se estaría exigiendo que la posesión de la demandada del área de terreno que se reclama en reivindicación debiera ser una posesión exacta o total para que se dé por cumplido el requisito de la identidad de la cosa reivindicada.

 

Pues, señala el juez de alzada que”... las pruebas promovidas con el objeto de demostrar la ubicación, medidas, linderos e identidad del lote de terreno de mil seiscientos noventa y tres metros con treinta y ocho decímetros (1.693,38 mts) (sic), con respecto al terreno poseído por la parte demandada, no son concluyentes ni uniformes de tal manera que exista certeza sobre dichos aspectos...”, a pesar de haber establecido que el demandante “...acreditó la propiedad de un terreno cuya superficie es de catorce mil doce metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (14.012,04 Mts2) (sic)...”, dentro de cuya área está ubicada el área de 1.693,38 m2 que el demandante pretende reivindicar.

 

Es decir, que según la interpretación que hace el juez de alzada para que exista certeza de la posesión del demandado sobre el área de 1.693,38 m2 de terreno que pretende reivindicar la demandante y que ella alega es poseída por el demandado, debería la actora demostrar que la posesión del demandado deber ser exacta o total, es decir, que la posesión debiera ser de 1.693,38 m2 y no 1.603,58 m2, que fue la que arrojó la experticia valorada por la recurrida, lo cual, considera la Sala, no es el espíritu, propósito y razón de la interpretación que ha hecho esta 3 Máxima Jurisdicción del artículo 548 del Código Civil, cuando exige que el demandado debe probar el requisito de la identidad de la cosa reivindicada.

 

Pues, sólo se exige que el demandado demuestre que ¡a cosa que pretende reivindicar y que alega es de su propiedad, es la misma que posee el demandado, ya que es intrascendente si el área poseída por el demandado es superior o inferior a la indicada por el demandado en el libelo de demanda, pues, la sola posesión del demandado sobre el área que pretende reivindicar el demandante es suficiente para dar por cumplido el requisito de la identidad de la cosa reivindicada a la cual se halla condicionada la acción reivindicatoria.

 

Pues, considera la Sala que lo determinante y trascendente es que efectivamente el demandante demuestre que el demandado ejecuta actos de posesión sobre el lote, porción o área de terreno que es de su propiedad, independientemente que el demandado no los realice en la exactitud que haya indicado el demandante en su libelo de demanda.

 

Por lo tanto, tal como antes se ha dicho, el hecho que el demandado no posea o detente en su totalidad el lote, porción o área de terreno que se pretende reivindicar, no es obstáculo para que el juez declare con lugar la demanda de reivindicación si el demandante demuestra los demás requisitos a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación, por ende, se debería ordenar al demandado que restituya la posesión al demandante del lote, porción o área de terreno poseída o detentada por el demandado. pues, lo que no se puede es ordenar la restitución de una porción que el demandado no posee o detenta

 

Razón por la cual, no ordenar la restitución aún cuando se demuestre que el demandado posee un área mayor o menor que la pretendida por el reivindicante en su libelo de demanda, significaría dejar el demandado en posesión de una cosa o bien que la posee ¡legalmente, lo cual haría de la acción reivindicatoria sólo un enunciado y sin la importancia que como mecanismo para defender la propiedad ha sido consagrada en nuestra legislación.

 

Ahora bien, tal como antes se ha dicho el juez de alzada no logró determinar cuál es la identidad del inmueble a reivindicar con respecto a sus linderos y medidas, cuyo error lo llevó a no dar por demostrado el requisito de la identidad de la cosa reivindicada a la cual se halla sometida la acción reivindicatoria, por ende, el juez de alzada no llegó a determinar si el demandado poseía un área mayor o menor que la indicada por la demandante en el libelo de demanda. Por las consideraciones antes expuestas, considera la Sala que la infracción del artículo 548 del Código Civil, por error de interpretación, fue determinante en el dispositivo del fallo recurrido, ya que con base en el error detectado por la Sala, el juez de alzada no dio por demostrado el requisito de la identidad de la cosa reivindicada a la cual se halla condicionada la acción reivindicatoria, cuyo error también lo llevó a establecer que el demandado no demostró “.la falta de de derecho a poseer del demandado...”, lo cual fue determinante para declarar sin lugar la acción de reivindicación.” (subrayado y resaltado mío)

 

Incurre la recurrida igualmente en error de interpretación del artículo 548 del Código Civil al no determinar ni diferenciar el concepto de medida con el concepto de cabida, tal como ha sido el criterio acogido por esta Sala en la sentencia en commento, me permito transcribir:

 

“Pues, es oportuno destacar que se debe diferenciar lo que es la cabida, es decir, la superficie o medidas de un terreno, que como ya se ha dicho, el actor está en la obligación de indicar en el libelo de demanda como un requisito que debe contener la demanda de reivindicación, con lo que es la identidad del bien o la cosa reivindicada, el cual se exige como requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria, para lo cual, es necesario que el demandante en reivindicación demuestre que la cosa o el bien que reclama sea el mismo sobre el cual alega derechos como propietario y el que se señala como poseído o detentado ilegalmente por la demandada.”... (subrayado mio)

 

“Po (SIC) lo tanto, considera la Sala que lo determinante es  que efectivamente el demandante demuestre que el demandado ejerce actos ilegítimos de posesión en el lote, porción o área de terreno que es de su propiedad, es decir, basta que se verifique que los actos de posesión que se reputan ilegítimos, se realicen  dentro del inmueble sobre el cual se tiene derecho de propiedad.

 

Por lo tanto, el hecho que el demandado no posea o detente en su totalidad el lote, porción o área de terreno que se pretende reivindicar, no es obstáculo para que en estos supuestos los jueces deben declarar con lugar ¡a demanda de reivindicación si el demandante demuestra ¡os demás requisitos a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación, por ende, estima la Sala que los jueces deben ordenar al demandado que restituya la posesión al demandante del lote, porción o área de terreno poseída o detentada por el demandado, que en el ejemplo antes citado serían los 910,20 m2, pues, es lógico que no se puede ordenar la restitución de los 89,80 m2, que el demandado no posee o detenía, pero que el demandante ha demostrado que es de su propiedad.

 

En este orden de ideas, es factible que el demandado a quien se señala como el detentador o poseedor de esa área o porción de terreno que pretende el reivindicante, sea un colindante del lote de terreno que el demandante pretende reivindicar, ya que por cualquier título (el demandado) puede ser propietario o poseedor de un área de terreno contiguo y distinto al que el demandante pretende reivindicar, en cuyo caso, considera la Sala que el demandante para dar cumplimiento al requisito de la identidad de la cosa_reivindicada a la cual se halla condicionada la  acción reivindicatoria, sólo está en la obligación de demostrar, tal como lo exige la doctrina de esta Sala, que el demandado (colindante) ocupa o detenta la misma porción o área de terreno que forma parte de un terreno de mayor extensión que el demandante alega es de su propiedad y que pretende reivindicar, pues, como ya se ha dicho se debe diferenciar lo que es la cabida, como un requisito que debe contener la demanda de reivindicación, con lo que es la identidad del bien o la cosa reivindicada, como requisito para la procedencia de la acción reivindicatoria.

 

En el caso sub exámine, el Juez no determinó la cabida, incurriendo en error de interpretación del artículo 548 del Código Civil respecto de la identidad del inmueble.” (subrayado mío)

 

Continúo con la cita de la sentencia analizada:

 

“Ahora bien, es de advertir que el juez de alzada para determinar cuál es la identidad de la cosa o el bien que pretende reivindicar la demandante con relación a su ubicación, linderos y medidas, debía hacerlo con base en la indicación que hizo el actor en el libelo de demanda y de las pruebas promovidas y evacuadas por éste tendientes a demostrar los linderos y medidas que permitían individualizar el área o porción de terreno que se demanda en reivindicación, y no con base en la determinación de “…la identidad entre el lote de terreno objeto de la presente acción y las parcelas de terreno de las cuales el demandado alega ser propietario...”, tal como lo indica la recurrida, ya que este cotejo arroja de cualquier manera diferencias entre los lotes de terrenos comparados.” (resaltado mío)

 

Ese error de apreciación llevó al Juez a determinar que mi mandante  posee ilegitimamente la porción de terreno descrita por el accionante en su libelo (con una cabida mucho mayor a la que posee) ilegitimamente por ser propietario que no corresponde por demás, al inmueble que él posee) llevó igualmente al Juez de Alzada a determinar que se trata del mismo inmueble con la comparación y análisis de documentales, apartándose de la máxima de que en el juicio de reivindicación lo que se trata es de demostrar una situación fáctica y no documental, no existe en actas plano topográfico levantado al efecto, simplemente comparaciones entre planos de mensura.

 

En virtud de las anteriores consideraciones, solicito con la venia de estilo sea declarada procedente la presente denuncia por error de juzgamiento de conformidad con lo establecido en el ordinal 2 del artículo 313 del Código de procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 ejusdem, el error in iudicando en que incurrió el juez de alzada por errónea interpretación del artículo 548 del Código Civil. (Copia Textual)

 

De la denuncia antes transcrita, se desprende, que la formalizante le imputa a la recurrida la errónea interpretación del artículo 548 del Código Civil, al considerar que la recurrida  no determinó ni diferencia el concepto de medida con el concepto de cabida, y tal apreciación llevó a la juez de alzada a determinar que su mandante posee ilegítimamente la porción de terreno descrita por el accionante en su libelo, con una cabida mucho mayor a la que posee legítimamente por ser propietario, igualmente llevó a la juez de alzada a determinar que se trata del mismo inmueble con la comparación y análisis de documentales, apartándose de la máxima de que en el juicio de reivindicación lo que se trata es de demostrar una situación fáctica y no documental.

A los efectos indicados, en primer lugar debe dejarse establecido, que el vicio denunciado, la errónea interpretación de una norma jurídica, como lo ha venido sosteniendo pacífica y reiteradamente la Sala, se produce cuando el juzgador, no obstante reconoce la existencia de una determinada disposición legal, desnaturaliza el sentido de la misma y desconoce su significado, haciendo derivar de ella consecuencias no contenidas en el supuesto que la misma contempla. (Cfr. sentencia N° RC-843, Expediente N° 2014-515, de fecha 9 de diciembre de 2014, caso: Eduardo Ramón Dos Santos Freite contra Sucesores Dos Santos, C.A.)

Siendo ello así, observa la Sala que la formalizante aduce que la juez de alzada incurrió en un error de interpretación del artículo 548 del Código Civil, que señala lo siguiente:

“Articulo 548.- El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

 

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y si así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador”

 

Así las cosas, esta Sala estima conveniente transcribir lo pertinente de la recurrida que señala lo siguiente:

 

“…Ahora bien, para determinar la procedencia de la alegada falta de cualidad del accionante, ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, plenamente identificado en actas, es preciso revisar la documentación presentada por la parte actora en el escrito libelar, donde aporto los siguientes documentos: 1) documento autenticado ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo del estado Zulia, el día 15 de marzo de 2000, quedando anotado bajo el Nº 47, Tomo 14 y 2) documento protocolizado por la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 19 de septiembre de 2000, el cual quedó anotado bajo el Nº 47, Protocolo 1º, Tomo 9º, Tercer Trimestre, constituido por un lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el Nº 26A-27 ubicado en el lugar denominado “El Manzanillo”, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, encontrándose comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía Maraven,; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía Maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida San Francisco, y el cual posee una superficie aproximada de dos mil trescientos treinta y seis metros cuadrados con veinticinco centímetros (2.336,25 Mts2), derecho de propiedad que a priori demostró mediante la consignación en autos de las copias certificadas del aludido documento así como de la certificación de tradición legal expedida en fecha 14 de noviembre de 2011 por el Registro Público del municipio San Francisco del estado Zulia.

 
En este sentido, una vez efectuadas las anteriores ilustraciones, y del análisis efectuado al escrito libelar, resulta impretermitible para esta Sentenciadora indicar que la parte demandante ostenta la cualidad para intentar la presente demanda, a través de la cual pretende la reivindicación del bien inmueble cuya propiedad se atribuye conforme a las documentales antes señaladas, documentos estos que posee pleno valor probatorio, por cuanto la contraparte no procedió a realizar impugnación alguna sobre los mismos, en tal sentido colige esta Superioridad en estricta aplicación a lo supra citado, que se encuentra legitimado activamente para demandar. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte demandada, por todo lo cual, pasa a analizar la pretensión instaurada por la parte accionante. Y ASÍ SE DECIDE.

 

De esta manera, quedando comprobada la legitimación activa, pasa esta Alzada a analizar el primer requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, el cual debe entenderse por un justo título a los fines de demostrar la propiedad de un inmueble, que no es otro que aquel instrumento que acredite su propiedad y que haya sido otorgado mediante documento público, es decir, con las formalidades y solemnidades que exige la Ley para ser considerado como tal, con arreglo a las previsiones normadas en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con el ordinal 1° del artículo 1.920 eiusdem. Consecuencialmente, colige este Tribunal de Alzada que el medio idóneo para probar el derecho de propiedad de un inmueble frente al poseedor o detentador, es necesariamente un título protocolizado. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 
A fin de darle sustrato jurídico a lo precedentemente expuesto, se puntualizan las normas del Código Civil que son aplicables:

Artículo 548: “El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador”.

 

Artículo 1.920: “Además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse: 
1º. Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a Título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca.”
(…Omissis…)

 

Artículo 1.924: "Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble". 
"Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales".

 

Artículo 1.357: Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.

 

Artículo 1.359: El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso:1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos constar. (Negrillas de esta Superioridad). 


Dentro de este marco, procede esta Juzgadora Superior a determinar si se cumplen en la presente causa con el primer requisito antes señalado, por lo cual, se observa que la parte actora para demostrar la titularidad del inmueble objeto de reivindicación, presentó a las actas documento mediante el cual, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES o CARMINES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, domiciliado para ese entonces en el Distrito Maracaibo del estado Zulia (hoy municipio Autónomo Maracaibo, estado Zulia, le vendió de manera pura y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, casado, industrial y comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 5.149.819, de igual domicilio, una zona de terreno ubicada en el lugar denominado el Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo, estado Zulia, con las siguientes medidas y lindero; NORTE: terreno propiedad del vendedor ocupados por tercera personas y mide cincuenta metros (50 mts.); SUR: terreno propiedad de la compañía Maraven y mide cincuenta y cinco metros (55mts.); ESTE: terrenos propiedad de la compañía MARAVEN y mide treinta nueve metros (39 mts.) y OESTE: la avenida 5 San Francisco y mide cincuenta metros (50 mts.). Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), por haberlo adquirido según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia, en fecha 19 de diciembre de 1978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo Primero, Tomo 10, del cuarto trimestre, dejándose constancia que sobre el referido terreno no versa ningún gravamen .Quedando notariada la referida venta, el día 08 de noviembre de 1.983, bajo el Nº 36, Tomo 48 de los libro respectivo y posteriormente registrado ante la oficina Subalterna del tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia.

 

Igualmente, presentó instrumento donde el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, antes identificado le vendió el mismo inmueble al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, tal y como se evidencia de documento autenticado el día 8 de noviembre de 1983 por ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo, anotado bajo el Nº 56, Tomo 48 y posteriormente protocolizado en fecha 22 de diciembre de 1983, bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, identificado como documento “A”, derivado de lo cual, no existe la menor duda de que el identificado terreno es propiedad exclusiva de su representado, obteniéndose de tal manera que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, es propietario del inmueble indicado en el escrito libelar, respecto del cual, demanda la reivindicación; documento éste que cumple con los requisitos de Ley para ser considerado justo título, por lo que está suscrita jurisdiccional estima acreditado el primer requerimiento. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 

Por otra parte, verifica esta Arbitrium Iudiciis, que la representante judicial de la codemanda, sociedad mercantil ALTEC, C.A., abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, aseveró en su escrito de contestación de la demanda, que su representada no tiene la cualidad pasiva para sostener el juicio, debido a que el inmueble fue adquirido legalmente por el ciudadano VÍCTOR FRANCO LOBO, no teniendo ninguna prohibición para ello; de la misma manera adujo, que el documento de donde emana su propiedad fue registrado ante el Registro Subalterno de San Francisco en fecha 23 de julio de 2007, Nº 65, Tomo 97, con todas las formalidades de Ley, y donde posteriormente construyó unas mejoras, siendo también registradas, asimismo adujo que el actor debió primero anular el documento donde el ciudadano VICTOR FRANCO LOBO, adquirió la propiedad del inmueble, para después demandar por reivindicación, por lo cual su representada no posee la cualidad pasiva en esta demanda.

 

En razón de ello, se concluye que, para determinar la procedencia de la presente acción, es importante analizar otro de los requisitos, como es que se compruebe que el demandado es poseedor o detentador, y siendo que uno de los codemandados alegó no tener legitimatio ad causam, es impretermitible para esta Sentenciadora pasar a analizar uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, como es el caso de la legitimación pasiva, ya que ésta es la persona frente a la cual debe sentenciarse, aptitud procesal cuya falta de consideración dentro de la vida jurídica acarrearía la procura de una tutela judicial inútil o infructuosa a aquel accionado que no tendría la cualidad para ser condenado y por ende obligado o ejecutado.

 

Siendo ello así, es necesario precisar, que de la inspección judicial realizada por el Juzgado a-quo, en fecha 24 de noviembre de 2011, se evidencia que al constituirse el mismo en la dirección siguiente: “Barrio El Manzanillo, sector Punta de Piedra, avenida 5 con calle 16 Nº 15B-87, en jurisdicción del municipio San Francisco del estado Zulia, al llegar a la mencionada dirección, dejó constancia de haber notificado de su misión a la asistente administrativo de la empresa ALTEC, C.A., de la misma manera dejó constancia que en la dirección antes señalada se encontraba presente el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, titular de la cédula de identidad Nº 682.738 con parte de su núcleo familiar”.

 

Por otra parte, se observa del informe fotográfico presentado por el practico designado como auxiliar de justicia con la finalidad de prestarle la asesoría necesaria al Tribunal en el momento que se llevó a efecto la inspección promovida en la etapa probatoria, ciudadano ENDER GUILLERMO BRACHO SOCORRO, donde dejó constancia lo que ha continuación se transcribe: “ En esta toma se observa la fachada frontal de inmueble inspeccionado con un aviso publicitario que contiene el nombre (ALTEC,C.A), el cual colinda por el Oeste con la avenida 5 de San Francisco y por el Norte con dos propiedades una sin identificación o nomenclatura visible y otra con nomenclatura Nº 15A-120”. De lo cual se deriva que, la sociedad mercantil ALTEC, C.A., se encuentra en posesión del bien objeto de la inspección, en razón de ello, colige esta Superioridad que se encuentra comprobado la legitimatio ad causam de la codemandada ut supra mencionada. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte accionada. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 

Seguidamente, es necesario pasar a analizar el tercer y último requisito necesario para la procedencia (sic) de la venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital acción reivindicatoria, que versa sobre la identidad del inmueble propiedad de la actora y el inmueble del cual la demandada se encuentra en posesión. En este sentido, se verifica que luego de un estudio exhaustivo realizado a la experticia sobre los planos de mensura Nº RM-90-12-0001 levantado por la oficina de Catastro Municipal del municipio Maracaibo del estado Zulia, señalado con la letra y número “P1” y Nº ME04040001 levantado por la Coordinación de Catastro de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, marcado con la letra y número “P2”, los cuales sustentan: 1) documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 25 de diciembre de 1983, anotado bajo el No. 30, Tomo 18, Protocolo 1°, Cuarto Trimestre, a través del cual el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, adquiere inmueble constituido por una parcela de terreno por compra venta que hiciera al ciudadano IBRAHIN GONZALEZ, y 2) documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 30 de junio de 2004, bajo el No. 44, Protocolo 1°, Tomo 30, Segundo Trimestre (marcado con la letra “D”) mediante el cual la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, le otorga el Reconocimiento de Derechos al ciudadano VICTOR MANUEL FARNCO LOBO, de una superficie de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (1.819,31 Mts2); a tal efecto los expertos designados concluyeron lo siguiente:

 

“a) Experticia sobre el plano de mensura levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo según nota de Registro RM-90-12-0001.Luego de verificado el plano y el documento señalado, es nuestra conclusión que ese plano de mensura se corresponde al área de terreno comprada por el Sr Emil Kalbajdji Homsi. Que tiene un área según el plano de 2.336,25 m2…”. b) Realizar experticia comparativa sobre el plano de mensura –denominado “P1” levantado por la Oficina de catastro Municipal del Distrito Maracaibo con nota de registro RM-90-12-001 y el plano“P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco distinguido con el numero ME04040001.Luego de comparar los dos planos concluimos lo siguiente:

 …Omissis…)

 

Deferencias:

 

• Tienen diferentes fechas de registro

• El plano RM-9012-0001 fue registrado en la Dirección de Catastro del antiguo Distrito Maracaibo, hoy Municipio Maracaibo, cuando San Francisco era una Parroquia, en el año 1990.

• El plano ME0404001 fue registrado en el año 2003 en la Dirección de catastro del Municipio San Francisco.

 

Similitudes: 


• Se refiere a dos áreas de terrenos, que tienen gráficamente la misma ubicación geográfica de acuerdo a las direcciones de los inmuebles identificadas en cada plano.

• Ambos inmuebles están ubicados entre las Av.5 y la Av. 25G.

• Los linderos de ambos planos son coincidentes, con excepción del lindero norte.

