Venley

Sentencia N.º RC.000362

Sentencia
N.º RC.000362
Fecha
07/06/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
16-842
Ponente
Francisco Velázquez Estévez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2016-000842

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

En el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales extrajudiciales, incoado por el ciudadano BERNARDO PRIWIN AGUERREVERE, actuando en su propio nombre y representación, así como en su carácter de socio y miembro del comité administrador de la ASOCIACIÓN CIVIL PROFESIONAL MATA BORJAS, PRIWIN & FERRERAS, representada judicialmente por los abogados en ejercicio de su profesión Francisco Jiménez Gil, Julio César Pérez Palella, David Goncalves Fernandes, Claudio Turola García, Miriam Carolina González Rodríguez, Norka Mujica Sánchez, María Antonietta Bracamonte Goncalves y Eduardo Trujillo Ariza, contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN VADIHER C.A., y el ciudadano JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO, representados por los apoderados judiciales René Plaz Bruzual, Enrique Itriago, Eduardo Michelena de la Cova, Santos Alberto Michelena de la Cova, Alberto José Pacheco M., Valentina Guzmán y Rafael Rosendo Medina Morales; el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 29 de julio de 2016, declarando con lugar el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte actora, improcedentes los alegatos de perención de la instancia e inepta acumulación de pretensiones alegada por la parte demandada y con lugar la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados, revocando así la decisión proferida el 23 de septiembre de 2015, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

Contra la referida decisión de alzada, la representación judicial de la parte demandada anunció recurso de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica.

Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades de ley, correspondió la ponencia al Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo y en consecuencia pasa a decidirlo en los términos que a continuación se expresan:

 

 

PUNTO PREVIO

 

Alega el formalizante como punto previo de su escrito de formalización, la existencia de una competencia funcional en la Sala de Casación Penal para conocer y decidir la presente causa en razón de tratarse “…de un juicio por Estimación (sic) e Intimación (sic) de honorarios profesionales por actuaciones realizadas, muchas de ellas ante un Juzgado (sic) con competencia en lo penal o ante una fiscalía del Ministerio Público, también con competencia en lo penal, con motivo de varias investigaciones criminales, lo que determina que exista una competencia funcional en la Sala de Casación Penal...”.

En tal sentido, solicitan a esta Sala decline su competencia a favor de la Sala cúspide de la jurisdicción Penal, con fundamento en la doctrina vertida por esta Sala en sentencia N° 884 de fecha 13 de agosto de 2004, según la cual “…cuando se pretende el cobro de honorarios profesionales generados por actos realizados en sede judicial deviene una competencia funcional, según la cual, será competente para conocer, en principio, de este tipo de pretensiones aquél (sic) tribunal donde cursen las actuaciones que hayan generado el derecho al cobro de los honorarios reclamados, salvo los supuestos que esta Sala ha determinado al respecto en su doctrina…”.

No obstante lo expuesto, resulta pertinente precisar que el asunto de autos versa sobre una reclamación de cobro de honorarios profesionales causados extrajudicialmente, y no en sede judicial como lo refiere el anterior criterio jurisprudencial, razón por la cual, a tenor de lo previsto en el propio artículo 22 de la Ley de Abogados, “…[c]uando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal (sic) Civil (sic) competente por la cuantía...”.

Siendo así, resulta forzoso concluir en la competencia de esta Sala de Casación para conocer del presente asunto sustanciado en sede civil en armonía con lo señalado en la norma en referencia, y en consecuencia, declara improcedente la solicitud planteada por la parte recurrente en casación, en razón de no existir tal competencia funcional. Así se señala.

 

RECURSO POR DEFECTOS DE ACTIVIDAD

-I-

 

Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en la cual el formalizante denuncia la infracción de los artículos 15 y 267 eiusdem, por haber quebrantado el juzgador de alzada una forma sustancial del proceso en menoscabo del derecho a la defensa.

Sostiene el formalizante:

“…PRIMERA DENUNCIA

Con fundamento en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción del Artículo (sic) 15° del mismo Código (sic), en concordancia con el ordinal 1° del Artículo (sic) 267° ejusdem, por cuanto el sentenciador de Alzada (sic) quebrantó una forma sustancial del proceso en violación del derecho de defensa.

Establece el ordinal 1° del Artículo (sic) 267° del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

(…Omissis…)

En el Escrito (sic) de Solicitud (sic) de Nulidad (sic) de todos los Actos (sic) Procesales (sic) y de Inadmisibilidad (sic) de la Demanda (sic) por Acumulación (sic) de Pretensiones (sic) con Procedimientos (sic) Incompatibles (sic) de fecha 27 de noviembre de 2.014, solicitamos al Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, como Tribunal (sic) de la causa, se sirviera declarar la extinción de la instancia, por los siguientes razonamientos:

El día 10 de octubre de 2008, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas admitió la demanda que por Estimación (sic) e Intimación (sic) de Honorarios (sic) Profesionales (sic) por actuaciones judiciales y extrajudiciales intentara el Ciudadano (sic) BERNARDO PRIWIN AGUERREVERE y la Asociación (sic) Civil (sic) MATA BORJAS, PRIWIN & FERRERAS en contra de la sociedad mercantil CORPORACIÓN VADIHER, C.A. y el Ciudadano (sic) JOSÉ IGNACIO VADILLO, siendo el caso que a partir de la fecha del auto de admisión de la demanda, vale decir, el día 10 de octubre de 2.008 (sic), transcurrieron gruesamente más de treinta días sin que la Parte (sic) Pretensionante (sic) hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley (sic) para que sea practicada la citación de los demandados, es decir, dar cumplimiento, entre otros, a los Artículos (sic) 340° del Código de Procedimiento Civil y 12° de la Ley de Arancel Judicial, para no ser objeto de la sanción prevista en el Artículo (sic) 267°, numeral 1° del Código de Procedimiento Civil. Así transcurrieron más de treinta (30) días a partir del 10 de octubre de 2.008 (sic), sin que la Parte (sic) Pretensionante (sic) indicara al Tribunal (sic) en el Escrito (sic) Libelar (sic), ni en posteriores actuaciones la dirección o el lugar donde el Juez (sic) debía ordenar se practicara la intimación de los co-litigados, apareciendo sólo en el acto de la contestación de la demanda un domicilio procesal de la parte demandada, de obligatoria indicación, de conformidad con lo previsto en el Artículo (sic) 174° del Código de Procedimiento Civil, momento en el cual el Juez (sic) de la causa de aquel entonces se informó por vez primera de alguna dirección o lugar donde debía practicarse la intimación de los Pretensionados (sic) y sin traer a los autos la Parte (sic) Actora (sic) las copias del libelo de la demanda y de su auto de admisión, en fotostatos, ni consta en las actas que conforman el expediente, que en los treinta días siguientes al 10 de octubre de 2.008, fecha de la admisión de la demanda, se presentaren actuaciones o diligencias en las que se pusieran a la orden del Alguacil (sic) los medios y recursos necesarios para lograr la intimación de la parte demandada, ni dentro de los treinta días siguientes al 10 de octubre de 2.008, fecha de la admisión de la demanda, consta en las actas que se produjera la actuación del Ciudadano (sic) Alguacil (sic) declarando haber recibido los emolumentos para su traslado a los fines de practicar la intimación, todo lo cual también será constatado por la Sala al momento de concluir el estudio de las actas procesales y realizar el escrutinio técnico-procesal correspondiente.

Fue apenas el día 25 de noviembre de 2.008 (sic), como consta del folio 98 del expediente, que el Abogado (sic) Francisco Jiménez Gil, cuando ya habían transcurrido más de treinta días del auto de admisión de la demanda, ocurrió por ante el Juzgado Séptimo y declaró poner a disposición los medios de transporte y emolumentos para intimación de los demandados, cuando ya había acaecido la extinción de la instancia, sin indicar en aquella actuación del 25 de noviembre de 2.008 (sic), ni en ninguna otra, el domicilio de los demandados, donde practicarse su intimación.

A estas alturas del iter procesal no saben los Jueces (sic) ni las partes, de donde sacó el Alguacil (sic) la información de la dirección de la Parte (sic) Pretensionada (sic) para la práctica de la intimación, porque a lo largo del juicio dicha dirección no fue suministrada por la Parte (sic) Actora (sic), ni, como es lógico, pudieron librarse las compulsas correspondientes, sin conocer el Tribunal (sic) en qué dirección o lugar debía practicarse la intimación de los demandados.

La obligación del Alguacil (sic) de declarar haber recibido los emolumentos es de impretermitible cumplimiento y no puede suplirse con la declaratoria de la Parte (sic) Actora (sic), por lo que se produjo la Extinción (sic) de la Instancia (sic), a tenor de lo establecido en el ordinal 1° del Artículo (sic) 267° del Código de Procedimiento Civil.

(…Omissis…)

Es el caso que el Tribunal (sic) Superior (sic) Quinto (sic), en la recurrida infringió la forma procesal establecida en el ordinal 1° del Artículo (sic) 267° del Código de Procedimiento Civil, cuando en la recurrida declara lo siguiente:

(…Omissis…)

Al declarar la recurrida la improcedencia de la Solicitud (sic) de Extinción (sic) de la Instancia (sic), llamada también Perención (sic) Breve (sic), se menoscabó el derecho de defensa de nuestros Patrocinados (sic) Procesales (sic), porque siendo la perención de eminente orden público, no puede interpretarse que la falta de cumplimiento de los demandantes de sus obligaciones de suministrar al Alguacil (sic) los emolumentos necesarios para su traslado a los fines de la práctica de la citación de los demandados y la falta de indicación al Tribunal (sic) de la dirección donde debe practicarse el acto comunicacional de la citación, pueda suplirse con una solicitud de entrega de los recaudos como se establece en el Artículo (sic) 345° del Código de Procedimiento Civil, solicitud ésta (sic) que no interrumpe el transcurso de la perención breve cuando la Parte (sic) Actora (sic) incumplió con su obligación de suministrar al Alguacil (sic) los emolumentos para su traslado y dejó de indicar la dirección donde tenía que practicarse la citación, por una parte, y por la otra el proveimiento de la solicitud de la práctica de la citación de acuerdo al Artículo (sic) 345° del Código de Procedimiento Civil, no constituye un acto procesal capaz de interrumpir el tránsito del lapso de perención del ordinal 1° del Artículo (sic) 267° del Código (sic) Adjetivo (sic), por lo que la recurrida quebrantó una forma sustancial del proceso en violación del derecho de defensa.

(…Omissis…)

En el mismo sentido, la indicación del domicilio de los demandados constituye una obligación impuesta en la Ley (sic) para lograr la citación ordenada, cuyo incumplimiento determina la perención breve de la instancia, si hubieren transcurrido treinta días contados a partir de la admisión de la demanda, cuyo incumplimiento determina la perención breve de la instancia por mandato del ordinal 1° del Artículo (sic) 267° del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ha establecido en varias oportunidades esta misma Sala de Casación Civil en múltiples sentencias, N entre las cuales podemos indicar el fallo del 29 de octubre de 2.004, N° 01-291, en el juicio J. A. Rincón contra E. Núñez…”.

 

Denuncia el formalizante que la sentencia recurrida quebrantó formas esenciales del procedimiento que generaron indefensión, al no decretar la perención breve de la instancia prevista en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aun cuando a partir del auto de admisión de la demanda transcurrieron más de 30 días sin que la parte actora hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación de los demandados, lo que genera la extinción de la instancia.

Arguye concretamente que los demandantes en el lapso referido no indicaron la dirección o el lugar donde el juez debía ordenar se practicara la intimación de los demandados, no consignaron las copias del libelo y el auto de admisión, ni consta que hayan entregado al alguacil los emolumentos necesarios para lograr la intimación.

Para decidir la Sala observa:

El ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece lo siguiente:

“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”.

 

La anterior disposición consagra la institución de la perención de la instancia la cual ha sido catalogada en reiteradas oportunidades por esta Sala como una institución de orden público que “…se traduce en una sanción que produce el declive del juicio como consecuencia de la inactividad de las partes, quienes durante el transcurso de un tiempo previsto en la ley, no impulsan el proceso ocasionando su extinción…” (Vid. sentencia N° 006, de fecha 17 de enero de 2012, caso: Vicente Ríos Castillo y otra, c/ Hippocampus Vacation Club, C.A. y otros).

