Venley

Sentencia N.º RC.000349

Sentencia
N.º RC.000349
Fecha
12/07/2018
Sala
Casación Civil
Expediente
17-453
Ponente
Yván Darío Bastardo Flores
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2017-000453

 

Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores

 

 

En el juicio por cumplimiento de contrato de opción a compra-venta e indemnización por daños y perjuicios, incoado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, por el ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA, representado judicialmente por los ciudadanos abogados Junior Ruíz y Lisbeth Díaz, contra la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GÓMEZ LOAIZA, representada judicialmente por los ciudadanos abogados José Gutiérrez, Reina Loaiza, Antonio Lilo y Gabriel Puglisi; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, dictó decisión definitiva en fecha 13 de marzo de 2017, mediante la cual declaró:

“…PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada Reina Josefina Loaiza Amaya, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GÓMEZ, mediante diligencia de fecha 4 de abril de 2016.

SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 4 de marzo de 2016, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA e INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS seguido por el ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA, contra la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GÓMEZ LOAIZA. En consecuencia, se condena a la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GÓMEZ LOAIZA RONALD a otorgar al ciudadano ROBERTO GÓMEZ PRIMERA, por ante la Oficina de Registro Público Inmobiliario de los Municipios Los Taques y Falcón del estado Falcón, el documento definitivo de compra venta del inmueble constituido por una vivienda unifamiliar identificada con el Nº 88, situada en la manzana F, de la Urbanización Judibana, Municipio Los Taques del estado Falcón, numero Catastral 2006-324-324, y la parcela de terreno que ocupa, la cual tiene una superficie de doscientos metros cuadrados (200 mts2), comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: parcela Nº 110 que pertenece a Avimilet Tremus; Sur: calle 18, Norte, Este: parcela Nº 89, que pertenece a Hugo Guanipa; y Oeste: parcela Nº 87, que pertenece a Rómulo Mavares. Y en caso que la demandada no de cumplimiento voluntario a lo ordenado, la presente sentencia servirá de título de propiedad, una vez se encuentre definitivamente firme, una vez conste el pago del precio convenido en el contrato por parte del comprador ciudadano ROBERTO GÓMEZ PRIMERA, todo conforme al artículo 531 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente se condena a la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GÓMEZ LOAIZA RONALD a hacer entrega material al ciudadano ROBERTO GÓMEZ PRIMERA del inmueble antes identificado, objeto del litigio.

TERCERO: Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil…” (Mayúsculas y subrayado del texto).

 

Contra la referida decisión de alzada, la parte demandada anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. No hubo contestación a la formalización

Con ocasión de la elección de la nueva Junta Directiva de este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 24 de febrero de 2017, por su Sala Plena para el período 2017-2019, se reconstituyó esta Sala de Casación Civil en fecha 2 de marzo de 2017, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente: Dr. Yván Darío Bastardo Flores; Magistrado Vicepresidente: Dr. Francisco Ramón Velázquez Estévez; Magistrado: Dr. Guillermo Blanco Vázquez; Magistrada: Dra. Marisela Valentina Godoy Estaba; y Magistrada: Dra. Vilma María Fernández González.

Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

RECURSO DE CASACIÓN

POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación denuncia la infracción por parte de la ad quem de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem, por haber incurrido en el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento de los alegatos expuestos en el escrito de contestación y en el de informes presentado ante la alzada, bajo la siguiente fundamentación:

“…PRIMERO

En base a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación de la recurrida de los artículos 12 y 243 -ordinal 5o- del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia negativa con respecto a los alegatos esgrimidos por la parte demandada en el escrito de contestación a la desmanda y en el escrito de informes presentado por la misma parte ante la segunda instancia.

-I-

Incurre la recurrida en una omisión de pronunciamiento sobre el aspecto del evidente incumplimiento del demandante de su obligación de pagar el precio insoluto, ya que no toma en cuenta las alegaciones postuladas en la oportunidad de la contestación de la demanda y en los informes ante esa Alzada (sic); limitándose esa sentencia a expresar solo que al respecto observa quien decide que la parte demandada opuso como excepción que el demandante no cumplió con su obligación dentro del plazo establecido en la clausula tercera del contrato, de noventa (90) días mas treinta (30) días de prórroga, contados a partir de la fecha de su autenticación, y que el plazo venció el 18 de febrero de 2013…………… (sic) ya que fue demostrado lo contrario; concluye esta juzgadora que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada,.-

Por lo que de haberse considerado y analizado los señalamientos de la demandada sobre la condiciones establecidas por las partes hoy en conflicto judicial a través de un contrato de opción de compra-venta inmobiliaria, específicamente sobre el plazo de duración de la misma opción y para la ejecución de las obligaciones de las mismas partes, la pretensión de cumplimiento por parte del actor hubiese sido desechada y no hubiese sido vinculante para la decisión sobre la condena impuesta a la parte demandada.

-II-

Con una falsa apreciación de los hechos, la recurrida obvió el tratamiento de la doctrina y jurisprudencia sobre el contrato de opción de compra-venta, ya que se hubiesen aplicado los categóricos expuestos en cuanto a que el contrato de opción solo genera efectos obligatorios para las partes cuando refiere los efectos reales del contrato de opción en materia de inmuebles (la PRELIMINAR DE COMPRAVENTA CON EFECTOS ANTICIPADOS surge por cuanto ya para el momento de su estipulación, se aceleran algunos efectos de lo que será el contrato de compraventa definitivo (tales como la anticipación de buena parte del }}precio cfr. LUCIANO LUPINI BIANCHI // la PROMESA BILATERAL DE VENTA, la cual se da cuando un propietario promete vender su bien, mediante un precio determinado y aquel a quién se ha dirigido esta promesa se compromete por su parte a contrario en el precio establecido- NICOLAS VEGAS ROLANDO// El contrato de opción solo genera efectos obligatorios entre las partes, incluso tratándose de aquellos contratos que tengan por objeto bienes inmuebles y estén sometidos al Registro Público- MAURICIO RODRIGUEZ FERRARA (…), doctrinariamente, la promesa bilateral de venta se reserva la calificación de promesa de venta siempre con sus dos elementos esenciales objeto y precio, cuando lo convenido es una simple expectativa para la celebración del contrato porque ésta se sujeta al cumplimiento de algún requisito o circunstancia posterior.(…). Los contratos de promesa bilateral de compraventa son contratos preparatorios o preliminares, en el sentido de que sólo producen el efecto de obligar a las partes a celebrar entre sí un futuro contrato. Éstos deben contener los elementos esenciales de ulterior contrato, de manera que en él debe constar la perfecta y clara voluntad de las partes de prestar en el futuro el consentimiento para la compraventa,…………. (sic) y la utilización de tales contratos ha sido de gran provecho especialmente cuando se solicita un préstamo a un Banco o Institución Financiera para la compra del inmueble (…), "las promesas de compra-venta, no constituyen una venta, sino que otorgan un plazo para que el opcionado para que manifieste su consentimiento mediante la adquisición del bien objeto de la negociación"................. (sic) se trata de un "contrato preliminar de promesa bilateral de compra-venta”, en el cual las partes se obligaron recíprocamente, una a vender y la otra a comprar, previo el cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales de no ocurrir hacían posible la no celebración del contrato definitivo) y confirmar que si existía un plazo para que el demandante cumpliera con sus obligaciones respecto al previo (sic) insoluto o aún debido.

Siendo que la misma recurrida lo invoca y afirma: De la jurisprudencia antes mencionada se evidencia que el contrato de opción a compra venta a diferencia de la compra venta, es un precontrato no traslativo de la propiedad, donde las partes se comprometen una a vender y la otra a comprar un determinado bien a futuro, lo cual está sujeto a ciertas condiciones que acuerden las partes, además dicho contrato tiene una duración............................... (sic) al respecto observa quien aquí decide que la parte demandada opuso como excepción que el demandante no cumplió con su obligación dentro del plazo establecido en la cláusula tercera del contrato, de noventa (90) días más treinta (30) días de prórroga, contados a partir de la fecha de su autenticación, y que el plazo venció el 18 de febrero de 2013; para después desentenderse de esas premisas aportadas de los mismos autos (documento objeto de la operación jurídica) y de la jurisprudencia aportada por la misma A Quem (sic), y dar por no probado ese incumplimiento con el cual se excepcionó (sic) la demandada.-

-III-

De modo que de haberse mantenido el pensamiento del juzgador de la recurrida, en el marco y ubicación del contrato de opción de compra-venta, las consecuencias jurídicas hubiesen sido otras y distinta la suerte de la controversia; pues la falta de pago oportuno del precio insoluto (por demás inferido de los autos porque el demandante no probó la disponibilidad del mismo) derivaba en el incumplimiento de ese demandante de su prestación dineraria tendiente a materializar el futuro contrato de compra venta del inmueble en cuestión, lo que hacía imposible jurídicamente la entrega de la cosa que era el fin perseguido por el pretensor.-

-VII- (sic)

Por las razones citadas supra, es por lo que se configura el vicio de incongruencia en la recurrida pues éste se produce cuando el juez........ (sic) omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial incongruencia negativa); debido a que la congruencia del fallo se basa en dos presupuestos fundamentales: el primer presupuesto es el de que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa; y el segundo presupuesto prevé que la decisión debe ser con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas; tal como lo ha ratificado esta misma Sala de Casación Civil recientemente (…).

Y aun cuando no todas las alegaciones producidas por las partes en sus correspondientes escritos de informes, merecen pronunciamiento por parte de los jueces, la doctrina de esta Sala de Casación Civil ha sostenido que hay omisión de pronunciamiento, cuando en la sentencia se deja de otorgar o negar el amparo jurídico solicitado sobre algunas de las alegaciones o peticiones de la partes, a menos que por alguna razón legal el juez esté eximido de esa obligación (…).

Siendo que tales omisiones de pronunciamiento en esa sentencia N° 050-M-13-03-17 emitida por el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN en fecha 13 de marzo de 2017 (expediente N° 6168) se sanciona con la declaratoria de nulidad de la misma conforme a lo previsto en el artículo 244 del Código de procedimiento Civil y así se solicita…”. (Mayúsculas, resaltado, cursivas y subrayado del texto).