 

Ahora bien, del análisis efectuado al informe pericial, presentado por los ciudadanos MARIA CAROLINA AMAYA, OCTAVIO VILLALOBOS y JAIME RODRIGUEZ, plenamente identificados en actas y en su condición de expertos, se observa que existe identidad entre el inmueble objeto de reivindicación y el poseído por los demandados en actas, lo cual se puedo evidenciar de los planos que reposan en el expediente, identificados con la letra y número “P1”, aportado por la parte actora y el “P2”, consignado por la representante judicial de los demandados, los cuales fueron valorados en la oportunidad correspondiente.

 

En este sentido, se desprende del mismo informe que existe una diferencia en relación al lindero NORTE, por lo cual, es importante señalar que con motivo a las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quien era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero. Y ASÍ SE DETERMINA. 


Determinado lo anterior, y luego de revisar la cadena documental aportada por la parte actora, se evidencia que el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, le vende al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, una zona de terreno ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del estado Zulia, con las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía MARAVEN; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía MARAVEN; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), el cual forma parte de una extensión de terreno que adquirió según documento registrado el día 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, Cuarto Trimestre.

 

Cabe destacar, que el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.149.819, le vende la misma superficie de terreno al ciudadano MICHEL KALBAKDJI BASNAJI, parte accionante en el presente litigio, por haberlo adquirido según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, tal y como se evidencia de la cadena documental aportada al proceso por la parte accionante.

 

Mientras que la cadena documental aportada por la parte demanda, se evidencia que el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-682.738, solicitó Reconocimiento de Derecho sobre una superficie que forma parte de los terrenos ejidos del municipio San Francisco del estado Zulia, situado en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, Nº 15B-87, Parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, el cual le fue otorgado por la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, según documento registrado ante el Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del estado Zulia, el fecha 30 de junio de 2004, quedando anotado bajo el Nº 44, Protocolo 1º, Tomo 30, Segundo Trimestre; quien posteriormente le vende a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., la superficie de terreno, el día 31 de agosto de 2007, documento este protocolizado por ante la oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 49, Tomo 20, Protocolo 1º, Tercer Trimestre.

 

Dentro de esta perspectiva, colige esta Juzgadora Superior, que si bien es cierto que existe dos (2) cadenas documentales, no es menos cierto que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, posee una cadena documental que data del año 1.978, mientras que la sociedad mercantil ALTEC,C.A., ostenta una cadena documental mas resiente (sic), ya que, data del año 2004, razón por la cual, la parte demandante logró demostrar todos los elementos que configura la viabilidad de una reivindicación, en atención a que se demostró la propiedad del inmueble, la identidad del mismo con la prueba pericial y la cadena documental con una data más antigua en el presente proceso; y por último la posesión ejercida por sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia, y que éstos a su vez, no logrando desvirtuar la pretensión del demandante pues el argumento que esbozó de la contratación careció de elementos probatorios que apoyara su afirmación. Y ASÍ SE ESTABLECE. (Copia Textual.)

 

En relación a la interpretación que debe hacerse del artículo 548 del Código Civil, esta Sala en Sentencia N° 341, de fecha 27/04/2004, caso: Euro Ángel Martínez Fuenmayor y Otros contra Oscar Alberto González Ferrer, Exp. N° 00-822, estableció lo siguiente:

 

“…Según Puig Brutau, la acción reivindicatoria, es “...la acción que puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar título jurídico, como fundamento de su posesión...” (Tratado Elemental de Derecho Civil Belga. Tomo VI pág. 105, citado por el Autor Venezolano Gert Kummerow, Comprendió de Bienes y Derechos Reales. Derecho Civil II. Ediciones Magon, tercera edición, Caracas 1980, pág. 338).

 

La acción reivindicatoria es una acción real, petitoria, de naturaleza esencialmente civil y se ejerce ERGA OMNES, es decir, contra cualquiera que sea el detentador y contra todo poseedor actual que carezca de título de propiedad.

 

La acción reivindicatoria supone tanto la prueba del derecho de propiedad por parte del demandante como la privación o detentación posesoria de la cosa, por quien no es el propietario y no es susceptible de prescripción extintiva.

 

La acción reivindicatoria, se encuentra condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Derecho de propiedad o dominio del actor (reivindicante); b) Encontrarse el demandado en posesión de la cosa que se trata de reivindicar; c) La falta del derecho a poseer del demandado; d) Identidad de la cosa, es decir que sea la misma reclamada y sobre la cual el actor reclama derechos como propietario.

 

La acción reivindicatoria corresponde exclusivamente al propietario contra el poseedor que no es propietario. En consecuencia, la carga de la prueba la tiene el demandante.

(…Omissis...)

En consecuencia, el demandante está obligado a probar por lo menos dos requisitos: a) Que el demandante es realmente legítimo propietario de la cosa que pretende reivindicar y b) Que la cosa de que se dice propietario es la misma cuya detentación ilegal le atribuye a la demandada. La falta de uno o cualquiera de estos dos requisitos, es suficiente para que se declare sin lugar la acción…”.

 

Asimismo, esta Sala en sentencia N° RC-00140, de fecha 24 de marzo de 2008, caso: Olga Martín Medina contra Edgar Ramón Telles y Nancy Josefina Guillén de Telles, exp. N° 03-653, (Ratificada entre otras, en sentencia N° 257, de fecha 8/05/2009, caso: Marisela del Carmen Reyes del Moral contra Lya Mercedes Villalobos de González, expediente 08-642.) estableció el siguiente criterio jurisprudencial, a saber:

 

“...De la norma transcrita se evidencia, que el propietario de una cosa tiene derecho a reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

El maestro Gert Kummerow citando a Puig Brutau describe la acción de reivindicación como aquella que “...puede ejercitar el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un título jurídico como fundamento de su posesión…”. Asimismo, cita a De Page quien estima que la reivindicación es “…la acción por la cual una persona reclama contra un tercero detentador la restitución de una cosa de la cual se pretende propietario…”, e indica que ambos conceptos fundan la reivindicación en la existencia de un derecho (la propiedad) y en la ausencia de la posesión del bien en legitimado activo. Suponen, a la vez, desde el ángulo del legitimado pasivo, la detentación o posesión de la cosa sin el correlativo derecho.

La acción reivindicatoria se halla (sic) dirigida, por tanto, a la recuperación de la posesión sobre la cosa y a la declaración del derecho de propiedad discutido por el autor del derecho lesivo. En esta hipótesis, la restitución del bien aparecería como una resultante del derecho de propiedad, reconocido por el pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente. (Bienes y Derechos Reales, quinta edición, McGraw-Hill Interamericana, Caracas 2002, p.348).

Continua expresando el maestro Kummerow en la obra comentada (p.353), que la acción de reivindicación se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) el derecho de propiedad del reivindicante; 2) el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada; 3) la falta de derecho de poseer del demandado y; 4) la identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario.

Asimismo, indica (pág. 353) que la legitimación activa “...corresponde exclusivamente al propietario contra el poseedor que no es propietario. En consecuencia, recae sobre el actor la carga de la prueba de su derecho de propiedad y, de la posesión que el demandado ejerce sobre el bien reivindicado. Con ello, la determinación de la cosa, viene a ser una consecuencia lógica en la demostración de la identidad. Faltando la demostración del derecho de propiedad, el actor sucumbirá en el juicio aunque el demandado no pruebe, de manera clara e indubitable, su derecho en apoyo de la situación en que se encuentra... La falta de título de dominio, impide que la acción prospere, aun (sic) cuando el demandado asuma una actitud puramente pasiva en el curso del proceso...”.

El criterio de la Sala, va dirigido en esta misma corriente. En efecto, en decisión del 3 de abril de 2003, caso: Marcella del Valle Sotillo y Pedro Fajardo Sotillo contra Irlanda Luz Mago Orozco, la Sala dejó sentado que “...la propiedad del bien inmueble demostrada con justo título, [constituye] uno de los elementos de mayor peso, si no el más trascendental, a los fines de producir una decisión apegada a derecho... en atención al derecho del propietario de una cosa de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador...”.

Asimismo, la Sala en sentencia N° 947 del 24 de agosto de 2004, en el juicio de Rafael José Marcano Gómez contra Rosaura del Valle Hernández Torres, la Sala estableció que “...en el caso de la reivindicación, es necesario que: 1) El demandante alegue ser propietario de la cosa; 2) Que demuestre tener título justo que le permita el ejercicio de ese derecho; 3) Que la acción vaya dirigida contra el detentador o poseedor de la cosa y que éste a su vez no tenga derecho sobre el bien; y, 4) Que solicite la devolución de dicha cosa...”. Asimismo, señaló que en el caso de la acción reivindicatoria el actor debe solicitar al tribunal “...la restitución del derecho de propiedad, apoyado en que tiene justo título y quien posee, usa y disfruta el inmueble no es el propietario del bien...”.

La Sala reitera los criterios jurisprudenciales precedentes, y deja sentado que dada las características de la acción reivindicatoria, ésta sólo puede ser propuesta única y exclusivamente por quien es efectivamente titular del derecho de propiedad para el momento de presentada la demanda, sobre el cual recae la carga de demostrar tal cualidad frente al demandado, quien sólo es detentador del inmueble.

En similar sentido, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre el particular. Así, en decisión del 26 de abril de 2007, caso: de Gonzalo Palencia Veloza, estableció respecto de la acción reivindicatoria que:

“...el propietario demandante que pretende se le reivindique en sus derechos, debe presentar como instrumento fundamental de la demanda el título o documento donde acredite su propiedad verificándose de autos que el demandante acredite la propiedad del inmueble cuya reivindicación solicita como parte de mayor extensión del inmueble que adquirió conforme a documento registrado por ante de Registro Público del Municipio Alberto Adriani del estado Mérida, cuyos linderos y demás datos han sido lo suficientemente especificados, a excepción del documento donde consta su aclaratoria sobre la ubicación real, que riela a los folios 9 y 10 como instrumento fundamental de la demanda, parte alta de la Blanca sector La Montañita al finalizar de la carretera asfaltada al lado derecho jurisdicción de la Parroquia Rafael Pulido Méndez, Municipio Alberto Adriani del estado Mérida...”.

La Sala reitera el criterio anteriormente transcrito, y deja sentado que el propietario demandante que pretende se le reivindique en sus derechos, debe presentar como instrumento fundamental de la demanda, el título o documentoque acredite su propiedad, con el fin de demostrar la propiedad del inmueble cuya reivindicación solicita.

Dicho con otras palabras, para reivindicar un bien, quien demanda tiene que alegar y demostrar ser titular del derecho de propiedad del bien objeto del juicio, es decir, los elementos fácticos de la propiedad deben constar en autos inequívocamente, para que el juez de la causa declare cumplidos los presupuestos de la acción.

Quiere decir, que la demanda debe ser declarada con lugar si siendo ella ajustada a derecho, la demandante prueba ser titular del derecho de propiedad del inmueble con el título o documento que lo acredite y quien ocupa el inmueble es un simple detentador o poseedor de la cosa, por lo que en casi todos los casos, como quedó establecido precedentemente, la carga de la prueba corresponde al demandante...”. (Negritas de la Sala).

 

De los criterios jurisprudenciales antes transcrito se evidencia, que en los juicios de reivindicación como el de autos, la acción de reivindicación se halla condicionada a la concurrencia de los siguientes presupuestos: 1) el derecho de propiedad del reivindicante; 2) el hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa reivindicada; 3) la falta de derecho de poseer del demandado y; 4) la identidad de la cosa reivindicada, esto es, que la cosa reclamada sea la misma sobre la cual el demandante alega derechos como propietario.

Asimismo, de acuerdo a los referidos criterios, en los juicios de reivindicación es necesario: 1) Que el demandante alegue ser propietario de la cosa; 2) Que demuestre tener título justo que le permita el ejercicio de ese derecho; 3) Que la acción vaya dirigida contra el detentador o poseedor de la cosa y que éste a su vez no tenga derecho sobre el bien; y, 4) Que solicite la devolución de dicha cosa.

También, indica el criterio de esta Sala, que el actor al ejercer la acción reivindicatoria debe solicitar al tribunal la restitución del derecho de propiedad, apoyado en que tiene justo título y quien posee, usa y disfruta el inmueble sin ser el propietario del bien.

Por lo tanto, considera la Sala que en los juicios de reivindicación los jueces tienen la obligación de determinar sí se cumplen o no los presupuestos concurrentes a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación para poder declarar la procedencia o improcedencia de la acción de reivindicación.

Ahora bien, como puede apreciarse de la transcripción parcial de la recurrida, la juez de alzada determinó que sí fueron cumplidos todos y cada unos de los presupuestos concurrentes a los cuales se halla condicionada la acción de reivindicación, es decir:

Con relación al primero de los requisitos la juez de la recurrida determinó lo siguiente:

 

“…Dentro de este marco, procede esta Juzgadora Superior a determinar si se cumplen en la presente causa con el primer requisito antes señalado, por lo cual, se observa que la parte actora para demostrar la titularidad del inmueble objeto de reivindicación, presentó a las actas documento mediante el cual, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES o CARMINES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, domiciliado para ese entonces en el Distrito Maracaibo del estado Zulia (hoy municipio Autónomo Maracaibo, estado Zulia, le vendió de manera pura y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, casado, industrial y comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 5.149.819, de igual domicilio, una zona de terreno ubicada en el lugar denominado el Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo, estado Zulia, con las siguientes medidas y lindero; NORTE: terreno propiedad del vendedor ocupados por tercera personas y mide cincuenta metros (50 mts.); SUR: terreno propiedad de la compañía Maraven y mide cincuenta y cinco metros (55mts.); ESTE: terrenos propiedad de la compañía MARAVEN y mide treinta nueve metros (39 mts.) y OESTE: la avenida 5 San Francisco y mide cincuenta metros (50 mts.). Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), por haberlo adquirido según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia, en fecha 19 de diciembre de 1978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo Primero, Tomo 10, del cuarto trimestre, dejándose constancia que sobre el referido terreno no versa ningún gravamen .Quedando notariada la referida venta, el día 08 de noviembre de 1.983, bajo el Nº 36, Tomo 48 de los libro respectivo y posteriormente registrado ante la oficina Subalterna del tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia.

 

Igualmente, presentó instrumento donde el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, antes identificado le vendió el mismo inmueble al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, tal y como se evidencia de documento autenticado el día 8 de noviembre de 1983 por ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo, anotado bajo el Nº 56, Tomo 48 y posteriormente protocolizado en fecha 22 de diciembre de 1983, bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, identificado como documento “A”, derivado de lo cual, no existe la menor duda de que el identificado terreno es propiedad exclusiva de su representado, obteniéndose de tal manera que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, es propietario del inmueble indicado en el escrito libelar, respecto del cual, demanda la reivindicación; documento éste que cumple con los requisitos de Ley para ser considerado justo título, por lo que está suscrita jurisdiccional estima acreditado el primer requerimiento. Y ASÍ SE ESTABLECE….” (Copia Textual)

 

Con respecto al segundo de los requisitos, la juez de alzada determinó lo siguiente:

 

“…En razón de ello, se concluye que, para determinar la procedencia de la presente acción, es importante analizar otro de los requisitos, como es que se compruebe que el demandado es poseedor o detentador, y siendo que uno de los codemandados alegó no tener legitimatio ad causam, es impretermitible para esta Sentenciadora pasar a analizar uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, como es el caso de la legitimación pasiva, ya que ésta es la persona frente a la cual debe sentenciarse, aptitud procesal cuya falta de consideración dentro de la vida jurídica acarrearía la procura de una tutela judicial inútil o infructuosa a aquel accionado que no tendría la cualidad para ser condenado y por ende obligado o ejecutado.

 

Siendo ello así, es necesario precisar, que de la inspección judicial realizada por el Juzgado a-quo, en fecha 24 de noviembre de 2011, se evidencia que al constituirse el mismo en la dirección siguiente: “Barrio El Manzanillo, sector Punta de Piedra, avenida 5 con calle 16 Nº 15B-87, en jurisdicción del municipio San Francisco del estado Zulia, al llegar a la mencionada dirección, dejó constancia de haber notificado de su misión a la asistente administrativo de la empresa ALTEC, C.A., de la misma manera dejó constancia que en la dirección antes señalada se encontraba presente el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, titular de la cédula de identidad Nº 682.738 con parte de su núcleo familiar”.

 

Por otra parte, se observa del informe fotográfico presentado por el practico designado como auxiliar de justicia con la finalidad de prestarle la asesoría necesaria al Tribunal en el momento que se llevó a efecto la inspección promovida en la etapa probatoria, ciudadano ENDER GUILLERMO BRACHO SOCORRO, donde dejó constancia lo que ha continuación se transcribe: “ En esta toma se observa la fachada frontal de inmueble inspeccionado con un aviso publicitario que contiene el nombre (ALTEC,C.A), el cual colinda por el Oeste con la avenida 5 de San Francisco y por el Norte con dos propiedades una sin identificación o nomenclatura visible y otra con nomenclatura Nº 15A-120”. De lo cual se deriva que, la sociedad mercantil ALTEC, C.A., se encuentra en posesión del bien objeto de la inspección, en razón de ello, colige esta Superioridad que se encuentra comprobado la legitimatio ad causam de la codemandada ut supra mencionada. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte accionada. Y ASÍ SE ESTABLECE. (Copia Textual)

 

Y por ultimo en lo que respecta al tercero de los requisitos para exigir la acción reivindicatoria, el ad quem determinó lo siguiente:

 

“Seguidamente, es necesario pasar a analizar el tercer y último requisito necesario para la procedencia (sic) de la venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital acción reivindicatoria, que versa sobre la identidad del inmueble propiedad de la actora y el inmueble del cual la demandada se encuentra en posesión. En este sentido, se verifica que luego de un estudio exhaustivo realizado a la experticia sobre los planos de mensura Nº RM-90-12-0001 levantado por la oficina de Catastro Municipal del municipio Maracaibo del estado Zulia, señalado con la letra y número “P1” y Nº ME04040001 levantado por la Coordinación de Catastro de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, marcado con la letra y número “P2”, los cuales sustentan: 1) documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 25 de diciembre de 1983, anotado bajo el No. 30, Tomo 18, Protocolo 1°, Cuarto Trimestre, a través del cual el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, adquiere inmueble constituido por una parcela de terreno por compra venta que hiciera al ciudadano IBRAHIN GONZALEZ, y 2) documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 30 de junio de 2004, bajo el No. 44, Protocolo 1°, Tomo 30, Segundo Trimestre (marcado con la letra “D”) mediante el cual la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, le otorga el Reconocimiento de Derechos al ciudadano VICTOR MANUEL FARNCO LOBO, de una superficie de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (1.819,31 Mts2); a tal efecto los expertos designados concluyeron lo siguiente:

 

“a) Experticia sobre el plano de mensura levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo según nota de Registro RM-90-12-0001.Luego de verificado el plano y el documento señalado, es nuestra conclusión que ese plano de mensura se corresponde al área de terreno comprada por el Sr Emil Kalbajdji Homsi. Que tiene un área según el plano de 2.336,25 m2…”. b) Realizar experticia comparativa sobre el plano de mensura –denominado “P1” levantado por la Oficina de catastro Municipal del Distrito Maracaibo con nota de registro RM-90-12-001 y el plano“P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco distinguido con el numero ME04040001.Luego de comparar los dos planos concluimos lo siguiente:

 …Omissis…)

 

Deferencias:

 

• Tienen diferentes fechas de registro

• El plano RM-9012-0001 fue registrado en la Dirección de Catastro del antiguo Distrito Maracaibo, hoy Municipio Maracaibo, cuando San Francisco era una Parroquia, en el año 1990.

• El plano ME0404001 fue registrado en el año 2003 en la Dirección de catastro del Municipio San Francisco.

 

Similitudes: 


• Se refiere a dos áreas de terrenos, que tienen gráficamente la misma ubicación geográfica de acuerdo a las direcciones de los inmuebles identificadas en cada plano.

• Ambos inmuebles están ubicados entre las Av.5 y la Av. 25G.

• Los linderos de ambos planos son coincidentes, con excepción del lindero norte.

 

Ahora bien, del análisis efectuado al informe pericial, presentado por los ciudadanos MARIA CAROLINA AMAYA, OCTAVIO VILLALOBOS y JAIME RODRIGUEZ, plenamente identificados en actas y en su condición de expertos, se observa que existe identidad entre el inmueble objeto de reivindicación y el poseído por los demandados en actas, lo cual se puedo evidenciar de los planos que reposan en el expediente, identificados con la letra y número “P1”, aportado por la parte actora y el “P2”, consignado por la representante judicial de los demandados, los cuales fueron valorados en la oportunidad correspondiente.

 

En este sentido, se desprende del mismo informe que existe una diferencia en relación al lindero NORTE, por lo cual, es importante señalar que con motivo a las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quien era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero. Y ASÍ SE DETERMINA. 


Determinado lo anterior, y luego de revisar la cadena documental aportada por la parte actora, se evidencia que el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, le vende al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, una zona de terreno ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del estado Zulia, con las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía MARAVEN; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía MARAVEN; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), el cual forma parte de una extensión de terreno que adquirió según documento registrado el día 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, Cuarto Trimestre.

 

Cabe destacar, que el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.149.819, le vende la misma superficie de terreno al ciudadano MICHEL KALBAKDJI BASNAJI, parte accionante en el presente litigio, por haberlo adquirido según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, tal y como se evidencia de la cadena documental aportada al proceso por la parte accionante.