La perención breve prevista en el ordinal 1° de la norma en referencia, se verifica cuando la parte actora incumple con las obligaciones legalmente establecidas para llevar a cabo la citación de la parte demandada dentro del lapso de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, obligaciones estas que han sido claramente determinadas, entre otros, en fallo N° 537 de fecha 6 de julio de 2004, reiterado en sentencia N° 548, de fecha 6 de agosto de 2012, caso: Saide Rita Zaine Chidiac, c/Emilio Kabbabe Chendi, consistentes en lo siguiente:

-La obligación de suministrar la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar.

-La elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo y libramiento de boleta de citación; y,

-La presentación de diligencias en las que ponga a la orden del alguacil tanto las referidas compulsas como los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal.

Ahora bien, con la finalidad de verificar la procedencia del vicio denunciado, esta Sala estima necesario realizar un recuento de las actuaciones procesales, y a tal efecto observa lo siguiente:

En fecha 23 de septiembre de 2008, el ciudadano Bernardo Priwin Aguerrevere y la Asociación Civil Profesional Mata Borjas, Priwin & Ferreras, demandaron por el procedimiento breve, el cobro de honorarios profesionales a la sociedad mercantil Corporación Vadiher C.A., y al ciudadano José Ignacio Vadillo Herrero.

Mediante auto de fecha 10 de octubre de 2008, folio 86 de la primera pieza del expediente, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la demanda y ordenó intimar a los demandados a fin de que comparecieran a dar contestación a la demanda al segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado la última de las intimaciones acordadas.

Mediante diligencia de fecha 13 de octubre de 2008, folio 87 de la primera pieza del expediente, la actora consignó fotostatos con la finalidad de que se librara la compulsa de citación de los demandados.

En fecha 29 de octubre de 2008, el secretario del tribunal dejó constancia de haber librado las referidas boletas de intimación.

En fecha 5 de noviembre de 2008, el apoderado judicial de la parte demandante presentó diligencia solicitando le sean entregadas las compulsas a los fines de gestionar la citación mediante otro alguacil o notario, de conformidad con lo previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

El 17 del mismo mes y año, el juez de la causa ordenó hacer formal entrega de las referidas boletas al diligenciante.

El 10 de diciembre de 2008, la representación judicial de la parte actora consignó las resultas del trámite de intimación y solicitó se acuerde el complemento de la citación mediante el traslado del secretario de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de haberse negado el intimado a firmar la boleta de intimación.

De las resultas del trámite de intimación que corren insertas del folio 97 al 102 de la primera pieza del expediente, se desprende que el día 25 de noviembre de 2008, la parte actora consignó las compulsas libradas y puso a disposición del alguacil los medios de transporte y emolumentos para la realización del acto de intimación y que el 9 de diciembre de 2008, el alguacil del tribunal dejó constancia de haber intimado al ciudadano José Ignacio Vadillo Herrero quien se negó a firmar las respectivas boletas de intimación.

En fecha 6 de julio de 2009, se produjo el abocamiento de un nuevo juez a la causa.

En fechas 14 y 23 de julio de 2009, la parte actora solicitó nuevamente al tribunal “complementar la citación personal” de la parte demandada

Por auto del 28 de septiembre de 2009, se acordó lo peticionado y en fecha 14 de octubre de 2009, la secretaria del tribunal dejó constancia de haber fijado la señalada boleta de intimación en la siguiente dirección: Torre Humboldt, nivel Terraza, oficina T-E-12.

En fecha 16 de octubre de 2009, siendo la “…oportunidad fijada por el Tribunal (sic) para que tenga lugar el acto de contestación de la demanda…”, se dejó constancia de la presencia de la abogada Laura María Esther Veiga Hernández, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, así como del abogado Bernardo Priwin y Francisco Virgilio Jiménez Gil, como representantes del actor.

En tal oportunidad procesal, la abogada de la parte demandada presentó escrito mediante el cual opuso la cuestión previa prevista en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y consignó poder acreditando su representación.

En fecha 19 de octubre del mismo año, el tribunal de la causa se pronunció sobre la cuestión previa opuesta declarando con lugar la prejudicialidad alegada.

En fecha 21 de octubre de 2009, la parte demandada presentó escrito de contestación a la intimación de honorarios propuesta, y no es sino hasta el día 27 de noviembre de 2014, cuando la representación judicial de la parte demandada presentó escrito alegando la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación, solicitó por vez primera se declare la perención breve de la causa y requirió asimismo se declare la perención anual de la instancia.

En fecha 23 de septiembre de 2015, el tribunal de la causa dictó sentencia declarando la inepta acumulación de pretensiones alegada y en consecuencia inadmisible la demanda, sentencia cuya apelación fue declarada con lugar mediante fallo de fecha 29 de julio de 2016 que, en relación con el alegato de perención breve de la instancia sostuvo:

“…el fundamento de la perención de la instancia reside en dos motivos; de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso procesal; y del otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces función jurisdiccional innecesaria; de esto se colige que la perención constituye un acto procesal sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia (…).

(…Omissis…)

(…) Ahora bien, tal como se indico ut-supra, en el caso bajo estudio, la demandada, solicitó la perención breve de la instancia, con fundamento en el hecho que transcurrió un lapso de más de treinta (30) días, a contar desde que el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ordenó la citación de los demandados, sociedad mercantil CORPORACIÓN VADIHER, C.A., y el ciudadano JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO; esto fue, el 10 de octubre de 2008, hasta el 25 de noviembre de 2008, sin que la parte actora diera cumplimiento a las obligaciones que le impone la ley para la práctica de la citación del demandado; lo que en su criterio consistía además de aportar los emolumentos necesarios para el traslado del alguacil, en suministrar la dirección o domicilio de los demandados donde tendría que trasladarse el alguacil para la práctica de las citaciones ordenadas (…).

(…Omissis…)

De la reseñas de las actuaciones procesales efectuadas por la parte actora, luego de admitida la demanda, concluye este jurisdicente que la demandada yerra al solicitar la perención de la instancia en atención al ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por la falta de cumplimiento de la demandante de sus obligaciones de suministrar al alguacil los emolumentos necesarios para su traslado a los fines de la práctica de la citación de los demandados y la dirección donde practicar el acto comunicacional; pues, de las actuaciones procesales efectuadas, se constata que la parte demandante, interrumpió el transcurso de la perención breve cuando peticionó le fuesen entregadas las compulsas para gestionar la citación de los demandados por medio de otro alguacil o notario, de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, lo que realizó en tiempo útil; esto fue, el 5 de noviembre de 2008, ahora bien, que luego de efectuada tal solicitud, el tribunal de la causa, la haya proveído el 17 de noviembre de 2008 y que la solicitud de práctica de citación, de conformidad con la norma adjetiva mencionada, haya sido interpuesta por ante el alguacil del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, el 25 de noviembre de 2008, no implica que se haya verificado la perención breve de la instancia, pues, como ya se expresó, ésta (sic) quedó interrumpida el 05 (sic) de noviembre de 2008, lo que conlleva la improcedencia de la perención solicitada. Así formalmente se decide…”. (Negrillas del texto transcrito).

 

Ahora bien, aprecia esta Sala, tal como lo sostuvo el juez de alzada, que la parte actora estando en tiempo útil, es decir, dentro de los 30 días siguientes al auto de admisión de la demanda, consignó los fotostatos para la elaboración de las compulsas y solicitó le fueran entregadas las mismas a los fines de gestionar la intimación de los demandados por medio de otro alguacil o notario, de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, observa en efecto que no consta en el expediente que la parte actora haya cumplido con su obligación de suministrar la dirección donde habría de practicarse la intimación de los demandados y que la intimación realizada de conformidad con el artículo 345 de la ley civil adjetiva, se llevó a cabo fuera del lapso de 30 días establecido en la ley en razón de haber proveído el tribunal la compulsa fuera de dicho lapso.

No obstante lo expuesto, de las resultas de la intimación se constata que la parte actora entregó al alguacil los emolumentos necesarios para su traslado, asimismo, se evidencia que el alguacil del tribunal comisionado logró intimar al ciudadano José Ignacio Vadillo Herrero, en su carácter de representante judicial de la empresa codemandada y en su propio nombre, mas este se negó a firmar las respectivas boletas de intimación y, posteriormente, se constata que la secretaria del tribunal acudió a la Torre Humboldt, nivel Terraza, oficina T-E-12, donde fijó el cartel de intimación.

Aunado a lo expuesto, aprecia esta Sala que la parte demandada compareció efectivamente en la oportunidad fijada por el tribunal para que tuviera lugar el acto de contestación de la demanda, oportunidad en la que opuso la cuestión previa de prejudicialidad prevista en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, la cual fue declarada con lugar, contestó la demanda, promovió pruebas, apeló del auto de admisión de pruebas, todo ello en el ejercicio pleno de su derecho a la defensa.

De lo expuesto esta Sala puede constatar el evidente interés de la parte actora en impulsar la citación, así como el de los demandados en darle continuidad al trámite procesal; de igual manera, resulta innegable para esta Sala que los demandados tuvieron pleno conocimiento de la existencia del juicio instaurado en su contra y ejercieron a cabalidad su derecho a la defensa, siendo que efectivamente el lapso de perención breve se interrumpió el 5 de noviembre de 2008, cuando la parte actora diligenció solicitando le fuesen entregadas las compulsas para gestionar la citación de los demandados por medio de otro alguacil o notario, estando dentro del lapso de 30 días siguientes al auto de admisión de la demanda. (Así lo ha sostenido esta Sala, entre otras, en sentencia N° 59 del 8 de marzo de 2017, caso: Honoria María López y otros, c/ Proyectos Valcor, C.A.).

Resulta necesario remembrar que si bien es cierto que “…los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales…”, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, y que la nulidad de los actos se declarará “…en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez…”, tal como lo prevé el artículo 206 del mencionado cuerpo adjetivo, no puede olvidarse que el último aparte del referido artículo 206 señala que “…en ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado…”.

Sobre este particular, esta Sala, en sentencia N° 77, de fecha 4 de marzo de 2011, caso: Aura Giménez Gordillo, c/ Daismary José Sole Clavier, ha expresado que “…la participación de la parte demandada en las etapas del proceso, pone en evidencia el cumplimiento de los actos procesales tendentes a lograr la citación de la parte actora, así como la intención de impulsar el proceso hasta su conclusión, y en virtud de ello, no puede ser cuestionado la inobservancia de la forma de un acto procesal cuando este haya alcanzado su finalidad práctica. Asimismo, esta Sala deja asentado que no opera la perención breve de la instancia prevista en el artículo 267 ordinal 1º y 2º del Código de Procedimiento Civil, cuando en las actuaciones procesales se verifique la presencia de la parte demandada en todas las etapas del proceso, la cual debe ser traducida como el cumplimiento cabal de las obligaciones legales, ya que la realización de cualquier acto procesal debe estar destinado a un fin útil…”. (Vid. sentencia N° 461 del 28 de julio de 2015).

Por las consideraciones anteriores, esta Sala declara improcedente la primera denuncia de actividad al no haberse subvertido formas esenciales del procedimiento que generasen el menoscabo del derecho a la defensa alegado, ni haberse infringido el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se señala.

-II-

 

Con fundamento en lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15 y 267 eiusdem, por haber quebrantado el juzgador de alzada una forma sustancial del proceso en menoscabo del derecho a la defensa.

Sostiene el formalizante:

“…SEGUNDA DENUNCIA

Con fundamento en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción del Artículo (sic) 15° del mismo Código (sic), en concordancia con el Encabezamiento (sic) del Artículo (sic) 267° ejusdem, por cuanto el sentenciador de Alzada (sic) quebrantó una forma sustancial del proceso en violación del derecho de defensa.

Establece el Encabezamiento (sic) del Artículo (sic) 267 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

(…Omissis…)

En fecha 27 de noviembre de 2.014 (sic), esta Parte (sic) Pretensionada (sic) solicitó al Tribunal Sexto de Primera Instancia se sirviera declarar la perención de la instancia, por los siguientes razonamientos:

Al folio 23 de la Pieza (sic) II del expediente, cursa auto de fecha 16 de febrero de 2.011 (sic), mediante el cual el Ciudadano (sic) Doctor (sic) Luis Tomás León Sánchez se abocó al conocimiento de la presente Contienda (sic) Judicial (sic).

A partir de esa actuación transcurrió más de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, por lo cual se produjo la perención de la instancia, encontrándose el proceso en estado de que se produjera la notificación y aceptación de los cargos pertinentes de unos peritos designados en el presente litigio.

(…Omissis….)

Así pues, se le indicó al Tribunal (sic) que, visto que en el presente caso desde el día 16 de febrero de 2.011 (sic), fecha en la cual el Juez (sic) de la causa para ese entonces, Doctor (sic) Luis Tomás León Sánchez, se abocó al conocimiento del litigio, hasta el momento de presentarse el mencionado Escrito (sic), las partes no realizaron actuación procesal alguna, y es evidente que transcurrió gruesamente mucho más del lapso de un año previsto en el Encabezamiento (sic) del Artículo (sic) 267° del Código de Procedimiento Civil, aplicable ratione temporis, por lo que se impone declarar consumada la Perención (sic) y, en consecuencia, extinguida la instancia en este juicio.”

(…Omissis…)

Al declarar la recurrida la improcedencia de la Solicitud (sic) de Perención (sic) de la Instancia (sic) por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes de impulso procesal, se menoscabó el derecho de defensa de nuestros Patrocinados (sic) Procesales (sic), porque siendo la perención de eminente orden público, no puede interpretarse que la falta de cumplimiento de las partes de sus obligaciones de impulsar el proceso, pueda suplirse con la consignación de unas copias fotostáticas para su certificación, o con una solicitud de copias certificadas, con prescindencia de que el abocamiento de un Juez (sic) al conocimiento de la causa, haya ordenado o no la notificación de las partes que integran la relación procesal, por una parte, y por la otra, la notificación tácita o expresa del abocamiento en cuestión, o la falta de notificación de las partes por un lapso superior a un año, ocasionan la perención anual de la instancia, por lo que la recurrida quebrantó formas sustanciales del proceso en violación del derecho de defensa.

Esta Sala de Casación Civil por medio de doctrina pacífica y reiterada ha establecido que el mero hecho de consignar fotostatos para su certificación o el solicitar copias certificadas del expediente no puede constituirse en un acto de procedimiento que impida la perención de la instancia, sentencias entre las cuales aparece la del 29 de octubre de 2.004 (sic), en el Asunto Inversiones Yaranir C.A. contra R. D. J. Mendoza, N° 01-288, en la cual, pese a la falta de técnica observada, y en vista de que pudo descubrirse un planteamiento de violación de normas de orden público, relativas a la perención de la instancia, esta Sala pasó a verificar dicha situación, estableciéndose, entre otras cosas, lo siguiente:

(…Omissis…)

En este sentido, solicitamos conforme a lo expuesto, se declare Con Lugar la presente denuncia…”. (Negrillas y cursivas del texto transcrito).

 

Denuncia el formalizante que el juez de la recurrida incurrió en quebrantamiento y omisión de formas sustanciales del procedimiento que le afectaron su derecho a la defensa, al no haber declarado la perención anual prevista en el artículo 267 de la ley civil adjetiva, no obstante haber transcurrido más de dicho lapso sin haberse efectuado actividad alguna de las partes que diera impulso al pleito.

Para decidir la Sala observa:

Con el propósito de verificar si efectivamente en el caso sub iudice se configuró la perención de la instancia, como se afirma en la denuncia planteada por el formalizante, esta Sala considera oportuno destacar los siguientes eventos procedimentales:

En fecha 19 de octubre de 2009, el tribunal de la causa dictó sentencia interlocutoria declarando con lugar la cuestión previa de prejudicialidad contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, promovida por la parte demandada y, en consecuencia, ordenó que la causa continuara su curso procesal hasta el estado de proferir el fallo, momento en el cual, la cusa se suspenderá hasta que se resuelva la cuestión prejudicial influyente, de conformidad con los artículos 886 y 355 del Código de Procedimiento Civil.

Estando en fase de promoción de pruebas, la representación judicial de la parte demandada consignó diligencia en fecha 3 de febrero de 2011, señalando que: “…Vista la designación del nuevo Juez (sic) a cargo del tribunal solicito respetuosamente se sirva abocarse al conocimiento de la presente causa, y una vez hecho, pido a este tribunal inste a los expertos designados para la práctica de la experticia científica a consignar su informe de experticia; de igual forma solicito se sirva expedirme copias certificadas de las posiciones juradas absueltas el 19 de Enero de 2.010…”. (Negrillas del texto transcrito).

Posteriormente, mediante auto de fecha 16 de febrero de 2011, que corre al folio 23 de la segunda pieza del expediente, el juez provisorio Luís Tomás León Sandoval, se abocó al conocimiento de la causa en el estado en que se encuentra y acordó expedir las copias solicitadas por la abogada de la parte demandada en fechas 3 y 9 de febrero.

El 17 del mismo mes y año, la representación judicial de la parte demandada consignó diligencia mediante la cual, en vista del auto anterior, se declara enterada del abocamiento del juez y consignó los fotostatos requeridos para la certificación y entrega de las copias solicitadas.

Asimismo, en fecha 23 de febrero de 2011, compareció la representación judicial de la parte actora solicitando al tribunal la expedición de copias certificadas, consignando para ello los fotostatos necesarios para su certificación.

Ulteriormente, en fecha 10 de marzo de 2011, el abogado Julio César Pérez Palella, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignó diligencia mediante la cual sustituye poder apud acta, reservándose su ejercicio en los abogados María Antonietta Bracamonte Goncalves y Eduardo Trujillo Ariza.

En fechas 16 de mayo de 2011, 10 de junio y 28 de junio del mismo año, la representación judicial de la parte demandada consignó diligencias, la primera solicitando copias certificadas, la segunda dejando constancia de haberlas recibido y la tercera sustituyendo poder, reservándose su ejercicio, en la persona de Ivonne Alejandra Araque Tarazona.

Luego, después de esta última actuación, realizada en fecha 28 de junio de 2011, no consta en el expediente actuación alguna de las partes sino hasta el día 27 de noviembre de 2014, valga decir, transcurridos más de 3 años, cuando la representación judicial de la parte demandada consignó escrito mediante el cual solicita la nulidad de todos los actos procesales y la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones y, entre otras pretensiones, solicita se declare la perención anual de la instancia.

Más tarde, en fecha 12 de enero de 2015, compareció la representación judicial de la parte demandante consignando “…copia simple de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas en fecha 5 de noviembre de 2014, mediante la cual declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación de Corporación Vadiher, C.A. y a su vez declaró inadmisible la acción merodeclarativa interpuesta por esa sociedad, demandada en el presente juicio, acción merodeclarativa que dio pie a este Juzgado (sic) de Primera (sic) Instancia (sic) a declarar la prejudicialidad de dicho juicio sobre el presente de intimación de honorarios, razón por la cual ha estado paralizada la presente causa…”.

De la misma manera, dicha representación presentó escrito en fecha 22 de enero de 2015, señalando sobre el alegato de perención anual que “…en fecha 19 de octubre de 2009, fue declarada por este Tribunal (sic) la existencia de una cuestión prejudicial…”, que  “…La consecuencia jurídica de aquella declaratoria (…) no fue otra que la prevista en el artículo 355 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el juicio siguió su trámite normal hasta entrar en fase de sentencia, momento en el cual, de pleno derecho quedó en suspenso hasta tanto fuese resuelta la cuestión prejudicial que influirá en este proceso…”, que “…Tal cuestión prejudicial fue decidida en segunda instancia en fecha 5 de noviembre de 2014…” y concluye señalando que “…En vista de lo anterior, obviamente la causa se encuentra paralizada desde el año 2009…” solicitando en consecuencia se declare sin lugar la perención de la instancia.

Sobre el pretendido alegato el juez de alzada declaró lo siguiente:

“…Por otra parte, la demandada alegó la consumación de la perención anual de la instancia, ya que a su entender, desde el 16 de febrero de 2011, oportunidad en la que el Dr. LUÍS TOMÁS LEÓN, en su carácter de Juez (sic) del tribunal de la causa, se abocó al conocimiento de la causa, no se efectuó actuación alguna por las partes, con la intención de impulsar la notificación de dicho abocamiento a su antagonista; este jurisdicente observa que el 16 de febrero de 2011, se abocó al conocimiento de la causa, el Dr. LUIS TOMÁS LEÓN SANDOVAL, sin embargo, éste no ordenó la notificación de las partes de dicho abocamiento; es decir, no impuso carga procesal alguna a las partes, con la finalidad de continuar con el curso de la causa o que el curso de ésta estuviese supeditado a alguna notificación. Ahora bien, sin embargo, luego del abocamiento en cuestión, se constata que ambas partes se hicieron presentes al proceso, ya que el 17 de febrero de 2011, la abogada LAURA VEIGA HERNANDEZ (sic), en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, consignó copias fotostáticas para su certificación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto de abocamiento del 16 de febrero de 2011 y el 23 de febrero de 2011, el abogado JULIO CÉSAR PÉREZ PALELLA, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó copias certificadas, con lo que se evidencia, que ambas partes, aun cuando no fue impuesto por el tribunal de la causa, se encontraban tácitamente notificadas del abocamiento en cuestión, por lo que mal podría considerarse que la falta de notificación de las partes, por un lapso superior a un (1) año, pudo ocasionar la perención anual de la instancia, lo que conlleva la improcedencia de la perención solicitada. Así se decide…”.

 

Ahora bien, la causa que se examina ha sido sustanciada a través del procedimiento breve regulado en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Según dicha normativa, contestada la demanda, la causa se entenderá abierta a pruebas por diez días, sin término de distancia, a menos que ambas partes soliciten al juez que decida el asunto con los solos elementos de autos (artículo 889 del Código de Procedimiento Civil) y luego, la sentencia será dictada dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del lapso probatorio, o de la contestación o reconvención si las partes hubieren pedido la supresión del lapso (artículo 890 eiusdem).

De tal manera que transcurridos los diez días de despacho a que se refiere el artículo 889 del Código de Procedimiento Civil concernientes al lapso probatorio, la causa entra en estado de sentencia, momento este que a tenor de lo resuelto en sentencia interlocutoria de fecha 19 de octubre de 2009, dictada por el tribunal de la causa, suspendería el curso procesal del juicio hasta que se resuelva la cuestión prejudicial declarada con lugar, de conformidad con los artículos 886 y 355 del Código de Procedimiento Civil.

Así pues, observa esta Sala en primer término, que no consta en actas del expediente que para el 16 de febrero de 2011, momento en que se produjo el abocamiento del juez Luis Tomás León Sandoval a la causa, las partes hayan dejado de estar a derecho, de manera que tal abocamiento no requería de notificación alguna, no obstante, realizado dicho abocamiento, ambas partes actuaron en el expediente lo que pone de manifiesto no solo su conocimiento sobre tal asunto, sino además el claro interés de ambas partes de dar impulso al pleito.

Luego, considerando que los lapsos a que se refieren los artículos 889 y 890 del Código de Procedimiento Civil corren de pleno derecho sin que la norma exija algún acto que cierre o de inicio a una u otra etapa procesal, resulta evidente para esta Sala que el lapso de promoción de pruebas de 10 días de despacho se había agotado, razón por la cual la causa se encontraba en estado de sentencia y por tanto, suspendida hasta tanto fuera resuelta la cuestión prejudicial decretada mediante sentencia interlocutoria, la cual fue resuelta en fecha 5 de noviembre de 2014.

Así lo refirió el propio tribunal de la causa, mediante auto de fecha 7 de julio de 2015 en el cual estableció:

“…de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, se observó que ya las partes interesadas consignaron las decisiones correspondientes a la Cuestión (sic) Prejudicial (sic) que se encontraba pendiente en el presente juicio, evidenciándose que la misma ya fue Resuelta (sic) Definitivamente (sic) (sic mediante sentencia dictada el 05 (sic) de noviembre de 2014 por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, y según sentencia dictada el 03 (sic) de junio 2015 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia el Recurso de Casación interpuesto contra la misma fue declarado Sin (sic) Lugar (sic), en consecuencia resuelta como se encuentra la Cuestión (sic) Prejudicial (sic) pendiente en la presente causa, este Tribunal (sic) ordena levantar la Suspensión (sic) del proceso de conformidad con los artículos 886 y 355 del Código de Procedimiento Civil, y estando el presente caso en la etapa procesal de dictar sentencia le hace saber al diligenciante que todas aquellas causas que se encuentren en dicha fase, serán resueltas en el orden en que vayan siendo recibidas por el tribunal…”. (Subrayado de esta Sala).

 

En razón de lo expuesto, aprecia esta Sala que en caso que se examina no se configuró la perención anual de la instancia, toda vez que, se reitera, la causa se encontraba suspendida y en estado de sentencia cuando se produjo la inactividad de las partes alegada. En consecuencia, se desestima la presente delación al no haberse configurado el defecto de actividad sostenido. Así se establece.

 

-III-

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4° eiusdem, por haber incurrido el juez de alzada en el vicio de inmotivación.

Señala el formalizante:

“…De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción por la recurrida del Artículo (sic) 243°, ordinal 4° ejusdem, al incurrir en el vicio de inmotivación.

En efecto, la recurrida no cumple con el requisito de impretermitible cumplimiento de motivar el fallo, toda vez que al ordenar la indexación o corrección monetaria de las cantidades de dinero que los Pretensionados (sic) deberán pagar, no motiva en forma alguna tal mandamiento de indexación o corrección monetaria, sin desconocer esta parte recurrente la notoria y ascendente situación inflacionaria nacional y consustancial encarecimiento del costo de la vida, así como la continua y acelerada devaluación de nuestro signo monetario, ya que ha sido reconocida ampliamente por la doctrina de casación, dándosele la facultad al Juez (sic) de realizar tal corrección con base a las llamadas máximas de experiencias, de ser procedente el cobro de honorarios profesionales, podemos concluir que ello, no es óbice para exonerar al sentenciador de motivar tal decisión e indicar en qué considera esa máxima de experiencia.

La recurrida textualmente expresa:

(…Omissis…)

De la transcripción anterior se evidencia la infracción por la recurrida del vicio de inmotivación, consagrado en el ordinal 4° del Artículo (sic) 243° del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en que no motivó la corrección monetaria o indexación ordenada en la parte dispositiva del fallo, ya que la recurrida no establece el fundamento de haber acordado la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades de dinero ordenadas a pagar a la demandada, de ser procedente el cobro de los honorarios profesionales, y simplemente se limita a ordenar la indexación, sin justificar la procedencia, ni con base a cuál fundamentación se establece dicha condenatoria.

Lo anterior ha sido doctrina reiterada en múltiples sentencias de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, como la proferida el 24 de febrero de 1.999, en el juicio L. Martín contra Distribuidora Dospe C.A., expediente N° 98-639, con ponencia del Magistrado Doctor (sic) Anibal (sic) Rueda, entre otras, y más recientemente en fallos como el pronunciado por la actual Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 14 de octubre de 2.004 (sic), en el Asunto (sic) Fundación Regional para la Vivienda del Estado (sic) Lara contra Universal de Seguros C.A., expediente AA2O-C-2004-000336, N° 01196, en la cual esa Sala determinó, entre otras cosas, lo siguiente:

 

 

(…Omissis…)

En consecuencia, solicitamos se declare la procedencia de la presente denuncia de infracción por inmotivación, lo que conlleva a la declaratoria Con (sic) Lugar (sic) de la misma…”.

 

Señala el formalizante que un cuando reconoce la notoria y ascendente situación inflacionaria nacional, así como la devaluación de nuestro signo monetario como parte integrante de las máximas de experiencia del juez, denuncia que el juez de la recurrida haya ordenado la indexación o corrección monetaria de las cantidades de dinero a pagar sin cumplir con el requisito de motivación previsto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

Para decidir se observa:

La Sala de Casación Civil ha establecido de forma reiterada, que la inflación es un hecho notorio y los efectos que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda son hechos que el juez puede inferir mediante la aplicación de máximas de experiencias. Asimismo, ha sostenido que la condena de pago de la suma de dinero reclamada resulta injusta si no es practicado el respectivo ajuste monetario, pues el deudor no repara el daño si no restaura a plenitud el patrimonio del acreedor que resultó afectado por el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la obligación. (Vid. fallo N° 5 de fecha 27 de febrero 2003, caso: Nicola Consentino Lelpo y otros c/ Seguros Sud América S.A.).

En tal sentido, como hecho notorio que es, su declaratoria no requiere de mayor motivación salvo que se discuta la procedencia misma de la indexación, como ocurriría por ejemplo, si esta no fuere solicitada en el libelo de demanda, o la oportunidad a partir de la cual ésta se empieza a computar, lo que no ha sido discutido en la denuncia que se examina.

En el caso de autos, si bien el juez de la recurrida estableció el derecho al cobro de honorarios profesionales y ordenó la indexación de los montos condenados a pagar, sin mayor motivación que esa, aprecia esta Sala que tal forma de proceder no afecta le legalidad del fallo recurrido toda vez que la corrección monetaria fue solicitada efectivamente por la parte actora en su escrito libelar y su declaratoria resulta como consecuencia del hecho notorio y las máximas de experiencia del juez.

Por consiguiente, estima esta Sala que el juez de la recurrida no incurrió en el vicio de inmotivación alegado, razón por la cual declara improcedente la presente delación.

 

 

-IV-

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 208 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido el juez de alzada en el vicio de incongruencia y por haber violado el principio de doble grado de jurisdicción.

Para apoyar su delación el formalizante alega que:

“…De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del Artículo 313° del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del Artículo (sic) 243°, ordinal 5° ejusdem, así como la violación de los Artículos (sic) 12° y 208° del mismo Código (sic), por cuanto al pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones declarada por el Juzgador (sic) de Primer (sic) Grado (sic), estableció un nuevo elemento de hecho que no formaba parte del Thema (sic) Decidendum (sic) de la incidencia de la Apelación (sic), pues en ella no se estaba dirimiendo los aspectos relativos a la procedencia o no del cobro de los honorarios profesionales por actividades judiciales y extrajudiciales, pronunciamiento éste que se traduce en violación al deber de dictar decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas, previstas en el ordinal 5° del Artículo (sic) 243° del Código de Procedimiento Civil, así como del Artículo (sic) 12° del mismo Código (sic), porque no se atuvo a lo alegado y probado en autos, violando el Principio (sic) de la Congruencia (sic) y del Doble (sic) Grado (sic) de Jurisdicción (sic), ya que dictó sentencia de mérito en segunda instancia, cuando todavía no se ha producido la del primer grado de jurisdicción.

En efecto, la recurrida no cumple con el requisito de impretermitible cumplimiento de dictar decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida en la Apelación (sic) y a las excepciones o defensas opuestas en dicha incidencia, profiriendo un fallo en el que conociendo de una Apelación (sic) sobre un Auto (sic) que determinó simplemente la inadmisibilidad de una demanda por la inepta acumulación de pretensiones, decidió el fondo de la controversia y declaró con lugar el cobro de honorarios profesionales de unos Abogados (sic) y firme la estimación e intimación de dichos honorarios, ordenando practicar una indexación o corrección monetaria, a fin de determinar la cantidad a pagar, incurriendo en un exceso de jurisdicción al resolver una materia que no le correspondía, como es el derecho al cobro de los honorarios profesionales y al declarar con lugar la demanda, en atención al efecto devolutivo del Recurso (sic) de Apelación (sic) ejercido. La recurrida simplemente debió limitarse a resolver el objeto sometido a su conocimiento, esto es, la procedencia o no de lo decidido en la Resolución (sic) de fecha 23 de septiembre de 2.015 (sic), que declaró la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones, por cuanto en el juicio principal no se había sentenciado el derecho al cobro de honorarios profesionales; sin embargo, la recurrida violó no sólo el Principio (sic) de la Congruencia (sic), sino también el del Doble (sic) Grado (sic) de Jurisdicción (sic), al dictar sentencia de mérito en segunda instancia, cuando todavía no se ha producido la del primer grado de jurisdicción.

La misma recurrida al folio 323 del expediente y 45 de la sentencia, expresa la violación que hizo del Principio (sic) de Congruencia (sic) y de la Garantía (sic) al Doble (sic) Grado (sic) de Jurisdicción (sic), ambas de orden público, cuando señala:

(…Omissis…)

Es menester destacar que esta Sala de Casación Civil en sentencias como la del 2 de agosto de 2.005, en el caso Carmen Sánchez de Bolívar contra Servicios de Vehículos y Estacionamientos Granadillo C.A., y más recientemente en fallo proferido el 19 de diciembre de 2.007, en el Asunto (sic) J.R. Natera contra C. A. La Electricidad de Ciudad Bolívar (ELEBOL), en el expediente AA2O-C-2006-000790, N° 00976, dejó establecido lo siguiente:

(…Omissis…)

La anterior decisión de la Sala pronunciada mediante la Casación (sic) de Oficio (sic), encuentra perfecta identidad con el presente caso, ya que el juicio para el momento en que lo recibe el Juzgado (sic) Superior (sic) Quinto (sic) se encontraba todavía sin sentencia declarativa sobre la estimación e intimación de honorarios profesionales, por lo que la sentencia impugnada violó el Principio (sic) de la Congruencia (sic) y del Doble (sic) Grado (sic) de Jurisdicción (sic), porque se dictó sentencia de mérito en segunda instancia cuando todavía no se había producido la de primer grado, incurriendo el sentenciador de alzada en un exceso de jurisdicción al resolver una materia que no le correspondía, ya que la recurrida simplemente debió limitarse al objeto sometido a su conocimiento, esto es la procedencia o no de la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda, por inepta acumulación de pretensiones, violándose con tal proceder no sólo el Principio (sic) de Congruencia (sic), sino también el del Doble (sic) Grado (sic) de Jurisdicción (sic)…”.

 

Alega el formalizante que el juez de la recurrida violó el principio del doble grado de jurisdicción e incurrió en incongruencia positiva al pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones declarada por el juez de la causa, y al mismo tiempo, decidir el fondo de la controversia, pronunciándose sobre la procedencia o no del cobro de los honorarios profesionales demandados.

Sostiene que el ad quem incurrió en exceso de jurisdicción al resolver sobre el derecho al cobro de los honorarios profesionales y que la recurrida debió limitarse a juzgar si había o no la inepta acumulación de pretensiones declarada en sentencia de fecha 23 de septiembre de 2015, pronunciándose únicamente sobre la admisibilidad de la demanda.

Para decidir la Sala observa:

Esta Sala ha señalado en reiteradas oportunidades que el objeto de la apelación es provocar un nuevo examen de la relación controvertida mediante el juez del segundo grado de la jurisdicción, lo que supone una sucesión de instancias fundada en una relación de subordinación y superioridad jerárquica entre tribunales, en virtud de la cual la jurisdicción sobre el asunto se transfiere al tribunal superior, quien conoce de nuevo tanto de las cuestiones de hecho como de las cuestiones de derecho y dicta una decisión que resuelve la relación controvertida.

De manera que todo juez superior que conoce en apelación, debe necesariamente realizar un nuevo análisis de la controversia, tomando en cuenta los límites en que quedó planteada la misma según lo alegado tanto en el libelo como en la contestación de la demanda, así como los elementos probatorios producidos en la instancia inferior, tal y como lo exige el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil. (En ese sentido se pronunció la Sala Constitucional de este máximo Tribunal de Justicia, en fallo N° 286 del 26 de febrero de 2007, caso: Trinidad María Betancourt Cedeño).

Tal disposición normativa estipula que “…(l)a declaratoria del vicio de la sentencia por el Tribunal (sic) que conozca en grado de la causa, no será motivo de reposición de esta, y el Tribunal (sic) deberá resolver también sobre el fondo del litigio…”.

Así pues, si una vez sustanciado el procedimiento el juez de primera instancia considera que la demanda es inadmisible por existir una inepta acumulación de pretensiones, no corresponde al tribunal superior ordenar corregir los vicios que adolezca la sentencia jerárquicamente inferior, con base en la revisión que de ella hiciere, sino emitir un nuevo pronunciamiento de fondo sobre el tema debatido, considerando lo alegado en el libelo y la contestación de la demanda y las pruebas promovidas por las partes.

En efecto, como señala el impugnante del recurso de casación, “…el juez de alzada tiene la obligación legal y no le resulta opcional, decidir todo lo alegado y probado por las partes en el juicio, es decir, que la decisión del recurso de apelación no solo podría versar sobre la admisibilidad o no de la pretensión deducida, sino que una vez confirmado el hecho que la demanda era admisible, debía, como en efecto lo hizo, decidir el resto de los puntos controvertidos en su sentencia de mérito…”.

Por lo antes expuesto, la Sala concluye que el juez de alzada no incurrió en la vulneración del principio constitucional al doble grado de jurisdicción ni infringió el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la sentencia de primera instancia no constituye un hecho aislado del procedimiento cuya nulidad requiera de la reposición de la causa, por el contrario, es deber del juez superior emitir un nuevo fallo de fondo atendiendo a las pruebas y a los límites de la controversia, siendo que al haberlo hecho de tal manera cumplió con el requisito de congruencia del fallo, desestimándose en consecuencia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

-V-

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido el juez de alzada en el vicio de incongruencia.

Alega el formalizante:

“…Con fundamento en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del ordinal 5° del Artículo (sic) 243°, así como la violación del Artículo (sic) 12° del mismo Código (sic), por no contener la misma decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

En efecto, la Parte (sic) Actora (sic) en el Escrito (sic) Libelar (sic), al folio 82 y 83 del mismo, en el Capítulo (sic) denominado Petitorio (sic), expuso:

“Por las razones de hecho y de derecho antes detalladas, demandamos a CORPORACION (sic) VADIHER C.A. y al ciudadano JOSE (sic) IGNACIO VADILLO HERRERO, antes identificado, al pago de:

(...)

3.2. La corrección monetaria y/o indexación judicial sobre las sumas antes indicadas, desde la fecha de interposición de la demanda, hasta la fecha de pago definitivo de los honorarios impagos. A tales fines alegamos la inflación como un hecho notorio.”

Y es el caso que la recurrida al folio 48, declara:

“SE CONDENA a la parte demandada, sociedad mercantil CORPORACIÓN VADIHER C.A., y el ciudadano JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO, anteriormente identificados, a pagar la indexación o corrección monetaria de la referida cantidad, de no sufrir variación por el tribunal retasador o que este no se constituya, o la que en definitiva establezca el tribunal retasador, desde la fecha de interposición de la demanda; esto es, el 23 de septiembre de 2008, hasta el día en que se declare definitivamente firme la presente decisión, ambas fechas inclusive, la cual deberá ser calculada por expertos contables designados conforme lo establecido en el artículo 556 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a los Indices (sic) de Precios al Consumidor (I.P.C.), establecidos por el Banco Central de Venezuela, mediante Experticia (sic) Complementaria (sic) del Fallo (sic), de conformidad con lo establecido en el artículo 249 ejusdem”.

De las trascripciones que anteceden se demuestra la comisión por parte de la recurrida del vicio de incongruencia que lo conforma la distorsión o tergiversación por parte del Juez (sic) de los alegatos o defensas alegados por la Parte (sic) Actora (sic), cuando ésta en el libelo solicitó la corrección monetaria hasta la fecha de pago definitivo de los honorarios impagos, mientras que la recurrida lo hizo hasta el día en que se declare definitivamente firme la decisión…”.

 

Delata la parte recurrente en casación que la parte actora en el libelo de demanda solicitó la corrección monetaria y/o indexación judicial sobre las sumas allí indicadas, “…desde la fecha de interposición de la demanda, hasta la fecha de pago definitivo de los honorarios impagos…” siendo que el juez de la recurrida condenó dicho pago “…desde la fecha de interposición de la demanda; esto es, el 23 de septiembre de 2008, hasta el día en que se declare definitivamente firme la presente decisión…”, incurriendo a su decir, en el vicio de incongruencia por tergiversación.

Al respecto, estima esta Sala que el parámetro final para el cálculo de la indexación establecido por el juez de la recurrida, se ajusta a los pacíficos y reiterados postulados de todas las Salas de este Máximo Tribunal, según el cual este viene dado por la oportunidad en que la sentencia quede definitivamente firme, de manera tal, que no infringe el ad quem el principio de la congruencia del fallo cuando actuando como conocedor del derecho y de las reglas que rigen la materia, aplica las consecuencias jurídicas a que haya lugar.

Por su parte, advierte esta Sala que en todo caso la parte recurrente en casación carece de legitimación para plantear una denuncia como la expuesta toda vez que “…la fecha de pago definitivo de los honorarios impagos…” (ordenados a cancelar a través de una sentencia condenatoria firme) se sobreentiende posterior a la sentencia misma que condena al pago, lo que resulta perjudicial para quien recurre.

Considerando lo expuesto, esta Sala declara improcedente la denuncia de forma que se examina al no haber incurrido el juez de alzada en el vicio de incongruencia delatado al ordenar el cálculo de la indexación hasta el momento en que se declare definitivamente firme la decisión. Así se decide.

 

-VI-

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido el juez de alzada en el vicio de indeterminación objetiva.

Fundamenta el recurrente su denuncia de la siguiente manera:

“…Con fundamento en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del ordinal 6° del Artículo (sic) 243°, así como la violación del Artículo (sic) 12° del mismo Código (sic), por cuanto el Juez (sic) de Alzada (sic) condeno (sic) al pago de varias sumas de dinero, mediante experticia complementaria del fallo, delegando la función jurisdiccional en el criterio de los expertos para determinar qué lapsos o periodos de paralización del proceso son o no imputables a las partes, y en consecuencia, si esos lapsos deben ser tomados en cuenta para el cálculo de la experticia o desechados de la misma, por lo que el Juez (sic) de la recurrida no cumplió con su obligación de señalar claramente los parámetros que deben seguir los expertos y/o peritos contables para el cálculo de la experticia complementaria del fallo, dejando en manos de éstos la determinación de los mismos.

En efecto, la recurrida al folio 48 de la misma declara:

(…Omissis…)

La Sala de Casación Civil en sentencia del 28 de noviembre de 2.007 (sic), en el Asunto (sic) O. Morales y Otro (sic) contra C.A. de Seguros La Occidental, expediente AA20-C-2007000148, N° 00860, estableció que no es función de los expertos, el determinar, para realizar la experticia complementaria del fallo, cuáles son los lapsos o períodos de paralización del proceso no imputables a las partes, para excluirlos del cálculo, o si los días en que el Tribunal (sic) no despachó, también son o no imputables a las partes, o al tercero, que sería el Estado venezolano, no obstante lo anterior la recurrida nada determinó al respecto, ni señaló qué lapsos deben excluirse la experticia con motivo de la paralización de la causa, vacaciones judiciales, recesos judiciales por fiestas decembrinas, huelgas o paros de empleados tribunalicios y cualquier lapso o período de paralización del proceso, no imputable a las partes, tomándose los Índices de Precios al Consumidor, emitidos por el Banco Central de Venezuela, dejando la recurrida con su forma de proceder una evidente delegación de la función jurisdiccional en los expertos, dado que estos -los expertos- a criterio de la recurrida, deben determinar qué lapsos deben ser excluidos y cuáles deben ser tomados en cuenta para la realización de la experticia.

Los expertos no pueden hacer juicios de valor para determinar los parámetros de la experticia que se les encomienda en la recurrida y al respecto es menester rememorar la sentencia de la Sala de Casación Civil N° RC-00294 de fecha 3 de mayo de 2.006 (sic), expediente N!° 2003-892, en el juicio de Clauco Antonio Arreaza y Heysi Josefina Perdomo Sosa contra Luis María Mingo Ibáñez, en la cual además de determinar que los expertos no pueden hacer juicios de valor, estableció lo siguiente:

(…Omissis…)

De lo anterior se demuestra la procedencia de la infracción narrada, por lo que solicitamos a la Sala se sirva declarar procedente la presente denuncia…”.

 

Denuncia el formalizante que el juez de alzada condenó al pago de varias sumas de dinero mediante experticia complementaria del fallo, sin indicar a los expertos cuáles son los parámetros para tal experticia, delegando la función jurisdiccional en el criterio de estos.

Alega que el juez no precisó qué lapsos o períodos de paralización del proceso son o no imputables a las partes, y en consecuencia, si esos lapsos deben ser tomados en cuenta para el cálculo de la experticia o desechados de la misma, concluyendo de tal manera que el juez ad quem incurrió en el vicio de indeterminación objetiva.

Para decidir la Sala observa:

En el caso de autos el juez de la recurrida declaró procedente la primera fase del juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales concerniente al establecimiento del derecho al cobro de los honorarios demandados, señalando que los mismos fueron estimados de manera pormenorizada y detallada en el libelo de demanda, con establecimiento de los montos estimados para cada una de las actuaciones, lo que arrojó en total la cantidad de diez millones quinientos cuarenta y un mil quinientos bolívares (Bs. 10.541.500,oo).

Establece la dispositiva del fallo que:

“…Dicho monto deberá pagarse por el demandado, en su totalidad de no sufrir variación por el tribunal retasador o que éste no se constituya. Asimismo, SE CONDENA a la parte demandada, sociedad mercantil CORPORACIÓN VADIHER, C.A., y el ciudadano JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO, anteriormente identificados, a pagar la indexación o corrección monetaria de la referida cantidad, de no sufrir variación por el tribunal retasador o que éste no se constituya; o la que en definitiva establezca el tribunal retasador, desde la fecha de interposición de la presente demanda; esto es, el 23 de septiembre de 2008, hasta el día en que se declare definitivamente firme la presente decisión, ambas fechas inclusive, la cual deberá ser calculada por expertos contables designados conforme lo establecido en el artículo 556 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a los Índices de Precios al Consumidor (I.P.C.), establecidos por el Banco Central de Venezuela, mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 eiusdem…”.

 

No se evidencia de la transcripción que antecede que el juez de alzada haya delegado función jurisdiccional alguna en cabeza de los expertos, por el contrario, el juez estableció claramente el monto condenado a pagar de no sufrir variación por el tribunal retasador o en caso de que este no se constituya, así como los parámetros para el cálculo de la indexación, haciendo el fallo absolutamente ejecutable, pasando el procedimiento a su segunda fase en la cual la parte demandada podrá rebatir el valor de las actuaciones a través del ejercicio del derecho de retasa, o acogerse al pago de la cantidad demandada.

En tal sentido, considera esta Sala que si lo pretendido por el formalizante es señalar la existencia de ciertos factores que debieron o deben ser considerados para calcular la indexación, no es la denuncia de indeterminación objetiva la vía para ello, puesto que el dispositivo de la sentencia consagra un objeto perfectamente determinado y ejecutable. En consecuencia, se desestima la presente delación al no haberse infringido el ordinal 6º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 12 eiusdem.

 

-VII-

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido el juez de alzada en el vicio de incongruencia.

Arguye el formalizante:

“…Con fundamento en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción por la recurrida del ordinal 5° del Artículo (sic) 243°, así como la violación del Artículo (sic) 12° del mismo Código (sic), por no contener la misma decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas.

En efecto, el Artículo (sic) 25° de la Ley de Abogados vigente establece:

“La retasa de los honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los diez días hábiles siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el Tribunal de la causa o el que estuviere conociendo de ella cuando se los estime…“ (Omissis)

La letra de la norma transcrita claramente expresa la necesidad de que la retasa sea acordada a solicitud de parte, vale decir, no es posible que ella sea decretada de oficio, salvo para quienes representen personas morales de carácter público, derechos e intereses de menores, entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes, en cuyo caso podrá, de ser peticionada, ordenarse oficiosamente por el Juez (sic).

(…Omissis…)

Aplicando las anteriores consideraciones al presente asunto denunciamos, como lo determinará la Sala, una vez realizada la revisión exhaustiva sobre las actas del expediente y como lo constatará que la retasa no fue solicitada por la Parte Intimada en el acto de contestación de la demanda, ni en ningún otro momento del iter procesal.

Asimismo, observamos a la Sala que el Juez (sic) de Alzada (sic) declaró en el dispositivo del fallo:

(…Omissis…)

Con ese proceder, ciertamente, el ad quem le suplió una defensa a la parte demandada, en razón de que siendo el interés en peticionar la retasa la obtención de una disminución o rebaja en el quantum de los honorarios intimados, la legitimación para solicitarla recae en cabeza de los intimados.

En caso idéntico al nuestro la Sala de Casación Civil en sentencia del 25 de febrero de 2004, en el Asunto (sic) A.R. García contra S. Ferruccio, expediente AA2O-C-2001-000915, N° 00106, advirtió la Sala que efectivamente al asumir el jurisdicente del conocimiento jerárquico vertical la conducta reseñada, como la de la recurrida, inficionó su sentencia del vicio de incongruencia, al haber desorbitado el thema decidendum emitiendo un pronunciamiento en una materia sobre la cual ninguno de los litigantes lo requirió, todo lo cual deviene en infracción del ordinal 5° del Artículo (sic) 243° del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual solicitamos se estime procedente la presente denuncia y, por vía de consecuencia, Con (sic) Lugar (sic) el Recurso (sic) de Casación (sic) que ocupa la atención de la Sala…”.

 

Apunta el formalizante que la parte intimada -recurrente en casación-, no se acogió al derecho de retasa en el acto de contestación a la demanda, ni en ningún otro momento del iter procesal; no obstante, acusa que el juez de la recurrida fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente al recibo de las actuaciones en el juzgado de la causa, para que se lleve a cabo el acto de nombramiento de jueces retasadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados, incurriendo con tal forma de proceder en el vicio de incongruencia al suplir una defensa correspondiente a la parte intimada.

Para decidir se observa:

Esta Sala ha señalado que una vez declarada la procedencia del derecho al cobro de los honorarios profesionales, mediante sentencia definitivamente firme, finaliza así la etapa declarativa del juicio y se inicia la etapa ejecutiva del mismo, siendo menester que el tribunal fije mediante pronunciamiento expreso el día y la hora en que las partes deberán concurrir para nombrar a los retasadores, bien sea que ya se hubiere acogido a la retasa el intimado, o también que lo haga una vez quede firme la sentencia que declare el derecho a cobrar los honorarios reclamados. (Vid. sentencia Nº 278 del 18 de abril de 2006).

De acuerdo con lo expuesto, la parte intimada puede acogerse al beneficio de la retasa tanto en la oportunidad de dar contestación a la demanda o dentro de los 10 días siguientes a la sentencia firme que declara el derecho al cobro.

En el caso de autos, esta Sala puede apreciar que el juez de la recurrida en efecto fijó el décimo (10º) día de despacho siguiente al recibo de las actuaciones por el juzgado de la causa, para que se lleve a cabo el acto de nombramiento de jueces retasadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados; no obstante, es de advertir que en la sentencia recurrida se condenó al pago de diez millones quinientos cuarenta y un mil quinientos bolívares (Bs. 10.541.500,oo), monto este que “…deberá pagarse por el demandado, en su totalidad de no sufrir variación por el tribunal retasador o que éste no se constituya..”.(Negrillas de la Sala).

En efecto, la sentencia recurrida dispone:

“…V. DISPOSITIVA

(…Omissis…)

TERCERO: CON LUGAR, la demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados, incoada por el abogado BERNARDO PRIWIN AGUERREVERE, (…) y la Asociación (sic) Civil (sic) MATA BORJAS, PRIWIN & FERRERAS, (…), en contra de la sociedad mercantil CORPORACIÓN VADIHER, C.A., (…) y el ciudadano JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO, (…) En consecuencia, se declara EL DERECHO, de la asociación civil MATA BORJAS, PRIWIN & FERRERAS y del abogado BERNARDO PRIWIN AGUERREVERE, anteriormente identificados, a percibir honorarios profesionales, por las actuaciones extrajudiciales que efectuaron en su representación, (…). Todas éstas (sic) actuaciones, fueron estimadas de manera pormenorizada y detallada en el libelo de demanda, con establecimiento de los montos estimados para cada una de ellas, lo que arrojó en totalidad, en la cantidad de diez millones quinientos cuarenta y un mil quinientos bolívares (Bs. 10.541.500,oo). Dicho monto deberá pagarse por el demandado, en su totalidad de no sufrir variación por el tribunal retasador o que éste no se constituya. Asimismo, SE CONDENA a la parte demandada, sociedad mercantil CORPORACIÓN VADIHER, C.A., y el ciudadano JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO, anteriormente identificados, a pagar la indexación o corrección monetaria de la referida cantidad, de no sufrir variación por el tribunal retasador o que éste no se constituya; o la que en definitiva establezca el tribunal retasador, desde la fecha de interposición de la presente demanda; esto es, el 23 de septiembre de 2008, hasta el día en que se declare definitivamente firme la presente decisión, ambas fechas inclusive, la cual deberá ser calculada por expertos contables designados conforme lo establecido en el artículo 556 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a los Índices de Precios al Consumidor (I.P.C.), establecidos por el Banco Central de Venezuela, mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 eiusdem;

CUARTO: Se fija las diez de la mañana (10:00 am.) del décimo (10º) día de despacho siguiente al recibo de las presentes actuaciones en el juzgado de la causa, para que se lleve a cabo el acto de nombramiento de jueces retasadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados…”. (Negrillas y subrayado del texto transcrito).

 

De tal extracto de la dispositiva de la sentencia se evidencia que el juez de la recurrida no suplió ninguna defensa de la parte demandada como lo sostiene el formalizante, puesto que las cantidades condenadas a pagar podrán sufrir modificación dependiendo si la parte demandada ejerce su derecho a la retasa y en consecuencia se constituya el tribunal retasador, para lo cual el cual el juez estableció el lapso de 10 días a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Abogados.

En consecuencia, no constata esta Sala la existencia del vicio de incongruencia delatado en razón de no haber suplido el juez sentenciador defensa alguna de la parte demandada, a lo que se suma que la denuncia planteada en todo caso beneficiaría a la parte recurrente en casación lo que le resta legitimación para formular tal petición. Así se decide.

 

-VIII-

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido el juez de alzada en el vicio de inmotivación.

Plantea el formalizante:

“…De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción por la recurrida de los Artículos (sic) 243°, ordinal 4°, y 12° ejusdem, al incurrir en el vicio de inmotivación.

En efecto, el sentenciador superior se limitó a mencionar las actuaciones en que la Parte (sic) Actora (sic) sustentó su pretensión de cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales y extrajudiciales, y luego calificó para declarar la improcedencia de la inepta acumulación de pretensiones determinada por el Juzgador (sic) de Primer (sic) Grado (sic), algunas de ellas como la redacción de poderes judiciales, el estudio y elaboración de demandas y/o de contestaciones como actuaciones extrajudiciales, sin expresar razón alguna que permita conocer el proceso intelectivo que lo llevó a fijar dicha conclusión jurídica, lo que constituye el presupuesto necesario para permitir el posterior control de la legalidad de lo decidido, sin expresar fundamento jurídico alguno, que es precisamente el fin perseguido con el cumplimiento del requisito de motivación, previsto en el ordinal 4° del Artículo (sic) 243° del Código de Procedimiento Civil….”.

 

Afirma el formalizante que el juez de la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación al calificar algunas de las actuaciones de abogados intimadas como actuaciones extrajudiciales, como es el caso de “…la redacción de poderes judiciales, el estudio y elaboración de demandas y/o de contestaciones…”, sin expresar las razones por las cuales llegó a tal determinación.

Al efecto, observa esta Sala que contrariamente a lo señalado por la parte recurrente en casación, el juez de la recurrida sí otorgó los motivos por cuales consideró que las actuaciones demandadas tenían carácter extrajudicial y por tanto no existía la inepta acumulación de pretensiones decretada por el juez de instancia al puntualizar que las actuaciones profesionales realizadas en ningún momento derivaron de una actuación en juicio, es decir, no provenían de una confrontación judicial necesaria para calificarla como actividad judicial, aunque tuviese “…matices judiciales, puesto que la actividad del abogado nunca escapa de la posibilidad de revisar un expediente o la asistencia en un acto judicial…”; asimismo, puntualizó el juez de la recurrida que las actuaciones que fundamentan el reclamo tienen carácter extrajudicial, debido a que “…ninguna proviene directamente de un proceso judicial ni se relaciona con un acto propio de un juicio donde el reclamante haya actuado en nombre y representación de quien era su poderdante…”.

La sentencia recurrida es del siguiente tenor:

“…De la anterior transcripción, se evidencia que la parte actora, al momento de relacionar las actuaciones profesionales por las cuales procede a la estimación e intimación de honorarios, señaló un conjunto de actividades que en ningún momento derivaron de la actuación profesional en juicio, perfilando una actividad profesional, si bien es cierta, con matices judiciales, puesto que la actividad del abogado nunca escapa de la posibilidad de revisar un expediente o la asistencia en un acto judicial, pero que en definitiva, no provenían de la confrontación judicial necesaria para calificarla como actividad judicial y determinar su procedimiento a seguir, en todo caso, estableció de maneras muy general algunas actuaciones como la asistencia letrada en juicios laborales, penales y mercantiles; sin embargo, también indicó que no tuvo una participación directa en tales juicios, sin que llegara a materializarse actuación alguna judicial; determinando de manera definitiva que la demanda de estimación e intimación de honorarios que impetró, lo era por actuaciones extrajudiciales, lo que, no evidencia la inepta acumulación de pretensiones declarada por el juzgador de primer grado, ya que no efectúa estimación e intimación alguna con respecto a actuaciones judiciales provenientes de juicios que pudiera perfilar otro procedimiento que no sea el utilizado para el cobro en este proceso judicial, sino que señala su estimación de honorarios, en la asesoría prestada, la que nunca -como se expresó- se materializó en algún juicios determinado.

Ahora bien, recapitulando en el caso de marras, no encuentra este jurisdicente, que exista la inepta acumulación de pretensiones, puesto que las actuaciones que fundamentan el reclamo del abogado BERNARDO PRIWIN AGUERREVERE, en su propio nombre y en su carácter de socio y miembro, de la asociación civil profesional MATA BORJAS, PRIWIN & FERRERAS, son carácter extrajudicial, ya que, ninguna proviene directamente de un proceso judicial ni se relaciona con un acto propio de un juicio donde el reclamante haya actuado en nombre y representación de quien era su poderdante. Amén de las actuaciones en representación de la sociedad mercantil CORPORACIÓN VADIHER, C.A., y el ciudadano JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO, para la práctica de inspecciones judiciales extralitem, por ante distintos órganos jurisdiccionales, entre otras, no significa que las mismas puedan ser consideradas actuaciones judiciales, capaces de investir al caso en concreto, en la inepta acumulación declarada por el juzgador de primer grado, ya que tales actuaciones son provenientes de la actividad profesional extrajudicial, pues fueron efectuadas a través de la jurisdicción voluntaria o graciosa; es decir, que las mismas fueron realizadas fuera de juicio contencioso. En razón de ello, debe declararse improcedente la inepta acumulación de pretensiones argüida por el juzgador de primer grado. Así se establece…”. (Negrillas del texto transcrito).

 

De la transcripción que antecede se desprenden los motivos otorgados por el juez para otorgarle carácter extrajudicial a las actuaciones profesionales cuyo cobro se demanda, permitiendo de tal manera a la parte afectada el control sobre lo allí resuelto, sin incurrir en arbitrariedades.

Si lo pretendido por el formalizante es cuestionar tal motivación por considerar que ciertas actuaciones son de carácter judicial y no extrajudicial, lo conducente es formular la respectiva denuncia por infracción de ley.

Por tales motivos, al no evidenciarse el vicio de inmotivación alegado, esta Sala declara improcedente la delación que se examina al no haberse infringido los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil.

 

-IX-

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 78, 206, 208 y 212 del Código de Procedimiento Civil, por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso e indefensión.

 

 

Denuncia el recurrente:

“…De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción por parte de la recurrida de los Artículos (sic) 15°, 78°, 206°, 208° y 212° eiusdem, por quebrantamiento de formas sustanciales del proceso e indefensión.

La recurrida al vuelto del folio 317° y en el folio 318° del Expediente (sic) y 34, parte final y 35 de la sentencia, expresa:

(…Omissis…)

1.- Explicación del quebrantamiento de la forma sustancial del acto procesal.

Pues bien, Ciudadano (sic) Magistrados, al haberse admitido y sustanciado el presente procedimiento con varias pretensiones que tienen procedimientos incompatibles se produjo un vicio in procedendo, quebrantándose una forma sustancial que menoscabó el derecho de defensa de la parte demandada, pues la actividad procesal correcta debió haber sido la de haber declarado la inadmisibilidad de la demanda para evitar que la parte demandada enfrentase a la vez varias pretensiones que tienen procedimientos distintos.

En efecto, la pretensión de cobro de honorarios profesionales por actuaciones extra-judiciales y el cobro por actuaciones judiciales de abogados en juicios no terminados, tiene un procedimiento judicial especial establecido en la Ley de Abogados; y la pretensión de cobrar los costos del proceso (que no sean lo (sic) honorarios profesionales de abogados), llamados por la jurisprudencia “gastos judiciales”, como son los gastos por pago de honorarios por gastos en el exterior, como los señalados en Puerto Rico, entre otros, también tiene un procedimiento especial para su cobro, procedimientos que son incompatibles y que no pueden acumularle en una misma pretensión

Entonces, son varias pretensiones distintas y que tienen procedimientos también distintos. Es determinante el contenido del Escrito (sic) Libelar (sic) confirmado por la recurrida para establecer que la Parte (sic) Actora (sic) pretende el cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales y por actuaciones extra-judiciales, cuando expresa que “la asistencia de un abogado en un acto judicial no provenía de una confrontación judicial”, o cuando señala que “no determina el procedimiento a seguir actuaciones como la asistencia letrada en juicios laborales, penales o mercantiles”, porque así “se evidencia” del Libelo (sic) de la demanda cuando la Actora (sic) relacionó la estimación e intimación de honorarios. Actividades las señaladas que según el Juez (sic) de la recurrida, si bien tiene matices judiciales no lo son.

En este sentido, la Sala en sentencia N°54, expediente N° 98-677, de fecha 16 de marzo de 2000, en el juicio de Iris Molina de García y otra contra Administradora Myt, S.R.L., señaló:

(…Omissis…)

Las actividades profesionales de un abogado y el cobro de los honoraros correspondientes, son judiciales o no lo son. Esas expresiones de la recurrida no se corresponden con la realidad y así solicitamos se declare.

2.- Menoscabo del derecho de defensa de la parte demandada.

Al haberse admitido la demanda con pretensiones que tienen distintos procedimientos produjo un quebrantamiento procesal que menoscabó el derecho de defensa de nuestros defendidos, ya que fue vinculada a la jurisdicción mediante la presentación en su contra de varias pretensiones con trámites distintos, lo cual produce una limitación en cuanto a los argumentos a esgrimir para su defensa, ya que, como antes se explicó, cada una de esas pretensiones tiene procedimientos distintos y si sólo se toma un procedimiento para ambas peticiones se le quita al justiciable el mecanismo procedimental de la otra pretensión.

3.- El quebrantamiento no es subsanado por el consentimiento de las partes.

La norma del encabezamiento del Artículo (sic) 78° del Código de Procedimiento Civil es de orden público, ya que un justiciable no debe enfrentar dos pretensiones con procedimientos distintos en un mismo procedimiento; por ende, la violación de dicha norma no es subsanable por las partes, por lo que el Tribunal Superior Quinto no podía violar el Artículo (sic) 212° del Código de Procedimiento Civil, como lo hizo en la recurrida.

(…Omissis…)

En efecto, el Artículo (sic) 78° del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. De tal modo, que toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.

En el presente caso, el Juzgado Superior Quinto debió observar que lo pretendido por los demandantes es el cobro de los honorarios profesionales extra-judiciales y judiciales causados en juicios no terminados, conjuntamente con los gastos judiciales y acreencias quirografarias, y que en el iter procesal este Patrocinio Procesal el día 27 de noviembre de 2.015, solicitó la declaratoria de la inepta acumulación de pretensiones prevista en el Artículo (sic) 78° del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de pretensiones, que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, lo cual constituye causal de inadmisibilidad de la demanda. Este es precisamente el caso de la incompatibilidad los procedimientos de cobro de honorarios judiciales y el procedimiento judicial del cobro de honorarios extra-judiciales, como el presente caso.

Ahora bien, de conformidad con el Artículo (sic) 22° de la Ley de Abogados, el cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales debe tramitarse según el procedimiento previsto en el Artículo (sic) 386° del Código de Procedimiento Civil de 1916, hoy Artículo (sic) 607° de la Ley (sic) Adjetiva (sic) Civil (sic) Vigente (sic), el cual establece:

(…Omissis…)

Ahora bien, en el presente caso, se observa que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo (sic) 22° de la ley (sic) de Abogados, el cobro de los honorarios profesionales judiciales en juicios no terminados, debe tramitarse según el procedimiento previsto en el Artículo (sic) 386° del Código de Procedimiento Civil de 1916 derogado, actualmente Artículo (sic) 607° de Código de Procedimiento Civil vigente.

Solicitamos se declare con lugar la presente denuncia…”.

 

En la delación bajo análisis, el formalizante denuncia la subversión del procedimiento por considerar que en el caso de autos se configuró una inepta acumulación de pretensiones puesto que considera que algunas de las actuaciones profesionales demandadas tienen carácter judicial y por tanto el procedimiento que ha debido seguirse para su cobro es el de la articulación probatoria previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, según lo dispone el artículo 22 de la Ley de Abogados, concluyendo que al haberse admitido la demanda con pretensiones que tienen distintos procedimientos produjo un quebrantamiento procesal que menoscabó el derecho de defensa de quienes representa.

Para decidir se observa:

Primeramente, debe advertir esta Sala que el formalizante alega la existencia de pretensiones cuyos procedimientos son incompatibles partiendo de la base de que la parte actora demandó el cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales y extrajudiciales, sin embargo, no indica con exactitud cuáles son esas actuaciones y por qué considera tienen una naturaleza distinta a la otorgada por el juez de alzada, sino que se limita a transcribir de manera genérica una sentencia de esta Sala que indica que “…actividades como la redacción del poder, el estudio y elaboración de la demanda y/o de la contestación, no pueden considerarse extrajudiciales ya que están íntimamente ligadas al proceso…” sin establecer el vínculo necesario entre tal criterio jurisprudencial y lo concretamente peticionado, valga decir, sin señalar cuál es la redacción de poder cuyo cobro se demanda, y cuál demanda y/o contestación fue intimada por el sujeto activo de la relación procesal.

Al margen de lo anterior, es de considerar que la presente causa fue admitida y sustanciada por el procedimiento breve y no fue sino hasta estar la causa en estado de sentencia cuando los demandados argumentaron la existencia de la inepta acumulación, valga decir, luego de haber transcurrido todas las fases del procedimiento en el cual las partes hicieron valer su derecho a la defensa.

Ahora bien, la Ley de Abogados estipula que el cobro de honorarios profesionales por actuaciones “judiciales” debe tramitarse según el procedimiento previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil según el cual:

“…Artículo 607.- Si por resistencia de una parte a alguna medida legal del Juez, por abuso de algún funcionario, o por alguna necesidad del procedimiento, una de las partes reclamare alguna providencia, el Juez ordenará en el mismo día que la otra parte conteste en el siguiente, y hágalo ésta o no, resolverá a más tardar dentro del tercer día, lo que considere justo; a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual abrirá una articulación por ocho días sin término de distancia.

Si la resolución de la incidencia debiere influir en la decisión de la causa, el Juez resolverá la articulación en la sentencia definitiva; en caso contrario decidirá al noveno día...”. (Subrayado de esta Sala).

 

Por su parte, la misma ley en su artículo 22, consagra el procedimiento breve previsto en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para resolver cualquier inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales “extrajudiciales”, otorgando dicho procedimiento lapsos más largos y más oportunidades de defensa que el anterior, como lo es incluso, la posibilidad de oponer cuestiones previas y la reconvención.

Siendo así, estima esta Sala que mal podría decir la parte demandada que su derecho a la defensa ha sido vulnerado cuando el procedimiento breve instaurado en la presente causa, otorga mayores garantías procesales que la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.

No con ello está reconociendo esta Sala la existencia de procedimientos incompatibles, pues, se reitera, desconoce esta Sala cuáles son las supuestas actuaciones que el formalizante etiqueta como judiciales y que el juez de la recurrida calificó como de naturaleza extrajudicial, sin embargo, aprecia esta Sala que a todo evento no existe tal vulneración del derecho a la defensa pues las partes han transitado por el procedimiento que ofrece más garantías procesales.

Así, esta Sala ha señalado en otras oportunidades, por ejemplo, que no se lesiona el derecho a la defensa si se tramita a través del procedimiento ordinario un juicio que ha debido tramitarse por el juicio breve. (Vid. fallo N° 669 del 20 de julio de 2004, caso: Giuseppina Calandro de Morelly c/ Desarrollos Caleuche, C.A.), ello en resguardo de los principios constitucionales previstos en los artículos 26 y 257 del Texto Fundamental.

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, estima esta Sala que en el caso que se examina no se vulneró derecho de la defensa alguno ni se encuentra acreditada la inepta acumulación de pretensiones alegada por la parte formalizante del recurso de casación, razón por la cual se declara la improcedencia de la delación que se examina por infracción de los artículos 15, 78, 206, 208 y 212 del Código de Procedimiento Civil,. Así se establece.

 

-X-

 

Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12, 208 y 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, por haber incurrido el juez de alzada en el vicio de incongruencia.

Sostiene el formalizante:

“…De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción por la recurrida del Artículo (sic) 243°, ordinal 5° ejusdem, así como la violación de los Artículos (sic) 12° y 208° del mismo Código (sic), por cuanto al pronunciarse sobre la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones declarada por el Juzgador (sic) de Primer (sic) Grado (sic), estableció un nuevo elemento de hecho que no formaba parte del Thema (sic) Decidendum (sic) de la incidencia de la Apelación (sic), pues en ella no se estaba dirimiendo los aspectos relativos a la procedencia o no del cobro de los honorarios profesionales por actividades judiciales y extrajudiciales, ni estaba discutiendo la fijación o no. Del quantum sobre el cual los jueces retasadores deberían determinar el monto a cobrar, pronunciamientos éstos que se traduce en violación al deber de dictar decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas, previstas en el ordinal 5° del Artículo (sic) 243° del Código de Procedimiento Civil, así como del Artículo (sic) 12° del mismo Código, porque no se atuvo a lo alegado y probado en autos, violando el Principio (sic) de la Congruencia (sic) y del Doble (sic) Grado (sic) de Jurisdicción (sic), ya que dictó sentencia de mérito en segunda instancia, cuando todavía no se ha producido la del primer grado de jurisdicción.

En efecto, la recurrida en su Parte (sic) Dispositiva (sic) estableció lo siguiente:

(…Omissis…)

De lo precedentemente transcrito se evidencia que el Juez (sic) de Alzada (sic) en su decisión no se limitó a establecer el derecho al cobro de los honorarios demandados, sin que existiera sentencia de primer grado, sino que fijó el quantum sobre el cual los jueces retasadores en la fase estimativa del procedimiento, deberían determinar el monto a cobrar.

En efecto, la recurrida no cumple con el requisito de impretermitible cumplimiento de dictar decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida en la Apelación (sic) y a las excepciones o defensas opuestas en dicha incidencia, profiriendo un fallo en el que conociendo de una Apelación (sic) sobre un Auto (sic) que determinó simplemente la inadmisibilidad de una demanda por la inepta acumulación de pretensiones, decidió el fondo de la controversia y declaró con lugar el cobro de honorarios profesionales de unos Abogados (sic) y firme la estimación e intimación de dichos honorarios, y fijó el quantum sobre el cual los jueces retasadores deberían determinar el monto a cobrar, lo cual no fue el thema decidendum de la Apelación (sic), ordenando practicar una indexación o corrección monetaria, a fin de determinar la cantidad a pagar, incurriendo en un exceso de jurisdicción al resolver una materia que no le correspondía; como es el derecho al cobro de los honorarios profesionales y al declarar con lugar la demanda, en atención al efecto devolutivo del Recurso (sic) de Apelación (sic) ejercido. La recurrida simplemente debió limitarse a resolver el objeto sometido a su conocimiento, esto es, la procedencia o no de lo decidido en la Resolución (sic) de fecha 23 de septiembre de 2.015 (sic), que declaró la inadmisibilidad de la demanda por inepta acumulación de pretensiones, por cuanto en el juicio principal no se había sentenciado el derecho al cobro de honorarios profesionales; sin embargo, la recurrida violó no sólo el Principio (sic) de la Congruencia (sic), sino también el del Doble (sic) Grado (sic) de Jurisdicción (sic), al dictar sentencia de mérito en segunda instancia, cuando todavía no se ha producido la del primer grado de jurisdicción…”.

 

Dada que la denuncia que antecede se encuentra formulada en idénticos términos que la cuarta (IV) denuncia de actividad, esta Sala da por reproducidos los argumentos que sirvieron de fundamento para desestimar aquella, y en consecuencia, declara la improcedencia de esta. Así se establece.

 

RECURSO POR INFRACCIÓN DE LEY

Ú N I C A

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículo 22 de la Ley de Abogados por errónea interpretación.

 

 

Arguye el formalizante:

“…De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del Artículo (sic) 313° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo (sic) 320° ejusdem, denunciamos la infracción de la recurrida, por errónea interpretación del Artículo (sic) 22° de la Ley de Abogados.

La recurrida infringió, por error de interpretación, el Artículo (sic) 22° de la Ley de Abogados cuando le atribuyó el carácter de Extrajudiciales (sic) a actuaciones que por su naturaleza eran judiciales.

En efecto, al vuelto del folio 323 del expediente y 45 de la recurrida, al intentar describir los aparentes servicios profesionales extrajudiciales realizados por la Parte (sic) Actora (sic), se expresa:

“4.- Redacción y realización de diversas inspecciones y notificaciones judiciales, instrumentos poderes, cartas y contratos”.

Del libelo de la demanda se comprueba que la estimación e intimación de honorarios profesionales contiene actuaciones de carácter judicial como el cobro de la elaboración y realización de justificativo de testigos, múltiples inspecciones judiciales, juicios laborales, poderes redactados y evacuados, que la recurrida trata como extrajudiciales, cuando debían ser consideradas como actuaciones judiciales.

Así las cosas, tal como ha quedado establecido, denunciamos que la recurrida calificó como extrajudiciales, actuaciones que en realidad, conforme al Artículo (sic) 22° de la Ley de Abogados, eran judiciales.

Sobre el criterio para determinar la naturaleza judicial o extrajudicial de una determinada actuación realizada por un profesional del derecho a los fines del establecimiento del procedimiento aplicable para ejercitar su cobro, la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 16 de marzo de 2.000, ratificada en dictamen del 5 de abril de 2001, en el asunto C. Reyes contra Sucesión Rosal, expediente 99-650, N° 0076, con ponencia del Magistrado Doctor Antonio Ramírez Jiménez, estableció el siguiente criterio:

(…Omissis…)

Vale decir, que como lo hemos señalado, la práctica de justificativos de testigos y de inspecciones judiciales u oculares, que fueron muchas según el Escrito (sic) Libelar (sic), tienen la naturaleza de actuaciones judiciales, por lo que la recurrida infringió el Artículo (sic) 22° de la Ley de Abogados, al errar en su interpretación sobre su alcance y sobre su contenido.

El referido error de interpretación condujo a la recurrida a declarar improcedente la inepta acumulación de pretensiones decidida por el Tribunal (sic) de Primer (sic) Grado (sic), pues consideró que no se había producido tal situación, al ser procedente, según la recurrida el cobro de honorarios por actuaciones judiciales, calificadas como extrajudiciales.

En consecuencia, solicitamos se declare la procedencia de la presente denuncia y a los efectos de lo dispuesto en el Artículo (sic) 320° del Código de Procedimiento Civil, se aplique el referido Artículo (sic) 22° de la Ley de Abogados, en su verdadero alcance y contenido…”.

 

Sostiene el recurrente en casación que el juez de la recurrida incurrió en la errónea interpretación del artículo 22 de la Ley de Abogados al calificar como extrajudiciales actuaciones que por su naturaleza tienen carácter judicial, refiriéndose concretamente a la “…Redacción y realización de diversas inspecciones y notificaciones judiciales, instrumentos poderes, cartas y contratos…”, así como el “…cobro de la elaboración y realización de justificativo de testigos, múltiples inspecciones judiciales, juicios laborales, poderes redactados y evacuados…”.

Para decidir la Sala observa:

El artículo 22 de la Ley de Abogados consagra el derecho del abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice y el procedimiento a seguir en uno u otro caso, sin que tal norma disponga cuáles son los supuestos para que determinada actuación sea catalogada como judicial o extrajudicial.

En tal sentido, aprecia esta sala que la calificación que el juez otorga a las actuaciones profesionales cuyo cobro se demanda atiende a la valoración que el juez hace de las pruebas y su infracción debe denunciarse a través de una denuncia de casación sobre los hechos por error de derecho al juzgar los hechos.

No interpreta erróneamente el juez el artículo 22 de la Ley de Abogados cuando, una vez establecido el carácter extrajudicial de las actuaciones demandadas, aplica el procedimiento breve al juicio de autos, pues con ello le está otorgando el correcto contenido y alcance a la norma.

Yerra pues el formalizante al denunciar el error en que pudiera abrir incurrido el juez de alzada al calificar las actuaciones profesionales demandadas a través de una denuncia de errónea interpretación del artículo 22 de la Ley de Abogados.

Al margen de lo expuesto, observa esta Sala que el juez de la recurrida declaró el derecho al cobro de los siguientes honorarios:

“…se declara EL DERECHO, de la asociación civil MATA BORJAS, PRIWIN & FERRERAS y del abogado BERNARDO PRIWIN AGUERREVERE, anteriormente identificados, a percibir honorarios profesionales, por las actuaciones extrajudiciales que efectuaron en su representación, que consistieron en la asesoría, planificación, estrategia y representación de los intereses societarios de dichos sujetos, los cuales en su conjunto conforman el grupo Vadillo, en un grupo de compañías que denominó grupo “Sanvadi”, donde eran accionistas, a título personal o indirectamente a través de la mencionada empresa, en una disputa frente a otro grupo mayoritario en el capital del grupo “Sanvadi”, el cual poseía idéntica proporción accionaria, el cual denominó grupo Sánchez, donde sus objetivos consistieron en restituir la paridad y equidad en las potestades de dirección, administración, control y supervisión de las empresas “Sanvadi”, donde ejecutaron actividades societarias tendientes a obtener el equilibrio en los poderes, y una administración consensuada en el grupo de empresas. Investigaciones patrimoniales necesarias para demostrar que los administradores designados por el Grupo Sánchez habían violado el artículo 269 del Código de Comercio al haber contratado con interés contrario al de las empresas, en su beneficio, perjudicándolas, así como a sus accionistas y otros administradores. Generar las condiciones necesarias para obtener la separación económica, comercial y jurídica entre el Grupo Sánchez y el Grupo Vadillo, en las condiciones más ventajosas posibles para éste último, lo que en definitiva, motivó un proceso de mediación realizado con la asistencia de terceros, donde se negoció un mecanismo para que uno de ambos grupos principales de accionistas, comprara y el otro vendiera su participación, que fue la última etapa del proceso. Objetivos que quedaron plasmados en el documento denominado “Protocolo”, que produjo marcado “03”, suscrito el 1º de febrero de 2008, por CORPORACIÓN VADIHER, C.A. y JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO, así como por los restantes integrantes de ambos grupos accionarios, cuyas motivaciones y consideraciones evidencian la naturaleza de las actuaciones, asistencia jurídica, asesoría y representación legal que le prestaron a sus patrocinados, hoy demandados, así como los principales actores e intervinientes en las gestiones, servicios profesionales prestados y el sustrato económico del Grupo “Sanvadi”, lo cual arrojó que el Grupo Vadillo vendiera sus acciones en el Grupo “Sanvadi”, por la cantidad de ochenta y siete millones setecientos cincuenta y tres mil bolívares fuertes (Bs. 87.753,000,oo) o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, al cambio oficial para la época, de Bs. 2,15 bolívares, es decir, la cantidad de cuarenta millones ochocientos quince mil trescientos cuarenta y ocho dólares americanos (US$ 40.815.348,oo), obteniendo a su vez, dividendos decretados por la empresa CABILLAS Y PERFILES CABIPERCA, C.A., por la cantidad de siete millones seiscientos dos mil setecientos setenta y siete bolívares (Bs. 7.602.777,oo), la venta de bienes inmuebles y la adjudicación de los derechos de propiedad de otra serie de bienes muebles y acciones, operaciones que le significaron al Grupo Vadillo, un beneficio de dieciséis millones quinientos veintinueve mil novecientos sesenta y ocho bolívares (Bs. 16.529.968,oo). logrando así obtener la separación societaria entre los Grupos Sánchez y Vadillo, mediante la fórmula más provechosa posible para los intereses de ambos socios encontrados en fiera disputa para obtener el control, dado los resultados obtenidos por JOSÉ IGNACIO VADILLO HERRERO, CORPORACIÓN VADIHER, C.A., y sus restantes accionistas, producto gestión desempeñada por MATA BORJAS, PRIWIN & FERRERAS y BERNARDO PRIWIN AGUERREVERE, y las gestiones desempeñadas por los profesionales del derecho que prestaron servicios en beneficio de los demandados, bajo instrucciones y subordinación a MATA BORJAS, PRIWIN & FERRERAS y/o BERNARDO PRIWIN AGUERREVERE. Servicios que incluyeron: 1. Revisión exhaustiva y análisis de estatutos, asambleas, estados financieros y demás documentos societarios de las empresas que conforman el Grupo “Sanvadi”, Sánchez y Vadillo; 2. Definición, planificación y ejecución táctica y estratégica de los cursos de acción más beneficiosos para el Grupo Vadillo; 3. Preparación, comparecencia y representación en múltiples asambleas de accionistas; 4. Redacción y realización de diversas inspecciones y notificaciones judiciales, instrumentos poderes, cartas y contratos; 5. Reuniones con auditores y contadores internos y externos de las empresas; participación activa en la verificación de estados financieros e inventarios, así como en la contratación y supervisión de investigaciones contables y auditorias forenses convenidas con firmas de contadores públicos; 6. Representación y asistencia de los patrocinados, en reuniones y gestiones sostenidas con integrantes del Grupo Sánchez y de las dos (2) firmas de abogados contratadas por éstos en el decurso del caso; 7. Representación y asistencia en la instauración, desarrollo y resultados del procedimiento de negociación efectuado entre los Grupos Sánchez y Vadillo frente a mediadores; 8. Gestión como representante judicial estatutario designado por el Grupo Vadiher en las compañías del Grupo “Sanvadi”; 9. Representación y asistencia en la división de bienes muebles e inmuebles del Grupo “Sanvadi”, entre los Grupos Sánchez y Vadillo. Todas éstas actuaciones, fueron estimadas de manera pormenorizada y detallada en el libelo de demanda, con establecimiento de los montos estimados para cada una de ellas, lo que arrojó en totalidad, en la cantidad de diez millones quinientos cuarenta y un mil quinientos bolívares (Bs. 10.541.500,oo). Dicho monto deberá pagarse por el demandado, en su totalidad de no sufrir variación por el tribunal retasador o que éste no se constituya…”. (Negrillas del texto transcrito. Subrayado de esta Sala).

 

Ahora bien, no obstante las deficiencias advertidas en la forma de plantear la denuncia, correspondía al formalizante en todo caso indicar a esta Sala de qué manera la “…Redacción y realización de diversas inspecciones y notificaciones judiciales, instrumentos poderes, cartas y contratos…” encuadran dentro de la calificación de actuaciones judiciales, es decir, correspondía a la parte recurrente en casación demostrar de qué manera aquellas actuaciones estaban vinculadas con un proceso judicial en el cual los abogados intimantes actuaban en cumplimiento al mandato que le fuere conferido, lo que en modo alguno exponen el denunciante.

Por consiguiente, esta Sala se ve en la imperiosa necesidad de declarar improcedente la denuncia que se examina, al no haberse producido la errónea interpretación alegada. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de casación, anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de julio de 2016.

 

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del juicio.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los (7) días del mes de junio de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

 

 

______________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

_____________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

Magistrado,

 

 

 

___________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

Magistrada,

 

 

 

_________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Magistrada,

 

 

 

__________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

Secretario,

 

 

 

_________________________

RICARDO ANTONIO INFANTE

 

 

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2016-000842

 

Nota: Publicado en su fechas a las

 

 

 

 

Secretario,

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