 

Para decidir, la Sala observa:

El formalizante fundamentado en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denunció la violación de los artículos 12 y 243, ordinal 5° eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento.

Señaló el formalizante, que la ad quem omitió pronunciamiento sobre el incumplimiento del demandante en su obligación de pagar el precio insoluto, al no tomar en cuenta los alegatos expuestos en la contestación de la demanda y en los informes presentados ante la alzada, y que tal omisión de pronunciamiento se sanciona con la declaratoria de nulidad de la misma conforme a lo previsto en el artículo 244 ibídem.

Indicó el formalizante, que la ad quem en su fallo se limitó a señalar que “…observa quien decide que la parte demandada opuso como excepción que el demandante no cumplió con su obligación dentro del plazo establecido en la clausula tercera del contrato, de noventa (90) días más treinta (30) días de prórroga, contados a partir de la fecha de su autenticación, y que el plazo venció el 18 de febrero de 2013, (…); concluye esta juzgadora que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada…”.

Finalmente, el recurrente en casación expuso una serie de doctrinas y jurisprudencias atinentes al vicio delatado.

         En tal sentido cabe señalar, que esta Sala en fallo N° RC-089, de fecha 12 de abril de 2005, exp. N° 2003-671, dejó establecido lo siguiente:

“...el constituyente de 1999 acorde con las tendencias de otros países consagró el derecho a una justicia, accesible, imparcial, oportuna, autónoma e independiente, y estos aspectos integran la definición de la tutela judicial efectiva por parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), cuyo artículo 8 dispone que el derecho de acceso a los órganos de justicia consiste en “...la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter...”. Es decir, la tutela judicial efectiva comprende, no sólo el acceso a una vía judicial idónea para la resolución de los conflictos surgidos entre los ciudadanos a través de la aplicación objetiva del derecho mediante una sentencia justa, sino también la garantía de que gozan las partes para ejercer oportunamente los medios recursivos contra las providencias jurisdiccionales, a fin de que puedan ser revisadas en un segundo grado de la jurisdicción...”. (Resaltado y subrayado de la Sala).

 

         De igual forma, es doctrina inveterada de esta Sala de Casación Civil, que:

“…La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:

1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,

2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,

3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y

4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento…” (Fallo N° RC-640 del 9-10-2012, exp. N° 11-031). (Destacados del fallo citado).-

 

Así pues, la doctrina de esta Sala tiene establecido, que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por lo cual esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº RC-830 del 11 de agosto de 2004, caso de Pedro Nieves y otros, contra Carmen Díaz y otros, exp. Nº 2003-1166, señaló lo siguiente:

 

“...Esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 435 de fecha 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente Nº 99-062, señaló lo siguiente:

La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.

En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:

‘...Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado ‘que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- ‘un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia’, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna ‘de las garantías no expresadas en la Constitución’. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334)’…”.

 

En el mismo sentido, que los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión Nº 889 de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, en el recurso de revisión constitucional de la ciudadana Carola Meléndez, se dispuso lo siguiente:

“...En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A, 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria. (Resaltado y subrayado de la Sala).

 

Por lo cual los vicios de indeterminación orgánica, objetiva y subjetiva, indeterminación de la controversia, incongruencia negativa, positiva, mixta, por tergiversación de los alegatos, extrapetita, inmotivación, absolución de la instancia, sentencia condicionada y contradictoria, y ultrapetita, constituyen materia de orden público, al violar principios y garantías constitucionales referentes al derecho a la defensa y una tutela judicial efectiva.

A su vez cabe señalar, en torno a que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia Nº 1068 de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 2006-447, en el recurso de revisión constitucional del ciudadano José Gregorio Tineo, que dispuso lo siguiente:

 

“...Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso de Plaza Suite I C.A.), que:

“...la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.

Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento”.

Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil...” (Resaltado, cursivas y subrayado de la Sala).

 

En tal sentido, el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:

 

“Artículo 244.- Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita.” (Resaltado y subrayado de la Sala).

 

El artículo 243 eiusdem, dispone:

 

“Artículo 243.- Toda sentencia debe contener:

1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.

2° La indicación de las partes y de sus apoderados.

3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.

4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.

5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.

6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión.”. (Resaltado de la Sala).

 

El artículo 12 ibídem, preceptúa lo siguiente:

 

“Artículo 12.-Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.”

 

Y el artículo 15 del señalado código adjetivo civil, expresa lo que a continuación se transcribe:

 

“Artículo 15.- Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.”

 

De donde se desprende, en un análisis concatenado de las normas antes transcritas por ser materia de estricto orden público, que el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia es sancionado por la ley con la nulidad la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido.

De igual forma, la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea considera que hay incongruencia negativa u omisiva cuando no se deciden todos los puntos objeto del debate, ni se da respuesta a una pretensión de la parte, siempre que el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. (Vid. entre otras, sentencias del Tribunal Constitucional Español N° 111 del 3/6/1997 (f.j. 2.º); 94 del 8/5/1997 (f.j. 2.º); 26 del 11/2/1997 (f.j. 3.º); 144 del 16/9/1996 (f.j. 2.º); 91 del 19/6/1995 (f.j. 4.º); 87 del 14/3/1994 (f.j. 2.º), citadas por Joan Picó i Junoy, en su obra “Las Garantías Constitucionales del Proceso”, J.M. Bosch Editor, Barcelona, España, 1997, p.67). (Cfr. Fallo N° 012 de fecha 9 de febrero de 2010, exp. N° 2009-427).

En este mismo sentido, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 2.465 de fecha 15 de octubre de 2002, exp. N° 2002-837, ratificada, entre otras, en sentencia N° 4.594 de fecha 13 de diciembre de 2005, exp. Nº 2004-1643, estableció que, no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva y que debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado, doctrina ésta que ha sido acogida por esta Sala de Casación Civil en sentencias RC-571 de fecha 8 de agosto de 2008, exp. N° 2007-583; RC-848 de fecha 10 de diciembre de 2008, exp. Nº 2007-163; y RC-502 de fecha 17 de septiembre de 2009, exp. N° 2009-141.

Por su parte, el vicio de incongruencia negativa, constituye infracción de los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, y el mismo tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones ante la alzada, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. fallo de esta Sala RC-105 de fecha 20 de diciembre de 2006, exp. N° 2006-067).

Ahora bien, respecto a lo delatado, la decisión recurrida señaló lo siguiente:

“…Otro de los requisitos doctrinales es que el actor haya procedido de buena fe, en el sentido que debe haber cumplido u ofrecido el cumplimiento de su propia obligación, circunstancia ésta que no debe probar el actor, sino que puede ser alegada como excepción por el demandado y en su caso demostrarla; al respecto observa quien aquí decide que la parte demandada opuso como excepción que el demandante no cumplió con su obligación dentro del plazo establecido en la cláusula tercera del contrato, de noventa (90) días más treinta (30) días de prórroga, contados a partir de la fecha de su autenticación, y que el plazo venció el 18 de febrero de 2013; y que de acuerdo a la Cláusula (sic) Quinta (sic) del referido contrato si por hechos imputables al futuro comprador no se perfecciona el referido contrato el vendedor tiene el derecho de descontar sobre la cantidad pagada el monto recibido y hacer el reintegro respectivo al comprador, puesto que da por concluida la opción a compra, por lo que a través de la Notaria Publica Segunda el 26 de marzo de 2013, pretendió hacerle entrega del cheque por un monto de ciento setenta y seis mil bolívares (Bs. 176.000,00), pero el ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ, no acudió al retiro del monto respectivo. Al respecto se observa que la cláusula tercera del contrato establece que “la presente opción de compra tendrá una duración de noventa (90) días más treinta (30) días de prórroga contados a partir de la firma de este documento”, es decir, a partir del 18 de octubre de 2012; de lo que se infiere que el contrato vencía el 18 de febrero de 2012. Así tenemos, que del recibo de pago, suscrito por la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GÓMEZ LOAIZA a favor del ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA, por la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,00), de fecha 22 de enero de 2013, por concepto de complemento de opción de compra del inmueble en cuestión, se evidencia que para esa fecha, estando dentro de la prórroga del contrato, la vendedora demandada recibió un pago adicional por la venta del inmueble; igualmente de la prueba de informes a PDVSA (sic) quedó demostrado, que el ciudadano Ronald Roberto Gómez Loaiza, como trabajador de esa empresa, tramitó préstamo por la cantidad de doscientos diez mil bolívares (Bs.210.000,00), para la adquisición del inmueble objeto del contrato desde el mes de octubre de 2012, pero que no le fue aprobado el préstamo hipotecario señalado, ya que no continuó con el proceso de Plan de Vivienda, y que consignó la documentación reglamentaria para tramitar el préstamo de vivienda, pero quedó pendiente la consignación del documento de compra venta con constitución de hipoteca de primer grado a favor del Banco Banesco, para posteriormente proceder a elaborar la constitución de hipoteca en segundo grado a favor de PDVSA PETRÓLEO, S.A.; es decir, el préstamo solicitado ante esa empresa estadal no le fue otorgado por faltar el documento definitivo de venta y constitución de hipoteca a favor de BANESCO; asimismo, de la prueba de informes a la oficina (sic) del Registro Público Inmobiliario de los Municipios Los Taques y Falcón, se demostró que en fecha veintidós (22) de enero del 2013, fue presentado por el ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA, documento de venta con hipoteca, cuyo enajenante es la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GOMEZ LOAIZA, sobre una vivienda principal, la cual es la misma objeto del litigio; y que el documento N° 29, folios 262 al 273, Protocolo Primero, Tomo 1, Primer Trimestre del año 2013, mediante el cual la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GOMEZ LOAIZA, daba en venta al ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA, una vivienda principal, distinguida con el Nro. (sic) 88, situada en la manzana F, de la Urbanización Judibana, Municipio Los Taques del Estado (sic) Falcón, reposa en el tomo supra identificado, con la acotación de que el mismo NO fue otorgado, y que el presentante cumplió con la consignación de todos los recaudos exigidos por la ley, para el otorgamiento del respectivo documento; se decir, quedó plenamente demostrado en autos que el demandante de autos ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA cumplió con su obligación de tramitar por ante la empresa estadal PDVSA (sic) y la entidad bancaria BANESCO, el préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda objeto del contrato, el cual le fue aprobado, y más allá de ello, presentó por ante el Registro (sic) Público (sic) correspondiente el documento definitivo de compra venta del inmueble; por lo que se concluye que no fue demostrado en consecuencia el incumplimiento por parte de la compradora (sic), hoy demandante.

