Venley

Sentencia N.º RC.000667

Sentencia
N.º RC.000667
Fecha
26/10/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
17-303
Ponente
Guillermo Blanco Vázquez
Procedimiento
Recurso de Casación

 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

 

Exp. 2017-000303

 

Magistrado Ponente: GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

En la querella interdictal posesoria por despojo de un bien inmueble destinado a vivienda, incoada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Falcón por la ciudadana JHONNEILYS ANDREINA MARTÍNEZ PÉREZ, representada judicialmente por el profesional del derecho Antonio Lilo Vidal, contra el ciudadano JONATHAN SILVA GAONA, patrocinado judicialmente por el abogado Fernando Yván Pirela, y como terceros intervinientes (opositores) los ciudadanos ELEUTERIO SILVA HERNÁNDEZ y ROSALBA GAONA DE SILVA, debidamente representados por el abogado Fernando Yván Pirela; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 3 de febrero de 2017 mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación ejercido el 11 de agosto de 2016, por la representación judicial de la querellada y de los terceros intervinientes, anuló la sentencia definitiva de fecha 10 de agosto de 2016 dictada por el tribunal a quo, que declaró inadmisible la intervención de los terceros Eleuterio Silva y Rosalba Gaona, improcedente la oposición a la medida de secuestro decretada, con lugar la querella interdictal y repuso la causa al estado de admisión de la demanda. No hubo condenatoria al pago de las costas dada la naturaleza de la decisión.

Contra el precitado fallo de alzada, la representación judicial de la parte querellante anunció recurso extraordinario de casación el 10 de febrero de 2017, siendo admitido por auto de fecha 3 de marzo de los corrientes, y formalizado el 30 de del mismo mes y año. No hubo impugnación.

En fecha 20 de abril de 2017, se dio cuenta del expediente ante esta Sala y, se designó ponente al Magistrado Dr. Guillermo Blanco Vázquez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Concluida la sustanciación del precitado recurso extraordinario de casación, procede la Sala a decidir en los siguientes términos:

 

 

DENUNCIAS POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

Con fundamento en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante delata la infracción de los artículos 15, 206, 208 y 701 eiusdem, por considerar que el sentenciador de alzada quebrantó formas sustanciales del proceso que le generaron indefensión.

Para fundamentar su delación, el formalizante expresó:

“…De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delata el quebrantamiento y omisión de formas sustanciales en la actividad del juzgador de alzada previstasy (sic) sancionadas en los artículos 15, 206, 208 y 701 del Código de Procedimiento Civil.

Que (sic) menoscaba el debido proceso y por ende el derecho de defensa de mi representada la querellante del interdicto posesorio.

En efecto, ciudadanos magistrados en fecha 8 de agosto de 2016el (sic) Tribunal (sic) de la causa dictó Sentencia (sic) definitiva (consta en el expediente), en el juicio de restitución posesoria llevado por el Juzgado primero (sic) de Primera Instancia Civil de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Falcón, en la que declaró Con (sic) Lugar (sic) la acción interpuesta por el (sic) ciudadana JHONNEILYS (sic) ANDREINA MARTÍNEZ PÉREZ, arriba identificado (sic); luego, mediante auto de fecha: 12 de agosto de 2016, el Tribunal (sic) de la causa, admite el recurso de apelación accionado por la parte querellada, la cual oyó en los siguientes términos: visto el recurso de apelación ejercido por la parte querellada se oye en un solo efecto y se ordena la remisión de la causa al Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito (sic) de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Falcón. Ahora bien, el Tribunal (sic) de la cusa (sic) ordenó la remisión del presente expediente y dado (sic) entrada, hicimos oposición contra el acto írrito contenido del auto de admisión del recurso de apelación, por la razones de hecho y de derecho expuestas mediante dos escritos consignados ante el a quo en virtud de que se admitió la apelación y se envió el expediente al Juzgado (sic) Superior (sic) sin haberse cumplido con la sentencia, todo ello a pesar de que el Tribunal (sic) de la causa oyó la apelación en un solo efecto, en la práctica no hizo la entrega del bien inmueble objeto de litigio, que el mismo ordeno (sic) entregar en su sentencia.

Ahora bien, ciudadano Magistrado, a pesar de la insistencia razonada en el desarrollo del planteamiento contenido en los precitados escritos, el ad quem ignoró (sic), silenció por completo el asunto de la entrega del inmueble, en acto contrario con: “el comportamiento que debe asumir el juez cumpliendo con la función tuitiva del orden público, que de conformidad con la doctrina Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, persigue atacar la violación al orden público procesal el cual debe ser restituido de inmediato, independientemente de los resultados que hayan obtenido las partes en el ínterin del proceso, es el restablecimiento del debido proceso lo que se pretende resguardar”. Y ello se corrobora revisando el texto de la sentencia impugnada por el presente recurso extraordinario, cuando encontramos que el ad quem, respecto a la apelación y a la ejecución del fallo, únicamente expresó lo siguiente:   

 (…Omissis…)

En consecuencia, al no pronunciarse el tribunal de alzada respecto a remisión del expediente a la Primera (sic) instancia a objeto de hacer cumplir la sentencia y en cuanto a la entrega de (sic) inmueble en cumplimiento de la decisión dictada por el Tribunal (sic) Primero (sic), es decir, su ejecución, en virtud de haber admitido la apelación en un solo efecto, negó indebidamente el pronunciamiento sobre la ejecución del fallo que consistía en la entrega del inmueble, procediéndose a la fijación del lapso de informes y a dictar sentencia con arreglo a la apelación interpuesta por el querellado contra la sentencia interdictal de primera instancia, cuando su deber como alzada ha debido ser, realizar la corrección de las subversiones en el debido proceso ya que el Juez (sic) ad (sic) quo había escuchado la apelación ejercida en un solo efecto pero se negó en forma omitida a ordenar la entrega del inmueble que ella misma había ordenado entregar en la sentencia que fue declarada Con (sic) Lugar (sic), de manera tal que lo decidido nunca se cumplió, convalidándose así, el vicio procesal del tribunal de la causa, haciéndose evidente un quebrantamiento de formas sustanciales de los actos del proceso, como resultado de la actividad del ad quem que menoscaban el debido proceso y por ende, el derecho de defensa de la parte victoriosa del procedimiento interdictal, aquí recurrente.

Entonces decimos, que el ad quem al no revisar la legitimidad en la ejecución del fallo y la admisión de la apelación, mediante el querellante interdictal, mi representado, en un estado de indefensión por cuanto es evidente que con ese proceder el Juzgado (sic) de la causa, al oír la apelación en un solo efecto pero sin ejecutar o entregar el inmueble en realidad lo que hizo fue escuchar de hecho la APELACION EN AMBOS EFECTOS, y con ello quebrantó la norma procesal de orden público contenida en la penúltima parte del artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, que expresamente dispone que la apelación contra la sentencia definitiva dictada en los juicios interdictal posesorios, debe admitirse en un solo efecto, lo cual implica que el fallo debe ejecutarse. Asimismo, con tal conducta, el a quo (sic) indebidamente privó a esta parte querellante victoriosa en el proceso de la posibilidad de solicitar la ejecución de la sentencia apelada por su contraparte, subvirtiendo así el procedimiento legalmente establecido para la admisión de la aplicación de la sentencia definitiva en los procesos Interdictal posesorios, e infringiendo el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de la querellada, consagrado en el artículo 26 de la Carta Magna, el cual denunciamos como infringido. 

Es preciso alegar, que de conformidad con el Principio (sic) de Protección (sic) Procesal (sic), que establece la normativa del artículo 214 del Código Procesal Civil, ha quedado demostrado en el ínterin procesal en grado y estado de la causa, que mediante los escritos supra citados, hemos denunciado, previo a la decisión de última instancia, el quebrantamiento de la norma procesal de orden público contenida en la penúltima parte del artículo 701 del Código de Procedimiento Civil, que ha acarreado el estado de indefensión procesal al querellante JHONNEILYS ANDREINA MARTINEZ PEREZ, por lo que sí es procedente el reclamo a los efectos de la nulidad correspondiente de la casación…”. (Mayúsculas, cursivas y negrillas del texto parcialmente transcrito, subrayado de la Sala).

 

Acorde con el texto de la denuncia, la recurrida habría quebrantado formas sustanciales de los actos en menoscabo del derecho a la defensa del recurrente, al anular la decisión dictada por el a quo y reponer la causa al estado de nueva admisión de la querella.

Así mismo, señaló que su deber como alzada consistía en realizar la corrección de las subversiones procesales ocurridas ya que el tribunal de cognición oyó la apelación ejercida en un solo efecto pero se negó en forma omitida a ordenar la entrega del inmueble que previamente había ordenado, de manera tal que lo decidido nunca se cumplió.

La Sala para decidir, observa:

Para sustentar el fallo hoy recurrido en esta sede casacional, el tribunal de alzada estableció lo siguiente:

“…MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO

En el presente caso, la ciudadana JHONNEILYS MARTÍNEZ PÉREZ, pretende con la interposición de la presente querella la restitución de la [propiedad] pacifica que alega ha venido ejerciendo sobre un inmueble ubicado en el sector San José, callejón entre calle 8/9 casa sin número del sector San José, Parroquia San Gabriel, Municipio Miranda del estado Falcón, desde hace aproximadamente cinco (5) años, de forma continua, no interrumpida, pacífica, pública y no equivoca y con intención de tenerlo como suyo, conjuntamente con su hija María de los Ángeles Suárez Martínez y su marido William Suárez, hasta que él falleció, en septiembre de 2015, sin que persona alguna los hubiese molestado o reclamado por dicha posesión, hasta el día 19 de septiembre de 2015, cuando el ciudadano JONATHAN SILVA GAONA, y (sic) rompió el candado de la puerta principal y de la puerta de la casa ocupándola con su esposa y los ciudadanos Eleuterio Silva y Rosalía Gaona; que el demandado y el resto de las personas no las dejaron entrar, y las privaron de sus ropas y enseres; por lo cual demanda por interdicto de amparo por desalojo al ciudadano JONATHAN SILVA GAONA, a los fines de que se ordene la entrega inmediata del inmueble y le sea restituida la posesión que ha venido ejerciendo, fundamenta la presente acción en los artículos 783 y 699 del Código Civil; y solicitó se decretara medida de secuestro sobre el referido inmueble.

Por lo que visto lo anterior, el Tribunal (sic) a quo de fecha 9 de mayo de 2016, admitió la acción intentada en los siguientes términos:

‘por cuanto están cumplidas las exigencias de los artículos700 (sic) del Código de Procedimiento Civil, y 782 del Código Civil, por cuanto la misma no es contraria al orden público, al derecho y a las buenas costumbres y/o disposición expresa de la Ley (…) ADMITE la presente demanda de QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO POR PERTURBACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil.- En consecuencia, por cuanto la parte manifiesta que no está dispuesta a constituir la garantía en la presente demanda a tenor de lo establecido en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil en su último aparte, este Tribunal (sic) Impartiendo (sic) Justicia (sic), en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE SECUESTRO…’

De lo anterior se colige que el auto de admisión adolece de los siguientes vicios, en primer lugar se observa que la querellante demanda por “interdicto de amparo por despojo”, es decir, confunde el interdicto de amparo y el interdicto restitutorio, sin embargo fundamenta su acción en el artículo 783 del Código Civil, el cual prevé la acción interdictal restitutoria por despojo, pero el Tribunal la admite conforme al artículo 782 ejusdem (sic), que prevé el (sic) acción Interdictal de amparo por perturbación, en concordancia con el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil, que establece el procedimiento aplicable al interdicto de amparo.

En segundo orden, tenemos que no obstante que la acción intentada fue admitida como una QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO POR PERTURBACIÓN, conforme a la normativa que la rige; en el mismo auto, el Tribunal (sic) de la causa procedió a decretar una medida de secuestro, conforme al último aparte del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, el cual se corresponde con el trámite del interdicto restitutorio por despojo; de lo que se evidencia una mixtura de procedimientos especiales aplicados al caso concreto.

En tercer lugar, y en relación a la admisibilidad de la acción, tenemos que habiendo sido demandada una querella restitutoria con fundamento en el artículo 783 del Código Civil, los requisitos de admisibilidad son los establecidos en el artículo 699 del Código Civil Adjetivo, y no los contenidos en el artículo 341 ejusdem (sic), el cual dispone:

(…Omissis…)

La anterior norma establece las condiciones o requisitos de admisibilidad de la querella interdictal restitutoria; así tenemos que, teniendo esta acción como finalidad la restitución del bien que ha sido objeto de despojo, el poseedor que haya sido privado de la posesión, deberá expresar los hechos constitutivos del despojo, los cuales deberá demostrar, así como también la fecha en que el mismo ocurrió. Igualmente, y por cuanto se trata del caso previsto en el artículo 783 del Código Civil, deberá el querellante determinar el hecho posesorio propio que le permite recurrir a la vía interdictal, no siendo necesario alegar la posesión legítima, pues basta que alegue ser poseedor, aún la posesión precaria; para lo cual el querellante puede valerse de cualquier medio probatorio.

En relación a los requisitos de admisibilidad de los interdictos posesorios, se hace necesario traer a colación criterio emanado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 512 de fecha 15 de noviembre de 2010 dictada en el expediente N° 2010-000319, estableció lo siguiente:

  (…Omissis…)

Visto el anterior criterio jurisprudencial, el cual es aplicable al caso de autos; tenemos que el juez debe proceder a verificar de acuerdo a las normas transcritas, el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la querella, lo cual no ocurrió en el caso de autos, donde el Tribunal (sic) se limitó a indicar en el auto de admisión que estaban cumplidas las exigencias de los artículos 700 del Código de Procedimiento Civil, y 782 del Código Civil, sin analizarlas, así indicó que la demanda no es contraria al orden público, al derecho y a las buenas costumbres y/o a disposición expresa de Ley, por lo que procedió a su admisión, contrariando la normativa que rige este tipo de acciones, y confundiendo la norma adjetiva aplicable al caso concreto.

En otro orden, tenemos que de las actas procesales se evidencia que una vez ejecutada la medida de secuestro decretada sobre el inmueble objeto de litigio, los terceros ciudadanos Eleuterio Silva Hernández y Rosalía Gaona de Silva, debidamente representados por el abogado Fernando Yvan Pirela, consignan escrito de oposición a la medida de secuestro decretada y ejecutada por el Tribunal Segundo Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Miranda de esta Circunscripción Judicial; a cuya oposición el Tribunal (sic) de la causa hizo caso omiso y no emitió pronunciamiento alguno durante el proceso, sino hasta la oportunidad en que dictó la sentencia definitiva en la presente causa, donde fue declarada su improcedencia. Es decir, que no se abrió el cuaderno separado para la tramitación de la medida de secuestro decretada, así como tampoco de (sic) aperturó la incidencia de la oposición. Sobre este particular, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 15 de junio de 2015, dictada en el Exp. N° 2015-00130, estableció:

(…Omissis…)

Del anterior criterio jurisprudencial, y del recorrido del trámite procesal realizado en el presente juicio, se evidencia que el Tribunal (sic) a quo incurrió en subversión del orden procesal en la tramitación de la presente querella interdictal, desde el auto de admisión, el cual tal como quedó establecido ut supra, adolece de vicios que afectan su validez y eficacia; así como el resto del trámite, en virtud de que se sustanció en el mismo cuaderno el asunto principal y la medida preventiva de secuestro decretada y ejecutada, a la cual hicieron oposición unos terceros ELEUTERIO SILVA y ROSALBA GAONA, la oposición a la medida de secuestro decretada, y al fondo de la querella interdictal incoada por la ciudadana JHONNEILYS MARTÍNEZ PÉREZ contra el ciudadano JONATHAN SILVA GAONA.

Visto la anterior, tenemos que en cuanto a estos errores que puedan afectar los derechos procesales constitucionales de las partes, ha emitido pronunciamiento la Sala Constitucional de nuestro más Alto Tribunal, así en sentencia de fecha 26 de julio de 2015, dictada en el expediente N° 04-3156, la Sala ratificó criterio sostenido mediante decisión del 9 de octubre de 2002, caso: José Diógenes Romero, donde expuso:

(…Omissis…)

De acuerdo con lo antes expuesto, las referidas normas y los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que es deber de todo juez aplicar las normas procesales y corregir los errores dentro del proceso; y por cuanto en el presente caso el Tribunal (sic) a quo incurrió en varios errores de procedimiento que fueron detallados precedentemente, se concluye que hubo una clara subversión del orden procesal, lo que vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49.1 Constitucional; es por ello que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, debe anularse la sentencia dictada por el tribunal (sic) a quo, y reponer la causa al estado de admisión de la querella interdictal, conforme a lo indicado en el presente fallo, dejando nulas todas las actuaciones cursantes en la presente causa desde el auto de admisión inclusive; y así se decide…” (Mayúsculas y subrayado de la recurrida, negrillas y agregado de la Sala).

 

El ad quem según el contexto de la transcripción parcial de la recurrida antes realizada determinó que, la acción intentada se refiere a una querella interdictal posesoria de restitución por despojo, y no como de manera ambigua lo expresó el a quo, al utilizar los términos “perturbación y despojo” indistintamente.

Luego precisó también que además del precitado error, en el mismo auto de admisión de la querella el tribunal a quo decretó una medida de secuestro, conforme al último aparte del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, la cual se corresponde con el trámite del interdicto restitutorio por despojo, por lo que concluyó que se produjo una mixtura de procedimientos especiales aplicados al sub iudice.

Finalmente, advirtió que el tribunal de primera instancia subvirtió el trámite de la correspondiente medida de secuestro, pues no se abrió el cuaderno separado para la tramitación de la precitada incidencia cautelar, en la cual los terceros intervinientes ciudadanos Eleuterio Silva Hernández y Rosalía Gaona de Silva ejercieron oposición, la cual además fue decidida en la sentencia definitiva que habría de resolver el mérito del asunto.

Sobre la base de lo anteriormente indicado, declaró la nulidad de todas las actuaciones procesales y repuso la causa al estado de dictar nuevo auto de admisión.

A los fines de una mejor comprensión del caso planteado, la Sala estima necesario hacer el siguiente recuento de las actuaciones procesales que cursan insertas en el expediente.

El 10 de abril de 2016, la ciudadana Jhonneilys Andreina Martínez Pérez debidamente asistida por el abogado Antonio Lilo Vidal, incoó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, libelo de demanda contentiva de la querella interdictal restitutoria de posesión sobre un inmueble ubicado en el Sector San José, Callejón, entre calle 8/9, casa sin número, del sector San José, de la parroquia San Gabriel del Municipio Miranda, estado Falcón, contra el ciudadano Jonathan Silva Gaona, sustentando su acción en el artículo 783 del Código Civil, en concordancia con el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, estimando la cuantía de la misma en cien mil Unidades Tributarias (100.000,00 U.T.), solicitando a su vez, medida preventiva de secuestro, sobre lo cual indicó: “…Por cuanto no estoy dispuesta a constituir garantía en la presente demanda a tenor de lo establecido en el artículo 699 de CPC, solicito al (sic) este digno Tribunal (sic) se decrete medida de Secuestro del inmueble objeto de esta demanda…”. (Vid. Folio 5 de la única pieza).

El 9 de mayo de 2016, el precitado juzgado admitió la querella referida, señalando lo siguiente:

“…Visto (sic) la demanda de QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO POR DESPOJO, y sus recaudos anexos, (…) por cuanto están cumplidas las exigencias de los artículos 700 del Código de procedimiento (sic) Civil y 782 del Código Civil, por cuanto la misma no es contraria al orden público, al derecho y a las buenas costumbres y o/a disposición expresa de Ley, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, Impartiendo Justicia en Nombre (sic) de la Republica (sic) Bolivariana de Venezuela, ADMITE la presente demanda de QUERELLA INTERDICTAL DE AMPARO POR PERTURBACIÓN, de conformidad con lo establecido en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil.-

En consecuencia, por cuanto la parte manifiesta que no está dispuesta a constituir la garantía en la presente demanda a tenor de lo establecido en el Artículo (sic) 699 del Código de Procedimiento Civil en su último aparte, este Tribunal(sic) Impartiendo (sic) Justicia (sic), en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE SECUESTRO, de conformidad con lo establecido en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, en su último aparte (…)

Para la práctica de dicha medida decretada, se comisiona suficientemente al JUZGADO DISTRIBUIDOR DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, CONCEDE EN CORO (…)

(…Omissis…)

Igualmente, este Tribunal (sic), advierte que una vez que conste en autos la práctica de la medida, se ordenará la citación de la parte querellada, y una vez citado, esté quedará emplazado para el segundo  (2do) día de despacho siguiente (…)…”. (Negrillas, mayúsculas, subrayado y cursivas del texto parcialmente transcrito, doble subrayado de la Sala).

 

En fecha 28 de junio de 2016, el supra mencionado tribunal ordenó agregar a los autos las resultas de la comisión de la medida decretada.

En fecha 28 de junio de 2016, los ciudadanos Eleuterio Silva Hernández y Rosalía Gaona de Silva ejercieron oposición a la medida de secuestro decretada y ejecutada.

El 30 de junio del referido año, el a quo dictó auto dando por citado al ciudadano Jonathan Silva Gaona de conformidad con el artículo 216 del Código Adjetivo y, como apoderado al abogado Fernando Yván Pírela.

En la supra citada fecha, tanto la parte demandada como los terceros opositores consignaron escritos de promoción de pruebas.

En la misma data, el apoderado judicial de la parte actora, consigna escrito solicitando la improcedencia de la oposición a la medida de secuestro solicitada por los terceros intervinientes.

El 1 de julio de 2016, el abogado Antonio Lilo Vidal actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante consignó escrito de promoción de pruebas, igualmente lo realiza el 6 del mismo mes y año.

El 6 de julio de 2016, el representante judicial de los terceros intervinientes consignó escrito de ratificación de impugnación a la medida de secuestro decretada y ejecutada.

En fecha 12 de julio de 2016, el a quo dictó auto admitiendo las pruebas promovidas por la parte actora y por la demandada, salvo su apreciación en la definitiva y fijó el segundo día despacho para la evacuación de los testigos promovidos.

El 8 de agosto de 2016, el a quo dictó sentencia definitiva expresando en su parte dispositiva lo siguiente: i) se declara INADMISIBLE la intervención de los terceros Eleuterio Silva Hernández y Rosalba Gaona; ii) se declara IMPROCEDENTE la oposición a la medida de secuestro; iii) CON LUGAR la Querella Interdictal de Amparo Por Despojo; iv) se condena en costas a la parte querellada, por haber resultado totalmente vencida; v) se ordenó dejar copia certificada para el archivo de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil; vi) se ordena la entrega del inmueble despojado a la parte querellante; vii) se ordena notificar a las partes de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 11 de agosto de 2016, el abogado Fernando Yván Pirela en su carácter acreditado en autos, apeló de la precitada decisión.

El 11 de octubre de 2016, el a quo dictó auto en el cual oyó en un solo efecto la apelación supra señalada, remitiendo el expediente al juzgado superior.

En fecha 19 de octubre de 2016, el abogado Antonio Lilo Vidal, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora consigna escrito, el cual reza:

“… (…) La controversia se resume a que el tribunal de la causa ordeno (sic) la entrega pero no lo ha materializado, siendo que tal situación ha causado perjuicios. La jurisprudencia de la Sala constitucional (sic) ha dicho que la situación procesal de la entrega del inmueble, en virtud de encontrarse bajo la custodia del depositario judicial en razón de la medida de secuestro se resume de dirigir un oficio a la Depositaria (sic) para que esta le entregue a la querellante, lo cual se solicitó al tribunal de la causa y no se ha hecho, motivo por el cual solicito así sea acordado por esta instancia…”.

 

El 25 de octubre de 2016, la representación judicial de la parte demandada abogado Fernando Yván Pírela consignó escrito de informes esgrimiendo una serie de alegatos y, solicitando al ad quem lo siguiente:

“… (…) esta superioridad judicial pueda decretar una medida cautelar innominada y es por ello que con fundamento en lo que disponen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, solicito a ésta (sic) digno tribunal superior proceda a decretar una medida cautelar innominada ordenándose a cualquier tribunal ordinario y de ejecución de medida de esta localidad jurisdiccional del Estado (sic) Falcón que se abstenga de ejecutar cualquier tipo de medida o actuaciones judicial (sic) que implique la desocupación de mis mandantes del mencionado inmueble o en otras palabras que se abstengan de ordenar la entrega material del mismo hasta tanto sea resuelta por esta instancia superior el presente recurso de apelación…”

 

El 3 de febrero de 2017, el ad quem dictó la sentencia recurrida, supra transcrita, en la cual estableció: con lugar la apelación, anuló el fallo recurrido de fecha 10 de agosto de 2016 proferido por el a quo, y ordenó reponer la causa al estado de dictar nuevo auto de admisión por cuanto se habría subvertido el orden procesal.

Contra el pronunciamiento supra mencionado, el 10 de febrero de los corrientes, la representación judicial de la parte actora, anunció recurso extraordinario de casación.

El 17 de mayo de 2016, el ad quem admitió el recurso extraordinario de casación, y en consecuencia ordena su remisión a ésta Sala de Casación Civil.

Ahora bien, del auto de admisión parcialmente transcrito supra la Sala observa que, efectivamente el a quo tal y como acertadamente lo determinó el ad quem expresó de manera ambigua la acción intentada, toda vez que en primer término determinó que la acción incoada era una querella interdictal de amparo por despojo y, que se habían cumplido las exigencias de los artículos 700 del Código de Procedimiento Civil y 782 del Código Civil, fundamentación legal correspondiente al interdicto de perturbación y luego, en el mismo auto de admisión señala que admite la demanda por querella interdictal de amparo por perturbación, de conformidad con lo establecido en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, fundamentación legal propia del interdicto de despojo, el cual el legislador en su encabezado dispone “…En el caso del Artículo (sic) 783 del Código Civil el interesado demostrará al Juez (sic) la ocurrencia del despojo (…)…”, correspondiendo esta norma a los interdictos de despojo y no de perturbación.

En este mismo orden de ideas, en el auto in commento se decretó una medida cautelar de secuestro fundamentada en lo dispuesto en el único aparte del artículo 699 del Código Adjetivo, sin abrir la correspondiente incidencia cautelar para ser tramitada en cuaderno separado.

Sumado a lo anterior, la Sala no puede pasar por alto la conducta desplegada por el a quo, tal y como lo plantea el ad quem, sobre los terceros intervinientes ciudadanos Eleuterio Silva Hernández y Rosalía Gaona de Silva, los cuales ejercieron oposición a la medida de secuestro decretada y ejecutada sin que el a quo emitiera pronunciamiento en la oportunidad correspondiente.

Del anterior recuento de actuaciones procesales la Sala observa que, no se abrió el cuaderno separado para tramitar la incidencia de la medida de secuestro realizada y tampoco se decidió sobre la misma, sino que fue decidida conjuntamente con la sentencia de fondo.

Con relación a la protección interdictal el autor JOSÉ LUIS AGUILAR GORRONDONA en su obra “Cosas, bienes y derechos reales”, Derecho Civil II, en su sexta edición actualizada, Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas 1999, páginas 197 a la 216, realiza el siguiente análisis:

I.   “…INTRODUCCIÓN

Como señala la doctrina, la protección interdictal y la usucapión son los dos efectos más típicos de la posesión. En especial y con las salvedades que haremos “infra”, los interdictos o acciones posesorias constituyen defensas especificas de la posesión y tienden a consagrar el principio possideo quia possideo.

II. CARACTERES

1° Se discute si las acciones posesorias son acciones reales o personales sin que falte quien atribuya carácter real al interdicto de amparo y carácter personal al interdicto de despojo, ni quien afirme que los interdictos no pueden clasificarse ni como acciones reales ni como acciones personales. Pero la opinión dominante es que son acciones reales.

 

 (…Omissis…)

INTERDICTO DE AMPARO

III.        INTRODUCCIÓN

El interdicto de amparo, queja o mandamiento protege al poseedor contra las perturbaciones de que puede ser objeto su posesión. Su finalidad, pues, es hacer cesar dichas perturbaciones para restablecer la situación existente antes de que éstas ocurrieran.

 (…Omissis…)

IV.        SUPUESTOS DE PROCEDENCIA

1° El interdicto de amparo supone una perturbación posesoria consumada sin que baste una simple tentativa de perturbación posesoria ni el temor fundado de ella.

Se entiende por perturbación posesoria todo acto voluntario que contradiga la posesión de otro, con ánimo de querer sustituir por la posesión propia la que hasta entonces se ejercía y que implique un cambio que impida al poseedor seguir ejerciendo la posesión tal como la venía ejerciendo.

Si el cambio es tan radical que priva al poseedor de su posesión, compartimos la opinión de que en nuestro derecho vigente no hay perturbación posesoria sino despojo. Pero sobre todo en los países que no prevén el interdicto de despojo sino para el caso de despojo violento o clandestino se suele decir que el despojo no es sino la perturbación posesoria máxima para permitir el despojo sin violencia ni clandestinidad intentar el interdicto de amparo. Sin embargo, también en Venezuela donde el interdicto de despojo procede incluso cuando el despojo no es violento ni clandestino, se ha sostenido que el despojo no es sino una clase de perturbación. Tal era, por ejemplo, la opinión del Doctor Naranjo Osty. En cambio la jurisprudencia dominante y en particular, el criterio de nuestro Supremo Tribunal es que perturbación y despojo son conceptos excluyentes y, por ende, no admite la acumulación de los interdictos de amparo y de restitución aunque acepta que se proponga uno como subsidiario del otro.

(…Omissis…)

INTERDICTO DE DESPOJO

I.  INTRODUCCIÓN

El interdicto de despojo, de reintegro o de restitución adquirió en el Derecho venezolano vigente un campo de aplicación muy amplio. Entre nosotros hasta el Código Civil de 1922 y actualmente en otros Derechos, este interdicto sólo procede en los casos de despojo clandestino o violento, mientras que nuestro legislador desde 1942 lo concedió en todo caso de despojo al disponer que “Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión” (C.C., art. 783).

II.          SUPUESTOS DE PROCEDENCIA 

1° El interdicto presupone el despojo del poseedor. Ahora bien, por despojo se entiende el acto de privar a alguien de la posesión o de la simple tenencia de una cosa contra su voluntad o al menos sin su voluntad y con el ánimo de sustituirse en esa posesión o tenencia.

(…Omissis…)

IX. EFECTOS

1° Si el interdicto de despojo es declarado con lugar, la sentencia condena al demandado a restituir la cosa al actor. No cabe pronunciamiento sobre la propiedad de la cosa o titularidad de otro derecho, que es materia petitoria y no posesoria, ni procede la condena al pago de los daños, y perjuicios causados por el despojo, que s materia de otra acción.

(…Omissis…)

2° Ahora bien, la restitución de la posesión en caso de despojo no excluye el ejercicio de las demás acciones posesorias de parte de cualquier poseedor legítimo (C.C., art. 784).

Al interpretar la citada norma, nuestro Supremo Tribunal estableció que la misma autorizaba el ejercicio de cualquier interdicto por parte del poseedor legítimo, después de haberse resuelto el despojo siempre que ocurran los requisitos de Ley para su ejercicio y afirmó que ese nuevo interdicto puede ser el despojo llamado por la doctrina “amparo con fines restitutorios” porque, por una parte, sólo puede ser intentado por el poseedor legítimo como es característico del interdicto de amparo y, por otra, persigue la recuperación de la cosa como es propio del interdicto restitutorio. Al propio tiempo, destacó que “es indispensable que si el nuevo interdicto se suscita entre las mismas partes del anteriormente resuelto, el hecho que le sirva de base no puede ser el mismo, ni tampoco el que sea consecuencia del fallo citado…”  

De acuerdo con la doctrina supra transcrita, se puede afirmar que, el interdicto de amparo por perturbación se refiere a, hacer cesar las perturbaciones para restablecer la situación existente antes de que éstas ocurrieran, pero si la acción desplegada por el querellado es que priva al poseedor de su posesión, no hay perturbación posesoria sino despojo.

De igual forma, el precitado autor conceptualiza de una manera general el interdicto de despojo, en el acto de privar a alguien de la posesión o de la simple tenencia de una cosa contra su voluntad o al menos sin su voluntad y, con el ánimo de sustituirse en esa posesión o tenencia.

          Seguidamente se señala que la perturbación y el despojo son conceptos excluyentes y, por ende, no se admite la acumulación de los interdictos de amparo y de restitución.

El análisis doctrinario supra realizado, lleva a examinar cuidadosamente cual fue la acción incoada por la parte querellante, cuales son las normas aplicables, y cómo fue admitida por el a quo, a los fines de dilucidar si la reposición decretada por el ad quem mantuvo a las partes en su derecho a la defensa y al debido proceso, principios estos consagrados en el artículo 49 de nuestra Carta Política de 1.999.

En este sentido la Sala pasa a examinar la querella interdictal presentada a los autos, la cual es del siguiente tenor:

“…Ciudadana Magistrada, pretendo por intermedio del presente recurso ejercer el amparo restitutorio de la posesión pacifica que he venido ejerciendo sobre un inmueble ubicado en el Sector (Sic) San José, Callejón (Sic), entre Calle (Sic) 8/9 , casa sin número del Sector  (Sic) San José, Parroquia (Sic) San Gabriel, Municipio (Sic) Miranda del Estado (Sic) Falcón contra del ciudadano JONATHAN SILVA GAONA, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cedula (sic) de identidad N° 25.692.816, comerciante, y con domicilio en esta ciudad de Coro, y habitación actual en la Calle (Sic) 8 y 9, Callejón, (Sic) Sector (Sic) San José, diagonal a la Escuela (Sic) Las Heroínas, Coro Estado (Sic) Falcón.

 

DE LOS HECHOS.

Ciudadana Juez, soy poseedora de una vivienda ubicada en esta ciudad de Santa Ana de Coro, en el Sector (Sic) San José, Callejón, (Sic) entre Calle (Sic) 8/9 casa s/n, Parroquia (Sic) San Gabriel, Municipio (Sic) Miranda del Estado (Sic) Falcón dentro de los siguientes linderos: por el Norte: (Sic) Callejón, (Sic) casa y solar de por medio, por el Sur: (Sic) Con callejón (Sic), por el este: con Calle (Sic) 09 y casa y solar de por medio y por el Oeste: (Sic) con casa que es o fue del señor Jesús Maraca Ramírez. Las característica de la Vivienda (Sic) son: es un inmueble de dos plantas, techo de platabanda, y acerolit, piso de cerámica, paredes de bloques de cemento, ventanas de hierro y aluminio y puertas de Hierro (Sic) y madera, tiene 3 habitaciones, y dos baños en ella se encuentran mis enceres como televisor lavadora, aires acondicionado, camas, aparatos de sonido, de todo lo anterior consta o se dejaron plasmados en la Inspección (Sic) Judicial (Sic) que se anexa a la presente querella marcado "A". En ejercicio de esa posesión he usado y disfrutado de dicho inmueble en forma continua, no interrumpida, pacifica, publica y no equivoca y con intención de tenerla como mía propia, conjuntamente con mi marido WILLIAN SUARES, hasta que el falleció en septiembre de 2015, así como mi hija MARÍA DE LOS ANGELES SUARES MARTÍNEZ desde hace aproximadamente cinco años sin que persona alguna nos hubiese molestado, o reclamado por dicha posesión, todo ello consta en Inspección (Sic) Judicial (Sic) realizada al inmueble la cual se anexa marcada "A". Dicha posesión ha sido pacifica hasta que el día 19 de septiembre de 2015 cuando el ciudadano JONATHAN SILVA GAONA, de nacionalidad Venezolana (Sic), titular de la cédula de identidad N° 25.692.816, comerciante y de este domicilio, se presentó en la casa, aprovechándose de los actos velatorio y de entierro de mi marido antes identificado, rompió el candado de la puerta de entrada, y de la puerta de la casa y se introdujo en ella con su esposa, y los ciudadanos ELEUTERIO SILVA Y ROSALBA GAONA. El caso es que, cuando llegue  (Sic) a la casa que mi marido me dio a mi hija y a mí, y donde viví con él, tanto él como ellos se negaron a dejarnos pasar, no nos dejaron entrar, ni a mí, ni a mi hija, inclusive nos han privado a ambas de nuestras ropa y enceres de uso diario, y hasta el colmo de llegar a vender nuestras pertenencias y las de mi marido, (zapatos, ropa, enceres) y han ejercido actos intimidatorios y amenazas con llevarme presa si yo insisto en entrar a mi casa, la cual he poseído con mi marido y mi hija, porque allí es donde vivimos. De la inspección realizada por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio (Sic) Miranda del Estado (Sic) Falcón, la cual anexo al presente marcado "A" se evidencia que en mi casa de habitación se encuentran los ciudadanos JONATHAN SILVA GAONA, conjuntamente con los ciudadanos ELEUTERIO SILVA Y ROSALBA GAONA habitándola, y finalmente, en ella se deja expresa constancia en el particular QUINTO: que el ciudadano JONATHAN SILVA GAONA, manifiesta que "que el acceso a la vivienda se le impide a la ciudadana porque aquí mataron a su tío (WILLIAN SUAREZ) y ella la solicitante estaba presente, y hay una rencilla entre sus abuelos y la solicitante". Ello también consta en el Justificativo (Sic) de testigos realizado por ante el Juzgado de Municipio Segundo Ordinario y Ejecutor del Municipio (Sic) Miranda del Estado (Sic) Falcón en el que se deja constancia a través de los testigos NORMA TERESILDA OCHOA CHAVEZ Y (Sic) NARCISO HERRERA GIRADO que en el Justificativo (Sic) Judicial (Sic)en la pregunta número dos, manifestaron que les constaba que vivía en la casa antes señalada, ubicada en esta ciudad de Santa Ana de Coro, en el Sector (Sic) San José, Callejón (Sic), entre Calle (Sic) 8/9 casa s/n, Parroquia (Sic) San Gabriel, Municipio (Sic) Miranda del Estado (Sic) Falcón, inclusive que había ido a la casa a la fiesta de cumpleaños de mi hija, y el segundo por ser vecino testigos, que yo soy la poseedora legitima y pacífica del inmueble. De igual forma manifestaron que se me estaba impidiendo el acceso de la vivienda por parte del ciudadano JONATHAN SILVA GAONA, quien se introdujo en la vivienda en compañía de su esposa y de los ciudadanos ELEUTERIO SILVA Y ROSALBA GAONA.

 

FUNDAMENTOS LEGALES

Establece el artículo 783 del Código Civil, Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuere el propietario, que se le restituya en la posesión, en concordancia con el artículo 699 del Código Procesal Civil.

Los medios anteriormente señalados constituyen la prueba sumaria de la desposesión de que he sido objeto, ya que de las acciones narradas anteriormente por los propios despojadores y los testigos constituyen UN DESPOJO de la posesión legítima que he venido ejerciendo. Por tales motivos vengo en este acto a interponer, como en efecto lo hago, interdicto de amparo por despojo previsto en el artículo 783 del Código Civil, y 699 del código de Procedimiento Civil, los cuales rezan:

(…Omisis…)

Por todas las anteriores consideraciones vengo en este acto a presentar Querella en contra del ciudadano JONATHAN SILVA GAONA, antes identificados, a fin de que se le ordene la entrega inmediata del inmueble y me restituya en la posesión que he venido ejerciendo, y se me mantenga en la posesión que he venido ejerciendo sobre el mencionado inmueble y en caso contrario este Despacho así lo decida y la condene a ello.

Se estima la presente querella interdictal en la cantidad de CIEN MIL UNIDADES (100.000) UNIDADES TRIBUTARIAS y su equivalente en bolívares. DIECISIETE MILLONES de bolívares (17.000.000,00 Bs.)

SOLICITUD DE MEDIDA

 

Por cuanto no estoy dispuesta a constituir garantía en la presente demanda a tenor de lo establecido en el artículo 699 de CPC, solicito al este digno Tribunal se decrete medida de Secuestro del inmueble objeto de esta demanda…”. (Destacados del texto parcialmente transcrito).

 

Del texto parcialmente transcrito supra se puede colegir que, el objeto de la demanda incoada versa sobre el despojo de un bien inmueble, el cual venía ocupando la parte querellante –según su dicho- disfrutando del inmueble en forma continua, ininterrumpida, pacífica, pública y no equívoca y con intención de tenerla como propia, desde hace aproximadamente cinco (5) años, dicha posesión había sido pacífica hasta el 19 de septiembre de 2015, fecha en la cual habría sido despojada del inmueble sub examine; fundamentando legalmente su acción en el artículo 783 del Código Civil y 699 del Código Adjetivo.

La querellante solicitó al a quo se decretará una mediada nominada de secuestro del inmueble, a tenor de lo establecido en el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil. 

En éste orden de ideas, resulta oportuno citar, lo establecido por esta Sala de Casación Civil mediante sentencia N° RC. 000344, de fecha 15 de junio de 2015, expediente N° 15-130, caso: INVERSIONES PARAGUANÁ, C.A., contra CARMEN MARÍN, en la cual se estableció conforme a la regulación contenida en el Código Adjetivo Civil respecto a las medida cautelar de secuestro dictada en querella interdictal por despojo, lo siguiente:

“…En sentencia de fecha 19 de diciembre de 1968, ratificada el 24 de febrero de 1994, mediante decisión Nº 48, expediente Nº 1992-87, caso: Banco de Lara C.A. contra Agropecuaria La Ñapa C.A., reiterada nuevamente mediante fallo N° RC-148 del 30 de marzo de 2009, expediente N° 2008-714, caso: Rubia Elena Núñez Sánchez viuda de Quintero contra Oleida Rosa Hernández Delgado, en casación de oficio, y en sentencias Nº RC-1, de fecha 11 de enero de 2008, expediente Nº 2007-527, caso: José Andrés Rolas Tovar y otro, contra Centro Médico Calabozo C.A., reiterada recientemente en fallos N° RC-472 de fecha 2 de julio 2012, expediente N° 2012-129, caso: Cines Atlántico R.P. C.A., contra Corporación Plaza Atlántico C.A., N° RC-142 de fecha 4 de abril de 2013, expediente N° 2012-576, caso: El Tunal C.A, y otra, contra Freddy Oswaldo Medina y otros., y N° RC-688 de fecha 20 de noviembre de 2013, expediente N° 13-359, caso: Ernesto Reidtler Cabaña contra Guillermo Castillo y otro, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe la presente decisión, en torno a la independencia de tramite del cuaderno de medidas y el juicio principal y en relación con las medidas preventivas típicas que consagra el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, la Sala expresó: “...El decreto que acuerda dichas medidas y la oposición que eventualmente se formula contra ellas, constituirán incidencias autónomas. Dicho decreto y oposición correspondiente se sustancian y deciden en cuaderno separado; no suspenden el curso de la causa principal la articulación sobre dichas medidas; no influyen así mismo, sobre la cuestión de fondo a decidir, ya que allí lo discutido es una materia diferente a la del juicio principal...” y más adelante agrega que “...las sentencias dictadas en las oposiciones u otras incidencias sobre medidas preventivas, son interlocutorias que tiene claramente fuerza de sentencias definitivas, en cuanto al fundamento de la oposición misma...”.

Además de lo expuesto, esta Sala, en sentencia de fecha 29 de marzo de 1984, reiterada también mediante fallo N° RC-148 del 30 de marzo de 2009, expediente N° 2008-714, antes descrito, expresó: “...La tramitación en cuaderno separado de las medidas preventivas es, conforme al artículo 383 del Código de Procedimiento Civil (hoy 604), de imperiosa necesidad, pues si se le junta al juicio principal y se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia incidental, la definitiva que se mantenga se vendría ilógicamente abajo, por efecto del principio de la casación total...”

Todo lo discernido anteriormente, debe ser valorado por esta Sala atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que, ad exemplum, se vierte a continuación, en lo que respecta a la obligatoria tramitación separada del juicio principal y el cuaderno de medidas, destacándose que, mediante decisión Nº RC-1, de fecha 11 de enero de 2008, expediente Nº 2007-527, caso: José Andrés Rolas Tovar y otro, contra la sociedad mercantil Centro Médico Calabozo, C.A., reiterada recientemente en fallos N° RC-472 de fecha 2 de julio 2012, expediente N° 2012-129, caso: Cines Atlántico R.P. C.A., contra Corporación Plaza Atlántico C.A., y RC-142 de fecha 4 de abril de 2013, expediente N° 2012-576, caso: El Tunal C.A, y otra, contra Freddy Oswaldo Medina y otros.; N° RC-688 de fecha 20 de noviembre de 2013, expediente N° 13-359, caso: Ernesto Reidtler Cabaña contra Guillermo Castillo y otro, con ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, se estableció lo siguiente:

‘Ahora bien, esta Sala en decisión N° 686 de fecha 25 de octubre de 2006, en el juicio seguido por Gcs Corporation C.A., contra Inversiones Monterosa, C.A., expresó lo siguiente:

“…cabe resaltar que la medida cautelar debe tramitarse en un cuaderno separado, ya que la violación de este principio procesal, trae diversas complicaciones que atentan contra el derecho a la defensa. La incidencia cautelar, cuando se sustancia correctamente, se decide en primera instancia a través de un fallo susceptible de ser apelado en un solo efecto. Esta apelación es independiente y autónoma de la apelación que pueda haberse intentado contra la sentencia definitiva. Si se decide el juicio principal y la medida cautelar en una misma sentencia, la eventual nulidad del fallo, por un motivo atinente a la cautelar o al juicio principal, generará la nulidad de ambos pronunciamientos al unísono, admitiéndose el recurso en ambos efectos por tratarse de una sentencia definitiva. De esta forma, se distorsiona la posibilidad de ejercer recursos independientes de apelación y casación contra las decisiones que resuelvan la incidencia cautelar.

Sobre este particular, esta Sala en sentencia de fecha 8 de julio de 1999, en el juicio seguido por Elízabeth Coromoto Rizco Dicuru y otra contra La Vivienda Entidad de Ahorro y Préstamo, expediente N° 98-055, sentencia N° 421), expresó lo siguiente:

“...Considera la Sala que en la recurrida se incurre en subversión del procedimiento, pues el juez no podía sin vulnerar la ley, decidir en un mismo fallo, la incidencia de oposición a la medida precautelativa y dictar sentencia sobre lo principal del juicio dirimiendo la controversia.

Por imperativo legal, tanto en el Código de Procedimiento Civil derogado (art. 386) como en el Código de Procedimiento Civil vigente, la articulación como la incidencia sobre medidas preventivas cualquiera que ella sea, se tramitarán y decidirán en cuaderno separado e independiente del juicio principal. La doctrina patria así lo enseña cuando expresa:

‘Ya hemos dicho que la articulación sobre las medidas preventivas, así como la originada por la oposición de tercero, se sustancian, no sólo en un mismo expediente distinto del de la causa principal, sino independientemente de ella, cuyo curso no suspenden. Así lo requiere la brevedad del procedimiento, que de otro modo sufriría inútiles retardos. Bajo el imperio del Código de Aranda, la articulación suspendía el procedimiento en lo principal, cuando se hallaba pendiente al concluir en éste el término probatorio, pues no se procedía a examinar las pruebas, ni a dar sentencia en lo principal hasta después de librada la correspondiente a la incidencia. Carecía en verdad de objeto semejante suspensión, pues la confirmación o revocatoria de las medidas preventivas no tiene influencia alguna sobre la cuestión de mérito.

El cuaderno especial de estas articulaciones y de la oposición de tercero que en ellas hubiere sido promovida, es parte, sin embargo, del expediente de la causa, y siendo una de sus piezas, deberá agregarse a él, cuando aquéllas se hayan terminado.’

En consecuencia, al sentenciar el juez de la recurrida en un mismo fallo la incidencia sobre la medida preventiva y decidir el fondo del asunto, infringió los artículos 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil.

El primero, relativo a la obligación de mantener a las partes en sus derechos privativos de cada uno sin preferencias ni desigualdades, y el segundo, al desconocer su contenido que establece que la tramitación de todo lo relativo a la medida preventiva deberá tramitarse y decidirse en cuaderno separado...”. (Subrayado de la Sala).

Del criterio jurisprudencial precedentemente transcrito, se desprende que la incidencia de medida cautelar debe sustanciarse en cuaderno separado independientemente del cuaderno principal, a los fines de que la misma sea decidida en primera instancia, a través de un fallo que pueda ser susceptible del ejercicio, del recurso procesal de apelación.

En tal sentido, observa esta Sala, en el caso in comento una subversión procesal, por motivo, que el juzgador de alzada al evidenciar el error procesal en que incurrió el juzgado de la cognición en la tramitación de la incidencia cautelar, como fue proferir decisión de la misma en la sentencia de mérito, ante tal situación, en lugar de acordar una reposición y nulidad de la causa, a los fines de rectificar la situación evidentemente anómala, convalidó dicho error y emitió pronunciamiento respecto a la apelación interpuesta en relación a la medida cautelar innominada solicitada por los demandantes.

En consecuencia, por los razonamientos anteriormente expuestos y en aplicación a la jurisprudencia de esta Máxima Jurisdicción, la Sala considera procedente la presente denuncia por quebrantamiento de los artículos 7, 15, 22, 206, 208, 245 y 604 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, declarará la nulidad de la sentencia de primera instancia de fecha 16 de octubre de 2006, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, así como todas las actuaciones posteriores a esa sentencia, incluyendo la recurrida en casación, por tanto se ordena reponer la causa al estado de que vuelva a decidirse en primera instancia, tanto el juicio principal, como la incidencia de medida cautelar innominada solicitada por los demandantes. Así se decide. (Destacados de la Sala).’

En el caso bajo examen, ha ocurrido una situación similar al citado en la doctrina ut supra transcrita, que la Sala constata dada la índole del fallo. En efecto, en el dispositivo de la sentencia el ad quem señaló lo que a continuación se transcribe:

(…Omissis…)

Del fallo y su ampliación antes transcritos, se desprende que se declaró con lugar la apelación intentada por la representación judicial de la parte demandada contra el fallo de fecha 10 de noviembre de 2009, dictado por el a quo; sin lugar la acción incoada y condenó en costas a la parte querellante. Posteriormente en fecha 16 de enero de 2014, dicto sentencia complementaria, en la cual declaró procedente la ampliación solicitada por la parte demandada, levantó la medida cautelar de secuestro dictada en el cuaderno de medidas y acordó se tenga la referida ampliación como parte integrante del fallo dictado en fecha 23 de septiembre de 2013, arropando en un sólo fallo el pronunciamiento del fondo del asunto concerniente al juicio principal, con un pronunciamiento propio y exclusivo del cuaderno de medidas.

Considera la Sala, que la juzgadora ad-quem ha incurrido en una clara subversión procesal, que viola el orden público, en un caso clásico de falta de la más básica hermenéutica jurídica, pues las reglas legales concernientes a las medidas cautelares, se refieren a la facultad del juez de dictar y revocar medidas cautelares en los juicios en los cuadernos de medidas, que, como ya se dijo, son autónomos, pues su tramitación se realiza en cuaderno separado, dado que, si se le junta al juicio principal y se declara con lugar el recurso extraordinario de casación contra la sentencia incidental, la definitiva que se mantenga se vendría ilógicamente abajo, por efecto del principio de la casación total.

Esta conducta condujo a la juez superior a violentar disposiciones de orden público y constitucionales, como son lo estatuido en los artículos 7, 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 49 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cercenando el derecho de defensa a la parte que se le acordó la medida cautelar e infringiendo disposiciones de orden público, al subvertir el procedimiento, como son las reglas consagradas en el Código de Procedimiento Civil. Dado que como señala ad exemplum la Sala, “...es doctrina inveterada, diuturna y pacífica de este Supremo Tribunal de Justicia, -la cual queda aquí ratificada- desde el 24 de diciembre de 1915: “QUE AUN CUANDO LAS PARTES LITIGANTES MANIFIESTEN SU ACUERDO, NO ES POTESTATIVO A LOS TRIBUNALES SUBVERTIR LAS REGLAS LEGALES CON QUE EL LEGISLADOR HA REVESTIDO LA TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS; PUES SU ESTRICTA OBSERVANCIA ES MATERIA ÍNTIMAMENTE LIGADA AL ORDEN PÚBLICO”. (Memórias de 1916, Pág. 206. Sentencia del 24-12-1915. -Ratificada: G.F. N° 34, 2 etapa, pág. 151. Sentencia del 7-12-1961; G.F. N° 84. 2 etapa, pág. 589. Sentencia del 22-5-1974; G.F. N° 102, 3 etapa, pág. 416. Sentencia del 15-11-1978; G.F. N° 113, V.I, 3 etapa, pág. 781. Sentencia del 29-7-1981; G.F. N° 118. V. II. 3 etapa, pág. 1.422. Sentencia del 14-12-1982, Sentencia del 4-5-1994, en Pierre Tapia, O. ob. cit. N° 5, p. 283; Fallo Nº RC-848, del 10-12-2008, Exp. Nº 2007-163, caso: Antonio Arenas y otra, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (†), Yumey Coromoto (†) y Rosangela Arenas Rengifo (†), contra Serviquim C.A., y otra., nuevamente ratificado en decisiones del 30-3-2009, N° RC-148, Exp. N° 2008-714; 4-5-2009, N° RC- 234, Exp. N° 2008-511; 21-7-2009, N° RC- 408, Exp. N° 2009-087; 11-12-2009, N° RC- 742, Exp. N° 2009-420; 11-2-2010, N° RC-20, Exp. N° 2009-527; 10-8-2010, N° RC-357, Exp. N° 2010-139, 3-5-2011, N° RC-181, Exp. N° 2010-617, 17-1-2012, N° RC-002, Exp. N° 2011-542, 9-10-2012, N° RC-640, Exp. N° 2011-31, caso: Ernestina Barrios Mieres (†), contra Domingo Carmenaty Álvarez, 4-4-2013, N° RC-142, Exp. N° 2012-576, 20-11-2013, N° RC-688, Exp. N° 2013-359, 13-5-2014, N° RC-259, Exp. N° 2013-687, 12-8-2014, N° RC-557 VTS, Exp. N° 2014-304, y 21-4-2015, N° RC-200, Exp. N° 2014-689, caso: Anna María Benaiges Munne contra JOSVENZ C.A., entre muchas otras decisiones de esta Sala.- (Destacados del fallo transcrito).

De igual forma la sentenciadora de alzada violó lo estatuido en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, “...al desconocer su contenido, que establece que la tramitación de todo lo relativo a la medida preventiva deberá tramitarse y decidirse en cuaderno separado...”

Esta obligación en la tramitación de los juicios, es una consecuencia directa del principio procesal contenido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que en los actos procesales se deben cumplir las formas preestablecidas en la ley, salvo cuando no existan las mismas, casos en los que el juez podrá aplicar por analogía la forma que considere más conveniente.

En consecuencia, juzga la Sala, que al haber revocado la juez superior de la recurrida en su fallo, la medida cautelar de secuestro en la oportunidad de la sentencia definitiva en el cuaderno principal, en conjunto con el fondo del asunto planteado, y no en el cuaderno separado de medidas, infringió los artículos 7, 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil, lo que le permite a esta Sala de Casación Civil, declarar su nulidad, por infracción del artículo 244 eiusdem, conforme a lo preceptuado en el artículo 210 ibídem. Así se decide…” (Destacados de la sentencia parcialmente transcrita).

 

De la transcripción jurisprudencial supra realizada aplicada al sub iudice, se puede colegir que la tramitación en cuaderno separado de las medidas preventivas conforme al artículo 604 del Código de Procedimiento Civil es de imperiosa necesidad, en virtud de que ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se debe agregar mediante cuaderno separado de aquellas, porque si se le junta al juicio principal y se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia incidental, la definitiva que se mantenga se vendría ilógicamente abajo, por efecto del principio de la casación total.

La incidencia sobre medidas preventivas cualquiera que ella sea, se tramitarán y decidirán en cuaderno separado e independiente del juicio principal. (Cfr. Fallo SCC N° RC-472, de fecha 2 de julio de 2012, caso de Cines Atlántico R.P. C.A., contra Corporación Plaza Atlántico C.A. expediente N° 12-129).

En consecuencia, al sentenciar el juez a quo en un mismo fallo la incidencia sobre la medida preventiva y el fondo del asunto, infringió los artículos 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil. El primero, relativo a la obligación de mantener a las partes en sus derechos privativos de cada uno sin preferencias ni desigualdades, y el segundo, al desconocer su contenido que establece que la tramitación de todo lo relativo a la medida preventiva deberá tramitarse y decidirse en cuaderno separado.

Así las cosas, resulta trascendental para esta Sala de Casación Civil traer a colación lo esgrimido por el autor RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, en su obra “Medidas Cautelares”, (según el Nuevo Código de Procedimiento Civil), pág. 132, el cual define el secuestro de la cosa litigiosa en las querellas por despojo de la siguiente manera:

“…El secuestro de la cosa litigiosa en las querellas por despojo constituye, por su naturaleza instrumental y sus efectos asegurativos, una verdadera medida preventiva, aun cuando no esté prevista en el Libro Tercero del Código. Por tanto, debe presuponerse la eventualidad de la oposición, la necesidad de la sentencia de convalidación (art. 603 CPC) que reclama toda medida cautelar (…)

El demandante puede trasladar la prueba testimonial ratificada (30) en la articulación probatoria del juicio principal a la del incidente cautelar (…)…” (Subrayado de la Sala).

De la transcripción doctrinaria supra realizada se colige que, el secuestro del bien objeto de litis en las querellas interdictales por despojo, se constituyen por ser de naturaleza instrumental y sus efectos asegurativos, el cual debe ser sustanciado como un incidente cautelar.

Por tanto, el ad quem al haber repuesto la causa al estado de dictarse nuevo auto de admisión preservó el orden público procesal infringido, por haber detectado las subversiones procesales cometidas por el a quo, pues ciertamente utilizó en el precitado auto los términos perturbación y despojo de manera indistinta, no tramitó la incidencia cautelar en cuaderno separado y la decidió (la oposición a la medida cautelar de secuestro) en la oportunidad de la sentencia definitiva, infringiendo así los artículos 7, 15 y 604 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, del análisis supra realizado esta Sala de Casación Civil determina que, la reposición decretada por el ad quem al estado de que se dicte nuevo auto de admisión y como consecuencia de ello nulas todas las actuaciones subsiguientes, se encuentra ajustado a derecho y a preservar el orden público procesal garantizando a las partes el derecho a la defensa y al debido proceso, quedando anulada, por consiguiente, la sentencia dictada por el a quo, sobre la cual se solicita su ejecución, pues mal podría el ad quem ordenar la ejecución de una sentencia que fue producto de un procedimiento irrito, el cual vulneró el orden público procesal y el derecho a la defensa de las partes.

Ahora bien, desde un punto de vista descriptivo, se deben considerar diferentes características propias de la reposición, por haberse detectado una subversión en el procedimiento lo cual afecta el orden público procesal.

En innumerables sentencias ha dicho la jurisprudencia de esta Sala que la reposición de la causa, por tener como consecuencia una nulidad, ella sólo debe declararse cuando se constate que: a.) efectivamente se ha producido el quebrantamiento de formas sustanciales del proceso; b.) que la nulidad este determinada por la ley o que se haya dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial para su validez; c) que el acto no haya alcanzado el fin al cual estaba destinado y, d) que la parte contra quien obre la falta, no haya dado causa a ello o haya consentido en ella expresa o tácitamente; vale decir, la reposición debe tener un fin útil por cuanto, se repite, la consecuencia de su declaración es una nulidad.

Así las cosas, en cuanto a la finalidad útil que debe perseguir la aplicación de la institución procesal de la reposición, esta Sala de Casación Civil mediante sentencia Nº 131, del 13 de abril de 2005, expediente N° 04-763 en el juicio seguido por la ciudadana Luz Marina Chacón De Guerra contra el ciudadano Jorge Antonio Chacón Chacón, expresó lo siguiente:

“...En este orden de ideas, estima oportuno esta sede casacional resaltar el criterio que tiene establecido en cuanto a la finalidad útil que debe perseguir la aplicación de la institución procesal de la reposición, señalado, entre otras, en decisión N° 669, de fecha 20 de julio de 2004, Exp. N° 2003-001069, en el caso de Giuseppina Calandro de Morelly contra Desarrollos Caleuche, C.A., con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, en la cual se asentó:

‘...En cuanto a la finalidad útil que debe perseguir cualquier reposición de una causa, la Sala en sentencia Nº 225, de fecha 20 de mayo de 2003, expediente Nº 2001-000244, en el caso de Gladys Josefina Rodríguez Silva contra Francisco José Kupricka Vetter, con ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe ésta, estableció:

‘Sobre el punto de cuando debe y cuando no, ordenarse la reposición de la causa, la Ley Adjetiva Civil, contempla tal posibilidad, en sus artículos 206 y siguientes. Ahora bien, la reposición trae aparejada la nulidad, por lo que los jurisdicentes deben revisar muy cuidadosamente y a la luz de sus consecuencias, la conveniencia en declararla sólo cuando se hayan menoscabado derechos como el de defensa y debido proceso, o se haya violentado el orden público y siempre que dichas fallas no puedan subsanarse de otra manera, lo que deviene en que tal reposición debe decretarse cuando realmente se persiga con ella una finalidad útil, pues de no ser este el supuesto se estarían violentando los mismos derechos que presuntamente se deben proteger cuando se acuerda...” (Subrayado y negrillas de la Sala).

De la supra transcripción jurisprudencial se colige que, los jurisdicentes deben revisar muy bien como fue sustanciado el procedimiento y, si encontraren que fueron menoscabados derechos constitucionales como lo son el derecho a la defensa y al debido proceso, o si constata que fue violado el orden público, forzosamente deben hacer uso de la reposición para salvaguardar el ordenamiento jurídico infringido.

En ese sentido, y de acuerdo con la narrativa de los actos procesales que constan en los autos, queda evidenciado que, efectivamente hubo un quebrantamiento de formas procesales en el ínterin del procedimiento desde el momento de la admisión de la demanda, en la que se vieron vulnerados no solo los derechos de la parte querellada sino además de los terceros intervinientes ciudadanos Eleuterio Silva Hernández y Rosalía Gaona de Silva, los cuales ejercieron oposición a la medida de secuestro decretada y ejecutada sin que el a quo emitiera pronunciamiento en la oportunidad correspondiente, sino lo resolvió en la sentencia definitiva evidenciándose una alteración del procedimiento, tampoco se abrió el cuaderno separado para la tramitación de la medida de secuestro decretada, así como no se aperturó la incidencia de la oposición, tal y como asertivamente lo establece el juez de alzada en la recurrida, en consecuencia, de acuerdo al recuento de las actuaciones procesales ut supra realizado, la Sala constata que el juez de alzada actúo conforme a derecho, tal y como lo disponen los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, la reposición tiene como efecto principal la nulidad de los actos consecutivos al acto írrito, ya que dicho acto es esencial para la validez de aquellos que le siguen, en tanto y en cuanto estos son dependientes de aquél. Su otro efecto es la restitución del proceso al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad, es por ello que, en el caso sub examine el ad quem al detectar los precitados errores procedimentales, ordenó la reposición de la causa al estado de dictar un nuevo auto de admisión con el objeto de ordenar el proceso y, con ello proteger el orden público procesal infringido dejando sin efecto todo lo actuado desde el auto de admisión de la querella interdictal por despojo inclusive hasta la sentencia dictada por el a quo, la cual la parte formalizante pretende que esta Sala de Casación Civil convalide a través del presente recurso extraordinario de casación, pretensión esta que es de imposible materialización pues como ya se explicó el ad quem si se pronunció con respecto a la sentencia dictada por el a quo anulando la misma, razón por la cual se declara la improcedencia de la denuncia bajo análisis. Así se decide.

Con base en las razones de hecho y de derecho anteriormente expresadas, la Sala declara sin lugar la denuncia planteada. Así se decide.

-II-

De conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 206 y 701 eiusdem, por quebrantamiento y omisión de formas sustanciales del procedimiento por parte del juzgador de alzada.

El recurrente fundamenta su denuncia de la siguiente manera:

“…De acuerdo con los criterios expresados anteriormente por la ciudadana Juez Superior Primero sobre la medida de secuestro dictada en el curso de la acción interdictal ejercida, se hace necesario la aclaratoria de los mismos ya que se observan en ellos con profunda preocupación- graves y grotescos errores conceptuales acerca de su idoneidad como Juez en el ejercicio del principio Iure (sic) Novit curea (sic), que podrían ser calificados como errores inexcusables. En efecto, en relación a la supuesta confusión entre el concepto de interdicto por amparo y el restitutorio, es completamente claro que todos los interdictos son de amparo a la posesión, y la doctrina ha venido diferenciando unos y otros, pero en definitiva el procedimiento especial interdictal es uno solo, lo que varía es en el resultado en el objeto que persiguen. No es incorrecto decir que se solicita el amparo en la posesión por despojo, como tampoco es incorrecto decir que se solicita el amparo en la posesión por perturbación. Humberto Cuenca afirma que el interdicto es una medida cautelar por medio del cual el Estado dispensa tutela jurídica a la posesión para evitar la alteración del orden social y que alguien pueda hacerse justicia por sí misma. Henrique La Roche sostiene que la diferencia entre los interdictos prohibitivos y los posesorios no estriba en el objeto de la pretensión, porque todos por igual pretenden la acción posesoria. Así que todos los interdictos constituyen amparos a la posesión. Finalmente, la Ley tampoco distingue, el titulo solo se refiere a la Posesión, y reseña solo que quien haya sido perturbado o quien haya sido despojado, pero no hace distinciones como tal. En mi humilde opinión todos los interdictos son de amparo, y no se pueden categorizar, pero quien lo haga tampoco incurre en violación a ley, pero no como se pretende establecer en la sentencia, se trata solo de semántica a la hora de clasificar, la acción es una sola, en el caso concreto que nos ocupa, el proceso se cumplió a cabalidad y de acuerdo con la articulación en la que se fundamentó. En otro orden de ideas, prosiguiendo con la delación de la violación a las formas procesales es necesario precisar acerca de lo dicho por el Tribunal Superior Civil en cuanto a la oposición a la medida de secuestro en particular respecto a este proceso interdictal, referido al cuaderno de medidas y a la tercería en un procedimiento interdictal. Es importante señalar que en el caso concreto el Procesalista venezolano Arminio Borjas en sus Comentarios al Código de Procedimiento Civil, define el secuestro como "... el depósito de bienes muebles e inmuebles materia de un litigio que, en manos de tercero y para fines preventivos y de conservación, hacen los interesados o decreta el Tribunal" (Tomo IV. Pág. 12).

(…Omissis…)

"Esta sentencia será apelable en un solo efecto, pero el Tribunal remitirá al Superior el expediente completo de las actuaciones. Cuando el dispositivo legal del artículo 783 del Código Civil establece que quien haya sido despojado de la posesión puede pedir contra el autor de éste (el despojo), que le sea restituida la posesión, aunque el despojador fuere el mismo propietario del bien, indica claramente que tanto la restitución como el secuestro son instituciones propias de la acción interdictal y que se puedan dictar aún contra quien fuere propietario del bien mueble o inmueble según sea el caso; con la salvedad de que en el juicio contradictorio, se determinara quien es el despojador y quien es el despojado del bien, y de ser declarada sin lugar la querella, se suspenderá la medida que haya pesado sobre el bien objeto de la misma. Igualmente, el artículo 701 señala el procedimiento a seguir, cuando establece que; "practicada ésta, (la medida) la causa quedará abierta a pruebas por diez días," con la variante de que por sentencia emanada de la Sala de Casación Civil, con ponencia del J Magistrado Carlos Oberto Velez (Sic), de fecha 22 de mayo de 2001, RC 0132-220.501-00449.htm, se modificó el procedimiento establecido en el artículo 701, otorgándosele al querellado un término para la contestación de la demanda, antes de la apertura del lapso probatorio establecido en la norma, criterio con el que en lo personal no estoy de acuerdo; porque desnaturalizo la esencia de este procedimiento especial de interdicto. Por otra parte, de las normas transcritas que regulan la materia se desprende, que la ley prevé para los interdictos posesorios, que éstos se encuentran enmarcados dentro del principio de la especialidad, la celeridad y la brevedad de las actuaciones, este proceso, según la ley adjetiva, consta de una primera fase en la cual el querellante aporta los elementos probatorios al Juez, a los fines de la demostración del despojo, si el Juez considera suficiente la prueba o pruebas promovidas, exigirá al querellante la constitución de una garantía suficiente, para responder de los daños y perjuicios que pueda causar la solicitud en caso de ser declarada sin lugar. En el otro supuesto, si el querellante no está dispuesto a constituir la garantía, el Juez a solicitud de parte decretará el secuestro de la cosa o el derecho objeto de la posesión, si a su juicio, de las pruebas aportadas se establece una presunción grave a favor del querellante, supuestos éstos que se encuentran perfectamente delimitados en la norma del artículo 699 del Código de Procedimiento Civil, donde no se observa que esté contemplada la posibilidad de una incidencia de oposición a la medida de secuestro de la cosa objeto de la posesión, pues no se prevé la posibilidad de la oposición de parte al secuestro interdictal como se prevé en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, ya que el secuestro en materia interdictal obedece a que el actor no quiso, o no pudo dar la caución o la garantía fijada por el Tribunal, y de conformidad con la referida norma, el Tribunal una vez que ha comprobado que existe en autos una presunción grave a favor del querellante, acordará la medida de secuestro, de naturaleza atípica o sui generis, toda vez que se trata de un secuestro muy especial, propio del interdicto, que nace como consecuencia de una deficiencia de caución o garantía por parte del actor, y por lo tanto no le son aplicables las incidencias correspondientes a las oposiciones e impugnaciones previstas en los artículos 585 y 602 eiusdem, reservados para las medidas preventivas propias del juicio ordinario. Sobre este interesante punto en examen, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 28 de abril de 2005, bajo ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, en el juicio de Amparo Constitucional incoado por el ciudadano JESÚS RAFAEL ARTEAGA, contra el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, estableció.

(…Omissis…)

En base a la máxima transcrita, y de conformidad a la uniformidad de criterios en la interpretación y aplicación del orden Jurídico ordenado en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aplica al presente caso la jurisprudencia contenida en LA SENTENCIA CITADA ANTERIORMENTE CUYO CARÁCTER ES VINCULANTE, esta representación judicial la comparte plenamente, y determina que la oposición al secuestro interdictal decretado y ejecutado en la presente causa, es IMPROCEDENTE, en virtud de lo establecido en el mencionado fallo y en la consideraciones que le precedieron. En esa misma línea del fallo, se puntualiza el secuestro interdictal formando parte del procedimiento restitutorio y, que por no existir en el mismo incidencia, no procede oposiciones e impugnaciones a la medida de secuestro, aunado a ello, es evidente, que de pronunciarse el juez de la causa declarando con lugar la oposición de parte a la medida, pudiera tocar el fondo del litigio, de consiguiente, que por esas características especiales del procedimiento interdictal en las cuales el juez debe examinar previamente si se cumplen los extremos de ley para admitir la querella y como consecuencia de ésta, la restitución o el secuestro. Por esta razón resulta IMPROCEDENTE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA DE SECUESTRO y así se solicita sea declarado por esta Sala del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, fundamentado en su naturaleza especial, tampoco se puede tramitar en este proceso incidencias de tercería ya que su naturaleza se lo impide, y esta figura es propia del proceso ordinario civil y no de los juicios especiales. Se puede concluir que en el proceso de interdicto cualquiera sea la protección que se invoque, de prohibir o restituir, la relación procesal solo se traba entre dos sujetos, el poseedor y el perturbador, o el despojador o el qué es responsable por un daño temido, ni siquiera la condición de propietario se puede hacer valer aquí, todo lo cual conduce a rechazar cualquier pretensión desconocedora del derecho y de la evolución histórica de las instituciones jurídicas a través de este tipo de innovaciones. Los criterios esbozados en la recurrida solo pueden calificarse como un error inexcusable, y así se solicita a esta Sala que se califique si se incurrió o no en error inexcusable con en la sentencia del Juzgado Superior.

(…Omissis…)

En consecuencia de lo anterior, queda establecido que la nulidad y reposición decretada por la Juez no están fundamentadas en disposición legal alguna ni obedecen a una situación procesal concreta que lo haya ameritado, vale decir que sometido a conocimiento del juzgador, por lo cual la sentencia excede del límite de posibilidades interpretativas del juez. De igual manera, la decisión vulnera el orden público de la ley adjetiva civil establecida en el artículo 313 Ord 1, por cuanto, la nulidad solo puede ser ejercida a instancia de parte, y en el expediente no consta que este recurso se haya ejercido. Por otro lado, como se ha indicado en infinidad de oportunidades lo establecido por la Juez con relación al acto de admisión de la querella es descabellado, pues en él no se vulnero el orden público motivo por el cual su sentencia debe ser declarada nula y así se solicita sea decretada por esta Sala Civil…”. (Destacados del texto).

 

Para decidir, la Sala observa:

En la presente denuncia, nuevamente señala el formalizante que la recurrida infringe los artículos 15, 206 y 701 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en el vicio –según su dicho- de quebrantamiento de formas sustanciales del procedimiento.

Al respecto, en la delación explica que, el proceso se cumplió a cabalidad y de acuerdo con la articulación en la que se fundamentó, la oposición al secuestro interdictal decretado y ejecutado en la presente causa es improcedente por cuanto no se puede tramitar en este proceso incidencias de oposición ya que su naturaleza se lo impide, siendo esta figura propia del proceso ordinario civil y no de los juicios especiales.

Concluyendo el recurrente, en que la nulidad y la reposición decretada por el ad quem no están fundamentadas en disposición legal alguna, ni obedecen a una situación procesal concreta que lo haya ameritado.

Así las cosas, esta Sala de Casación Civil reitera lo resuelto en la denuncia anterior, e insiste en resaltar que la medida cautelar debe tramitarse en un cuaderno separado, ya que la violación de este principio procesal, trae diversas complicaciones que atentan contra el derecho a la defensa y al orden público procesal y especialmente se reitera lo señalado por la doctrina autoral patria, supra transcrita, en el entendido que “…Por tanto, debe presuponerse la eventualidad de la oposición, la necesidad de la sentencia de convalidación (art. 603 CPC) que reclama toda medida cautelar…”.

La incidencia cautelar, cuando se sustancia correctamente, se decide en primera instancia a través de un fallo susceptible de ser apelado en un solo efecto. Esta apelación es independiente y autónoma de la apelación que pueda haberse intentado contra la sentencia definitiva. Si se decide el juicio principal y la medida cautelar en una misma sentencia, la eventual nulidad del fallo, por un motivo atinente a la cautelar o al juicio principal, generaría la nulidad de ambos pronunciamientos al unísono, admitiéndose el recurso en ambos efectos por tratarse de una sentencia definitiva. De esta forma, se distorsionaría la posibilidad de ejercer recursos independientes de apelación y casación contra las decisiones que resuelvan la incidencia cautelar.

          De igual forma cabe señalar, fallo de esta Sala Nº RC-129 de fecha 14 de marzo de 2007, expediente Nº 2006-505, caso Gloria Mercedes Madera Hernández contra la Sociedad Mercantil Administradora Fargo C.A., y sentencia N° RC-123 del 16 de marzo de 2009, expediente N° 2008-387, caso: Inversiones Scott y Castillo C.A., contra Tanya Brillembourg Capriles y otros, que establecieron lo siguiente:

“…De lo que se desprende que conforme a lo estatuido en el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, la tramitación del juicio principal y de la incidencia cautelar que pueda surgir, se tramitarán de forma independiente, autónoma, uno en el cuaderno principal y la otra en el cuaderno de medidas...” (Doble subrayado de la Sala).

 

En atención a lo antes expuesto, la tramitación en cuaderno separado de las medidas preventivas como el (secuestro) según lo preceptúa el artículo 604 del Código de Procedimiento Civil, -se reitera- es de imperiosa necesidad, pues si se le junta al juicio principal y se declara con lugar el recurso de casación contra la sentencia incidental, la definitiva que se mantenga se vendría ilógicamente abajo, por efecto del principio de la casación total, es por ello que la reposición decretada se encuentra perfectamente enmarcada en lo preceptuado por los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil.

Esta obligación en la tramitación de los juicios, es una consecuencia directa del principio procesal contenido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que en los actos procesales se deben cumplir las formas preestablecidas en la ley, salvo cuando no existan las mismas, casos en los que el juez podrá aplicar por analogía la forma que considere más conveniente.

Así pues, la doctrina pacífica y reiterada de este Alto Tribunal ha sido tradicionalmente exigente en lo que respecta a la observancia de los trámites esenciales del procedimiento. El principio de legalidad de las formas procesales, salvo las situaciones de excepción previstas en la ley, caracterizan el procedimiento civil ordinario, es decir, no es relajable por las partes, pues su estructura, secuencia y desarrollo está establecida en la ley.

Por esa razón, la Sala ha indicado de forma reiterada que “...no es potestativo de los tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público...”. (Sentencia de fecha 19 de julio de 1999, caso: Antonio Yesares Pérez c/ Agropecuaria el Venao C.A.).

De igual forma, ha señalado que las normas en que está interesado el orden público son aquellas que exigen una observancia incondicional y no son derogables por disposición privada, y que “...la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad del fallo y de las actuaciones procesales viciadas, todo ello en pro del mantenimiento de la seguridad jurídica y de la igualdad entre las partes, que es el interés primario en todo juicio...”. (Sentencia de fecha 22 de octubre de 1999, caso: Ciudad Industrial La Yaguara c/ Banco Nacional de Descuento).

El derecho a la defensa está indisolublemente ligado a las condiciones de modo, tiempo y espacio fijados en la ley para su ejercicio. Las formas procesales no son caprichosas, ni persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes; por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio eficaz del referido derecho.

Vista la estrecha relación entre la denuncia bajo análisis y la primera denuncia por defecto de actividad previamente resuelta y desechada, es razón suficiente para determinar la improcedencia de la presente delación, lo que conlleva a la declaratoria sin lugar del presente recurso de casación, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

DECISIÓN

En razón de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación formalizado por la parte querellante contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, de fecha 3 de febrero de 2017.

Se CONDENA en costas del recurso a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al. Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Falcón. Particípese de esta remisión al juzgado superior de origen ya mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

__________________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

 

Vicepresidente,

 

 

 

___________________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

 

Magistrado Ponente,

 

 

________________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

______________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

Magistrada,

 

 

_______________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

La Secretaria Temporal,

 

 

______________________________________

MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA

 

Exp. AA20-C-2017-000303

 

Nota: publicada en su fecha a las

 

La Secretaria Temporal,

 

 

 

La suscrita  Secretaria Temporal de la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia dejo constancia que la presente decisión se publicó sin la firma de la Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, de conformidad con el artículo 105 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Caracas a los veintiséis (26)  días de octubre de 2017.

 

La Secretaria Temporal.

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