 

Mientras que la cadena documental aportada por la parte demanda, se evidencia que el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-682.738, solicitó Reconocimiento de Derecho sobre una superficie que forma parte de los terrenos ejidos del municipio San Francisco del estado Zulia, situado en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, Nº 15B-87, Parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, el cual le fue otorgado por la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, según documento registrado ante el Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del estado Zulia, el fecha 30 de junio de 2004, quedando anotado bajo el Nº 44, Protocolo 1º, Tomo 30, Segundo Trimestre; quien posteriormente le vende a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., la superficie de terreno, el día 31 de agosto de 2007, documento este protocolizado por ante la oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 49, Tomo 20, Protocolo 1º, Tercer Trimestre.

 

Dentro de esta perspectiva, colige esta Juzgadora Superior, que si bien es cierto que existe dos (2) cadenas documentales, no es menos cierto que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, posee una cadena documental que data del año 1.978, mientras que la sociedad mercantil ALTEC,C.A., ostenta una cadena documental mas resiente (sic), ya que, data del año 2004, razón por la cual, la parte demandante logró demostrar todos los elementos que configura la viabilidad de una reivindicación, en atención a que se demostró la propiedad del inmueble, la identidad del mismo con la prueba pericial y la cadena documental con una data más antigua en el presente proceso; y por último la posesión ejercida por sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia, y que éstos a su vez, no logrando desvirtuar la pretensión del demandante pues el argumento que esbozó de la contratación careció de elementos probatorios que apoyara su afirmación. Y ASÍ SE ESTABLECE. (Copia Textual.)

 

Por lo que en el presente caso, al verificarse como cumplidos de manera concurrente todos y cada unos de los presupuestos exigidos en los juicios de reivindicación, considera esta Sala, que la Juez de alzada no incurrió en el vicio de errónea interpretación del artículo 548 del Código Civil. Así se declara.

En razón a todo lo precedentemente expuesto, esta denuncia es improcedente. Así se declara.

-II-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación de una máxima de experiencia, con infracción del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 507, 509 y 254 por falsa aplicación.

 

Expresa la formalizante:    

 

“…Se denuncia la infracción contenida en el ordinal 2° del artículo 313, por violación de una máxima de experiencia, con infracción de artículo 12 del Código de Procedimiento Civil e infracción de los artículos 507, 509 y 254 por falsa aplicación.

 

En efecto, cierto es que la máxima en el juicio de reivindicación es que se trata de demostrar una situación fáctica y no documental.

 

En el caso bajo estudio, se considera que la recurrida violó una máxima de experiencia al no tomar en consideración la manera como mi mandante y a su vez su causante en la venta se hallaban en posesión del inmueble o entraron a o ocuparlo y la ubicación en el espacio de inmueble a reivindicarse.

 

De las actas consta que el accionante alegó que existía un contrato de arrendamiento previo que al vencerse, el ciudadano VICTOR FRANCO LOBO comenzó a ocupar como vigilante.

 

En este sentido, el contrato de arrendamiento que trajo a las actas la accionante fue desechado en su valor probatorio por la Juez de la recurrida.

 

Me permito transcribir:

 

…“Original de documento de contrato de arrendamiento suscritos por los ciudadanos EMIL KALBÁKDJI HOMSI y GEORGE BISMARJI MAYO, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo del estado Zulia, en fecha 17 de octubre de 1985, quedando anotado bajo el N° 447, Tomo 1°

 

Al respecto, se observa que las descritas instrumentales se encuentran constituidas por documentos autenticados de carácter privados que emanan de terceros, y siendo que las misma no fueron ratificadas en juicio, en consecuencia se acuerda desestimarlas de conformidad con las previsiones del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE “(folio 52 de la recurrida)

 

Original de oferta de venta suscrita por los ciudadanos OSCAR EDUARDO BARBOZA y ALEXIS PALMAR CASTILLO, quienes obran en nombre y representación del ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, la cual fue dirigida al ciudadano SIMÓN JOSÉ CABELLO ESTABA, representante legal de la Sociedad Mercantil ALTEC, C.A. Con respecto a esta promoción de prueba, observa esta Juzgadora que se trata de un documento privado que emana de un tercero ajeno al proceso, la misma debió ser ratificada por quienes la suscribieron, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo se evidencia de las actas que solo el testigo OSCAR EDUARDO BARBOZA, ratificó el contenido del documento antes señalado, en razón de ello se le otorga todo su valor probatorio con lo que respecta a la ratificación del ciudadano antes mencionado con lo previsto en la norma adjetiva civil ut supra mencionada. Y ASÍ SE VALORA.

 

Igualmente, la recurrida en su apreciación del acervo probatorio, con respecto a la prueba testimonial, por tratarse de la ratificación de un documento emanado de un tercero, valora según las reglas de la sana crítica (artículo 507) del Código de procedimiento Civil, la misma, aun cuando existe una tarifa legal determinada y expresa para la prueba de testigos, máxime si quien comparece a declarar es un único testigo, para ratificar en su contenido y firma un documento no suscrito por persona alguna que obligue a mi mandante y por ende inoponible a ésta.

 

Me permito transcribir:

 

“• La parte actora promovió las testimoniales de los ciudadanos: OSCAR EDUARDO BARBOZA y ALEXIS PALMAR CASTILLO.

 

Se evidencia de las actas que la parte actora procedió a promover las presentes testimoniales con la finalidad de ratificar el contenido y firma de la oferta de venta suscrita por los ciudadanos OSCAR EDUARDO BARBOZA y ALEXIS PALMAR CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 1.650.212 y 3.909.125 respectivamente, al representante legal de la sociedad mercantil ALTEC, C.A.

 

No obstante, solo compareció por ante el Tribunal Noveno de los Municipios Maracaibo. Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, actualmente Tribunal Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo. Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En la oportunidad fijada por ese ór2ano jurisdiccional. el ciudadano OSCAR EDUARDO BARBOZA identidad No. 1.650.212 y domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, quien reconoció en su contenido y firma el documento antes señalado; asimismo procedió a dar contestación a las preguntas que le fueron realizadas, donde manfestó. “que él y el abogado ALEXIS PALMAR actuaron en esa oportunidad como apoderados del ciudadano MICHEL KAIBAHDJI oportunidades tuvo que dirigirse a él personalmente con el objeto de poner en claro su situación con respecto al inmueble que ocupaba, que es cierto que el nombrado FRANCO LOBO fue autorizado por EMIL KALBAKDJI HOMSI para que habitara en calidad de vigilante y celador del terreno; que VICTOR MANUEL FRANCO LOBO estaba enterado de que la propiedad de dicho terreno corresponde a MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, y que sus visitas hacia su persona eran precisamente en base a instrucciones que enviaba el señor MICHEL con el objeto de mantener la vigilancia de dicho inmueble; que es cierto que la referida oferta fue recibida el día 02-06-2008 por una persona que se identificó como RAMÓN REVILLA. quien dijo actuar como representante legal de ¡a empresa ALTEC CA. ya que, en la visita que le realizaron anteriormente a esa fecha, el abogado ALEXIS PALMAR CASTILLO y su persona, el ciudadano representante de la empresa ALTE les informó que su abogado el Dr. Ramón Revilla se comunicaría con ellos, como en efecto as ocurrió, y concertaron una reunión en donde le hicieron entrega del documento en cuestión. Igualmente afirmó que no recuerda cuanto tiempo fue apoderado del ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, pero que fue por años; que dicha oferta que estaba precisamente al señor JOSE CABELLO ESTABA, le fue entregada al abogado RAMON REVILLA, ya que el ciudadano CABELLO ESTABA les manifestó en esa oportunidad que el abogado REVILLA actuaría en su nombre y en el nombre de la empresa; que la citada reunión se produjo en BAMBI Café situado en la avenida Dr. RISQUEZ, que el ciudadano REVILLA no mostró ningún poder pero si hizo hincapié en que venía de parte del ciudadano JOSÉ CABELLO ESTABA. quien era el representante legal de la empresa ALTEC, C.A.; que dicho inmueble se encuentra ubicado en la avenida principal que conduce hacia el hoy Municipio San Francisco conocida como 5 de lulio. en e! sector El Manzanillo, con número de nomenclatura 26-25. teniendo una extensión aproximada de 2.336 metros: que ignora cuando el ciudadano MICHEL KALBAHDJI tuvo conocimiento sobre ¡a construcción de una edificación en el terreno; que de acuerdo al documento expedido por la Alcaldía del Municipio San Francisco, se evidencia que el ciudadano FRANCO le compró a dicha Alcaldía haciéndole creer que tal extensión de terreno estaba en situación ejidal que llene entendido que el ciudadano FRANCO le vendió una parte de mayor extensión de las 2.336 metros cuadrados a la empresa ALTEC En derivación, este Juzgado de A izada observa de las actas procesales, que en el escrito pruebas presentado por la parte accionante, al momento de promover ¡as testimoniales de los ciudadanos OCAR EDUARDO BARBOZ4 y ALEXIS PALMAR CASTILLO, manifestó la voluntad de realizar otros particulares; y siendo que el juzgado a quo, procedió a admitir las pruebas promovidas en los términos solicitados en tal sentido esta alzada le otorga todo su valor probatorio a las correspondientes deposiciones del testigo, por cuanto adminiculados con los hechos controvertidos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 507 del Código de procedimiento Civil. Y ASI SE VÁLORA.

 

Hay infracción del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, y en la aplicación de la sana crítica, incurre en un error sobre los puntos de hecho examinados, pues obvia que la instrumental privada ratificada por el tercero mediante la testimonial analizada en el folio cincuenta y cuatro (54) y cincuenta y cinco (55) de la recurrida, no puede serle oponible a mi mandante por no estar suscrita por éste. Establecer hechos oponibles a mi mandante con ocasión de dicha instrumental constituye violación a las máximas de experiencia, adminiculado ello a que se trata de un solo testigo.

 

“Artículo 508 Para la apreciación de la prueba de testigos, el Juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, o ya por otro motivo, aunque no hubiese sido tachado, expresándose el fundamento de tal determinación.”

 

Así, tenemos además que el testigo adujo haber sido apoderado del accionante.

 

Podría hablarse incluso de una motivación acogida de parte de la recurrida, al establecer “y siendo que el juzgado a quo, procedió a admitir las pruebas promovidas en los términos solicitados en tal sentido esta alzada le otorga todo su valor probatorio a las correspondientes deposiciones del testigo”…

 

De manera que en la parte final de su capítulo denominado “Conclusiones” la sentencia recurrida afirme, incluyendo todo este material probatorio, “En aquiescencia a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y a los criterios jurisprudenciales ut supra explanados, aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso sub litis, y aunado a los medios probatorios aportados por las partes interactuantes en la presente causa, resulta forzoso para esta Jurisdicente Superior, REVOCAR la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y consecuencialmente, se declara CON LUGAR el recurso de apelación incoado por la parte actora, a través de su apoderada judicial y así se plasmará en forma expresa, precisa, y positiva en el dispositivo del fallo a ser dictado en la presente causa. Y ASI! SE DECIDE. (folio 79 de la recurrida)

 

HUMBERTO BELLO TABARES en su obra “La Casación Civil”, pág. 636, esboza:

 

…”Pero las máximas de experiencia también pueden utilizarse en la sentencia para llegar a la conclusión y resolver el conflicto judicial, cuya lesión o error se ubica en la conclusión del silogismo, tratándose en consecuencia de un yerro e derecho, censurable en Casación, lo que daría lugar a la denuncia aislada del artículo 12 del Código de procedimiento Civil, al amparo del artículo 313.2 eiusdem, con la explicación que se llegó a una conclusión errónea para resolver el conflicto judicial, partiéndose de una máxima de experiencia, lo que debe ser determinante en el dispositivo del fallo”....

 

Esboza el autor y obra citada estableciendo, parafraseando lo señalado por esta Sala, lo siguiente:

 

“Luego cuando el ¡udicante lesiona las máximas de experiencia en cuanto a la apreciación de las prueba o en cuanto al establecimiento del hecho desconocido partiendo de un hecho conocido—prueba por indicios- se abre la posibilidad de casación, mediante la pertinente denuncia del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al amparo del artículo 313.2 ejusdem concordado con el artículo 12 del Código de procedimiento Civil. al amparo del artículo 313.2 ibídem, así como la sana crítica, que resulta infringida cuando se trata de una máxima de experiencia absurda e ilógica, en cuyo caso, debe argumentarse en qué consiste la infracción de la máxima de experiencia la prueba, que generalmente conducirá a establecer erróneamente los hechos, produciéndose una infracción indirecta de norma jurídica, por falsa aplicación que por lógica aparejará una falta de aplicación de la norma jurídica aplicable al caso, de haberse establecido correctamente los hechos, si no se hubiera incurrido en lesión de máxima de experiencia al apreciar las pruebas, todo lo que en definitiva se trata de un error de hecho ubicado en la premisa menor silogística... (ob cit. p- 646)

 

Asimismo, se advierte que la Juez de Alzada ha debido en el establecimiento de los hechos, tomar en consideración las mejoras o bienhechurías realizadas por mi mandante sobre el inmueble que a decir del accionante es el mismo que reclama por ser propietario.

Resulta adecuado y muy conveniente que después de que están realizadas dichas mejoras y establecida como sede social de mi mandante el terreno que dice el accionante es de su propiedad, éste aparezca reclamando su restitución. Mi mandante posee y es propietario de buena fe.

Todo ello, resulté en la violación del artículo 254 del Código de procedimiento Civil, el cual a la letra establece:

 

“Artículo 254 Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado y. en igualdad de circunstancias favorecerán la condición del poseedor prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de puntos de mera forma. En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, a formalidad a que se haya faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse.” (subrayado mio)

 

En el caso facti especie, no puede hablarse de plena prueba de los hechos alegados en la demanda.

 

A ello debemos adminicular, o que doctrinariamente se encuentra establecido respecto de lo que el demandante tiene la carga de probar al reclamar la reivindicación.

 

En el caso facti especie además, se opuso y acompañaron a las actas los instrumentos contentivos de los procesos expropiatorios de los cuales fueron objeto los terrenos propiedad del causante de quien vende al accionante, documentos que fueron valorados por la juez de alzada y de la cual estableció que en virtud de dichas expropiaciones existe la diferencia en la identidad de los inmuebles, sin que nada haya establecido respecto de si el inmueble reclamado por el accionante estaba o no dentro del terreno expropiado, tal alegato y las copias del juicio de expropiación son suficientes para enervar cualquier posible buen o mejor derecho que por el tiempo pudiera devenir al accionante.

 

Al aseverar la juzgadora de la recurrida: “En aquiescencia a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y a los criterios jurisprudenciales ut supra explanados, aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso sub litis. Y aunado a los medios probatorios aportados por las partes interactuantes en la presente causa, resulta forzoso para esta Jurisdicente Superior, REVOCAR la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y consecuencialmente, se declara CON LUGAR el recurso de apelación incoado por la parte actora, a través de su apoderada judicial y así se plasmará en forma expresa, precisa, y positiva en el dispositivo del fallo a ser dictado en la presente causa. Y ASÍ SE DECIDE”.... viola el contenido del artículo 12 del Código de procedimiento Civil.

 

“Articulo 12 Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

 

Es evidente la infracción de los artículos 507, 509 y 254 todos del Código de procedimiento Civil, por falsa aplicación de la norma producida por falsa aplicación, las cuales de haber sido adecuadamente aplicadas incidiría en el dispositivo del fallo, pues ante la duda en la demostración de los hechos alegados por el accionante, la recurrida hubiese decidido de distinta manera. Por las razones de hecho y de Derecho antes expuestas, solicito sea declarada CON LUGAR la delación contenida en este capítulo. (Copia Textual)

 

La Sala para decidir observa:

La formalizante delata en su denuncia, la violación de una máxima de experiencia por parte de la jueza de alzada, al no tomar en consideración la manera en como su mandante y a su vez su causante en la venta se hallaban en posesión del inmueble o entraron a ocuparlo y la ubicación en el espacio del inmueble a reivindicarse, de igual forma la falsa aplicación del artículo 507, 508, 509 y 254 del Código de Procedimiento Civil.  

Con respecto a las máximas de experiencias, ha dicho esta Sala que:

 

“…Por mandato de la ley los jueces pueden, según su prudente arbitrio, fundar su decisión en las llamadas máximas de experiencia; y de allí se deduce que cuando el juez no basa su decisión en ellas, mal puede infringirlas, criterio que ha sido sostenido hasta el momento por esta Máxima Jurisdicción (…).

Ahora bien, aun cuando la decisión del juzgador no esté fundamentada o apuntalada en una máxima de experiencia, puede suceder que en su sentencia éste emita pronunciamientos o criterios que estén reñidos con elementales máximas de experiencia, situación en la cual éstas se estarían violando por omisión, al dar por cierto el juzgador un criterio contrario al conocimiento común, lo que denota una conducta que debe ser impugnable o controlable por la Sala.

De manera que, desde la fecha en que se publique la presente decisión, la violación de las máximas de experiencia se configurará en los casos siguientes: a) cuando el juez base su decisión en una máxima de experiencia y la viole o infrinja; y, b) cuando el juez no aplique en su decisión una máxima de experiencia y, sin embargo, emite pronunciamientos o criterios que están reñidos con ella, todo lo cual se traduce en que el quebrantamiento de las máximas de experiencia se puede producir por acción u por omisión, respectivamente.

De lo antes expuesto se colige, que el juez continúa facultado por la ley para fundar su decisión en máximas de experiencia, según su prudente arbitrio, sólo que cuando no las aplique en su decisión éste deberá abstenerse de emitir pronunciamientos o criterios que las contraríen, so pena de incurrir en violación por omisión de máxima de experiencia, con la consiguiente infracción de lo contemplado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil…”. (Vid. sentencia N°. 669 del 9/8/05, caso: Cristina Parada Mendoza y otro, contra Alberto Leopoldo Pierini Bonaiuto, expediente N°. 03-537).

 

En este sentido, esta Sala ha indicado, con respecto a la técnica para denunciarla lo siguiente: “…si bien la infracción de una máxima de experiencia puede conducir a la casación del fallo, es necesario que se exprese claramente de cuál máxima se trata, relacionándola con la infracción de una regla legal; para lo cual debe el concurrente indicar, por una parte, el contenido de la disposición que resulta incompatible con la máxima de experiencia, para luego explicar cómo el resultado de la violación de la premisa mayor fáctica o máxima de experiencia tiene como resultado la violación de la regla legal…”. (Ver sentencia Nº 017 del 25 de enero de 2006, expediente No 04-029).

Ahora bien, de la denuncia anteriormente transcrita se desprende que el recurrente denuncia el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y no precisa cuál es la máxima de experiencia que se configura en el presente caso, así como tampoco la relaciona con la infracción de regla legal expresa, para luego explicar cómo el resultado de la violación de la premisa mayor fáctica o máxima de experiencia tiene como resultado la violación de la regla legal, lo cual determina la improcedencia de la denuncia, por falta de técnica grave en su formulación, que impide su conocimiento a fondo, dado que la Sala no puede inventar o inferir la intención del formalizante, pues este, de forma clara y precisa está en la obligación de señalar cual es la máxima de experiencia que considera fue violada por el juez, y la norma legal infringida como consecuencia de su inobservancia.

En consideración, a todos los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta denuncia es improcedente. Así se declara.-

-III-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia en la recurrida la infracción de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y artículo 1354 del Código Civil, por falta de aplicación, por haber incurrido en infracción jurídica expresa sobre la carga de la prueba.

Expresa la formalizante:    

 

“…Se denuncia la infracción contenida en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido la recurrida en infracción jurídica expresa sobre el establecimiento de los hechos por carga probatoria por falta de aplicación de los artículos 506 del Código de procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, se hace la delación contenida en el artículo 320 ejusdem.

“La carga de la prueba resulta una noción procesal que consagra una regla de juicio de carácter subjetivo y concreto que ¡e indica a las partes en el proceso judicial que pruebas deben aportar para demostrar los hechos afirmados o negados que sirven de presupuesto de la norma juridica que consagra la consecuencia jurídica constitutiva, extintiva, impeditiva o modificativa que les benefician y que han solicitado en su pretensión o excepción, para evitar sufrir las consecuencias de la falta de pruebas de dichas afirmaciones o negaciones, como lo es la pérdida del proceso; e indirectamente en forma objetiva y abstracta ¡e indica o guía al operador de insuficiencia de material probatorio, señalándole contra quien debe fallar, evitando así producir una sentencia que absuelva la instancia por falta de pruebas. “(ob.cit. p 679)”

En efecto, la recurrida en la parte in fine de sus conclusiones, expresa:

“Dentro de esta perspectiva, colige esta Juzgadora Superior, que si bien es cierto que existe dos (2) cadenas documentales, no es menos cierto que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad N° V-6. 434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, posee una cadena documental que dala del año 1.978, mientras que la sociedad mercantil ALTEC.C.A.. ostenta una cadena documental mas resiente (SIC). va que, data del año 2004, razón por la cual, a parte demandante logró demostrar todos los elementos que configura la viabilidad de una reivindicación, en atención a que se demostró la propiedad del innjueble, la identidad del mismo con la prueba pericial y la cadena documental con una dala mas antigua en el presente proceso y por último la posesión ejercida por sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente ‘.. inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el N° 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15. 478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula N° V-682. 738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia, y que éstos a su vez, no logrando desvirtuar la pretensión del demandante pues el argumento que esbozó de la contratación careció de elementos probatorios que apoyara su afirmación. Y ASÍ SE ESTABLECE. En aquiescencia a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y a los criterios jurisprudenciales ut supra explanados, aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso sub litis, y aunado a los medios probatorios aportados por las partes interactuantes en la presente causa. resulta forzoso para esta Jurisdicente Superior, REVOCAR la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y consecuencialmente, se declara CON LUGAR el recurso de apelación incoado por la parte actora, a través de su apoderada judicial y así se plasmará en forma expresa, precisa, y positiva en el dispositivo del fallo a ser dictado en la presente causa. Y ASÍ SE DECIDE. (subrayado mío)

 

Es menester realizar una breve exposición de los antecedentes del caso, contenidos en el análisis y valoración de las pruebas aportadas por las partes y los hechos.

