Sentencia N.º RC.000436
- Sentencia
- N.º RC.000436
- Fecha
- 13/08/2018
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 17-432
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
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SALA DE CASACIÓN CIVIL
ACCIDENTAL
Exp. 2017-000432
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores
En el juicio de nulidad de compra venta por simulación y de colación hereditaria, sustanciado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, de un bien inmueble señalado como parte de la sucesión del ciudadano Serko Spartalian Nalbatian (), integrada dicha sucesión por la ciudadana Rosa Cecilia Spartalian Duarte (hija y hermana), y por los ciudadanos CARLOS JOAQUÍN SPARTALIAN DUARTE, (hijo y hermano, demandante), quien actúa en su propio nombre y representación por ser abogado, y también está representado judicialmente por los ciudadanos abogados María Elena Rondón Hernández y Alfredo Rondón González, contra la ciudadana MARÍA EUSEBIA DUARTE SANTAMARÍA DE SPARTALIAN (madre y viuda, demandada), también conocida como MARUJA DUARTE DE SPARTALIAN, y el ciudadano JOSÉ ALBERTO SPARTALIAN DUARTE (hijo y hermano, demandado), representados judicialmente los demandados por los ciudadanos abogados Belkis Coromoto Figuera Carpio y Ángel Rafael Manuitt Figuera, en el que fue llamada como tercera interesada la sociedad mercantil distinguida con la denominación MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL (antes denominado Banco Mercantil C.A., Banco Universal), representada judicialmente por el ciudadano abogado Juan Rafael Aguirre Herrera; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, actuado como Tribunal Superior de Reenvío, dictó sentencia definitiva en fecha 13 de marzo de 2017, declarando lo siguiente:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la Acción (sic) de NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA VENTA, por SIMULACIÓN y subsidiariamente por ACCIÓN de COLACIÓN interpuesta por el Ciudadano (sic) CARLOS JOAQUÍN SPARTALIAN DUARTE, venezolano mayor de edad, de profesión abogado, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, titular de la cédula de identidad No. 2.522.118, en contra de los Ciudadanos (sic) MARÍA EUSEBIA DUARTE SANTAMARÍA DE SPARTALIAN y JOSÉ ALBERTO SPARTALIAN DUARTE, titulares de las cedulas de identidad Nos. 10.671.106 y 2.522.117 respectivamente, del documento de venta entre los ciudadanos MARÍA EUSEBIA DUARTE DE SPARTALIAN Y JOSÉ ALBERTO SPARTALIAN DUARTE sobre un inmueble constituido por una casa y el terreno sobre el cual está construida ubicada en la salida carretera San Juan de los Morros-Villa de Cura, de esta ciudad de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del Estado (sic) Guárico, código catastral 12-12-01-URB-09-01, en cual tiene un área de tres mil metros cuadrados (3.000 M2), cuyas medidas y linderos son los siguientes: NORTE: con terrenos municipales ahora terrenos y casa de Ignacio Granadillo en 120,00 ML; SUR con terrenos cedidos a Pedro Belisario, ahora conjunto Residencial Los Rosales en 120.00 ML; ESTE: terrenos pertenecientes al campo de aviación, ahora terreno de la manga de coleo Pedro Juan Corrales, en 25,00 ML, y OESTE: que es su frente con carretera que conduce al centro de la República, ahora carretera nacional vía La Villa en 25,00 ML, tal como consta el documento registrado, objeto de la presunta venta, protocolizado bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 9, PRIMER TRIMESTRE del 2008, de fecha 25 de marzo de 2008. Se REVOCA la Sentencia (sic) emanada del Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Guárico, de fecha 24 de Septiembre (sic) de 2013. Se declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la Abogada (sic) Belkis Figuera Carpio, inscrita en el Instituto de Prevención Social del Abogado, bajo la matricula No. 61.267, en su carácter de Apoderada (sic) Judicial (sic) de los demandados y así se decide.
SEGUNDO: Se condena en costas del proceso a la parte actora por haber resultado vencida con la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil y así se decide . (Mayúsculas y destacados de lo transcrito).-
Contra la referida decisión de alzada en reenvío, el demandante anunció recurso extraordinario de casación en fechas 23 de marzo de 2017 y 4 de abril de 2017, el cual fue admitido mediante auto de fecha 7 de abril de 2017. Siendo oportunamente formalizado. Hubo impugnación pertinente. No hubo replica.
En fecha 28 de junio de 2017, el ciudadano Magistrado de esta Sala, Dr. Guillermo Blanco Vázquez, mediante escrito ratificó su voluntad de inhibirse de conocer este caso, dado que ya se había inhibido.
En fecha 3 de julio de 2017, se ordenó la convocatoria del Magistrado suplente correspondiente, dado que en fecha 21 de junio de 2016, fue declarada con lugar la inhibición planteada por el ciudadano Magistrado Dr. Guillermo Blanco Vázquez.
Posteriormente se ordenó la convocatoria de la Magistrada suplente correspondiente, y aceptada dicha convocatoria, en fecha 14 de diciembre de 2017, se constituyó la Sala Accidental, quedando conformada de la siguiente forma: Magistrado Presidente y ponente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba; y Magistrada suplente Dra. Ana Endrina Gómez Durán.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala Accidental a dictar sentencia, bajo la ponencia de su Magistrado Presidente, que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:
Conforme a lo dispuesto en fallos números RC-254, expediente N° 2017-072. Caso: Luis Antonio Díaz Barreto contra Ysbetia Roció González Zamora, y RC-255, expediente N° 2017-675. Caso: Dalal Abdrer Rahman Masud contra Yuri Jesús Fernández Camacho y otra, ambos de fecha 29 de mayo de 2018, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, FIJÓ SU DOCTRINA SOBRE LAS NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO, señalando al respecto lo siguiente:
Conforme a lo estatuido en fallo de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, N° RC-510, del 28 de julio de 2017, expediente N° 2017-124; y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 362, del 11 de mayo de 2018, expediente N° 2017-1129, caso: Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., con efectos ex nunc y erga omnes, a partir de su publicación, se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem y, por ende, también quedó en desuso artículo 210 ibídem, y SE ELIMINÓ LA FIGURA DEL REENVÍO EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL, como regla, y lo dejó sólo de forma excepcional y, en consecuencia, esta Sala fija su doctrina, en aplicación de la nueva redacción de dichas normas por efecto del control difuso constitucional declarado, y en aplicación de los supuestos descritos en la primera parte del ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA EN CASACIÓN SÓLO SERÁ PROCEDENTE, cuando: a) En el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; b) Por desequilibrio procesal por no mantener el juez a las partes en igualdad de condiciones ante la ley; c) Por petición de principio, cuando obstruya la admisión de un recurso impugnativo; d) Cuando sea procedente la denuncia por reposición no decretada o preterida; y e) Por la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, que degeneren en indefensión, con la violación del debido proceso, derecho a la defensa y del principio de legalidad de las formas procesales, con la infracción de los artículos 7, 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, así como de una tutela judicial eficaz, por la observancia de un vicio grave que afecte de nulidad la sustanciación del proceso, o que la falta sea tan grave que amerite la reposición de la causa al estado de que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, en aplicación de la doctrina reiterada y pacífica de esta Sala, que prohíbe la reposición inútil y la casación inútil. (Cfr. Fallo N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra SERVIQUIM C.A., y otra).
En tal sentido, verificado y declarado el error en la sustanciación del juicio, la Sala remitirá el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el proceso, o para que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, y si está conociendo la causa el mismo juez que cometió el vicio detectado en casación, éste no podrá continuar conociendo del caso por razones de inhibición y, por ende, tiene la obligación de inhibirse de seguir conociendo el caso y, en consecuencia, lo pasará de inmediato al nuevo juez que deba continuar conociendo conforme a la ley, el cual se abocará al conocimiento del mismo y ordenará la notificación de las partes, para darle cumplimiento a la orden dada por esta Sala en su fallo.
Por lo cual, al verificarse por parte de la Sala la procedencia de una denuncia de forma en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, o verificada la existencia de un vicio de forma de orden público, conforme a lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 eiusdem, ya sea por indeterminación: I) Orgánica, II) Subjetiva, III) Objetiva y IV) De la controversia; por inmotivación: a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye; b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas; c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables; d) Porque todos los motivos son falsos; e) Por motivación acogida; f) Por petición de principio, cuando se de por probado lo que es objeto de prueba; g) Por motivación ilógica o sin sentido; h) Por motivación aparente o simulada; i) Por inmotivación en el análisis de las pruebas; y j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo; por incongruencia, de los alegatos de la demanda y contestación u oposición, y de forma excepcional de los informes y observaciones, ya sea: 1) Negativa, omisiva o citrapetita; 2) Positiva o activa; 3) Subjetiva; 4) Por tergiversación de los alegatos; y 5) Mixta por extrapetita; por reposición: a) Inútil y b) Mal decretada; y en torno de lo dispositivo: I) Por la absolución de la instancia, al no declarar con o sin lugar la apelación o la acción; II) Que exista contradicción entre la motiva y la dispositiva; III) Que no aparezca lo decidido, pues no emite condena o absolución; IV) Que sea condicional o condicionada, al supeditar su eficacia a un agente exógeno para su ejecución; y V) Que contenga ultrapetita; la Sala recurre a la CASACIÓN PARCIAL, pudiendo anular o casar en un aspecto, o en una parte la recurrida, quedando firme, incólume y con fuerza de cosa juzgada el resto de las motivaciones no casadas, independientes de aquella, debiendo la Sala recomponer única y exclusivamente el aspecto casado y verter su doctrina estimatoria, manteniéndose firme el resto de la decisión, por cuanto los hechos fueron debida y soberanamente establecidos en su totalidad siendo, por tanto, innecesario la nulidad total del fallo; sin perjuicio de ejercer la Sala la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de forma de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo.
Ahora bien, la facultad de CASACIÓN DE OFICIO, señalada en el aparte cuarto (4º) del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuya constitucionalidad ya ha sido declarada por la Sala Constitucional. (Vid. Sentencia N° 116 de fecha 29 de enero de 2002, expediente Nº 2000-1561, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez y otros), al constituir un verdadero imperativo constitucional, porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), se constituye en un deber, lo que reitera la doctrina pacífica de esta Sala, que obliga a la revisión de todos los fallos sometidos a su conocimiento, independientemente de que el vicio sea de forma o de fondo y haya sido denunciado o no por el recurrente, y su declaratoria de infracción de oficio en la resolución del recurso extraordinario de casación, cuando la Sala lo verifique.
Cuando la Sala declare la procedencia de una denuncia de infracción de ley en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, que en su nueva redacción señala: En su sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio , o verifica la existencia de dicha infracción que afecte el orden público, por: a) La errónea interpretación; b) La falta de aplicación; c) La aplicación de una norma no vigente; d) La falsa aplicación y e) La violación de máximas de experiencia; y en el sub tipo de casación sobre los hechos, ya sea por la comisión del vicio de suposición falsa cuando: 1) Se atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene; 2) Se da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; 3) Se da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo; 4) Por desviación ideológica intelectual en el análisis de las cláusulas del contrato; 5) Por silencio de pruebas, total o parcial en suposición falsa negativa; o por: 6) La infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas; y 7) Las violaciones de ley relacionadas con el control de las pruebas no contempladas expresamente en la ley o prueba libre; la Sala recurrirá a la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de ley de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo y, en consecuencia, anulará la totalidad del fallo recurrido en casación, es decir, LO CASA señalando los errores de fondo y, por ende, adquiere plena y total jurisdicción y DICTA UN NUEVO FALLO SIN NECESIDAD DE NARRATIVA, sino estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas y dictando el dispositivo que dirime la controversia, sin menoscabo de aplicar a la violación de ley, la CASACIÓN PARCIAL, si la infracción no es de tal magnitud que amerite la nulidad total del fallo recurrido y el error pueda ser corregido por la Sala de forma aislada, como ocurre en el caso de las costas procesales, ya sea cuando estas se imponen o se exime de su condena de forma errada.
Por último, ante la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, por: a) La aplicación de un criterio jurisprudencial no vigente, de esta Sala o de la Sala Constitucional, para la fecha de presentación de la demanda, o b) Que se aplique un criterio contrario a la doctrina y jurisprudencia de esta Sala o de la Sala Constitucional, dado su carácter de orden público, al estar íntimamente ligados a la violación de las garantías constitucionales del derecho de petición, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la defensa, la Sala tomará su decisión tomando en cuenta la influencia determinante del mismo de lo dispositivo del fallo y si éste incide directamente sobre la sustanciación del proceso o sobre el fondo y en consecuencia aplicará como correctivo, ya sea LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA o la CASACIÓN PARCIAL o TOTAL, según lo amerite el caso, en una interpretación de la ley en forma estable y reiterativa, para una administración de justicia idónea, responsable, con transparencia e imparcialidad, EVITANDO CUALQUIER REPOSICIÓN INÚTIL QUE GENERE UN RETARDO Y DESGASTE INNECESARIO DE LA JURISDICCIÓN, conforme a lo señalado en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que adoptan un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva de los derechos, de forma equitativa, sin formalismos inútiles, en un proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Así se declara . (Destacados de lo transcrito).-
Ahora bien, conforme a la doctrina vigente de esta Sala antes descrita en este fallo, que señala el nuevo proceso de casación civil venezolano, y el cambio de redacción de los 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem y, por ende, también quedó en desuso artículo 210 ibídem, quedando el reenvío por vía de excepción y adquiriendo la Sala plena jurisdicción para conocer del fondo del asunto sometido a su conocimiento y poner fin al juicio, pasa a dictar sentencia de mérito, en los términos siguientes:
CASACIÓN DE OFICIO
Con fundamento en la facultad establecida en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala de Casación Civil procede a obviar las denuncias articuladas en el recurso extraordinario de casación, por cuanto el vicio detectado no fue denunciado en casación por la recurrente y hará pronunciamiento expreso para casar el fallo recurrido por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por la comisión del vicio de silencio de pruebas.
Con respecto al vicio de falta de aplicación, esta Sala en innumerables oportunidades ha indicando que el mismo se produce cuando se niega la existencia o la vigencia de una norma dispuesta para resolver el conflicto. Asimismo esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, al señalar que ( ) si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó . (Cfr. Fallos N° RC-132, de fecha 1° de marzo de 2012, expediente N° 2011-299, caso Eli Lilly and Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros citada en sentencia N° RC-290, de fecha 5 de junio de 2013, expediente N° 2012-697, caso: Blanca Bibiana Gámez contra Herederos desconocidos de José Ramón Vivas Rojas y otras; ratificada en sentencias N° RC-092, de fecha 15 de marzo de 2017, expediente N° 2016-508, caso: Zully Alejandra Farías Rojas contra Enilse Matilde Rodríguez González; RC-508, de fecha 28 de julio de 2017, expediente N° 2017-143, caso: Anisorely Colombo Bolívar contra Inversiones del Futuro para la Familia, C.A., y RC-584, de fecha 14 de agosto de 2017, expediente N° 2017-127, caso: Gabriel Dos Ramos Yumare contra José Aurelio Romero Caballero, estos últimos bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).
En ese sentido, el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, establece:
Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juez respecto de ellas.
Ahora bien, en relación vicio de silencio de pruebas, esta Sala con ponencia conjunta, en sentencia N° 335, de fecha 9 de junio de 2008, caso: Banco Latino, C. A., contra Inversiones Cotécnica, C. A. y otras, expediente N° 2003-421, reiterada en fallo N° RC-346, de fecha 15 de junio de 2015, expediente N° 2013-427, caso: Cenit Sarahay Guerra Moreno contra Segunda Nicacia Cadena Cuenu, señaló lo siguiente:
La Sala dejó sentado en sentencia de fecha 21 de junio de 2000, que la falta de análisis y pronunciamiento sobre las pruebas no constituye un defecto de forma de la sentencia, sino un error de juzgamiento que debe ser denunciado al amparo del ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, alegando la violación de la regla de establecimiento de las pruebas contenida en el artículo 509 eiusdem por falta de aplicación, siempre y cuando la falta de examen de la prueba o su análisis parcial, haya sido decisivo del dispositivo del fallo; extremo este que ha de considerarse cumplido cuando la prueba omitida o examinada parcialmente, es capaz de demostrar hechos que han de cambiar la suerte de la controversia. (Caso: Farvenca Acarigua C.A. contra Farmacia Claely C.A.) . (Resaltado de la Sala).
Conforme al criterio de esta Sala antes transcrito, el vicio de silencio de pruebas, se produce cuando el juez omite en su totalidad examinar o valorar la prueba, siempre y cuando esa falta de examen haya sido decisivo en el dispositivo del fallo, lo cual ha de considerarse cumplido, cuando la prueba omitida es capaz de demostrar hechos que han de cambiar la suerte de la controversia.
De igual forma esta Sala ha determinado, que no existe silencio de pruebas cuando de la sentencia recurrida se observe, que el juez analizó y valoró la misma, dado que el supuesto de hecho generador del vicio es la falta absoluta de su apreciación por parte del juez de instancia.
En relación con el vicio de silencio parcial de pruebas, esta Sala en sentencia N° 518, de fecha 11 de agosto de 2015, caso: Eduardo Bello González contra Wilson Fabián Valencia Alzate y otra, expediente N° 2014-751, dispuso lo siguiente:
La Sala dejó sentado en sentencia de fecha 21 de junio de 2000, que la falta de análisis y pronunciamiento sobre las pruebas no constituye un defecto de forma de la sentencia, sino un error de juzgamiento que debe ser denunciado al amparo del ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, alegando la violación de la regla de establecimiento de las pruebas contenida en el artículo 509 eiusdem por falta de aplicación, siempre y cuando la falta de examen de la prueba o su análisis parcial, haya sido decisivo del dispositivo del fallo; extremo este que ha de considerarse cumplido cuando la prueba omitida o examinada parcialmente, es capaz de demostrar hechos que han de cambiar la suerte de la controversia. (caso: (sic) Farvenca Acarigua C.A. contra Farmacia Claely C.A.) . (Resaltado de la Sala).
Es decir, que conforme al criterio supra transcrito, el vicio de silencio de prueba, se produce cuando el juez omite examinar o valorar la prueba o cuando realiza un examen o valoración parcial de la misma, siempre y cuando esa falta de examen de la prueba o su análisis parcial, haya sido decisivo en el dispositivo del fallo, lo cual ha de considerarse cumplido cuando la prueba omitida o examinada parcialmente, es capaz de demostrar hechos que han de cambiar la suerte de la controversia.
Por lo tanto, se puede concluir que el vicio denominado silencio parcial de prueba, se produce cuando el juez analiza o valora parcialmente la prueba y, esa falta de examen integral es decisivo o determinante en el dispositivo del fallo, lo cual se cumple cuando la prueba examinada parcialmente es capaz de demostrar hechos que han de cambiar la suerte de la controversia.
Asimismo, esta Sala ha indicado que normalmente el vicio de silencio de prueba, se configura cuando el juzgador omite en forma absoluta pronunciarse en relación con determinada prueba que consta en autos. No obstante, puede ocurrir que el juez al examinar la prueba, obvie puntos relevantes en ella contenidos, que resulten determinantes para acreditar los hechos discutidos por las partes, por ejemplo el examen de los testigos, los informes, la experticia, la inspección judicial o las posiciones juradas, entre otras (Resaltado de lo transcrito).-
En este sentido, esta Máxima Jurisdicción ha señalado que el vicio de silencio parcial de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora por completo una parte determinante del medio probatorio, o hace mención de ella pero no expresa su estimación, pues, el representante del órgano jurisdiccional está en la obligación de valorar de forma integral todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió.
Finalmente, considera la Sala necesario reiterar su criterio señalado en recientes fallos N° RC-228, de fecha 9 de mayo de 2018, expediente N° 2017-062, caso: María Teresa Da Corte de Fernándes y otro, contra Joao Manuel Órnelas Pita y otro; N° RC-123, de fecha 29 de marzo de 2017, expediente N° 2016-239, caso: Yenniré Carolina Marcano Martínez, contra Fernando Román José Sánchez Valerio, y N° RC-358, de fecha 14 de junio de 2016, expediente N° 2015-803, caso: Irma Josefina Ramos Sánchez contra Willian José Pérez García y otros, todos bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, en los cuales se reiteró la ocurrencia del vicio de inmotivación en el análisis de los medios probatorios, que se ve reflejada entre otros, en sus fallos: N° RC-488, de fecha 20 de diciembre de 2002. Exp. N° 2001-741; N° RC-1030, de fecha 7 de septiembre de 2004. Exp. N° 2003-840; N° RC-1311, de fecha 9 de noviembre de 2004. Exp. N° 2003-1070; N° RC-546, de fecha 27 de julio de 2006. Exp. N° 2006-146; N° RC-857, de fecha 14 de noviembre de 2006. Exp. N° 2005-741; N° RC-208, de fecha 14 de abril de 2008. Exp. N° 2007-662; N° RC-576, de fecha 8 de agosto de 2008. Exp. N° 2006-1036; N° RC-655, de fecha 17 de octubre de 2008. Exp. N° 2008-167; N° RC-037, de fecha 19 de febrero de 2009. Exp. N° 2008-430; N° RC-149 de fecha 30 de marzo de 2009. Exp. N° 2008-662; N° RC-239, de fecha 5 de mayo de 2009. Exp. N° 2008-645; N° RC-397, de fecha 17 de julio de 2009. Exp. N° 2008-549; N° RC-90, de fecha 17 de marzo de 2011. Exp. N° 2009-435; N° RC-491, de fecha 27 de octubre de 2011. Exp. N° 2011-081; N° RC-257, de fecha 26 de abril de 2012, Exp. N° 2011-430; N° RC-540, de fecha 23 de septiembre de 2013. Exp. N° 2013-112; N° RC-122, de fecha 10 de marzo de 2014, Exp. N° 2013-364; y N° RC-092, de fecha 18 de febrero de 2016. Exp. N° 2015-568; donde se ha censurado la sentencia recurrida por inmotivación en el análisis de un medio de prueba, como vicio de forma en la elaboración de la decisión, en conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, MÁS NO POR EL VICIO DE SILENCIO DE PRUEBAS, QUE DEBE SER DENUNCIADO POR INFRACCIÓN DE LEY EN BASE AL ORDINAL 2° DEL ARTÍCULO 313 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, delaciones que son totalmente diferentes, atendiendo al criterio jurisprudencial de la extinta Corte Suprema de Justicia, que indica que dicho vicio constituye un quebrantamiento de fondo, como lo dispuso en su decisión del 10 de marzo de 1988, y no un vicio de actividad por inmotivación del fallo, como lo sustenta actualmente la doctrina de la distinguida Sala de Casación Social de este Máximo Juzgado, y como lo estableció esta Sala en su sentencia del 28 de abril de 1993, SOSTENIÉNDOSE ACTUALMENTE DICHO CRITERIO DESDE HACE MÁS DE DIECIOCHO (18) AÑOS, conforme el cual, EL VICIO DE SILENCIO DE PRUEBA ES UN QUEBRANTAMIENTO DE FONDO POR INFRACCIÓN DE LEY, POR FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 509 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CON SUSTENTO EN EL ORDINAL 2° DEL ARTÍCULO 313 EIUSDEM, EN CONCATENACIÓN CON EL ARTÍCULO 320 IBÍDEM, como lo dispuso esta Sala en su fallo N° 204, firmado el 14 de junio de 2000 y publicado el 21 de junio de 2000, expediente N° 1999-597, caso: Farvenca Acarigua C.A., contra Farmacia Claely C.A., atemperado mediante sentencia N° 62, de fecha 5 de abril de 2001, expediente N° 1999-889, caso: Eudocia Rojas contra Pacca Cumanacoa.
Asimismo, jurisprudencia reiterada de esta Sala ha sostenido que:
el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, constituye una obligación para el jurisdicente necesaria para establecer su criterio valorativo de las pruebas incorporadas en el expediente con relación a los hechos. Esta es una de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que permite a la Sala examinar las actas procesales y extenderse al establecimiento y apreciación de los hechos y de las pruebas. En consecuencia, la falta de valoración de algún medio probatorio comporta la infracción por falta de aplicación del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el cual contiene la obligación reseñada anteriormente, constituyendo su conducta uno de los motivos de excepción previstos en el artículo 320 eiusdem, estableciéndose una de las modalidades del error de juzgamiento contempladas en el ordinal 2º del artículo 313 del mismo Código. Con este pronunciamiento la Sala no pretende una técnica rigurosa cuyo incumplimiento determine la desestimación de la denuncia. Por el contrario, el propósito es ampliar las razones que soportan el cambio de doctrina respecto del vicio de silencio de prueba, y las que han permitido, al Ponente de este fallo compartir la responsabilidad de la publicación del fallo que la contiene, y explicar de esta manera con mayor detenimiento cómo el referido vicio constituye una infracción de ley. Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil (Cfr. Sentencia Nº RC-054, de fecha 8 de febrero de 2012, Expediente N° 2011-000296, caso: Trina Margarita Gascue y Edith López Gil, contra Herminia Felisa Rodríguez de López y Sentencia Nº RC-648, de fecha 24 de octubre de 2017, Expediente N° 2016-000571, caso: Nelson José Gregorio Peña Rivas contra Roberta Bologna de Ruggiero, en el que intervino con el carácter de tercera Inmobiliaria Nergi, C.A., esta última bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).
En ese sentido, el artículo supra transcrito, establece el deber de los jueces de analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido en juicio, aun aquellas que a su juicio, no fueren idóneas para la obtención de algún elemento de convicción, y que además, expresen siempre su criterio respecto de ellas.
Cuando en la sentencia se omite el análisis de alguna o varias pruebas, o se prescinde de algún aspecto de éstas que guarde relación con un hecho controvertido, el juez incurre en un error de juzgamiento que la doctrina y jurisprudencia denominan silencio de pruebas que puede ser total o parcial, según el caso.
Para que pueda declararse procedente el vicio de (silencio de pruebas) el examen de la prueba denunciada como silenciada debe ser necesario para resolver el mérito de la controversia, queriendo decir esto, que la falta de apreciación de dicho material probatorio, necesariamente debe incidir en forma determinante de lo dispuesto en el fallo del cual se trate.
Al respecto, esta Sala atendiendo a todo lo precedentemente expuesto, y dado que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, es una regla legal expresa que regula el establecimiento de las pruebas, lo que permite a la Sala entrar al examen de las actas del expediente, corroborar la existencia de la prueba, si fue silenciada o no, o analizada parcialmente, y su influencia de lo dispositivo del fallo, la Sala pasa a conocer de oficio sólo sobre lo referente a la infracción de ley, por la comisión de los vicios de silencio de pruebas y silencio parcial de pruebas. (Cfr. Fallos de esta Sala, N° RC-340 del 6 de agosto de 2010. Exp. N° 2010-183, caso Reinaldo José Hernández Pereira contra María Eloísa Guerra; N° RC-552 del 23 de noviembre de 2010. Exp. N° 2010-362, caso: Comercializadora RODMIR C.A., contra Industrias Unidas C.A.; N° RC-543 de fecha 6 de agosto de 2012, expediente N° 2012-118, caso: Liz Betsabe Chávez Díaz y otro, contra Belkis Josefina López Mendoza y otros, y N° RC-540 del 23 de septiembre de 2013, expediente N° 2013-112, caso: BICIMOTO CAR AUDIO, C.A., contra MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS).
Con base en lo anterior y de una revisión que se efectuara a las actas que integran la primera pieza del expediente, se observa que el demandante acompañó junto con su libelo de demanda, lo siguiente:
Marcado con la letra A copia poder otorgado por el ciudadano Carlos Joaquín Spartalian Duarte a la abogada María Elena Rondón Hernández, ante la Notaría Publica Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, el día 4 de marzo del año 2011, y asentado bajo el No. 35, del Tomo 38, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría.
Marcado con la letra B copia de la declaración de únicos y universales herederos del ciudadano Serko Spartalian Nalbatian, emitido por el Juzgado Segundo de los Municipios Juan Germán Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del estado Guárico de fecha 15 de Junio de 2011, dentro del cual se encuentran:
· Copia de las cédulas de identidad de los ciudadanos María Eusebia Duarte de Spartalian, Carlos Joaquín Spartalian Duarte, José Alberto Spartalian Duarte y Rosa Cecilia Spartalian Duarte.
· Copia de acta de defunción del ciudadano Serko Spartalian Nalbatian, signada con el número 840, de fecha 2 de octubre de 2010, expedida por la Oficina de Registro Civil de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico.
· Copia de acta de matrimonio y su rectificación de los ciudadanos Serko Spartalian Nalbatian y María Eusebia Duarte de Spartalian, signada con el número 49, de fecha 31 de agosto de 1951, del antes denominado Juzgado Tercero de Parroquia del Departamento Libertador de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal del estado Miranda.
Marcado con la letra C copia de contrato de compra venta realizado, según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 9, Primer Trimestre de 2008.
Marcado con la letra D copia de documento de préstamo entre el Banco Mercantil y el ciudadano José Alberto Spartalian Duarte, donde se constituyó hipoteca, inscrito bajo el No. 2010.84, Asiento Registral 1, del inmueble matriculado No. 350.10.6.1.45, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010.
Marcado con la letra E copia de titulo supletorio emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Penal del estado Guárico, de fecha 15 de Enero de 1954 a favor de la ciudadana María Eusebia Duarte de Spartalian, que fuera registrado en la Oficina de Registro Público del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico.
Marcado con la letra F copia de documento donde el Sindico Procurador Municipal del Distrito Roscio del estado Guárico, da en venta a la Ciudadana María Eusebia Duarte de Spartalian un lote de terreno propiedad Municipal ubicado en el barrio el Estadium, que fuera registrado en la Oficina de Registro Subalterno de San Juan de los Morros del estado Guárico.
Marcado con la letra G copia de solvencia sucesoral a nombre del causante Serko Spartalian Nalbatian y de formulario para autoliquidación de impuesto sobre sucesiones, según planilla N° 00056153.
Asimismo la Sala observa, que la demandante en su escrito de promoción de pruebas presentado el 17 de julio de 2013, el cual cursa a los folios 81 al 86 de la segunda pieza del expediente, hizo valer las documentales antes reseñadas anexas al libelo de la demanda, así como también promovió prueba de confesión de la ciudadana Belkis Figuera Carpio.
Con respecto a las referidas probanzas la recurrida sostuvo:
Ahora bien, esta Alzada pasa a valorar los medios de pruebas aportados por las partes, siendo ello sí se observa que anexo al escrito libelar, la parte actora consigna copias simples de declarativa de único y universales herederos, consignó así mismo copia simple de documento de venta entre los ciudadanos MARIA EUSEBIA DUARTE DE SPARTALIAN Y JOSE ALBERTO SPARTALIAN DUARTE, sobre un inmueble constituido por una casa y el terreno sobre el cual está construida ubicada en la salida carretera San Juan de los Morros-Villa de Cura, de esta ciudad de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del Estado Guárico, código catastral 12-12-01-URB-09-01, el cual tiene un área de tres mil metros cuadrados (3.000 M2), cuyas medidas y linderos son los siguientes: NORTE: con terrenos municipales ahora terrenos y casa de Ignacio Granadillo en 120,00 ML; SUR: con terrenos cedidos a Pedro Belisario, ahora conjunto Residencial Los Rosales en 120,00 ML; ESTE: con terrenos pertenecientes al campo de aviación, ahora terreno de la manga de coleo Pedro Juan Corrales, en 25,00 ML; y OESTE: que es su frente con carretera que conduce al centro de la República, ahora carretera nacional vía La Villa en 25,00 ML, tal como consta en documento registrado, objeto de la presunta venta, protocolizado bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 9, Primer Trimestre del 2008, de fecha 25 de marzo de 2008, documento éste objeto del juicio, así mismo consignó copia simple de documento público contentivo de titulo supletorio emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Penal del Estado Guárico de fecha 15 de Enero de 1954 a favor de la ciudadana MARIA DE SPARTALIAN, sobre la posesión y la propiedad sobre un inmueble cuyo linderos son los siguientes: Norte: con terrenos Municipales, Sur: con Terrenos cedidos a Pedro Belisario; Este. Con terreno pertenecientes al campo de Aviación; y oeste, que es su frente con carretera Nacional que conduce al centro de la República. Consignó marcado F documento donde el Sindico Procurador Municipal del Distrito Roscio del Estado Guárico, da en venta a la Ciudadana MARIA DE SPARTALIAN un lote de terreno propiedad Municipal ubicado en el barrio el Estadium, así mismo consignó documento de préstamo entre el BANCO MERCANTIL y el Ciudadano JOSE ALBERTO SPARTALIAN DUARTE, de igual manera consignó solvencia sucesoral a nombre del causante SERKO SPARTALIAN NALBATIAN de tales instrumentales consignadas en copias simples, lo son de documentos públicos y por efecto del Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, que fueron impugnadas por la contraparte, pero las mismas en la oportunidad probatoria fueron consignadas por el actor en copias certificadas, por lo que esta Alzada le otorga valor probatorio como plena prueba, de conformidad con el Artículo 1.359 del Código Civil, y así se decide.
omissis
Aunado a lo anteriormente descrito, esta Alzada puede determinar que la venta cuya simulación se pretende, otorgada por ante la Oficina Subalterna de Registro de Los Municipios Roscio y Ortiz del Estado Guárico, la cual quedó anotada bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 9, Primer Trimestre del 2008, de fecha 25 de marzo de 2008, realizada por la co-accionada MARIA EUSEBIA DUARTE DE SPARTALIAN al ciudadano JOSE ALBERTO SPARTALIAN DUARTE, se demuestra efectivamente el parentesco de los contratantes existentes entre ellos, lo cual se denota de las instrumentales públicas promovidas a los autos como lo son las actas de nacimientos que constan anexas a la solicitud de declarativa de único y universales herederos consignados por el actor y que previamente ya fue valorada por esta Juzgadora, de la misma manera no se evidencia a los autos la intensión de la coaccionada ciudadana MARIA EUSEBIA DUARTE DE SPARTALIAN de sacar del patrimonio un bien, que pudieran ser objeto de una nulidad de venta, Así mismo no se encuentran probados a los autos, ni siquiera a través de presunciones, elementos fundamentales como lo es verbi gracia el precio supuestamente vil e irrisorio de adquisición del bien por parte del codemandado que forma parte del litis consorcio pasivo ciudadano JOSE ALBERTO SPARTALIAN DUARTE; tampoco se encuentra demostrado la inejecución total o parcial del contrato, vale decir, que la vendedora todavía permanece en el referido inmueble y por último, tampoco consta a los autos la falta de capacidad económica del comprador adquiriente, elementos por demás fundamentales en criterio de quien aquí decide, para obtener ese cúmulo de indicios que generen la presunción cierta de la simulación, para que de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, pudiera esta Alzada declarar Con Lugar la Simulación; por lo que, en conclusión, al no haber asumido plenamente el actor su carga probatoria demostrando que era vil e irrisorio el precio por el cual el colitigantes pasivo adquiriera el inmueble; al no demostrar que todavía la vendedora permanece viviendo en el inmueble cuya simulación se demanda y al no demostrar el actor, cuya carga le correspondía por efecto de los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, la falta de capacidad económica del comprador, es por lo que debe declararse Sin Lugar la pretensión de simulación y así se establece. (Resaltado de la Sala)
Ahora bien, el vicio de silencio de pruebas se configura cuando el juez desatiende la regla de establecimiento de los hechos contenida en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que le impone el deber de examinar todas las pruebas aportadas al proceso para poder fijar los hechos demostrados en el caso concreto.
Así las cosas, en este caso se evidencia, la alzada silenció parcialmente todas las documentales antes reseñadas anexas al libelo de la demanda, puesto que la misma, si bien las mencionó y otorgó valor probatorio no efectuó la respectiva apreciación a los medios probatorios promovidos por la demandante -antes descritos en este fallo-, una por una, sino que expresó de forma genérica lo siguiente:
de la misma manera no se evidencia a los autos la intensión de la coaccionada ciudadana MARIA EUSEBIA DUARTE DE SPARTALIAN de sacar del patrimonio un bien, que pudieran ser objeto de una nulidad de venta, Así mismo no se encuentran probados a los autos, ni siquiera a través de presunciones, elementos fundamentales como lo es verbi gracia el precio supuestamente vil e irrisorio de adquisición del bien por parte del codemandado que forma parte del litis consorcio pasivo ciudadano JOSE ALBERTO SPARTALIAN DUARTE; tampoco se encuentra demostrado la inejecución total o parcial del contrato, vale decir, que la vendedora todavía permanece en el referido inmueble y por último, tampoco consta a los autos la falta de capacidad económica del comprador adquiriente, elementos por demás fundamentales en criterio de quien aquí decide, para obtener ese cúmulo de indicios que generen la presunción cierta de la simulación, para que de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, pudiera esta Alzada declarar Con Lugar la Simulación
Sin emitir pronunciamiento expreso sobre si apreciaba o desechaba dichas pruebas, para así poder decidir en torno al mérito de cada una de ellas, y su influencia en el proceso, sobre lo alegado y probado en autos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, todo lo cual es determinante de lo dispositivo del fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 313 eiusdem, pues dichas pruebas fueron promovidas para demostrar la pretensión del demandante. (Cfr. Fallo Nº RC-484, de fecha 3 de agosto de 2016, Expediente N° 2016-130, caso: Zulay Coromoto Quintero de Rodríguez y otro, contra Yurubí del Carmen Ojeda García, bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe esta decisión).
En tal sentido la doctrina de esta Sala, bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, reflejada en su fallo N° RC-228, de fecha 9 de mayo de 2018, expediente N° 2017-062, caso: María Teresa Da Corte de Fernándes y otro, contra Joao Manuel Órnelas Pita y otro, señala que el juez tiene el deber de analizar todas las pruebas promovidas por las partes en juicio, una por una y que no puede analizar las mismas de forma global o en bloque, señalando dicha doctrina lo siguiente:
Así las cosas, el juzgado superior estaba obligado en su fallo a indicar las razones de hecho y de derecho que lo condujeron a la apreciación de las pruebas (una por una), ya sea acogiéndolas o desechándolas, a fin de que su decisión resultara plausible o aprobada en lo que al requisito de motivación se refiere; es decir, debió realizar una actividad de justificación de su decisión, y de esa manera no dejar duda respecto a su pronunciamiento y a satisfacer a las partes en cuanto a las razones dadas .
(omissis)
Por otra parte, no menos importante, esta Sala observa, que el juez en la elaboración del fallo, debe reseñar de forma pormenorizada las pruebas promovidas por ambas partes, y posteriormente de forma individualizada, pronunciarse sobre su pertinencia o no, cuestión que es de imposible cumplimiento si se comete el error de apreciarlas o analizarlas en conjunto o en bloque, como un total de forma global, pues esta forma de analizar las pruebas, es contraria a lo expresamente dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al juez a analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas.
Es claro que con esta forma de decidir, se hace imposible desentrañar cual es el contendido de dichos medios probatorios y que elementos dimanan de ellos, como constitutivos de la pretensión del demandante y si sirven o no para probar lo alegado por él. Se prescindió absolutamente del análisis del contenido de las pruebas, pues se desconoce completamente en el fallo recurrido, derivando en una conclusión totalmente infundada en cuanto a este aspecto . (Destacado de lo transcrito y de la Sala).-
Asimismo, se evidencia que la alzada silenció totalmente la prueba de confesión de la ciudadana Belkis Figuera Carpio.
El análisis de las referidas probanzas, es de trascendental importancia a los fines de la constatación de indicios, los cuales deben ser plurales, graves y concurrentes que sirvan para demostrar o no la simulación demandada en el caso de marras.
Por lo que, en razón de todo lo antes expuesto, juzga la Sala, que la recurrida infringió palmariamente por falta de aplicación el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, según el cual, los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas, (Cfr. Fallo Nº RC-054, de fecha 8 de febrero de 2012, Expediente N° 2011-296, caso: Trina Margarita Gascue y Edith López Gil, contra Herminia Felisa Rodríguez de López).
En consideración de todo lo antes expuesto y ante el vicio detectado que presenta el fallo analizado por esta Sala, se casa de oficio el fallo recurrido, haciendo uso de la casación total prevista en el nuevo proceso de casación civil, como ya se reseño en este fallo, decreta su nulidad y, pasa a decidir el fondo de la controversia, estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas aportadas por las partes, en los siguientes términos:
SENTENCIA DE MÉRITO
ALEGATOS DE LAS PARTES:
La actora demanda a los ciudadanos María Eusebia Duarte Santamaría de Spartalian y José Alberto Spartalian Duarte, para que convengan o sea condenados en:
1. En reconocer que el contrato de compra venta realizado, según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 09, Primer Trimestre de 2008, era un negocio jurídico simulado y en razón de ello era nulo y carente de todo efecto jurídico, debiendo retrotraerse la situación jurídica infringida al momento anterior a la fecha de ese contrato;
2. En reconocer que el precio pagado fue vil, y que nunca se correspondió con el verdadero valor del inmueble y no estaba ajustado a la realidad;
3. En que el ciudadano Serko Spartalian Nalbatian, según el documento cuya nulidad se demanda, nunca enajenó o vendió el 50% de sus derechos sobre el inmueble, limitando su actuación a autorizar la venta, que, sobre el 50% de sus derechos efectuó María Eusebia Duarte de Spartalian;
4. Que convinieran, subsidiariamente, a traer a la masa hereditaria dejada por su padre Serko Spartalian Nalbatian, por colación, el bien inmueble constituido por la casa y el terreno, según consta de documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 09, Primer Trimestre del 2.008; y
5. En traer el bien a la masa hereditaria y en caso de no convenir en ello, fuera declarado por el Tribunal de la causa, al resolver el mérito de la controversia, la nulidad del contrato y ordenara la inclusión del inmueble en el activo de la herencia dejada por su padre, para ser distribuido equitativamente conforme a las reglas del Código Civil, antes expuestas.
No esgrimió alegato, ni punto controvertido que sea determinante en los informes u observaciones.
Asimismo ambos codemandados, estando dentro del lapso para dar contestación a la demanda, sostuvieron:
1.- En relación a la demanda de nulidad del documento de compra venta, antes mencionado, rechazaron, negaron y contradijeron todos y cada uno de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por el demandante.
2.- Rechazaron, negaron y contradijeron todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el demandante en relación a la presunta Distorsión de la naturaleza jurídica del Acto o negocio jurídico y que el comprador si tenía capacidad económica para adquirir el inmueble.
3.- Rechazaron, negaron y contradijeron que el contrato fue realizado en forma engañosa a uno de sus cotitulares, el ciudadano Serko Spartalian Nalbatian.
4.- Rechazaron, negaron y contradijeron que el contrato de compra venta se haya realizado en forma oculta al demandante.
5.- Rechazaron, negaron y contradijeron todos y cada uno de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por el demandante en cuanto a que el precio establecido en el contrato de venta constituya un precio vil e irrisorio y que el valor real para la época de la compra venta era de Dos Millones Quinientos Mil Bolívares (Bs. 2.500.000,00).
6.- Rechazaron, negaron y contradijeron lo alegado por el demandante de que Serko Spartalian Nalbatian Nunca vendió sus Derechos, ya que el objeto del documento de compra venta es un inmueble propiedad de la vendedora María Eusebia Duarte De Spartalian, y que teniendo plena facultad para disponer del bien de su propiedad efectivamente lo hizo con el consentimiento expreso de su cónyuge.
7.- Rechazaron, negaron y contradijeron lo alegado por el demandante de que el ciudadano Serko Spartalian Nalbatian sufría de una enfermedad denominada Alzheimer, que limitaba su capacidad de entendimiento y raciocinio.
8.- Conforme a lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, opusieron la falta de cualidad e interés en los codemandados para sostener la acción de colación hereditaria.
9.- Rechazaron, negaron y contradijeron lo alegado por el demandante de que documentalmente el inmueble pertenece al ciudadano Serko Spartalian Nalbatian por compra, ya que como lo admitió el demandante en el libelo, la propietaria del inmueble en cuestión, para el momento de la venta era la ciudadana María Eusebia Duarte de Spartalian.
10.- Rechazaron, negaron y contradijeron en todas y cada una de sus partes la presente demanda, por cuanto la misma carece de todo fundamento legal y está basada en falsos supuestos que no se corresponden con la verdad de los hechos.
No esgrimieron alegatos, ni puntos controvertidos que sean determinantes en los informes u observaciones.
DE LAS PRUEBAS
Pruebas promovidas por la demandante, y su valoración:
Junto con el libelo de demanda, presentó:
Marcado con la letra A copia de instrumento poder otorgado por el ciudadano Carlos Joaquín Spartalian Duarte a la abogada María Elena Rondón Hernández, ante la Notaría Publica Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, el día 4 de marzo del año 2011, y asentado bajo el No. 35, del Tomo 38, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaría.
Marcado con la letra B copia de la declaración de únicos y universales herederos emitida por el Juzgado Segundo de los Municipios Juan Germán Roscio y Ortiz de la Circunscripción Judicial del estado Guárico de fecha 15 de Junio de 2011, dentro del cual se encuentran:
a) Copia de las cédulas de identidad de los ciudadanos María Eusebia Duarte De Spartalian, Carlos Joaquín Spartalian Duarte, José Alberto Spartalian Duarte y Rosa Cecilia Spartalian Duarte.
b) Copia de acta de defunción del ciudadano Serko Spartalian Nalbatian, signada con el numero 840, de fecha 2 de octubre de 2010, expedida por la Oficina de Registro Civil de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico.
c) Copia acta de matrimonio y su rectificación de los ciudadanos Serko Spartalian Nalbatian y María Eusebia Duarte de Spartalian, signada con el numero 49, de fecha 31 de agosto de 1951, del antes denominado Juzgado Tercero de Parroquia del Departamento Libertador de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal del estado Miranda.
Marcado con la letra C copia de contrato de compra venta realizado, según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 9, Primer Trimestre de 2008.
Marcado con la letra D copia de documento de préstamo entre el Banco Mercantil y el ciudadano José Alberto Spartalian Duarte, donde se gravó el inmueble con garantía hipotecaria, inscrito bajo el No. 2010.84, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado No. 350.10.6.1.45, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010.
Marcado con la letra E copia de titulo supletorio emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Penal del estado Guárico de fecha 15 de Enero de 1954 a favor de la ciudadana María Eusebia Duarte De Spartalian, que fuera registrado en la Oficina de Registro Público del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico.
Marcado con la letra F copia de documento donde el Sindico Procurador Municipal del Distrito Roscio del estado Guárico, da en venta a la Ciudadana María Eusebia Duarte de Spartalian un lote de terreno propiedad Municipal ubicado en el barrio el Estadium, que fuera registrado en la Oficina de Registro Subalterno de San Juan de los Morros del estado Guárico.
Marcado con la letra G copia de solvencia sucesoral a nombre del causante Serko Spartalian Nalbatian y de formulario para autoliquidación de impuesto sobre sucesiones, según planilla N° 00056153.
En el periodo probatorio:
Junto con su escrito de promoción de pruebas presentado el 17 de julio de 2013, el cual cursa a los folios 81 al 86 de la segunda pieza del expediente, hizo valer todas las documentales antes reseñadas anexas al libelo de la demanda, así como promovió prueba de confesión de la ciudadana Belkis Figuera Carpio.
En ese sentido, con respecto a las copias de las documentales anexas al libelo de la demanda, las mismas al ser promovidas de conformidad con el artículo 429 adjetivo, deben ser apreciadas de conformidad con lo previsto en el artículo 1360, en concordancia con el artículo 1357 del Código Civil, otorgándosele pleno valor probatorio para la resolución de la causa. Así se decide.
Asimismo, queda excluida del anterior elenco probatorio, la solvencia sucesoral del causante Serko Spartalian Nalbatian y el formulario para autoliquidación de impuesto sobre sucesiones, según planilla N° 00056153, emanadas de una institución pública como lo es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (S.E.N.I.A.T.), por cuanto si bien ambas tienen su valor como documentos públicos administrativos, de las mismas no se desprenden la comprobación de hechos controvertidos alegados por las partes, por lo que nada aportan a la resolución de la presente causa. Así se decide.
Con respecto a la prueba de confesión espontanea de la ciudadana Belkis Figuera Carpio, la cual actúa en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada en este juicio, contenida en la contestación a la demanda que por partición de comunidad hereditaria, incoara la misma actora del presente caso, la cual se sustancia en el expediente número 7569-13, de la nomenclatura interna del mismo tribunal que conoció de la cognición de la presente causa, prueba ésta que fue acompañada en copia certificada a su escrito de promoción de pruebas, de conformidad al principio del traslado de pruebas, invocada aquí por la contraparte de la confesante, que quiere aprovecharse de tal declaración, la misma debe ser apreciada de conformidad con lo previsto en el artículo 1401 y 1402 ambos del Código Civil, otorgándosele pleno valor probatorio para la resolución de la causa. Así se decide.
En alzada, no hizo uso de su derecho de promover pruebas.
Pruebas promovidas por los codemandados y su valoración:
Junto con su escrito de contestación a la demanda, solamente el codemandado José Alberto Spartalian Duarte, presentó:
Marcado con las letras A B y C recibos de pagos originales del ciudadano José Alberto Spartalian Duarte, emanados de la Alcaldía del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico los cuales fueron impugnados de manera oportuna bajo toda forma de derecho por la actora.
Con base en lo anterior, tenemos que el artículo 1364 del Código Civil, dispone: Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. En este sentido, la parte que está llamada a impugnar los documentos privados producidos en juicio, es la parte de la cual emanan, o sea, quien las firmó.
Asimismo tenemos que los documentos públicos admiten tacha de falsedad y los administrativos admiten prueba en contrario, entendiéndose que la Tacha: es la acción o medio de impugnación para destruir total o parcialmente la eficacia del documento. La única vía que otorga la Ley para desvirtuar el valor probatorio del documento público es el llamado procedimiento de tacha de falsedad; ( ) (Vid. CALVO BACA, Emilio. Código de Procedimiento Civil, Concordado y Comentado. Ediciones Libra, C.A., 2001, pp.422). Así pues, el autor citado señala que la Tacha de Instrumentos, Consiste en alegar un motivo legal para desestimar en un pleito los documentos o instrumentos opuestos por la contraparte con el carácter de prueba.
En lo que se refiere a documentos privados, la forma de destruirlos como prueba, basta con desconocer la firma por su autor, permitiéndose el cotejo para verificar su autenticidad. Si emanan de terceros, se hace necesaria la prueba testimonial del autor, conforme a lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil que reza: Los documentos privados emanados de terceros que no son parte en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificados por el tercero mediante la prueba testimonial, salvo excepciones legales.
Por lo antes expresado y siendo que la actora no intervino en la formación de ninguna de las documentales impugnadas, producidas con la contestación a la demanda, éste no posee la cualidad de impugnarlos en forma alguna, porque no le son oponibles. En consecuencia, se debe entender la referida impugnación genérica como ineficaz y siendo que las mismas obedecen a la categoría de documentos públicos administrativos, por cuanto emanan de una institución pública, deben ser apreciados de conformidad con lo previsto en el artículo 1360, en concordancia con el artículo 1357 del Código Civil, otorgándosele pleno valor probatorio para la resolución de la causa.
En alzada, no hicieron uso de su derecho de promover pruebas.
MOTIVA
Efectuado el análisis probatorio que antecede, esta Sala de Casación Civil pasa a decidir la presente controversia en los términos siguientes:
En el presente caso tenemos que esta Sala declaró de oficio la falta de aplicación del artículo 509 procesal, al haber detectado el vicio de silencio de pruebas, por cuanto la recurrida no tomó en consideración el material probatorio aportado a los autos; por cuanto la juez de alzada valoró parcialmente unas pruebas y silenció totalmente otra.
En ese sentido, y luego del análisis de los alegatos expuestos por la parte actora y de las defensas opuestas por la parte demandada, así como del material probatorio traído a los autos, el thema decidendum se circunscribe a determinar si efectivamente procede o no la acción de simulación del contrato de compra venta que alega la actora, celebrado entre los ciudadanos María Eusebia Duarte Santamaría de Spartalian y José Alberto Spartalian Duarte, el cual versa sobre un inmueble ubicado en la salida carretera San Juan de los Morros-Villa de Cura, de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, código catastral 12-12-01-URB-09-01, el cual tiene un área de tres mil metros cuadrados (3.000 M2), cuyas medidas y linderos son los siguientes: NORTE: con terrenos municipales ahora terrenos y casa de Ignacio Granadillo en 120,00 ML; SUR: con terrenos cedidos a Pedro Belisario, ahora conjunto Residencial Los Rosales en 120,00 ML; ESTE: con terrenos pertenecientes al campo de aviación, ahora terreno de la manga de coleo Pedro Juan Corrales, en 25,00 ML; y OESTE: que es su frente con carretera que conduce al centro de la República, ahora carretera nacional vía La Villa en 25,00 ML y la casa sobre el construida, tal como consta en documento registrado, objeto de la presunta venta, protocolizado bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 9, Primer Trimestre del 2008 de los libros llevados en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, y que una vez anulada dicha operación, sea incorporado el denominado inmueble a la masa de los activos de la comunidad hereditaria que mantiene con los demandados.
Ahora bien, antes de entrar a resolver el fondo de la causa tenemos que los codemandados, estando dentro del lapso para dar contestación a la demanda, opusieron la cuestión previa contenida en el ordinal 10º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, de la siguiente manera:
opongo la cuestión previa contemplada en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil ordinal 10º por haber operado la prescripción de la acción de nulidad del contrato de conformidad con el artículo 1.346 del Código Civil, y opongo la prescripción de la acción para demandar la simulación, conforme al artículo 1.281 del Código Civil, al haber transcurrido el término de ley, cinco (5) años para ejercer la nulidad sobre la convención o contrato de venta, efectuada entre la vendedora María Eusebia Duarte de Spartalian (demandada) y el comprador José Alberto Spartalian Duarte (co-demandado)
Con respecto a la cuestión previa opuesta, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, dictó sentencia definitiva, en fecha 2 de octubre de 2013, declarando lo siguiente:
Por lo cual, es improcedente la oposición de la prescripción de la acción de nulidad, establecida en los artículos 1.346 del Código Civil como cuestión previa contenida en el artículo 346.10 adjetivo, referida a la caducidad de la acción. Debe reseñar ésta instancia recursiva un fallo de vieja data, donde se expresó: como reiteradamente lo ha sustentado este Supremo Tribunal (sent. 24/12/1915 y 07/12/1961), no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es de orden público . (Sent. S.C.C.del 15 de Noviembre de 1978, ponente Magistrado Dr. José Ramón Duque Sánchez. G.F. 1978, 3era et, pag 409 y ss). Con base a ello, el principio de legalidad del andamiaje o iter adjetivo del cual resulta la estructura del proceso, su secuencia y desarrollo, está preestablecida en la ley, no pudiendo las partes oponer cuestiones perentorias o de fondo (prescripción) donde sólo cabe oponer excepciones in limine, de previo pronunciamiento (caducidad), debiendo sucumbir la cuestión previa opuesta por el litisconsorcio pasivo y así se decide.
En consecuencia:
III.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR ( ) por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se Declara SIN LUGAR la cuestión previa de caducidad, opuesta como prescripción por el litisconsorcio pasivo, compuesto por los ciudadanos MARIA EUSEBIA DUARTE SANTAMARIA DE SPARTALIAN y JOSE ALBERTO SPARTALIAN DUARTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-10.671.106 y V-2.522.117, respectivamente. Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y se CONFIRMA el fallo de la recurrida Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con sede en la Ciudad de San Juan de los Morros, de fecha 03 de junio de 2013.
SEGUNDO: Por cuanto la parte Recurrente fue vencida totalmente en el presente recurso de apelación, de conformidad con el Artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en COSTAS del recurso.
Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada.
Ahora bien, esta Sala observa que los codemandados en la oportunidad de contestación de la demanda se excepcionaron fundados en un hecho extintivo como lo es la prescripción de la acción, planteada como cuestión previa, la cual fue desechada por el ad quem en sentencia interlocutoria transcrita supra y no atacada por la recurrente, razón suficiente para considerar que los codemandados incurren en el supuesto d) de la doctrina sobre la carga de la prueba en juicio, que expresa: Reconocer el hecho con limitaciones, porque opone al derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo .
En tal sentido cabe señalar, si se alega la extinción de la obligación por obra de la prescripción, es porque la obligación ha nacido, puesto que sólo lo que existe en el mundo de la vida real puede ser objeto de extinción; en otras palabras, para dejar de ser, es imprescindible ser. Sobre el particular, el tratadista Eloy Maduro Luyando ha señalado:
La prescripción, como defensa de fondo, debe necesariamente alegarse en la contestación al fondo de la demanda. Su alegato implica un reconocimiento implícito de la existencia de la obligación. Por ello, si hay otras defensas, la prescripción debe alegarse como defensa subsidiaria. (Eloy Maduro Luyando, Emilio Pittier Sucre, Curso de Obligaciones, Derecho Civil III, Tomo I, 2004, página 503).
Asimismo Podemos citar como opinión coincidente con la anterior, la del doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, quien ha expresado en ese orden:
El demandado que se excepciona admite los hechos que el actor está narrando, pero agrega unos nuevos hechos que le van a eliminar los efectos jurídicos a los hechos admitidos; ese es el caso típico de la excepción de pago . (Revista de Derecho Probatorio, Nº 12, Editorial Jurídica Alva S.R.L., 2000, página 13).
En sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de octubre de 1994, en el expediente N° 1993-340, al respecto dispuso lo siguiente:
En sentencia de este Alto Tribunal del 4 de Junio de 1968 (G.F. N° 60. 2ª. Etapa. Pág. 400), se sentó doctrina en cuanto a los efectos que produce la oposición de la prescripción por el demandado, en los siguientes términos: La defensa de prescripción implica el reconocimiento del hecho que le sirve como causa al derecho pretendido.
Igualmente, en decisión del 2 de junio de 1971 (Gaceta Forense N° 72. 2ª. Etapa. Pág. 458), al determinar los efectos que produce la proposición de excepciones perentorias, dispuso lo siguiente:
La excepción presupone, por regla general, que el reo admite el hecho alegado por el actor, pero le opone otro hecho nuevo que impide, modifica o extingue los efectos jurídicos de la situación admitida. Por tanto, cuando el demandado opone la excepción de pago, está admitiendo la existencia de la obligación, pero la enerva alegando el hecho posterior de su pago.
De todo lo antes expuesto se desprende, que la oposición de una excepción perentoria en la contestación de la demanda a fondo, implica un reconocimiento tácito de la pretensión, la cual se ve enervada con la proposición de un hecho nuevo que la modifica, extingue o impide sus efectos, lo que determina, que cuando el demandado propone, sin más, una excepción perentoria, en virtud del reconocimiento de la pretensión, el actor queda relevado de la carga de la prueba y corresponde al demandado acreditar el hecho modificativo, impeditivo o extintivo que enerva la pretensión. (Cfr. Fallos N° RC-932, de fecha 15 de diciembre de 2016, expediente N° 2016-357, caso: José Luis García Álvarez contra Cartón de Venezuela, C.A., y N° RC-200, de fecha 18 de abril de 2018, expediente N° 2017-733, caso: Gertrudis Elena Vogeler de García contra Rafael Henrique García Lujan, ambas bajo la ponencia del mismo Magistrado que suscribe la presente decisión).
Bajo estos razonamientos y en aplicación de las doctrinas de esta Sala antes descritas, y por haber opuesto los codemandados la prescripción extintiva de la acción en la forma explicada, la cual fue desechada en su oportunidad, quedaron acreditados los hechos libelados, y en consecuencia, en el presente caso la carga de la prueba de demostrar dicho hecho extintivo correspondía a los codemandados. Así se decide.-
Ahora bien, con respecto a la acción de simulación, esta Sala de casación Civil ha expresado: La doctrina y la jurisprudencia son contestes en admitir que la figura de la simulación, por tratarse de actos con apariencia de verdad tras la cual se esconde la verdadera intención de las partes, solo es posible arribar a su comprobación mediante circunstancias y hechos que rodean el acto jurídico al cual se le imputa el carácter de simulado .
En ese sentido, esta Sala estima oportuno reiterar, que aun cuando la simulación no aparece definida por el legislador patrio, la doctrina y la jurisprudencia han consagrado los principios que gobiernan esta materia, y a tal efecto ha establecido, entre otras, en sentencia Nº 427, de fecha 14 de octubre de 2010, caso: César Palenzona Boccardo contra María Alejandra Palenzona Olavarria, aplicable ratione temporis al sub iúdice, la cual se ratifica en esta oportunidad, que la configuración de la simulación depende de una serie de elementos o parámetros que deben estar presente de manera concurrente, entre los cuales a título enunciativo, debe encontrarse:
A.- El propósito de los contratantes de transferir un bien de un patrimonio a otro, para salvaguardarlo;
B.- La amistad o parentesco de los contratantes;
C.- El precio vil e irrisorio de adquisición;
D.- Inejecución total o parcial del contrato; y
E.- La capacidad económica del adquirente del bien.
Esos elementos fijados por la Sala, constituyen indicios, que si bien no son únicos, ayudan al juez a detectar en qué casos se está en presencia de un negocio simulado.
Ahora bien, la figura de la simulación, contempla los actos con apariencia de verdad tras los cuales se esconde la verdadera intención de las partes, por lo cual solo es posible arribar a su comprobación mediante circunstancias y hechos que rodean al acto jurídico al cual se le imputa el carácter de simulado.
En base a tal circunstancia, el Código Civil establece en su artículo 1394, que: Las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez sacan de un hecho conocido para establecer uno desconocido.
Para esta Sala, la palabra presunción se compone de la composición prae y el verbo Sunco, que significa tomar anticipadamente, porque las presunciones se deducen en el juicio u opinión de la cosas y de los hechos, antes que éstos se nos demuestren o aparezca por sí mismos por lo que, la presunción tiene como base el indicio, que es un hecho cierto, vale decir, que es el resultado del proceso lógico que consiste en pasar de un hecho conocido (indicio) a otro desconocido (presunción). Así lo ha establecido en forma reiterada nuestra Sala de Casación Civil, a través de sentencia N° 722, de fecha 27 de Julio de 2004, donde se expresó, citando a Francesco Carnellutti, lo siguiente: no cabe más que destacar el carácter esencialmente relativo de los indicios: un hecho no es un indicio en sí, sino que se convierte en tal cuando una regla de experiencia lo pone con el hecho a probar en una relación lógica, que permite deducir la existencia o inexistencia de éste .
Para el tratadista Nacional Dr. Roman J. Duque Corredor, los indicios son: una cuestión de cúmulo de hechos que están probados en el proceso, con diferentes pruebas, así como las mismas conductas procesales de las partes, que por su comprobación, coincidencia y pertinencia con el objeto del litigio, permiten llegar a los jueces por vía de deducción, a un convencimiento con respecto a las afirmaciones o alegatos de las partes . A tal efecto esta Sala observa, que para el establecimiento de la simulación que genera la nulidad contractual, es fundamental, la concatenación de los indicios, que nos permitan determinar, la existencia de una contradicción entre la manifestación de la voluntad interna de las partes contratantes y la manifestación de la voluntad externa de las mismas.
Asimismo el cúmulo indiciario debe valorarse de conformidad con lo establecido en el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, que expresa: Los jueces apreciarán los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos.
Con base en lo anterior y en cuanto a los hechos y circunstancias que a criterio de esta Sala, constituyen indicios o elementos que hacen presumir la simulación demandada en el presente asunto se pueden mencionar los siguientes:
El accionante arguye que en fecha 18 de marzo de 2008, la ciudadana María Eusebia Duarte de Spartalian, suscribió un documento a través del cual, supuestamente dio en venta pura y simple, perfecta e irrevocable, a su hijo, el ciudadano José Alberto Spartalian Duarte, un inmueble que era propiedad de la comunidad conyugal, vigente durante el matrimonio de sus padres, constituidos por el terreno y la casa sobre el construido, ubicada en la salida carretera San Juan de los Morros-Villa de Cura, de la ciudad de San Juan de los Morros, Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, código catastral 12-12-01-URB-09-01, el cual tiene un área de tres mil metros cuadrados (3.000 M2), cuyas medidas y linderos son los siguientes: NORTE: con terrenos municipales ahora terrenos y casa de Ignacio Granadillo en 120,00 ML; SUR: con terrenos cedidos a Pedro Belisario, ahora conjunto Residencial Los Rosales en 120,00 ML; ESTE: con terrenos pertenecientes al campo de aviación, ahora terreno de la manga de coleo Pedro Juan Corrales, en 25,00 ML; y OESTE: que es su frente con carretera que conduce al centro de la República, ahora carretera nacional vía La Villa en 25,00 ML; tal como consta en documento registrado, objeto de la presunta venta, protocolizado bajo el No. 36, folios 279 al 283, Protocolo Primero, Tomo 9, Primer Trimestre del 2008; aduciendo que El negocio jurídico pactado fue un acto fraudulento, configurándose una simulación, por cuanto en la realidad, se simuló un negocio jurídico, bajo la forma de contrato de compra-venta cuando se realizó una liberalidad o donación encubierta del bien de la madre a uno de sus hijos, simulando una venta, cuando lo que estaba detrás de ello era una liberalidad en detrimento de los derechos de sus otros dos hijos, en ese sentido y por haber opuesto los codemandados la prescripción en la forma anteriormente explicada, aceptó el derecho que se le reclama, quedando, en consecuencia, acreditados los hechos libelados, indicio éste que hace presumir a ésta Sala que el propósito de los contratantes fue de transferir un bien de un patrimonio a otro, para salvaguardarlo. Así se establece.
Aunado a lo anterior, esta Sala observa que la venta cuya simulación se pretende, fue realizada por la ciudadana María Eusebia Duarte de Spartalian al ciudadano José Alberto Spartalian Duarte, ambos codemandados en la presente causa, siendo que de los instrumentos públicos promovidos a los autos, como lo son las actas de nacimientos que constan anexas a la solicitud de declarativa de único y universales herederos, promovidos por la actora y que previamente ya fueron valorados por esta Sala, se demuestra efectivamente el parentesco de los contratantes existentes entre ellos, por ser madre e hijo, lo cual se denota el parentesco de los contratantes. Así se establece.
Asimismo, en el caso de autos se aprecia que hubo varias operaciones, una de compra venta mediante la cual se enajenó el referido bien inmueble perteneciente a la comunidad conyugal a favor de uno de los hijos, y que el precio de venta fue la cantidad CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000,00); mientras que en otra operación contentiva de préstamo entre la sociedad de comercio Banco Mercantil, Banco Universal y el supuesto adquiriente, se constituyó garantía real hipotecaria sobre ese inmueble, hasta cubrir la cantidad de un MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL BOLÍVARES (Bs.1.516.000,00), indicio éste que hace presumir a ésta Sala que el precio de venta del bien inmueble no estuvo ajustados a la realidad o precio real del mismo, quedando evidenciado el precio vil e irrisorio de adquisición de los mismos. Así se establece.
También, se desprende que de la primera de las operaciones antes descritas, contentiva de la operación compra venta, mediante la cual se enajenó el referido bien inmueble perteneciente a la comunidad conyugal, a favor de uno de los hijos, que el precio de venta fue de cincuenta mil bolívares (Bs.50.000,00), dejándose establecido que fue pagado por el comprador en veinticinco (25) cuotas mensuales consecutivas de dos mil bolívares fuertes (Bsf.2.000,00) en dinero efectivo y de curso legal a mi entera y cabal satisfacción, tal y como fue acordado en documento privado de compra venta; de lo que se desprende que la venta fue pactada con anterioridad, mediante documento privado que no fue acompañado a los autos y sobre las cuales no existe demostración de haberse pagado en las cantidades ni modalidad establecidas, haciéndose necesaria su comprobación en el presente juicio de simulación que fue intentado por un tercero ajeno a la operación de compra venta, por lo cual se infiere que la vendedora a pesar de haber vendido presuntamente la propiedad, no recibió el pago, por lo que no existe ejecución del contrato, indicio éste que hace presumir a ésta Sala que existe inejecución total del contrato. Así se establece.
Aunado a lo anterior el codemandado, ciudadano José Alberto Spartalian Duarte -a quien correspondía la carga de desvirtuar el hecho negativo indefinido alegado por la actora y que también fue posteriormente admitido por efectos de la prescripción alegada, de que no tiene ni ha tenido bienes de fortuna para pagar, es decir, que no contaba con ingresos propios para adquirir el bien inmueble-, aportó a los autos tres (3) recibos de pagos originales, emanados de la Alcaldía del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, correspondientes a la primera quincena del mes de septiembre y primera y segunda quincena del mes de octubre todas del año 2008, los cuales son posteriores a la supuesta fecha de pago del precio de venta del inmueble en veinticinco (25) cuotas mensuales consecutivas de dos mil bolívares fuertes (Bsf.2.000,00) en dinero efectivo y de curso legal a mi entera y cabal satisfacción, tal y como fue acordado en documento privado de compra venta; de lo que se desprende que la venta y los supuestos pagos fueron pactados con anterioridad, tal y como lo manifiesta en su contestación a la demanda mediante documento privado suscrito en diciembre de 2005, por lo cual la capacidad económica del codemandado para soportar la supuesta venta, no ha sido demostrada, indicio éste que hace presumir a ésta Sala que no existe capacidad económica del adquirente del bien. Así se establece.
La constatación de los referidos indicios plurales, graves y concurrentes, supra establecidos, obligan a ésta Sala a declarar, que en el caso sub-examine nos encontramos en presencia de una de las tipologías de la simulación absoluta, en el que se pretende simular con contrato de venta de un bien inmueble, que la doctrina jurídica ha denominado Causa Simulandi, que FERRARA define como el interés que lleva a las partes a realizar un contrato simulado para darle apariencia a una negociación jurídica que no existe o a presentarlo en forma distinta de la que le corresponde. Así también cabe señalar que en el caso de autos se aprecia que a través del contrato de compra venta accionado en simulación, la vendedora trasladó al comprador con el menor esfuerzo para éste los derechos de propiedad que tenía sobre el inmueble, obteniendo el comprador una notable condición económica superior, sin que se encuentre probado que la misma tenía capacidad económica para esa adquisición.
Por consiguiente, para esta Sala se hace necesario declarar que en el presente juicio existen indicios graves, precisos y concordantes de que la venta que realizó la ciudadana María Eusebia Duarte de Spartalian a su hijo ciudadano José Alberto Spartalian Duarte del bien perteneciente a la comunidad conyugal que mantenía con el padre de la actora fue simulada, de conformidad con lo establecido en el artículo 1394 del Código Civil en concordancia con el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Ahora bien, con relación a la pretensión de colación hereditaria, para la inclusión a la masa hereditaria del inmueble objeto material de la operación de compra venta declarada simulada en este fallo, esta Sala observa que los codemandados María Eusebia Duarte de Spartalian y José Alberto Spartalian Duarte, estando dentro del lapso para dar contestación a la demanda opusieron la falta de cualidad pasiva de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, aduciendo en la persona que exista la obligación de colación debe concurrir una triple cualidad: heredero, descendiente y donatario, cuestión que no ocurre en el presente caso
Planteada en esos términos la referida defensa perentoria, tenemos que en cuanto a la cualidad o legitimatio ad causam, debe señalarse que según concepto de la Sala Constitucional de este máximo Tribunal Supremo de Justicia, La legitimación debe entenderse como la idoneidad de la persona para actuar en juicio como titular de la acción, en su aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito;.. (Sentencia N° 1919, de fecha 14 de julio de 2003 caso Antonio Yamin Calil), asimismo dicha Sala, en decisión N° 102, de fecha 6 de febrero de 2001, (caso Oficina González Laya C.A. y otros), ratificadas ambas mediante decisión N° 1672, de fecha 29 de noviembre de 2017, (caso Sarahy Maryorie Díaz Contreras y otro) dejó sentado lo siguiente: La doctrina más calificada, define en los siguientes términos el significado de la legitimación a la causa:
Al estudiar este tema se trata de saber cuándo el demandante tiene derecho a que se resuelva sobre las determinadas pretensiones contenidas en la demanda y cuándo el demandado es la persona frente a la cual debe pronunciarse esa decisión, y si demandante y demandado son las únicas personas que deben estar presentes en el juicio para que la discusión sobre la existencia del derecho material o relación jurídica material pueda ser resuelta, o si, por el contrario, existen otras que no figuran como demandantes ni demandados. (Hernando Devis Echandía. Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo 1. Editorial Temis. Bogotá. 196. Pág. 489).
Con base en las anteriores jurisprudencias emanadas de la Sala constitucional de este Máximo Tribunal y analizados el documento público contentivo de la negociación de compra venta objeto de la acción de simulación, la cual prosperó, se evidencia que, los sujetos que intervienen son la referida negociación son los ciudadanos María Eusebia Duarte de Spartalian y José Alberto Spartalian Duarte, codemandados en la presente causa, madre e hijo, razón por la cual la legitimación pasiva de la acción de simulación y de la presente de colación correspondía a estos, por cuanto por efectos de la simulación declarada por esta Sala, desaparecieron los efectos de la operación de compra venta sobre el inmueble objeto material de ésta, debiendo retrotraerse el referido bien a la comunidad conyugal, habida entre sus legítimos propietarios, que en este caso lo son la ciudadana María Eusebia Duarte de Spartalian y el ciudadano Serko Spartalian Nalbatian (de cujus). Así se declara.
Despejado lo anterior, tenemos que de la prueba de confesión espontanea de la ciudadana Belkis Figuera Carpio, se desprende que entre su representada, la codemandada María Eusebia Duarte de Spartalian y el fallecido ciudadano Serko Spartalian Nalbatian, existió una comunidad conyugal; que los bienes habidos durante la vigencia de la comunidad conyugal, pertenecía a los cónyuges en proporciones iguales; lo cual aunado a instrumentos públicos promovidos a los autos, como lo son el acta de matrimonio habido entre los referidos ciudadanos, de fecha 31 de agosto de 1951, el acta de defunción del ciudadano Serko Spartalian Nalbatian, de fecha 2 de octubre de 2010, anexas a la solicitud de declarativa de único y universales herederos, documento de compraventa del terreno, de fecha 30 de junio de 1959 y título supletorio de las bienhechurías construidas sobre éste, de fecha 15 de enero de 1954, promovidos por la actora y que previamente ya fueron valorados por esta Sala, se hace concluir que el inmueble, objeto material de la operación de compra venta declarada simulada, fue adquirido dentro de la comunidad conyugal existente entre ellos, que el ciudadano Serko Spartalian Nalbatian, falleció, lo cual dio lugar a la apertura de la sucesión, motivos por los cuales se hace procedente la colación hereditaria demandada y se ordena la inclusión del bien inmueble dentro de la masa hereditaria a repartir entre los herederos del causante, constituido por una casa y el terreno sobre el cual está construida, ya identificados en este fallo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: CASA DE OFICIO TOTAL Y SIN REENVÍO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, actuado como Tribunal Superior de Reenvío, en fecha 13 de marzo de 2017, y en consecuencia decreta su NULIDAD, y dicta sentencia de mérito sobre el fondo de la causa en los términos siguientes:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por la demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, en fecha 24 de septiembre de 2013, que declaró con lugar la acción interpuesta, la cual SE CONFIRMA con diferente motivación.
SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la demanda de nulidad por simulación y consecuente colación hereditaria.
TERCERO: Se declara LA NULIDAD TOTAL POR SIMULACIÓN, del documento de compra venta protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Juan Germán Roscio del estado Guárico, de fecha 18 de marzo de 2008, asentado con el número 36, folios 279 al 283, del Protocolo Primero, Tomo 9, del Primer Trimestre del año 2008. Y SE ORDENA al juez de primera instancia que ejecute este fallo, que remita oficio al ciudadano Registrador correspondiente, anexándole copia certificada del presente fallo, a los fines legales consiguientes y su inserción el correspondiente Registro Público.
CUARTO: SE ORDENA por efecto de la colación hereditaria, LA INCLUSIÓN del bien dentro de la masa hereditaria a repartir entre los herederos del causante, constituido por una casa y el terreno sobre el cual está construida, ya identificados en este fallo.
Queda de esta manera CASADA TOTAL Y SIN REENVÍO la sentencia impugnada.
Se CONDENA EN COSTAS del proceso y del recurso extraordinario de casación a la demandada, en conformidad con lo previsto en los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil, por vencimiento total.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de cognición, Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico. Particípese de esta remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil Accidental, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece días del mes de agosto de dos mil dieciocho. Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
Presidente de la Sala y ponente,
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YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
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FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada,
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MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Magistrada,
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VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada suplente
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ANA ENDRINA GÓMEZ DURÁN
Secretaria Temporal,
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MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp.: Nº AA20-C-2017-000432
Nota: Publicado en su fecha a las ( ).
Secretaria Temporal,
Quien suscribe, Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 63 del Reglamento Interno de este Alto Tribunal, expresa su voto salvado con respecto a la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
La mayoría sentenciadora, declaró con lugar el recurso de casación interpuesto y con lugar la demanda de nulidad por simulación y consecuente colación hereditaria. Por lo que, decretó la nulidad total por simulación del contrato y ordenó por efecto de la colación hereditaria, la inclusión del bien dentro de la masa hereditaria a repartir entre los herederos del causante .
En este sentido, observamos que la Sala, al emitir el fallo sobre el mérito del asunto, incurrió en el vicio de incongruencia por ultrapetita.
Esto, porque lo demandado por el actor fue la declaratoria de ineficacia del contrato de compra venta sobre el inmueble, por existir simulación relativa respecto a la naturaleza del negocio, alegando que realmente se verificó una donación. De lo anterior se sigue, que si lo alegado es, que la voluntad real de las partes fue la de realizar una liberalidad, por medio de un contrato de donación, los efectos de la declaratoria con lugar de la acción de simulación, se limitan a evidenciar la ineficacia del acto a título oneroso simulado y darle al acto realmente verificado los efectos jurídicos que le son propios de acuerdo con su naturaleza.
En otras palabras, la Sala excedió el objeto del proceso, al declarar la ineficacia total del acto jurídico realizado por las partes, como si se tratase de una simulación absoluta, mientras que lo pedido en el libelo fue la declaratoria de simulación relativa, por existir -a juicio del actor- una divergencia entre la voluntad real de las partes, de realizar una donación, respecto al acto ostensible que fue celebrado con animus simulandi con la apariencia de una compra venta.
Este vicio formal de la sentencia de mérito, dictada por la Sala, resulta determinante del dispositivo, ya que de haberse atenido a lo alegado por las partes, el efecto de la procedencia de la acción de simulación sería reconocer al donatario demandado como propietario legítimo del inmueble, dado que la voluntad del de cujus y de la viuda demandada, habría sido enajenar el bien a título gratuito y por acto entre vivos a favor del donatario, lo que es perfectamente válido. Por el contrario, la Mayoría decidió privar de toda eficacia el acto de enajenación, como si jamás se hubiere realizado.
Adicionalmente, el pronunciamiento incongruente de la Sala, también lesiona los derechos de comunidad que corresponden a la viuda codemandada, ya que ordena la inclusión del bien dentro de la masa hereditaria a repartir entre los herederos del causante , sin tomar en cuenta que, aún en el caso de que se considere no hecha la enajenación, lo que puede ser incluido como partible para la masa hereditaria, no es el 100% de los derechos sobre el inmueble, sino el 50% que correspondió al de cujus en la comunidad conyugal.
En otro orden de ideas, la sentencia sobre el fondo es de tal modo contradictoria, que no puede ejecutarse.
Así, observamos que en el dispositivo de declara con lugar la acción por simulación con efectos absolutos, lo que se expresa en la motivación diciendo: por cuanto por efectos de la simulación declarada por esta Sala, desaparecieron los efectos de la operación de compra venta ( ) debiendo retrotraerse el referido bien a la comunidad conyugal .
Simultáneamente, se declara procedente la acción de colación, que dedujo el accionante en forma subsidiaria, es decir, para el caso en que resultare improcedente la principal por simulación.
Esto trae como consecuencia, una contradicción insubsanable en el dispositivo, ya que si es ineficaz absolutamente el acto de enajenación, el bien pertenece en comunidad a los herederos del causante y a la viuda, mientras que resulta un presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de colación, que el bien objeto de la liberalidad sea propiedad del descendiente coheredero beneficiario, no de la comunidad hereditaria. Es decir, no pueden ser simultáneamente ciertas dos proposiciones que se excluyen, o es procedente la simulación absoluta o se reconoce al donatario la propiedad del inmueble, para que pueda ser objeto de colación.
También observamos incongruencia negativa de la Sala al resolver sobre la acción de colación.
En efecto, la Sala declara procedente la acción de colación, sin emitir pronunciamiento sobre la defensa de falta de cualidad de los codemandados para sostener en juicio respecto de la colación.
Este vicio habría sido determinante del dispositivo, ya que, la viuda codemandada no fue señalada por el actor como beneficiaria de la liberalidad objeto de la colación, sino que es ella la donante -conjuntamente con el de cujus-, y aún en caso de haber sido beneficiaria, tampoco tendría cualidad pasiva respecto de la acción de colación, que sólo puede ser intentada entre coherederos que sean descendientes del donante.
Por otra parte, si fue anulado totalmente y con efectos retroactivos, el acto de adquisición del codemandado en colación, tendría que desestimarse respecto de éste la referida pretensión, por no ser beneficiario de la liberalidad del de cujus, lo que haría procedente la falta de cualidad pasiva alegada.
Finalmente, observamos que la decisión disentida, declara la procedencia de la colación, sin ofrecer motivación alguna.
Esto fue determinante del dispositivo, por cuanto no explica, por qué se ordena realizar la colación in natura, cuando el artículo 1.097 del Código Civil establece el derecho para el que hace la colación de escoger entre hacerla de aquella forma o por imputación.
Asimismo, la inmotivación impide controlar la legalidad del fallo, en cuanto al objeto de la colación ordenada, ya que, por efecto de las normas que la regulan, sólo estaría sujeto a colación un valor equivalente al 50% del inmueble (por ser la porción donada por el de cujus). Esto, porque la liberalidad realizada por la viuda no es partible en la masa hereditaria, ya que respecto de ella no se abre la sucesión, por consiguiente, la liberalidad que hubiere realizado no es objeto de colación.
Queda de este modo salvado mi voto.
En Caracas, fecha ut-supra.
Presidente de la Sala y ponente,
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YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente-Disidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrada,
________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Magistrada,
_______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada Suplente
_________________________
ANA ENDRINA GÓMEZ DURÁN
Secretaria Temporal,
_______________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp.: Nº AA20-C-2017-000432
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