…Omissis…

(…) y por cuanto no consta en autos que tal incumplimiento se debe a alguna causa extraña no imputable, no pudiendo excusarse la parte demandada que no dio cumplimiento a sus obligaciones bajo el fundamento que el contrato estaba vencido, y que el demandante no había cumplido oportunamente con sus obligaciones, ya que fue demostrado lo contrario; concluye esta juzgadora que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada, quien está en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble, y hacer entrega material del mismo, tal como indica el artículo 1.264 del Código Civil. Siendo así, llenos como se encuentran los requisitos para la procedencia de la acción por cumplimiento de contrato, debe declararse la misma con lugar…”. (Mayúsculas del texto, resaltado de la Sala).

 

De acuerdo al fallo de alzada antes transcrito, se tiene que la ad quem respecto a los alegatos expuestos por la demandada, referentes a que el demandante no había cumplido con su obligación contractual del pago del precio del inmueble, dispuso, que la demandada no podía excusarse de no haber dado cumplimiento a sus obligaciones alegando que el contrato se encontraba vencido y que el demandante no había cumplido oportunamente con sus obligaciones, pues, no fue demostrado tal incumplimiento por parte del comprador promitente.

Motivo por el cual, la ad quem concluyó en establecer que tal incumplimiento fue por razones imputables a la demandada quien se encontraba en la obligación de honrar los compromisos asumidos en el contrato.

De tal manera, esta Sala estima que la ad quem si dio respuesta extensa y oportuna respecto al alegato de la demandada referido a la obligación contractual del demandante respecto al pago del precio del inmueble negociado, motivo por el cual, se debe declarar la improcedencia de la presente delación. Así se declara.

-II-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación denuncia la infracción por parte de la ad quem de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación por contradicción en sus motivos, de acuerdo a lo siguiente:

“…SEGUNDO

En base a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación de la recurrida de los artículos 12 y 243 -ordinal 4°- del Código de Procedimiento Civil, por incurrir la recurrida en el vicio de inmotivación adoptando la modalidad de contener motivos que se destruyen unos a los otros por contradictorios, graves o inconciliables (…).

-I-

En efecto, expresa la recurrida que:

asimismo, de la prueba de informes a la oficina del Registro Público Inmobiliario de los Municipios Los Taques y Falcón, se demostró que en fecha veintidós (22) de enero del 2013, fue presentado por el ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA, documento de venta con hipoteca,…………… (sic) con la acotación de que el mismo no fue otorgado……… (sic).

se observa, tal como se indicó precedentemente, quedó plenamente probado con la prueba documental (f. 34 al 41, I pieza) (sic), así como la prueba de informes (f. 2 al 4, II pieza) (sic), que el ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA presentó el documento de compra venta e hipoteca sobre el inmueble objeto del contrato de opción, para su respectivo registro por ante el Registro Público de los Municipios Falcón y Los Taques del estado Falcón, pero que no se firmó debido a que no concurrieron los otorgantes en la fecha establecida.

es decir, quedó plenamente probado en auto que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta; ……….. (sic) concluye esta juzgadora que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada, quien está en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble, y hacer entrega material del mismo, tal como indica el artículo 1.264 del Código Civil. Siendo así, llenos como se encuentran los requisitos para la procedencia de la acción por cumplimiento de contrato, debe declararse la misma con lugar.

-II-

Es evidente la incoherencia y el contrasentido entre tales aseveraciones para decidir, pues la recurrida asienta que se demostró que en fecha veintidós (22) de enero del 2013, fue presentado por el ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA, documento de venta con hipoteca, valorando una prueba de informes de la Oficina (sic) Registral (sic) donde se presentó el referido documento, pero obviando que no se firmó debido a que no concurrieron los otorgantes en la fecha establecida como lo indica la misma Oficina (sic) Fedataria (sic), para concluir posteriormente que quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta.-

-III-

Siendo que la contradicción entre tales hechos respecto al cumplimiento o incumplimiento de las partes contratantes hoy en conflicto judicial, influye en la decisión del A Quem (sic) pues la recurrida asume que fue la demandada quien no cumplió con su deber contractual de otorgar el documento definitivo de compra-venta por el inmueble objeto del litigio, cuando el hecho cierto, verdadero y positivo fue que el mismo NO fue otorgado dado que no se firmó debido a que no concurrieron los otorgantes en la fecha establecida, esto es, tanto demandante-comprador-presentante como la demandada-vendedora; atribuyéndole las consecuencias de dicha incomparecencia al otorgamiento única y exclusivamente a la demandada hoy recurrente: quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta.-

-IV-

De forma que la recurrida motiva su decisión en circunstancias evidentemente contradictorias que se destruyen los unos a los otros por no poderse conciliar o ajustar entre sí (el mismo NO fue otorgado -que no se firmó debido a que no concurrieron los otorgantes en la fecha establecida- quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta), más aún cuando la prueba de informe de esa Oficina (sic) Pública (sic) de Registro (sic) refiere categóricamente como lo asienta la recurrida que: de la prueba de informes a la oficina del Registro Público Inmobiliario de los Municipios Los Taques y Falcón, se demostró que en fecha veintidós (22) de enero del 2013, fue presentado por el ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA, documento de venta con hipoteca, ……………. (sic) con la acotación de que el mismo NO fue otorgado…………; (sic).se observa, tal como se indicó precedentemente, quedó plenamente probado con la prueba documental (f. 34 al 41, I pieza) (sic), así como con la prueba de informes (f. 2 al 4, II pieza) (sic), que el ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA presentó el documento de compra venta e hipoteca sobre el inmueble objeto del contrato de opción, para su respectivo registro por ante el Registro Público de los Municipios Falcón y Los Taques del estado Falcón, pero que no se firmó debido a que no concurrieron los otorgantes en la fecha establecida.-

Tal es el desajuste entre esos motivos del A Quem (sic), por demás evidenciados, que son capaces para desechar la consecuencia de tal falta de comparecencia de demandante-comprador-presentante como la demandada-vendedora, para que erradamente le atribuya las consecuencias de dicha incomparecencia al otorgamiento única y exclusivamente a la demandada hoy recurrente: quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta; por lo que debe declararse procedente el vicio denunciado y así se solicita…”. (Mayúsculas, resaltado, cursivas y subrayado del texto).

 

Para decidir, la Sala observa:

El formalizante fundamentado en el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, denunció la violación de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de inmotivación por contradicción en los motivos.

Alegó el formalizante, que la ad quem señaló que quedó plenamente probado que la demandada se negó a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble negociado y que tal incumplimiento fue por razones imputables a ella.

Destacó el formalizante, que la ad quem estableció que se demostró que el demandante presentó ante la oficina de registro público el documento respectivo, pero obvió que no se firmó debido a que no concurrieron los otorgantes en la fecha establecida, para concluir finalmente que la demandada se negó a cumplir con su obligación de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta.

Sostuvo además, que la contradicción consiste en que la recurrida asumió en que fue la demandada quien no cumplió con su deber de otorgar el documento definitivo de compra-venta del inmueble, pues el mismo no fue otorgado al no haber concurrido los otorgantes en la fecha establecida

Ahora bien, respecto al vicio de inmotivación del fallo, estatuido en el numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la norma dispone que toda sentencia debe contener los motivos de hecho y de derecho que sustentan la decisión.

Al respecto, esta Sala en sentencia RC-291 de fecha 31 de mayo de 2005, caso de Manuel Rodríguez contra la Estación de Servicios El Rosal, C.A., señaló lo siguiente:

“…Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, que es el referido a la motivación del fallo; requisito que obliga a los jueces a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión; al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa. De esta manera, se controla la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar el razonamiento lógico que siguió para establecer el dispositivo y, garantiza adicionalmente, el legítimo derecho de defensa de las partes, al conocer éstas los motivos de la decisión, ya que si no están de acuerdo con la argumentación dada por el sentenciador, podrán interponer los recursos previstos en la ley para la revisión de la legalidad del fallo.

En este sentido, la Sala ha señalado que “...El requisito de la motivación del fallo previsto en el artículo 243 ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil, obliga al sentenciador a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, protegiéndose de esta manera a las partes contra lo arbitrario, y exigiendo del juez la elaboración de un fallo que resulte de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa...Como el poder del juez al momento de su decisión se encuentra vinculado al derecho (quaestio iuris) y a la certeza de los hechos (quaestio facti), se sigue de aquí que la motivación del fallo ha de comprender ambas cuestiones, como expresamente lo exige la norma procesal antes citada...”. (Sent. 21/5/97, caso: Jesús Alberto Pisani c/ Banco Caroní, C.A.).

Asimismo, ha expresado que “...el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en repetidas ocasiones que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento. b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente. c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y, d) Que todos los motivos sean falsos...”. (Vid. Sent. N° 83 del 23/3/92, reiterada el 26/4/00, caso: Banco Mercantil C.A. S.A.C.A., contra Textilera Texma C.A. y otro)...”. (Resaltado de la Sala).

De acuerdo a la anterior jurisprudencia de la Sala, se tiene que conforme al numeral 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es requisito de toda sentencia, aportar los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamenta, así pues, el juez tiene la obligación de explicar su decisión, es decir, hacerla comprensible mediante la descripción de los motivos que lo condujeron a tomar tal determinación.