 

Así, que quien demanda la reivindicación tiene la carga de demostrar a toda costa entre otros, la identidad del objeto, es decir la identidad del inmueble de su propiedad con el inmueble que reclama a su poseedor o detentador, quien en el caso facti especie tiene título de propiedad.

 

Ante la existencia de dos títulos de propiedad, la negación de los hechos y el derecho reclamado en el libelo y la excepción opuesta respecto de la expropiación previa que se realizara sobre los terrenos propiedad de la causante en el cadena documental de la actora, adminiculado a la diferencia en la - nomenclatura municipal del inmueble, correspondía al actor demostrar de manera fehaciente que el inmueble que aparece determinado en el documento que aduce de su propiedad, es el mismo que hoy pretende reivindicar en contra de mi representada.

 

El artículo 506 del Código de procedimiento Civil textualmente establece:

“Artículo 506. Las partes tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido liberado de ella, debe por su parte probar el pago o hecho extintivo de la obligación.

Los hechos notorios no son objeto de prueba.”

 

Por su parte el artículo 1.354 del Código Civil establece:

“Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”.

 

Así, la parte actora al intentar la acción reivindicatoria, demanda a mi mandante y otro, la restitución del inmueble formado por un lote de terreno situado metros de la vía pública 6A), ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción de la Parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco del Estado Zulia, el cual se encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que eso fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras. personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía maraven; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda (t con terrenos propiedad de la compañía maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS de metro cuadrado (2.336.25 Mts.2), siendo adquirido el mencionado inmueble por su poderdante, según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito del hoy municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 22 de diciembre de 1.983, quedando anotado bajo el N° 30,  Protocolo Primero, Tomo 18°.

 

Por su parte, el inmueble cuya restitución demanda el actor a mi mandante, se encuentra determinado en el documento de propiedad inscrito ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, otorgado el día 31 de agosto de 2.007, bajo el No. 49, Protocolo 1°, Tomo 20, tercer trimestre, comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: Linda con propiedad que es o fue de Israel Segundo Valbuena; SUR: linda con vía pública (calle 16); ESTE: linda con propiedad que es o fue Victor Manuel Franco Lobo y OESTE: es su frente, con vía pública, avenida 5 San Francisco, con una superficie de UN MIL SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (1.600 mts2).

 

Es evidente que se trata de dos inmuebles diametralmente distintos, con nomenclaturas distintas y medidas y linderos distintos.

 

Constan en actas los siguientes instrumentos, de los cuales aun en el supuesto negado caso de existir identidad entre los dos inmuebles antes descritos, se determinaría que e! documento que acredita la propiedad del actor quedaría desvirtuado por haber sido expropiado a su causante:

 

1) Documentos antecesores del inmueble registrado por ante el tercer Circuito de Registro de Maracaibo de fecha 19 de diciembre de 1.978, bajo el No. 38, Tomo 10, protocolo primero.

2) Documento aclaratorio de Planificaciones Zulianas a Ibrahin González sobre la dación en pago, registrado ante el tercer Circuito de registro de Maracaibo de fecha 28 de julio de 1.982, No. 32, Tomo 5, protocolo 1°.

3) Documento de fecha marzo de 1969, No. 95, Tomo 5.

4) Documento de expropiación del decreto No. 435 de la Presidencia de 3 la República, registrado en el registro Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 20 de junio de 1.980, bajo el No. 26, Tomo 8, cuyo juicio de expropiación fue llevado por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, expropiación realizada a favor del INAVI, indicándose con dicha consignación, que se trata de los lotes de terreno que Planificaciones Zulianas, C.A. vende a Emil Kalbahdji Hosme, causante de Emil Kalbadhji, ahora actor, y que según el documento No. 95, de fecha 26 de marzo de 1.969, Tomo 5°, y en el folio 176 se lee quedó expropiado todo lo de Ibrahin Gonzalez.

5) Documento de expropiación del decreto 2174 de fecha 20 de julio de 1.983 y publicado en Gaceta Oficial No. 32780, registrada por ante el Registro Subalterno tercero de Maracaibo en fecha 11 de julio de 1.9911bajo el No. 27, Tomo 2 Protocolo 1°, indicándose de manera expresa la expropiación sobre los terrenos de los causantes del actor en su cadena documental.

 

Dichas pruebas fueron apreciadas en su justo valor probatorio, como instrumentos públicos.

 

Nada dice la recurrida respecto de los hechos que se establecen a través de los mismos, sólo en lo que respecta al descrito en el particular 4) anterior según el cual, a decir de la recurrida, se colige que la diferencia en los linderos entre uno y otro inmueble deviene de los cambios en las aceras por las diversas expropiaciones.

Por su parte, la parte actora para demostrar la identidad entre ambos inmuebles, sin hacer constar que se trata de terrenos de distinta medida, promueve inspección judicial y prueba de experticia sobre los planos que acompaña al libelo marcados P1 y P2. Planos de mensura Valorados por la juez de alzada y apreciados en su justo valor probatorio.

 

Se trata de los planos de mensura No. RM-90-1 2-0001 levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Municipio Maracaibo del Estado Zulia (marcado con la letra “Pl”) y No. ME04040001 levantado por la Coordinación de Catastro de la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia (marcado con la letra “P2”), los cuales sustentan: el documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 25 de diciembre de 1983, anotado bajo el No. 30, Tomo 18, Protocolo1°, Cuarto Trimestre, a través del cual el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, adquiere inmueble constituido por una parcela de terreno por compra venta que hiciera al ciudadano IBRAHIN GONZALEZ, y el documento de reconocimiento de derechos inserto ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 30 de junio de 2004, bajo el No. 44, Protocolo 10, Tomo 30, Segundo Trimestre (marcado con la letra “D”) a través del cual la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, traspasa la propiedad a favor del ciudadano VICTOR MANUEL FARNCO LOBO, del lote de terreno antes singularizado.

 

Del informe emanado de los expertos designados concluyen que pese a que se refieren a dos áreas de terrenos, que tienen gráficamente la misma ubicación de acuerdo a (as direcciones de los inmuebles identificadas en cada plano, ambos planos poseen áreas distintas, observando el Tribunal con respecto. a este punto que en el plano de mensura No. RM-90-1 2-0001 denominado “Pl” levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo (hoy Municipio Maracaibo) el área de superficie del terreno según la mensura es de “2.265,83 Mts2 y en el plano de mensura denominado “P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco del Estado Zulia distinguido con el No. ME04040001, el área de superficie del terreno según la mensura es de 1.819,31 Mts2. Asimismo, señalaron que los linderos de ambos planos son coincidentes, con excepción del lindero norte. Igualmente, se observa del informe pericial consignado el día 16 de febrero de 2012, que los expertos designados concluyeron que los inmuebles ubicados en el lindero del bien objeto de la experticia son: norte: inmueble No. 158-77 el cual no tiene placa de identificación de la nomenclatura municipal y No. 15A-120, el cual si tenía placa de identificación y que los demás linderos se corresponden a vías públicas. Asimismo, señalaron que el inmueble objeto de la misma se encontraba al momento de efectuar la experticia identificada con la nomenclatura No. 158-87, la cual coincide con aquella señala en la inspección judicial practicada por el Juzgado a quo el día 24 de noviembre de 2011, así como la señalada en el original de la carta de residencia expedida por el Consejo Comunal Vecinal Punta de Piedra de la Parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, de fecha 27 de julio de 2011, a favor del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, y en la copia fotostática simple del documento de bienhechurías inserto ante la Oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 8 de abril de 2008, anotado bajo el No. 47, Tomo 1, Protocolo1°, Segundo Trimestre, levantado a favor de la Sociedad Mercantil ALTEC, C.A., en su carácter de propietaria del aludido inmueble conforme al documento de compra venta autenticado por ante la Notaría Pública de San Francisco del Estado Zulia, en fecha 23 de julio de 2007, anotado bajo el No. 65, Tomo 97, e inserto ante la Oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 31 de agosto de 2007, anotado bajo el No. 49, Tomo 20, Protocolo 1°, Tercer Trimestre. Todo esto valorado por la Juez, más no tomado en cuenta al momento de emitir su decisión. Es menester destacar, que al momento de practicarse la experticia, la misma se evacuó en la dirección señalada por la demandante en el escrito libelar, dejándose constancia al igual que en la inspección judicial practicada por este Juzgado el día 24 de noviembre de 2011, que la nomenclatura municipal asignado a dicho inmueble es el No. 15B-87. siendo cónsona con la indicada en el documento de bienhechurías inserto ante la Oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 8 de abril de 2008. anotado bajo el No. 47, Tomo 1. Protocolo 1°,Segundo Trimestre, construidas por cuenta de la Sociedad Mercantil ALTEC. C.A.

 

Resulta además revelador que sobre el inmueble propiedad de mi mandante, existan mejoras registradas por ante la Oficina de registro Inmobiliario respectivo.

 

No demostró la actora con tales hechos, sólo de forma somera y con ciertas coincidencias no relevantes, con los planos de mensura acompañados, que existiera identidad entre el lote de terreno que aduce es de su propiedad y el que pretende le sea restituido por mi mandante.

 

La recurrida simplemente se limitó a determinar como mejor derecho, el de la cadena documental de más vieja data, sin tomar en cuenta los instrumentos públicos acompañados, sin tomar en cuenta el rechazo que mi mandante hiciera cuya carga correspondía a la actora, obviando la regla de valoración contenida en el artículo.

 

Culmina la recurrida expresando:

 

“En aquiescencia a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y a los criterios jurisprudenciales ut supra explanados, aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso sub iuis, y aunado a los medios probatorios aportados por las partes interactuantes en la presente causa, resulta forzoso para esta Jurisdicente Superior, REVOCAR ¡a Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y consecuencialmente, se declara CON LUGAR el recurso de apelación incoado por la parte actora, a través de su apoderada judicial y así se plasmará en forma expresa, precisa, y positiva en el dispositivo del fallo a ser dictado en la presente causa. YASI SE DECIDE.”

 

¿Valdría preguntamos, cuáles medios probatorios aportados por las partes?

 

Los errores de juzgamiento son aquellos producidos en el acto de la sentencia, en el razonamiento y premisas lógicas de la decisión, cuando de manera directa o indirecta se vulnera la Ley, es decir, no se declara la voluntad correcta y concreta del legislador en el caso concreto —divorcio de (a voluntad de la Ley y la declarada en el proceso-creando injusticia que agrava o perjudica el derecho de las partes.

 

En el caso que nos ocupa, la recurrida asevera que por tratarse de un documento de anterior data, el que acredita la propiedad del actor sobre un lote de terreno, y por ostentar mi mandante uno de data más reciente, la parte demandante logró demostrar todos los elementos que configura la viabilidad de la reivindicación, en atención a que se demostró la propiedad del inmueble, la identidad del mismo con la prueba pericial y la cadena documental con una data más antigua en el presente proceso.

 

Huelga ahondar en que la experticia se realizó sobre dos planos de mensura, mas no sobre el terreno, por el contrario, de las pruebas que se realizaran en el sitio que señala el actor como de su propiedad, posee datos distintos a los determinados en el documento que acredita su propiedad.

 

No se demostró en actas la existencia del ¡nmueble sobre el que acredita la propiedad el actor. El error delatado en la recurrida es uno de los denominados errores facti in ¡udicando, que consisten en la lesión indirecta de una norma jurídica que determina la norma aplicable al caso, en el que nos ocupa, el artículo 506 del Código de procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.354 del Código Civil.

 

En ese sentido, el hecho positivo y preciso que es usado para construir un punto de razonamiento del juzgador debe estar, en efecto, presente en actas, no ser parte de las fases iniciales de razonamiento, pues caso contrario, el error es del mismo juez, no del intérprete. Reiterado en esta Sala ha sido el criterio por medio del cual la suposición falsa es producto de establecer un b hecho que no tiene soporte en las pruebas, ya sea porque el sentenciador atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene, o porque la prueba de la que se valió para establecer el hecho no aparece incorporada en los autos, o porque su inexactitud resulta de otras actas procesales, hipótesis previstas en el artículo 320 de Procedimiento Civil y conforme a las cuales la Sala puede excepcionalmente extenderse al examen del establecimiento de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia. Todo lo anterior constituye la explicación consecuencial del criterio explanado de forma reiterada por esta Sala, en el que se ha dicho que por consistir la suposición falsa en la afirmación de un hecho falso sin base en pruebas que lo sustenten, se está en presencia de un error de percepción un error de percepción intelectual que comete el juez cuando fija los hechos durante el proceso, lo que configura un error en el juzgamiento de los hechos que devendrá a su vez en un error de derecho que tendrá influencia en la de la sentencia se ve viciada por aplicación fáctica de la norma que aplica al caso en concreto y por ello entonces, no es permisible atacar por esta vía las conclusiones jurídicas del juez, las cuales consisten en errores de derecho y no en errores de percepción intelectual en el juzgamiento de los hechos.

 

El autor Camelutti ha hecho estas afirmaciones sobre el tema:

 

“...juega aquí la distinción fundamental entre el orden y el fondo, basada en una relación de medio a fin: aquello lo cual tiende el proceso, es la decisión justa y si la violación o falsa aplicación de normas de derecho, cuando atañe a cuestiones de fondo, es suficiente para determinar la casación, porque no puede menos de incidir sobre la justicia de la decisión, no es en cambio, respecto a cuestiones de orden ni suficiente ni necesaria, no suficiente, si a pesar del error de derecho el acto procesal ha conseguido su finalidad, por lo cual se excluye su nulidad; no necesaria en el caso opuesto, en que, cualquiera que sea la naturaleza o la sede del error, el peligro de injusticia existe en todo caso...“.(Carnelutti, Francesco. Instituciones del Proceso Civil, pág. 234 y sig. Editorial Atenea, 2008).

 

En sentencia de fecha 30 de mayo de 2.006 con ponencia del magistrado Antonio Ramírez Jiménez, quedó sentado lo siguiente:

 

 

“La Sala para decidir, observa:

En la sentencia recurrida se estableció:

“...Se alega también la existencia de dos personas jurídicas distintas, como lo serían CONFORTEL TAMARINDO GUAC1XO y CORPORACIÓN CONFORTEL EL INTERNACIONAL, alegación que se opone a la afirmación positiva de la actora de la existencia de una sola persona jurídica, es decir, CORPORAClÓN CONFORTEL INTERNACIONAL administradora del Hotel Tamarindo Guacuco en la isla de Margarita, sin que exista probanza en autos que evidencia la existencia de una persona jurídica mercantil debidamente registrada, denominada CONFORJFI TAMARINDO GUACUCO...”.

 

Concluyendo la recurrida:

 

“...Resulta pertinente resaltar que la denominación CONFORTEL, ha sido indistintamente señalada para identificar una misma persona jurídica, pues el alegato de existir una persona jurídica denominada CONFORTEL TAMARINDO GUACUCO no fue probado por quien los afirmó en su defensa…”.

 

En relación con la regla de la carga de la prueba, establecida en el artículo 1354 de! Código Civil, se consagra allí un principio sustancial en materia de onus probandi, según el cual, quien fundamente su demanda o su excepción en la afirmación o negación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o no existencia del hecho. Con lo cual, cuando el demandado alega hechos nuevos en la excepción, tocará a él la prueba correspondiente.

 

De tal manera que, desde el punto de vista procedimental, el legislador ha acogido de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fil actor” referido al principio general según el cual: “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa”.

 

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia No. 389 de fecha 30 denoviembre de 2000, al interpretar el sentido y alcance de la regla de distribución de la carga de la prueba, estableció:

 

“...Al respecto, esta Sala observa que el artículo en comento se ¡imita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a ¡os hechos extintivos, moc4ficativos e impeditivos ya que éste puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos.”

 

Bajo el manto de estos conceptos, considera este Alto Tribunal que la sentencia recurrida violentó la regla de la carga de la prueba, pues habiendo afirmado la parte actora la identidad jurídica entre la empresa denominada en el acta de secuestro y embargo preventivo de bienes y la que aparece como demandada, y habiendo sido negado esa conexión por la demandada, tenía la parte que afirmó la coincidencia, la carga de probar el vinculo de la que aparece mencionada en el acta con la que aparece como demandada, y no dejar a la sola iniciativa de la parte accionada, la carga de probar que no existía esa identidad.

 

En la especie, se observa que tanto ¡aparte actora como la parte demandada, estaban en capacidad de probar la identidad (parte actora) o la disconformidad (parte demandada). Si la parte demandada, en el criterio de la recurrida, no logró demostrar su negación definida, correspondía analizar si buena la afirmación de identidad por la sola omisión en el cumplimiento de la carga por el demandado, como quedó plasmado en la sentencia recurrida.

 

De esta forma, el Tribunal infringió efectivamente la regla sobre la carga de la prueba, pues estableció la identidad de empresas, partiendo de una distribución errada de la tarea probatoria, donde la parte demandada debía probar la disconformidad entre una y otra; y en su falta, dio por demostrada la afirmación del demandante, desechando la defensa planteada. Prospera, en consecuencia, esta denuncia de fondo.”

En atención a los razonamientos de hecho y de derecho antes transcritos, solicito con la venia de estilo, declare CON LUGAR la presente denuncia de error de juzgamiento de conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de procedimiento Civil en concordancia con el artículo 320 ejusdem por infracción de ley, artículos 506 ibídem y 1354 del Código Civil.

 

A los fines de comprobar lo delatado por la formalizante, esta Sala procede a transcribir extractos pertinentes de la sentencia recurrida, la cual señaló:

 

“…El día 29 de septiembre de 2011, la abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil ALTEC, C.A., y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, presentó escrito de contestación de la demanda, alegando como como punto previo, la falta de cualidad o falta de interés en el actor para intentar o sostener el juicio, asimismo enfatizó que se inicio el presente procedimiento con ocasión a la demanda de reivindicación interpuesta por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI, a través de sus apoderados judiciales, en contra de sus representados sobre un inmueble constituido por un terreno, el cual dice ser de su propiedad, protocolizado ante el registro de la oficina Subalterna del municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 19 de septiembre de 2.000, quedando anotado bajo el Nº 47, Tomo 9º, alegando el accionante que dicho terreno se encuentra ocupado por sus representados, pero es el caso que sus representados tienen justo título de propiedad, son legítimos propietarios por la adquisición de buena fe de un Instituto Público, llenando todas las formalidades de ley en la ordenanza municipal del municipio San Francisco y su decir –como título falso-; ya que, sus propiedades están debidamente registradas conforme a lo establecido en los artículos 1.920 y 1.924 del Código Civil Venezolano, por cuanto el ciudadano VICTOR FRANCO LOBO adquirió su propiedad a través de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, quedando registrada la referida propiedad en fecha 30 de junio de 2004, bajo el Nº 44, Tomo 30 ; de igual manera que la empresa ALTEC, C.A., lo adquirió de FRANCO LOBO, según documento de fecha 23 de julio de 2007, bajo el Nº 65, tomo 97. 

Por otra parte expuso, que alegó la falta de cualidad activa necesaria, en virtud de los documentos presentados, los cuales carecen de veracidad, porque la forma de transmisión de propiedad, los causahabientes a título particular eran estafadores de oficio, ya que, estos terrenos fueron objetos de varias expropiaciones desde la fecha del 16 de noviembre de 1.970 y terminando en el año 1980, cuando el Presidente de la República de Venezuela, mediante Decreto Nº 435, declaró zona especial afectada por la ejecución de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, la superficie de terreno formada por los Barrios Sierra Maestra, Corazón de Jesús y El Manzanillo, cuyos propietarios fueron la sociedad mercantil PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A. y otros, donde el área de expropiación es de 4.888.988,70 Mts2, y una segunda expropiación por Decreto Nº 2174 de fecha 20 de julio de 1983, publicado en la gaceta oficial de la República de Venezuela bajo el Nº 32780 de fecha 2 de agosto de 1983, donde se declaró zona especialmente afectada con motivo de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, cuatro lotes de terrenos con un área aproximada de 132,80 Hectáreas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios San Francisco y Cristo de Aranza, del antes Distrito Maracaibo del estado Zulia, el cual quedó registrado en la Oficina Subalterna de Registro del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 11 de julio de 1991, bajo el Nº 27, Tomo 2o, Tercer Trimestre.

 

De la misma forma asevera, que mediante documento inserto ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del Estado Zulia, bajo el Nº 47, Tomo 9o, Tercer Trimestre, el ciudadano MICHEL KALBAHDJI, hoy parte accionante, adquiere de manos del ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, una extensión de terreno de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON VEINTICINCO CENTÍMETROS (2.336,25 Mts); y que de igual manera el ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, adquirió este terreno de manos del ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, por documento registro ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo, en fecha 22 de diciembre de 1.983, bajo el Nº 30 del protocolo 1º, Tomo 18°, cuarto trimestre. 

Sigue manifestando, que el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES adquiere el referido terreno por dación en pago de PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A., según su decir, por documento de fecha 19 de diciembre de 1978, anotado bajo el Nº 38, Tomo 10, protocolizado por ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo del estado Zulia, con una extensión de terreno de 232.936,85 Mts2, sin embargo, el día 28 de julio de 1983 ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo, bajo el Nº 31, Tomo 5 Planificaciones Zuliana C.A, a través de su representante legal abogados ATENOGENES HILL REYES e IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, hacen una aclaratoria sobre la superficie de terreno en la cual se dio en dación en pago, y aclaran que las porciones ahí mencionadas sobre las cuales se aclara el derecho de propiedad, comprenden unos CIENTO SESENTA MIL METROS CUADRADOS (160.000 Mts2) de terreno, que dentro del indicado en las operaciones de dación en pago, quedaron traspasados al señor IBRAHIN GONZÁLEZ; que como se puede apreciar en esa declaración de los 232.936,85 Mts2, que le dio en dación en pago PLANIFICACIONES ZULIANAS a IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES según aclaratoria eran 160.000 Mts2. y esta superficie de terreno le fue expropiada toda en la primera según decreto Nº 435, por lo cual, que no le quedaba ningún terreno que vender, tal y como se puede observar del el folio 176 , donde le fue expropiado al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, una superficie de 250.000 Mts2, en base al documento de fecha 21 de marzo de 1969. 

Enfatiza, que el documento protocolizado el día 19 de diciembre de 1978, quedando anotado bajo el Nº 38, Tomo 10, ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo del estado Zulia, señala que PLANIFICACIONES ZULIANAS lo adquirió según documento protocolizado en el Registro Segundo de Maracaibo en fecha 21 de mayo de 1969, anotado bajo el Nº 95, tomo 5º, documento este por el cual, el Estado Venezolano procedió a la expropiación del terreno de PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A.; como se puede evidenciar del folio Nº 176 de este expediente, de siendo registrada la sentencia proferida en ese procedimiento ante el Registro Subalterno del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo de estado Zulia, el día 22 de julio, quedando anotado bajo el Nº 26, Tomo 8, se observa que le fueron expropiados a IBRAHIM GONZÁLEZ por la dación en pago del documento de fecha 21 de mayo de 1969, quedando anotado bajo el Nº 95, tomo 5º, todo lo cual, según a su decir -se ve claramente que PLANIFICACIONES ZULIANA C.A. e IBRAHIN GONZÁLEZ eran unos estafadores de oficio, ya que vendieron nuevamente los lotes de terreno que ya habían sido expropiados en la sentencia antes mencionada-.

 

De la misma forma alega la representante judicial, que de la segunda expropiación, la cual comenzó en el año de 1983, quedó registrada ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro de Maracaibo del estado Zulia, el día 11 de julio de 1991, quedando anotado bajo el Nº 27, Tomo 2, Tercer Trimestre, donde el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI) y por Decreto Nº 2174, dictado el día 20 de julio de 1983, y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, de fecha 2 de agosto de 1.983, donde fue declarado zona afectada con motivo de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo; en tal sentido, cuatro lotes de terrenos con un área aproximada de 134,80 Hectáreas, ubicadas en jurisdicción de los Municipios San Francisco y Cristo de Aranza, del antes Distrito Maracaibo del estada Zulia, a su decir -como puede observarse en el reverso del folio 2 de la sentencia de expropiación- se presentó el abogado en ejercicio ATENOGENES ALFONSO HILL en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil PLANIFICACIONES ZULIANAS, C.A., y el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, los cuales presentaron escritos y documentos; y que en el acto de contestación a la solicitud de expropiación estos la aceptaron, tal y como se puede apreciar del folio 3 de la sentencia de expropiación, y no habiendo oposición de parte, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró formalmente la expropiación de las zonas y terrenos objeto de la solicitud de expropiación formulada por INAVI, con todas sus adherencias, mejoras y pertenencias, que se encuentran protocolizadas por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del antes Distrito Maracaibo del estado Zulia. 

Continúa alegando la representante judicial, que de acuerdo a lo antes explanado, dicha expropiación quedó determinada de la siguiente manera: “el día 9 de enero de 1976, bajo el Nº 2, Protocolo 1º, Tomo 8 y el 19 de diciembre de 1978, bajo el Nº 38, Protocolo 1º, Tomo 10, (documento este por el cual le vende a EMIL KALBAHDJI HOMSI, que a la vez le vende a la parte actora en este juicio MICHEL KALBAHDJI), que así mismo se puede observar en el folio Nº 6 reverso de la sentencia de expropiación segunda, que dice propietarios afectados: Primero: IBRAHIN GONZÁLEZ, se le atribuye la cantidad de 311.365,00 Mts2 por compra a PLAZUCA, según documento registrado el día 19 de diciembre de 1978, bajo el Nº 38, Tomo 10, sin embargo manifestó que estas tierras habían sido expropiada bajo ese documento, no obstante a ello, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, se las vuelve a vender a INAVI, por lo tanto, al no estar presente el ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI en la expropiación, estos terrenos que adquirió, ya habían sido expropiados. 

Sigue esgrimiendo, que en el momento en que comenzó la expropiación, según decreto Nº 2174 de fecha 20 de julio de 1983, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, el día 2 de agosto de 1983, donde se declaró zona afectada con motivo de las obras de remodelación de la ciudad de Maracaibo, en jurisdicción de los Municipios San Francisco y Cristo de Aranza, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, se presentó en el juicio de expropiación y estando en conocimiento que el terreno de su propiedad, según documento de fecha 19 de diciembre de 1978, anotado bajo el Nº 38, Protocolo 1º, Tomo 10, se encontraba en ese proceso de expropiación, no obstante a ello el día 22 de diciembre de 1983, vende este terreno al ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, y el cual, se lo vendió a la parte accionante en este proceso, ciudadano MICHEL KALBAHDJI.

Alegó, que cuando ocurrió la referida venta del inmueble objeto de esta demanda, dicho terreno se encontraba expropiado, y siendo que al propietario le fue cancelado su propiedad, tal y como se expresa en la sentencia dictada el día 23 de enero 1991, la cual tiene más de 20 años que se encuentra firme a favor de INAVI, y visto que el ciudadano EMIL KALBAHDJI HOMSI, no se presentó en dicha expropiación para oponerse como comprador de buena fe, a pesar que en ese procedimiento fueron publicados los edictos, cumpliendo de esta manera con todas las formalidades de Ley, por cuanto al ser publicado los mismos, se les hace un llamamiento a todas aquellas personas que tuvieran interés en ese juicio, sin embargo que el mencionado ciudadano no acudió a ese Órgano Jurisdiccional, a los fines de hacer valer sus intereses, motivo por el cual fue que continuo el procedimiento de expropiación, llegándose a la decisión de decretar la expropiación de un área, según documento de fecha 19 de diciembre de 1978, bajo el Nº 38, Protocolo 1º, Tomo 10, no obstante a esto, le vendió el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ a EMIL KALBAHDJI HOMSI y cuando éste le traspasa esa propiedad a MICHEL KALBAHDJI, dicho terreno se encontraba expropiado.

 

Aseveró la apoderada judicial, que la persona que pretende reivindicar el bien inmueble y dice ser propietario del mismo, es decir el ciudadano MICHEL KALBAHDJI, no posee cualidad activa , por cuanto la superficie de terreno que le fue vendido, según el origen del documento, de fecha 19 de diciembre de 1978, anotado bajo el Nº 38, protocolo 1º, tomo 10, se encontraba expropiado cuando fue adquirido de EMIL KALBAHDJI HOMSI, el día 19 de septiembre de 2000, por lo tanto, no surte efecto alguno la referida venta, en virtud que la verdadera propietaria del bien que se pretende reivindicar es EL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), que luego en la división político territorial fueron traspasados al Municipio San Francisco del Estado Zulia. 

Igualmente alegó, la falta de cualidad pasiva de los demandados, por cuanto la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, le vendió a su representado ciudadano VÍCTOR FRANCO LOBO, antes identificado, un terreno, el día 30 de junio de 2004, el cual quedo anotado bajo el Nº 44, Tomo 30 ante el Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del estado Zulia, a su decir -venta esta que se hizo conforme a la Ley y con todas las formalidades, entre ella las publicaciones por la prensa, para que se opusieran todas aquellas personas que tuvieran interés en esa compra-; de la misma manera alegó -que el actor no se opuso porque sabía que su documento era fraudulento y con vicios de nulidad absoluta, ya que, dicha área de terreno había sido ya expropiada, por lo antes dicho-, de igual manera aseveró que su representado VÍCTOR FRANCO LOBO, posee justo título de propiedad que puede transferir libremente, el cual lo adquirió de su legitimo dueño, es decir la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, el cual lo adquirió por donación que le hiciera la compañía SHELL DE VENEZUELA N.V., según documento de fecha 15 de octubre de 1.979, No 7, donde dicha compañía rescata los inmueble de la empresa PLANIFICACIONES ZULIANAS C.A., con un área de 200 hectáreas de terreno y por ello le vende a su representado VÍCTOR FRANCO.

 

En este sentido, arguye que el título por el cual su representado es propietario del terreno, es legítimo y debidamente registrado con las formalidades de la ley, en cambio el título con que se presenta el actor a pesar de encontrarse registrado, dichos registros se realizaron en fechas diferentes, es por ello, que su representado a su decir -no tiene esa cualidad pasiva-; en virtud que no se trata del mismo inmueble, no tienen los mismos linderos, medidas, sector, número cívico, por lo tanto, son dos inmueble totalmente diferentes, en virtud de lo cual su representado no tiene la cualidad pasiva en esta demanda, ya que, el actor debió demandar primero la anulación del documento de VÍCTOR FRANCO, para luego poder demandar por reivindicación, en tal razón su representada sociedad mercantil ALTEC, C.A, tampoco tiene la cualidad pasiva por haber adquirido legalmente de VÍCTOR FRANCO LOBO, y al no poseer ninguna medida de prohibición para ello, el documento de compra venta fue registrado con todas las formalidades de ley ante el Registro Subalterno de San Francisco, el día 23 de julio de 2007, quedando anotado bajo el Nº 65, Tomo 97, y posteriormente procedió a registrar las mejoras realizadas en el inmueble, es por ello que su representada no tiene la cualidad pasiva en esta demanda.

 

Por otra parte procedió a impugnar la estimación de la demanda como punto previo, señalando que de conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, impugna y rechaza por exagerada la estimación de la demanda, formulada en contra de sus representados, en la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 4.088.437,50), equivalentes a 53.789,47 Unidades Tributarias, impugnación que prospera a su decir- por las razones explanadas en el libelo que le sirven de sustanciación a la misma-; por cuanto su valor real se demostrará con una experticia a través de la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia, o cualquier experto que designe el tribunal en la oportunidad correspondiente. 

En cuanto a la contestación a la demanda, procedió a negar, rechazar y contradecir, en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho explanados en la presente demanda, incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, esgrimiendo que siendo que el libelo de la demanda es muy confuso, para contradecir en todos sus puntos, en virtud que el actor lo que hizo fue transcribir los documentos mencionados, es por lo que, contradicen, niegan y rechazan de la siguiente forma: “Niega y rechaza que el inmueble que alega el actor es de su propiedad, según documento de adquisición que se encuentra registrado en fecha 19 de septiembre de 2000 ante el Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia, anotado bajo el Nº 47, Tomo 9º, y el que aduce que el ciudadano VÍCTOR FRANCO LOBO, por documento registrado ante la misma oficina de registro el día 30 de junio de 2004, bajo el Nº 44, Tomo 30 y posteriormente el de su representada la empresa ALTEC, C.A. protocolizada también ante el mismo registro de fecha 23 de julio de 2007, bajo el Nº 65, Tomo 97, sean el mismo inmueble, ya que, los mismos tienen linderos, ubicación, sector, medidas y número cívicos completamente diferentes, por lo tanto no son los mismos inmuebles que el actor intenta reivindicar, debido a que no hay identidad entre ellos. 

Por otro lado procedió la representante judicial a negar y contradecir que el demandante sea propietario del bien inmueble donde él se acredita la propiedad y el objeto de esta demanda, por cuanto, ese terreno fue expropiado legalmente en los decretos presidenciales Nos. 435 y 2.174, procedimientos estos que fueron llevados por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de esta jurisdicción, desde hace más de veinte años, asimismo negó y contradijo que el documento adquisitivo del actor esté conforme a derecho, ya que, en el documento donde supuestamente adquiere el demandante, a su decir -se verifica fehacientemente que no es la firma de EMIL KALBAKDJI HOMSI, comparando las dos firmas donde adquiere éste y donde le vendió a su hijo MICHEL, no son ni remotamente parecidas, ya que, para la fecha EMIL KALBAKDJI, había fallecido, por lo tanto, se está en presencia de un forjamiento de documento, penado por la ley-; por lo tanto, negó que se haya traspasado legalmente el inmueble a la parte actora.

 

Igualmente, Niega y rechaza los planos presentados por el actor tanto de él como de sus representados tenga alguna similitud, ya que, son completamente distintos, son superficies distintas y ubicación distinta, por ello niega que la superficie que él reclama sus representados las poseen. Igualmente, negó y rechazó que el negocio de compra venta del terreno y las bienhechurías sobre el edificadas, y el comportamiento de VÍCTOR FRANCO sea contraria a derecho porque su conducta sea fraudulenta enmarcada en el numeral 3º del artículo 463 del Código penal, en virtud que su representado, solicitó en compra legal el terreno que fue vendido por la Alcaldía del Municipio San Francisco con todas las formalidades de ley, tal como lo ha aceptado el actor y esta debidamente registrado, por lo cual, su representado Víctor no está incurso en el fraude.

 

Concluye aduciendo, que niega y contradice que la venta que le hiciera la Alcaldía de San Francisco del inmueble propiedad del ciudadano Víctor Franco, no sea una venta pura y simple, ya que, la Constitución Bolivariana de Venezuela protege a la propiedad en su artículo 115, por lo cual, podía disponer libremente de ella, asimismo que el actor tiene que presentar toda la cadena documental del inmueble que pretende revindicar, cosa que no hizo, en tal sentido solicitó al Tribunal se admita su escrito de contestación a la demanda y sea declarada sin lugar la demanda de reivindicación. 

 

…omissis…

Ahora bien, para determinar la procedencia de la alegada falta de cualidad del accionante, ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, plenamente identificado en actas, es preciso revisar la documentación presentada por la parte actora en el escrito libelar, donde aporto los siguientes documentos: 1) documento autenticado ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo del estado Zulia, el día 15 de marzo de 2000, quedando anotado bajo el Nº 47, Tomo 14 y 2) documento protocolizado por la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 19 de septiembre de 2000, el cual quedó anotado bajo el Nº 47, Protocolo 1º, Tomo 9º, Tercer Trimestre, constituido por un lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el Nº 26A-27 ubicado en el lugar denominado “El Manzanillo”, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, encontrándose comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía Maraven,; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía Maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida San Francisco, y el cual posee una superficie aproximada de dos mil trescientos treinta y seis metros cuadrados con veinticinco centímetros (2.336,25 Mts2), derecho de propiedad que a priori demostró mediante la consignación en autos de las copias certificadas del aludido documento así como de la certificación de tradición legal expedida en fecha 14 de noviembre de 2011 por el Registro Público del municipio San Francisco del estado Zulia.

 
En este sentido, una vez efectuadas las anteriores ilustraciones, y del análisis efectuado al escrito libelar, resulta impretermitible para esta Sentenciadora indicar que la parte demandante ostenta la cualidad para intentar la presente demanda, a través de la cual pretende la reivindicación del bien inmueble cuya propiedad se atribuye conforme a las documentales antes señaladas, documentos estos que posee pleno valor probatorio, por cuanto la contraparte no procedió a realizar impugnación alguna sobre los mismos, en tal sentido colige esta Superioridad en estricta aplicación a lo supra citado, que se encuentra legitimado activamente para demandar. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte demandada, por todo lo cual, pasa a analizar la pretensión instaurada por la parte accionante. Y ASÍ SE DECIDE.

 

De esta manera, quedando comprobada la legitimación activa, pasa esta Alzada a analizar el primer requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, el cual debe entenderse por un justo título a los fines de demostrar la propiedad de un inmueble, que no es otro que aquel instrumento que acredite su propiedad y que haya sido otorgado mediante documento público, es decir, con las formalidades y solemnidades que exige la Ley para ser considerado como tal, con arreglo a las previsiones normadas en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con el ordinal 1° del artículo 1.920 eiusdem. Consecuencialmente, colige este Tribunal de Alzada que el medio idóneo para probar el derecho de propiedad de un inmueble frente al poseedor o detentador, es necesariamente un título protocolizado. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 
A fin de darle sustrato jurídico a lo precedentemente expuesto, se puntualizan las normas del Código Civil que son aplicables:

Artículo 548: “El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador”.

 

Artículo 1.920: “Además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse: 
1º. Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a Título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca.”

 

(…Omissis…)

 

Artículo 1.924: "Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble". 


"Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales".

 

Artículo 1.357: Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado.

 

Artículo 1.359: El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso:1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos constar. (Negrillas de esta Superioridad).

 

Dentro de este marco, procede esta Juzgadora Superior a determinar si se cumplen en la presente causa con el primer requisito antes señalado, por lo cual, se observa que la parte actora para demostrar la titularidad del inmueble objeto de reivindicación, presentó a las actas documento mediante el cual, el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES o CARMINES, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, domiciliado para ese entonces en el Distrito Maracaibo del estado Zulia (hoy municipio Autónomo Maracaibo, estado Zulia, le vendió de manera pura y simple, perfecta e irrevocable, al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, casado, industrial y comerciante, titular de la cédula de identidad Nº 5.149.819, de igual domicilio, una zona de terreno ubicada en el lugar denominado el Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo, estado Zulia, con las siguientes medidas y lindero; NORTE: terreno propiedad del vendedor ocupados por tercera personas y mide cincuenta metros (50 mts.); SUR: terreno propiedad de la compañía Maraven y mide cincuenta y cinco metros (55mts.); ESTE: terrenos propiedad de la compañía MARAVEN y mide treinta nueve metros (39 mts.) y OESTE: la avenida 5 San Francisco y mide cincuenta metros (50 mts.). Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), por haberlo adquirido según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia, en fecha 19 de diciembre de 1978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo Primero, Tomo 10, del cuarto trimestre, dejándose constancia que sobre el referido terreno no versa ningún gravamen .Quedando notariada la referida venta, el día 08 de noviembre de 1.983, bajo el Nº 36, Tomo 48 de los libro respectivo y posteriormente registrado ante la oficina Subalterna del tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo, estado Zulia.

 

Igualmente, presentó instrumento donde el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, antes identificado le vendió el mismo inmueble al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, tal y como se evidencia de documento autenticado el día 8 de noviembre de 1983 por ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo, anotado bajo el Nº 56, Tomo 48 y posteriormente protocolizado en fecha 22 de diciembre de 1983, bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, identificado como documento “A”, derivado de lo cual, no existe la menor duda de que el identificado terreno es propiedad exclusiva de su representado, obteniéndose de tal manera que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, es propietario del inmueble indicado en el escrito libelar, respecto del cual, demanda la reivindicación; documento éste que cumple con los requisitos de Ley para ser considerado justo título, por lo que está suscrita jurisdiccional estima acreditado el primer requerimiento. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 

Por otra parte, verifica esta Arbitrium Iudiciis, que la representante judicial de la codemanda, sociedad mercantil ALTEC, C.A., abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, aseveró en su escrito de contestación de la demanda, que su representada no tiene la cualidad pasiva para sostener el juicio, debido a que el inmueble fue adquirido legalmente por el ciudadano VÍCTOR FRANCO LOBO, no teniendo ninguna prohibición para ello; de la misma manera adujo, que el documento de donde emana su propiedad fue registrado ante el Registro Subalterno de San Francisco en fecha 23 de julio de 2007, Nº 65, Tomo 97, con todas las formalidades de Ley, y donde posteriormente construyó unas mejoras, siendo también registradas, asimismo adujo que el actor debió primero anular el documento donde el ciudadano VICTOR FRANCO LOBO, adquirió la propiedad del inmueble, para después demandar por reivindicación, por lo cual su representada no posee la cualidad pasiva en esta demanda.

 

En razón de ello, se concluye que, para determinar la procedencia de la presente acción, es importante analizar otro de los requisitos, como es que se compruebe que el demandado es poseedor o detentador, y siendo que uno de los codemandados alegó no tener legitimatio ad causam, es impretermitible para esta Sentenciadora pasar a analizar uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, como es el caso de la legitimación pasiva, ya que ésta es la persona frente a la cual debe sentenciarse, aptitud procesal cuya falta de consideración dentro de la vida jurídica acarrearía la procura de una tutela judicial inútil o infructuosa a aquel accionado que no tendría la cualidad para ser condenado y por ende obligado o ejecutado.

 

Siendo ello así, es necesario precisar, que de la inspección judicial realizada por el Juzgado a-quo, en fecha 24 de noviembre de 2011, se evidencia que al constituirse el mismo en la dirección siguiente: “Barrio El Manzanillo, sector Punta de Piedra, avenida 5 con calle 16 Nº 15B-87, en jurisdicción del municipio San Francisco del estado Zulia, al llegar a la mencionada dirección, dejó constancia de haber notificado de su misión a la asistente administrativo de la empresa ALTEC, C.A., de la misma manera dejó constancia que en la dirección antes señalada se encontraba presente el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, titular de la cédula de identidad Nº 682.738 con parte de su núcleo familiar”.

 

Por otra parte, se observa del informe fotográfico presentado por el practico designado como auxiliar de justicia con la finalidad de prestarle la asesoría necesaria al Tribunal en el momento que se llevó a efecto la inspección promovida en la etapa probatoria, ciudadano ENDER GUILLERMO BRACHO SOCORRO, donde dejó constancia lo que ha continuación se transcribe: “ En esta toma se observa la fachada frontal de inmueble inspeccionado con un aviso publicitario que contiene el nombre (ALTEC,C.A), el cual colinda por el Oeste con la avenida 5 de San Francisco y por el Norte con dos propiedades una sin identificación o nomenclatura visible y otra con nomenclatura Nº 15A-120”. De lo cual se deriva que, la sociedad mercantil ALTEC, C.A., se encuentra en posesión del bien objeto de la inspección, en razón de ello, colige esta Superioridad que se encuentra comprobado la legitimatio ad causam de la codemandada ut supra mencionada. En consecuencia se acuerda desestimar la defensa opuesta por la representante judicial de la parte accionada. Y ASÍ SE ESTABLECE.

 

Seguidamente, es necesario pasar a analizar el tercer y último requisito necesario para la procedencia (sic) de la venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital acción reivindicatoria, que versa sobre la identidad del inmueble propiedad de la actora y el inmueble del cual la demandada se encuentra en posesión. En este sentido, se verifica que luego de un estudio exhaustivo realizado a la experticia sobre los planos de mensura Nº RM-90-12-0001 levantado por la oficina de Catastro Municipal del municipio Maracaibo del estado Zulia, señalado con la letra y número “P1” y Nº ME04040001 levantado por la Coordinación de Catastro de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, marcado con la letra y número “P2”, los cuales sustentan: 1) documento protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha 25 de diciembre de 1983, anotado bajo el No. 30, Tomo 18, Protocolo 1°, Cuarto Trimestre, a través del cual el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, adquiere inmueble constituido por una parcela de terreno por compra venta que hiciera al ciudadano IBRAHIN GONZALEZ, y 2) documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 30 de junio de 2004, bajo el No. 44, Protocolo 1°, Tomo 30, Segundo Trimestre (marcado con la letra “D”) mediante el cual la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, le otorga el Reconocimiento de Derechos al ciudadano VICTOR MANUEL FARNCO LOBO, de una superficie de MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS CON TREINTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS (1.819,31 Mts2); a tal efecto los expertos designados concluyeron lo siguiente:

 

“a) Experticia sobre el plano de mensura levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo según nota de Registro RM-90-12-0001.Luego de verificado el plano y el documento señalado, es nuestra conclusión que ese plano de mensura se corresponde al área de terreno comprada por el Sr Emil Kalbajdji Homsi. Que tiene un área según el plano de 2.336,25 m2…”. b) Realizar experticia comparativa sobre el plano de mensura –denominado “P1” levantado por la Oficina de catastro Municipal del Distrito Maracaibo con nota de registro RM-90-12-001 y el plano“P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco distinguido con el numero ME04040001.Luego de comparar los dos planos concluimos lo siguiente:

 …Omissis…)

 

Deferencias:

 

• Tienen diferentes fechas de registro

• El plano RM-9012-0001 fue registrado en la Dirección de Catastro del antiguo Distrito Maracaibo, hoy Municipio Maracaibo, cuando San Francisco era una Parroquia, en el año 1990.

• El plano ME0404001 fue registrado en el año 2003 en la Dirección de catastro del Municipio San Francisco.

 

 

 

Similitudes: 


• Se refiere a dos áreas de terrenos, que tienen gráficamente la misma ubicación geográfica de acuerdo a las direcciones de los inmuebles identificadas en cada plano.

• Ambos inmuebles están ubicados entre las Av.5 y la Av. 25G.

• Los linderos de ambos planos son coincidentes, con excepción del lindero norte.

 

Ahora bien, del análisis efectuado al informe pericial, presentado por los ciudadanos MARIA CAROLINA AMAYA, OCTAVIO VILLALOBOS y JAIME RODRIGUEZ, plenamente identificados en actas y en su condición de expertos, se observa que existe identidad entre el inmueble objeto de reivindicación y el poseído por los demandados en actas, lo cual se puedo evidenciar de los planos que reposan en el expediente, identificados con la letra y número “P1”, aportado por la parte actora y el “P2”, consignado por la representante judicial de los demandados, los cuales fueron valorados en la oportunidad correspondiente.

 

En este sentido, se desprende del mismo informe que existe una diferencia en relación al lindero NORTE, por lo cual, es importante señalar que con motivo a las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quien era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero. Y ASÍ SE DETERMINA. 


Determinado lo anterior, y luego de revisar la cadena documental aportada por la parte actora, se evidencia que el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, le vende al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, una zona de terreno ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del estado Zulia, con las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía MARAVEN; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía MARAVEN; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), el cual forma parte de una extensión de terreno que adquirió según documento registrado el día 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, Cuarto Trimestre.

 

Cabe destacar, que el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.149.819, le vende la misma superficie de terreno al ciudadano MICHEL KALBAKDJI BASNAJI, parte accionante en el presente litigio, por haberlo adquirido según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, tal y como se evidencia de la cadena documental aportada al proceso por la parte accionante.

 

Mientras que la cadena documental aportada por la parte demanda, se evidencia que el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-682.738, solicitó Reconocimiento de Derecho sobre una superficie que forma parte de los terrenos ejidos del municipio San Francisco del estado Zulia, situado en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, Nº 15B-87, Parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, el cual le fue otorgado por la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, según documento registrado ante el Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del estado Zulia, el fecha 30 de junio de 2004, quedando anotado bajo el Nº 44, Protocolo 1º, Tomo 30, Segundo Trimestre; quien posteriormente le vende a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., la superficie de terreno, el día 31 de agosto de 2007, documento este protocolizado por ante la oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 49, Tomo 20, Protocolo 1º, Tercer Trimestre.

 

Dentro de esta perspectiva, colige esta Juzgadora Superior, que si bien es cierto que existe dos (2) cadenas documentales, no es menos cierto que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, posee una cadena documental que data del año 1.978, mientras que la sociedad mercantil ALTEC,C.A., ostenta una cadena documental mas resiente (sic), ya que, data del año 2004, razón por la cual, la parte demandante logró demostrar todos los elementos que configura la viabilidad de una reivindicación, en atención a que se demostró la propiedad del inmueble, la identidad del mismo con la prueba pericial y la cadena documental con una data más antigua en el presente proceso; y por último la posesión ejercida por sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia, y que éstos a su vez, no logrando desvirtuar la pretensión del demandante pues el argumento que esbozó de la contratación careció de elementos probatorios que apoyara su afirmación. Y ASÍ SE ESTABLECE.

En aquiescencia a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y a los criterios jurisprudenciales ut supra explanados, aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso sub litis, y aunado a los medios probatorios aportados por las partes interactuantes en la presente causa, resulta forzoso para esta Jurisdicente Superior, REVOCAR la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y consecuencialmente, se declara CON LUGAR el recurso de apelación incoado por la parte actora, a través de su apoderada judicial y así se plasmará en forma expresa, precisa, y positiva en el dispositivo del fallo a ser dictado en la presente causa. Y ASÍ SE DECIDE.

 

DISPOSITIVO

 

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en el juicio de REIVINDICACIÓN seguido por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en contra de la sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia, declara: 
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación propuesto por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a través de su apoderada judicial, abogada en ejercicio BEATRICE MOLINA de PÉREZ, contra sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia. Y consecuencialmente: 

SE REVOCA la aludida sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

 

SEGUNDO: CON LUGAR la demanda por reivindicación incoada por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en contra de la sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio Maracaibo del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y del ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia. 

TERCERO: Se ordena a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, y al ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, previamente identificados, RESTITUIR al ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, previamente identificado, en el inmueble constituido por un lote de terreno situado en la avenida 5 (Principal de San Francisco) distinguido con el Nº 26A-27 (27 metros de la vía pública 26A) ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco, estado Zulia, el cual se encuentra comprendido dentro de las siguientes medidas y linderos: NORTE; mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES, (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR; mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía maraven; ESTE; mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía maraven; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS de metro cuadrado (2.336.25 Mts.2), el cual le pertenece según documento registrado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del estado Zulia. 
Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida totalmente de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. (Copia Textual.)

 

La Sala para decidir, observa:

La formalizante delata la violación de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1354 del Código Civil, por falta de aplicación, alegando que  la parte actora no demostró en actas la existencia del inmueble sobre el que acredita ser el propietario, incurriendo así la recurrida en uno de los errores denominados facti in iudicando, que consiste en la lesión indirecta a una norma jurídica que determina la norma aplicable al caso, en el caso que nos ocupa, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el 1.354 del Código Civil.

En este sentido, esta Sala en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de falta de aplicación denunciado, indicando que el mismo se produce cuando se niega la existencia o la vigencia de una norma dispuesta para resolver el conflicto.

Asimismo esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, al señalar que: “…si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó…”. (Sentencia N° 132, de fecha 1 de marzo de 2012, caso: Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros ratificada en sentencia N° 290 de fecha 5 de junio de 2013, caso: Blanca Bibiana Gamez contra Herederos desconocidos de José Ramón Vivas Rojas y otras.)

Los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, respectivamente, expresan:

 

“...Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el hecho extintivo de la obligación”.

“...Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho de que ha producido la extinción de su obligación”.

 

Las normas transcritas regulan la distribución de la carga de la prueba, y establecen con precisión que corresponde al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor, y traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos.

Con relación a quien le corresponde probar, esta Sala en sentencia Nº 999 de fecha 12 de diciembre de 2006, expediente Nº 04-508, señaló lo siguiente:

 

“La Sala para decidir observa:

 

Los formalizantes denuncian la infracción del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil por error de interpretación por parte del juez superior, por cuanto atribuyó a ambas partes la carga de probar un mismo hecho, a pesar que la contestación de la demanda consistió en un rechazo en términos genéricos y no se opuso alguna excepción.

…omissis…

 Ahora bien, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

…omissis…

Al respecto, en sentencia N° 170 de 26 de junio de 1991, caso: Roberto Cordero Torres c/ Guido Leopardi D’ Amato y otros, esta Sala señaló lo siguiente:

“...Reus in exceptione fit actor...” se refiere a una actitud específica del demandado. En efecto, el reo puede adoptar distintas posiciones frente a las pretensiones del actor, a saber:

a) Convenir absolutamente o allanarse a la demanda. El actor queda exento de prueba.

b) Reconocer el hecho, pero atribuyéndole distinto significado jurídico. Toca al Juez “decir” el derecho.

c) Contradecir o desconocer los hechos, y por tanto, los derechos que de ellos deriven. El actor corre con toda la carga de la prueba y de lo que demuestre en el proceso depende el éxito y el alcance de sus pretensiones.

d) Reconocer el hecho con limitaciones, porque opone al derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo. Al reo le corresponde probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas...”.

En ese orden de ideas, en sentencia N° 00193, de 25 de abril de 2003, caso: Dolores Morante Herrera c/ Domingo Antonio Solarte y Ángel Emiro Chourio, esta Sala indicó:

“...En el derecho procesal moderno, corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma. Tiene apoyo esta tesis en el principio del contradictorio y se la denomina “carga subjetiva de la prueba”, independientemente de que esté expresamente distribuida por una norma o implícita en la estructura misma del proceso. Los límites de la controversia quedan planteados con el ejercicio de la pretensión que se hace valer en la demanda y con el ejercicio de la defensa o excepción que hace valer el demandado en la contestación. Como es lógico, ambos actos requieren la alegación de los hechos en que se fundamentan, y tales afirmaciones determinan el thema probandum y los respectivos sujetos gravados con la carga de probar los hechos en virtud de la correlación que debe existir entre la carga de la alegación y la carga de la prueba. De allí la máxima latina tan socorrida en textos y en fallos: Onus probandi incumbit ei qui asserit (La carga de la prueba incumbe al que afirma). En síntesis, en el derecho moderno, ambas partes pueden probar. A: el actor, aquellos hechos que fundamentan su pretensión; b: el demandado, aquellos hechos que fundamentan su excepción o defensa; que es lo mismo que decir: las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (Vid: Rengel Romberg Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Ed. Exlibris. Caracas 1991. Tomo III. p 277 y ss).

…omissis…

 

Los anteriores criterios invocados fueron ratificados en sentencia N° 00091 de 12 de abril de 2005, caso: Pedro Antonio Cova Orsetti, c/ Domingo Pereira Silva y Gladys Del Carmen Parra, en la que esta Sala expresó que “Esta norma regula la distribución de la carga de la prueba, correspondiéndole al actor probar los hechos constitutivos y al demandado probar los hechos extintivos, modificativos e impeditivos”.

 

De esa manera en conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, y el desarrollo jurisprudencial de esa norma, quien tiene el interés de afirmar un hecho tiene la carga de probarlo, esto es, al actor corresponde probar los hechos constitutivos y al demandado corresponde probar los hechos extintivos, modificativos e impeditivos que haya alegado. Claro, puede darse el caso, como lo señala la jurisprudencia anteriormente citada, en la que el demandado se limita a una simple negación de las afirmaciones del actor, situación en la que corresponde al actor toda la carga de la prueba.” (Resaltado de la Sala)

 

En el presente caso, tal como afirma la sentencia recurrida, el demandado en la oportunidad de dar contestación a la demanda, procedió a negar y contradecir todas y cada unas de las afirmaciones realizadas por la actora en su escrito libelar.

Ante esta negativa, y tomando en consideración la doctrina que al respecto mantiene esta Sala, era carga del actor probar tales afirmaciones a tenor de lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil.

En este sentido, esta Sala pasa a transcribir parte de la recurrida, en lo que respecta a la pruebas aportadas por la parte actora, al proceso.

 

“…Pruebas de la parte actora

Acompañó junto al escrito libelar:

• Copia certificada fotostática de documento de compra venta, suscrito por el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES y EMIL KALBAKDJI HOMSI, autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Maracaibo de estado Zulia, de fecha 8 de noviembre de 1.983, quedando anotado bajo el Nº 56, Tomo 48, siendo protocolizado posteriormente ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, el día 22 de diciembre de 1.983, bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18º, y notas marginales, estampadas por el Registro Subalterno del tercer Circuito de Maracaibo del estado Zulia, marcado con la letra “A”. 
• Copia certificada fotostática de documento de compra venta, suscrito por el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI y el ciudadano MICHEL KALBAKDJI BASNAJI, autenticado por ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo de estado Zulia, de fecha 15 de marzo de 2.000, quedando anotado bajo el Nº 47, Tomo 14, siendo protocolizado posteriormente ante la Oficina de Registro del municipio San Francisco del estado Zulia, el día 19 de septiembre de 2000, bajo el Nº 47, Protocolo 1º, Tomo 9º, marcado con la letra “B”. 
• Copia certificada fotostática de Acta Constitutiva de fecha 07 de mayo de 1.999; Acta de Asamblea Extraordinaria, de fecha 30 de abril de 2006; y Acta de Asamblea Ordinaria, de fecha 12 de junio de 2008, correspondiente a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., expedida por el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, marcado con la letra “C”.

• Copia certificada fotostática de documento de Reconocimiento de Derechos, suscrito por los ciudadano SAADY BIJANI GONZÁLEZ y LENI PIRELA PENZO, quienes actúan con el carácter de Alcalde y Secretario Municipal respectivamente del Municipio San Francisco del estado Zulia, y el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, debidamente registrado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 44, Protocolo 1º, Tomo 30º, Segundo Trimestre, de fecha 30 de junio de 2004, y notas marginales estampadas por el mencionado Registro, marcado con la letra “D”.

• Copia certificada fotostática de documento de compra venta, suscrito entre el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO y la sociedad mercantil ALTEC, C.A., autenticado por ante la Notaría Pública de san Francisco del estado Zulia, en fecha 23 de julio de 2007, quedando anotado bajo el Nº 65, Tomo 97, el cual fue posteriormente registrado ante la Oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del estado Zulia, en fecha 31 de agosto de 2007, quedando anotado bajo el Nº 49, Protocolo 1º, tomo 20º, tercer Trimestre, marcado con la letra “E”.

Con relación a los documentos que anteceden, considera esta Juzgadora que los mismos constituyen documentos públicos, debidamente registrados, y siendo que no fueron impugnados ni tachados de falsos se estiman en todo su valor probatorio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil concatenado con el artículo 1.357 del Código Civil. Y ASÌ SE VALORA.

• Original de oferta de venta suscrita por los ciudadanos OSCAR EDUARDO BARBOZA y ALEXIS PALMAR CASTILLO, quienes obran en nombre y representación del ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, la cual fue dirigida al ciudadano SIMÓN JOSÉ CABELLO ESTABA, representante legal de la Sociedad Mercantil ALTEC, C.A.

Con respecto a esta promoción de prueba, observa esta Juzgadora que se trata de un documento privado que emana de un tercero ajeno al proceso, la misma debió ser ratificada por quienes la suscribieron, de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo se evidencia de las actas que solo el testigo OSCAR EDUARDO BARBOZA, ratificó el contenido del documento antes señalado, en razón de ello se le otorga todo su valor probatorio con lo que respecta a la ratificación del ciudadano antes mencionado con lo previsto en la norma adjetiva civil ut supra mencionada. Y ASÍ SE VALORA.

• Original de revocatoria de poder, otorgado por el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, a los abogados en ejercicio OSCAR EDUARDO BARBOZA y ALEXY PALMAR CASTILLO, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 16.418 y 14.696, respectivamente, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública del municipio San Cristóbal Rojas del estado Miranda, en fecha 07 de octubre de 2010. 

En lo que respecta a este medio probatorio, se observa que el mismo se trata de un documento privado que emana de una de las partes intervinientes en este proceso, y por cuanto no fue objeto de impugnación en la oportunidad procesal correspondiente, en consecuencia se le otorga todo su valor probatorio. Y ASÍ SE DETERMINA

• Original de plano de mensura levantado por la Oficina de catastro Municipal del municipio Maracaibo del estado Zulia, según nota registral Nº RM-90-12-0001. 

En este sentido, observa esta Juzgadora que el día 10 de noviembre de 2011, la apoderada judicial de la parte demandada, procedió a impugnar el presente medio probatorio, sin embargo en virtud que el mismo fue consignado conjuntamente con el libelo de la demanda, la oportunidad procesal para realizar dicha impugnación era en el acto de contestación a la demanda, la cual se llevó a efecto en fecha 29 de septiembre de 2011, en consecuencia se acuerda desestimar la misma por haber sido interpuesta extemporáneamente; y en tal sentido se le otorga todo su valor probatorio, de conformidad con previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE VALORA.

• Copia certificada de plano de mensura levantado por la Coordinación de Catastro de la Alcaldía del municipio San Francisco del estado Zulia, asignado con el Nº ME04040001. 

Observa esta Juzgadora Superior que la precitada prueba constituye documento administrativos, que gozan de una presunción de legitimidad, legalidad y veracidad y hacen plena prueba mientras no sean desvirtuados con otro medio probatorio, así, al no haber enervado sus efectos la parte interesada con otro medio de prueba, tal y como ya se dijo, le merecen plena fe a esta Superioridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE ESTABLECE. 

En el lapso probatorio procedió a promover los siguientes medios: PUEBAS (sic) DOCUMENTALES:

• Original de documento de préstamo a interés garantizado con hipoteca convencional de primer grado protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del distrito Maracaibo del estado Zulia (hoy municipio Maracaibo), el día 4 de diciembre de 1974, quedando anotado bajo el No. 54, Protocolo 1º, Tomo 1º, folios 195 al 198.

Respecto a este instrumento probatorio, a pesar que se tratan de originales de documentos públicos, los cuales no fueron tachados ni impugnados por la contra parte, sin embargo por cuanto dicha documental no se circunscribió a las instrumentales que conforman la cadena documental que sustenta el documento de compra venta mediante el cual la parte actora invoca su derecho de propiedad sobre el inmueble que se pretende reivindicar, en tal sentido esta Jurisdicente considera pertinente desestimarlas del presente proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE ESTABLECE.

• Original de documento de cancelación de préstamo y liberación de hipoteca, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo del estado Zulia, el día 9 de octubre de 1987, quedando anotado bajo el Nº 6, Tomo 99, suscrito por el ciudadano ATILIO CHOURIO ATENCIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 2.886.817 y de este domicilio.

• Original de documento de contrato de arrendamiento suscritos por los ciudadanos EMIL KALBAKDJI HOMSI y GEORGE BISMARJI MAYO, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Cuarta de Maracaibo del estado Zulia, en fecha 17 de octubre de 1985, quedando anotado bajo el Nº 447, Tomo 1º.

Al respecto, se observa que las descritas instrumentales se encuentran constituidas por documentos autenticados de carácter privados que emanan de terceros, y siendo que las misma no fueron ratificadas en juicio, en consecuencia se acuerda desestimarlas de conformidad con las previsiones del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE. 

• Copia fotostática certificada de documento de cancelación de préstamo y liberación de hipoteca, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Quinta de Maracaibo del estado Zulia, de fecha 25 de abril de 1990, quedando anotado bajo el Nº 4, Tomo 45, protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del Estado Zulia, en fecha 19 de septiembre de 2000, bajo el No. 46, Protocolo 1°, Tomo 9°.

• Copia fotostática certificada de Acta de Defunción, correspondiente al ciudadano quien en vida se llamó EMIL KALBAKDJI HOMSI, quedando anotado bajo el Nº 198, de fecha 23 de julio de 2004.

Con respecto a estas documentales, se observa que las fueron expedidas por autoridad competente para ello, y siendo que no fueron impugnadas dentro de la oportunidad legal por la parte adversaria, en tal sentido se le otorga todo su valor probatorio de conformidad con el artículo 1.384 del Código Civil, concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE VALORA.

• Copia fotostática certificada del expediente llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con el Nº 46.166 de la nomenclatura interna ese órgano jurisdiccional, contentivo del juicio de Querella Interdictal de Amparo instaurada por el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO contra el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI. 
En lo que se refiere a dicho instrumento probatorio, es importante destacar que si bien es cierto que las copias certificadas fueron expedidas por el funcionario competente para ello, no es menos cierto que en el presente proceso no se está debatiendo el derecho de posesión, sino la propiedad del inmueble objeto de este litigio, razón por la cual considera esta Operadora de Justicia, desestimar del proceso la presente documental, de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE ESTIMA.

• Copia fotostática simple, de constancia emitida por la empresa OFIVEN, expedida el día 17 de octubre de 1.983 
En con que respecta a dicha prueba, esta Juzgadora considera emitir pronunciamiento en cuanto a su valoración al momento de ser valorada la prueba de informes. 
• Originales de planillas de pago de impuestos municipales signados con los Nos. 9611204670, 9711204671 y 9811204672 de fecha 05/04/00, emanada por de la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, Gerencia de Administración Tributaria.

Al respecto, observa esta Juzgadora Superior que la precitada pruebas constituye documento administrativos, que gozan de una presunción de legitimidad, legalidad y veracidad y hacen plena prueba mientras no sean desvirtuados con otro medio probatorio, así, al no haber enervado sus efectos la parte interesada con otro medio de prueba, tal y como ya se dijo, le merecen plena fe a esta Superioridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA) concatenado con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE ESTABLECE.

• Copia simple de Gaceta Municipal del Municipio san Francisco, publicada en fecha 16 de septiembre de 2009, quedando anotada su ejemplar bajo el Nº 243. 
Sobre dicho instrumento probatorio, es importante destacar que la misma constituye copia simple de página del órgano oficial divulgativo de la República Bolivariana de Venezuela publicada de conformidad con la normativa legal que regula la materia, por ende, al no haber sido impugnada, tachada de falsa, ni desconocida por la contraparte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 432 eiusdem, se le da el correspondiente valor probatorio. Y ASÍ SE ESTABLECE.

PRUEBAS DE INFORMES: La aparte promoverte solicitó se oficiará a:

• Oficina de ventas de INAVI (OFIVEN), a fin de que informara acerca de la veracidad de la constancia expedida en fecha 17 de octubre de 1983 de autorización a favor de Emil KALBAHDJI HOMSI.

En atención a ello, observa es Juzgadora de las actas que conforman la presente causa, que en fecha 11 de noviembre de 2011 el Juzgado de la causa, libró oficio bajo el Nº 1576-11 a la referida oficina; sin embargo consta en actas que el día 20 de enero de 2012, el Alguacil de ese Tribunal dejó constancia de la imposibilidad de ser recibido por la oficina respectiva, y siendo que feneció el lapso probatorio sin que fuese evacuada dicha prueba, en consecuencia, se procede a desechar del presente proceso la copia fotostática simple de constancia expedida por OFIVEN, de fecha 17 de octubre de 1983, en virtud que la misma no fue ratificada por el ente emisor. Y ASÍ SE DETERMINA.

PRUEBA TESTIMONIAL:

• La parte actora promovió las testimoniales de los ciudadanos: OSCAR EDUARDO BARBOZA y ALEXIS PALMAR CASTILLO. 
Se evidencia de las actas que la parte actora procedió a promover las presentes testimoniales con la finalidad de ratificar el contenido y firma de la oferta de venta suscrita por los ciudadanos OSCAR EDUARDO BARBOZA y ALEXIS PALMAR CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 1.650.212 y 3.909.125 respectivamente, al representante legal de la sociedad mercantil ALTEC, C.A.

No obstante, solo compareció por ante el Tribunal Noveno de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, actualmente Tribunal Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la oportunidad fijada por ese órgano jurisdiccional, el ciudadano OSCAR EDUARDO BARBOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 1.650.212 y domiciliada en esta ciudad y municipio Maracaibo del estado Zulia, quien reconoció en su contenido y firma el documento antes señalado; asimismo procedió a dar contestación a las preguntas que le fueron realizadas, donde manifestó.“ que él y el abogado ALEXIS PALMAR actuaron en esa oportunidad como apoderados del ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI; que reconoce que es cierto que dicho ciudadano es propietario de la porción de terreno señalado en el documento, por compra que dicho ciudadano le hiciera al señor EMIL KALBAKDJI HOMSI, por cuanto tal documento de compra venta fue redactado por su persona; que conoce al ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, porque en varias oportunidades tuvo que dirigirse a él personalmente con el objeto de poner en claro su situación con respecto al inmueble que ocupaba; que es cierto que el nombrado FRANCO LOBO fue autorizado por EMIL KALBAKDJI HOMSI, para que habitara en calidad de vigilante y celador del terreno; que VICTOR MANUEL FRANCO LOBO estaba enterado de que la propiedad de dicho terreno corresponde a MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, y que sus visitas hacia su persona eran precisamente en base a instrucciones que enviaba el señor MICHEL con el objeto de mantener la vigilancia de dicho inmueble; que es cierto que la referida oferta fue recibida el día 02-06-2008 por una persona que se identificó como RAMÓN REVILLA, quien dijo actuar como representante legal de la empresa ALTEC, C.A., ya que, en la visita que le realizaron anteriormente a esa fecha, el abogado ALEXIS PALMAR CASTILLO y su persona, el ciudadano representante de la empresa ALTEC les informó que su abogado el Dr. Ramón Revilla se comunicaría con ellos, como en efecto así ocurrió, y concertaron una reunión en donde le hicieron entrega del documento en cuestión. 

Igualmente afirmó que no recuerda cuanto tiempo fue apoderado del ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, pero que fue por años; que dicha oferta que estaba precisamente al señor JOSE CABELLO ESTABA, le fue entregada al abogado RAMON REVILLA, ya que el ciudadano CABELLO ESTABA les manifestó en esa oportunidad que el abogado REVILLA actuaría en su nombre y en el nombre de la empresa; que la citada reunión se produjo en BAMBI Café situado en la avenida Dr. RISQUEZ, que el ciudadano REVILLA no mostró ningún poder pero si hizo hincapié en que venía de parte del ciudadano JOSÉ CABELLO ESTABA, quien era el representante legal de la empresa ALTEC, C.A.; que dicho inmueble se encuentra ubicado en la avenida principal que conduce hacia el hoy Municipio San Francisco conocida como 5 de julio, en el sector El Manzanillo, con número de nomenclatura 26-25, teniendo una extensión aproximada de 2.336 metros; que ignora cuando el ciudadano MICHEL KALBAHDJI tuvo conocimiento sobre la construcción de una edificación en el terreno; que de acuerdo al documento expedido por la Alcaldía del Municipio San Francisco, se evidencia que el ciudadano FRANCO le compró a dicha Alcaldía haciéndole creer que tal extensión de terreno estaba en situación ejidal; que tiene entendido que el ciudadano FRANCO le vendió una parte de mayor extensión de las 2.336 metros cuadrados a la empresa ALTEC. 

En derivación, este Juzgado de Alzada observa de las actas procesales, que en el escrito de pruebas presentado por la parte accionante, al momento de promover las testimoniales de los ciudadanos OSCAR EDUARDO BARBOZA y ALEXIS PALMAR CASTILLO, manifestó la voluntad de realizar otros particulares; y siendo que el Juzgado a-quo, procedió a admitir las pruebas promovidas en los términos solicitados, en tal sentido esta Alzada le otorga todo su valor probatorio a las correspondientes deposiciones del testigo, por cuanto son adminiculados con los hechos controvertidos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE VALORA.

PRUEBA DE EXPERTICIA:

• En fecha 16 de febrero de 2012, los ciudadanos ALFREDO GONZALEZ, MIGUEL LEAL DIAZ y JAIME RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 7.607.594, 3.468.432 y 10.679.031 respectivamente, en su carácter de expertos designados, consignan su informe respectivo, mediante el cual concluyeron lo siguiente:

 A fin de determinar la superficie que permitirá establecer objetivamente el espacio físico solicitado en la experticia, se empleó el plano agregado al expediente No. RM-90-12-001, con el cual se definieron los vértices del levantamiento topográfico a ser efectuado. Que dentro de la poligonal que forman los vértices seleccionados existen dos inmuebles ubicados hacia los linderos Este y Sur. Que la identificación de los ocupantes de dichos inmuebles no fue posible, por no estar los mismos al momento de la experticia. Que luego de verificado el levantamiento topográfico, debatido entre ellos, concluyeron que dicho terreno tiene una superficie de 2.324,88 Mts2.

• Que los inmuebles ubicados en el lindero norte son: inmueble No. 15B-77 el cual no tiene placa de identificación de la nomenclatura municipal (se le tomó una fotografía al recibo de electricidad donde aparece dicha identificación) y No. 15A-120, el cual si tenía placa de identificación. Los demás linderos se corresponden a vías públicas. 

• Que el inmueble objeto de la experticia se encontraba al momento de efectuar la misma, identificada con la nomenclatura No. 15B-87.

• Que el lindero Este del inmueble objeto de la experticia corresponde a la avenida 25G.

Ahora bien, con relación a este medio de prueba, observa esta Sentenciadora que el día 28 de febrero de 2012, la apoderada judicial de la parte demandada, abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, procedió a impugnar el informe presentado por los expertos designado a tales efectos, donde adujo que los expertos se había extralimitado en los puntos sobre los cuales eran objeto la experticia, por cuanto la parte actora no indicó en su escrito de promoción de pruebas que se realizaría un levantamiento topográfico sobre el terreno propiedad de ALTEC, C.A.

En este sentido, es importante resaltar que la representación judicial de la parte actora en su escrito de pruebas, promueve dicho medio probatorio con el objeto de establecer el espacio físico que corresponde a los 2.336,25 Mts2, de la misma manera que se verificara la nomenclatura de los respectivos inmuebles colindantes, por otra parte solicitó se dejare constancia de la nomenclatura municipal asignada al inmueble objeto de la misma, y se comprobara la nomenclatura asignada al inmueble ubicado en el lindero colindante Este; debido a ello, los expertos a los fines de dar cumplimiento con la labor encomendada procedieron a hacer un levantamiento topográfico.

Ahora bien, por cuanto los expertos se desempeñan como auxiliares de justicia, y siendo éstos los que poseen la pericia en la materia respectiva, y debido a que su labor no era otra sino la determinación del espacio físico del inmueble objeto de experticia, en tal sentido, mal pudiera este Tribunal cuestionar los métodos que fueron utilizados por los expertos para el cumplimiento de sus actividades; en consecuencia se acuerda desestimar la impugnación efectuada por la representante judicial de la parte accionada con relación a este particular. Y ASÍ SE DETERMINA.

En lo que respecta, a la impugnación de la experticia por la extralimitación de los expertos en sus funciones, por cuanto la parte actora no indicó el sitio o lugar donde se llevaría a efecto la experticia, en este sentido, observa esta Superioridad del informe presentado por los auxiliares de justicia que las actuaciones realizadas por los expertos nombrados y juramentos en este proceso, no están fuera de la esfera de la normativa legal, ni mucho menos pueden considerarse como violatorias del debido proceso, pues tal como antes se señaló, la dirección indicada por los expertos, se encuentra según las particularidades indicadas en el escrito promocional de pruebas, que el inmueble objeto del mismo está señalado en el escrito libelar, en tal sentido se acuerda desestimar la impugnación realizada por la apoderada judicial de la parte demandada. Y ASÍ SE DETERMINA. 
En cuanto a la impugnación realizada con relación al informe presentado por los prácticos, alegando la impugnante que no se llenaron los requisitos establecidos en el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que en el referido informe no se dejó constancia que tipos de medios técnicos fueron utilizados, así como tampoco las técnicas que emplearon para medir.

De la misma manera, la parte impugnante realizó señalamiento con relación al plano “P1”, aduciendo que éste plano fue levantado de conformidad con las coordenadas catedral, tal y como lo ordenaba la Alcaldía de Maracaibo, y siendo que los expertos en el plano presentado, tomaron otros tipos de coordenadas, sin hacer la debida conversión y sin indicar en sus informes, quien le había suministrado el recibo de electricidad del inmueble ubicado en el lindero norte donde se constituyeron.

A fin de resolver el planteamiento antes señalado, es importante evocar lo establecido en el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé lo siguiente:

“El dictamen de los expertos deberá rendirse por escrito ante el Juez de la causa o su comisionado, en la forma indicada por el Código Civil. Se agregará inmediatamente a los autos y deberá contener por lo menos: descripción detallada de lo que fue objeto de la experticia, métodos o sistemas utilizados en el examen y las conclusiones a que han llegado los expertos.”

Por otra parte, el artículo 1.425 del Código Civil establece: 

“El dictamen de la mayoría de los expertos se extenderá en un solo acto que suscribirán todos y debe ser motivado, circunstancia sin la cual no tendrá ningún valor. 
Si no hubiere unanimidad, podrán indicarse las diferentes opiniones y sus fundamentos.”

Ahora bien, como puede observarse de lo antes citado, el dictamen de los expertos deberá contener la descripción detallada de lo que fue objeto la experticia, los métodos o sistemas utilizados en el examen y las conclusiones a que han llegado los expertos. Además debe extenderse en un solo acto suscrito por todos los expertos, de forma motivada. 

A tal efecto, se observa del informe presentado por los expertos designados y juramentados en actas, que los mismos procedieron a realizar una explicación del método, de igual manera el procedimiento empleado; objeto sobre el cual recayó el medio probatorio, así como las respectivas conclusiones, todo lo cual, permite deducir que el mismo fue motivado, de conformidad con lo establecido en el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DETERMINA. 

Por otra parte, se evidencia que el referido informe fue extendido en un solo acto, siendo suscrito por todos los expertos, todo lo cual, permite verificar que el informe pericial cumple con los requerimientos establecidos en la norma adjetiva y sustantiva civil; en consecuencia se acuerda desestimar lo alegado por la representante judicial. Y ASÍ SE DETERMINA.

En lo que respecta, a las supuestas incongruencias que posee el informe de los expertos, donde se señaló que el terreno posee una superficie de 2.324,88 Mts2, pero que el levantamiento presentando por ellos dice claramente que el área es de 2.299,64; esta Juzgadora ad-quem estima, amparada en la soberanía, independencia y autonomía que ostentan los Jueces de la República, en el examen de los casos sometidos a su consideración, que la divergencia antes delatada por los expertos y vertida en el correspondiente informe no constituye una diferencia trascendente, al extremo de no tomar en cuenta dicho aspecto como lo hizo el Tribunal a-quo, por el contrario, bajo la óptica de quien hoy decide, ello sólo representa una discrepancia menor que cuestiona su carácter esencial, aunado a que, por máximas de experiencia, es frecuente que las medidas sean inexactas, tal como se observa en este caso, por lo tanto, visto que la diferencia en metros entre las dos medidas ya referenciadas no tiene repercusiones de alta importancia, por ser menor, en consecuencia se estima en toda su fuerza y eficacia probatoria el informe presentado por los expertos; y en tal sentido se acuerda desestimar la impugnación realizada por la apoderada judicial de la parte accionada. Y ASÍ SE DETERMINA. 

Para finalizar, la representación judicial de la parte demandada, adujo que los linderos que se especifican en el levantamiento topográfico, no concuerdan con los del Plano “P1” y el documento “B”; suministrados por la parte actora, en este sentido, aduce que en el punto 4 del informe presentado por los expertos, los mismos determinaron que el lindero ESTE del inmueble objeto de la experticia se encuentra en la avenida 25G, pero que el lindero ESTE del plano indica que es la avenida 26-B.

Ahora bien, luego de una revisión exhaustiva efectuada a las conclusiones aportadas por los expertos en el informe objeto de estudio, así como del Plano marcado por la parte actora como “P1”, observa esta Juzgadora ad-quem, que el lindero ESTE del inmueble objeto de prueba, es la avenida 25G, tal y como se encuentra indicado en el aludido plano “antes terrenos de maraven”, todo lo cual, coincide con lo asentado en el instrumento señalado por la parte accionante con la letra “B”, así como por el documento autenticado ante la Oficina Notarial Novena de Maracaibo, el día 15 de marzo de 2.000, quedando inserto bajo el Nº 47, Tomo 14 de los libros llevados por esa oficina notarial, y siendo posteriormente registrado ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio San Francisco del Estado Zulia , en fecha 19 de septiembre de 2000, quedando anotado bajo el Nº 47, Protocolo 1º, Tomo 9º, Tercer Trimestre, todo lo cual conlleva a determinar que no existe incompatibilidad entre los determinado por los expertos designados en su informes y las pruebas aportadas por la parte accionante, en consecuencia se acuerda desestimar el alegato expuesto por la representante judicial de la parte demandada. Y ASÍ DE DETERMINA. 

Esbozado lo anterior, este Tribunal Alzada en atención a lo preceptuado en el artículo 467 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el artículo 1.425 del Código Civil, procede a otorgarle valor probatorio al informe presentado por los expertos ALFREDO GONZALEZ, MIGUEL LEAL DIAZ y JAIME RODRIGUEZ, en fecha 16 de febrero de 2012. Y ASÍ SE VALORA.

PRUEBA DE EXPERTICIA SOBRE LOS PLANOS DE MENSURAS: 
• En fecha 28 de febrero de 2012, los expertos designados a tales efectos, ciudadanos MARIA CAROLINA AMAYA, OCTAVIO VILLALOBOS y JAIME RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 7.689.718, 5.803.273 y 10.679.031, respectivamente, procedieron a consignar su informe respectivo, mediante el cual concluyeron lo siguiente:

• Que el plano de mensura levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo según nota de registro RM-90-12-0001 y marcado con la letra “P1”, se corresponde el área de terreno comprado por el Sr. EMIL KALBAJDJI HOMSI, la cual es de 2.336,25 Mts2. 
• Que a través del estudio comparativo de los planos de mensura denominado “P1” levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo según nota de registro RM-90-12-0001 y el plano “P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco distinguido con el Nº ME04040001, llegaron a la siguiente conclusión: 

• Diferencias: No poseen el mismo sistema de coordenadas, el plano RM-90-12-001, el sistema de coordenadas son planas referidas a la Catedral de Maracaibo, mientras que el plano ME04040001, el sistema de coordenadas es UTM, aunque no específica el Datum, ni el huso 
• Poseen áreas distintas.

• Tienen diferentes fechas de registro.

• El plano RM-90-12-0001 fue registrado en la Dirección de Catastro del antiguo Distrito Maracaibo, hoy Municipio Maracaibo, cuando San Francisco era una Parroquia, en el año 1990.

• El plano ME04040001 fue registrado en el año 2003 en la Dirección de Catastro del Municipio San Francisco.

• Similitudes:

• Se refieren a dos áreas de terrenos, que tienen gráficamente la misma ubicación geográfica de acuerdo a las direcciones de los inmuebles identificadas en cada plano. 
• Ambos inmuebles están ubicadas entre las Av. 5 y la Av. 25G.

• Los linderos de ambos planos son coincidentes, con excepción del lindero norte.

• Los planos de mensura marcados con las letras “P1” y “P2” son originales, aun cuando no se pudo verificar en el ente regulador de dicha materias como es la Dirección de Catastro del Municipio San Francisco, por burocracias de la misma, al no atender a la comisión de expertos que diligentemente se dirigió a esa institución no consiguiendo respuesta de ningún tipo: ni positiva ni negativa, negándoles el acceso a un documento público. Por último, alegan la originalidad de los planos, debido a que ambos se tienen en el expediente uno en original y el otro en copia certificada.

En este sentido, el día 02 de marzo de 2012, la apoderada judicial de la parte demandada, abogada ISMELDA CANO FINOL, procedido a impugnar el informe presentado por los expertos, aduciendo que dicho informe carecía de las formalidades establecidas en los artículo 467 del Código de Procedimiento Civil y 1.425 del Código Civil, por cuanto los expertos en su informe no motivaron la experticia realizada, ya que, no dieron una descripción detallada de lo que fue objeto de experticia, así como tampoco nombraron los métodos utilizados para llegar a las conclusiones a que hacen referencia. 
Ahora bien, esta Juzgadora luego de una revisión exhaustiva efectuada al informe presentado por los expertos, se evidenció que el mismo contiene el objeto sobre el cual recayó el medio probatorio, así como también las respectivas conclusiones, todo lo cual, permite determinar que dicho informe se encuentra motivado.

Asimismo, se evidencia que el informe fue extendido en un solo acto, siendo suscrito por todos los expertos, en razón de ello se determina, que el informe pericial cumple con los requerimientos establecidos en la norma adjetiva y sustantiva civil, motivo por el cual esta Superioridad acuerda desestimar lo alegado de la apoderada judicial de la parte accionada. 
De la misma forma, adujo la abogada ISMELDA CANO FINOL, que los expertos no debieron realizar la experticia con la copia fotostática simple del plano de mensura el cual posee la nota de registro RM-90-12-0001, identificado como “P1”, sino, que los mismo tenían que haber solicitado el original del plano de mensura al Tribunal, ya que el mismo se encuentra en resguardo, o en su defecto, debieron solicitar una copia certificada del mismo.

En virtud de lo antes señalado, se observa del informe bajo estudio, que los expertos procedieron a realizar el análisis comparativo del plano de mensura denominado “P1” levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo (hoy Municipio Maracaibo) según nota de registro RM-90-12-0001 y del plano de mensura denominado “P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco del estado Zulia distinguido con el Nº ME04040001, con aquellos incorporados en actas. De la misma manera, se evidencia conforme al auto dictado el día 8 de abril de 2011, que el Juzgado de la causa, ordenó el resguardo del documento señalado por la representación judicial de la parte actora, previa su certificación en actas, lo cual pone en evidencia que los expertos designados realizaron su trabajo en un plano que es copia fiel y exacta de su original, lo cual tiene pleno valor probatorio, por ser una copia certificada de la instrumental objeto de estudio y no una copia fotostática simple. Y ASÍ SE DETERMINA.

Ahora bien, en cuando a la incongruencia que existe en el informe presentado por los expertos designados en el presente litigio, según lo manifestado por la abogada en ejercicio ISMELDA CANO FINOL, referido a la primera conclusión dada por los expertos atinente al área de superficie que posee el terreno según el plano de mensura, en tal sentido esta Operadora de Justicia, luego de una revisión al informe, específicamente al hecho denunciado, se observa que si bien es cierto, que los expertos señalaron que luego de verificado el plano y el documento señalado, la conclusión fue la siguiente: “ que el plano de mensura se corresponde al área de terreno comprada por el Sr. EMIL KALBAJDJI HOMSI, asimismo que la superficie objeto de la experticia posee un área según el plano de 2.336,25 m2”; no es menos cierto que, a pesar que el plano de mensura denominado “P1”, levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo (hoy Municipio Maracaibo), según nota de registro RM-90-12-0001, determina que el área de la superficie del terreno según la mensura es de 2.265,83 Mts2, dejan constancia que existe una diferencia en la superficie de 70,42 Mts2, entre el documento de propiedad y el plano de mensura, debe observarse que los expertos determinaron que se trabada del mismo terreno adquirido por el ciudadano EMIL KALBAJDJI HOMSI al realizar la comparación entre el plano de mensura y el documento de propiedad, por lo tanto la discrepancia menor cuestionada, no constituye una diferencia trascendente, al extremo de no tomar en cuenta dicho aspecto como lo hizo el Tribunal a-quo, por el contrario, bajo la óptica de quien hoy decide, considera necesario desestimar lo objetado por la apoderada judicial de la parte demandada y otorgarle todo su valor a las conclusiones arrojadas por los expertos con relación al presente particular, tal como lo ha dejado sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y ASI SE DECIDE. 

Para concluir, en cuanto a los restantes vicios o incongruencias que alega la parte demandada que posee el informe presentado por los expertos, según lo alegado por la parte accionada con relación a que éstos no motivaron, el por qué son distintas las áreas de los dos planos de mensura objeto de dicho medio probatorio, así como la falta de especificación de los linderos de cada una, y cuánto miden las áreas, existiendo contradicción al señalarse que ambas áreas tienen geográficamente la misma ubicación y los linderos de ambos planos son coincidentes, sin embargo que los mismos no señalaron donde son coincidentes, como tampoco fue indicado la excepción del lindero norte, no procediendo de esta manera a explicar porque no coinciden los mismos, luego de haber señalado en sus informe que poseen dos áreas distintas.

Por tal razón, esta Sentenciadora, luego de una revisión afectada al dictamen de los expertos objeto de estudio, se evidencia que no existe contradicción, ya que, la conclusión arrojada por los mismos al realizar el estudio comparativo entre los dos planos de mensura, observaron que se refieren a dos áreas de terrenos que tiene geográficamente la misma ubicación de acuerdo a la dirección de los inmuebles identificadas en cada plano, pero que son áreas distintas. Por otra parte, señalaron que los linderos de ambos planos son coincidentes, con excepción del lindero norte, todo lo cual, permite deducir que los linderos SUR, ESTE y OESTE son los que coinciden cuyos datos se encuentran en los documentos objeto de estudio.

En tal razón, se observa del mismo, que si bien es cierto, que los expertos omitieron especificar el motivo por el cual ambas áreas eran distintas, no es menos cierto que conforme a los planos de mensura objeto de estudio, se verificó que ciertamente tal como lo indican los expertos, en el plano de mensura denominado “P1” levantado por la Oficina de Catastro Municipal del Distrito Maracaibo (hoy Municipio Maracaibo) según nota de registro RM-90-12-0001, se observa que el área de superficie del terreno según la mensura es de 2.265,83 Mts2 y en el plano de mensura denominado “P2” levantado por la Alcaldía Municipal de San Francisco del Estado Zulia distinguido con el No. ME04040001, se observa que el área de superficie del terreno según la mensura es de 1.819,31 Mts2,y siendo que ambos planos de mensuras no emanan del mismo ente administrativo, mal podría ser motivo para anular el informe presentado por los expertos designados en la presente causa, en consecuencia se acuerda desestimar lo alegado por la representante judicial de la parte demandada, y se procede a otórgale todo su valor probatorio a las conclusiones dadas por los expertos, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 467 del Código de Procedimiento Civil y 1.425 del Código Civil. Y ASÍ SE VALORA. 

PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL INMUEBLE: 


• EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, se trasladó y constituyó, el día 24 de noviembre de 2011, con la finalidad de dejar constancia:

• Que la dirección donde se encontraba constituido era la siguiente: Barrio El Manzanillo, sector Punta de Piedra, avenida 5 con calle 16, Edificio Nº 15B-87, en jurisdicción de la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco del estado Zulia.

• Que la nomenclatura del inmueble es la siguiente: 15B-87 
• Que la superficie del terreno: En este particular, el Tribunal dejó constancia que donde se encontraba constituido, el área era irregular, para lo cual procedió a dejar constancia tanto de sus linderos como medidas, haciendo de la siguiente manera: NORTE; propiedad que es o fue de la ciudadana MERCEDES PARRA, información obtenida a través del vecino del sector, el inmueble mide SETENTA METROS (70 Mts), sin nomenclatura visible, estando dividido por dos (2) inmuebles, en consecuencia el segundo lindero está identificado según nomenclatura No. 15A-120, aproximadamente de SETENTA METROS (70 mts); SUR: vía pública (sin nomenclatura visible) mide SESENTA Y DOS METROS (62 Mts); ESTE: vía pública, avenida 5, mide VEINTICUATRO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (24,50 Mts) y OESTE: vía pública (sin nomenclatura visible,) mide TREINTA Y NUEVE METROS CON VEINTE CENTÍMETROS (39,20 Mts). Asimismo, dejó constancia sobre las mediciones que las mismas son aproximadas y serán ampliadas y especificadas en el informe práctico presentado por el experto debidamente designado.

• Valor de la edificación construida en ese terreno: Con relación a este particular, el Tribunal consideró no dejar constancia de mismo, por cuanto de hacerlo puede hacer una valoración a priori, en virtud de ser objeto de fondo de la controversia.

• Que en el inmueble donde se encontraba constituido, para el momento de la inspección se encontraba presente el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, titular de la cédula de identidad Nº C.I. V- 682.738, así como también se encontraba parte de su núcleo familiar compuesto por cuatro adultos y un menor de edad.

• Por último, se dejó constancia que en el lindero NORTE está dividido por dos inmuebles, el primero propiedad que es o fue de la ciudadana MERCEDES PARRA sin nomenclatura visible, y el segundo inmueble nomenclatura 15A-120 y mide SETENTA METROS (70 Mts); por el SUR: vía pública, sin nomenclatura visible, mide SESENTA Y DOS METROS (62 Mts); por el ESTE: vía pública, avenida 5, mide VEINTICUATRO METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS (24,50 Mts) y OESTE: vía pública, sin nomenclatura visible, mide TREINTA Y NUEVE CON VEINTE CENTÍMETROS (39,20 Mts), dichas medidas son aproximadas, y que se observaba una identificación signada con el número 15B-87 en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del estado Zulia. 

PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL REGISTRO: 


• EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, se trasladó y constituyó, el día 30 de noviembre de 2011, a la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, con la finalidad de verificar lo siguiente: 

• Dejó constancia que tuvo a la vista el libro donde se lee: Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del Estado Zulia, Protocolo Primero, Tomo 30, Principal 2do, Trimestre 2004.

• Que el documento se encontraba inserto en el folio 237 del referido libro o Tomo 30.

• Que fue otorgado por la Alcaldía del Municipio San Francisco, con ocasión de una solicitud propuesta por el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 682.738, de reconocimiento de derechos sobre un terreno ejido, sobre un área o superficie que forma parte de los terrenos ejidos del Municipio, situado en el Sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, No. 15B-87, en la parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco del estado Zulia.

• Por ultimo dejó constancia: que fungió como Registrador el ciudadano WALDO URIANA POCATERRA y como testigos RAFAEL VALE y HENRY ARRIET y verificó que el documento fue firmado por el Alcalde del Municipio San Francisco, el Secretario Municipal y el ciudadano VÍCTOR MANUEL FRANCO LOBO, existiendo una nota en el cuaderno de comprobante, la cual reza: por escritura registrada hoy al Protocolo 1º, Tomo 20, bajo el Nº 49, en el cual el ciudadano VÍCTOR FRANCO LOBO, vende ese inmueble a ALTEC, C.A., San Francisco 31/08/07, incorporándose a las actas copias certificadas de los aludidos documentos.

Con relación a la valoración de la presente prueba de inspección judicial, cabe destacarse que se trata de un medio probatorio evacuado y certificado por una autoridad judicial, como es el Juez de la causa, debiéndose conferirle fe pública de conformidad con lo consagrado en el artículo 1.357 del Código Civil, por lo cual, al no haber sido impugnado, ni tachado de falso por la contraparte, su promoción y evacuación se entiende conforme a derecho, consecuencialmente esta Superioridad considera que se encuentran demostrados los hechos en está constatados, en consecuencia con lo consagrado por el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1.428 del Código Civil, de la misma manera a las reproducciones fotográficas, las cuales fueron consignadas por el práctico mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2011 y las copias fotostáticas certificadas de los documentos insertos ante la Oficina Subalterna antes señalada, de fecha 30 de junio de 2004, anotado bajo el No. 44, Protocolo 1°, Tomo 30, Segundo Trimestre y de fecha 31 de agosto de 2007, anotado bajo el No. 49, Tomo 20, Protocolo 1°, Tercer Trimestre, las cuales fueron consignadas en la inspección objeto de estudio, todo a tenor del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE APRECIA…”. (Copia Textual)

 

De lo anteriormente transcrito, esta Sala evidencia que efectivamente la parte demandante cumplió con su obligación de probar todas y cada una de sus afirmaciones realizadas en su libelo de demanda, y en razón de ello, la juez de la recurrida no incurrió en el vicio delatado por la formalizante, y no invirtió la carga de la prueba en juicio, lo que lleva a declarar la improcedencia de la denuncia por infracción de ley, así como ha declarar sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en la ciudad de Maracaibo, en fecha 5 de febrero de 2016.

Se CONDENA EN COSTAS del recurso extraordinario de casación a la demandada recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase este expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

__________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

___________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

 

Magistrado-Ponente,

 

 

 

___________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

_____________________

YARITZA BONILLA JAIMES

 

 

 

 

Exp. AA20-C-2016-000365

 

Nota: Publicada en su fecha a las (   )

 

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

 

 

Quien suscribe, Magistrado GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ, expresa su disentimiento con respecto a la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandante.

 

El referido fallo, al resolver la segunda delación de forma, dispone lo siguiente:

 

“…La recurrente en casación señaló, que el ad quem en su fallo incurrió en el delatado vicio de actividad al momento de analizar y valorar las pruebas de la parte actora, específicamente la prueba de experticia, del informe arrojado por los expertos designados, practicado sobre el plano de mesura que acompañara la parte actora agregado al cuaderno de comprobantes de su documento de propiedad, el ad quem, al otorgarle valor probatorio asume que hay una diferencia en las medidas de cuatrocientos cuarenta y seis metros (Sic) con cuarenta y seis centésimas de metros cuadrados (446 mts2) (Sic) y con respecto a la medida del inmueble que ordena restituir y que es reclamado por el actor en su libelo existe una diferencia de setecientos treinta y seis metros cuadrados con veinticinco centésimas de metros cuadrados (776, 25 mts) (Sic).

Finalmente alegó, que la destrucción de los motivos entre unos y otros deviene de la diferencia en las medidas, cabidas y linderos y nomenclaturas no aclarados por la recurrida, quien además confunde el término de medidas del terreno con la cabida, de manera que cómo va a restituir su mandante junto con el co-demandado, una zona de terreno cuyos linderos no existen, cuya nomenclatura no coincide con el inmueble que es de su propiedad y sobre el cual ejerce actos de posesión y dominio y menos aún no podría su mandante devolverle junto con el co-demandado una zona de terreno de mayor extensión a los un mil seiscientos metros cuadrados (1600 mts2) que en el supuesto negado no tiene identidad con el inmueble reclamado.

(…Omissis…)

Ahora bien, la Sala en el análisis del fallo recurrido, no evidencia tal como fue delatado por la formalizante, que el ad-quem haya incurrido en inmotivación por contradicción, pues lo señalado por la jueza de alzada como conclusión al analizar las pruebas, la hizo determinar que: “…las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quien era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero…”, y que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie del terreno objeto del presente juicio, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero”.

 

 

 

Ante la referida determinación de la declaratoria de sin lugar el recurso extraordinario de casación, observa quien disiente de la mayoría sentenciadora de la Sala que se trata de un juicio por reivindicación de un lote de terreno.

Al respecto, considero que al establecer el juez superior que:

 

“….En este sentido, se desprende del mismo informe que existe una diferencia en relación al lindero NORTE, por lo cual, es importante señalar que con motivo a las obras de remodelación de las áreas aledañas al inmueble, efectuadas por el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), en virtud del proceso de expropiaciones, llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio, debido a que no fueron impugnado por la contraparte y donde se observa que en el mencionado procedimiento el ente expropiante al determinar quien era el propietario de la superficie afectada, el mismo dejó plena constancia que correspondía al ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, según documento registrado en fecha 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, conllevando con ello a la presunción que después de varias afectaciones que le fueron realizadas a la superficie de terreno propiedad del mencionado ciudadano, el lindero “norte”, pudo verse afectado, lo cual trajo como consecuencia la variación en ese lindero. Y ASÍ SE DETERMINA…”. (Resaltado del transcrito).

 

 

De la transcripción parcial de la recurrida se puede observar que ciertamente al establecer que existe una variación del lindero norte del inmueble a reivindicar no expresa los motivos de hecho ni de derecho, simplemente no dice nada más, sólo remite a las actas del expediente mismo, ni señala como quedó ese lindero variado ni cómo se va a reivindicar y bajo que parámetros deben cumplir los demandados la reivindicación con ese lindero variado.

 

Considera quien disiente, que además de sólo referir al “…proceso de expropiaciones llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el cual reposa en el expediente y le fue otorgado el valor probatorio…”, debió con base a esas probanzas y el informe arrojado por los expertos, explanar los motivos de hecho y de derecho de la variación del lindero norte; señalar como quedó actualmente ese lindero y, especificar cómo podrán dar cumplimiento los demandados a reivindicar una extensión de terreno que ya no es de su propiedad.

El referido fallo, al resolver la primera delación por infracción de ley, en la cual se denuncia la infracción del artículo 548 del Código Civil, por error de interpretación en cuanto a su contenido y alcance, dispone lo siguiente:

 

“…Asimismo, de acuerdo a los referidos criterios, en los juicios de reivindicación es necesario: 1) Que el demandante alegue ser propietario de la cosa; 2) Que demuestre tener justo título que le permita el ejercicio de ese derecho; 3) Que la acción vaya dirigida contra el detentador o poseedor de la cosa y que éste a su vez no tenga derecho sobre el bien; y, 4) Que solicite la devolución de dicha cosa.

También indica el criterio de esta Sala, que el actor al ejercer la acción reivindicatoria debe solicitar al tribunal la restitución del derecho de propiedad, apoyado en que tiene justo título y quien posee, usa y disfruta el inmueble sin ser propietario del bien”.

 

Al respecto, considero que al establecer el juez superior que:

 

“…Determinado lo anterior, y luego de revisar la cadena documental aportada por la parte actora, se evidencia que el ciudadano IBRAHIN GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 1.417.069, le vende al ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, una zona de terreno ubicado en el lugar denominado El Manzanillo, en jurisdicción del municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del estado Zulia, con las siguientes medidas y linderos: NORTE: mide cincuenta (50) metros y linda con terreno que es o fue de IBRAHIN GONZÁLEZ CARMONES (también conocido como IBRAHIN GONZÁLEZ CARMINES, según otros documentos), ocupados por terceras personas; SUR: mide cincuenta y cinco (55) metros y linda con terrenos de la propiedad de la compañía MARAVEN; ESTE: mide treinta nueve (39) metros y linda con terrenos propiedad de la compañía MARAVEN; y OESTE: mide cincuenta (50) metros y linda con la avenida 5 San Francisco. Dicho lote de terreno tiene una superficie de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON VEINTICINCO CENTÉSIMAS DE METRO CUADRADO (2.336.25 Mts2), el cual forma parte de una extensión de terreno que adquirió según documento registrado el día 19 de diciembre de 1.978, quedando anotado bajo el Nº 38, del Protocolo 1º, Tomo 10, Cuarto Trimestre.

Cabe destacar, que el ciudadano EMIL KALBAKDJI HOMSI, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.149.819, le vende la misma superficie de terreno al ciudadano MICHEL KALBAKDJI BASNAJI, parte accionante en el presente litigio, por haberlo adquirido según documento registrado en fecha 22 de diciembre de 1.983 por ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Distrito Maracaibo del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 30, Protocolo 1º, Tomo 18, Cuarto Trimestre, tal y como se evidencia de la cadena documental aportada al proceso por la parte accionante.

Mientras que la cadena documental aportada por la parte demanda, se evidencia que el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-682.738, solicitó Reconocimiento de Derecho sobre una superficie que forma parte de los terrenos ejidos del municipio San Francisco del estado Zulia, situado en el sector Punta de Piedra, Barrio El Manzanillo, avenida 5 con calle 16, Nº 15B-87, Parroquia Francisco Ochoa, municipio San Francisco del estado Zulia, el cual le fue otorgado por la Alcaldía del Municipio San Francisco del estado Zulia, según documento registrado ante el Registro Inmobiliario del Municipio San Francisco del estado Zulia, el fecha 30 de junio de 2004, quedando anotado bajo el Nº 44, Protocolo 1º, Tomo 30, Segundo Trimestre; quien posteriormente le vende a la sociedad mercantil ALTEC, C.A., la superficie de terreno, el día 31 de agosto de 2007, documento este protocolizado por ante la oficina de Registro Público del Municipio San Francisco del estado Zulia, quedando anotado bajo el Nº 49, Tomo 20, Protocolo 1º, Tercer Trimestre.

Dentro de esta perspectiva, colige esta Juzgadora Superior, que si bien es cierto que existe dos (2) cadenas documentales, no es menos cierto que el ciudadano MICHEL KALBAHDJI BASNAJI, venezolano, mayor de edad, abogado, titular de la cédula de identidad Nº V-6.434.161, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, posee una cadena documental que data del año 1.978, mientras que la sociedad mercantil ALTEC,C.A., ostenta una cadena documental mas resiente, ya que, data del año 2004, razón por la cual, la parte demandante logró demostrar todos los elementos que configura la viabilidad de una reivindicación, en atención a que se demostró la propiedad del inmueble, la identidad del mismo con la prueba pericial y la cadena documental con una data mas antigua en el presente proceso; y por último la posesión ejercida por sociedad mercantil ALTEC, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 7 de mayo de 1.999, quedando anotada bajo el Nº 20, tomo 27-A, domiciliada en el municipio San Francisco del estado Zulia, representada por su presidente, ciudadano JOSÉ ROBERTO CABELLO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.478.640, domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia y el ciudadano VICTOR MANUEL FRANCO LOBO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula Nº V-682.738, domiciliado en el municipio San Francisco del estado Zulia, y que éstos a su vez, no logrando desvirtuar la pretensión del demandante pues el argumento que esbozó de la contratación careció de elementos probatorios que apoyara su afirmación. Y ASÍ SE ESTABLECE.

En aquiescencia a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos y a los criterios jurisprudenciales ut supra explanados, aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso sub litis, y aunado a los medios probatorios aportados por las partes interactuantes en la presente causa, resulta forzoso para esta Jurisdicente Superior, REVOCAR la Sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; y consecuencialmente, se declara CON LUGAR el recurso de apelación incoado por la parte actora, a través de su apoderada judicial y así se plasmará en forma expresa, precisa, y positiva en el dispositivo del fallo a ser dictado en la presente causa. Y ASÍ SE DECIDE…”. (Resaltado del transcrito).

 

 

De la transcripción parcial de la recurrida se puede observar que la recurrida dio por cumplido el tercer requisito de procedencia de la acción reivindicatoria, relativo a que “…3) Que la acción vaya dirigida contra el detentador o poseedor de la cosa y que éste a su vez no tenga derecho sobre el bien…”, expresando que aún cuándo existen dos (2) cadenas documentales, la del demandante por ser más antigua, se da por mejor que la de los demandados.

 

Considera quien disiente, tal como lo expresó la formalizante, que la recurrida determinó que “…que se trata del mismo inmueble con la comparación y análisis de documentales, apartándose de la máxima de que en el juicio de reivindicación lo que se trata es de demostrar una situación fáctica y no documental…”, que debió extender su análisis a las diversas probanzas (planos, informes, cabida, coordenadas, etc.) y no sólo al simple hecho de la data entre ambos títulos de propiedad.

 

 

En estos términos queda expresado mi voto salvado.

 

 

Presidente de la Sala Disidente,

 

 

 

   ________________________________

   GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Vicepresidente,

 

 

 

___________________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Magistrado ponente,

 

 

 

___________________________________

YVÁN DARIO BASTARDO FLORES

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

_____________________________

YARITZA BONILLA JAIMES

 

 

Exp. AA20-C-2016-000365

 

 

Secretaria Temporal,

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias