Venley

Sentencia N.º RC.000229

Sentencia
N.º RC.000229
Fecha
09/05/2018
Sala
Casación Civil
Expediente
17-260
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. N° 2017-000260

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En el juicio de desalojo de local comercial, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, por el ciudadano BASSAN JOUBARA MUSSETT, representado judicialmente por los abogados María Yelitza Claras Sarmiento y Argenis Martínez Medina, contra la sociedad mercantil distinguida con la denominación CONECTION QUICK MOBILE C.A., representada en la persona de su presidente ciudadano Kinan Naser El Chaer Nasr, patrocinado judicialmente por los abogados Honoria Marlene Irausquín, Carolina del Pilar Socorro Sánchez, Maritza Méndez Zambrano, Karla Andreina Sáez Rodríguez, Andrea González Narciso, Claudia del Valle Lachmann Vásquez, Ramón Escovar León, Ramón J. Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk, Juan Andrés Suarez Otaola, Juan Enrique Croes Campbell, Oscar Alejandro Ghersi Rassi y José Antonio Briceño Laborí; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, dictó sentencia definitiva en fecha 10 de febrero de 2017, declarando:

 

“(…) PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Carolina Socorro Sánchez, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, sociedad mercantil CONECTION QUICK MOBILE C.A, mediante diligencia de fecha 18 de julio de 2016.

 

SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia de fecha 7 de julio de 2016, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial con sede en Punto Fijo, mediante la cual declaró CON LUGAR la demanda de DESALOJO, incoada por el ciudadano BASSAN JOUBARA MUSSETT, contra la empresa mercantil CONECTION QUICK MOBILE C.A., representada por el ciudadano KINAN NASER EL CHAER NASR. En consecuencia, se ordena la entrega inmediata del inmueble constituido por dos (2) locales comerciales, ubicados en la avenida Bolívar entre calles Garcés y Mariño en el nuevo pasaje Zeiter, locales Nº 25-23 y 25-24 del sector Centro de la ciudad de Punto Fijo, Municipio Carirubana del estado Falcón, libres de bienes y personas, totalmente solventes con los servicios públicos, en las mismas condiciones en las que se arrendaron.

 

TERCERO: Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil…”. (Subrayado de lo transcrito)

 

Contra la referida decisión de alzada, la demandada anunció recurso extraordinario de casación, en fecha 23 de febrero de 2017, el cual fue admitido el día 3 de marzo de 2017. Siendo oportunamente formalizado. No hubo impugnación.

En fecha 16 de marzo de 2017, la Sala recibió el expediente; y el 28 de marzo de 2017, se dio cuenta la Sala y se asignó la ponencia del presente caso, al magistrado Dr. Yván Darío Bastardo Flores.

Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena, para el período 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.

Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 206, 208 y 211 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 15 eiusdem, así como el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por quebrantamiento de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa.

Señala el formalizante:

 

“(…) RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

Con apoyo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 206, 208 (sic) 211 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 15 ejusdem (sic), y 34 de la ley de Arrendamientos inmobiliarios, por defecto de actividad, por incurrir en violación de formas sustanciales del procedimiento que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa consagrados en el ordinal 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

(…omissis…)

 

Ciudadanos Magistrados, el juez de la recurrida declara con lugar la demanda bajo los siguientes términos:

 

(…omissis…)

 

Como se observa para declarar con lugar la demanda, la recurrida se fundamentó en el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que no era la Ley aplicable pro tempore, pues, lo indicado era el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845, de fecha 7 de diciembre de 1999, fundamenta la declaratoria con lugar en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 929 de ‘LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL’ publicado en Gaceta Oficial número 40.418 del 23 de mayo de 2014.

 

La sentencia recurrida, al aplicar el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para declarar con lugar la demanda, hizo uso indebido y violatorio de una norma que no era aplicable pro tempore, pues, entró en vigencia con posterioridad a los eventos que constituyen la litis, y esta conducta fue determinante en el dispositivo del fallo declaratorio con lugar de la demanda por haber admitido el desalojo en el caso de un proceso relacionado con un contrato de arrendamiento a tiempo determinado, cuando el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999, se desprende que bajo el imperio de dicha norma sólo procede en los casos de contratos a tiempo indeterminado, por lo que existía una prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, que debía ser declarada de oficio por el Juez de Instancia o haber sido detectada por el Tribunal de Alzada.

 

El juicio que se examina trata de una demanda por Desalojo de inmueble destinado a uso comercial por vencimiento del contrato suscrito y de sus prorroga legal sin acuerdo de renovación, de conformidad con lo establecido en el literal (i) del artículo 40, y en los artículos 20, 22 ordinales 3°, 26 y 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

 

En el presente caso el agravio al principio de la seguridad jurídica es notorio, por cuanto es la propia ley aplicable pro tempore, la que dispone, con la mayor claridad, la improcedencia del desalojo para el supuesto de los contratos de arrendamiento a tiempo determinado, que es la acción ejercida en el caso de autos.

 

El juez de alzada no procedió acertadamente, aplicó falsamente el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial y no aplicó la norma vigente al caso de autos, ya que las fechas que se mencionan en el fallo, que son las que a su vez indica el demandante en su libelo, la Ley aplicable para la regulación de la relación arrendaticia era la ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999, por lo que mal podía aplicar, aún cuando para la fecha en que fue dictada la sentencia, se encontraba vigente, el Decreto con rango (sic) y fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, en virtud de que esta nueva ley no puede afectar los hechos o actos verificados bajo la ley anterior, ni sus efectos.

 

Lo denunciado es determinante en el dispositivo del fallo, por cuanto bajo la vigencia de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, es inadmisible demandar el desalojo en los contratos a tiempo determinado o por causales distintas a las previstas en el artículo 34 de esa Ley, ya que si el contrato ha culminado y por ende se ha extinguido, no tendría sentido demandar ni el desalojo ni la resolución sino que lo procedente sería demandar el cumplimiento del contrato con la consecuencial entrega del mismo.

 

De tratarse como lo dice la juez de la recurrida de un contrato de arrendamiento de carácter determinado, no era procedente demandar el desalojo, ya que la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios sólo permite esta acción en los contratos a tiempo indeterminado, como lo expresa el artículo 34 de la ley, es decir, que al tratarse el contrato analizado de un contrato a tiempo determinado, no encuadra en el supuesto de admisibilidad previsto en la norma citada, por lo que, necesariamente debió declararse inadmisible la demanda.

 

En el asunto planteado, al ser el contrato de arrendamiento a tiempo determinado, bajo el imperio de la Ley de Arrendamientos Inmobiliario, Ley aplicable pro tempore, los demandados (sic) debieron ejercer la acción correspondiente de cumplimiento de contrato y no el desalojo.

 

Por tanto, es obvio concluir que no era admisible la acción de desalojo, pues siendo que la ley aplicable mera la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por imposición del artículo 34 de dicha Ley, la acción de desalojo se ejerce sólo cuando se trata de un contrato verbal o escrito a tiempo indeterminado, es decir, que no es aplicable para aquellos casos en los que se contempla una fecha cierta para la terminación de la relación arrendaticia. La acción era a todas luces inadmisible y así debió declararse, en atención al, contenido del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

 

En este mismo sentido, cabe señalarse que la exigibilidad por parte del Legislador (sic) de la concurrencia de requisitos para la admisión de la acción, los convierte en presupuestos procesales, cuya comprobación y debida consagración otorgan validez al acto procesal improductivo de la instancia, y al respecto (…)

 

En el presente caso, el Juzgado (sic) de la Primera (sic) Instancia (sic) sin reparar en la ausencia de los presupuestos procesales de admisibilidad del desalojo, esto es la existencia de un contrato verbal o escrito a tiempo indeterminado, admitió la demanda, violentando el contenido del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

 

Por su parte el Juzgado Superior no se pronunció sobre esta violación de normas de estricto orden público denunciable tanto a instancia de parte como de oficio por el Juzgado e alzada.

 

En este sentido el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil establece:

 

(…omissis…)

 

Inspirados en esa norma y dentro del contenido de la actividad nomofiláctica que debe cumplir todo Juzgado (sic) Superior (sic), más aún cuando conoce una apelación en ambos efectos, está la revisión y examen a las actas del proceso, con el objeto de conocer el desarrollo del procedimiento sustanciado por el Tribunal de Primera Instancia, en función de actividad de las partes, con el fin de revisar si se cumplieron los principio del proceso, tales como los presupuestos de admisibilidad, la legitimidad de los actos procesales, la celeridad, la seguridad jurídica, la legalidad de los actos y el respeto de los lapsos procesales que deben caracterizar las actuaciones de la Jurisdicción (sic).

 

En este sentido, el Juez (sic) Superior (sic) al no advertir la violación de normas de orden público como son las de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en especial su artículo 34, y no reponer la causa al estado de dar cumplimiento a la norma citada, en cuanto a la consecuencia de inadmisibilidad del desalojo, hizo ‘suya la errónea tramitación del procedimiento que se llevó a cabo desde la primera instancia’, infringiendo así el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, conculcando derechos de progente (sic) constitucional, digno de todo reproche, al no haber justicia efectiva y justa, por haber permitido la violación del debido proceso y la indefensión denunciada.

 

Hubo subversión procesal, al no tramitarse correctamente la admisibilidad de la acción de desalojo de un inmueble bajo arrendamiento a tiempo determinado, pues, ha debido declararse la inadmisibilidad por inexistencia de los presupuestos procesales respectivos, y al no haber sido así, el Juez (sic) de Alzada (sic) ha debido aplicar los artículo 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, y procurar la estabilidad del juicio ordenando la reposición de la causa al estado de tramitar la causa a tenor de lo establecido en el artículo 34, antes mencionado, y la declaratoria de inadmisibilidad de la acción.

 

Ciudadanos Magistrados como lo ha advertido este alto Tribunal, de conformidad con el artículo 312 (sic) ordinal 1°, la falta de reposición se considera como causal de un recurso por defecto de actividad, siempre que la infracción u omisión de las formas sustanciales de los actos del proceso, no advertidas por el juzgador de instancia, violen el orden público y contengan violaciones de normas de orden constitucional en este caso la que consagra el debido proceso previsto en el ordinal 1° del artículo 49 de la Carta Magna…” (Destacado de lo transcrito)

 

Para decidir, la Sala observa:

En atención a lo anteriormente transcrito, se evidencia que la formalizante denuncia que del fallo recurrido se produjo el quebrantamiento de formas sustanciales que menoscaban el derecho a la defensa, por considerar que la alzada “…al aplicar el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para declarar con lugar la demanda, hizo uso indebido y violatorio de una norma que no era aplicable pro tempore, pues, entró en vigencia con posterioridad a los eventos que constituyen la litis, y esta conducta fue determinante en el dispositivo del fallo declaratorio con lugar de la demanda por haber admitido el desalojo en el caso de un proceso relacionado con un contrato de arrendamiento a tiempo determinado, cuando el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999, se desprende que bajo el imperio de dicha norma sólo procede en los casos de contratos a tiempo indeterminado, por lo que existía una prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, que debía ser declarada de oficio por el Juez (sic) de Instancia (sic) o haber sido detectada por el Tribunal (sic) de Alzada (sic)…”

Señalando además que “…es obvio concluir que no era admisible la acción de desalojo, pues siendo que la ley aplicable mera la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por imposición del artículo 34 de dicha Ley, la acción de desalojo se ejerce sólo cuando se trata de un contrato verbal o escrito a tiempo indeterminado, es decir, que no es aplicable para aquellos casos en los que se contempla una fecha cierta para la terminación de la relación arrendaticia. La acción era a todas luces inadmisible y así debió declararse, en atención al, contenido del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios…”

En tal sentido la Sala, ha sido constante al señalar que las formas procesales dispuestas por el Legislador constituyen fórmulas de modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos procesales, que permiten el normal desenvolvimiento de los procedimientos establecidos, para dirimir las pretensiones de las partes.

La observancia de esos trámites esenciales del procedimiento está directamente vinculada al principio de legalidad de las formas procesales. Por esa razón, no se le está permitido a los jueces de instancia relajar la estructura, secuencia y desarrollo del procedimiento, esto es precisamente, el modo, lugar y tiempo en que deben realizarse dichos actos procesales, dado que las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa de las partes y la tutela judicial efectiva atañen al orden público; y es al Estado a quien le corresponde, particularmente ser el garante del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. (Cfr. Fallo N° RC-696, de fecha 27 de noviembre de 2009, expediente N° 2009-412, caso: Antonio Manuel López Márquez contra Luis Zambrano Moros,).

Por su parte, el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, consagra de forma expresa el derecho de defensa, el cual constituye una garantía constitucional inviolable en todo estado y grado del proceso, tal como se encuentra preceptuado en el ordinal 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual se traduce en la posibilidad de ejercer los recursos o medios procesales establecidos en la ley, así como, la posibilidad de cuestionar, contradecir, impugnar y probar los alegatos realizados o efectuados por la contraparte; teniendo los jueces, en consecuencia la obligación de garantizar el correcto desenvolvimiento del proceso en conformidad con la ley y en igualdad de condiciones, así como el deber de otorgarle a ambas partes, los mismos términos, lapsos y recursos procesales, siempre que por disposición de la ley o la naturaleza del acto no resultare contrario a la misma, conforme lo prevé el artículo 204 del Código de Procedimiento Civil. (Cfr. Fallos números RC-812, del 11 de diciembre de 2015, expediente N° 2015-120, caso: Galería Publicitaria Plaza Las Américas, C.A. contra Condominio del Centro Comercial Plaza Las Américas y otros, C.A.; y RC 112, de fecha 24 de marzo de 2011, expediente N° 2010-353, caso: C.O.G. Construcciones, C.A., contra Constructora Consabarca).

Ahora bien, el formalizante considera que el sentenciador de alzada quebrantó formas sustanciales que menoscabaron su derecho a la defensa, en tal sentido esta Sala, ha señalado en cuanto al vicio aducido que:

 

“…la indefensión por quebrantamiento de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho a la defensa de las partes sólo ocurre por actos del tribunal, es decir, atribuible al juez al conculcar de forma flagrante el ejercicio a uno de los justiciables, esto es, imposibilitar formular alegatos o defensas, de promover o evacuar pruebas, o de recurrir la sentencia que considere le causa un gravamen en los términos previstos en la ley.” (Subrayado de la Sala) (Cfr. fallos N° RC-857, de fecha 9 de diciembre de 2014, caso: Luis Antonio Palmar González y otros contra Asociación Cooperativa de Transporte Expresos Maicao (ACOOTEMA) RL; y N° RC-015, de fecha 14 de febrero de 2013, expediente N° 2012-525, caso: Seguros Pirámide, C.A. contra Instaelectric Servicios, C.A. y otros).

 

Establecido lo anterior, observa la Sala en el presente caso, que el recurrente alude en su escrito de formalización, que el juzgado de instancia le menoscabo su derecho a la defensa al hacer uso indebido de una norma que no era aplicable en el presente caso, a saber; el artículo 40 literal “g” de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para declarar con lugar la demanda, aduciendo que tal ley no era aplicable por cuanto el mismo entró en vigencia con posterioridad a los hechos que generaron la litis; y que la ley aplicable al caso en estudio era el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios, en su artículo 34, y que, lo que correspondía al juez de alzada era inadmitir la acción de desalojo de local comercial intentada.

Así las cosas, esta Sala considera traer a colación la doctrina relacionada a la temporalidad de las leyes procesales sucesivas y los principios y normas de derecho intertemporal, el cual establece que la ley procesal posterior no puede tener efectos retroactivos respecto de hechos o actos jurídicos verificados bajo la vigencia de la ley derogada.

En este sentido, el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:

 

“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aún en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea.”. (Destacado de esta Sala).

 

Asimismo, el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, es aún más explícito, al disponer:

 

“La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior.” (Destacado de esta Sala).

 

En la doctrina resulta valiosa la opinión del Dr. Joaquín Hernando Sánchez Covisa, en su obra “La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento Jurídico Venezolano”, señalando al respecto:

 

“(…) Existe una norma fundamental en el Derecho intertemporal de todos los países, que es la de que los actos y relaciones de la vida real se regulan por la ley vigente en el momento en que se llevan a cabo. Esta regla, formulada por la doctrina en la forma ‘tempus regit actum’, es perfectamente paralela a la regla de Derecho intertemporal ‘locus regis actum’. (…omissis…)

 

…El problema que se plantea en el Derecho intertemporal… es precisamente, la determinación de ese ‘tempus’ en el cual tiene su punto de apoyo cada relación jurídica.

 

La regla citada es una creación de la doctrina y no se formula de una manera directa en el Derecho positivo, pero viene, por lo general, implícitamente expresada a través de uno de los dos preceptos siguientes: ‘las leyes no tienen efecto retroactivo’, es decir, las leyes no rigen las relaciones jurídicas cuya vida se ha desarrollado en tiempos anteriores a su vigencia; o bien, ‘las leyes no afectan a los derechos adquiridos’, es decir, la nueva ley no afecta a los derechos que se adquirieron antes de su entrada en vigor.

 

El origen histórico de esta regla es la vieja norma de Derecho Romano ‘Leges et constituciones futuris certum est dare forman negotiis, non ad facta praeterita revocari’.

 

Además de esta regla, que afecta a cualquier especie de leyes y que, por su misma generalidad, es fuente constante de dificultades, existen otras reglas especiales, que afectan a determinados sectores del orden jurídico. Tal es el caso de las normas que establecen reglas intertemporales especiales para el Derecho procesal y, más destacadamente, para el Derecho Penal, en el cual rige ordinariamente la norma excepcional complementaria que establece la retroactividad de las leyes penales más favorables al reo.

 

Por último, muchas leyes, contienen, por lo común bajo la rúbrica de ‘disposiciones transitorias’, normas especialísimas de Derecho intertemporal, que resuelven los conflictos que suscita la entrada en vigor de la ley en cuestión.

 

Ahora bien, cómo se integran estas diversas normas de Derecho intertemporal en un orden jurídico positivo?.

 

Pueden distinguirse tres sistemas esenciales…

 

(…omissis…)

 

Tercer Sistema: Corresponde este último sistema a aquellos ordenamientos jurídicos en los cuales el principio de la irretroactividad de la ley es un precepto constitucional, lo que no obsta para que contengan en leyes ordinarias normas transitorias especiales, cuyo contenido no podrá contradecir en ningún caso, como es lógico, el mencionado imperativo constitucional.

 

Por consiguiente, en tales órdenes jurídicos se aplicará en todo caso, el principio de irretroactividad. Se aplicará asimismo, cuando existan, las normas transitorias especiales que contengan las leyes ordinarias, con la importante salvedad de que tales normas podrán reglamentar para el caso en cuestión el principio constitucional, podrán prescribir una aplicación paulatina de la ley a los casos concretos, mas no podrán infringir, desde ningún punto vista el principio de irretroactividad…

 

(…omissis…).

 

…Este tercer sistema… corresponde… al Derecho Positivo Venezolano…

 

…Es clásico el texto de Merlín, en el cual se afirma que el problema de la no retroactividad de las leyes es el más difícil de la ciencia del derecho…

 

…el origen de muchas dificultades es la diversidad de significados que unos y otros autores han atribuido a la noción de retroactividad o a la noción de derechos adquiridos…

 

…Con el propósito de evitar tales confusiones, adoptamos nosotros la posición de considerar que el derecho adquirido y la retroactividad de la ley son el aspecto subjetivo y objetivo de un mismo fenómeno.

 

En consecuencia, será un derecho adquirido aquel que no pueda ser vulnerado por la ley sin incurrir en retroactividad. A la inversa una ley será retroactiva cuando vulnere derechos adquiridos...

 

…Es, por ende, un problema perfectamente ocioso discriminar la prioridad o preeminencia de uno u otro concepto. Entre el derecho adquirido y la norma no retroactiva existe la misma relación que entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Ambos son dos perspectivas de una misma realidad: la primera, desde el punto de vista de las facultades asignadas al sujeto de derecho; y la segunda, desde el punto de vista del orden normativo.

 

…Hoy predomina la tendencia de estudiar los problemas de Derecho intertemporal atendiendo a criterios objetivistas –la noción de retroactividad- y no a criterios subjetivistas –la noción de derecho adquirido.

 

Estimamos nosotros que el criterio encarnado en la tendencia objetivista marcha de acuerdo con la comprensión científica de los problemas jurídicos. En consecuencia, nuestra investigación irá encaminada a fijar la noción objetiva de retroactividad. Pero no debemos olvidar que, conforme a lo que acabamos de exponer, el concepto de derecho adquirido resultará como un precipitado lógico de esa investigación.

 

…PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA DE LA IRRETROACTIVIDAD.

 

Toda ley, en cuanto a norma de Derecho, es decir, en cuanto ‘ley-proposición’, tiene la estructura de una proposición condicional y puede expresarse siempre de una manera semejante a esta: ‘Si se realiza el supuesto de hecho S, se producirá la consecuencia jurídica C’.

 

A la luz de esa comprensión de la esencia de la ley, vamos a plantear teóricamente el problema de la irretroactividad, ya que sólo así pueden recibir una solución satisfactoria y válida para todos los casos las cuestiones de Derecho intertemporal.

 

Para la mejor inteligencia del problema, debemos comenzar por hacer una observación previa, cuyo desarrollo sistemático será objeto de capítulos posteriores. Tal observación es la siguiente: los supuestos de hecho ‘S’ de cualquier norma de Derecho pueden considerarse siempre constituidos en un instante temporal preciso y, por lo tanto, se realizan siempre bajo la vigencia de una sola ley, en tanto que las consecuencias jurídicas ‘C’ pueden realizarse en un instante preciso o en un determinado transcurso de tiempo y, por lo tanto, pueden tener lugar bajo la vigencia de dos o más leyes sucesivas.

 

…Un supuesto de hecho puede constar de un solo hecho material instantáneo – como el de la mayoría de edad, que se realiza en el momento preciso de cumplir los veintiún años- o de una sucesión de hechos materiales – como puede ser un contrato, en el cual es imaginable la existencia de una oferta, discusión y aceptación sucesivas o como sucede necesariamente en la usucapión, que exige una posesión continuada en el tiempo-. Peor, en este último caso, a pesar de que el supuesto de hecho tiene una aparente prolongación en el tiempo, sólo se realiza verdaderamente en el momento preciso en que se consuma su último elemento constitutivo, que es, en el contrato, el de la perfección, y en la usucapión, el de la terminación del plazo.

 

Por el contrario, la consecuencia jurídica ‘C’ de un supuesto de hecho, es decir, los efectos de un hecho o acto jurídico cualquiera, pueden tener lugar en un instante preciso, como por ejemplo la transmisión de propiedad subsiguiente a un contrato –que tiene lugar en el mismo instante de su perfección- o pueden tener lugar en un lapso más o menos prolongado, como los derechos y obligaciones que se derivan del arrendamiento, del contrato de trabajo, del matrimonio o de la filiación.

 

Vemos, pues, según hemos dicho más arriba, las consecuencias jurídicas de un supuesto de hecho, o sea, los efectos de un hecho o acto jurídico, pueden tener lugar bajo la vigencia de dos o más leyes sucesivas, en tanto que el supuesto de hecho correspondiente tiene siempre lugar bajo la vigencia de una ley específica.

 

Después de las aclaraciones anteriores, estamos en situación de comprender con mayor exactitud el contenido implícito en la proposición fundamental que enunciamos a continuación, la cual resume en forma sintética el principio de irretroactividad y nos servirá de punto de partida para el planteamiento teórico del problema.

 

La proposición en cuestión es esta:

 

El principio de irretroactividad exige que, en aplicación, de la regla ‘tempus regit actum’, la ley vigente en un período dado determine la existencia de los supuestos de hecho ‘S’ verificados bajo su vigencia y las consecuencias jurídicas ‘C’ derivadas de tales supuestos.

 

…el problema de la retroactividad entraña tres cuestiones claramente diferenciables, que son, a la vez, los tres requisitos esenciales de toda aplicación de la ley que no incurra en vicio de retroactividad.

 

1º La ley no debe afectar a la existencia de cualesquiera supuestos de hecho (hechos, actos o negocios jurídicos) anteriores a su vigencia, es decir, la nueva ley no debe valorar hechos anteriores a su entrada en vigor.

 

2º) La ley no debe afectar los efectos anteriores a su vigencia de cualesquiera de los supuestos de hecho.

 

3º) La ley no debe afectar a los efectos posteriores a su vigencia de los supuestos de hecho verificados con anterioridad a ella…”. (Destacados de la Sala).

 

De lo precedente se colige que, la nueva ley no puede afectar los hechos o actos verificados bajo la ley anterior, ni sus efectos. (Cfr. Fallo N° 408, de fecha 20 de diciembre de 2001, expediente N° 1956-006, caso: Antonio Felipe Araujo contra Manuel Herice Roman)

Corolario a ello, la Sala de Casación Social, refirió en cuanto a la temporalidad de las leyes, en el fallo N° 1016, de fecha 30 de junio de 2008, expediente N° 2007-1868, caso: Ángel Ernesto Mendoza contra General Motors Venezolana, C.A., lo siguiente:

 

“(…) En este orden de ideas, se advierte que el principio de irretroactividad de la ley se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento, a nivel constitucional, en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los siguientes términos:

 

Artículo 24: Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena.

 

Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

 

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.

 

El alcance de este principio ha sido determinado en varias ocasiones por la jurisprudencia y doctrina de nuestro país, mediante el análisis de las diversas situaciones que pudieran dar lugar a una aplicación retroactiva de la ley.

 

En relación con ello, señaló la Sala Constitucional, en decisión N° 15 de fecha 15 de febrero de 2005 (caso: Tomás Arencibia Ramírez, Richard Urpino y otros), lo siguiente:

 

La inclinación de la redacción de la norma hacia la aplicación de este principio en la especial materia penal no puede conducir, en modo alguno, a entender que la irretroactividad de las leyes es únicamente garantía penal, y no exigible en relación con las normas que regulen otros ámbitos jurídicos. Antes por el contrario, se trata de un principio general del Derecho, que fue elevado, en nuestro ordenamiento jurídico, al rango de derecho constitucional, cuya importancia es tal que, como sostuvo esta Sala en sentencia n° 1507 de 05.06.03 (Caso Ley de Regulación de la Emergencia Financiera), no es susceptible siquiera de restricción ni suspensión en el caso de regímenes de excepción.

 

En relación con este principio, la jurisprudencia de esta Sala (entre otras, sentencias 1760/2001; 2482/2001, 104/2002 y 1507/2003), ha señalado lo siguiente:

 

‘Una elemental regla de técnica fundamental informa que las normas jurídicas, en tanto preceptos ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, son de aplicación a eventos que acaezcan bajo su vigencia, ya que no puede exigirse que dichos sujetos (naturales o jurídicos, públicos o privados) se conduzcan u operen conforme a disposiciones inexistentes o carentes de vigencia para el momento en que hubieron de actuar.

 

La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un orden’.

 

Ahora bien, como afirma Joaquín Sánchez-Covisa, la noción de retroactividad se encuentra intrínsecamente relacionada con la noción de derecho adquirido, si se entiende por tal ‘aquel que no pueda ser afectado por una ley sin dar a la misma aplicación retroactiva’-, por lo que ambos son ‘el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de un mismo fenómeno’, expresión que esta Sala ha hecho suya en sentencias nos 389/2000 (Caso Diógenes Santiago Celta) y 104/2002 (Caso Douglas Rafael Gil), entre otras. En consecuencia, esta Sala considera que ha de partirse de la premisa de que ‘una ley será retroactiva cuando vulnere derechos adquiridos’ (Sánchez-Covisa Hernando, Joaquin, La vigencia temporal de la Ley en el ordenamiento jurídico venezolano, 1943, pp. 149 y 237).

 

Asunto por demás complejo es la determinación de en qué casos una norma jurídica es retroactiva y, en consecuencia, cuándo lesiona un derecho adquirido. Para ello, la autorizada doctrina que se citó delimita cuatro supuestos hipotéticos: (i) cuando la nueva Ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho verificado antes de su entrada en vigencia, y afecta también las consecuencias jurídicas subsiguientes de tal supuesto; (ii) cuando la nueva ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho que se verificó antes de su entrada en vigencia; (iii) cuando la nueva ley afecta las consecuencias jurídicas pasadas de un supuesto jurídico que se consolidó antes de su entrada en vigencia; y (iv) cuando la nueva ley sólo afecta o regula las consecuencias jurídicas futuras de un supuesto de hecho que se produjo antes de su vigencia.

‘ 

En los tres primeros supuestos, no hay duda de que la nueva Ley tendrá auténticos efectos retroactivos, pues afecta la existencia misma de supuestos de hecho (Actos, hechos o negocios jurídicos) o bien las consecuencias jurídicas ya consolidadas de tales supuestos de hecho que se verificaron antes de la vigencia de esa nueva Ley, en contradicción con el principio ‘tempus regit actum’ y, en consecuencia, con el precepto del artículo 24 constitucional. En el caso de la cuarta hipótesis, la solución no es tan fácil, ante lo cual Sánchez-Covisa propone –postura que comparte esta Sala- que habrá de analizarse el carácter de orden público o no de la norma jurídica que recién sea dictada, para determinar si su aplicación no puede renunciarse o relajarse por voluntad de las partes (Ob. cit., pp. 166 y ss.) y, en caso afirmativo, la nueva legislación puede válidamente y sin ser retroactiva regular las consecuencias futuras de las relaciones existentes, siempre que se respeten los hechos y efectos pasados…”. (Destacado de la Sala)

 

En tal sentido, resulta oportuno hacer mención del criterio sostenido por esta Sala, en sentencia Nº RC-882, de fecha 16 de diciembre de 2008, expediente N° 2006-825, caso: Mario Carruyo Rondón contra Latinoamericana de Seguros, S.A., en la cual haciendo referencia al fallo proferido por la Sala Constitucional de fecha 16 de junio de 2006; dejó establecida la manera en la cual ha de aplicarse la ley en el tiempo, puntualizando lo siguiente:

 

“…una de las materias de mayor conflicto en el derecho es la atinente a la aplicación de la ley procesal en el tiempo (eficacia temporal), en cuanto a que siendo dichas leyes procesales de orden público, se aplican de manera inmediata, pero deben respetar la validez de los hechos anteriores y los efectos ya producidos de tales hechos. En consecuencia, modifican los trámites futuros de un proceso en curso, pero no podrán afectar bajo ningún respecto a los trámites procesales definitivamente consumados, en razón de la regla tradicional formulada por la doctrina del principio ‘tempus regit actum’.

 

(…omissis…)

 

Por otra parte, la aplicación de la norma procesal en el tiempo está gobernada por ciertos principios contenidos implícitamente en el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, como es la aplicación inmediata, es decir que rige desde el momento mismo que entra en vigencia, pero sólo en cuanto a las reglas de procedimiento, ya que los derechos adquiridos deben ser respetados por la nueva ley; es decir, que los actos y hechos ya cumplidos, efectuados bajo el imperio de la vieja ley, se rigen por ella en cuanto a los efectos o consecuencias procesales que de ellos dimana.

 

Por tanto, la ley procesal nueva, si bien es de inmediata aplicación, no puede tener efecto retroactivo, lo que significa que tiene que respetar los actos y hechos cumplidos bajo la vigencia de la Ley antigua y también sus efectos procesales…”. (Destacado de la Sala) (Cfr. Fallo N° RC-158, de fecha 6 de abril de 2011, expediente N° 2010-512, caso: Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) contra Kaminca y otras)

 

Así las cosas, es de resaltar que los jueces de la República se encuentran en la obligación de hacer prevalecer las premisas constitucionales; pero también deben establecer el carácter temporal de los hechos y el marco normativo sobre los cuales quedan determinados; es decir, reparar en la regla del antiguo adagio jurídico “tempus regit actum” (el tiempo rige el acto).

Prudente es destacar lo sostenido por esta Sala en sentencia Nº RC-179, de fecha 9 de abril de 2008, expediente N° 2007-273, caso: Emilia Isabel Infante Rivas contra Yolimar Alejandra Hernández Díaz, mediante la cual se estableció lo sucesivo:

 

“(…) El artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, establece que tanto la jurisdicción como la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.

 

(…omissis…)

 

De conformidad con lo antes expuesto, esta Sala establece que, a los fines de determinar la competencia, la materia, la cuantía, el territorio, o el grado del tribunal, es forzoso considerar la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis establecido en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, y por lo tanto, la competencia se regirá por la situación de hecho existente para el momento de interposición de la demanda, sin que pueda modificarse la misma, al no tener efectos los cambios posteriores de la ley procesal, salvo que la ley disponga otra cosa” (Destacado de la Sala).

 

Ahora bien ante la afirmación del recurrente, la Sala, con el objeto de verificar lo alegado por el demandado, observa que en fecha 1° de diciembre de 2014, el ciudadano Bassan Joubara Mussett interpuso demanda contra la sociedad mercantil Conection Quick Mobile C.A., en la persona de su presidente Kinan Naser El Caer Nasr, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón (fs. 1 al 30 pieza I del expediente); siendo admitida la referida demanda en fecha 5 de diciembre de 2014 (f. 32 pieza I del expediente); por lo que aplicando al presente caso el principio de temporalidad de la ley y el antiguo adagio jurídico “tempus regit actum” (el tiempo rige el acto); esta Sala niega procedencia a las aseveraciones efectuadas por el formalizante, según las cuales en la recurrida debió resolverse aplicando el artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el número 36.845, de fecha 7 de diciembre de 1999, y no el artículo 40 literal “g” de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el número 40.418, de fecha 23 de mayo de 2014; toda vez que en el caso particular y verificado como se encuentra la demanda -tal como consta en los autos que conforman el expediente respectivo-; fue introducida el 1° de diciembre de 2014 (fs. 1 al 30 pieza I del expediente), fecha para la cual, la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, señalada por el formalizante como ley no adaptable al asunto por “rationis temporis”, se encontraba en plena vigencia legal, ya que la misma comenzó a surtir sus efectos jurídicos el día 23 de mayo de 2014, data en la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el número 40.418, lo que patentiza a todas luces que, caso contrario a lo alegado por el demandado si era la ley aplicable y ajustada a la presente controversia, tal y como lo estableció el tribunal de alzada, al referir que:

 

“(…) Verificado lo anterior, se evidencia que habiendo vencido el contrato de arrendamiento pactado a tiempo determinado (desde el 15/11/2012 hasta el 15/11/2013), sin que las partes de común acuerdo hubieren decidido prorrogarlo, es por lo que a partir del 16 de noviembre de 2013 comenzó a transcurrir el lapso de un (1) año correspondiente a la prórroga legal, de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios -vigente para la fecha de terminación del contrato-, el cual finalizó el 16 de noviembre de 2014, fecha en la cual la arrendataria debía entregar al arrendador los locales comerciales objeto del contrato de arrendamiento, libres de personas, bienes y enseres; y en virtud que hasta la presente fecha no ha hecho tal entrega, es por lo que la presente acción por desalojo debe declararse con lugar, con fundamento en el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada…”

 

Por tanto, cuando se afirma en la denuncia que al caso de especie debió estar regido por lo estatuido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el número 36.845, de fecha 7 de diciembre de 1999; el mismo es errado, en razón al principio de la temporalidad de la ley, por cuanto se debe tomar en consideración la situación de hecho existente para el momento de interposición de la demanda, es decir, la fecha de la introducción de la misma y cual ley o norma se encuentra en plena vigencia para la fecha de presentación de dicha acción.

En consideración a todo lo antes indicado, la Sala establece, que en el presente caso no hubo una subversión procedimental, con infracción de lo estatuido en los artículos 15, 206, 208 y 211 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y artículos 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que no se evidencia de la recurrida indefensión alguna al demandado, ni el quebrantamiento de alguna forma sustancial del proceso, ni la violación del debido proceso o derecho a la defensa, que pudiera afectarlo, razones por las cuales se declara improcedente esta denuncia, al no verificarse la infracción de las normas legales y constitucionales señaladas como infringidas por el formalizante. Así se declara.-

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia en la recurrida el vicio de suposición falsa del primer tipo, al errar en la calificación del contrato, incurriendo en la infracción de los artículos 1205 y 1160 del Código Civil, por falta de aplicación, bajo la siguiente consideración:

 

Señala la formalizante:

 

“(…) RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

 

De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se delata el primer caso de suposición falsa, que conllevó a la infracción por falta de aplicación de los artículo 1205 y 1160 del Código Civil.

 

El Juez (sic) de instancia incurrió desnaturalización o desviación intelectual del contenido de la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, pues la interpretación que hizo de la misma, la hizo de forma incoherente, aislada e inconexa respecto de lo previsto en su texto, produciéndose un error en cuanto a la determinación real de la voluntad de las partes, violando la autonomía de las partes, y el principio que garantiza la conservación del contrato según el cual, las cláusulas de un contrato deben interpretarse en el sentido de que todas ellas puedan producir efectos.

 

La cláusula tercera del contrato de arrendamiento escrito, a tiempo determinado, suscrito en fecha 12 de enero de 2012 por ante la Notaria Pública Segunda de Punto Fijo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Falcón debidamente autenticado bajo el número 48, tomo 2 de los libros de autenticaciones respectivos, establece:

 

‘Tercera: El lapso de duración de este contrato es de UN (01) AÑO FIJO, contado a partir del día VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2011, es decir, que el contrato termina el día VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2012, pudiéndose celebrar un nuevo contrato solo si EL ARRENDATARIO manifiesta su voluntad con tres (03) meses de anticipación a la expiración de este contrato, y siempre y cuando preste garantía equivalente a tres (03) meses de canon de arrendamiento’.

 

La cláusula tercera del contrato de arrendamiento escrito a tiempo determinado suscrito en fecha 26 de noviembre de 2012 por ante la Notaria Pública Primera de Punto Fijo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Falcón debidamente autenticado bajo el número 01, tomo 158 de los libros de autenticaciones respectivo establece:

 

‘Tercera: El lapso de duración de este contrato es de UN (01) AÑO FIJO, contado a partir del día QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2012, es decir, que el contrato termina el día QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2013, pudiéndose celebrar un nuevo contrato solo si ambas partes manifiesten su voluntad con tres (03) meses de anticipación a la expiración de este contrato, y siempre y cuando preste garantía equivalente a tres (03) meses de canon de arrendamiento’.

 

La frase: ‘pudiéndose celebrar un nuevo contrato solo si ambas partes manifiesten su voluntad con tres (03) meses de anticipación a la expiración de este contrato’, está compuesta por una proposición bicondicional que se refiere a la celebración de un ‘nuevo contrato’ y no a la entrega convencional de un contrato de arrendamiento que ya tiene dos años de vigencia.

 

No es lo mismo un nuevo contrato que la prorroga de un contrato, porque lo primero parte de lo que no existe, mientras que la prórroga indispensablemente supone la existencia de un contrato anterior o vigente.

 

De allí que la frase debe leerse así: ‘Se celebrará un nuevo contrato, sólo si ambas partes manifiestan su voluntad de celebrar un nuevo contrato con tres (03) meses de anticipación a la expiración de este contrato y siempre y cuando presten garantía equivalente a tres (03) meses de canon de arrendamiento’, esto implica que si no quieren celebrar un nuevo contrato, para lo cual sería ilógico exigir garantías, sencillamente no tendrían que hacer manifestación alguna.

 

Se reitera que la proposición bicondicional se refiere a la celebración de un nuevo contrato y no a la prórroga convencional del contrato ya existente desde el 15 de noviembre de 2011. Nada impedía prorrogar dicho contrato, como en efecto ocurrió al aceptar el arrendador, el pago de la totalidad del canon de arrendamiento en fecha 18-11-2013, quedando el arrendatario a la expectativa de suscribir el documento contentivo de la segunda prórroga, cuyo canon de arrendamiento fue pagado en su totalidad en fecha 15-11-2012, no siendo sino hasta el 26-11-2012 que se firmó el documento que recogía la prórroga convencional, ante la notaría pública. Lo mismo había ocurrido al suscribirse el primer contrato respecto del cual se recibió la totalidad del canon de arrendamiento en fecha 20-11-2011, no siendo sino hasta el 12-01-2012 que se firmó el documento que recogía el texto del contrato ante la Notaría Pública.

 

En este caso, como se observa, el uso y costumbre entre las partes era pagar la totalidad del canon de arrendamiento al inicio del contrato y al inicio de sus prórrogas, sin necesidad de suscribir de inmediato el el documento contentivo de la prórroga. Incluso, para la firma de la primera de las prórrogas la misma se inició con el pago por adelantado de la totalidad del canon, como queda manifestando su voluntad de prorroga realizada con tres (03) meses de anticipación a la expiración del primer contrato, y sin la constitución de garantía alguna, equivalente a tres (03) meses de canon de arrendamiento, pues, ya había sido constituida en ese primer contrato.

 

Por otro lado, el pago de la totalidad del canon correspondiente a la prórroga, encaja perfectamente con el contenido de las cláusulas de los contratos suscritos relacionadas con el pago del canon de arrendamiento, la cláusula segunda, en la que nunca se estableció el pago mensual del canon, veamos:

 

En la Cláusula (sic) Segunda (sic) del contrato de arrendamiento escrito a tiempo determinado suscrito en fecha 12 de enero de 2012 por ante la Notaría Pública Segunda de Punto Fijo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Falcón debidamente autenticado bajo el número 48, tomo 2 de los libros de autenticaciones respectivos, contrato vigentes desde el 15 de noviembre de 2011, hasta el 15 de noviembre de 2012, se estableció lo siguiente:

 

‘SEGUNDA: el canon de arrendamiento fue fijado en la suma de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.5.000,00), mensuales por cada uno de los locales los cuales fueron cancelados en su totalidad por adelantado, es decir, que EL ARRENDADOR recibió de EL ARRENDATARIO la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLÍVARES (BS.120.000,00) omissis…’

 

Y en la Cláusula (sic) Segunda (sic) del contrato de arrendamiento escrito a tiempo determinado suscrito en fecha 26 de noviembre de 2012 por ante la Notaría Pública Primera de Punto Fijo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Falcón debidamente autenticado bajo el número 01, tomo 158 de los libros de autenticaciones respectivos contrato vigente desde el 15 de noviembre de 2012, hasta el 15 de noviembre de 2013, se estableció lo siguiente:

 

‘SEGUNDA: el canon de arrendamiento fue fijado en la suma de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.6.500,00) mensuales por cada un de los locales los cuales fueron cancelados en su totalidad por adelantado, es decir, que EL ARRENDADOR recibió de EL ARRENDATARIO la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs.156.000,00) omissis…’.

 

En este caso, antes de vencerse el segundo contrato, en fecha 18-11-2013, mi representada CONECTION QUICK MOBILE C.A., canceló nuevamente en su totalidad, por adelantado el canon de arrendamiento y lo hizo como siempre, al ciudadano BASSAN JOUBARA MUSSETT por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs.240.000,00) por haber fijado el arrendador un nuevo canon de arrendamiento que ascendió a la suma de Diez (sic) Mil (sic) Bolívares (sic) (10.000,00) mensuales por cada uno de los locales, pago éste que fue realizado mediante cheque signado con el número 4557729 a la orden del ciudadano BASSAN JOUBARA MUSSETT, de fecha 18-11-2013, correspondiente a la entidad bancaria BANESCO BANCO UNIVERSAL, Código (sic) Cuenta (sic) Cliente (sic) No. 0134 1070 49 0001003165 CONCETION QUICK MOBILE C.A. Este pago quedó patentizado en autos, mediante la prueba de informes solicitada por mi representación judicial a la entidad bancaria Banesco Banco Universal C.A., quien informó que la cuenta No. 0134 1070 49 0001003165 aparecía registrada a nombre de la empresa CONECTION QUICK MOBILE C.A., qu el referido cheque fue girado por la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 240.000,00) y que había sido depositado en la entidad financiera banco del Caribe C.A., siendo que en dicha entidad bancaria, aparece registrada la cuenta corriente del demandante de autos, tal y como se evidencia de resultas de prueba de informes solicitada a dicha entidad bancaria.

 

En la sentencia recurrida se estableció lo siguiente:

 

(…omissis…)

 

Se infringió por falta de aplicación el Artículo (sic) 1205 del Código Civil que establece que ‘toda condición debe cumplirse de la manera como las partes han querido o entendido verosímilmente que lo fuese’,  por cuanto como era verosímilmente entendido entre las partes, la primera prórroga del contrato se produjo en circunstancias similares, tal y como se plasmó en la Cláusula (sic) Segunda (sic) del contrato de arrendamiento escrito a tiempo determinado suscrito en fecha 26 de Noviembre (sic) de 2012 por ante la Notaria Pública Primera de Punto Fijo de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Falcón debidamente autenticado bajo el número 01, tomo 158 de los libros de autenticaciones respectivos, contrato vigente desde el 15 de noviembre de 2012, hasta el 15 de noviembre de 2013, en la que se estableció lo siguiente: ‘SEGUNDA: el canon de arrendamiento fue fijado en la suma de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.6.500,00) mensuales por cada uno de los locales los cuales fueron cancelados en su totalidad por adelantado, es decir, que EL ARRENDADOR recibió de EL ARRENDATARIO la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs.156.000,00) omissis’, de donde se desprende que la firma del contrato fue posterior al pago de la totalidad del canon de arrendamiento, como ocurrió con la segunda prórroga, solo faltando la suscripción del contrato con posterioridad al pago. Esa era la expectativa existente entre las partes por ser lo aceptado entre ellas de manera tácita o la forma el que verosímilmente habrían querido que fuese.

 

Se infringe por falta de aplicación esta norma, porque la interpretación del juez de la recurrida es absolutamente contrario a esta realidad, por no conectar sus argumentos a lo que había ocurrido durante la relación arrendaticia desde el 15 de noviembre de 2011, y que constaba en el texto de los contratos suscritos. De haber aplicado esta norma, habría concluido el juez de la recurrida que tal y como se había manifestado con anterioridad la voluntad de las partes al recibirse el pago por adelantado se había producido la segunda prórroga convencional del contrato y en consecuencia, su existencia excluía la posibilidad de que comenzara a correr la prorroga legal y por ende jamás habría concluido que había vencido el contrato de arrendamiento pactado a tiempo determinado (desde el 15/11/2012 hasta el 15/11/2013), que las partes de común acuerdo no habían decidió prorrogarlo, y que a partir del 16 de noviembre de 2013, había comenzado a transcurrir el lapso de un (1) año correspondiente a la prorroga legal finalizando el 16 de noviembre de 2014, y mucho menos habría concluido que en esta última fecha la arrendataria debía entregar al arrendador los locales comerciales objeto del contrato de arrendamiento.

 

(…omissis…)

 

Por ello también se infringió el artículo 1160 del Código Civil, que establece: ‘los contratos debe ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismo contratos, según la equidad, el uso o la ley’, porque de haberlo aplicado, y de haber entendido que los contratos deben cumplirse de buena fe y que obligan a cumplir no solo lo escrito sino también lo que deriva del mismo contrato según el uso entre las partes, habría llevado el entendimiento y la mano de la Juez (sic) a declaras sin lugar la demanda, pues habría encontrado que el uso entre las partes era que la relación de (sic) arrendaticia desde su inicio el 15 de noviembre de 2011, y como consta del texto de los contratos suscritos, al recibirse el pago por adelantado de la totalidad del canon de arrendamiento, sin necesidad de suscribir documento autentico, estaba prorrogada, como había ocurrido con la primera prorroga, que según la cláusula segunda, se inicio incluso con el pago de la totalidad del canon, antes de suscribir el contrato. En consecuencia, al haberse producido la prorroga por el uso habitual entre las partes, su existencia incluía la posibilidad de que comenzar a correr la prorroga legal y por ende jamás habría concluido que había vencido el contrato de arrendamiento pactado a tiempo determinado (desde el 15/11/2012 hasta el 15/11/2013), que las partes de común acuerdo no habían decidió prorrogarlo, y que a partir del 16 de noviembre de 2013, había comenzado a transcurrir el lapso de un 81) año correspondiente a la prorroga legal finalizando el 16 de noviembre de 2014, y mucho menos habría concluido que en esta última fecha la arrendataria debía entregar al arrendador los locales comerciales objetos del contrato de arrendamiento.

 

Como puede verificar de lo antes explicado, el juez de la recurrida incurrió en una desnaturalización de una mención contenida en el contrato, y ello condujo a que las cláusulas segunda y tercera, establecidas en el mismo, produjeran los efectos de una estipulación no celebrada o no acostumbrada o no usual entre las partes.

 

(…omissis…)

 

En conclusión el Juez (sic) de alzada, incurrió en el primer caso del vicio de suposición falsa por desnaturalización ideológica del contrato de arrendamiento objeto de la presente demanda, al declarar que éste se trata de un contrato a tiempo determinado (desde el 15/11/2012 hasta el 15/11/2013), sin que las partes de común acuerdo hubieren decidió prorrogarlo, que a partir del 16 de noviembre de 2013 comenzó a transcurrir el lapso de un (1) año correspondiente a la prórroga legal, el cual finalizó el 16 de noviembre de 2014, fecha en la cual la arrendataria debía entregar al arrendador los locales comerciales objeto del contrato de arrendamiento, libres de personas, bienes y enseres, para concluir en la declaratoria con lugar de la acción por desalojo con fundamento en el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, lo cual provocó la falta de aplicación los artículos 1205 y 1160 del Código Civil…” (Destacado de lo transcrito)

 

 

 

 

La Sala, para decidir observa:

Como puede apreciarse de la anterior transcripción, el formalizante, denuncia que la recurrida incurrió en el primer caso de suposición falsa por desviación ideológica intelectual al desnaturalizar el contrato suscrito por las partes, al considerar que el juez de la recurrida al interpretar las cláusulas segunda y tercera del acuerdo contractual, incurrió en desnaturalización del contrato.

En ese sentido, la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal, ha establecido en relación con el vicio de desviación ideológica, que su denuncia se refiere al error intelectual del Juez en la interpretación del contrato.

En lo que respecta a la denuncia por el vicio de suposición falsa, la misma consiste en el establecimiento expreso de un hecho positivo y preciso, que resulta falso al no tener soporte en las pruebas, bien porque el sentenciador superior atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene, o porque estableció el hecho con base a una prueba que no existe, o cuya inexactitud resulta de las actas procesales. Estas hipótesis están previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Es claro pues, que se trata de un error de percepción cometido por el juez al fijar los hechos que resultaron demostrados en el proceso, esto es: un error en el juzgamiento de los hechos, el cual conduce, por vía de consecuencia, a un error de derecho, pues al variar la hipótesis fáctica resulta infringida, por falsa aplicación, la norma aplicada en el caso concreto. (Cfr. Fallos N° RC-356, de fecha 14 de junio de 2016, expediente N° 2015-616, caso: Joel de Sousa Méndez contra Irma María Mavárez de Rodríguez y otros y RC-647, de fecha 27 de octubre de 2016, expediente N° 2016-369, caso: Pedro Navarro Lara contra Inversiones A.L.C., C.A. y otra, este último bajo la ponencia del Magistrado que suscribe la presente decisión).

Ahora bien, en relación a la desnaturalización de los contratos, entendida esta como un vicio enmarcado dentro del primer caso de falso supuesto, esta Sala en sentencia N° RC-732, de fecha 27 de julio de 2004, expediente N° 2003-1124, caso: Miriam del Carmen Moreno y otros contra Asociación Civil Ávila, señaló:

 

“(…) En sentencia de fecha 11 de marzo de 1992, expresó la Sala:

 

‘La interpretación de los contratos, de acuerdo a reiterada doctrina de esta Sala, es de la soberanía de los jueces de instancia, y la decisión que al respecto ellos produzcan, sólo será atacable en Casación por denuncia de error en la calificación del contrato, error éste de derecho, o por suposición falsa.’

 

Ahora bien, ha admitido esta Corte la casación por desnaturalización de una mención contenida en el contrato, que conduciría a que la cláusula establecida en el mismo, produzca los efectos de una estipulación no celebrada.

 

El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato.

 

En aplicación de la doctrina transcrita, la Sala establece que la desviación ideológica cometida por el juez en la interpretación de los contratos, sólo puede ser atacada mediante el primer caso de suposición falsa…” (Caso: Carlos Rodríguez Palomo contra Inversiones Visil C.A.). (Destacado de la Sala).

 

Siendo ello así, se establece que la desnaturalización de la voluntad contractual está constituida por la incompatibilidad de la conclusión del juez con el texto de la mención que se interpreta, por lo que, si la conclusión del juzgador no es compatible con el texto del documento contractual ocurre la desnaturalización del contrato. (Cfr. Sentencias N° RC-515, de fecha 22 de septiembre de 2009, expediente N° 2008-613, caso Inversiones Alvamart, C.A., contra Edoval, C.A. y otra; RC-402, de fecha 29 de junio de 2016, expediente N° 2015-637, caso: Oscar Bethencourt Mesa y otros contra la sociedad mercantil Plastihogar 2000, C.A., y RC-647, de fecha 27 de octubre de 2016, expediente N° 2016-369, caso: Pedro Navarro Lara contra Inversiones A.L.C., C.A. y otra, este último bajo la ponencia del Magistrado que suscribe la presente decisión).

Así las cosas, esta Sala pasa a transcribir parcialmente el contenido de las cláusulas del contrato segunda y tercera delatadas como desnaturalizadas, de las cuales se desprende:

 

“SEGUNDA: el canon de arrendamiento fue fijado en la suma de SEIS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.6.500,00) mensuales por cada uno de los locales los cuales fueron cancelados en su totalidad por adelantado, es decir, que EL ARRENDADOR recibió de EL ARRENDATARIO la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs.156.000,00). Los pagos de luz, aseo urbano, teléfono y cualquier otro servicio serán por la única y exclusiva cuenta de EL ARRENDATARIO.

 

TERCERA: El lapso de duración de este contrato es de UN (01) AÑO FIJO, contado a partir del día QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2012, es decir, que el contrato termina el día QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2013, pudiéndose celebrar un nuevo contrato solo si ambas partes manifiesten su voluntad con tres (03) meses de anticipación a la expiración de este contrato, y siempre y cuando preste garantía equivalente a tres (03) meses de canon de arrendamiento…”.

 

Respecto a las referidas cláusulas de la convención arrendaticia suscrita por las partes, el juez de la recurrida expresó lo siguiente:

 

“(…) El contrato de arrendamiento puede terminarse, como se demanda en el presente caso, por el vencimiento del lapso prefijado como de duración del contrato, y puede darse de dos formas: en caso que el arrendatario no tenga interés en gozar del beneficio de prórroga legal, y por el vencimiento de ésta. En el caso de autos, el actor demanda el desalojo en virtud del vencimiento del término de duración del contrato y su prórroga legal, al respecto debemos tomar en cuenta que éste no termina por el vencimiento del término preestablecido, pues llegado el día del vencimiento, el contrato se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario, por el lapso establecido en el artículo 26 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, y en este caso, en por el lapso establecido en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente para la fecha de terminación del contrato; el cual opera de pleno derecho, en cuyo caso se aplica el artículo 1599 del Código Civil, que establece que cuando el arrendamiento se haya hecho por tiempo determinado, concluye en el día prefijado sin necesidad de desahucio, es decir, el contrato concluye, quedándole al arrendatario la potestad de seguir ocupando el inmueble arrendado por un lapso de tiempo también determinado de acuerdo al tiempo que esté ocupando el inmueble, por cuanto la ley impone al arrendador la prórroga obligatoria, lo que hace que la relación arrendaticia sea por ese preciso tiempo; y vencida la misma, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, le nace el derecho al arrendador a exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble arrendado.

 

En el caso de autos, se observa, de acuerdo a la cláusula TERCERA del contrato de arrendamiento acompañado al libelo de demanda celebrado entre el ciudadano BASSAN JOUBARA MUSSETT y la sociedad mercantil CONECTION QUICK MOBILE, C.A., representada por su presidente ciudadano KINAN NASER EL CHAER NASR, que el lapso de duración del mismo fue establecido por un (1) año fijo, contado a partir del día QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2012, es decir, a tiempo determinado, en la cual se estableció que: ‘… el contrato termina el día quince (15) de noviembre de 2013, pudiéndose celebrar un nuevo contrato solo si ambas partes manifiestan su voluntad con tres (03) meses de anticipación a la expiración de este contrato, siempre y cuando preste una garantía equivalente a tres (03) meses de canon de arrendamiento’.

 

Ahora bien, de las actas procesales que conforman el presente expediente, se evidencia que la relación arrendaticia entre el ciudadano BASSAN JOUBARA MUSSETT y la sociedad mercantil CONECTION QUICK MOBILE, C.A., comenzó en fecha 20 de noviembre de 2011, bajo la vigencia de contrato de arrendamiento autenticado por ante la Notaria Publica Segunda de Punto Fijo, anotado bajo el Nº 48, Tomo 02, el cual tenía una duración de (1) un año (folios 14 al 17, I pieza); luego en fecha 26 de noviembre de 2012, celebraron un nuevo contrato autenticado ante la Notaria Pública Primera de Punto Fijo, anotado bajo el Nº 01, Tomo 158, el cual tenía una duración de un (1) año, contado a partir del 15 de noviembre de 2012 (f. 26 al 28, I pieza).

 

Siendo así, habiéndose establecido que la relación arrendaticia en el presente caso no inició con el otorgamiento del contrato de arrendamiento objeto de la presente causa, sino que existía antes del mismo, en virtud que éste constituía una renovación de otro contrato; no obstante haber suscrito el contrato por tiempo determinado (1 año), no puede dejarse pasar por inadvertida esta realidad, y no puede fraccionarse la relación arrendaticia existente entre las partes, pues siendo los contratos sucesivos, la misma debe considerarse como una sola. En relación al tiempo transcurrido en la relación arrendaticia, el tratadista Gilberto Guerrero Quintero, en su Obra Tratado de Derecho Arrendaticio Inmobiliario, Volumen I, pág. 278-279, expresó:

 

‘…El tiempo, como hecho, constituye un suceso o acontecimiento de orden natural que el hombre cuantifica al medir el movimiento; mesura que da lugar a consecuencias jurídicas de diverso significado y trascendencia en la vida y actividad humana, que podemos observar con carácter enunciativo en la siguiente dinámica:

 

1. Inicio del tiempo como medida para indicar a las partes el propio nacimiento de la obligación arrendaticia: Momento que marca el comienzo o transcurso de la duración del contrato de arrendamiento, o el nacimiento de esa relación teniendo como punto de partida un momento preciso y concreto que llamamos ‘tiempo’ o ‘duración’, hacia un punto también preciso de llegada cuando éste es previamente fijado por las partes y que de no ser fijado anticipadamente no importa, puesto que el arrendamiento no es a perpetuidad.

 

(…omissis…)

 

3. El tiempo como indicación del modo para adquirir algunos derechos por el transcurso del mismo en el ámbito arrendaticio: Se trata de momentos concretos que se unen o acumulan con cierta continuidad, a fin de que observados o apreciados los mismos, según el interés de la parte, constituyan medios conducentes para adquirir determinados derechos. Tal es el caso por ejemplo, (sic) el derecho a la prórroga legal que tiene el arrendatario cuyo arrendamiento haya sido celebrado por tiempo determinado…

 

En este orden de ideas la Sala de Casación de Civil en sentencia de fecha 4 de marzo de 2013, Exp. Nº 2012-000474, estableció lo siguiente:

 

‘…En el caso planteado, es evidente que la cláusula cuarta del último contrato de arrendamiento celebrado entre los contratantes, determina que se trata de un contrato a tiempo determinado, pues estableció una duración de un año a término fijo, es decir, desde el primero de septiembre de 1999 hasta primero de septiembre de 2000, comenzando a correr de pleno derecho la prórroga legal establecida en el artículo 38 del literal d) de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y una vez terminada la misma se ejerció la acción de cumplimiento de contrato.

 

Ahora bien, la cantidad de años que duró la relación arrendaticia tuvo importancia a los efectos de establecer el tiempo de la prórroga legal establecida en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, pues dependiendo de los años que estuvieron en el inmueble arrendado se calcularía el tiempo de la señalada prórroga. En la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la intención del Legislador al establecer la prórroga legal obligatoria, era darle al arrendatario tiempo suficiente para ubicar otro inmueble, contratar un nuevo arrendamiento o comprar un local o vivienda donde establecerse nuevamente.

 

En el asunto planteado, al ser el contrato de arrendamiento a tiempo determinado, los demandados ejercieron la acción correspondiente de cumplimiento de contrato. En tal sentido, la Sala Constitucional, mediante sentencia N° 1391, del 28 de junio de 2005, caso Gilberto Gerardo Remartini Romero, señaló:

 

‘…Al respecto, es necesario precisar que el cumplimiento del contrato se exige sólo en aquellos casos en los cuales esté determinado el tiempo de duración del contrato de arrendamiento, ya que allí sólo se está solicitando el cumplimiento de la obligación tal como ha sido contraída, pacta sunt servanda, de forma que la voluntad unilateral del arrendador de solicitar el cumplimiento o la desocupación no obedece a la voluntad unilateral de éste, sino a lo previsto y consentido por ambas partes en el contrato; en conclusión, el cumplimiento de un contrato de arrendamiento se puede demandar cuando: i) el término convenido ha expirado así como la subsiguiente prórroga -si el inquilino tiene derecho a ella- y, ii) por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales o legales…’.

 

De acuerdo a la jurisprudencia anteriormente transcrita aplicable al presente caso, tenemos que nos encontramos en presencia de un contrato a tiempo determinado, evidenciándose que la arrendataria para la fecha de finalización del segundo contrato había ocupado los locales comerciales objeto de la presente demanda por un periodo de tiempo de dos (2) años.

 

En este sentido, el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios -vigente para la fecha de terminación del contrato- establece la prórroga legal para el caso de los contratos de arrendamiento celebrados a tiempo determinado, indicando las reglas aplicables de acuerdo al tiempo de duración de la relación arrendaticia; de lo que podemos inferir que debe existir un contrato por escrito, donde conste su duración, para que tenga lugar la prórroga legal, pues si en el contrato no consta tal determinación de nada sirve la escrituración, por cuanto el plazo no puede presumirse ni ser objeto de prueba para demostrarse fuera del instrumento mismo, a menos que las partes expresamente durante el proceso convengan en el lapso de duración. En el caso de autos, si bien estamos en presencia de una acción de desalojo por vencimiento del lapso de duración del contrato y de su prórroga legal con fundamento en un contrato de arrendamiento suscrito por las partes a tiempo determinado (un año); quedó evidenciado en autos, que el mismo constituye la renovación de un contrato anterior, el cual tuvo una duración también de un año, es decir, que la relación arrendaticia existía antes de la firma del documento fundamental de la presente acción. Siendo así, y habiendo sido demostrado que el tiempo de duración de la relación arrendaticia existente entre las partes fue de dos años, es por lo que se determina a partir de qué momento le nace al arrendatario el derecho a la prórroga legal, siendo este de un año conforme al artículo 38 literal b de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios vigente para esa fecha; y así se establece.

 

Visto lo anterior, se observa que en el instrumento fundamental de la acción, el arrendador ciudadano Bassan Joubara Mussett y la arrendataria Conection Quick Mobile C.A., establecieron entre otras cosas lo siguiente:

 

TERCERA: el lapso de duración de este contrato de de UN (01) AÑO FIJO, contado a partir del día QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE 2012, es decir que el contrato termina el día quince (15) de noviembre de 2013, pudiéndose celebrar un nuevo contrato solo si ambas partes manifiestan su voluntad con tres (03) meses de anticipación a la expiración de este contrato, siempre y cuando preste una garantía equivalente a tres (03) meses de canon de arrendamiento. (Subrayado del tribunal).

 

El artículo 1133 del Código Civil, señala:

 

El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.

 

Así mismo, el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, establece:

 

Los derechos que la presente Ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos.

 

Finalmente, la parte in fine del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, prevé:

 

En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.

 

Ahora bien, luego del análisis exhaustivo del documento fundamental de la acción, se evidencia forzosamente que la voluntad de las partes fue plasmar en el mismo la fecha de inicio y finalización del lapso de duración de la relación arrendaticia, la cual fue de un (1) año contado a partir del 15 de noviembre de 2012, dejando abierta la posibilidad de la celebración de un nuevo contrato, para lo cual establecieron dos condiciones: la primera que ambas partes manifestaran su voluntad con tres (3) meses de anticipación a la expiración del contrato, y la segunda que la arrendadora prestara una garantía equivalente a tres (3) meses de canon de arrendamiento; voluntad ésta de las partes materializada a través de un contrato típico previsto en nuestro ordenamiento jurídico, como es el contrato de arrendamiento. En este mismo orden se observa que, de autos no se evidencia que con las pruebas traídas al proceso se haya demostrado el cumplimiento de las mencionadas condiciones para que operara la renovación del contrato, razón por la cual debe entenderse que el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes culminó en fecha 15 de noviembre de 2013, por lo que a partir de esa fecha comenzaba a transcurrir el lapso de prórroga legal; y así se establece.

 

No obstante lo anterior, la representación judicial de la parte demandada en su contestación negó que entre el 15 de noviembre de 2013 y el 15 de noviembre de 2014, haya estado en vigencia la prórroga legal, aduciendo que el accionante no notificó con antelación a su representada su decisión de no prorrogar ni continuar con dicho contrato de arrendamiento, y que vencido el mismo, el demandante exigió para la continuación de la relación arrendaticia la fijación de un nuevo canon de arrendamiento que ascendió a la suma de diez mil bolívares (Bs.10.000,00), por cada uno de los locales comerciales que fueron cancelados en su totalidad por adelantado, es decir, el arrendador recibió la suma de doscientos cuarenta mil bolívares (Bs.240.000,00), dejando el arrendador a su mandante en posesión de la cosa arrendada después de vencido el término sin ningún tipo de oposición por lo que el arrendamiento continuó bajo las mismas condiciones pero sin tiempo determinado es decir, se produjo la tácita reconducción a partir del vencimiento del contrato de arrendamiento autenticado el 26 de noviembre de 2012.

 

Con respecto a lo anterior, observa esta juzgadora que si bien la parte demandada con las pruebas aportadas al proceso como fueron la copia fotostática del cheque N° 45557729, por la cantidad de doscientos cuarenta mil bolívares (Bs.240.000,00) (f. 125, I p.), adminiculada a la prueba de informes, demostró que la parte actora recibió y cobró la referida cantidad de doscientos cuarenta mil bolívares, pagada por la empresa demandada por concepto de cánones de arrendamiento; e igualmente con las actas levantadas ante el Instituto para la Defensa de las Personas en los Bienes y Servicios (INDEPABIS), se demostró que el arrendador devolvió al arrendatario la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs.230.000,00) por haber recibido por adelantado el canon de arrendamiento de los locales comerciales 25-23 y 25-24; así como también con los recibos de pago y las planillas de depósitos bancarios adminiculadas a la prueba de informes, la arrendadora empresa Conection Quick Mobile, C.A., probó que pagó al arrendador ciudadano Bassan Joubara Mussett, la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta bolívares (Bs.2.450,00) mensuales por concepto alquiler de los locales objeto del litigio, desde el mes de diciembre de 2014 hasta el mes de abril de 2015; tales pagos por si mismos no demuestran que en el presente caso se hubiere renovado tácitamente el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, en el entendido que durante el lapso de vigencia de la prórroga legal, el arrendatario continúa con la obligación de seguir pagando puntualmente los cánones de arrendamiento correspondientes, en la forma que los propios contratantes estipulen, tal como lo dispone la parte in fine del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, -vigente para la fecha de terminación del contrato-, el cual establece:

 

Durante el lapso de prórroga legal, la relación arrendaticia se considerará a tiempo determinado, y permanecerán vigentes las mismas condiciones y estipulaciones convenidas por las partes en el contrato original, salvo las variaciones del canon de arrendamiento que sean consecuencia de un procedimiento de regulación, o de un convenio entre las partes, si el inmueble estuviere exento de regulación.

 

De lo que se colige que dentro del lapso de prórroga legal, se prevén las variaciones del canon de arrendamiento consecuencia de un convenio entre las partes, o derivadas de la regulación del alquiler; evidenciándose de autos que en el presente caso, la única variación del contrato fue la forma de pago del canon de arrendamiento para el período de prórroga legal, que inicialmente se realizó en su totalidad por adelantado, pero que posteriormente se verificó por mensualidades; hecho éste que no cambia de manera sustancial las condiciones del contrato suscrito entre las partes, lo cual no altera ni modifica las condiciones en que debe cumplirse la prórroga legal, y así se establece.

 

En este mismo orden, tenemos que contrario a lo que arguye la parte demandada, el arrendador dentro del lapso de prórroga legal, aún cuando no era necesario el desahucio, conforme lo dispuesto en el artículo 1599 del Código Civil, procedió a notificar a la arrendataria que el contrato de arrendamiento otorgado por ellos por ante la Notaría Pública Primera de Punto Fijo, en fecha 26 de noviembre de 2012, por los (2) locales comerciales, había vencido el día 15 de noviembre de 2013, por lo que a partir del día siguiente (16 de noviembre de 2013), se iniciaba el lapso de la prórroga legal de un año, asimismo le notificó formalmente su decisión de no prorrogar ni continuar dicho contrato, por lo que el día 16 de noviembre de 2014 debía hacerle entrega de los dos locales comerciales arrendados, totalmente libre de bienes, enseres y de personas y con todos los servicios públicos e impuestos solventes; lo cual quedó evidenciado en autos del Aviso de Recibo de Telegrama, realizado por el Instituto Postal Telegráfico en fecha 27 de diciembre de 2013, con anexo de notificación (f. 175 y 176, I p.), y de la notificación realizada a través de la Notaria Pública Primera de Punto Fijo, Municipio Carirubana del estado Falcón, en fecha 11 de junio de 2014 (f. 18 al 21, I p).

 

Verificado lo anterior, se evidencia que habiendo vencido el contrato de arrendamiento pactado a tiempo determinado (desde el 15/11/2012 hasta el 15/11/2013), sin que las partes de común acuerdo hubieren decidido prorrogarlo, es por lo que a partir del 16 de noviembre de 2013 comenzó a transcurrir el lapso de un (1) año correspondiente a la prórroga legal, de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios -vigente para la fecha de terminación del contrato-, el cual finalizó el 16 de noviembre de 2014, fecha en la cual la arrendataria debía entregar al arrendador los locales comerciales objeto del contrato de arrendamiento, libres de personas, bienes y enseres; y en virtud que hasta la presente fecha no ha hecho tal entrega, es por lo que la presente acción por desalojo debe declararse con lugar, con fundamento en el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, por lo que la sentencia apelada debe ser confirmada…”.

 

Por lo que, de lo indicado por la recurrida se observa claramente que el juzgador al interpretar las cláusulas contractuales (segunda y tercera) en modo alguno desnaturalizó su sentido, ni tergiversó la voluntad convenida de las partes, pues su conclusión al interpretarlas es acorde con lo dispuesto en el contrato, por cuanto determinó que “…luego del análisis exhaustivo del documento fundamental de la acción, se evidencia forzosamente que la voluntad de las partes fue plasmar en el mismo la fecha de inicio y finalización del lapso de duración de la relación arrendaticia, la cual fue de un (1) año contado a partir del 15 de noviembre de 2012, dejando abierta la posibilidad de la celebración de un nuevo contrato, para lo cual establecieron dos condiciones: la primera que ambas partes manifestaran su voluntad con tres (3) meses de anticipación a la expiración del contrato, y la segunda que la arrendadora prestara una garantía equivalente a tres (3) meses de canon de arrendamiento; voluntad ésta de las partes materializada a través de un contrato típico previsto en nuestro ordenamiento jurídico, como es el contrato de arrendamiento. En este mismo orden se observa que, de autos no se evidencia que con las pruebas traídas al proceso se haya demostrado el cumplimiento de las mencionadas condiciones para que operara la renovación del contrato, razón por la cual debe entenderse que el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes culminó en fecha 15 de noviembre de 2013, por lo que a partir de esa fecha comenzaba a transcurrir el lapso de prórroga legal…”; estableciendo la alzada que “…si bien la parte demandada con las pruebas aportadas al proceso como fueron la copia fotostática del cheque N° 45557729, por la cantidad de doscientos cuarenta mil bolívares (Bs.240.000,00) (f. 125, I p.), adminiculada a la prueba de informes, demostró que la parte actora recibió y cobró la referida cantidad de doscientos cuarenta mil bolívares, pagada por la empresa demandada por concepto de cánones de arrendamiento; e igualmente con las actas levantadas ante el Instituto para la Defensa de las Personas en los Bienes y Servicios (INDEPABIS), se demostró que el arrendador devolvió al arrendatario la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs.230.000,00) por haber recibido por adelantado el canon de arrendamiento de los locales comerciales 25-23 y 25-24; así como también con los recibos de pago y las planillas de depósitos bancarios adminiculadas a la prueba de informes, la arrendadora empresa Conection Quick Mobile, C.A., probó que pagó al arrendador ciudadano Bassan Joubara Mussett, la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta bolívares (Bs.2.450,00) mensuales por concepto alquiler de los locales objeto del litigio, desde el mes de diciembre de 2014 hasta el mes de abril de 2015; tales pagos por si mismos no demuestran que en el presente caso se hubiere renovado tácitamente el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, en el entendido que durante el lapso de vigencia de la prórroga legal, el arrendatario continúa con la obligación de seguir pagando puntualmente los cánones de arrendamiento correspondientes, en la forma que los propios contratantes estipulen, tal como lo dispone la parte in fine del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, -vigente para la fecha de terminación del contrato…”.

Señalando finalmente que “…dentro del lapso de prórroga legal, se prevén las variaciones del canon de arrendamiento consecuencia de un convenio entre las partes, o derivadas de la regulación del alquiler; evidenciándose de autos que en el presente caso, la única variación del contrato fue la forma de pago del canon de arrendamiento para el período de prórroga legal, que inicialmente se realizó en su totalidad por adelantado, pero que posteriormente se verificó por mensualidades; hecho éste que no cambia de manera sustancial las condiciones del contrato suscrito entre las partes, lo cual no altera ni modifica las condiciones en que debe cumplirse la prórroga legal…”.

De igual manera, como puede observarse en esta parte de la denuncia, el juzgado superior interpretó acertadamente las cláusulas delatadas, toda vez que si bien es cierto se verifica que las partes contratantes acordaron expresamente mediante mutuo consentimiento celebrar un contrato inicialmente, conviniendo el modo y condición a efectuar el mismo; se logra vislumbrar que se corresponde con un contrato a tiempo determinado tal y como lo estableció la alzada; toda vez que de las cláusulas segunda y tercera se desprende de manera expresa tanto la fecha de inicio como la de culminación del referido convenio contractual a saber: desde el 15 de noviembre de 2012 hasta el 15 de noviembre de 2013, dejando abierta la posibilidad de la celebración de un nuevo contrato, siempre y cuando las partes contratantes manifestaran su voluntad con tres (3) meses de anticipación a la expiración del contrato y que el arrendador (demandado) debería entregar una garantía equivalente a tres (3) meses de canon de arrendamiento.

Observándose de igual modo, que el juzgado superior determinó que a partir del día 16 de noviembre de 2013 comenzó a transcurrir el lapso de un (1) año correspondiente a la prórroga legal, (siendo obligatoria aún y cuando las partes no la hubiesen plasmado en su acuerdo contractual), conforme a lo estatuido en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (año 1999), la cual se encontraba en vigencia para la fecha de culminación del mencionado contrato, es decir, el día 16 de noviembre de 2014; y que establecía que: “…En los contratos de arrendamiento que tengan por objeto alguno de los inmuebles indicados en el artículo 1º de este Decreto-Ley, celebrados a tiempo determinado, llegado el día del vencimiento del plazo estipulado, éste se prorrogará obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario, de acuerdo con las siguientes reglas (…) b) Cuando la relación arrendaticia haya tenido una duración mayor de un (1) año y menor de cinco (5) años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año…”.

De modo que, el juez de la recurrida arrojó una interpretación correcta con lo que estipulan las cláusulas segunda y tercera del contrato, siendo tal proceder cónsono con la expresión de la voluntad de las partes, y por ende, es evidente que en el presente caso no existió la desnaturalización del contrato delatada, razón por la cual esta denuncia es improcedente. Así se declara.-

-II-

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia en la recurrida la infracción del artículo 40 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, por falsa aplicación y la infracción del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999, por falta de aplicación.

Señala la formalizante:

“(…)-II-

 

Con fundamento en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil se denuncia la infracción del artículo 40 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, por falsa aplicación, e infracción del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999, por falta de aplicación.

 

El juez de la recurrida declara con lugar la demanda bajo los siguientes términos:

 

(…omissis…)

 

Como se observa para declarar con lugar la demanda la recurrida se fundamentó en el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que no era aplicable pro tempore, pues, lo indicado era el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999. Al fundamentarse en una norma no aplicable pro tempore y aplicarla para la solución de este conflicto entre particulares, la recurrida cometió una infracción que hace anulable el fallo proferido.

 

Resulta palpable del contenido del fallo recurrido, parcialmente transcrito en lo pertinente, que el fundamento de la declaratoria con lugar es la aplicación al caso por parte de la recurrida del artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. La aplicación de una norma que no estaba vigente para despojar a mi representada, de sus derechos como arrendataria, es inaceptable y violatoria de sus más elementales derechos. La recurrida a pesar de reconocer en su motiva que la Ley aplicable es el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta oficial de la república de Venezuela N° 36.845, de fecha 7 de diciembre de 1999, fundamenta la declaratoria con lugar en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 929 de ‘LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL’ publicado en Gaceta Oficial número 40.418 del 23 de mayo de 2014.

 

La sentencia recurrida, al aplicar el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para declarar con lugar la demanda, hizo uso indebido y violatorio de una norma que no era la aplicable pro tempore, pues, entró en vigencia con posterioridad a los eventos que constituyen la litis, y esta conducta fue determinante en el dispositivo del fallo declaratorio con lugar de la demanda por haber admitido el desalojo en el caso de un proceso relacionado con un contrato de arrendamiento a tiempo determinado, cuando del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999, se desprende que bajo el imperio de dicha norma solo procede en los casos de contratos a tiempo indeterminado, por lo que existía una prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, que debía ser declarada de oficio por el Juez (sic) de Instancia (sic) o haber sido detectada por el Tribunal (sic) de Alzada (sic).

 

Es decir que el presente caso existía una prohibición que impedía el ejercicio de la acción, por lo que la aplicación de una norma no aplicable al caso concreto, fue determinante en el dispositivo del fallo como queda evidenciado de su contenido, parcialmente transcrito al comienzo de esta denuncia.

 

Ahora bien, el juicio que se examina trata de una demanda por Desalojo (sic) de Inmueble (sic) destinado a uso comercial por vencimiento del contrato suscrito y de so prórroga legal sin acuerdo de renovación, de conformidad con lo establecido en el literal (i) del artículo 40, y en los artículos 20, 22 ordinales (sic) 3°, 26 y 43 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

 

Según se establece en el fallo recurrido:

 

(…omissis…)

 

De la transcripción parcial del fallo recurrido, se desprende que el ad quem declaró procedente la demanda de conformidad con la ‘Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial’.

 

Ante tal circunstancia es necesario verificar cual es la Ley aplicable al caso concreto, visto que la denuncia va dirigida a declarar la falsa aplicación de unas normas que no eran aplicables pro tempore, y la falta de ampliación de otras que eran las aplicables pro tempore.

 

Para determinar lo anterior, es necesario recurrir a la doctrina expuesta por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, con respecto al ámbito temporal de las leyes, en este sentido en sentencia N° 288, de fecha 5 de marzo de 2004, caso: Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) C.A., señaló:

 

(…omissis…)

 

Esta misma Sala de Casación Civil, en atención a este criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, ha referido que: ‘…la entrada en vigencia de una nueva ley sólo ejerce su influencia hacia el futuro, pues, respecto a lo pasado no puede producir derechos y obligaciones de ninguna especie, ello en resguardo de la seguridad jurídica que debe ofrecer el ordenamiento jurídico a los ciudadanos en el reconocimiento de sus derechos y relaciones de los actos y los hechos realizados en aplicación de la ley derogada, salvo tal y como se indicó respecto a la excepción constitucional prevista en materia penal’ (Vid. Sentencia N° RC-000240, de fecha 13 de abril de 2016, caso Juan Saavedra contra Andrés Hernández y Feras Mahsarah Mohamad, Exp. 15-578).

 

En el presente caso el agravio al principio de la seguridad jurídica es notorio, por cuanto es la propia ley aplicable pro tempore, la que dispone, con la mayor claridad, la improcedencia del desalojo para el supuesto de los contratos de arrendamiento a tiempo determinado, que es la acción ejercida en el caso de autos.

 

La decisión objeto de la pretensión,  que revela un desconocimiento a la doctrina de esta Sala en cuanto al respeto del principio de la seguridad jurídica, impone que la Sala, conforme a la potestad que le atribuyen los artículo 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, unifique y mantenga la interpretación de los principios constitucionales y, en consecuencia, declare con lugar el presente recurso de casación y anule el fallo objeto recurrido.

 

El juez de alzada no procedió acertadamente, aplicó falsamente el artículo 40 literal g de la ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial y no aplicó la norma vigente al caso de autos, ya que las fechas que se mencionan en el fallo, que son las que a su vez indica el demandante en su libelo, la Ley aplicable para la regulación de la relación arrendaticia era la ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999, por lo que mal podría implicar aún cuando para la fecha en que fue dictada la sentencia, se encontraba vigente el Decreto con rango (sic) y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, en virtud  de que esta nueva ley no puede afectar los hechos o actos verificados bajo la ley anterior, al sus efectos.

 

Lo denunciado es determinante en el dispositivo del fallo, por cuanto bajo la vigencia de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, es inadmisible demandar el desalojo en los contratos a tiempo determinado o por causales distintas a las previstas, en el artículo 34 de esa Ley, ya que si el contrato ha culminado y por ende se ha extinguido, no tendría sentido demandar ni el desalojo ni la resolución sino que lo procedente sería demandar el cumplimiento del contrato con la consecuencial entrega del mismo.

 

De tratarse como lo dice la juez de la recurrida de un contrato de arrendamiento de carácter determinado, no era procedente demandar el desalojo, ya que la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios solo permite esta acción en los contratos a tiempo indeterminado, como lo expresa  el artículo 34 de la ley, es decir, que al tratarse el contrato analizado de un contrato a tiempo determinado, no encuadra en el supuesto de admisibilidad previsto en la norma citada, por lo que, necesariamente debió  declararse inadmisible.

 

En el asunto planteado, al ser el contrato de arrendamiento a tiempo determinado, bajo el imperio de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, Ley aplicable pro tempore, los demandados (sic) debieron ejercer la acción correspondiente de cumplimiento de contrato y no el desalojo. En tal sentido, la Sala Constitucional, mediante sentencia N° 1391, del 28 junio de 2005, caso Gilberto Gerardo Remartini Romero, señaló:

 

(…omissis…)

 

Por tanto, es obvio concluir que no era admisible la acción de desalojo, pues, siendo que la Ley aplicable era la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios por imposición del artículo 34 de dicha Ley, la acción de desalojo se ejerce sólo cuando se trata de un contrato verbal o escrito a tiempo indeterminado, es decir, que no es aplicable para aquellos casos en los que se contempla una fecha cierta para la terminación de la relación arrendaticia. La acción era a todas luces inadmisible y así debió declararse, por lo que es obvio que al infringirse el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios por falta de aplicación, el dispositivo del fallo resultó afectado.

 

Con base en lo expuesto, evidenciado que se produjo, por parte del ad quem la falta (sic) aplicación de una norma que no se encontraba vigente a los efectos de decidir la controversia planteada, y la falta de aplicación de la Ley pro tempore, solicito a la Sala declara (sic) la procedencia de la presente denuncia…” (Destacado de lo transcrito)

 

La Sala, para decidir observa:

El formalizante delata la falsa aplicación del artículo 40 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (año 2014), y la infracción del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (año 1999), por falta de aplicación, al considerar que la alzada “…para declarar con lugar la demanda la recurrida se fundamentó en el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, que no era aplicable pro tempore, pues, lo indicado era el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999. Al fundamentarse en una norma no aplicable pro tempore y aplicarla para la solución de este conflicto entre particulares, la recurrida cometió una infracción que hace anulable el fallo proferido…”

Señalando además que “…Resulta palpable del contenido del fallo recurrido, parcialmente transcrito en lo pertinente, que el fundamento de la declaratoria con lugar es la aplicación al caso por parte de la recurrida del artículo 40 literal ‘g’ de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. La aplicación de una norma que no estaba vigente para despojar a mi representada, de sus derechos como arrendataria, es inaceptable y violatoria de sus más elementales derechos. La recurrida a pesar de reconocer en su motiva que la Ley aplicable es el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la Gaceta oficial de la república de Venezuela N° 36.845, de fecha 7 de diciembre de 1999, fundamenta la declaratoria con lugar en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 929 de ‘LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL’ publicado en Gaceta Oficial número 40.418 del 23 de mayo de 2014…”.

Aduciendo finalmente que: “…La sentencia recurrida, al aplicar el artículo 40 literal g de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, para declarar con lugar la demanda, hizo uso indebido y violatorio de una norma que no era la aplicable pro tempore, pues, entró en vigencia con posterioridad a los eventos que constituyen la litis, y esta conducta fue determinante en el dispositivo del fallo declaratorio con lugar de la demanda por haber admitido el desalojo en el caso de un proceso relacionado con un contrato de arrendamiento a tiempo determinado, cuando del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 427 de Arrendamientos Inmobiliarios publicado en la gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999, se desprende que bajo el imperio de dicha norma solo procede en los casos de contratos a tiempo indeterminado, por lo que existía una prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, que debía ser declarada de oficio por el Juez (sic) de Instancia (sic) o haber sido detectada por el Tribunal (sic) de Alzada (sic)…”.

Ahora bien, respecto del vicio de falta de aplicación, esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, señalando que si la denuncia está referida a la falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien por considerarla inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque se presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez no aplicó. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-169, de fecha 2 de abril de 2009, expediente N° 2008-514, caso: Alex Bernardo Navarro Zeneco contra Leonardo Bracho Bozo, y RC-210, de fecha 25 de abril de 2017, expediente N° 2016-726, caso Anwar Hassan Nassib Richani contra Grupo Promoinvest C.A.).

De igual modo, el vicio de falsa aplicación de una norma, se produce cuando el juez aplica una determinada norma jurídica a una situación de hecho que no es la contemplada en ella, es decir, se trata del error que puede provenir de la comprobación de los hechos o del error en la calificación jurídica de la hipótesis concreta. (Cfr. Sentencia N° RC-162, de fecha 11 de abril de 2003, expediente N° 01-305, caso: Jorge Tacoronte contra Arturo Brito).

De manera que, si el juez aplica falsamente una determinada norma jurídica a una situación de hecho no contemplada en ella, está dejando de aplicar aquella que contiene el supuesto abstracto en el que puede ser subsumida la referida situación; por ello, el formalizante está obligado a señalar expresamente cuál es la norma jurídica que la alzada debió aplicar y no aplicó, debiendo alegar y fundamentar las razones para su aplicación. (Cfr. Fallos N° RC-809, de fecha 18 de noviembre de 2016, expediente N° 2016-179, caso: Elba María Angarita Rodríguez contra Inversora Mendi Eder, C.A. y RC-479, de fecha 13 de julio de 2017, expediente N° 2016-652, caso: Carmen Xiomara Nuñez Collado contra Mario Nicola Pino Finocchi Perricelli, ambos bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo).

Establecido lo anterior y a fin de evitar tediosas repeticiones se da por reproducido la parte motiva del fallo recurrido el cual se encuentra transcrito en las denuncias anteriores, para dilucidar lo pretendido por el formalizante en esta delación; de conformidad con los principios de economía y celeridad procesal que deben caracterizar en todo proceso judicial, contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Siendo ello así tenemos que el formalizante en casación denuncia la falsa aplicación del artículo 40 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (año 2014), y la infracción del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (año 1999), por falta de aplicación, los cuales poseen en su contenido lo sucesivo:

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE REGULACIÓN DEL ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO PARA EL USO COMERCIAL

(Gaceta Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014)

 

“Artículo 40. Son causales de desalojo:

 

a. Que el arrendatario haya dejado de pagar dos (02) cánones de arrendamiento y/o dos (2) cuotas de condominio o gastos comunes consecutivos.

 

b. Que el arrendatario haya destinado el inmueble a usos deshonestos, indebidos, en contravención con el contrato de arrendamiento o las normas que regulen la convivencia ciudadana.

 

c. Que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal, o efectuado reformas no autorizadas por el arrendador.

 

d. Que sea cambiado el uso del inmueble, en contravención a la conformidad de uso concedida por las autoridades municipales respectivas o por quien haga sus veces, y/o a lo estipulado en el contrato de arrendamiento, y/o en las normas o reglamento de condominio.

 

e. Que el inmueble vaya a ser objeto de demolición o de reparaciones mayores que ameriten la necesidad de desocupar el inmueble, debidamente justificado.

 

f. Que el arrendatario haya cedido el contrato de arrendamiento o subarrendado total o parcialmente el inmueble, salvo en los casos previamente acordados con el propietario y/o arrendador en el contrato respectivo.

 

g. Que el contrato suscrito haya vencido y no exista acuerdo de prórroga o renovación entre las partes,

 

h. Que se agote el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia adquisitiva del arrendatario y se realice la venta a terceros.

 

i. Que el arrendatario incumpliera cualesquiera de las obligaciones que le corresponden conforme a la Ley, el contrato, el documento de condominio y/o las Normas dictadas por el “Comité Paritario de Administración de Condominio”.

 

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS. Decreto Nº 427

(Gaceta Oficial Nº 36.845 del 7 de diciembre de 1999)

 

“Artículo 34. Sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento verbal o por escrito a tiempo indeterminado, cuando la acción se fundamente en cualesquiera de las siguientes causales:

 

a) Que el arrendatario haya dejado de pagar el canon de arrendamiento correspondiente a dos (2) mensualidades consecutivas.

 

b) En la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble, o alguno de sus parientes consanguíneos dentro del segundo grado, o el hijo adoptivo.

 

c) Que el inmueble vaya a ser objeto de demolición o de reparaciones que ameriten la desocupación.

 

d) En el hecho de que el arrendatario haya destinado el inmueble a usos deshonestos, indebidos o en contravención a la conformidad de uso concedida por las Autoridades Municipales respectivas o por quien haga sus veces, o por el hecho de que el arrendatario haya cambiado el uso o destino que para el inmueble se pactó en el contrato de arrendamiento, sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador.

 

e) Que el arrendatario haya ocasionado al inmueble deterioros mayores que los provenientes del uso normal del inmueble, o efectuado reformas no autorizadas por el arrendador.

 

f) Que el arrendatario haya incurrido en la violación o incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Interno del inmueble.

 

En los inmuebles sometidos al régimen de Propiedad Horizontal, el respectivo Documento de Condominio y el Reglamento de Condominio, previstos en el artículo 26 de la Ley de Propiedad Horizontal, se considerarán a los fines de este literal, como Reglamento Interno.

 

g) Que el arrendatario haya cedido el contrato de arrendamiento o subarrendado total o parcialmente el inmueble, sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador.

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se declare con lugar la demanda de desalojo de un inmueble, con fundamento en las causales señaladas en los literales b.- y c.- de este artículo, deberá concederse al arrendatario un plazo improrrogable de seis (6) meses para la entrega material del mismo, contados a partir de la notificación que se le haga de la sentencia definitivamente firme.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Queda a salvo el ejercicio de las acciones judiciales que correspondan por otras causales distintas a las previstas en el presente artículo”.

 

Ahora bien, como ya se expresó en la primera delación, el juez de alzada declaró correctamente con lugar la demanda en el presente caso; por cuanto la ley procesal aplicable al asunto bajo estudio era el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (Gaceta Oficial Nº 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014) y no el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Decreto Nº 427 (Gaceta Oficial Nº 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999) como lo sostiene el formalizante; toda vez que, como se señaló anteriormente en la primera delación, la demanda de desalojo de local comercial fue intentada el 1° de diciembre de 2014, y la ley procesal que se encontraba en plena vigencia era el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (Gaceta Oficial Nº 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014), -siendo esta aplicable al caso- lo cual conlleva a determinar, a todas luces, que el juzgado de alzada actuó conforme a derecho con su actuación, aplicando el antiguo adagio “tempus regit actum” (el tiempo rige el acto), lográndose vislumbrar que el mismo no transgredió el orden público, ni ninguna garantía o derecho constitucional a las partes o sujetos procesales actuantes en el presente caso.

Finalmente, el formalizante denuncia la infracción del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, Decreto Nº 427 (Gaceta Oficial Nº 36.845 del 7 de diciembre de 1999), por falta de aplicación, sobre lo cual esta Sala da por reproducida su motivación, como ya se plasmó en la primera denuncia, por cuanto el juez de alzada actuó cabalmente al declarar con lugar la demanda al corroborar que al tratarse de un contrato de arrendamiento a tiempo determinado según se evidencia de las cláusulas segunda y tercera, las mismas establecieron la fecha de inicio y culminación del contrato de manera expresa, de los cuales las partes estuvieron de acuerdo al momento de suscribir el mencionado acuerdo arrendaticio, constituyendo así lo que consagra el viejo adagio latino “UBI PARTES SUNT CONCORDES NIHIL AB IUDICEM”, ya que, donde las partes están de acuerdo, no se hacen lugar los jueces. (Cfr. Sentencia N° RC-647, de fecha 27 de octubre de 2016, expediente N° 2016-369, caso: Pedro Navarro Lara contra Inversiones A.L.C., C.A. y otra, bajo la ponencia del Magistrado que suscribe la presente decisión).

Reiterándose que, la ley procesal ajustada al caso al momento de la celebración del convenio arrendaticio era el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, Decreto Nº 427 (Gaceta Oficial Nº 36.845 del 7 de diciembre de 1999); no obstante al verificarse que la demanda fue interpuesta en fecha 1° de diciembre de 2014, (situación de hecho) tal y como lo señaló la alzada, la ley aplicable y vigente era el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (Gaceta Oficial Nº 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014), al ser la ley procesal vigente para el momento de la presentación de la demanda, la cual derogó y dejó sin efecto a la ley anterior, conforme a lo señalado en sus disposiciones derogatorias primera y segunda y sus disposiciones finales en su particular única, por lo que tal declaratoria estuvo ajustada a derecho, constituyendo así la adecuada labor intelectual del juzgador superior dado que de acuerdo al principio “iura novit curía” al ser conocedor del derecho, aplicó las referidas normas como un soporte al margen de su fallo, ampliando así su fundamento y razonamiento jurídico para determinar su respectiva decisión.

En tal sentido, esta Sala insiste, que la alzada no incurre en falta de aplicación de la referida norma; actuando correctamente en la aplicación del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, es por lo que, en mérito a todo lo antes expuesto, la Sala concluye que no hubo subversión o irregularidad en el orden del actual proceso, lo que conlleva a determinar palmariamente la improcedencia de la presente denuncia, por falta de aplicación del artículo 34 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, Decreto Nº 427 (Gaceta Oficial Nº 36.845 del 7 de diciembre de 1999), y por falsa aplicación del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial (Gaceta Oficial Nº 40.418 de fecha 23 de mayo de 2014). Así se declara.

Con base en todo lo anteriormente expuesto, esta Sala declara sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto en el presente caso. Así se decide.

Por último, esta Sala extremando sus funciones jurisdiccionales, revisó la sentencia recurrida de alzada y no evidenció de esta ningún vicio de orden público o constitucional que amerite el uso de la facultad discrecional de casar de oficio el fallo recurrido, en aplicación de lo estatuido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil Así se decide. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-356, de fecha 14 de junio de 2016, expediente N° 2015-616. Caso: Joel de Sousa Méndez contra Irma María Mavárez de Rodríguez y otros, bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión).

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación, anunciado y formalizado por el demandado recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 10 de febrero de 2017.

Se CONDENA en costas del recurso extraordinario de casación al demandado recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve días del mes de mayo de dos mil dieciocho. Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

Presidente de la Sala y ponente,

 

 

 

 

___________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

__________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrado,

 

 

 

__________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

_______________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

______________________________

                                                MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

_______________________________

MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2017-000260

Nota: Publicado en su fecha a las  (    ).

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

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