De esa manera, el razonamiento jurídico expresado y justificado por el juez en la sentencia permite que las partes del juicio queden convencidas que fue emitida una decisión objetiva y no arbitraria, en estricto acatamiento al ordenamiento jurídico positivo y al mismo tiempo pueda la comunidad en general conocer las razones que sustentan tal decisión. (Cfr. Fallo RC-669 de fecha 21 de octubre de 2008, expediente N° 08-314, caso del Centro Simón Bolívar, C.A., y/o la República Bolivariana de Venezuela, contra Diego Arria Salicetti, y otros.)

Motivo por lo cual, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión, para que sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.

También ha sostenido esta Sala, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que se vierte a continuación, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:

a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.

b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.

c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, (Cfr, fallo RC-704, de fecha 27 de noviembre de 2009, exp. N° 09-242, caso de Manuel Padra contra Giacoma Cuius Cortesía y otro).

d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Ver sentencia Nº 83 de fecha 23 de marzo de 1.992, caso de Juan Perozo contra Freddy Escalona y otros, reiterada en fallo RC-182 de fecha 9 de abril de 2008, exp. N° 07-876).

Así pues, el requisito de la motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo; siendo que la primera debe estar formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y la segunda, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes.

Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. (Cfr. Fallos N° RC-934, de fecha 15 de diciembre de 2016, expediente N° 2016-365, caso: Michel Kalbahdji Basnaji contra Altec, C.A., y otro, y N° RC-770, de fecha 27 de noviembre de 2017, expediente N° 2017-441, caso: Marilu Bello Castillo contra Ingeniería Amelinck, C.A., y otro, ambos bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, entre muchos otros).-

Ahora bien, a fin de verificar lo delatado por el recurrente en casación, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo de alzada, que estableció lo siguiente:

“…De esta norma se infiere que uno de los requisitos de procedencia de la acción es que se trate de un contrato bilateral, (…);estando dentro de la prórroga del contrato, la vendedora demandada recibió un pago adicional por la venta del inmueble; igualmente de la prueba de informes a PDVSA quedó demostrado, que el ciudadano Ronald Roberto Gómez Loaiza, como trabajador de esa empresa, tramitó préstamo por la cantidad de doscientos diez mil bolívares (Bs. 210.000,00), para la adquisición del inmueble objeto del contrato desde el mes de octubre de 2012, pero que no le fue aprobado el préstamo hipotecario señalado, ya que no continuó con el proceso de Plan de Vivienda, y que consignó la documentación reglamentaria para tramitar el préstamo de vivienda, pero quedó pendiente la consignación del documento de compra venta con constitución de hipoteca de primer grado a favor del Banco Banesco, para posteriormente proceder a elaborar la constitución de hipoteca en segundo grado a favor de PDVSA PETRÓLEO, S.A.; es decir, el préstamo solicitado ante esa empresa estadal no le fue otorgado por faltar el documento definitivo de venta y constitución de hipoteca a favor de BANESCO; asimismo, de la prueba de informes a la oficina del Registro Público Inmobiliario de los Municipios Los Taques y Falcón, se demostró que en fecha veintidós (22) de enero del 2013, fue presentado por el ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA, documento de venta con hipoteca, cuyo enajenante es la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GOMEZ LOAIZA, sobre una vivienda principal, la cual es la misma objeto del litigio; y que el documento N° 29, folios 262 al 273, Protocolo Primero, Tomo 1, Primer Trimestre del año 2013, mediante el cual la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GOMEZ LOAIZA, daba en venta al ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA, una vivienda principal, distinguida con el Nro. (sic) 88, situada en la manzana F, de la Urbanización Judibana, Municipio Los Taques del Estado (sic) Falcón, reposa en el tomo supra identificado, con la acotación de que el mismo NO fue otorgado, y que el presentante cumplió con la consignación de todos los recaudos exigidos por la ley, para el otorgamiento del respectivo documento; se (sic) decir, quedó plenamente demostrado en autos que el demandante de autos ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA cumplió con su obligación de tramitar por ante la empresa estadal PDVSA y la entidad bancaria BANESCO, el préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda objeto del contrato, el cual le fue aprobado, y más allá de ello, presentó por ante el Registro (sic) Público (sic) correspondiente el documento definitivo de compra venta del inmueble; por lo que se concluye que no fue demostrado en consecuencia el incumplimiento por parte de la compradora, hoy demandante. También es necesario demostrar el incumplimiento culposo de la obligación por la parte demandada; en relación a este particular, y tomando en consideración que constituía obligación de la vendedora otorgar el documento definitivo de venta del inmueble, así como entregar el inmueble al comprador al momento de la protocolización del documento de venta; se observa, tal como se indicó precedentemente, quedó plenamente probado con la prueba documental (f. 34 al 41, I pieza), así como con la prueba de informes (f. 2 al 4, II pieza), que el ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA presentó el documento de compra venta e hipoteca sobre el inmueble objeto del contrato de opción, para su respectivo registro por ante el Registro Público de los Municipios Falcón y Los Taques del estado Falcón, pero que no se firmó debido a que no concurrieron los otorgantes en la fecha establecida. Igualmente de la prueba de informes al Diario Nuevo Día se demostró que el demandante de autos, en fecha 30 de julio de 2013 contrató la publicación de una notificación, la cual fue publicada en la edición del miércoles 31 de julio del mismo año, mediante la cual el ciudadano Ronald Gómez le notifica a la ciudadana Ysandra Gómez que el documento de venta del inmueble objeto del litigio, espera por su correspondiente firma ante el Registro Público de los Municipios Falcón y Los Taques (f. 29 al 30, II p); es decir, quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta; y por cuanto no consta en autos que tal incumplimiento se debe a alguna causa extraña no imputable, no pudiendo excusarse la parte demandada que no dio cumplimiento a sus obligaciones bajo el fundamento que el contrato estaba vencido, y que el demandante no había cumplido oportunamente con sus obligaciones, ya que fue demostrado lo contrario; concluye esta juzgadora que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada, quien está en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble, y hacer entrega material del mismo, tal como indica el artículo 1.264 del Código Civil. Siendo así, llenos como se encuentran los requisitos para la procedencia de la acción por cumplimiento de contrato, debe declararse la misma con lugar…”. (Resaltado y subrayado de la Sala, mayúsculas del fallo).

 

De la anterior transcripción se evidencia, que la ad quem previo estudio y valoración respectiva de los distintos instrumentos probatorios aportados por las partes en el proceso, y después de analizar el artículo 1264 del Código Civil, estableció “…que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada, quien está en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble, y hacer entrega material del mismo…”.

Destacó la ad quem, que “…se demostró que en fecha veintidós (22) de enero del 2013, fue presentado por el ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA, documento de venta con hipoteca, cuyo enajenante es la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GÓMEZ LOAIZA…”, por lo que determinó que el demandante cumplió con la consignación de todos los recaudos exigidos por la ley para el otorgamiento del respectivo documento.

Sostuvo la ad quem, que de acuerdo a la prueba de informes al Diario Nuevo Día, se demostró que el demandante en fecha 30 de julio de 2013 publicó una notificación a la demandada, señalando que el documento de venta del inmueble negociado se encontraba en espera de suscripción ante el Registro Público respectivo; por lo que estableció que “…quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta…”.

Finalmente, la ad quem estableció en su fallo que la demandada no podía excusarse que no dio cumplimiento a sus obligaciones bajo el fundamento que el contrato estaba vencido y que el demandante no había cumplido oportunamente con sus obligaciones, pues, fue demostrado que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada, quien estaba en la obligación de cumplir en el  otorgamiento del documento de venta y hacer entrega material del inmueble.

Ahora bien, conforme a lo antes expuesto la Sala no evidencia tal como lo delató el formalizante en casación, que la motivación empleada por la sentenciadora de alzada es inmotivada, pues, no existe un quiebre en el discurso lógico plasmado en la motivación de la sentencia.

Así pues, se logra deducir sin evidenciarse inmotivación alguna, que quedó demostrado que la demandada incumplió con sus obligaciones contractuales en suscribir el contrato de venta ante la oficina de registro respectiva y de entregar el bien inmueble objeto de litigio a pesar de haber recibido la cantidad dada en inicial por parte del demandante, no obstante al hecho cierto y probado que el demandante a motus proprio publicó una notificación en un diario local para manifestarle a la demandada que acudiera a dicha oficina de registro a fin de que se efectúe la respectiva firma del contrato definitivo del bien ofrecido en venta.

Así las cosas, la Sala afirma que la ad quem cumplió con indicar las razones de hecho en su fallo, estableciendo de manera llana y sin ambigüedades con ajustamiento a las pruebas que las demuestran que en el presente juicio la demandada incumplió con su obligación de suscribir el contrato definitivo de venta, y a su vez, el compromiso de entregar el bien inmueble al comprador, pues, el demandante previamente había cumplido en consignar todos los recaudos necesarios para la protocolización del documento definitivo de compra venta ante la oficina de registro respectiva.

Por otro lado, se evidenció que la ad quem en su fallo dio cumplimiento con explanar las razones de derecho que motivaron su fallo, pues, se basó en los artículos 1167 y 1264 del Código Civil, y el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, como fundamento del dispositivo.

Motivo por el cual, la Sala desecha la presente delación. Así se declara.

-III-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación denuncia la infracción por parte de la ad quem de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación por contradicción en sus motivos, de acuerdo a lo siguiente:

“…TERCERO

En base a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación de la recurrida de los artículos 12 y 243 –ordinal 4°- del Código de Procedimiento Civil, por incurrir la recurrida en el vicio de inmotivación adoptando la modalidad de contener motivos que se destruyen los unos a los otros por contradictorios, graves o inconciliables (…).

-I-

En efecto, expresa la recurrida que el préstamo solicitado ante esa empresa estadal no le fue otorgado……. (sic); es decir, quedó plenamente demostrado en autos que el demandante de autos ciudadano RONALD ROBERTO GÓMEZ PRIMERA cumplió con su obligación de tramitar por ante la empresa estatal PDVSA y la entidad bancaria BANESCO, el préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda objeto del contrato, el cual le fue aprobado -cursivas, subrayados y negrillas propias- (ver vuelto del folio 86 de la segunda pieza del expediente).-

Es evidente la incoherencia y el contrasentido entre tales aseveraciones para decidir, pues la recurrida asienta que el préstamo solicitado por el demandante de autos para la adquisición de la vivienda objeto del litigio, no le fue concedido por la empresa estatal mencionada (no le fue otorgado), y posteriormente concluye que le fue aprobado.-

Siendo que la contradicción entre un hecho negativo y un hecho positivo respecto al préstamo solicitado por el demandante, influye en la decisión del A Quem (sic) pues la recurrida asume el hecho positivo le fue aprobado para considerar que el actor disponía del dinero para cancelar la parte de precio insoluto y dar por entendido que había cumplido con su obligación de tramitar y obtener la cantidad de dinero en cuestión del préstamo requerido a la estadal PDVSA.-

De forma que la recurrida motiva su decisión en circunstancias evidentemente contradictoria que se destruyen los unos a los otros por no poderse conciliar o ajustar entre sí (préstamo que no le fue otorgado y préstamo que le fue aprobado), más aún cuando la prueba de informe de esa empresa del Estado (sic) refiere categóricamente como lo asienta la recurrida que: Informes (sic) a los fines de se (sic) oficie a los siguientes entes: a) la Gerencia de Asuntos Jurídicos de PDVSA. PETRÓLEO, ubicada en (…), informó que el ciudadano Ronald Roberto Gómez Primera, labora para PDVSA Petróleo, S.A.; ………….(sic) que no le fue aprobado el préstamo hipotecario señalado, desde octubre de 2012 va que no continuó con el proceso de Plan de Vivienda; que no cumplió con todos los requisitos y obligaciones para optar mi referido Plan de Ayuda, que endecha (sic) 5 de octubre de 2012, sometió (sic) planilla de solicitud de Plan de Ayuda para adquirir vivienda,…… (sic); que actualmente en el expediente del trabajador (…), reposa nota marginal en la planillas, de solicitud del Plan Ayuda, indicando lo siguiente: «Préstamo no otorgado». El trabajador no continuó con el proceso de plan de vivienda” (f. 32 al 34, IIp) (sic).

Tal es el desajuste entre esos motivos del A Quem (sic), por demás evidenciado el hecho negativo [no le fue otorgado) con la información suministrada por la propia PDVSA, que lo hace capaz para desechar el hecho positivo asumido falsamente [le fue aprobado) y para declarar procedente el vicio denunciado y así se solicita….”. (Mayúsculas, resaltado, cursivas y subrayado del texto).

 

La Sala para decidir, observa:

El formalizante fundamentado en el ordinal 1° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, denunció la violación de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de inmotivación por contradicción en los motivos.

Señaló el formalizante, que la ad quem destacó que el préstamo solicitado por el demandante ante la empresa estadal PDVSA no le fue otorgado, y posteriormente, señaló que el comprador había cumplido con su obligación de tramitar por ante la empresa estatal PDVSA y la entidad bancaria Banesco el préstamo hipotecario para la adquisición del inmueble, el cual le fue aprobado.

Destacó el formalizante, que lo establecido por la ad quem es incoherente entre tales aseveraciones, pues asienta que el préstamo solicitado por el demandante de autos para la adquisición del inmueble no le fue otorgado por la empresa estatal PDVSA, y posteriormente concluye que le fue aprobado.

Ahora bien, a fin de verificar lo delatado por el recurrente, la Sala pasa a transcribir la parte pertinente del fallo de la alzada, que señaló lo siguiente:

“…estando dentro de la prórroga del contrato, la vendedora demandada recibió un pago adicional por la venta del inmueble; igualmente de la prueba de informes a PDVSA quedó demostrado, que el ciudadano Ronald Roberto Gómez Loaiza, como trabajador de esa empresa, tramitó préstamo por la cantidad de doscientos diez mil bolívares (Bs. 210.000,00), para la adquisición del inmueble objeto del contrato desde el mes de octubre de 2012, pero que no le fue aprobado el préstamo hipotecario señalado, ya que no continuó con el proceso de Plan de Vivienda, y que consignó la documentación reglamentaria para tramitar el préstamo de vivienda, pero quedó pendiente la consignación del documento de compra venta con constitución de hipoteca de primer grado a favor del Banco Banesco, para posteriormente proceder a elaborar la constitución de hipoteca en segundo grado a favor de PDVSA PETRÓLEO, S.A.; es decir, el préstamo solicitado ante esa empresa estadal no le fue otorgado por faltar el documento definitivo de venta y constitución de hipoteca a favor de BANESCO; asimismo, de la prueba de informes a la oficina del Registro Público Inmobiliario de los Municipios Los Taques y Falcón, se demostró que en fecha veintidós (22) de enero del 2013, fue presentado por el ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA, documento de venta con hipoteca, cuyo enajenante es la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GOMEZ LOAIZA, sobre una vivienda principal, la cual es la misma objeto del litigio; y que el documento N° 29, folios 262 al 273, Protocolo Primero, Tomo 1, Primer Trimestre del año 2013, mediante el cual la ciudadana YSANDRA AUXILIADORA GOMEZ LOAIZA, daba en venta al ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA, una vivienda principal, distinguida con el Nro. 88, situada en la manzana F, de la Urbanización Judibana, Municipio Los Taques del Estado (sic) Falcón, reposa en el tomo supra identificado, con la acotación de que el mismo NO fue otorgado, y que el presentante cumplió con la consignación de todos los recaudos exigidos por la ley, para el otorgamiento del respectivo documento; se (sic) decir, quedó plenamente demostrado en autos que el demandante de autos ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA cumplió con su obligación de tramitar por ante la empresa estadal PDVSA y la entidad bancaria BANESCO, el préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda objeto del contrato, el cual le fue aprobado, y más allá de ello, presentó por ante el Registro Público correspondiente el documento definitivo de compra venta del inmueble; por lo que se concluye que no fue demostrado en consecuencia el incumplimiento por parte de la compradora (sic), hoy demandante…”. (Mayúsculas del fallo, resaltado de la Sala).

 

De acuerdo al fallo antes transcrito, se tiene que la ad quem sostuvo que el demandante no continuó con el proceso de plan de vivienda ante la estatal petrolera y que consignó la documentación requerida para el trámite del préstamo de vivienda, quedando pendiente la consignación del documento definitivo de compra-venta con constitución de hipoteca de primer grado a favor del Banco Banesco, para posteriormente proceder a elaborar la constitución de hipoteca en segundo grado a favor de PDVSA PETRÓLEO, S.A.

Asimismo, la ad quem destacó que de la prueba de informes ante la empresa estatal PDVSA, quedó demostrado que el demandante efectivamente tramitó el préstamo para la adquisición del inmueble, pero que no le fue aprobado el préstamo hipotecario por no consignar como recaudo necesario el documento definitivo de compra-venta y la constitución de hipoteca a favor de la entidad bancaria Banesco.

Ahora bien, la presente delación estriba en que la ad quem sostuvo que el préstamo solicitado por el demandante para la adquisición del inmueble no le fue otorgado por la empresa estatal PDVSA, y posteriormente concluyó en que dicho préstamo fue aprobado.

Así las cosas, del análisis de la situación planteada, la Sala difiere del formalizante en casación, al no evidenciarse la contradicción entre los motivos delatada, pues, el demandante no continuó con el plan de vivienda auspiciado por la estatal petrolera PDVSA, al no poder consignar como recaudo necesario el documento definitivo de compra-venta y la constitución de hipoteca a favor de la entidad bancaria Banesco, motivo por el cual, dicho préstamo que en un principio fue aprobado, posteriormente no pudo ser otorgado por la falta de consignación del documento definitivo de compra-venta como recaudo necesario.

En consecuencia, no se evidenció el vicio de inmotivación que se le imputa a la recurrida, pues los motivos expuestos guardan relación con lo discutido en litis mediante la cual se declaró el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la demandada; los motivos expuestos por la ad quem no se destruyen los unos a los otros por contradictorios, graves o inconciliables; y los mismos no impiden a esta sede de casación conocer el criterio jurídico que siguió la juez de alzada para dictar la decisión hoy impugnada.

Aunado a lo anterior, es menester señalar que la supuesta contradicción delatada es en lo absoluto determinante en el dispositivo de la sentencia, pues, de haberse cometido en nada modificaría el fondo del asunto debatido, que consistió en el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la vendedora demandada en no otorgar el documento definitivo de compra-venta y la posterior entrega material del inmueble negociado.

Motivo por el cual, la Sala desecha la presente delación. Así se declara.

-IV-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación denuncia la infracción por parte de la ad quem de los artículos 12 y 243 ordinal 4° eiusdem, por haber incurrido en el vicio de inmotivación, de acuerdo a lo siguiente:

“…CUARTO

En base a lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la violación de la recurrida de los artículos 12 y 243 -ordinal 4°- del Código de Procedimiento Civil, por incurrir la recurrida en el vicio de inmotivación adoptando modalidad de motivos falsos por la sin razón jurídica que los informa (…).

-I-

Expresa la recurrida que quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación. contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta: y por cuanto fio consta en autos que tal incumplimiento se debe a alguna causa extraña no imputable, no pudiendo excusarse la parte demandada que no dio cumplimiento a sus obligaciones bajo el fundamento que el contrato estaba vencido, y que el demandante no había cumplido oportunamente con sus obligaciones, ya que fue demostrado lo contrario: concluye esta juzgadora que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada, quien está en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble, y hacer entrega material del mismo, tal como indica el artículo 1.264 del Código Civil.

Siendo así, llenos como se encuentran los requisitos para la procedencia de la acción por cumplimiento de contrato, debe declararse la misma con lugar.-

-II-

Es el caso ciudadano Magistrados, que esa recurrida afinca su pronunciamiento de condena contra la demandada, en que por el hecho de que el ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA presentó el documento de compra venta e hipoteca sobre el inmueble objeto del contrato de opción, para su respectivo registro por ante el Registro Público (…),y por ello quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta;…………. (sic) concluye esta juzgadora que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada, quien está en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble, valiéndose de la prueba de informe ya referido de la Oficina (sic) Registral (sic) sobre el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de la escritura en cuestión.-

-III-

Pero es que es tan falso ese supuesto cumplimiento de esos requisitos, que la A Quem (sic) no ha debido sujetarse a dicha prueba de informe y aleladamente considerar que solo falta el otorgamiento del instrumento de venta definitiva y consecuencial entrega del inmueble; sino que ha debido verificar si ciertamente esas era (sic) todas las exigencias administrativas para el otorgamiento, pues en base al PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA se le ha reconocido al Juez (sic) un amplio poder instructivo por lo que se refiere a la norma jurídica aplicable al caso concreto y quien puede………… (sic) aplicar al caso concreto normas de derecho distintas de las alegadas por las partes (…).

-IV-

En tal sentido, el artículo 44 de la Resolución N° 019, mediante la cual se establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de acto (sic) o negocios en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y la Notarías del MINISTERIO DEL PODER POPULAR POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA Y PAZ del 13 de enero de 2014 (publicada en la Gaceta Oficial de la república [sic] Bolivariana de Venezuela N° 40.332 del 13 de enero de 2014), dispone que Para (sic) la tramitación de ventas de derechos y acciones, venta de propiedad unifamiliar, dación de pago por un mismo acreedor hipotecario y aportes, además de los requisitos obligatorios establecidos en esta Resolución (sic) deberán presentarse los siguientes requisitos:………… (sic) 5) Copia del instrumento financiero que sirve de medio de pago del negocio jurídico, el cual nunca fue referido por ese órgano fedatario en su información suministrada al entonces Tribunal (sic) de la causa conociendo en primera instancia; imponiéndosele tanto al A Quo (sic) como a la A Quem (sic), verificar si ciertamente el presentante-demandante-comprador del inmueble, agotó todas (sic) los requisitos y no contemplar una información por demás sesgada en cuanto a las exigencias de Ley (sic) para ese tipo de otorgamiento de escrituras.-

Sin ello no se puede probar y por lo tanto se constituye en un hecho falso, de que el demandante al presentar el instrumento a otorgar ante el Registro (sic) Público (sic), disponía del monto dinerario insoluto del precio convenido, ya que como lo sostuvo la propia recurrida según el informe emanado de PDVSA, el préstamo al demandante no se le otorgó, no se le concedió.-

-V-

Entonces son falsos los motivos de la recurrida que sustentan su conclusión de que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada quien est en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble; todo ello por la sin razón jurídica que los informa pues no se cubrieron los extremos de ley para dicho otorgamiento (faltando la Copia [sic] del instrumento financiero que sirve de medio de pago del negocio jurídico), que por demás demostrara que ciertamente el demandante iba a pagar el precio insoluto de la negociación en ese acto de otorgamiento de la escritura de compra-venta.-

Por tales razones, se solicita se declare procedente la denuncia que antecede…”. (Mayúsculas, resaltado, cursivas y subrayado del texto).

 

La Sala para decidir, observa:

El formalizante fundamentado en el ordinal 1° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, denunció la violación de los artículos 12 y 243, ordinal 4° eiusdem, por haber incurrido la recurrida en el vicio de inmotivación “…adoptando la modalidad de motivos falsos por la sin razón jurídica que los informa…”.

Señaló el formalizante, que la ad quem  condenó a la demandada por el hecho de que el demandante presentó el documento de compra-venta e hipoteca sobre el inmueble ante el Registro Público respectivo, y que por ello quedó probado que la demandada se negó a cumplir con su obligación contractual de otorgar el referido documento, y que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada valiéndose de la prueba de informe de la oficina de registro sobre los requisitos necesarios para el otorgamiento del documento definitivo de compra-venta.

Destacó el formalizante, que es falso ese supuesto cumplimiento de esos requisitos, que la juez de alzada no ha debido sujetarse a dicha prueba de informe y considerar que solo falta el otorgamiento del instrumento de compra-venta definitivo y la entrega del inmueble; sino que ha debido verificar si ciertamente esas eran todas las exigencias administrativas para el otorgamiento del documento.

Además indicó, que el artículo 44 de la Resolución N° 019, establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos o negocios en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz de fecha 13 de enero de 2014, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.332 de fecha 13 de enero de 2014.

Concluyó el formalizante, alegando que son falsos los motivos de la recurrida que “…sustentan su conclusión de que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada quien está en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble; todo ello por la sin razón jurídica que los informa pues no se cubrieron los extremos de ley para dicho otorgamiento…”.

Ahora bien, a fin de verificar lo delatado por el recurrente, la Sala pasa a transcribir la parte pertinente señalada por el formalizante en su denuncia, que señaló lo siguiente:

“…(…) que el ciudadano RONALD ROBERTO GOMEZ PRIMERA presentó el documento de compra venta e hipoteca sobre el inmueble objeto del contrato de opción, para su respectivo registro por ante el Registro Público de los Municipios Falcón y Los Taques del estado Falcón (…)

…Omissis…

(…) quedó plenamente probado en autos que la demandada se ha negado a cumplir con su obligación contractual de otorgar el documento de venta del inmueble ofrecido en venta; y por cuanto no consta en autos que tal incumplimiento se debe a alguna causa extraña no imputable, no pudiendo excusarse la parte demandada que no dio cumplimiento a sus obligaciones bajo el fundamento que el contrato estaba vencido, y que el demandante no había cumplido oportunamente con sus obligaciones, ya que fue demostrado lo contrario; concluye esta juzgadora que tal incumplimiento fue por razones imputables a la parte demandada, quien está en la obligación de cumplir con las obligaciones asumidas en el contrato como es otorgar el documento de venta del inmueble, y hacer entrega material del mismo, tal como indica el artículo 1.264 del Código Civil. Siendo así, llenos como se encuentran los requisitos para la procedencia de la acción por cumplimiento de contrato, debe declararse la misma con lugar…”. (Mayúsculas del fallo).

 

De acuerdo al fallo antes transcrito, se tiene que la ad quem estableció que el demandante presentó el documento de compra venta e hipoteca sobre el inmueble objeto de litigio para su respectivo registro.

Sostuvo la ad quem, que quedó demostrado que la demandada se negó a cumplir con su obligación contractual de otorgar el referido documento de venta del inmueble y que no constó en autos que dicho incumplimiento fue por alguna causa extraña no imputable, “…no pudiendo excusarse la parte demandada que no dio cumplimiento a sus obligaciones bajo el fundamento que el contrato estaba vencido, y que el demandante no había cumplido oportunamente con sus obligaciones, ya que fue demostrado lo contrario…”.

Concluyó la ad quem, en que tal incumplimiento fue por razones imputables a la demandada, quien tenía que cumplir con las obligaciones contractuales de otorgar el documento de venta del inmueble y hacer entrega material del mismo de acuerdo al artículo 1264 del Código Civil y por ello declaró la procedencia de la acción incoada.

Ahora bien, la Sala observa que tal y como se ha establecido en anteriores delaciones en las que el formalizante delató la supuesta inmotivación del fallo por parte de la recurrida, en la presente denuncia los motivos esgrimidos comportan relación absoluta con lo discutido en litis mediante en la cual se declaró el incumplimiento de las obligaciones contractuales de la demandada y por ello declaró la procedencia de la acción incoada, aunado a que los motivos proporcionados por la ad quem no se destruyen los unos a los otros por contradictorios, graves o inconciliables; por lo que se conoce el criterio jurídico y los fundamentos de hecho y de derecho utilizados por la juez de alzada para dictar su decisión.

Por otro lado, es importante aclarar al formalizante que si lo pretendido es combatir el criterio empleado por la ad quem en la valoración de las pruebas de informes efectuada ante la empresa estatal PDVSA y ante la oficina de registro inmobiliario, debió haber realizado la respectiva delación por infracción de ley u otra en la que ataque el error de derecho en el establecimiento de la prueba o en su valoración.

Del mismo modo, respecto a lo que señaló sobre el artículo 44 de la Resolución N° 019, que establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos o negocios en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz, de fecha 13 de enero de 2014, debió realizar la debida denuncia por infracción de ley bien sea por error de interpretación o por falta de aplicación de la referida norma, y en dicho caso la Sala quedaría habilitada para tomar su determinación al respecto, sobre dicho cuerpo normativo de carácter reglamentario, si fuere procedente.

Motivo por el cual, la Sala desecha la presente delación. Así se declara.

RECURSO DE CASACIÓN

POR INFRACCIÓN DE LEY

-I-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación denuncia la infracción por parte de la recurrida, del artículo 1387 del Código Civil, por falta de aplicación, bajo la siguiente fundamentación:

“…PRIMERO

En base a lo previsto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida por la falta de aplicación de la norma, específicamente el artículo 1387 del Código Civil.

-I-

Tal como ha quedado establecido en la recurrida (MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO) y no constituye un hecho controvertido entre las partes, éstas mediante documento autenticado celebró un Contrato (sic) de Opción (sic) de Compra (sic) Venta (sic), con la ciudadana Ysandra Auxiliadora Gómez Loaiza, sobre un (1) inmueble constituido por una unidad de vivienda unifamiliar y la parcela de terreno que ocupa, que el precio convenido para la venta fue por la cantidad, de setecientos treinta mil bolívares (Bs. 730.000,00) y que el comprador le cancelaba a la vendedora la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00), en la debida oportunidad de la firma del referido contrato, dejando como saldo restante la cantidad de quinientos treinta mil bolívares (Bs. 530.000,00), según serian cancelados al momento de la protocolización del documento definitivo de venta.

-II-

Habiendo sido promovidas y evacuadas unas testimoniales en el presente juicio como lo indica el A Quem (sic) (En fecha 16 de marzo de 2015, el Tribunal [sic] de origen, llevó a cabo la evacuación de testigos los ciudadanos Freddys Leomar Duno Perozo, Carmen Alejandra Lugo Lugo y Dilciana Alcira Díaz Hidalgo […]), la misma recurrida procedió a valorar estas testimoniales, se observa que los testigos están contestes en sus dichos relacionados con la necesidad del demandante de autos de adquirir una vivienda para habitarla junto a su grupo familiar, que ha realizado los trámites necesarios a tal fin, y que la vendedora se ha negado a firmar el documento de venta; en tal virtud, se les concede valor a estas declaraciones conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, para demostrar los mencionados hechos.-

-III-

Siendo que dichas pruebas testificales son absolutamente inadmisibles en esta acción ya que en el artículo 1.387 del Código Civil, establece la inadmisibilidad de la prueba de testigo para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o extinguirla, cuando el valor del objeto del contrato o convención exceda de dos mil bolívares, ni para desvirtuar o modificar una convención contenida en documento público o privado. (…).

Es decir, que los artículos 1.387 y 1.389 del Código Civil son claros al prohibir la admisión de testigos para probar la existencia de una convención celebrada, cuando su valor exceda de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00), actualmente dos bolívares (Bs. 2,00) (…) en el entendido que la demanda del actor y la excepción de la demandada se contraen a los cumplimientos e incumplimientos de un contra (sic) de opción de compra-venta cuyo precio es la cantidad de setecientos treinta mil bolívares (Bs. 730.000,00) como lo asienta la recurrida y no lo discuten las partes en conflicto.-

Y sin que en la presente causa sean procedentes las excepciones a esa regla contenida en el artículo 1387 del Código Civil que fuera desaplicado por la recurrida; solicitándose el respectivo pronunciamiento sobre esta denuncia. (…)…”. (Mayúsculas, resaltado, cursivas y subrayado del texto).

 

Para decidir, la Sala observa:

El formalizante en casación, fundamentado en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, delató la infracción por parte de la recurrida, del artículo 1387 del Código Civil, por falta de aplicación,

Señaló el formalizante, que la ad quem le concedió valor probatorio a las pruebas testimoniales promovidas y evacuadas por el demandante, para que rindieran declaración sobre el conocimiento que tenían de su necesidad de adquirir una vivienda familiar y los trámites realizados para tal fin.

Destacó la formalizante, que dichas pruebas testificales son inadmisibles en el presente juicio, pues “…el artículo 1387 del Código Civil, establece la inadmisibilidad de la prueba de testigo para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o extinguirla, cuando el valor del objeto del contrato o convención exceda de dos mil bolívares, ni para desvirtuar o modificar una convención contenida en documento público o privado…”.

Ahora bien, respecto al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica expresa, la misma se produce cuando se niega vigencia a una norma dispuesta para resolver el conflicto, y sobre este particular, esta Sala se ha pronunciado de manera reiterada, señalando que “…si la denuncia está referida al vicio de falta de aplicación de una norma jurídica, es porque ésta, aún cuando regula un determinado supuesto de hecho, se niega su aplicación o subsunción en el derecho, bien porque el juez la considera inexistente, o por desconocimiento de su contenido, o porque presume que no se encontraba vigente, aún cuando ella estuviese promulgada o no hubiese sido derogada. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma, pues, bajo este supuesto, la situación sometida a conocimiento, ha debido ser decidida de conformidad con el precepto legal que efectivamente planteaba la solución y que el juez respectivo no aplicó…”.  (Sentencia N° RC-132 de fecha 1° de marzo de 2012, caso de Eli Lilly And Company contra Laboratorios Leti S.A.V. y otros. Exp. N° 2011-299).

Establecido lo anterior, pasa la Sala a transcribir el artículo 1387 del Código Civil, delatado por falta de aplicación, que textualmente señala lo siguiente:

 

“Artículo 1.387.- No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares.

 

Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese dicho antes al tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor menor de dos mil bolívares.

 

Queda, sin embargo, en vigor lo que se establece en las leyes relativas al comercio”.

 

De acuerdo a lo señalado en la norma antes transcrita, se tiene que la misma establece la inadmisibilidad de la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o extinguirla, cuando el valor del objeto del contrato o convención exceda de la cantidad de dos mil bolívares exactos (Bs. 2.000,00), motivo por el cual, no es admisible la prueba testimonial en razón del monto de la convención para demostrar la constitución, transmisión, modificación y extinción de cualquier negocio jurídico.

Así pues, la Sala respecto a la norma delatada, en sentencia N° RC-418 de fecha 22 de junio de 2017, caso de Fanny Marcano contra Jorge Ortega y otros. Exp. 2016-971, señaló lo siguiente:

 

“…De la norma supra transcrita (artículo 1387 Código Civil) se colige que la inadmisibilidad de la prueba de testigos, viene dada por la imposibilidad de probar en contra de una convención contenida en un documento público o privado, pues el ya nombrado convenio resulta de un acuerdo de voluntades, expresado ante funcionario público…”.

 

Ahora bien, a fin de verificar lo delatado, la Sala procede a transcribir la parte pertinente del fallo de alzada, que textualmente estableció lo siguiente:

 

“…Pruebas aportadas por la parte demandante: (f. 91-125).

…Omissis…

11.- Testimoniales de los ciudadanos Duno Perozo Freddys Leomar, Lugo Lugo Carmen Alejandra y Díaz Hidalgo Dilciana Alcira, quienes en la oportunidad fijada por el Tribunal (sic) de la causa, depusieron al tenor del interrogatorio que se les formuló de la siguiente manera:

- Freddys Leomar Duno Perozo: que no tiene algún interés o impedimento para declarar ante esta causa; que conoce al ciudadano Ronald Gómez; que conoce a la esposa del ciudadano Ronald Gómez; que conoce a los hijos del ciudadano Ronald Gómez; que no es de su conocimiento que los esposos Gómez Hewbure, viven conjuntamente o separadamente, que tiene conocimiento que Ronald Gómez vive en Antigu (sic)o Aeropuerto (sic) y la señora vive en Judibana; que es de su conocimiento que el señor Ronald Gómez está en proceso o trámite de adquirir una vivienda; que es de su conocimiento que el ciudadano Ronald Gómez, se vio en la necesidad de vender su único patrimonio para poder pagar parte de la vivienda; ya que su persona quería optar a la compra de la camioneta que estaba vendiendo, la cual no se pudo realizar la compra debido a que el necesitaba con urgencia el dinero para comprar la vivienda; que no se ha finiquitado el otorgamiento definitivo del documento de propiedad del inmueble objeto de la venta que no se ha firmado, porque tiene el conocimiento de que la señora dueña del inmueble no ha querido firmar, después que se le ha otorgado el préstamo al señor Ronald Gómez; que el ciudadano Ronald Gómez trabaja en PDVSA (sic) (f. 152) (sic).

- Carmen Alejandra Lugo Lugo: que no tiene impedimento para declarar ante esta causa; que conoce al ciudadano Ronald Gómez, que conoce a la esposa del ciudadano Ronald Gómez; que conoce los hijos del ciudadano Ronald Gómez; que los esposos Gómez Hewbure viven separados; que el señor Ronald Gómez está en proceso o trámite de adquirir una vivienda; que el ciudadano Ronald Gómez, se vio en la necesidad de vender su único patrimonio para poder pagar parte de la vivienda; que el ciudadano Ronald Gómez trabaja en PDVSA (sic); que el señor Ronald Gómez vive en Antiguo (sic) Aeropuerto (sic) y su esposa en Judibana; que el documento definitivo de la venta de la casa que está adquiriendo el demandante de autos no se ha terminado de firma por que la señora que está vendiendo la casa no ha querido firmar, que el ciudadano Ronald Gómez, ha insistido en reintegradas oportunidades a la demandada para que le firme el documento de venta (f. 153) (sic).

- Dilciana Alcira Dia (sic)z Hidalgo: que no tiene impedimento para declarar ante esta causa; que conoce al ciudadano Ronald Gómez; que conoce a la esposa del ciudadano Ronald Gómez; que conoce los hijos del ciudadano Ronald Gómez; que los esposos Gómez Hewbure, viven separadamente; que el señor Ronald Gómez está en proceso o tramite de adquirir una vivienda; que el ciudadano Ronald Gómez, se vio en la necesidad de vender su único patrimonio para poder pagar parte de la vivienda; que sabe dónde trabaja el ciudadano Ronald Gómez; que sabe donde vive el ciudadano Ronald Gómez y su esposa; el señor Ronald Gomez en antiguo Aeropuerto (sic) y su esposa en Judibana; que no se afirmado el documento definitivo de la venta de la casa que esta adquiriendo el demandante de autos, porque no le han querido firmar; que el ciudadano Ronald Gómez, ha insistido en reiteradas oportunidades a la demandada para que le firme el documento de venta (f. 154) (sic).

Para valorar estas testimoniales, se observa que los testigos están contestes en sus dichos relacionados con la necesidad del demandante de autos de adquirir una vivienda para habitarla junto a su grupo familiar, que ha realizado los trámites necesarios a tal fin, y que la vendedora se ha negado a firmar el documento de venta; en tal virtud, se les concede valor a estas declaraciones conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, para demostrar los mencionados hechos…”.

 

De acuerdo con lo antes transcrito, se tiene que el ad quem luego del estudio y análisis de las deposiciones de los testigos promovidos por el demandante, determinó que estuvieron contestes en sus declaraciones sobre la necesidad del demandante de adquirir una vivienda familiar, que realizó los trámites pertinentes para comprarla y que la vendedora se había negado a suscribir el documento de compra-venta definitivo del inmueble; y por ello, le concedió valor probatorio a estas declaraciones conforme al artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, para demostrar los hechos mencionados.

En el caso bajo examen, las referidas declaraciones de los testigos promovidos y evacuados, en lo absoluto contrarían o modifican la voluntad contractual prevista en el documento de opción de compra venta del inmueble objeto de litigio, pues las deposiciones de los testigos fueron dirigidas a verificar la necesidad del demandante de obtener el inmueble para uso familiar y que por ello efectuó los trámites apropiados para adquirirla, además, que se estableciera que la demandada no había otorgado el documento definitivo traslativo de propiedad del inmueble negociado.

Ante esta situación, la Sala estima que la ad quem no incurrió en el delatado vicio, pues, la prueba testimonial en lo absoluto estuvo dirigida para demostrar la constitución, transmisión, modificación y extinción del negocio jurídico efectuado por las partes procesales, respecto al bien inmueble objeto de litigio.

Razón suficiente para concluir, que en el fallo recurrido la ad quem no incurrió en la infracción por falta de aplicación del artículo 1387 del Código Civil, y por ello, esta Sala declara la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

-II-

De conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante en casación delató la infracción por parte de la recurrida, de los artículos 1160, 1211 y 1264 del Código Civil, por falta de aplicación, alegando lo que a continuación se transcribe:

 

“…En base a lo previsto en el ordinal 2°del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción en la recurrida por la falta de aplicación de la norma, específicamente el artículo 1160, 1211 y 1264 del Código Civil.

En efecto, establece la norma sustantiva en el Artículo (sic) 1.160 que: (…).

Artículo 1.264.- (…).

Artículo 1.211.- (…).

En el caso concreto los contratos de opción a compra, como ha quedado establecido anteriormente, son actos preparatorios del contrato futuro de venta, en el cual se difiere el momento del pago del mismo por un lapso.

El caso es que en dicho lapso las partes se obligan recíprocamente a vender y mantener el precio del inmueble, por un lado, y por el otro, a pagar el precio, ahora bien, el lapso fijado es aquel en el cual durara la vigencia del contrato, siendo que al cumplirse el plazo, sin que se hayan cumplido las obligaciones, el contrato fenece y las obligaciones se extinguen. La opción a compra es un acto preparativo del contrato con una vigencia programada en cuyo caso de cumplir el termino sin que la parte haya pagado el precio, el contrato se extingue. Por esta razón, los contratos de opción de compra cuyo lapso ha fenecido no son objeto de resolución por incumplimiento, y así solicito sea declarado por esta Sala…”. (Mayúsculas, resaltado, cursivas y subrayado del texto).

 

Para decidir, la Sala observa:

El formalizante en casación, fundamentado en el ordinal 2° del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, delató la violación por parte de la recurrida, de los artículos 1160, 1211 y 1264 del Código Civil, por falta de aplicación.

Señaló el formalizante, que los contratos de opción de compra-venta, son actos preparatorios del contrato futuro de venta, en el cual se difiere el momento del pago del mismo por un lapso.

Concluyó el recurrente en casación aduciendo, que “…en dicho lapso las partes se obligan recíprocamente a vender y mantener el precio del inmueble, por un lado, y por el otro, a pagar el precio, ahora bien, el lapso fijado es aquel en el cual durara la vigencia del contrato, siendo que al cumplirse el plazo, sin que se hayan cumplido las obligaciones, el contrato fenece y las obligaciones se extinguen…”.

Ahora bien, en cuanto a la correcta formulación de una denuncia por infracción de ley, esta Sala ha establecido entre otras, en sentencia Nº RC-400, de fecha 1 de noviembre de 2002, caso de Omar Morillo contra Mitravenca, C.A., y otra, expediente Nº 2001-268, lo siguiente

“…El formalizante debe: a) encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil; b) especificar qué normas jurídicas resultaron infringidas y cuál de las hipótesis previstas en el mentado ordinal 2º del artículo 313, es la que se pretende denunciar por errónea interpretación, falsa aplicación, falta de aplicación o violación de una máxima de experiencia; c) expresar las razones que demuestren la existencia de la infracción, esto es, explicar de forma clara y precisa cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo, de conformidad con lo previsto en el único aparte del artículo 313 eiusdem; y d) especificar las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas...”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

 

En la presente denuncia, se observa que la misma se contrae a señalar la falta de aplicación de normas expresas, y en cuanto a los requisitos para la formulación de dicho vicio, los mismos se explicaron de forma clara en la jurisprudencia transcrita, debiendo determinar esta Sala, que no es equivalente la especificación de la norma delatada por falta de aplicación, que la especificación de las normas jurídicas que el tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia, e indicar las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas, carga de la cual no hizo fundamentación alguna el recurrente en casación en la denuncia en estudio.

Aunado a lo anterior, el formalizante tampoco señaló las razones que demuestren la existencia de la supuesta infracción cometida en la recurrida, como es, la explicación clara y precisa de cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción cometida, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo.

Al respecto de la especificación antes citada, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en sentencia Nº 74 de fecha 30 de enero de 2007, en la demanda de nulidad por razones de inconstitucionalidad del ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, estableció lo que a continuación se transcribe:

“…Nulidad del ordinal cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.

En segundo lugar, la parte actora peticionó la nulidad del artículo 317, ordinal 4º, del Código de Procedimiento Civil. Para ello sostuvo que la norma jurídica objeto de impugnación es contraria a los artículos 26 y 257 de la Constitución (…)

La norma cuya nulidad por inconstitucionalidad se denunció establece que:

Artículo 317: “Admitido el recurso de casación, o declarado con lugar el de hecho, comenzarán a correr, desde el día siguiente al vencimiento de los diez (10) días que se dan para efectuar el anuncio en primer caso, y del día siguiente al de la declaratoria con lugar del recurso de hecho en el segundo caso, un lapso de cuarenta (40) días, más el término de la distancia que se haya fijado entre la sede del Tribunal que dictó la sentencia recurrida y la capital de la República, computado en la misma forma, dentro del cual la parte o partes recurrentes deberán consignar un escrito razonado, bien en el Tribunal que admitió el recurso, si la consignación se efectúa antes del envío del expediente, o bien directamente en la Corte Suprema de Justicia, o por órgano de cualquier juez que lo autentique, que contenga en el mismo orden que se expresan, los siguientes requisitos: (...)

4° La especificación de las normas jurídicas que el Tribunal de última instancia debió aplicar y no aplicó, para resolver la controversia, con expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dichas normas. (...).” 

Después del establecimiento de que la técnica de formalización del recurso de casación no es contraria a los principios y valores constitucionales, la Sala Constitucional hará seguidamente, a propósito del planteamiento de la parte actora, un análisis del contenido concreto y las consecuencias jurídicas que se deducen del ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil (…)

De acuerdo con esta disposición, si el escrito de formalización del recurso de casación no indica o yerra en la indicación de la norma jurídica que debió ser aplicada en el caso concreto por el tribunal de alzada, ésta sería razón suficiente para la aplicación de la sanción de perecimiento del recurso de casación que preceptúa el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, el cual, a su vez, ordena lo siguiente:

‘Se declarará perecido el recurso, sin entrar a decidirlo, cuando la formalización no se presente en el lapso señalado en el artículo 317, o no llene los requisitos exigidos en el mismo artículo.’

La exigencia de la especificación de la norma que en su decisión el Juez debió aplicar y no aplicó para la composición del conflicto forma parte de la técnica de formalización de los recursos de casación cuyo fundamento se encuentra en otro principio rector del proceso civil, cual es, el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual se exige el apego a ciertas formas que se encuentran establecidas en el orden jurídico y en la medida en que esas formas no sean inútiles, la justicia no se verá sacrificada. A esto hace referencia el artículo 257 del texto constitucional y no a la falta de significación de las formas procesales, ya que el acceso a la jurisdicción no tiene carácter absoluto y una de sus limitantes es el apego a las formas bajo las cuales los procesos han sido diseñados.

Así, la exigencia de la denuncia concreta de las normas que ha debido aplicar el juez en su decisión, ya se ha dicho, es consecuencia de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el cual abre un conocimiento que está limitado al fallo que se impugna y a la denuncia que se formula y su justificación radica en que, de esa manera, no sólo se facilita la tarea del juzgador sino que se centra el ataque al veredicto en un agravio específico que surge del error en la interpretación o valoración de la ley que se refleja en el dispositivo del acto de juzgamiento que se cuestionó.

La Sala considera que la exigencia de la especificación de las normas jurídicas que el Juez debió aplicar y no aplicó, con la expresión de las razones que demuestren la aplicabilidad de dicha regla, tal y como lo exige el ordinal cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, no contradice los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que proclaman la tutela judicial efectiva, la concepción del proceso como un instrumento de realización de la justicia y la exclusión de los formalismos inútiles.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional desestima la denuncia de inconstitucionalidad del ordinal 4° del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara. (Resaltados del fallo).

 

En tal sentido, esta Máxima Jurisdicción, está encomendada en vigilar y corregir la aplicación del derecho, y en tal virtud, determinar si los jueces de instancia cumplieron en el desarrollo de su función sentenciadora con todos los preceptos legales, así pues, en ejercicio de la facultad otorgada por el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, puede excepcionalmente la Sala descender a las actas procesales y realizar sobre ellas una revisión exhaustiva, siendo necesario para ello que los formalizantes en sus escritos cumplan con determinados requisitos que este Tribunal Supremo de Justicia, ha estatuido mediante su reiterada y pacífica doctrina.

En el presente caso, se observa que aún cuando el formalizante indicó las normas cuya falta de aplicación delata, no realizó una explicación motivada que demuestre las razones por las cuales considera su aplicación, limitándose de forma imprecisa, vaga y muy genérica a fundamentarse en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, sin indicar a la Sala las actas o instrumentos del expediente que a su criterio deben ser examinados por esta Suprema Jurisdicción Civil.

En consecuencia, de conformidad con lo anteriormente expuesto, la presente denuncia por infracción de ley delatada por el formalizante no contiene los elementos mínimos de fundamentación que podrían permitir su análisis en sede casacional y, por vía de consecuencia, la Sala la desecha por inadecuada formulación, así como declara sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto por la demandada. Así se decide.

D E C I S I Ó N

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la demandada, contra el fallo emanado del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 13 de marzo de 2017.

Se CONDENA EN COSTAS del recurso extraordinario de casación a la demandada recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil dieciocho. Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.

Presidente de la Sala y ponente,

 

 

_____________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

_____________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrado,

 

 

 

___________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

__________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrada,

 

 

 

_________________________________

                                               MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

_______________________________

MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

 

 

Exp. AA20-C-2017-000453

 

Nota: Publicada en su fecha a las (   )

 

 

 

Secretaria Temporal,

 

 

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias