Venley

Sentencia N.º RC.000159

Sentencia
N.º RC.000159
Fecha
06/04/2017
Sala
Casación Civil
Expediente
16-374
Ponente
Francisco Velázquez Estévez
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. 2016-000374

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

         En el juicio por indemnización por daño moral, intentado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil,  Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, por la ciudadana HEIDY JOSEFINA URBANO, representada judicialmente por los abogados Pedro Luis Solórzano Sánchez y María Milagros Alejos Henry, contra la sociedad mercantil SUPERMERCADO EL DIAMANTE, C.A., representada judicialmente por los profesionales del derecho Yovany Martínez Castañeda y Anna Karina Guerrero Matos; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la misma Circunscripción Judicial, conociendo en apelación, dictó sentencia en fecha 18 de marzo de 2016, mediante la cual declaró: 1) Con lugar el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar en fecha 5 de agosto de 2015, 2) declaró nula la sentencia recurrida dictada por el juzgado de cognición mencionado ut supra, 3) con lugar la demanda; y en consecuencia condenó a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,00), acordó la indexación judicial peticionada sobre el monto del capital que se ordenó pagar por concepto de indemnización mediante la experticia complementaria del fallo, 4) condenó en costas a la demandada de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

         Contra la precitada decisión, en fecha 7 de abril de 2016, el abogado Yovany Martínez Castañeda, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de la parte demandada, anunció recurso extraordinario de casación, el cual fue admitido y oportunamente formalizado. Hubo impugnación pertinente, réplica y contrarréplica.

         En fecha 2 de marzo de 2017, se reconstituyó la Sala de Casación Civil, por la elección de nueva junta directiva, quedando conformada de la siguiente manera: Magistrado Presidente Yván Darío Bastardo Flores, Magistrado Vicepresidente Francisco Ramón Velázquez Estévez, Magistrado Guillermo Blanco Vázquez, Magistrada Vilma María Fernández González y Magistrada Marisela Valentina Godoy Estaba, Secretario temporal Ricardo Antonio Infante y Alguacil Roldan Velásquez Durán.

         Concluida la sustanciación respectiva, le correspondió la ponencia al Magistrado FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo y en consecuencia pasa a decidirlo en los términos que a continuación se expresan:

 

FORMALIZACIÓN PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA

DENUNCIA POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

-I-

 

         De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 3° eiusdem, por incurrir el ad quem en el vicio de indeterminación de la controversia.

         La formalizante alegó:

“…PRIMERA DENUNCIA: DE LA INDETERMINACIÓN DE LA CONTROVERSIA

Del análisis de la sentencia recurrida se desprende que el sentenciador incurre en el vicio sancionado en el ordinal 1o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil ya que la decisión dictada no cumple con lo previsto en el ordinal 3o del artículo 243 eiusdem.

La doctrina de esta Sala (sentencia N° RC-0059 del 6/2/06 caso Dermis J. Rondón contra Samfor S.A.) considera que es imperativo para el juzgador la obligación de plantear el Thema (sic) Decídendum (sic) de manera previa al examen del material probatorio aportado por las partes, para posteriormente establecer los motivos de hecho y de derecho que le permitan llegar a la conclusión que debe plasmar en el dispositivo de la sentencia; lo cual no ocurre en el presente asunto.

En efecto, del contenido de la sentencia objeto del presente recurso, se observa que la juzgadora luego de realizar una extensa narrativa (18 folios) y lo cual no cumple con lo preceptuado en el artículo 243.3 de la norma adjetiva que exige una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que quedó planteado el asunto jurídico a resolver, siendo que este fallo se limita a transcribir el contenido de la demanda y la contestación así como a las actuaciones procesales llevadas a cabo, y seguidamente pasó a resolver lo que denomina “PRIMER PUNTO PREVIO: EN CUANTO AL SILENCIO DE PRUEBAS”; lo cual es incorrecto tomando en cuenta el criterio sostenido por la doctrina de esta Sala.

Así se tiene, que el fallo de la Alzada (sic), sin haber establecido el thema decidendum se pronunció sobre aspectos relacionados con las pruebas cursantes en autos, en este caso “Constancia médica cardiovascular del Dr. Israel Centeno”, “Informe médico psiquiátrico del Instituto de Salud Pública” y “declaración de la ciudadana YILMAIRA DENESIS ULLOA GONZÁLEZ”; con ocasión de este pronunciamiento, la decisión estableció lo siguiente:

(…Omissis…)

De la transcripción anterior se desprende que la sentencia consideró que las pruebas “silenciadas” son determinantes para decisión de la causa, todo ello sin haber establecido en forma previa cual era el tema a resolver en la controversia y sin revisar el contenido íntegro de la sentencia recurrida; y lo que es más grave aún, declara la anulación de la sentencia apelada con base al comentado silencio de prueba.

La doctrina nacional (Rivera Morales, Rodrigo. Recursos Procesales 2009), en sintonía con la jurisprudencia de esta Sala a la cual se ha hecho referencia (sentencia N° RC-0059 del 6/2/06), indica que se deben fijar los términos de la controversia en relación con los hechos controvertidos o en lo que no estén de acuerdo las partes. Se trata de precisar que es lo que se ha discutido, en qué han estado de acuerdo las partes y en qué se han contradicho; entendiendo esta representación, que tal fijación o precisión debe constar en forma expresa y la misma no puede estar constituida por la mera transcripción de los escritos que forman parte del expediente judicial, siendo que el sentenciador no puede entrar a decidir cuestión alguna sin realizar esta determinación previa, tal y como ocurrió en este asunto.

En resumen, la sentencia recurrida no determinó que (sic) era lo controvertido, pero entró a pronunciarse de una vez sobre un silencio de pruebas; todo ello, sin preestablecer si las pruebas supuestamente silenciadas formaban parte o no de la cuestión discutida, lo cual como se ha indicado resulta en una irregular emisión del fallo.

Tal y como ha venido siendo considerado por la doctrina de casación (sentencia 334 del 13/8/1992 y RC-289 del 20/4/06), los requisitos intrínsecos a que se refiere el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público; siendo que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia deben reprimirse por medio de la anulación del fallo. En igual sentido, se debe señalar que al ser un vicio de orden público; la indeterminación como tal afecta íntegramente al fallo.

El vicio denunciado es determinante en la eficacia del fallo dictado ya que a pesar de no haber cumplido el sentenciador con los requisitos exigidos para la redacción de la sentencia, sin embargo esa írrita decisión se permite declarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y lo cual se refleja en el numeral SEGUNDO de su dispositivo.

Por tratarse de una denuncia de forma, no es necesario especificar lo indicado por el ordinal 4o del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.

Solicito que la Sala declare la procedencia de la presente renuncia y como consecuencia de ello proceda a anular el fallo dictado…”. (Negrillas, cursivas, subrayado y mayúsculas del escrito).

 

         Para decidir, la Sala observa:

         De la denuncia antes transcrita se desprende que la formalizante le endilga a la recurrida la infracción del artículo 243 ordinal 3°, del Código de Procedimiento Civil, al considerar que el juez de la recurrida debió plantear el thema decidendum de manera previa al examen probatorio.

         Asimismo, afirma que “…el fallo recurrido se limitó a transcribir el contenido de la demanda, contestación y de las actuaciones procesales y seguidamente pasó a resolver el punto previo en relación al silencio de pruebas…”.

         Bajo este sustento, señala que el ad quem consideró que “…las pruebas silenciadas son determinantes para la decisión de la causa, sin haber establecido en forma previa cual (sic) era el tema a resolver, sin revisar el contenido integro (sic) de la sentencia recurrida, y lo que es más grave aun declara la anulación de la sentencia apelada con base al silencio de pruebas…”.

         De allí concluye la formalizante que “…la sentencia recurrida no determinó que era lo controvertido pero entró a pronunciarse sobre el silencio de pruebas; sin preestablecer si las pruebas silenciadas formaban parte o no de la cuestión discutida…” por lo que considera que “…resulta en una irregular emisión del fallo…”.

         Del transcrito la Sala entiende que lo pretendido por la formalizante es denunciar el vicio de indeterminación de la controversia, por cuanto, la juez superior que instruyó la causa antes de determinar el thema decidendum se pronunció en relación con unas pruebas en el punto previo, y así pasa a conocer:

En ese sentido, resulta necesario advertir que el requisito intrínseco de la sentencia a que se contrae el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, consagra el deber del juez de establecer en forma previa a su decisión cuáles son los límites de la controversia planteada, realizando para ello una síntesis propia de lo demandado y de la contestación producida, pudiendo valerse, de considerarlo necesario, de la transcripción de algún alegato expuesto por las partes.

De tal manera que antes de entrar a motivar el fallo, mediante el establecimiento de los hechos y la aplicación del derecho, el juez deberá exponer en qué sentido y cómo quedó trabado el problema judicial a resolver; exposición que a su vez deberá formular de forma sucinta y diáfana.

         Por su parte, en relación con la infracción del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala en decisión N° RC-000504, de fecha 9 de agosto de 2016, caso: Francy María Tononi Mendoza, contra Pedro Rafael Jiménez González, expediente N° 2015-913, estableció lo siguiente:

“…De acuerdo con lo explanado en el anterior criterio jurisprudencial, para garantizar la aplicación efectiva del postulado constitucional contenido en el artículo 257 de la República Bolivariana de Venezuela, no se considera procedente la falta de síntesis de un determinado fallo, si lo narrado por el juzgador, permite a las partes conocer las razones que le llevaron a tomar la determinación mediante la cual resuelve el asunto controvertido.

En tal sentido, el referido fallo señala que aún cuando exista falta de síntesis, ésta no será declarada por carecer de finalidad útil la nulidad del fallo, cuando del contenido del fallo sea posible para las partes que integran la litis, así como a la comunidad en general, conocer cómo entendió el jurisdicente de alzada el asunto sometido a su conocimiento…”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Esta Sala reitera el criterio jurisprudencial antes transcrito, a fin de garantizar la aplicación efectiva del precepto constitucional implícito en el artículo 257 de la República Bolivariana de Venezuela, es improcedente la falta de síntesis de un determinado fallo, si lo narrado por el jurisdicente, permite a las partes conocer las razones que le llevaron a tomar la determinación mediante la cual resuelve la controversia.

         Asimismo, el referido criterio señala que la falta de síntesis no será declarada, cuando del contenido del fallo sea posible para las partes que integran la litis, así como a la comunidad en general, conocer cómo entendió el juzgador de alzada el asunto sometido a su conocimiento, en aras de evitar reposiciones inútiles.

         Ahora bien, con el propósito de determinar si en el caso en concreto el juez de alzada dio cumplimiento a este requisito, la Sala pasa a trascribir parcialmente la sentencia recurrida que expresó:

“…MOTIVO: INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL.

SINTESIS (sic) DE LA CONTROVERSIA:

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 243, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, se procede a hacer una síntesis de la controversia y a tal efecto tenemos:

La presente controversia se origina por escrito de demanda por INDEMNIZACIÓN DE DAÑO MORAL de fecha 24/02/2014, presentado por la ciudadana Heidy Josefina Urbano, contra la Sociedad (sic) Mercantil (sic) SUPERMERCADO EL DIAMANTE C.A., representada legalmente por sus Directores (sic) los ciudadanos: Antonino Tindaro Previte Colosi, Pietro Carmelo Previte Colosi, Rosario José Nuccio Previte y Rosario Antonio Previte Colosi, todos plenamente identificados, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Ciudad Bolívar (U.R.D.D), siendo distribuido al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

Alega la parte demandante en síntesis lo siguiente:

(…Omissis…)

DE LA ADMISIÓN:

(…Omissis…)

DE LAS CUESTIONES PREVIAS:

(…Omissis…)

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

(…Omissis…)

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LAS PARTES:

(…Omissis…)

DE LA SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA:

En fecha 05 (sic) de agosto de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, declaró: SIN LUGAR la demanda por indemnización de daño moral interpuesta por Heidy Urbano contra Supermercado EL Diamante C.A.

En fecha 10 de agosto de 2015, el tribunal de la causa, corrigió el error material que cometió en el folio 14 de la 3° pieza.

DE LA APELACIÓN:

En fecha 10 de agosto de 2015, el abogado Pedro Luis Solórzano Sánchez, co-apoderado judicial de la parte actora, procedió a ejercer recurso de apelación contra la sentencia definitiva de fecha 05 (sic) de agosto de 2015; lo cual es proveído por el tribunal a-quo, en el auto de fecha 13-08-2015, donde oye la apelación en ambos efectos, ordenando remitir el expediente a ésta (sic) alzada.

DE LAS ACTUACIONES DE ESTA ALZADA:

(…Omissis…)

PRIMER PUNTO PREVIO:

EN CUANTO AL SILENCIO DE PRUEBA:

Ahora bien, siendo la oportunidad para decidir, el tribunal como punto previo pasa a pronunciarse sobre el silencio de pruebas delatado por la         -parte demandante recurrente- y al respecto observa:

Para apoyar su denuncia el recurrente alega:

‘A) “…ciudadana juez, al usted revisar la sentencia recurrida, para ser más especifico (sic), el Vto. del folio 23, se podrá dar cuenta que hay una mención debidamente subrayada que dice “la parte demandante promovió además de las testimoniales arriba analizadas las siguientes”:

(…Omissis…)

3. Constancia médica cardiovascular del doctor Israel Centeno no fue ratificada en juicio por lo que carece de valor probatorio.

(…Omissis)…)

…como decir que dicha constancia no fue ratificada en juicio, cuando la misma si (sic) fue ratificada, de la copia que tengo en mis manos para el momento de escribir esos informes se evidencia que la misma cursa a los folios 81,82,83 y 84, y la ratificación fue hecha en fecha once de enero del año 2015…

(…Omissis)…)

Se podrá dar cuanta (sic) ciudadana juez superior, del grave error cometido por los jueces asociados en su sentencia, de la cual ahora usted esta (sic) conociendo en apelación, no analizaron una prueba porque según ellos no fue ratificada en juicio, tal error vicia la sentencia, haciendo presente el llamado silencio de pruebas, se refirieron a ella pero no expresaron su merito (sic) probatorio…

B) Informe medico (sic) psiquiátrico del Instituto de Salud Pública:

…de nuevo los ciudadanos jueces asociados vuelven a incurrir en un error que vicia la sentencia recurrida, escriben que el informe medico (sic) psiquiátrico como documento administrativo hace plena fe de que la demandante acudió a ese centro de salud (…) pero no se pasearon por el contenido del informe, no expresaron el merito (sic) probatorio (...) se limitaron a mencionarlo y ya, surge a mi humilde entender de nuevo el vicio al que ya hice referencia el silencio de pruebas.

(…Omissis)…)

C) declaración de la ciudadana YILMAIRA DENEISI ULLOA GONZALEZ (sic), testigo que declaro en fecha 04 (sic) de diciembre del año 2014, a las once de la mañana, que riela al folio 16,17 y 18, pero resulta que en la sentencia elaborada tan diligentemente por los ciudadanos jueces asociados no aparece por ningún lado (…) ignorando por completo este medio probatorio, volviendo a viciar la sentencia con el denominado silencio de pruebas.

(…Omissis…)

Para decir, este tribunal observa:

Ha sido pacifica (sic) y consolidada la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil al establecer, que dicho vicio se patentiza en los casos en los que el jurisdicente ignora la probanza aportada a los autos o aun (sic) mencionándola no realiza el análisis sobre ella para expresar su mérito.

(…Omissis…)

Ahora bien, en relación a las pruebas ofrecidas por el recurren tenemos:

Que en el lapso probatorio, ratificó las documentales que acompaño a la demanda entre ellas la constancia médica cardiovascular marcada con la letra “A”, solicitando la citación personal del doctor Israel Centeno, a fin de que ratificara en su contenido y firma la constancia ya señalada.

En el caso bajo revisión aprecia éste (sic) tribunal que el a quo en la parte motiva estableció:

‘…la parte demandante promovió además de las testimoniales arriba analizadas las siguientes’:

 

(…Omissis)…)

3. Constancia médica cardiovascular del doctor Israel Centeno no fue ratificada en juicio por lo que carece de valor probatorio.

(…Omissis)…)

B) Informe médico psiquiátrico:

(…Omissis)…)

En cuanto a esta documental el a quo indicó:

‘…por tratarse de un documento administrativo hace plena fe de que la demandante ha acudido a ese centro de salud y fue atendida por un medico (sic) especialista Rubén Lara…’.

En cuanto a la testigo: Yilmaira Deneisi Ulloa González:

Es preciso señalar que dicha testigo fue promovida por la parte accionada y rindió declaración antes (sic) el juzgado de la causa en fecha 04 (sic) de diciembre de 2014, tal como se evidencia de los folios 16 al 18 de la segunda pieza del presente expediente.

Es de observar, que del análisis hecho por esta superioridad de las actas procesales constato (sic) que efectivamente, a los folios 81 al 84 el ciudadano Israel Jesús Centeno compareció el día 11 de enero de 2015 a las nueve (9:00 am) de la mañana a ratificar en contenido y firma la constancia médica cardiovascular emitida por él. La cual no fue analizada por el tribunal de la causa. Así como también se evidencia que el tribunal a quo en el capitulo (sic) llamado análisis del material probatorio al folio 23 y su Vto., al referirse a las demás pruebas ofrecidas por la parte demandante señalo (sic): “…La parte demandante promovió además de las testimoniales arriba analizadas las siguientes:

(…Omissis…)

Informe médico psiquiátrico del Instituto de Salud Pública por tratarse de un documento administrativo hace plena fe de que la demandante ha acudido a ese centro de salud y fue atendida por un medico (sic) especialista Rubén Lara.

 

(…Omissis…)

No expresando el merito (sic) probatorio del mismo.

En cuanto a la ciudadana Yilmaira Deneisi Ulloa González promovida por la parte demandada la misma rindió declaración en la fecha ya indicada no siendo valorada por el a quo.

En este sentido es importante señalar que para la procedencia del vicio de silencio de pruebas como quedo dicho ut supra es necesario que la misma este íntimamente relacionada con el asunto que se pretende probar, refiriéndonos al caso que nos ocupa -el daño moral demandado- dichas pruebas y su análisis son determinantes en la decisión que pueda tomar esta alzada.

Evidenciado como ha quedado que el jurisdicente a quo no efectuó sobre las pruebas referidas supra el análisis que le ordena los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil, lo que, por vía de consecuencia, deviene en la infracción de dichas disposiciones y en estricta aplicación del criterio jurisprudencial precedentemente transcrito al caso bajo análisis, debe declararse como en efecto se declara procedente el silencio de pruebas denunciado ante de ésta (sic) alzada, y consecuencialmente la nulidad de la sentencia recurrida. Así se resuelve.

Anulada la sentencia apelada, este órgano jurisdiccional pasa a pronunciarse sobre el fondo de la controversia de conformidad con el artículo 209 ejusdem, y, al respecto observa: Que la parte demandada en el acto de contestación opuso los siguientes puntos previos que a continuación pasa a resolver esta alzada:

DE LA IMPUGNACIÓN DE LA CUANTIA (sic):

(…Omissis…)

LA FALTA DE CUALIDAD PASIVA DE LA DEMANDADA:

(…Omissis…)

DE LA COSA JUZGADA:

(…Omissis…)

DE LA IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL POR HECHO AJENO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

(…Omissis…)

Al respecto cabe señalar, que no existe disposición legal alguna que obligue a demandar “…por daño moral por incumplimiento de los requisitos legales que dan lugar a la responsabilidad por hecho ajeno…”; a los directores y dependientes sobre el cual recayó la actuación que se considera causante del daño, así como al Supermercado El Diamante C.A; donde estos directores y dependientes laboran, sino que la parte accionante goza de plena libertad de dirigir su demanda en contra de quien considere responsable, ya sea los directores o dependientes “que realizaron el acto” o el Supermercado El Diamante C.A; o en contra de ambos, pues la ley sustantiva no regula impedimento al respecto, ni obliga a demandar en forma conjunta, independientemente de sobre quien derive la responsabilidad, dado que es un aspecto netamente procesal, que no prejuzga sobre el fondo del asunto, es simplemente lo relacionado al tramite (sic) procesal, de la presentación de la demanda.

(…Omissis…)

DE LOS MERITOS (sic) DE LA CONTROVERSIA:

Del análisis del libelo de demanda y de la contestación al fondo de la misma, se concluye que la pretensión de la parte actora es de ACCION INDEMNIZATORIA DE DAÑO MORAL, con fundamento legal en los artículos 1185 (sic), 1191 (sic) y 1196 (sic) del Código Civil; en concordancia con los artículos 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y 338 y siguientes del Código de Procedimiento Civil respectivamente. Aduce la accionante que la empresa demandada le causó un DAÑO MORAL, toda vez que:

 

 

 

 

(…Omissis…)

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS:

(…Omissis…)

Analizadas cada una de las pruebas aportadas por las partes, debe este tribunal establecer que uno de los puntos controvertidos en el presente proceso, como antes se indicó, es determinar la procedencia o no de la responsabilidad Civil del Supermercado El Diamante C.A, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.191 del Código Civil, dado que los apoderados judiciales de la misma indicaron que el Supermercado El Diamante, C.A; esta (sic) exento; afirmando que esté ofrece sus servicios al público y que: “…en los ciudadanos Antonino Previte Colosi y Pietro Previte Colosi no puede surgir la responsabilidad civil extracontractual especial o compleja (por hecho ajeno) por se (sic) estos principales antes los dependientes del Supermercado El Diamante C.A…

(…Omissis…)

Para la procedencia de lo pretendido es necesario determinar si con las pruebas analizadas se ha alcanzado probar las circunstancias que condicionan en nuestro derecho la procedencia de la responsabilidad extracontractual y en particular la responsabilidad especial por hecho ajeno del principal. En ese sentido, el primer elemento que es preciso establecer es la existencia real de el daño afirmado en la demanda, y, en este particular, se observa que del análisis que se hiciera anteriormente en el presente fallo de las pruebas valoradas específicamente de las constancia médica cardiovascular e informe médico psiquiátrico, quedo (sic) establecido que, ciertamente, la señora Heidy Urbano sufrió un daño físico y psicológico que le agravó su condición cardiovascular y presión arterial, así como fue diagnosticada por trastorno adaptativo agudo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo producto del hecho acaecido el 3012-2013 en el Supermercado El Diamante C.A, que consistió: “…en las amenazas, groserías, chantaje, gritos, insultos, tratos vejatorios y humillantes, intimidaciones hacia su persona, creando en ella un estado de temor, depresión, pánico, ansiedad, e inestabilidad emocional…”. Hechos estos demostrados con las testimoniales ofrecidas y ya valoradas, quedando establecido y comprobado el pretium dolores experimentado a través de la vivencia traumática sufrida por la accionante en presencia de los asistentes al supermercado, pues ni aún en el peor de los casos en que alguien arribe al referido supermercado a hurtar alimentos u otros productos, debe recibir tratos semejantes, pues estos constituyen violación al derecho fundamental a la dignidad humana, por lo que nada justifica las vejaciones vividas por la accionante en el presente caso, pues incluso el peor de los delincuentes puede ser tratado de forma indecorosa y atentatoria contra los derechos humanos y a la dignidad, de lo contrario permitir este tipo de conductas sin nunca ser sancionado significaría un retroceso a la Ley del Talión “ojo por ojo, diente por diente”, por lo que ha quedado configurado el hecho ilícito por parte de los directores y dependientes del Supermercado El Diamante, C.A.

(…Omissis…)

Ahora bien, entiende esta sentenciadora que la parte demandada ha reconocido que la señora Heidy Urbano visitó las instalaciones del supermercado el día 30/12/2013 e horas de la tarde (4:00 y 4:30 pm) hacer unas compras, y que “en virtud de la situación que se presentó en el mismo”, pareciéndole sospechosa el gerente del supermercado, le reviso (sic) y le repeso (sic) los productos de charcutería ya cancelados por caja, de los cual se infiere que durante su permanencia en el supermercado fue que se produjo el hecho ilícito hoy demandado. Así se precisa.

Determinado lo anterior, se hace necesario en segundo término establecer si, como lo asienta la actora, el referido daño fue causado por la actuación de los directores Antonino Previte Colosi, Pietro Previte Colosi, y los ciudadanos: Pedro Bejarano y Franz Cervando Berenguel, uno gerente de piso y él (sic) otro gerente general, respectivamente. En tal sentido tenemos, que de las pruebas aportadas por la parte actora, fundamentalmente la testimonial quedo (sic) corroborado:

Que el día 30 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 4:00 y 4:30 de la tarde la señora Heidy Urbano se encontraba en el Supermercado El Diamante, C.A, el cual estaba colapsado de gente por la fecha, que al momento de pagar en la caja la señora Heidy Urbano fue irrumpida por el gerente de piso del Supermercado (sic) ciudadano Pedro Bejarano quien le reviso (sic) las bolsas y ordeno (sic) el repesaje de unos productos de charcutería que había comprado, motivo por el cual fueron llamados los dueños del referido supermercado, ciudadanos Antonino y Pietro Previte Colosi, quienes ofendieron a la señora Heidy Urbano gritándole improperios como ladrona, delincuente, vulgar y maldita delincuente.

Lo narrado en el párrafo anterior, aunado a lo contenido en la respuesta dada por la testigo Yilmaira Deneisi Ulloa González promovida por la parte demandada y con auxilio del principio de la comunidad de la prueba en la pregunta quinta relacionada con lo ocurrido ese día (30/12/2013), cuando ella atendió a la señora Heidy urbano señalando: ‘…Que esa tarde la señora Heidy fue atendida por su caja y la misma se torno (sic) muy nerviosa interrumpiéndole en que hiciera su trabajo bien… por lo regular el Gerente (sic) de piso de venta Pedro Bejarano quien se percato (sic) del nerviosismo y se acercó a su caja luego que la señora había cancelado y le pidió permiso para revisar una bolsa y se repeso (sic) en caja una bandeja de charcutería y se dio cuenta de la irregularidad que había y se le pidió a la señora que por favor le acompañara al área de charcutería…’., se puede verificar que existe un incumplimiento culposo por parte de los directores y dependientes del supermercado demandado. Así se decide.

Habiendo quedado establecido el daño, así como también que la causa del mismo fue el incumplimiento en la labor de los directores y dependientes al no ser diligentes, ni tener una actitud cónsona con la que debe desarrollar el personal de un supermercado, quienes deben ser adiestrados de modo tal que garanticen la correcta atención de los usuarios y en caso de contingencia tomar las previsiones necesarias, sin acudir a la violencia, sino procediendo al llamado a las autoridades correspondientes, por lo que quien aquí decide en su función didáctica y garantista de la paz social, exhorta a la directiva del referido supermercado a fortalecer la capacitación del personal a objeto de que brinden una atención digna al usuario. Así se analiza, declara y exhorta.

Así tenemos que la actora ha invocado la aplicación en el presente caso de la presunción de culpa que establece el artículo 1.191 del Código Civil, en cuanto a la actividad que desplegaron los directores- dependientes del supermercado tantas veces señalado en la contingencia surgida el día 30/12/2013 en horas de la tarde con la señora Heidy Urbano, por lo que, ha de atenerse entonces la invocación de aquella norma por la actora y examinarse si esa relación surgida entre la demandada y los ciudadanos Antonino Previte Colosi y Pietro Previte Colosi, al tener tal comportamiento, puede subsumirse en el supuesto de dicha norma y como consecuencia de ello generarse la presunción legal de culpa al Supermercado El Diamante, C.A.

Es importante puntualizar que de autos consta: Que la parte accionada demostró que lo señores Antonino Previte Colosi y Pietro Previte Colosi reúnen la condición de accionistas del supermercado El Diamante, C. A; por cuanto son titulares de trescientas veinticinco (325) acciones cada uno, que a valor nominal de cada una, alcanza la totalidad de trescientos veinticinco millones de bolívares (Bs. 325.000.000,00), hoy trescientos veinticinco mil bolívares fuertes (Bs.: 325.000,00).

Que el hecho ocurrido el 30/12/2013 en las instalaciones de la demandada en presencia de clientes, la señora Heidy Urbano fue sometida a la humillación de revisarle y repesarle los productos (de charcutería) por ella adquiridos y ya cancelados, y luego de ello, fue objeto de descalificaciones, insultos, palabras obscenas como ladrona, delincuente, maldita delincuente, hechos estos que fueron llevados a cabo por los directores Antonino y Pietro Previte Colosi en conjunto con los ciudadanos Pedro Bejarano y Franz Cervando Berenguel, el primero gerente de piso y el segundo gerente general respectivamente.

(…Omissis…)

En el presente caso es evidente que los ciudadanos Antonino y Pietro Previte Colosi accionistas del Supermercado El Diamante, C.A, fueron los que ocasionaron la contingencia en la fecha tanta veces señalada   -30/12/2013- y que ocasiono (sic) el daño a la señora Heidy Urbano consistente en: el sufrimiento que lesiono (sic) su honor, reputación, dignidad y honorabilidad, trayéndole como consecuencia un stress psicológico que agravó su condición cardiovascular y presión arterial, así como desde el punto de vista psiquiátrico le fue diagnosticado trastorno adaptativo agudo mixto de animo (sic) depresivo con ansiedad; si bien es cierto esto, también es cierto que a pesar que los accionistas antes identificados fueron los que realizaron los actos que condujeron a la contingencia referida, el Supermercado El Diamante, C.A; tenia (sic) un mínimo de control y vigilancia para evitar tal hecho que ocasiono (sic) los daños derivados, como los que se produjeron, y que han dado origen a este proceso. En consecuencia, su responsabilidad es cierta. Así se decide.

Por lo antes expuesto, y en virtud de la responsabilidad antes descrita esta juzgadora pasa a examinar el pedimento de la parte accionante en los siguientes términos:

La parte actora demanda al Supermercado El Diamante, C.A.; “…en su propio nombre y representación… por ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑO MORAL… daño ocasionado por sus Dueños, quienes en el expediente de la Empresa (sic) Figuran (sic) como Directores (sic), ciudadanos Antonino Tindaro Previte Colosi, Pietro Carmelo Previte Colosi, y sus dependientes, Franz Cervando Berenguel y Pedro Bejarano, quienes son gerente y supervisor respectivamente… para que convenga en pagarme las siguientes cantidades:

1) La cantidad de Treinta (sic) Millones (sic) de Bolívares (sic) (Bs.: 30.000.000,00) por concepto del daño sufrido...

2) (…Omissis…)

Establecida la responsabilidad del Supermercado El Diamante, C.A., en cuanto al daño: estrés psicológico que agravó su condición cardiovascular y presión arterial, así como trastorno adaptativo agudo con ansiedad de animo (sic) depresivo causado a la ciudadana Heidy Urbano, se debe proceder al análisis de la indemnización solicitada por ésta, en tal sentido el Código Civil establece…”. (Mayúsculas de la sentencia). (Negrillas de la Sala).

 

         De lo transcrito esta Sala observa que contrario a lo señalado por la formalizante, la juez de la recurrida fijó el thema decidendum sometido a su consideración, el cual versó sobre la acción por indemnización de daño moral por los hechos ocurridos en fecha 30 de diciembre del año 2013, en las instalaciones de la demandada sociedad mercantil Supermercado el Diamante.

         En tal sentido, las transcripciones que anteceden resultan suficientes para desestimar la denuncia que se examina, habida cuenta que del examen de la sentencia recurrida se observa que la misma contiene suficientemente los elementos que definen la determinación de la controversia cual es la concretización del asunto que se discute, razón por la cual, esta Sala declara improcedente la presente delación al no haberse configurado la infracción del ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

 

-II-

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 313 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, se delata la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, por incurrir la recurrida en el vicio de “…incongruencia…”.

Por vía de argumentación, expresa el formalizante lo siguiente:

“…Del análisis de la sentencia dictada por el mencionado Juzgado (sic) Superior (sic) se observa que la misma incurre en el vicio de incongruencia violando así lo previsto en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo cual a su vez determina la existencia del defecto de forma que se encuentra establecido en el ordinal 1o del artículo 313 eiusdem.

Conforme a la doctrina de esta Sala, la congruencia se produce cuando esta se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente de si es acertada o errónea; en tal sentido, se ha señalado que la incongruencia negativa surge cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial, y los aspectos son: a) cuando se otorga más de lo pedido (ultrapetita); b) cuando se otorga algo distinto de lo pedido (extrapetita); y c) cuando se deja de resolver sobre algo pedido o excepcionado (citrapetita). Asimismo, la Sala ha señalado que surge el vicio cuando las razones expresadas por el juez no guardan relación con las excepciones o defensas opuestas.

En el presente caso, es de observar que la ciudadana HEIDY JOSEFINA URBANO interpuso una acción indemnizatoria de daño moral con base a lo dispuesto en los artículos 1,2,3,4 y 14 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual en partes ulteriores (sic) de este escrito se abreviará su denominación utilizando las siglas LOSDMVLV; habiéndose señalado en el Capítulo (sic) IV de la demanda y el cual fue titulado como “DEL HECHO ILÍCITO GENERADOR DEL DAÑO Y SU RELACIÓN CON LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”, que el Tribunal (sic) debía tomar en cuenta que los hechos en que se sustenta la demanda y configuradores del acto ilícito encuadran en el objeto de la mencionada ley por ser formas de violencia de género tipificadas como "violencia psicológica, acoso u hostigamiento y amenaza". En el escrito de contestación de demanda, específicamente en el Capítulo (sic) II, mi representada alegó la improcedencia de la indemnización de daño moral y en tal sentido señaló que la demandante en este juicio interpuso denuncia penal por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público con competencia en la materia por los delitos de acoso, hostigamiento y violencia psicológica previstos en la LOSDMVLV, procedimiento en el cual el Ministerio Público solicito (sic) el sobreseimiento por no existir base para solicitar el enjuiciamiento de los ciudadanos ANTONIO TINDARO PREVITE COLOSI, PIETRO CARMELO PREVITE COLOSI, FRANZ CERVANDO BERENGUEL y PEDRO BEJARANO; sujetos estos que son los mismos señalados en la demanda como los agentes causantes del hecho ilícito demandado. En relación con tal aspecto mi representada en su escrito de contestación de demanda, con base a la jurisprudencia allí citada, expresamente expuso lo siguiente:

“...Por todas las razones, solicitamos al Tribunal (sic) que, una vez comprobada la existencia de la decisión de sobreseimiento de la causa penal a que se ha hecho referencia, se declare conforme a derecho y al criterio reiterado por el Tribunal Supremo en Sala Constitucional y Sala de Casación Civil, la improcedencia del daño moral pretendido por la accionante”. (Copia textual, subrayado propio).

La sentencia dictada por la Alzada (sic) y objeto del presente recurso de casación, al tratar sobre el aspecto anteriormente señalando, le da el tratamiento de “cosa juzgada” y así expresamente lo titula (folio 95) llegando a la siguiente conclusión:

“Es por ello que si la absolución o sobreseimiento tiene por fundamento que los hechos investigados no ocurrieron o que el imputado no pudo perpetrarlo ni participado en su ejecución, la decisión penal debe ser respetada por la civil. En cualquiera otra hipótesis la demanda civil por hecho ilícito no puede ser desechada por la excepción de cosa juzgada que resulte de la decisión pronunciada en sede penal por absolución o sobreseimiento del imputado.

En virtud de ello, resulta improcedente la excepción de cosa juzgada penal. Así se resuelve”, (copia textual folio 96, subrayado propio).

Tal y como se desprende de la transcripción anterior, la Alzada (sic) consideró que se había opuesto una excepción de cosa juzgada, lo cual no se compadece con la realidad de la defensa alegada y que fue considerar la improcedencia del daño moral pretendido por la accionante el cual está basado en supuestos de violencia psicológica, acoso u hostigamiento y amenaza previstos en la LOSDMVLV. A mayor abundamiento se debe señalar que al resolver el fondo del asunto, la Alzada (sic) señala que para decidir (folio 97) va a aplicar como “normas generales y especiales procesales” entre otras, que la litis quedó planteada conforme a las alegaciones efectuadas por las partes, siendo el caso que el alegato de la improcedencia del daño moral con base a los supuestos establecidos por la referida ley de violencia de género y que forman parte del fundamento de la demanda, no fueron considerados en forma alguna y lo cual incluye lo dicho sobre la improcedencia del daño moral alegado por mi representada.

En base a todo lo anteriormente expuesto, tenemos entonces que la sentencia recurrida omitió el debido pronunciamiento sobre los aspectos contenidos en el juicio y que forman parte tanto de la demanda como de los descargos presentados; de manera pues, que esa falta de análisis de la defensa planteada en términos concretos y que la Alzada (sic) desvirtúa al considerarla como una excepción de cosa juzgada, configura el vicio de citrapetita.

En relación a como (sic) es determinante la incongruencia en el dispositivo del fallo, es de observar que la Alzada (sic) sin considerar el alegato de la improcedencia del hecho ilícito fundada en los supuestos de la LOSDMVLV, los cuales forman parte del contenido de la demanda, y sin apreciar la defensa perentoria opuesta en tal sentido, procedió a declarar CON LUGAR la acción interpuesta y condenó a pagar la suma de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,00).

Por tratarse de una denuncia de forma, no es necesario especificar lo indicado en el ordinal 4o del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.

Solicito que la presente denuncia sea declarada procedente y como consecuencia de ello se anule el fallo recurrido…”. (Subrayado, negrillas y cursiva del escrito).

 

La Sala para decidir, observa:

De la denuncia antes transcrita se desprende, que el formalizante le atribuye a la recurrida la infracción del 243 ordinal 5° por incongruencia negativa.

Así, bajo este sustento refiere el formalizante que la demandante interpuso la acción indemnizatoria de daño moral con base en lo estipulado en los artículos 1, 2, 3, 4 y 14 de la Ley Orgánica sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual según sus dichos se señaló en el capítulo IV de la demanda y se tituló “…del hecho ilícito generador de daño y su relación con la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia…”.

         En este sentido, la formalizante alega que el ad quem “…debía tomar en cuenta que los hechos en que se sustenta la demanda y configuradores del acto ilícito encuadran en el objeto de la mencionada ley por ser formas de violencia de género…”.

         Asimismo, señala que en el escrito de contestación específicamente en el capítulo II “…alegó la improcedencia de la indemnización de daño moral y en tal sentido señaló que la demandante en este juicio interpuso denuncia penal…”.

         En este sentido sostiene que “…procedimiento en el cual el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento por no existir base para solicitar el enjuiciamiento de los ciudadanos Antonio Tindaro Previte Colosi, Pietro Carmelo Previte Colosi, Franz Cervando Berengel y Pedro Bejarano; sujetos estos que son los mismos causantes del hecho ilícito demandado…”.

         Así, señala que “…en relación con tal aspecto en su escrito de contestación expuso…”, que “…por todas las razones, solicitamos al tribunal que, una vez comprobada la existencia de la decisión de sobreseimiento de la causa penal a que se ha hecho referencia, se declare conforme a derecho y al criterio reiterado por el Tribunal Supremo en Sala Constitucional y Sala de Casación Civil, la improcedencia del daño moral pretendido por la accionante…”.

         De allí aduce que “…la alzada al tratar sobre el aspecto anteriormente señalado, le da tratamiento de cosa juzgada…”, por lo que, el ad quem “…consideró que se había opuesto una excepción de cosa juzgada, lo cual no se compadece con la realidad de la defensa alegada y que fue considerar la improcedencia del daño moral pretendido por la accionante el cual está basado en supuestos de violencia psicológica, acoso u hostigamiento y amenaza…”.

         Así, señala que la recurrida al resolver el fondo del asunto, siendo “…el caso que el alegato de la improcedencia del daño moral con base a los supuestos establecidos por la referida ley de violencia de género y que forman parte del fundamento de la demanda, no fueron considerados en forma alguna y lo cual incluye lo dicho sobre la improcedencia del daño moral alegado por mi representada…”.

         Concluye la formalizante que “…la sentencia recurrida omitió el debido pronunciamiento sobre los aspectos contenidos en el juicio y que forman parte tanto de la demanda como de los descargos presentados…”.

         De lo expuesto le atribuye a la recurrida “…que esa falta de análisis en la defensa planteada en términos concretos y que la alzada desvirtúa al considerarla como una excepción de cosa juzgada, configura el vicio de citrapetita…”.

         Por último señala que “…es determinante la incongruencia en el dispositivo del fallo, es de observar que la alzada sin considerar el alegato de la improcedencia del hecho ilícito, los cuales forman parte del contenido de la demanda, y sin apreciar la defensa perentoria opuesta en tal sentido…”.

         Nótese que la formalizante, a través de una denuncia por incongruencia negativa cuestiona a la recurrida por no considerar los hechos que sustentan la demanda y configuran el hecho ilícito conforme a lo establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

         De igual forma, considera que el vicio se patentiza porque el juez de la recurrida se equivoca al considerar que lo alegado en el escrito de contestación en relación con la improcedencia del daño moral, siendo que la demandante interpuso denuncia penal y el Ministerio Público dictó sobreseimiento de la causa, con ello, juzgó que se había opuesto excepción de cosa juzgada y ello no fue la defensa alegada, la cual se basó en la improcedencia del daño moral, con lo que se configuró el vicio de citrapetita.

         En relación con el requisito de congruencia del fallo esta Sala ha establecido entre otras en sentencia N° RC 000041, de fecha 20 de febrero de 2017, caso: Elizabeth Lesley Haycock de Mendoza, contra Inversiones Sever, C.A., expediente 2016-727, lo siguiente:

“…En ese sentido, cabe destacar que el requisito de congruencia del fallo está contenido en el artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, que dispone: toda sentencia debe contener “…disposición expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia…”.

Así, la congruencia del fallo implica la conformidad que debe existir entre la sentencia respectiva, el asunto controvertido y los hechos alegados oportunamente por las partes, y sólo sobre tales hechos, que a su vez fijan los límites de la controversia o thema decidendum.

En este orden, la Sala de manera reiterada ha establecido que la sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, por tanto, no se puede apreciar, más ni menos de las cuestiones controvertidas y trascendentales en la solución de la controversia.

Precisamente, en virtud del principio de exhaustividad, el juez tiene prohibido omitir decisión sobre alguno de los pedimentos formulados por las partes, para ajustarse a las pretensiones formuladas, tratando siempre de crear un equilibrio al momento de apreciar y valorar las cuestiones realmente controvertidas en la solución de la causa.

Ahora bien, cabe agregar que el vicio de incongruencia comprende tres modalidades a saber: la primera de ellas, que la sentencia contenga más de lo pedido por las partes, llamado por la doctrina incongruencia positiva; la segunda, cuando el fallo contiene menos de lo pedido cual es la incongruencia negativa, y por último, cuando la sentencia contiene algo distinto a lo pedido por las partes, que es la llamada incongruencia mixta…”. (Cursivas de la sentencia).

 

         Tal como se desprende del criterio supra transcrito la Sala reiteradamente ha establecido que la decisión debe ser manifiesta, definitiva e indubitable y guardar relación con los alegatos y defensas opuestas, lo cual le impone el deber al juez de resolver solo sobre lo alegado y sobre todo lo alegado que guarde relación con el asunto controvertido.

Asimismo, sostiene la jurisprudencia dictada por esta Sala que el vicio de incongruencia comprende tres modalidades, la primera de ellas, que la sentencia contenga más de lo pedido por las partes (ne eat index ultra petitum partium), llamado por la doctrina incongruencia positiva; la segunda, cuando el fallo contiene menos de lo pedido (ne eat iudex citra petita partium) cual es la incongruencia negativa, y por último, cuando la sentencia contiene algo distinto a lo pedido por las partes (ne eat iudex extra petita partium), que es la llamada incongruencia mixta. (Ver sentencia N°RC-000132, de fecha 13 de diciembre de 2012, sociedad mercantil Eli Lilly and Company, contra las sociedades mercantiles Laboratorios Leti S.A.V. y Genven Genéricos Venezolanos, C.A.).

         Por otra parte, en atención a la jurisprudencia supra trascrita advierte esta Sala que la formalizante confunde lo que ha definido la Sala como incongruencia negativa (ne eat iudex citra petita partium), con la denominada incongruencia mixta (ne eat iudex extra petita partium), cuando deduce que “…el juez de la recurrida se equivoca al considerar que lo alegado en el escrito de contestación en relación a la improcedencia del daño moral, siendo que la demandante interpuso denuncia penal y el Ministerio Público dictó sobreseimiento de la causa, con ello, juzgó que se había opuesto excepción de cosa juzgada y ello no fue la defensa alegada…”.

Ahora bien, la recurrente sostiene que el juez superior no se pronunció particularmente respecto a su solicitud de “...improcedencia de daño moral siendo que la demandante interpuso denuncia penal y el Ministerio Público dictó sobreseimiento de la causa…”, y con ello “…juzgó que se había opuesto excepción de cosa juzgada y ello no fue la defensa alegada…”.

         Al respecto de lo anterior, esta Sala estima importante transcribir parcialmente la sentencia dictada por el juez superior, a los fines de evidenciar si este resolvió el asunto conforme con los alegatos y excepciones formuladas oportunamente por las partes. Así, el referido juez estableció lo siguiente:

“…DE LAS CUESTIONES PREVIAS:

(…) CAPITULO (sic) II CUESTION (sic) PERJUDICIAL para el supuesto negado de que se declarase sin lugar la cuestión previa antes opuesta, de conformidad con el ordinal 8º del artículo 346 de CPC, oponemos la existencia de una cuestión perjudicial que deba resolverse en un proceso distinto. La cuestión perjudicial se opone tiene como supuesto el evitar sentencias contradictorias respecto de un mismo hecho solo cuando la ilicitud penal denunciada por el demandante revista el carácter típico de un delito, la perjudicialidad es imperiosa y debe influir sobre la existencia o inexistencia del hecho y la responsabilidad del demandado. Es evidente que existe conexión entre la denuncia formulada en la demanda y la pretensión indemnizatoria del accionante ya que si no hay una condenatoria penal mal puede pretenderse una condenatoria civil, tiene que tomar en cuenta el resultado penal (...)

(…Omissis…)

En fecha 23 de septiembre de 2014, el abogado Pedro Luis Solórzano Sánchez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, presentó escrito para dar contestación a la cuestión previa promovida por la parte demandada en los términos siguientes: ‘DE LA CONTRADICCION (sic) Y CONTESTACION (sic) DE LA CUESTION (sic) PREJUDICIAL alega en su oposición el apoderado de la parte demandada que la presente demanda bien puede ser entendida como una denuncia, dado que según el (sic) los hechos narrados deben ser decididos bajo el amparo de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre (sic) de violencia (sic), por lo que malo puede esta instancia tomar una decisión condenatoria si antes no ha habido una decisión de un tribunal Penal (sic) que sancione a las personas demandadas como culpable de los delitos que allí se le imputan. Ciertamente se reconoce que el escrito libelar se hizo alusión a la Ley (sic) antes citada, como referencia para que al momento de ser dictada la sentencia en esta Instancia (sic) Civil (sic) se tomen en cuenta dada la forma como (sic) ocurrieron los hechos, CAPITULO (sic) IV, del hecho ilícito generador del Daño (sic) Moral (sic) y su relación con la Ley (sic) ya mencionada, pero aquí lo que se debe tomar en cuenta son los hechos que generaron el Daño (sic) Moral (sic) que se demanda, por eso es que se hace mención a los mismos, al narrarlos los relaciono con esa Ley (sic) para mayor abundamiento. Por otra parte si bien es cierto que el ciudadano abogado apoderado de la parte demandada en su escrito de oposición hace mención de la denuncia interpuesta por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de este Primer Circuito y hace mención del expediente signado con el Nº MP-50087-2014, nos podemos dar cuenta que es una simple mención, pero yo voy a ir mas (sic) allá si se interpuso la denuncia pero afortunadamente para los demandantes la misma fue desestimada y solicitaron al Tribunal (sic) Penal (sic) que a bien tenga conocer, el sobreseimiento de la causa, el 17 de mayo de este año (2014), por lo que procedimiento penal ya no habrá. Por otra parte el apoderado de la parte demandada solicita en su escrito de oposición que este procedimiento debe suspenderse hasta tanto el asunto penal no haya sido resuelto por una sentencia firme, se olvida o seria (sic) un lapsus del ilustre colega, pasearse por los artículos 352, 355 del Código de Procedimiento Civil, el primero habla de la apertura de una articulación probatoria y de una decisión a tomar por el tribunal, y el segundo esta (sic) referido al hecho de que declarada con lugar la cuestión previa que nos ocupa, el proceso seguirá su curso hasta el estado de sentencia, estado donde se suspenderá a la espera de las resultas de la cuestión perjudicial Penal (sic) que de hecho ya no existe, pues fue desestimada y solicitado el sobreseimiento. Se acompaña a este escrito copia simple de la denuncia que se interpuso dejo así entonces, contradicha y contestada la cuestión prejudicial opuesta, solicitando que la misma sea declarada Sin (sic) lugar al igual que la primera opuesta, la incompetencia del tribunal (…)’.

(…Omissis…)

DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

En fecha 29 de octubre de 2014, los abogados Yovany Martínez Castañeda y Anna Karina Guerrero, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, procedieron a dar contestación a la demanda interpuesta por la parte actora, de la siguiente manera:

(…Omissis…)

CAPITULO (sic) II IMPROCEDENCIA DEL DAÑO MORAL QUE SE RECLAMA POR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA EN LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA DEMANDANTE POR DELITOS DE VIOLENCIA DE GENERO (sic) CONTRA LOS PRINCIPALES Y DEPENDIENTES DE LA DEMANDADA en el supuesto negado que se declare sin lugar la defensa perentoria opuesta anteriormente, se pasa a desarrollar los argumentos de hecho y derecho por los cuales el daño moral pretendido por la demandante, resulta a todas luces improcedente.

En este orden, consta en autos que la accionante fundamenta su pretensión de daño moral, en supuestos ILICITOS (sic) QUE CONFORMAN TIPOS PENALES PREVISTOS Y SANCIONADOS EN LA LEY ORGANICA (sic) DEL DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (que sirvió de fundamento legal de la pretensión, conjuntamente con normas del código civil); supuestamente cometidos por sus dueños o principales y dependientes, ciudadanos ANTONINO TINDARO PREVITE COLOSI, FRANZ CERVANDO BERENGEL, PEDRO BEJARANO Y PIETRO CARMELO PREVITE COLOSI, plenamente identificados en autos. Que resultan ser LAS MISMA PERSONAS YA DENUNCIADAS PENALMENTE por tales hechos punibles, cuyo conocimiento es competencia por la materia (de orden público) de un tribunal de un circuito judicial penal de esta circunscripción judicial del estado Bolívar.

Y es por eso, por lo que correspondió actuar al Ministerio Publico (sic), quien solicitó la procedente decisión de SOBRESEIMIENTO al tribunal competente, porque a pesar de la falte de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no hay base para solicitar fundadamente enjuiciamiento alguno (articulo (sic) 318.4 del Código Orgánico Procesal Penal).

Es decir, habiendo mediado denuncia penal que genero la apertura de un proceso penal por los delitos de violencia contra la mujer, que al mismo tiempo han servido de fundamento del daño reclamado en este proceso civil, la decisión penal versa indudablemente sobre un supuesto necesario de la sentencia civil que pretenda condenar a la indemnización del daño moral que de tales delitos se derive.

Por todas las razones anteriores, solicitamos al tribunal que, una vez comprobada la existencia de la decisión del sobreseimiento en la causa penal a que se ha hecho referencia, se declare conforme a derecho y al criterio reiterado por el Tribunal Supremo en Sala Constitucional y Sala de Casación Civil, la improcedencia del daño moral pretendido por la accionante.

(...Omissis…)

DE LAS ACTUACIONES DE ESTA ALZADA:

(…Omissis...)

DE LA COSA JUZGADA:

Fundamentando la misma con los siguientes argumentos:

(…Omissis...)

…la ciudadana Heidy Urbano (demandante en esta causa civil), interpuso denuncia penal por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público con competencia en materia para la Defensa de la Mujer, por los delitos de ACOSO, HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA PSICOLOGICA (sic), previsto y sancionado en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica al Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en contra de los ciudadanos Antonino Tindaro Previte Colosi, Franz Cervando Berenguel, Pedro Bejarano y Pietro Carmelo Previte Colosi, que cursa en el Expediente (sic) signado MP-50087-2014.

Y es por eso, por lo que le correspondió actuar al ministerio público quien solicitó la procedente decisión de SOBRESEIMIENTO al Tribunal (sic) competente, por que (sic) a pesar de la falta de certeza, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos al la investigación, y como no hay base para solicitar fundamentadamente enjuiciamiento alguno (Artículo 318.4 del Código Orgánico Procesal Penal.)

(…Omissis...)

En cuanto a la improcedencia del daño moral alegado por el sobreseimiento de la causa solicitado por la fiscal auxiliar abogada Arellys C. Davis Yánez, al juez de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar en fecha 27 de mayo de 2014 en la investigación llevada en virtud de la denuncia presentada por la ciudadana Heidy Josefina Urbano en contra de los ciudadanos Antonino Tindaro Previte Colosi, Franz Cervando Berenguel, Pedro Bejarano y Pietro Carmelo Previte Colosi…; es importante hacer la siguiente observación:

Que el mismo, fue solicitado de conformidad con el artículo 300 numeral 4°, del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que “A pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o la imputada…”.

El caso, pues, cae bajo previsión del artículo 1.396 del Código Civil que establece: “La demanda de daños y perjuicios por razón de los causados por un acto ilícito, no puede ser desechada por la excepción de cosa juzgada que resulte de la decisión de una jurisdicción penal, que al estatuir exclusivamente sobre la cuestión de culpabilidad hubiera pronunciado la absolución o el sobreseimiento del encausado.”. En efecto la disposición en comento estatuye, que no puede oponerse la excepción de cosa juzgada que resulta de la decisión penal que estatuye exclusivamente sobre la cuestión de culpabilidad, pronunciándose sobre la absolución o sobreseimiento de la persona a quien se le atribuye el ilícito penal.

En este mismo orden de ideas, la regla que consagra el artículo 1.396 ejusdem no modifica el régimen establecido por el Código Penal, pues la reclamación de daños y perjuicios contra la cual no surte efecto la absolución o sobreseimientos pronunciados por una sentencia penal, es la derivada del acto ilícito civil; ello, porque la absolución o sobreseimiento del encausado pronunciados en una sentencia que estatuyó exclusivamente sobre la culpabilidad por un hecho considerado como delictual, no indicaría que ese hecho no podría todavía, sin ser delito, constituir un hecho ilícito sobre el cual, por tanto, si (sic) podría haber discusión en la jurisdicción civil, ya que la jurisdicción penal estatuyo exclusivamente sobre la culpabilidad del encausado desde el ángulo del hecho considerado como delito. Es que todo hecho delictual es un hecho ilícito; pero no todo hecho ilícito es delito, sino aquel que ha sido establecido por la ley.

Es por ello, que si la absolución o sobreseimiento tiene por fundamento que los hechos investigados no ocurrieron o que el imputado, no pudo perpetrarlo ni participado en su ejecución, la decisión penal debe ser respetada por la civil. En cualquiera otra hipótesis la demanda civil por hecho ilícito no puede ser desechada por la excepción de cosa juzgada que resulte de la decisión pronunciada en sede penal por absolución o el sobreseimiento del imputado.

En virtud de ello, resulta improcedente la excepción de cosa juzgada penal. Así se resuelve…”. (Resaltado de la sentencia).

 

De la sentencia parcialmente transcrita, se observa que la ad quem en cuanto a la improcedencia del daño moral alegado, en virtud del sobreseimiento de la causa solicitado por la fiscal al juez de primera instancia en funciones de control, en razón de la denuncia presentada por la ciudadana Heidy Josefina Urbano en contra de los ciudadanos Antonio Tindaro Previte Colosi, Franz Cervando Berengel, Pedro Bejarano y Pietro Carmelo Previte Colosi, consideró “…que no puede oponerse la excepción de cosa juzgada que resulta de la decisión penal que estatuye exclusivamente sobre la cuestión de culpabilidad, pronunciándose sobre la absolución o sobreseimiento de la persona a quien se le atribuye el ilícito penal…”, porque el sobreseimiento del encausado “…estatuyó exclusivamente sobre la culpabilidad por un hecho considerado como delictual, no indicaría que ese hecho no podría todavía sin ser delito, constituir un hecho ilícito sobre el cual si (sic) podría haber discusión en materia civil…”.

Asimismo, puede observar la Sala que la formalizante en el escrito de contestación, alegó: “…No obstante, como de la investigación se verificó que no existen fundamentos de pruebas que soporten los delitos por los cuales fueron imputados los principales y dependientes de nuestra representada, el Ministerio Público estaba en la obligación de solicitar como lo hizo, el sobreseimiento de la causa, porque no había ni hay más nada que investigar. Y resulta que el sobreseimiento pone término al procedimiento y “tiene autoridad de cosa juzgada”, tal y como se ha expresado…”.

Como puede observarse de lo anterior, la juez superior sí se pronunció respecto a la improcedencia del daño moral en virtud del sobreseimiento de la causa en materia penal.

Por otra parte, la Sala advierte que la congruencia que debe guardar el fallo con la acción deducida y la defensa opuesta no obliga al juez a escoger necesariamente el punto de vista del actor o del demandado.

En consecuencia, la Sala desecha la denuncia de violación del artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

 

-III-

 

         Conforme con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 243 ordinal 4° eiusdem, por “…adolecer de la correspondiente motivación en lo que respecta al monto establecido como condena por daño moral y la cual fue fijada en la cantidad de treinta millones de bolívares…”, bajo la siguiente fundamentación:

“…Del análisis de la sentencia dictada por el Juzgado (sic) Superior (sic) mencionado, se desprende que la sentenciadora incurre en el vicio  sancionado en el ordinal 1o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, ya que la decisión no cumple con los requisitos establecidos en el ordinal 4o del artículo 243 eiusdem por adolecer de la correspondiente motivación en lo que respecta al monto establecido como condena por daño moral y la cual fue fijada en la cantidad de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,00).

Así se tiene que el pronunciamiento de la recurrida, fue el siguiente:

“...Los parámetros utilizados para estimar el daño moral en el presente caso son:

...Las referencias pecuniarias estimadas por el Juez (sic) para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto: En virtud de todo lo expuesto, esta alzada debe establecer, como fundamento en consideraciones de equidad v equilibrio procesar (sic), que deben conducir al juez en la tarea de cuantificar el daño moral, que la indemnización a la que debe ser condenada la parte demandada ascienda a la cantidad de treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,oo). Así se determina.”

La reiterada doctrina de esta Sala (sentencias números 495 del p/12/02, 297 del 8/5/07, 138 del 24/3/08 y 607 del 13/12/10), ha establecido que los jueces cuando condenen al pago de un daño moral, más aun si es de magnitud, están en la ineludible obligación de (sic) expresar las razones que tuvieron para fijar el monto de la indemnización acordada. Asimismo ha señalado la jurisprudencia que al decidirse una cuestión de daño moral, el sentenciador, cuando así corresponda, debe establecer una indemnización razonable, equitativa y humanamente aceptable; siendo que la condena a reparar un daño de magnitud obliga a exponer una relación circunstanciada de los hechos para justificarla, como de los alcances y pormenores o circunstancias que determinaron en el ánimo del juez establecer el montante de la indemnización.

Conforme al criterio jurisprudencial antes referido, se observa que la sentencia recurrida no se corresponde con la motivación exigida por este Alto Tribunal, siendo que el fallo se limita a señalar que “como fundamento en las consideraciones de equidad y equilibrio procesar (sic)” se determina el monto de la indemnización en TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.30.000.000,00); pues bien, el fallo en cuestión no contiene ninguna referencia en cuanto al porqué considera que se trata de un monto equitativo, y menos aún explica en qué consiste lo que denomina como “equilibrio procesar (sic)”, de allí que se trata afirmaciones inocuas o carentes de contenido. A mayor abundamiento, se debe señalar que dentro de los parámetros utilizados por la Juez (sic) Superior (sic) está el de la capacidad económica de la accionante, señalando en tal sentido que la demandada SUPERMERCADO EL DIAMANTE C.A. tiene un capital que asciende a un MILLÓN TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.300.000,oo) “de lo cual se deduce que la misma posee una capacidad económica sólida”, siendo el caso que la suma condenada a pagar, por indemnización de daño moral, es decir, la cantidad de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,oo) representaría el equivalente a más de veintitrés (23) veces el capital social de la compañía, lo cual en forma alguna puede ser una resolución justificada. De igual forma, se debe considerar que la indemnización por daño moral debe tener el carácter de un resarcimiento, más no puede resultar en un lucro, que en el presente caso así resultaría al ordenar pagar una suma que difícilmente podría obtener la demandante en su oficio u ocupación de Mecanógrafa IV que fue el parámetro considerado por el Tribunal (sic), pero que insisto la decisión no explica el porqué establecer ese monto sumamente elevado para un oficio de esa categoría.

Esta Sala de Casación Civil (sentencia N° RC-690 del 25/10/05), estableció que la motivación de la sentencia se encuentra constituida por el conjunto de razonamientos lógicos expresados por el juez al analizar los hechos alegados y probados por las artes y subsumidos en las normas y principios jurídicos aplicables al caso; señalando la doctrina en cuestión que el cumplimiento de este requisito es necesario para que las partes quedan comprender las razones del fallo y en caso de desacuerdo obtener el control de lo decidido. Pues bien, en el presente asunto, tal y como se ha dicho precedentemente, la sentenciadora condena a pagar la cantidad de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,oo) como indemnización por daño moral con “fundamento en las consideraciones de equidad y equilibrio procesar (sic)”, lo cual constituye una mera mención pero que no refleja cuál es el razonamiento lógico que sí lo respalde.

En relación a como es determinante el vicio denunciado en el dispositivo del fallo, se observa que en el numeral TERCERO de la solución de la sentencia se declara CON LUGAR la demanda como consecuencia  de ello se condena a  la  parte demandada a pagar la cantidad de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,oo).

Por tratarse de una denuncia de forma no es necesario especificar lo indicado en el ordinal 4o del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.

Solicito que la presente denuncia sea declarada procedente y como consecuencia de ello se anule el fallo dictado…”. (Mayúsculas, negrillas, cursivas y subrayado de la formalización).

 

Para decidir, la Sala observa:

De la denuncia supra trascrita se desprende que la formalizante le endilga a la recurrida la infracción del artículo 243 ordinal 4° del Código del Procedimiento Civil, porque según sus dichos, la juez no motivó el fallo “…en lo que respecta al monto establecido como condena por daño moral, la cual fue fijada en la cantidad de treinta millones de bolívares (Bs.30.000.000,00)…”.

Así, señala que los jueces están obligados cuando condenen al pago de un daño moral de expresar las razones que tuvieron para fijar el monto de la indemnización acordada, y a su decir “…deben establecer una indemnización razonable, equitativa y humanamente aceptable; siendo que la condena de magnitud obliga a exponer una relación circunstanciada de los hechos para justificarla…”.

En este sentido, aduce que la ad quem se limitó a señalar “…como fundamento en las consideraciones de equidad y equilibrio procesal…”, con lo que, determinó el monto de la indemnización en treinta millones de bolívares (Bs. 30.000.000,00).

De allí que, la formalizante advierte que la recurrida “…no contiene ninguna referencia en cuanto al por qué considera que se trata de un monto equitativo, y menos aún explica en qué consiste lo que denomina como equilibrio procesal…”, así según sus dichos “…se trata de afirmaciones inocuas o carentes de contenido…”.

Por otra parte, señala que “…dentro de los parámetros utilizados por la juez superior está el de la capacidad económica de la accionada, señalando que la demandada Supermercado El Diamante C.A., tiene un capital económico que asciende a un millón trescientos mil bolívares (Bs. 1.300.000,00)…” con lo cual se deduce “…que la misma posee una capacidad económica sólida…”.

En relación con ello, a su entender la suma condenada a pagar, por indemnización de daño moral “…representaría más de veintitrés (23) veces el capital social de la compañía, lo cual en forma alguna puede ser una resolución justificada…”, porque “…la indemnización por daño moral debe tener el carácter de un resarcimiento, más no puede resultar en un lucro…”.

Así, a su decir “…en el presente caso así resultaría al ordenar pagar una suma que difícilmente podría obtener la demandante en su oficio u ocupación de Mecanógrafa IV que fue el parámetro considerado por el tribunal, pero que insisto la decisión no explica el porqué establecer ese monto sumamente elevado para un oficio de esa categoría…”.

Por último señala que es determinante en el dispositivo del fallo “…se observa en el numeral tercero de la solución de la sentencia se declara con lugar la demanda y como consecuencia de ello se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de treinta millones de bolívares (Bs.30.000.000.00)…”.

         Ahora bien, en relación con el vicio de inmotivación, la Sala en sentencia Nº 680, de fecha 11 de agosto de 2006, caso: Zadur Elías Bali Asapchi, contra Italo González Russo y otra, expediente Nº 06-083, criterio reiterado en sentencia N° 000691, de fecha 3 de noviembre de 2016, caso: Alessandro Davi y otra, contra Pietro Siino Riso, expediente N° 16-139, señaló lo siguiente:

“…Uno de los requisitos formales de la sentencia es el que prevé el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, que impone al sentenciador la obligación de expresar en su decisión los motivos de hecho y de derecho en los que se basa la misma, al mismo tiempo, exige que la sentencia sea el resultado de un juicio lógico fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho comprobadas en la causa.

La finalidad procesal de la motivación en la sentencia de alzada, consiste en permitir a la Sala de Casación Civil, al resolver el recurso extraordinario de casación, el control de la legalidad del fallo, propósito que se cumple al acoger y transcribir en dicha sentencia la fundamentación de la decisión apelada.

En cuanto al vicio de inmotivación de la sentencia, cabe señalar que se puede producir de la siguiente manera: a) cuando no presenta materialmente ningún razonamiento que la apoye. b) las razones dadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión o la excepción. c) los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables; y d) todos los motivos son falsos….”.

 

         Asimismo, ha señalado esta Sala que el deber de motivación, no exige del juez o tribunal una detallada descripción del proceso intelectual que le ha llevado a resolver en un determinado sentido, ni le impone una determinada extensión, intensidad o alcance en el razonamiento empleado.

         En consecuencia, debe acudirse a un criterio de razonabilidad, que ha de medirse caso por caso, en atención a la finalidad que con la motivación ha de lograrse y que queda confiado al órgano judicial competente. (Cfr. fallo N° 638 del 10 de octubre de 2003, caso: Humberto Contreras Morales, contra Juana Isidra Vale Alizo de García y otros, expediente N° 99-068).

         A los fines de constatar lo delatado por el formalizante, es conveniente transcribir parcialmente la sentencia recurrida, que textualmente señala:

“…En el presente caso es evidente que los ciudadanos Antonino y Pietro Previte Colosi accionistas del Supermercado El Diamante, C.A, fueron los que ocasionaron la contingencia en la fecha tanta veces señalada -30/12/2013- y que ocasiono (sic) el daño a la señora Heidy Urbano consistente en: el sufrimiento que lesiono (sic) su honor, reputación, dignidad y honorabilidad, trayéndole como consecuencia un stress psicológico que agravó su condición cardiovascular y presión arterial, así como desde el punto de vista psiquiátrico le fue diagnosticado trastorno adaptativo agudo mixto de animo (sic) depresivo con ansiedad; si bien es cierto esto, también es cierto que a pesar que los accionistas antes identificados fueron los que realizaron los actos que condujeron a la contingencia referida, el Supermercado El Diamante, C.A; tenia (sic) un mínimo de control y vigilancia para evitar tal hecho que ocasiono (sic) los daños derivados, como los que se produjeron, y que han dado origen a este proceso. En consecuencia, su responsabilidad es cierta. Así se decide.

Por lo antes expuesto, y en virtud de la responsabilidad antes descrita esta juzgadora pasa a examinar el pedimento de la parte accionante en los siguientes términos:

La parte actora demanda al Supermercado El Diamante, C.A; “…en su propio nombre y representación… por ACCIÓN INDEMNIZATORIA POR DAÑO MORAL… daño ocasionado por sus Dueños (sic), quienes en el expediente de la Empresa (sic) Figuran (sic) como Directores (sic), ciudadanos Antonino Tindaro Previte Colosi, Pietro Carmelo Previte Colosi, y sus dependientes, Franz Cervando Berenguel y Pedro Bejarano, quienes son gerente y supervisor respectivamente… para que convenga en pagarme las siguientes cantidades:

1) La cantidad de Treinta (sic) Millones (sic) de Bolívares (sic) (Bs.: 30.000.000,00) por concepto del daño sufrido...

2(…Omissis...)

Establecida la responsabilidad del Supermercado El Diamante, C.A., en cuanto al daño: estrés psicológico que agravó su condición cardiovascular y presión arterial, así como trastorno adaptativo agudo con ansiedad de animo (sic) depresivo causado a la ciudadana Heidy Urbano, se debe proceder al análisis de la indemnización solicitada por ésta, en tal sentido el Código Civil establece:

Art. 1196, (sic) “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito.

El Juez (sic) puede, especialmente, acordar una indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada.

El Juez (sic) puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge, como reparación del dolor sufrido en caso de la muerte de la víctima”.

Ello así, tenemos que el juez puede acordar una indemnización a la víctima en caso de:

1,-Lesión corporal.

2.-Atentado a su honor y reputación.

3.-A su libertad personal.

4.-A la violación de su domicilio, correspondencia, secreto.

Además de estas causas, se puede reclamar daño moral por otras, ya que el propio artículo estipula que el juez está facultado para ello, es decir que el juez puede dar una interpretación de enunciación y no de tasación.

Este tipo de aflicción fue ya definida por la Sala de Casación Civil, que en sentencia de fecha 24-4-98, ratificando su doctrina, expresó:

(…Omissis…)

Para analizar la procedencia en cuanto a la indemnización por daño moral que corresponde a la ciudadana Heidy Urbano, este Juzgado (sic) al haber determinado la responsabilidad del Supermercado EL DIAMANTE, C.A., debido a la falta de vigilancia y de control de los directores y dependientes en la contingencia presentada y en virtud del mínimo control que la demandada tuvo desde el momento en que se produjo el hecho, así como por el provecho que la misma obtiene de los usuarios por la venta de los productos que allí se expenden, nace la responsabilidad especial o compleja derivada por el carácter de director o principal analizado en la presente decisión, establece que efectivamente procede el daño moral reclamado por la demandante. Así se resuelve.

En la situación que examinamos estamos en el caso del daño que afecta el aspecto afectivo del patrimonio moral, abarcando las diversas hipótesis del sufrimiento psíquico y emocional que fue sufrido por la parte actora, lo que constituye un típico supuesto de daño moral, que como se sabe no tiene un sustrato de índole patrimonial, sino puramente espiritual.

En lo que tiene que ver con la estimación del daño moral, doctrinaria y jurisprudencialmente se reconoce que el juez está autorizado para acordar, como establece la norma, una indemnización a la víctima, sin que existan pautas específicas para la cuantificación del resarcimiento, aunque la doctrina judicial se ha perfilado en el sentido de que a estos efectos debe tomarse en cuenta, entre otras cosas, “la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, la llamada escala de los sufrimientos morales y la participación de la víctima en el accidente”.

Los parámetros utilizados para estimar el daño moral en el presente caso son:

Entidad del daño: quedó demostrado que a la actora se le agravó su condición cardiovascular y presión arterial, así como fue diagnosticada por trastorno adaptativo agudo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo; tal y como se desprende de la constancia medica (sic) cardiovascular e informe médico psiquiátrico los cuales fueron valorados precedentemente dándose aquí por reproducidos dicho valor probatorio, y los mismos rielan a los folios 15, 16 y 17 respectivamente.

Grado de culpabilidad de la accionada: quedó demostrada la culpa de la accionada, en virtud de que la actitud asumida por los dueños-directores (Antonino Tindaro Previte Colosi y Pietro Carmelo Previte Colosi) y los dependientes (Pedro Bejarano y Franz Cervando Berenguel) no fue la mas cónsona con la que debe desarrollar el personal de un supermercado, quienes deben garantizar la correcta atención de los usuarios y en caso de contingencia tomar las previsiones necesarias, sin acudir a la violencia sino procediendo al llamado de las autoridades correspondientes.

Conducta de la víctima: de las pruebas aportadas al proceso, no se evidencia que la víctima haya desplegado una conducta negligente o imperita que haya contribuido a causar el daño.

Grado de educación y cultura de la accionante: se observa de las documentales que acompaño al libelo de la demanda, marcadas E, F, G y H respectivamente, que la actora tiene como ocupación u oficio Mecanógrafa (sic) 4, así como le fue otorgado un reconocimiento por su destacada labor en pro-del desarrollo del deporte por el Colegio Nacional de Periodistas. Seccional (sic) Bolívar, pudiendo deducirse que la referida ciudadana tiene una condición económica y cultural modesta, motivado a la ocupación que desempeña.

Capacidad económica de la accionada: se evidencia de la copia del Acta (sic) Constitutiva (sic) y Estatutaria (sic) anexa a los folios del 143 al 155, que la empresa esta (sic) constituida por un capital que asciende a la cantidad de un mil trescientos millones de bolívares (Bs. 1.300.000.000,00) hoy un millón trescientos mil bolívares fuertes (Bs.F.1.300.000,00), de lo cual se deduce que la misma posee una capacidad económica sólida.

Atenuantes a favor de la accionada: en el caso de marras no se observan atenuantes en beneficio de la parte demandada.

Retribución satisfactoria que necesitaría la accionada para ocupar una situación similar: en criterio de este tribunal resulta equitativo indemnizarla con una cantidad que le ayude a procurarse ciertas actividades y servicios que le permitan sobrellevar la carga moral que significa la afectación psíquica que se le produjo.

Las referencias pecuniarias estimadas por el Juez (sic) para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto: En virtud de todo lo expuesto, esta alzada deben establecer, como fundamento en las consideraciones de equidad y equilibrio procesar (sic), que deben conducir al juez en la tarea de cuantificar el daño moral, que la indemnización a la que debe ser condenada la parte demandada ascienda a la cantidad de treinta millones de bolívares (Bs.: 30.000.000,00). Así se determina...”. (Mayúsculas, negrillas y cursivas de la sentencia) (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

         Del transcrito de la sentencia recurrida, esta Sala observa que al momento de motivar su decisión, la juez de alzada, consideró que la doctrina y la jurisprudencia en relación con la estimación del daño moral autoriza al juez para acordar como lo establece la norma sustantiva civil “…una indemnización a la victima sin que existan pautas específicas para la cuantificación del resarcimiento…”.

         Sin embargo, la superior declaró que debe tomarse en cuenta, entre otras cosas para la estimación del daño moral “…la importancia del daño, el grado de culpabilidad del autor, la conducta de la víctima, la llamada escala de los sufrimientos morales y la participación de la víctima en el accidente…”.

         En este sentido, la juzgadora estableció “…los parámetros utilizados para estimar el daño moral…”, y en el caso concreto, estimó el daño en relación con: (la entidad del daño, el grado de culpabilidad de la accionada, la conducta de la víctima, el grado de educación y cultura de la accionante, la capacidad económica de la accionada, y los atenuantes a favor de la accionada).

         En relación con lo expuesto, determinó la ad quem que “…las referencias pecuniarias estimadas por el juez  para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto…”, por lo que “…como fundamento en las consideraciones de equidad y equilibrio procesal…” concluyó que “…la indemnización a la que debe ser condenada la parte demandada ascienda a la cantidad de treinta millones…”.

         Ahora bien, observa la Sala que la ad quem motivó la decisión para estimar el daño moral en el caso concreto en los supuestos señalados ut supra, contrario a lo manifestado por la formalizante quien delata inmotivación del fallo, alegando alguno de los supuestos utilizados por la alzada para la determinación de la estimación del daño.

         En este sentido, la Sala considera que las razones expresadas por el juez de alzada en su fallo, resultan suficientes para controlar la legalidad de lo decidido. Así se establece.

         Asimismo, observa la Sala, que la formalizante lo que manifiesta es su disconformidad con la suma condenada a pagar, por indemnización de daño moral, lo cual en ningún caso comportaría el vicio por inmotivación del fallo recurrido.

         Por tales motivos, la Sala declara improcedente la presente denuncia de infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

 

DENUNCIAS POR INFRACCIÒN DE LEY

-I-

 

Conforme con lo establecido en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia “…la errónea interpretación acerca del contenido y alcance de una norma jurídica…”.

La formalizante fundamentó su denuncia en lo siguiente:

“...Del análisis de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Bolívar, se desprende que la Juzgadora (sic) incurre en el vicio sancionado en el artículo 313 ordinal 2o del Código de Procedimiento Civil relativo a la errónea interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley.

El vicio denunciado se presenta cuando la Alzada (sic) se pronuncia sobre el supuesto vicio de silencio de pruebas y como consecuencia de ello declara la nulidad de la sentencia apelada y la cual fue dictada por el Juzgado Segundo de Primero Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Bolívar; siendo determinación del fallo la siguiente:

(…Omissis…)

Como puede observarse de la transcripción anterior, la juzgadora se basa en los artículos 507 y 509 de la norma adjetiva civil, siendo que el primero de estos artículos establece los sistemas de valoración de los medios probatorios (tarifa legal y sana crítica), y el segundo consagra el llamado principio de exhaustividad; siendo el caso que ninguna de esas dos normas disponen que su infracción determina la nulidad del fallo dictado.

En este orden de ideas, es menester señalar que la norma que consagra la nulidad de la sentencia es la prevista en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil y la cual prevé que tal puesto ocurre cuando en el fallo falten las determinaciones indicadas en el artículo 243 o por motivos tales como la absolución de la instancia, contradicción, imposibilidad de ejecución, condicionalidad o ultrapetita; ahora bien, para poder anular una sentencia con base al citado artículo 243, es menester que quien revise el fallo examine su contenido y en cuanto la motivación respecta se deben considerar los elementos de hecho que allí consten, siendo que de darse un silenciamiento de alguna pruebas, eso no determina que exista inmotivación del fallo. En el caso que nos ocupa, se observa que la Alzada (sic) se limitó a observar lo que consideró como un silencio de algunas pruebas promovidas por la parte actora, pero no hace ningún otro análisis del contenido de la sentencia pelada, y aún así determinó la nulidad de ese fallo con base a los citados artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil que como ya se ha dicho no consagran directa ni consecuencialmente ese efecto de nulidad.

Es menester señalar, que el recurso ordinario de apelación es un medio de gravamen y su objeto es decidir si existe el derecho a obtener una nueva decisión sobre el mérito de la controversia, lo cual exige la revisión absoluta del fallo dictado; por tanto, no se debe anular la decisión por la mera detección de un vicio con respecto a ciertos medios de prueba. El autor patrio Ricardo Enrique La Roche (Código de Procedimiento Civil. Tomo II, paginas 431-432), considera que la apelación es un recurso que ejerce con el objeto que el Tribunal (sic) Superior (sic), previo estudio de la cuestión decidida por la resolución recurrida, la reforme, revoque o anule; es decir, se trata como ya se ha dicho de un examen integral del fallo de la primera instancia, y no como sucede en el presente asunto que con la simple detección de un silencio de prueba, examinado como un punto previo en la decisión, se produce la anulación de la sentencia y sin hacer ningún otro tipo de consideraciones sobre el contenido de la misma. tal y como lo ha venido reiterando la doctrina de esta Sala tiene lugar cuando al aplicarse una norma, se yerra al entender la hipótesis abstracta de la misma o su consecuencia jurídica. En el presente asunto, el yerro o error se presenta cuando la sentenciadora consideró que la infracción de los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil que como se ha señalado consagran los sistemas de valoración de prueba y la obligación de examinar todos aquellos que se hayan producido en el proceso, trae como consecuencia la nulidad del fallo revisado, siendo esto una consecuencia que no resulta del contenido de tales disposiciones.

En lo que respecta a la norma jurídica que debió aplicarse, era en todo caso el artículo 244 de la citada ley adjetiva y en el sentido de considerar que el silencio de prueba no determina la nulidad del fallo.

En cuanto a cómo incide la situación denunciada en el dispositivo del fallo, se observa que en el numeral SEGUNDO de esta parte de la sentencia se declaró “...NULA la sentencia recurrida de fecha 05 (sic) de Agosto (sic) de 2015 dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado (sic) Bolívar”, para seguidamente declarar Con (sic) Lugar (sic) la demanda interpuesta.

Solicito que la presente denuncia sea declarada procedente y como consecuencia de ello se anule la sentencia recurrida…”. (Negrillas, mayúsculas y subrayado de la formalización).

 

La Sala para decidir, observa:

En la delación trascrita la formalizante le atribuye a la recurrida “…la errónea interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley…”.

Bajo este sustento afirma que la ad quem “…se pronuncia libre el supuesto silencio de pruebas y como consecuencia de ello declara la nulidad de la sentencia apelada…”.

Así pues, a su decir “…la juzgadora se basa en los artículos 507 y 509 de la norma adjetiva civil, siendo que el primero de estos artículos establece los sistemas de valoración de los medios probatorios (tarifa legal y sana crítica), y el segundo consagra el principio de exhaustividad…”, en razón a ello, considera que “…ninguna de esas dos normas disponen que su infracción determina la nulidad del fallo dictado…”.

Así, aduce la formalizante que “…la norma que consagra la nulidad de la sentencia es la prevista en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil…”, por lo que, asevera que solo se puede declarar la nulidad del fallo cuando falten las determinaciones o por los motivos señalados en el artículo 243 de la ley adjetiva civil.

En este sentido, plantea la recurrente en casación que para poder anular una sentencia con base al contenido del artículo 243 eiusdem, es necesario que quien revise el fallo “…examine todo su contenido y en cuanto a la motivación respecta se deben considerar los elementos de hecho que allí consten, siendo que de darse un silenciamiento de algunas pruebas eso no determina que exista inmotivación del fallo…”.

En relación con lo expuesto, considera la formalizante que el recurso ordinario de apelación “…exige la revisión absoluta del fallo dictado; por tanto no se debe anular la decisión por la mera detección de un vicio con respecto a ciertos medios de pruebas…”.

Así, plantea que “…en el presente asunto con la simple detección de un silencio de prueba, examinado como un punto previo en la decisión, se produce la anulación de la sentencia y sin hacer ningún otro tipo de consideraciones sobre el contenido de la misma…”.

De allí, le atribuye a la ad quem la errónea interpretación de los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil, porque las referidas normas consagran los sistemas de valoración de prueba y la obligación de examinar todos aquellos que se hayan producido en el proceso, pero no se derivan de estas la consecuencia de “…la nulidad del fallo revisado…”.

Por su parte, la recurrente en casación señala como norma que la juez superior debió aplicar y no aplicó la contenida en el artículo 244 ibídem “…en el sentido de considerar       que el silencio de pruebas no determina la nulidad del fallo…”.

Para concluir afirma la recurrente, que la infracción de ley delatada es determinante de lo dispositivo del fallo, puesto que, a su decir, la sentencia recurrida declaró en el “…numeral segundo…”, nula la sentencia dictada en primera instancia y declaró con lugar la demanda interpuesta.

          Respecto del vicio delatado, esta Sala ha establecido, que el error en la interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la ley, o errónea interpretación, constituye un supuesto del recurso de casación por infracción de ley, que se produce en la labor de juzgamiento de la controversia, específicamente por la falta del juez al determinar el alcance de una regla que fue correctamente elegida para solucionar la controversia, pero de la cual se deriva, producto de la labor de interpretación del juez, en consecuencias jurídicas equivocadas, ajenas al contenido de la norma. (Ver sentencia N°000024, de fecha 9 de febrero de 2017, caso: Carlos Eduardo Rincón Paz y otra, contra Gustavo Adolfo Rincón Paz, Exp.2016-632).

Por su parte, los delatados artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil, delatados por errónea interpretación, establecen lo siguiente:

“…Artículo 507.- A menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica…”

“….Artículo 509.- Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas      que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresando siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas..”. (Negrillas de la Sala).

 

Las disposiciones procesales ut supra, están referidas a las reglas de valoración de las pruebas, y a la obligación que tiene el juzgador de instancia de analizar todas y cada una de las pruebas que hayan sido promovidas y evacuadas por las partes, respectivamente, aún cuando no tengan ninguna relación con el caso que se ventila en el proceso.

Asimismo, esta Sala ha establecido en sentencia de vieja data que la adecuada labor de la apreciación de la prueba comprende el análisis sobre la legalidad y contenido, para luego fijar los hechos que esta demuestre e indicar el mérito probatorio que merece. Este razonamiento debe constar en la sentencia, so pena que sea inmotivada. (Ver Sent. N° 0095; de fecha 10 de marzo de 1999, caso: Honorio de Jesús Rivero Cuicas, contra Constructora Pedro Montero Alvarado C.A., Exp. 97-0541).

Sin embargo, debido a un cambio de doctrina en casación, la Sala estimó que las denuncias por silencio de pruebas del recurso extraordinario deben encuadrarse como una denuncia por infracción de la ley, visto que el silencio de pruebas es cometido frecuentemente por los jueces de instancia, y la parte perdidosa hábilmente recurre a su denuncia en casación para obtener la reposición del proceso al estado de que se pronuncie una nueva decisión, con la expectativa de que ésta resulte favorable a sus intereses.

Esto, en razón de evitar reposiciones inútiles y, en consecuencia, mayores retardos procesales, en contravención de los principios de economía y celeridad procesal que deben caracterizar todo proceso, contenidos en los artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicho esto, la Sala da por reproducido en las denuncias que anteceden, el extracto pertinente del fallo recurrido, para dilucidar lo pretendido por la formalizante en esta delación.

Así, observa la Sala que la juez de alzada se pronunció respecto del silencio de pruebas delatado por la parte demandante en el punto previo del fallo recurrido, y determinó que las pruebas denunciadas como silenciadas están “…íntimamente relacionada con el asunto que se pretende probar, refiriéndonos al caso que nos ocupa -el daño moral demandado-…”, concluyó con ello que “…dichas pruebas y su análisis son determinantes en la decisión que se pudiera tomar…”.

En este sentido, la juzgadora “…evidenciando que el a quo no efectuó el análisis que ordena los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil, lo que, por vía de consecuencia deviene en la infracción de dichas disposiciones…”, por lo que, declaró el silencio de pruebas y anuló la sentencia recurrida.

Asimismo, profirió que “…anulada la sentencia apelada, este órgano jurisdiccional pasa a pronunciarse sobre el fondo de la controversia de conformidad con el artículo 209 ejusdem…”.

En razón a lo expuesto, observa la Sala que contrario a lo denunciado por la formalizante, la recurrida no solo declaró la infracción de los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil, lo cual era su deber, en vista de la ilegalidad detectada, sino que conoció y resolvió toda la controversia conforme con lo establecido en el artículo 209 de la misma ley adjetiva.

Con base en los anteriores razonamientos, la Sala concluye que no incurrió la juez de alzada en la errónea interpretación de los artículos 507 y 509 del Código Civil, lo que por vía de consecuencia, conlleva a declarar la improcedencia de la presente denuncia. Así se decide.

 

-II-

 

De conformidad con lo establecido  en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del artículo 509 eiusdem, por falta de aplicación, al incurrir la recurrida en silencio de pruebas.

La formalizante apoyó su denuncia bajo los siguientes argumentos:

“…Del análisis de la sentencia dictada por el mencionado Juzgado (sic) Superior (sic), se desprende que la juzgadora incurre en el vicio sancionado en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil relativo a la falta de aplicación y específicamente por incurrir en el llamado silencio de pruebas, lo cual comporta la infracción al artículo 509 eiusdem.

El vicio denunciado se presenta cuando la Alzada (sic) examina en forma irregular la prueba testimonial promovida por mi representada, lo cual hace en los siguientes términos:

(…Omissis…)

De la transcripción anterior se desprende, que la Alzada (sic) a pesar de entrar a examinar las deposiciones de los testigos promovidos por mi representada y hacer una precisión en cuanto a la declaración rendida por uno de ellos, sin embargo no emite criterio alguno acerca del valor probatorio de tales testimoniales ni especifica cuales hechos se dan por demostrados; lo que supone que esta prueba fue silenciada en cuanto a sus efectos por parte de la sentenciadora.

(…) En tal sentido, se reitera que la recurrida a pesar de mencionar la prueba testimonial promovida y evacuada por mi representada, así como de indicar que “se le otorgo (sic) pleno valor probatorio a la declaración de los testigos”, sin embargo no establece cuales (sic) fueron los hechos ocurridos el día 30/12/13 que quedaron demostrados con tales deposiciones; en igual sentido, es de señalar que la prueba silenciada no se refiere a hechos impertinentes y que los hechos sobre los cuales trata los mismos no fueron considerados por el juez con base a otros medios.

En relación a cual (sic) es la norma que se debe aplicar, se trata del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil que consagra el principio de exhaustividad probatoria y establece la obligación del juez de analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, expresando siempre el criterio del juez respecto de ellas. Asimismo se debe aplicar lo previsto en el artículo 254 eiusdem, el cual establece que el juez no podrá declarar con lugar la demanda sino cuando a su juicio existe plena prueba de los hechos alegados, siendo que en caso de duda sentenciará a favor del demandado; todo lo cual determina la obligación del juez de contrastar las diferentes deposiciones rendidas en el juicio, así las promovidas por la parte actora, como las aportadas por la parte demandada.

Considera esta representación que el vicio denunciado influyó en el dispositivo del fallo, ya que de haber establecido la sentenciadora la eficacia probatoria de la prueba promovida por mí representada en cuanto a la demostración de los hechos acontecidos, podría haber determinado que el actor no demostró sus alegatos o que los mismos fueron debidamente rebatidos y ello sería motivo para la desestimación de la demanda; siendo que al contrario, y a pesar de la duda existente en cuanto al establecimiento de los hechos conforme al dicho de los diferentes testigos que declararon en el proceso, sin embargo se declaró Con (sic) Lugar (sic) la demanda.

Solicito que se declare procedente la presente denuncia y como consecuencia de ello se anule la sentencia recurrida…”. (Subrayado y cursiva del escrito).

 

Para decidir, la Sala observa:

De la denuncia transcrita se desprende que la formalizante le atribuye a la recurrida la infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, al “…incurrir en el llamado silencio de pruebas…”.

Bajo este sustento afirma que “…la alzada a pesar de entrar a examinar las deposiciones de los testigos promovidos y hacer una precisión en cuanto a la declaración rendida por uno de ellos…”, sin embargo, según sus dichos “…no emite criterio alguno acerca del valor probatorio de tales testimoniales ni específica cuales hechos se dan por demostrados…”.

De allí que, considera que esta prueba “…fue silenciada en cuanto a sus efectos por parte de la sentenciadora…”, porque a su decir “…la recurrida a pesar de mencionar la prueba testimonial promovida y evacuada por mi representada, así como indicar que le otorgó pleno valor probatorio…”, considera que “…no establece cuales fueron los hechos ocurridos el día 30 de diciembre de 2013, que quedaron demostrados con tales deposiciones…”.

Asimismo, aduce que “…la prueba silenciada no se refiere a hechos impertinentes y que los hechos sobre los cuales trata los mismos no fueron considerados por el juez en base a otros medios…”.

En este sentido, señala la formalizante como normas que la juez superior debió aplicar y no aplicó los artículos 509 y 254 del Código de Procedimiento Civil, porque la primera de ellas consagra el principio de exhaustividad probatoria, y establece la obligación del juez de analizar y juzgar todas las pruebas que “…se hayan producido, expresando siempre el criterio del juez respecto de ellas…”, y la otra, establece que “…el juez no podrá declarar con lugar la demanda si no cuando a su juicio existe plena prueba de los hechos alegados, siendo que en caso de duda sentenciará a favor del demandado…”.

Por último, afirma la recurrente que la infracción delatada es determinante en el dispositivo del fallo porque “…de haber establecido la sentenciadora la eficacia probatoria a la prueba promovida por mi representada en cuanto a la demostración de los hechos acontecidos, podría haber determinado que el actor no demostró sus alegatos o que los mismos fueron debidamente rebatidos y ello sería motivo para la desestimación de la demanda…”, ya que, a su decir “…a pesar de la duda existente en cuanto al establecimiento de los hechos conforme al dicho de los diferentes testigos que declararon en el proceso, sin embargo, se declaró con lugar la demanda…”.

Ahora bien, de los argumentos expuestos por la formalizante la Sala observa una mezcla indebida de denuncias, plantea de manera ambigua, abstracta la prueba silenciada “…la alzada a pesar de entrar a examinar las deposiciones de los testigos promovidos por mi representada y hacer una precisión en cuanto a la declaración rendida por uno de ellos…”.

Asimismo, alega de manera enrevesada respecto a la prueba silenciada que “…la recurrida a pesar de mencionar la prueba testimonial promovida y evacuada por mi representada, así como indicar que le otorgo pleno valor probatorio, no establece cuales fueron los hechos ocurridos el día 30 de diciembre de 2013, que quedaron demostrados con tales deposiciones …”.

Lo expuesto, sería motivo suficiente para desechar la denuncia, sin embargo la Sala entiende que lo pretendido por la formalizante es denunciar el silencio de las pruebas testimoniales, promovidas por la parte demandada, porque la juez superior no expresó el mérito probatorio respecto de ellas, y así pasa a conocer:

En relación con el vicio denunciado por la recurrente, esta Sala de Casación Civil en decisión N° RC-200, de fecha 1 de junio de 2010, caso: Elías José Nederr Donaire, contra Ana Elisa Ibarra, expediente N° 09-574, estableció que:

“…En relación al vicio de silencio de pruebas, esta Sala de Casación Civil en doctrina ampliada en sentencia Nº 62 del 5 de abril de 2001, caso Eudocia Rojas, contra Pacca Cumanacoa, expediente Nº 99-889, estableció que:

‘...Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil.

Corresponderá a la Sala determinar en cada caso, la influencia del examen de la prueba en la decisión. A título de ejemplo, puede mencionarse los siguientes casos:

 

 

(…Omissis…)

2.) El medio probatorio es ineficaz, pues no fue promovido y evacuado de conformidad con los requisitos exigidos en la ley, como sucede, cuando de las pruebas documentales promovidas por los litigantes, omite el análisis de un recibo antiquísimo que fue consignado como modelo de una cancelación, idéntica a la pretendida, el cual es emanado de un tercero ajeno al juicio y no fue ratificado. En consecuencia, se denuncia el vicio de silencio de prueba con lo cual habría que casar la sentencia de alzada para que el juez de reenvío la valore y determine que al no ser ratificada en el proceso, la misma queda desestimada, de esta manera se estaría profiriendo una nueva decisión para señalar tan evidente declaratoria.

(…Omissis…)

En los casos mencionados, existe una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria y, por ende, la imposibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.

Por último, es oportuno señalar que si el juez valora la prueba y le otorga un valor probatorio que no le corresponde por ley, no existe silencio de prueba, pues el juez si se pronuncia sobre el medio incorporado al proceso, lo que existe es un error de juzgamiento, por haber infringido el juez una regla de valoración de la prueba, que es otra de las modalidades previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil...”. (Negritas de la Sala).

Asimismo, esta Sala en sentencia de fecha 12 de diciembre de 2006, caso Pablo Pérez Pérez contra la sociedad mercantil Promociones y Construcciones Oriente C.A. (Proycor), dejó sentado lo siguiente:

“…Respecto al vicio de silencio de pruebas, esta Sala en sentencia Nro. 00188 de fecha 3 de mayo de 2005, reiterada, entre otras, en decisión del 18 de julio de 2006, caso: Samán Boutros Halaa, contra Liliana Del Carmen Romero Figueroa, señaló lo siguiente:

‘…el alegado vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora completamente el medio probatorio, pues ni siquiera lo menciona, o cuando refiere su existencia, pero no expresa su mérito probatorio. Este vicio puede ser denunciado por cualquiera de las partes, por cuanto una vez que la prueba es incorporada al expediente, escapa de la esfera dispositiva y pertenece al proceso, lo que autoriza al juez para valorarla con independencia de quien la promovió, con fundamento en el principio de adquisición procesal...’.

De acuerdo a la jurisprudencia precedentemente citada, el silencio de pruebas ocurre cuando el sentenciador omite analizar la prueba o cuando simplemente la menciona pero no la analiza. Asimismo, determina que una vez que la prueba es presentada al juicio pertenece al proceso y por tanto el juez debe valorarla…”. (Cursiva y negrillas de la Sala).

 

En atención con el criterio jurisprudencial citado el vicio de silencio de pruebas se patentiza en los casos en los que el jurisdicente ignora la probanza aportada a los autos, o aun mencionándola no realiza el debido análisis sobre ella para expresar su mérito, por otra parte, para la procedencia de este tipo de denuncia se exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo del fallo.

Asimismo, la Sala en pacífica y consolidada jurisprudencia ha sostenido que cuando exista una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria, y en consecuencia, se deriva la imposibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.

Ahora bien, para verificar lo delatado por la formalizante, esta Sala pasa a transcribir parcialmente la sentencia recurrida, la cual declaró lo siguiente:

“…DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS:

Parte Demandada (sic):

Capitulo (sic) II: De las testimoniales de los ciudadanos: Carlos Mariano Grus Siegert, Liuba del Carmen Ávila Aular, María Cecilia Navarrete, Ysalba Carolina Colella Pérez, Ilenía Odalis Alba Caraballo, Cruz Eneida Flores Avilez, Yilmaira Deneisi Ulloa González, y Jorge Romhain Wasuf, venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 8.866.972, V-10.046.772, V-8.880.491, V-8.896.816, V-13.326.649, V-8.496.420, V-19.728.612, V-8.866.972, respectivamente, todos domiciliados en esta ciudad, de los cuales rindieron su declaración los siguientes: Ilenia Odalis Alba Caraballo, Cruz Eneida Flores Avilez, Yilmaira Deneisi Ulloa González y Carlos Mariano Grus Siegert; siendo estas algunas de sus deposiciones:

Ilenia Odalis Alba Caraballo, venezolana, de 38 años de edad, soltera, T.S.U. en contabilidad, titular de la cédula de identidad N° 13.326.649. Interrogada como fue por la parte demandada dijo: “…Que trabaja en el Supermercado el (sic) Diamante desde hace 18 años en el cargo de asistente contable. Que el 30 de diciembre de 2013 en horas de la tarde se encontraba es su lugar de trabajo en la oficina de Gerencia (sic) ubicada en el área de depósito. Que compañeros de trabajo el sr. (sic) Franz estaban atendiendo a un señor y estaba una señora en la sala de espera. Que ese día en la oficina se presentó Antonino y Pietro Previte con la señora que se gano el carro, tratando de arreglar un problema de precio entre queso y jamón y le preguntaron quien le había atendido en charcutería donde la señora se molesto (sic) y dijo que ella no era ladrona.- Que en ningún momento se le contestó nada inapropiado solo se quería saber quien la había atendido en el área de charcutería y así arreglar el problema en el área interno, ya que no es la primera vez que sucede esto. Que en la oficina en la que ella se encontraba trabajando solo se encontraban los señores Nino y Pietro Previte acompañados con el señor Franz y sus compañeros de trabajos. Al ser repreguntada por el apoderado judicial de la parte actora respondió. Que el área de depósito se encuentra en el área frutas y verduras en la parte de atrás tiene dos entrada hacia el depósito. Que su trabajo se limita única y exclusivamente al área de depósito que allí recibe factura para recepcionar (sic) registrar y realizar comprobantes de retención IVA. Que solo (sic) conoce de vista a la señora Heidy Urbano, que fue la señora que se gano (sic) el carro y que frecuenta el supermercado. Que ve uno o dos veces a la semana a la señora Urbano cuando va a entregar los papeles a la oficina o cuando tiene que hacer algo en recepción. Que el 30 de diciembre de 2013, no observo (sic) ningún altercado que se encontraba en la oficina de gerencia en el área de deposito (sic) cuando entraron el sr. (sic) Antonino, Pietro Previte con la sra. (sic) para así poder verificar, precio código de queso y jamón donde la señora llevaba un volumen que no coincidían ni precio ni el código de lo que llevaba. Que solo se le pidió que dijera quien (sic) le había atendido en el área de charcutería pero ella se molesto (sic) y contesto (sic) de que no era ladrona. Que únicamente vino a decir lo que vio en ese momento y que no tiene ningún interés por los años de servicios que tiene allí.”.

Cruz Eneida Flores Avilez, venezolana, de 48 años de edad, soltera, Bachiller (sic), titular de la cédula de identidad N° 8.496.420. Interrogada como fue por la parte demandada dijo: “Que trabaja en el Supermercado el Diamante C.A. Que es jefa del departamento de charcutería y tengo 16 años laborando en la empresa.- Que si conoce de vista, trato y comunicación a Yusmery Josefina Duarte, que fue su compañera de trabajo, que laboráron (sic) juntas en el mismo departamento. Que el día 30 de diciembre de 2013 el señor Pietro llego al área de charcutería y la llamo (sic) para preguntarle quien (sic) había atendido a la señora Heidy pero no frente a la cliente. Que el día 30 de diciembre de 2013 señora Urbano le atendió en el área de charcutería la señora Yusmery Duarte, que ella era cliente de su compañera. Que en el tiempo que ella tiene allí 16 años nunca se han colocado artículos preempacados en el mostrador. Que la atención del cliente es por enumeración. Que ese día la sra. (sic) Yusmery Duarte atendió a la señora Heidy Urbano. Que esa señora incluso era cliente de Yusmery que veces cuando no estaba o estaba libre cualquiera de sus compañeros se ofrecían para atenderla y ella contestaba que no iba a llevar nada o que pasaba luego. Que la sra. (sic) Yusmery Duarte estaba con ella empaquetando alcaparras y aceitunas, que cuando llego (sic) la cliente esta se acerco (sic) le hizo un pedido y luego pasa por el (sic). Que la sra. (sic) Urbano no llego (sic)  ni con el señor Nino, ni señor Pietro al área de charcutería, que ella llego (sic) con el Pedro Bejarano que es el Sub (sic) Gerente (sic) y luego fue que llegaron el señor Nino y el señor Pietro. Que cuando llegó al área de charcutería en ningún momento escuche (sic) ni una mala palabra de parte de ellos. Que simplemente le preguntaban de donde tomo (sic) la mercancía y ella insistía que del mostrador. Al ser repreguntada por la parte demandante esta fueron sus repuestas; Que si conoce de vista a la señora Heidy Josefina Urbano, por ser cliente del mercado ya que ella tiene años siendo cliente del mercado incluso hasta un carro se gano (sic) de premio. Que a la señora Yusmery Josefina Duarte en el sitio de trabajo la llamaban la catira. Que le consta que la señora que se gano (sic) el carro es de apellido Urbano por que (sic) a todo el mundo le consta. Que el señor Pietro le preguntó quien (sic) le había atendido a la señora del problema y ella le contesto (sic) que fue la señora Duarte la catira. Que no sabia (sic) exactamente el tiempo trascurrido entre la llegada del sr. (sic) Bejarano al área de charcutería y la llegada de Nino y Pietro Previte, que serian (sic) de 5 a 10 minutos, que el sr. (sic) Bejarano ya estaba allí con la cliente.”.

Yilmaira Deneisi Ulloa González, venezolana, de 28 años de edad, soltera, Bachiller, titular de la cédula de identidad N° 19.728.612 Interrogado (sic) como fue por la parte demandada dijo: Que trabaja en el (sic) Supermercado El diamante.- Que es cajera, y que tiene 6 años trabajando allí.- Que si acudió a su trabajo el día 30 de diciembre del 2013. Que ese día atendió por su caja a la señora Heidy urbano. Que esa tarde la señora Heidy fue atendida por su caja y la misma se torno muy nerviosa interrumpiéndole en que hiciera su trabajo bien. Que en el momento de pasar los productos de charcutería, cerca de ella esta (sic) por lo regular el Gerente (sic) de piso de venta Pedro Bejarano quien se percato (sic) del nerviosismo y se acercó a su caja luego que la señora había cancelado y le pidió permiso para revisar una bolsa y se repeso (sic) en caja una bandeja de charcutería y se dió (sic) cuenta de la irregularidad que había y se le pidió a la señora que por favor le acompañara al área de charcutería. Que en el área de charcutería los clientes deben tomar un número y luego son llamados para ser atendidos. Que en ningún momento el sr. (sic) Pedro Bejarano maltrató ni humillo (sic) a la cliente al momento de hacer la revisión y el repesaje de los productos. Que la señora Yusmery Duarte después de lo sucedido el 30 de diciembre se retiro (sic). Al ser repreguntada por la parte demandante expuso: Que conoce solo de vista a la señora Heidy Josefina Urbano. Que conoce su apellido por que (sic) es una clienta conocida y habitual y por muchos años del supermercado. Que el nerviosismo que tenia (sic) la señora Urbano en la caja era que al momento que empezó atender le llegaron hacia ella los productos de charcutería y no la dejaba pasar los productos por el escáner con tranquilidad y cuidado. Que este tipo de comportamiento no son frecuentes. Que no acompañó al sr. (sic) Bejarano y a la señora Heidy hasta el área de charcutería. Que en el área donde se encuentran las cajas donde se pagan los productos están instaladas cámaras de vigilancia. Que las operaciones que realizan las cajeras quedan gravadas (sic) a través de las cámaras de vigilancia. Que si (sic) emitió factura a la sra. (sic) Heidy cuando se presento (sic) la irregularidad.”.

Carlos Mariano Grus Siegert, venezolano, de 52 años de edad, soltero, Ingeniero (sic) Civil (sic), titular de la cédula de identidad N° 8.866.972. Interrogado (sic) como fue por la parte demandada dijo: “Que en horas de la tarde del 30 de diciembre de 2013 estuvo haciendo diligencia y que entre 4 y 6 la tarde estuvo en el supermercado (sic) el (sic) Diamante y que había mucha gente. Que ese día estando en la cola de charcutería estaban los dueños del supermercado hablando de problemas de códigos y peso a la señora le preguntaron quien (sic) le había entregado la mercancía de charcutería y ella respondía que la había tomado del mostrador. Que no presencio (sic) ni escuchó nada de improperios o insultos ni agresiones hacia la Sra. Que solo (sic) la discusión que le preguntaron varias veces quien (sic) le había entregado los productos. Que le pidieron a la señora que los acompañaran a la oficina de la gerencia General (sic) y los tres se fueron hacia una puerta que esta (sic) en la esquina de la sala de venta que da hacia el deposito (sic). Que no vio a nadie más acompañando a la señora solamente los dos dueños y ella. Que los dueños y la señora cuando se fueron hacia la puesta del depósito estaban solos. Que es cliente regular del supermercado el (sic) diamante (sic) desde hace muchos años. Al ser repreguntados por la parte actora este respondió: Que si puede acreditar su profesión ante este tribunal que tiene un carnet para acreditarlo en estos momentos. Que no puedo precisar cantidad de las personas, que eran colas en las cajas y unas cuarenta y cincuenta personas en el área de charcutería y carnicería. Que la discusión que vio entre los dueños del diamante con una sra. (sic) sólo fue un intercambio de palabras en un tomo normal con insistencia. Que para él un intercambio de palabras y tomo normal si es una discusión ya que se repetían las mismas palabras. Que cuando escuchó la discusión entre los dueños del supermercado y la señora hacían referencia a unos códigos y pesos de unos paquetes que decían que no cuadraban. Que los paquetes contenían como productos de charcutería no sabría decirle cuál. Que si conoce a los dueños del supermercado que discutían con la señora. Que los dueños del supermercado se llaman Pietro le dicen Piero y Nino, Antonio. Que cuando presencio (sic) la discusión frente al mostrador de charcutería estaba la sra. (sic) y a la derecha de ella estaban los dueños del supermercado. Que Piero es de mediana estatura, flaco, cabello castaño, blanco y Nino es mas (sic) o menos de la misma estatura contextura más gruesa, cabello más claro. Que tiene conocimientos precisos de los dueños del supermercado por que (sic) tratado muchas veces con ellos, durante sus visitas al supermercado. Que desde que recuerda es cliente regular del supermercado porque su familia era cliente del supermercado desde que nació. Que si tiene cierto grado de amistad con los dueños del supermercado. Que el área del deposito (sic) ésta cerca del área de frutería, que esta (sic) dentro del área del público, al lado de la puerta que da al depósito y al lado de esa puerta esta (sic) la oficina dentro del deposito (sic).”.

De conformidad con los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor probatorio a la declaración de los testigos (Ilenia Odalis Alba Caraballo, Cruz Eneida Flores Avilez, Yilmaira Deneisi Ulloa González y Carlos Mariano Grus Siegert), por cuanto los mismos fueron útiles a los fines de establecer y documentar los hechos ocurridos en 30-12-2013; no existiendo contradicción en sus dichos y todos fueron sometidos al control de la prueba, interesó sobre manera el dicho de la testigo Yilmaira Deneisi Ulloa González, cuando declara: “…Que esa tarde la señora Heidy fue atendida por su caja y la misma se torno (sic) muy nerviosa interrumpiéndole en que hiciera su trabajo bien (…) por lo regular el Gerente (sic) de piso de venta Pedro Bejarano quien se percato (sic) del nerviosismo y se acercó a su caja luego que la señora había cancelado y le pidió permiso para revisar una bolsa y se repeso (sic) en caja una bandeja de charcutería y se dio cuenta de la irregularidad que había y se le pidió a la señora que por favor le acompañara al área de charcutería… Que en el área donde se encuentran las cajas donde se pagan los productos están instaladas cámaras de vigilancia. Que las operaciones que realizan las cajeras quedan gravadas (sic) a través de las cámaras de vigilancia...”. Así queda establecido.

(…Omissis…)

Que el día 30 de diciembre de 2013, aproximadamente a las 4:00 y 4:30 de la tarde la señora Heidy Urbano se encontraba en el Supermercado El Diamante, C.A, el cual estaba colapsado de gente por la fecha, que al momento de pagar en la caja la señora Heidy Urbano fue irrumpida por el gerente de piso del Supermercado ciudadano Pedro Bejarano quien le reviso (sic) las bolsas y ordeno (sic) el repesaje de unos productos de charcutería que había comprado, motivo por el cual fueron llamados los dueños del referido supermercado, ciudadanos Antonino y Pietro Previte Colosi, quienes ofendieron a la señora Heidy Urbano gritándole improperios como ladrona, delincuente, vulgar y maldita delincuente.

Lo narrado en el párrafo anterior, aunado a lo contenido en la respuesta dada por la testigo Yilmaira Deneisi Ulloa González promovida por la parte demandada y con auxilio del principio de la comunidad de la prueba en la pregunta quinta relacionada con lo ocurrido ese día (30/12/2013), cuando ella atendió a la señora Heidy urbano señalando: “…Que esa tarde la señora Heidy fue atendida por su caja y la misma se torno (sic) muy nerviosa interrumpiéndole en que hiciera su trabajo bien… por lo regular el Gerente (sic) de piso de venta Pedro Bejarano quien se percato (sic) del nerviosismo y se acercó a su caja luego que la señora había cancelado y le pidió permiso para revisar una bolsa y se repeso (sic) en caja una bandeja de charcutería y se dio cuenta de la irregularidad que había y se le pidió a la señora que por favor le acompañara al área de charcutería…”., se puede verificar que existe un incumplimiento culposo por parte de los directores y dependientes del supermercado demandado. Así se decide…”. (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

         Establecido lo anterior, se constata de la transcripción de la recurrida, que la ad quem, respecto a las testimoniales promovidas y evacuadas por la demandada (Ilenia Odalis Alba Caraballo, Cruz Eneida Flores Avilez, Yilmaira Deneisi Ulloa González y Carlos Mariano Grus Siegert), le otorgó pleno valor probatorio, y estableció que “…por cuanto los mismos fueron útiles a los fines de establecer y documentar los hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2013, no existiendo contradicción en sus dichos y todos fueron sometidos al control de la prueba, interesó sobre manera el dicho de la testigo Yilmaira Deneisi Ulloa González…”, lo cual pone de manifiesto su eficacia probatoria.

En el caso bajo estudio, contrario a lo delatado por la formalizante, no solo mencionó, sino exteriorizó el mérito que le otorgó a dichas testimoniales, expresando su criterio respecto de ellas, lo que determina el cumplimiento del deber que impone al juez el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil de analizar y juzgar todas cuantas pruebas hubieren sido producidas por las partes.

En consecuencia, no se configura el vicio delatado, y en caso de no estar de acuerdo con lo que el ad quem estableció respecto de tal medio probatorio, debió atacar por otra delación y no delatar el vicio de silencio de pruebas. Así se establece.

Con fundamento en lo anteriormente establecido, la actual denuncia por infracción de ley, debe ser declarada improcedente. Así se decide.

 

-III-

 

De conformidad con lo estatuido en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la “…infracción de norma jurídica expresa que regula la valoración de las pruebas…”.

En tal sentido, alega el formalizante:

“…Del análisis de la sentencia recurrida se desprende que la Alzada (sic) incurre en el vicio sancionado en el artículo 313 ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil y relativo a la falta de aplicación legal de una norma, todo ello en concordancia con lo previsto en el artículo 320 eiusdem y el cual prevé la denuncia en casación cuando el fallo infrinja una norma jurídica expresa que regule la valoración de las pruebas; tal y como ocurre en el presente caso.

Con este tipo de denuncia, tal y como lo señala la doctrina nacional (Rivera Morales, Rodrigo. Recursos Procesales. Universidad Católica del Táchira. 2009), debe juzgarse el cumplimiento de las normas sobre la valoración de los medios probatorios, pues de no producirse esto en la forma establecida se incurre en infracción de tales normas. Estas normas son las que indican al juez cómo debe proceder para valorar las pruebas y son básicamente los artículos 507, 508, 509 y 510 del Código de Procedimiento Civil.

En el presente asunto, se observa que la recurrida al valorar la prueba testimonial promovida por la parte actora, determinó lo siguiente:

‘De las deposiciones antes señalada (sic), se observa que los testigos fueron contestes, verosímiles, hábiles en derecho y no contradictorios entre sí, en razón de ello de conformidad con lo establecido en los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, se les otorga valor probatorio con respecto los dichos que declararón conocer en relación con el incidente ocurrido el 30 de diciembre de 2013, en la empresa demandada entre sus directores y dependientes con la hoy accionante. Así expresamente se decide. (copia textual folio 13 (sic)’.

(…Omissis…)

En relación con lo anteriormente transcrito, es menester señalar que el artículo 508 de la citada ley adjetiva dispone que para la apreciación de la prueba de testigos, el juez examinará si las deposiciones de éstos concuerdan entre sí y con las demás pruebas, y estimará cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias; pues bien a las testimoniales promovidas por la parte actora, se les otorga valor probatorio sin que se haya observado lo previsto en la norma citada. En efecto, la sentenciadora no cotejó o comparó tales deposiciones con las demás pruebas de autos, ni estableció la confianza que le merecen los testigos por los distintos supuestos que prevé la norma.

A los fines de cumplir con los requerimientos establecidos por esta Sala en cuanto a este tipo de denuncias respecta, procedo a señalar lo siguiente:

a)  Se encuadra la denuncia en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación.

b)  La norma infringida es el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil en razón de su falta de aplicación y en cuanto a los distintos supuestos que debe considerar el sentenciador en la valoración de la prueba testimonial.

c)  Procede la falta de aplicación de la norma, porque ésta aun cuando regula un determinado supuesto, se le niega su aplicación o subsunción en el derecho, desconociendo su contenido. Esta omisión conduce a la violación directa de la norma ya que para poder valorar efectivamente un (sic) requerimientos establecidos; de manera pues, que no se tiene conocimiento cierto si el sentenciador apreció las circunstancias que la ley le exige tomar en cuenta

d)  La norma que se debió aplicar es el propio artículo 508 del Código de Procedimiento, pero con estricta observancia de su contenido.

El vicio denunciado es determinante en el dispositivo del fallo, ya que con base a las testimoniales apreciadas en forma irregular por la Alzada (sic), la decisión dictada concluye que quedó establecido que los accionistas de SUPERMERCADO EL DIAMANTE C.A. fueron los que ocasionaron el daño moral reclamado en este juicio y estableció una condena en su contra.

Solicito que se declare procedente la presente denuncia y como consecuencia de ello se anule el fallo dictado…”. (Subrayado y mayúsculas  de la formalización). (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

         La Sala, para decir observa:

Del transcrito se desprende que la formalizante delata “…la infracción de una norma jurídica que regula la valoración de una prueba…”, ya que según sus dichos, la juzgadora no aplicó el contenido del artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, señala que “…a las testimoniales promovidas por la parte actora promovidas por la parte actora, se les otorga valor probatorio sin que haya observado lo previsto en la norma citada…”.

En este sentido, afirma que la ad quem “…no cotejó o comparó tales deposiciones con las demás pruebas de autos, ni estableció la confianza que merecen los testigos por los distintos supuestos que prevé la norma…”.

Así, afirma que “…la norma infringida es el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil en razón de su falta de aplicación, en cuanto a los distintos supuestos que debe considerar el sentenciador en la valoración de la prueba testimonial…”.

Por lo expuesto, aduce la recurrente en casación que “…se le niega su aplicación o subsunción en el derecho, desconociendo su contenido…”, así pues, considera “…que no se tiene conocimiento cierto si el sentenciador apreció las circunstancias que la ley le exige tomar en cuenta…”.

Finalmente señala la formalizante que el vicio denunciado es determinante en el dispositivo del fallo, ya que “…con base a las testimoniales apreciadas en forma irregular por la alzada, la decisión dictada concluye que quedó establecido que los accionistas del Supermercado El Diamante  C.A., fueron los que ocasionaron el daño moral reclamado en este juicio y estableció una condena en su contra…”.

Ahora bien, respecto al control casacional de las deposiciones judiciales, esta Sala en sentencia, N° RC-808, de fecha 13 de diciembre de 2012, expediente N° 12-289, caso: Yanett Josefa Rodriguez Martínez, contra Inmobiliaria 20.037, S.A., criterio reiterado en decisión N° 000068, de fecha 8 de marzo de 2017, caso: Karel Eliezer Hernández Zurita contra Proyecto E Inversiones Y Constructora D&M, C.A. Exp. 16-803, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo: estableció, lo siguiente:

“…Por último también cabe señalar, que el formalizante debió plantear una denuncia con el fin de combatir el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, ya sea por la comisión de algún caso de suposición falsa, por la violación de máximas de experiencia, o por la violación de alguna norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial o posiciones juradas, dado que lo que se plantea, como desacuerdo del formalizante con la decisión, no es el establecimiento de la prueba a juicio, sino su valoración, y en consecuencia dichos pronunciamientos sobre las deposiciones judiciales puedan ser analizados conforme a la doctrina de esta Sala que señala lo siguiente:

[e]sta Sala dejó sentado el siguiente criterio jurisprudencial:

“…Dicho con otras palabras, cuando el sentenciador en forma motivada expresó que el testigo se contradijo o no le merecía confianza por tener interés en favorecer a alguna parte, no infringió el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, pues con ello no inventó un motivo ajeno o extraño a la norma para desechar al declarante, sino que basó su decisión en razones de derecho previstas en ella, cuando dijo que el conductor Víctor Ramón Torrealba en la evacuación de la prueba testimonial se contradijo en su declaración original rendida ante las autoridades de tránsito terrestre. Lo mismo ocurrió con el testigo Adrián García Silva quien aseguró que la camioneta pickup venía a una velocidad moderada, a sabiendas que el propio conductor había afirmado que “...en vez de frenar pisó el acelerador...”, mientras que Héctor Álvarez Blanco fue desechado por contestar de manera lacónica.

 En todo caso, la determinación de si el testigo incurrió o no en contradicciones escapa del control de la Sala, ya que el juez de instancia es soberano en la apreciación de la testifical y su determinación es una cuestión subjetiva, tal como se mencionó anteriormente. Asimismo, escapa del control de la Sala el análisis de las declaraciones rendidas por los ciudadanos Adrián Ramón García Silva y Héctor Vicente Álvarez Blanco, pues ello implicaría inmiscuirse en funciones propias de los jueces de instancia a quienes les corresponde exclusivamente dicha labor, como lo ha sostenido la Sala en su reiterada jurisprudencia. (Vid. Sent. del 20 de diciembre de 2001, caso: Francisco Joao Vieira De Abreu c/ Barinas E. Ingeniería C.A. Seguros Ávila C.A.).

En efecto, este Alto Tribunal en la citada decisión reiteró que el sentenciador en el análisis de la prueba de testigos debe tomar en consideración los siguientes supuestos:

“...1. Hacer la concordancia de la prueba testimonial entre sí y con las demás pruebas, cuando esa concordancia sea posible, pero el resultado de esa labor corresponde a la soberanía del Juez, quien no podrá ser censurado en casación sino sólo cuando haya incurrido en suposición falsa y haya violado una máxima de experiencia.

2. El Juez (sic) deberá desechar la declaración del testigo inhábil o del que apareciere no haber dicho la verdad. Con respecto a este punto, el Juez tiene el deber legal de desechar el testigo mendaz, o el que incurre en contradicciones, y el resultado de esta labor corresponde a su libertad de apreciación de la prueba, por lo que ésta sólo podría ser censurada en Casación, cuando el Juzgador incurra en suposición falsa o haya violado una máxima de experiencia.

3. En el proceso mental que siga el Juez (sic) al analizar y apreciar una prueba de testigos deberá aplicar las reglas de la sana crítica (artículo 507), debiendo estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones y la confianza que merezcan los testigos por su edad, vida y costumbres, por la profesión que ejerzan y demás circunstancias...”. (Subrayado por la Sala).

De esta manera, se evidencia de las actas del expediente que la alzada concordó satisfactoriamente el resultado del análisis de la prueba de testigos con los documentos públicos administrativos agregados por la actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, no infringió la referida norma jurídica ni incurrió en el tercer caso de suposición falsa, ya que ajustó su decisión a la regla de valoración de la prueba y desechó la misma sustentado en razones de derecho.

(...Omissis…)

Por consiguiente, en el presente caso no se configuró la suposición falsa denunciada, porque una cosa es que el juez afirme un hecho que resulta desvirtuado con otras pruebas cursantes a los autos, y otra muy distinta es que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, el sentenciador haya apreciado la deposiciones de los testigos en concordancia con las actuaciones de tránsito terrestre y evidenciado que éstos se contradijeron en sus dichos, tomando en cuenta la declaración rendida por el conductor del vehículo accidentado ante las autoridades de tránsito terrestre...”. (Negritas de la Sala) (Subrayado de la sentencia).

No obstante, la Sala considera necesario modificar este precedente jurisprudencial, por cuanto sujeta a sólo dos hipótesis el control del pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, a pesar de que el juez no sólo está sujeto por lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil y el ordinal 2° del artículo 313 ordinal 2° eiusdem, que prohíben la comisión de algún caso de suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, sino que debe acatar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibídem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles, y los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil.

Lo expuesto permite determinar que existen otras razones de derecho que permiten el control de la actividad del juez de la recurrida al examinar el establecimiento o apreciación de la prueba testimonial, distintas de la suposición falsa y la violación de máximas de experiencia, razón por la cual complementa y amplía el criterio expresado en la sentencia de fecha 13 de diciembre de 1995, caso: José Rodríguez González c/ Rafael Sepúlveda Vargas y otros.

(...Omissis…)

De la precedente trascripción parcial de la sentencia se desprende que el juez superior desechó el dicho de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque eran contradictorios e imprecisos, por no tener certeza en cuanto al conocimiento que decían tener sobre la unión concubinaria y aportar circunstancias referenciales.

Por consiguiente, el juez superior de conformidad con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la jurisprudencia de esta Sala, desechó los dichos de los testigos Ramón Humberto Muñoz Agelvis, José Miguel Rugeles, Karina Manzulli de Márquez y Cheyla Yamery Cacique, porque no le merecían fe ni confianza. En otras palabras, el juez es soberano y libre en la apreciación de los testigos y, por esa razón, desechó las deposiciones por considerar que fueron contradictorias y no le merecían fe, por cuanto no daban certeza de tener un conocimiento directo sobre la unión concubinaria sino referencial.

La Sala reitera el criterio jurisprudencial citado y por tanto considera que la apreciación del juez de instancia en cuanto a la credibilidad que le merece el testigo y a la existencia de razones para desechar su testimonio escapa del control de la Sala, porque además de ser una función o labor que le es propia, es soberano sobre esa apreciación y su determinación es subjetiva…”. (Destacados de la sentencia).

 

         Del criterio jurisprudencial transcrito, se desprende que, el artículo 508 constituye la norma de valoración de la prueba testimonial, que deja un amplio margen de apreciación a la labor del juez, por lo que, el formalizante debe dirigir su denuncia con el fin de combatir el pronunciamiento del juez sobre la prueba de testigo, ya sea por la comisión de algún caso de suposición falsa, por la violación de máximas de experiencia, o por la violación de alguna norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial.

         En este sentido, el criterio sostenido por la Sala en cuanto este tipo de delaciones, es que no basta con que el formalizante ataque la sola infracción del artículo 508 eiusdem, sino que su denuncia debe atacar cualquier otra norma que regule la actividad del sentenciador en el examen de la prueba en general, o bien en particular de la testimonial, entre las cuales cabe mencionar los artículos 477, 478, 479 y 480 ibídem, que establecen incapacidades para rendir declaración y, por ende, la imposibilidad de fijar hechos en el proceso con base en el testimonio rendido por alguna de esas personas inhábiles.

         Asimismo, están contemplados los artículos 1.387, 1.388, 1.389 y 1.390 del Código Civil, que declaran inadmisible la prueba testimonial para fijar determinados hechos, así como las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para la formación e incorporación de la prueba de testigo, entre el juramento exigido en el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil. Lo cual no fue lo que ocurrió en el presente caso.

         Pues, en el caso concreto la formalizante delata la infracción del artículo 508 ibídem “…en razón de su falta de aplicación y en cuanto a los distintos supuestos que debe considerar el sentenciador en la valoración de la prueba testimonial…”, por cuanto, considera que la norma regula determinados supuestos, y respecto a ellos, “…no se tiene conocimiento cierto si el sentenciador aprecio (sic) las circunstancias que la ley le exige tomar en cuenta…”.

         Pero más allá de ello observa la Sala que la formalizante se contradice en sus alegatos, puesto que señala que la recurrida estableció, en razón de lo que pretende denunciar, lo siguiente:

“…De las deposiciones antes señalada (sic), se observa que los testigos fueron contestes, verosímiles, hábiles en derecho y no contradictorios entre sí, en razón de ello de conformidad con lo establecido en los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, se les otorga valor probatorio con respecto los dichos que declararon conocer en relación con el incidente ocurrido el 30 de diciembre de 2013, en la empresa demandada entre sus directores y dependientes con la hoy accionante. Así expresamente se decide. (copia textual folio 13) (sic)…”. (Subrayado y negrillas de la Sala).

 

         Del transcrito la Sala observa que la juzgadora aplicó el contenido del artículo 508 de la ley adjetiva civil, y determinó que “…los testigos fueron contestes, verosímiles, hábiles en derecho y no contradictorios entre s텔.

         En atención a lo expuesto, la Sala observa que el formalizante no formula la infracción del artículo 508 eiusdem conforme con los supuestos jurisprudenciales establecidos anteriormente, lo cual no permite a la Sala el control casacional de la prueba testimonial. Así se establece.

En consecuencia, esta Máxima Jurisdicción Civil concluye en desechar la presente denuncia por inadecuada fundamentación. Así se decide.

 

-IV-

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 320 eiusdem, se denuncia la recurrida por incurrir en el vicio de “…infracción de una norma jurídica expresa que regula la valoración de las pruebas…”.

Sobre el particular, expresa el formalizante lo siguiente:

“…Del análisis de la sentencia recurrida se desprende que la Alzada (sic) incurre en el vicio sancionado en el artículo 313 ordinal 2o del Código de Procedimiento Civil y relativo a la falta de aplicación legal, todo ello en concordancia con lo previsto en artículo 320 eiusdem y el cual prevé la denuncia en casación cuando el fallo infrinja una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de las pruebas; tal y como ocurre en el presente caso.

Con este tipo de denuncia, tal y como se ha señalado anteriormente, se procura la revisión de la sentencia y en el sentido de establecer si se cumplieron las normas sobre la valoración de los medios de prueba, pues de no haberse realizado así entonces se incurre en la infracción de tales normas; a saber, los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil. Esta Sala (sentencia N° RC-457 del 26/10/10) ha establecido que son normas capaces de hacerla descender para conocer de los hechos aquellas que regulen el establecimiento de los medios de prueba o su valoración, así como las que regulen el establecimiento de los medios de prueba o su valoración; por lo que esta representación considera que lo planteado en esta denuncia, faculta a la Sala para conocer de la cuestión de hecho planteada.

Así tenemos, que la sentencia recurrida estableció que quedó demostrado que a la actora se le agravó su condición cardiovascular y presión arterial como consecuencia del evento suscitado en las instalaciones del SUPERMERCADO EL DIAMANTE día 30 de Diciembre (sic) de 2013, tal y como se desprende de la constancia médica cardiovascular que riela al folio 15 de la primera pieza del expediente; en tal sentido, el fallo expresamente señaló lo siguiente:

(…Omissis…)

De la transcripción anterior se desprende que el Tribunal (sic) Superior (sic) tomó en consideración la prueba configurada como un instrumento privado y no como una declaración testimonial, que era lo correcto. En tal sentido, es menester señalar que conforme a la doctrina de esta Sala (sentencia N° RC-0486 del 20/12/01), los instrumentos privados para ser admitidos y valorados como un medio de prueba idóneo deben aportarse al proceso como una mera prueba testimonial, sin más valor que el que pueda resultar de su ratificación por el tercero; siendo que en el presente asunto esa prueba testimonial no fue valorada en forma alguna, limitándose el fallo sencillamente a realizar una transcripción del contenido de la misma pero sin hacer el examen que exige el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y el cual le obligaba entre otras cuestiones a observar las distintas circunstancias contenidas en la declaración rendida por el testigo, a saber: i) el aspecto referencial de la misma, ya que el deponente conoció la situación que da origen a la demanda por lo que le relató la propia demandante; ii) que la paciente ya era hipertensa y los síntomas que presentaba podían provenir de cualquier situación de estrés físico, mecánico, ambiental o psicológico; iii) que la competencia para establecer el estrés psicológico le compete a otra especialidad médica distinta a la suya.

A los fines de cumplir con los requerimientos establecidos por esta Sala en cuanto a este tipo de denuncias respecta, procedo a señalar lo siguiente:

a)  Se encuadra la presente denuncia en lo previsto en el ordinal 2o del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, y en concordancia con el artículo 320 eiusdem que dispone el examen de los hechos cuando se denuncie la infracción de una norma jurídica expresa para la valoración de las pruebas.

b)  La norma infringida es el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil en razón de su falta de aplicación y en cuanto a los distintos supuestos que debe considerar al tribunal al examinar la ratificación testimonial de un instrumento privado.

c)  Procede la falta de aplicación de la norma, porque ésta aun cuando regula un determinado supuesto, se le niega su aplicación o subsunción en el derecho, desconociendo su contenido. Esta omisión conduce a la violación directa del dispositivo legal y el cual consagra la forma de valorar un testimonio; lo cual ocurre en este caso ya que la juez superior omitió el debido análisis de la deposición rendida.

d)  La norma que debió aplicar es el propio artículo 508 del Código de Procedimiento Civil y no el artículo 431 eiusdem que fue el considerado por la Alzada (sic), esto por no tratar el aspecto probatorio sobre un contenido documental.

El vicio denunciado es determinante en el dispositivo del fallo, ya que la Alzada (sic) consideró en base al instrumento privado (constancia médica) que a la demandante debido al incidente ocurrido en el Supermercado El Diamante y al estrés psicológico producido, se le agravó su condición cardiovascular y presión arterial, todo lo cual en criterio de la recurrida determina la responsabilidad de la demandada; por lo que, declaró CON LUGAR la demanda por indemnización de daño moral interpuesta y condenó a pagar la suma de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,oo).

Solicito que se declare procedente la presente denuncia y como consecuencia de ello se anule el fallo recurrido…”. (Mayúsculas y subrayado del escrito).

 

Para decidir, la Sala observa:

De los alegatos transcritos se desprende que la formalizante le atribuye a la recurrida “…la falta de aplicación legal…”, por “…la infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o la valoración de las pruebas…”.

Asimismo, señala que “…con este tipo de denuncia, se procura la revisión de la sentencia y en el sentido de establecer si se cumplieron las normas sobre la valoración de los medios de prueba, pues de no haberse realizado así entonces se incurre en la infracción de tales normas; a saber, los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil…”.

Así, afirma que la sentencia recurrida estableció que “…quedó demostrado que a la actora se le agravó su condición cardiovascular y presión arterial como consecuencia del evento suscitado en las instalaciones del Supermercado El Diamante el día 30 de diciembre de 2013, tal y como se desprende de la constancia médica cardiovascular…”.

En este sentido, señala que la ad quem “…tomó en consideración la prueba configurada como un instrumento privado y no como una declaración testimonial…”.que a su decir “…era lo correcto…”, porque considera que “…los instrumentos privados  para ser admitidos y valorados como un medio de prueba idóneo deben aportarse al proceso como una mera prueba testimonial, sin más valor que el que pueda resultar de su ratificación por el tercero…”.

En razón de lo anterior, aduce que “…en el presente asunto esa prueba testimonial no fue valorada  en forma alguna…”, y según sus dichos, el fallo recurrido solo realizó una transcripción del contenido de la misma pero sin “…hacer el examen que exige el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil…”.

De allí que, la recurrente en casación señala “…la norma infringida es el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil en razón de su falta de aplicación, en cuanto a los distintos supuestos que debe examinar el tribunal al examinar la ratificación testimonial de un instrumento privado…”, con ello, sostiene que la juzgadora debió aplicar el contenido del artículo 508 eiusdem y no lo dispuesto en el artículo 431 ibídem.

Por último señala que es determinante en el dispositivo del fallo porque “…la alzada consideró en base al instrumento privado (constancia médica) que la demandante debido al incidente ocurrido en el Supermercado El Diamante y al estrés psicológico producido, se le agravó su condición cardiovascular y presión arterial, todo lo cual en criterio de la recurrida determina la responsabilidad de la demandada…”.

De los alegatos transcritos, se evidencia que la formalizante ha incurrido en una mezcla indebida de denuncias e imprecisiones, no plantea de manera clara el vicio que pretende delatar, visto que señala que la recurrida incurrió en la falta de aplicación de los artículos 507 y 508 del Código de Procedimiento Civil, luego señala que la falta de aplicación se contrae al artículo 508 eiusdem y confunde la falta de aplicación de los mencionados artículos y las reglas contenidas en los mismos que regulan la valoración de una prueba, por cuanto la ad quem debió a su entender aplicar el artículo 508 eiusdem y no el artículo 431 ibídem, “…esto por tratar el aspecto probatorio sobre el contenido documental…”.

Así, respecto a la falta de aplicación de una norma, reiteradamente esta Sala ha sostenido qué ocurre cuando el juez no emplea una norma jurídica, expresa, vigente, aplicable y subsumible, la cual resulta idónea para la resolución de la controversia planteada, dando lugar a una sentencia injusta y susceptible de nulidad, pues, de haberla aplicado cambiaría esencialmente el dispositivo en la sentencia (Ver sentencia Nº 494, de fecha 21 de julio de 2008, caso: Ana Faustina Arteaga y otras, contra Modesta Reyes y otra).

Ahora bien, respecto a los documentos emanados de un tercero distinto a las partes, para que tengan valor probatorio en el juicio la Sala estableció entre otras en sentencia N° 0501, de fecha 17 de septiembre de 2009, caso: Valores Nueva Esparta S.A., contra Betty Marcano, Exp. N° 09-0120, lo siguiente:

”…el documento emanado de tercero, formado fuera del juicio y sin participación del juez ni de las partes procesales, no es capaz de producir efectos probatorios. Estas declaraciones hechas por el tercero que constan en dicho documento, sólo pueden ser trasladadas al expediente mediante la promoción y evacuación de la prueba testimonial, que es la única formada en el proceso, con inmediación del juez y con la posibilidad efectiva de control y contradicción, en cuyo caso, por referirse el testimonio a su contenido, de ser ratificado, las declaraciones pasan a formar parte de la prueba testimonial, las cuales deben ser apreciadas por el juez de conformidad con la regla de valoración prevista en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil…”.

 

         Así pues, de la jurisprudencia sostenida y reiterada por esta Sala las declaraciones hechas por el tercero que conste en un documento privado, solo pueden ser trasladadas al expediente mediante la promoción y evacuación de la prueba testimonial, con inmediación del juez y estar sometida al principio de control y contradicción de la prueba.

         Al respecto, la recurrida estableció, lo siguiente:

“...CAPITULO (sic) III: De la ratificación del constancia médica cardiovascular por el Dr. Israel Centeno.

Ysrael Jesús Centeno, venezolano, de 47 años de edad, soltero, Medico (sic) Cardiólogo (sic), titular de la cédula de identidad N° 8.640.461. Al ser interrogado por el abogado de la parte demandante contestó: Que si reconoce en contenido y firma la constancia medica (sic) cardiovascular emitida por él a la ciudadana Heidi (sic) Urbano en fecha 13 de enero del año 2014. Que si la ciudadana Heidy Urbano es su paciente. Que si, la señora Heidy Urbano en fecha 13 de enero del año 2014. cuando (sic) acudió a su consulta le comento que había tenido un incidente en el en el Supermercado el (sic) Diamante. Que la señora Heidy Urbano aun (sic) cuando eso tiene más de un año que ocurrió le comento (sic) que ella había tenido una situación muy incomoda (sic), humillante, que sintió cosas en el pecho como taquicardia, dolor, que la obligo (sic) a tomarse los médicamente (sic) prescritos para la tensión y que por eso volvió a la consulta a chequearse. Que la señora Heidy ante el incidente ocurrido y comentado por ella a él era una paciente Hipertensa (sic) y con cardiopatía estructural (cardiopatía hipertensiva), y por lo cual por esa patología recibe tratamiento medio (sic) de hipertensión. Que las condiciones en las cuales se encontraba la señora Heidy para el momento de la consulta y para el momento en la cual él emite la constancia la señora presentaba cefalea, tenía episodio de taquicardia y palpitaciones, disconfort toráxico y cifras extensionales elevadas de 160/100 aunado a episodio de dorsalgia de cinco días de evolución y por eso se le ajusto (sic) el tratamiento medico (sic) farmacológico para su problema. Que la señora Heidy tenia (sic) las cifras tensiónales elevadas, como lo dijo antes 160/100 y eso explica en parte los síntomas del disconfort toráxico y que requiere optimización del tratamiento. Que si, que esa condición humillante que le fue referida por la señora Heidy pudo haber agravado su condición cardiovascular. Que como dice el informe la señora Heidy tuvo tres meses antes una arritmia cardiaca (sic) y ante una situación de estrés psicológico o emociones fuertes eso provoca una descarga de adrenalina a través de los nervios simpáticos al corazón, lo que pudiera desencadenar aumento de la frecuencia cardiaca, presión arterial, dolor toráxico, lo pudiera llevar a una crisis hipertensiva y eventos cardiovasculares mayores. Que esos eventos cardiovasculares mayores, como se describe en la literatura medica (sic)  puede ser infarto miocardio fatal o no fatal o angina inestable, arritmia cardiaca, etc. Que la reversibilidad en cuanto al estrés psicológico y emociones fuertes ese proceso le compete a otro (sic) especialidad. Que la situación actual que presenta la señora Heidy provocada por el incidente ocurrido en el Supermercado El Diamante no es irreversible cardiovascular. Al se (sic) interrogado por la co-apoderada judicial de la parte demandada expuso: Que si, la ciudadana Heidy Urbano antes incidente del 30 de diciembre del 2013 presentaba hipertensión, cardiopatía hipertensiva, problemas metabólicos entre otros. Que la hipertensión arterial, sistémica estadio 2, no controlada, quiere decir que cuando el paciente hipertenso a pesar de recibir tratamiento medico (sic) farmacológico y no farmacológico no alcanza la meta de presión arterial la cual debe estar por debajo de 140/90 mmHg. Que si fue revertido farmacologicamente (sic) para octubre de 2013 como señala en la constancia. Que fue atendida la paciente y revertida farmacológicamente (sic) en la emergencia del Hospital Ruiz y Páez, es decir se le elimino (sic) la ritma (sic). Que no, que la hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, síndrome metabólico e insuficiencia venosa crónica de piernas son enfermedades o condiciones clínicas que se generan en catorce días luego de un problema emocional, son entidades que tienen diversos factores que las generan, genéticos, ambiéntales, socioeconómicos, entre otros. Que Si (sic), que generalmente los pacientes presentan alteraciones de una de las dos presiones durante un estado de estrés, físico, psicológico o ambiental. Que la reversibilidad en el descontrol de la presión arterial va a depender del tratamiento adecuado de la causa que desencadena el descontrol de las cifras tensiónales. Que no, que (sic) no (sic) esta afirmando que la arritmia cardiaca (sic) por el supuesto problema emocional se genero (sic) la hipertensión arterial y cardiopatita hipertensiva e insuficiencia venosa crómica como dejó (sic) antes la paciente ya era hipertensa y portadora de la cardiopatía hipertensiva y que cualquier situación de estrés físico, mecánico ambiental y psicológico pudiera descompensarla de su patología de base, que es la hipertensión y cardiopatía…”.

En cuanto al original de la constancia médica de fecha 13 de enero de 2014, suscrita por el Doctor Ysrael J. Centeno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de procedimiento Civil, esta juzgadora le otorga valor probatorio de instrumento privado, debido a que fue ratificado por el firmante (Doctor Ysrael J. Centeno), mediante testimonial de fecha 11 de enero de 2015. En la constancia médica cardiovascular referida, se evidenció que la ciudadana Heidy Urbano sufría de Hipertensión (sic) con cardiopatía estructural (cardiopatía hipertensiva), antes el incidente ocurrido en el supermercado El Diamante, C. A; el 30 de diciembre de 2013. Así como también se evidenció que debido al incidente ya señalado y el estrés psicológico producido se agravó su condición cardiovascular y presión arterial. Conste…”. (Negrillas y cursivas de la sentencia). (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

De lo trascrito la Sala observa que la recurrida lejos de infringir por falta de aplicación el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la valoración de la documentación indicada procedió conforme con el criterio inveterado y consuetudinario de esta Sala, pues respecto al documento privado ratificado emanado de un tercero (constancia médica cardiovascular por el doctor Israel Centeno), se trasladó al expediente mediante la promoción y evacuación de la prueba testimonial, con inmediación del juez y estuvo sometida al principio de control y contradicción de las partes.

En razón a lo expuesto, la Sala observa que contrario a lo señalado por la formalizante, la recurrida no incurrió en irregularidad alguna al valorar la documental emanada de ese tercero, la cual fue ratificada efectivamente mediante la prueba testimonial.

Asimismo, la Sala en la anterior denuncia señaló la técnica para formular la infracción del artículo 508 eiusdem conforme con los supuestos jurisprudenciales establecidos, que permiten a la Sala el control casacional de la prueba testimonial.

Así las cosas, la Sala insiste en la importancia y la utilidad de emplear una técnica adecuada para recurrir en casación, lo cual se traduce en el cumplimiento de una serie de requisitos que permitirán la comprensión lógica de los planteamientos explanados en las denuncias, requerimientos estos que si bien han sido flexibilizados, no dejan de ser una carga para el recurrente que no puede ser suplida por esta Sala.

En consecuencia, esta Máxima Jurisdicción Civil concluye en desechar la presente denuncia por falta de técnica. Así se decide.

 

-V-

 

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 320 la formalizante denuncia “…falsa aplicación de una norma jurídica…” porque a su entender “…la parte dispositiva del fallo es consecuencia de una suposición falsa por parte del juez que atribuyó a un instrumento que cursa al expediente menciones que éste no contiene…”.

Sobre el particular, expresa la formalizante lo siguiente:

“…Del análisis de la sentencia recurrida se desprende que la juzgadora incurre en el vicio sancionado en el artículo 313 ordinal 2o del Código de Procedimiento y relativo a la falsa aplicación de una norma jurídica, todo ello en concordancia con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, ya que la parte dispositiva del fallo es consecuencia de una suposición falsa por parte del juez que atribuyó a un instrumento que cursa al expediente menciones que éste no contiene.

Según la doctrina de esta Sala (sentencia N° RC-0032 del 5/2007), la suposición falsa tiene como premisa el establecimiento por parte del juez, de un hecho positivo y concreto sin el debido respaldo probatorio en el expediente, lo al puede acontecer cuando atribuye a un acto o documento del expediente menciones que no contiene; como ocurre en el presente caso. Así se observa, que la decisión recurrida estableció lo siguiente:

(…Omissis…)

De la transcripción anterior se desprende que la recurrida afirma que el trastorno adaptativo presentado por la demandante es producto del hecho acaecido (sic) en las instalaciones del Supermercado (sic), hecho este en el cual se sustenta la demanda presentada; siendo el caso, que el Informe (sic) Médico (sic) Psiquiátrico (sic) emanado del Instituto de Salud Pública del Estado (sic) Bolívar y suscrito por el Dr. Rubén Lara, no contiene tal señalamiento. En efecto, el referido Informe (sic) si bien establece lo que denomina Impresión (sic) Diagnóstica (sic) y establece la existencia de un trastorno, sin embargo no dice que es producto del evento en las instalaciones del Supermercado (sic); por el contrario, tal Informe (sic) contiene los “Comentarios (sic)” del galeno mencionado y en los cuales se indica que “La característica esencial del trastorno adaptativo es una respuesta emocional o comportamental  a uno o varios estresantes identificables”, pero reitera esta representación que tal Informe (sic) no identifica ni menciona cuál o cuáles fueron esas variables que denomina “estresantes”, de allí pues que lo afirmado por la recurrida no aparece contenido en el documento examinado y eso constituye una suposición falsa.

A los fines de cumplir con las exigencias de la Sala en materia de delación del vicio de suposición falsa; procedo a señalar lo siguiente:

a)  El hecho positivo y concreto que el juzgador dio por cierto valiéndose de la falsa suposición, es que el trastorno adoptivo agudo mixto que alega sufrir la demandante es producto de los eventos acaecidos en las instalaciones de el (sic) Supermercado El Diamante el día 30 de Diciembre (sic) de 2013.

b)  El caso de suposición falsa a que se refiere la presente denuncia, es el de atribuir a un instrumento del expediente menciones que no contiene; caso que se encuentra consagrado en el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

c)  El instrumento de cuya lectura se patentiza la falsa suposición es el Informe (sic) Médico (sic) Psiquiátrico (sic) emitido por el Instituto de Salud Pública del Estado (sic) Bolívar suscrito por el Dr. Rubén Alfonso Lara de fecha 3 de Febrero (sic) de 2014, el cual corre inserto a los folios 16 y 17 de la primera pieza de este expediente.

d)  El texto aplicado falsamente en este caso es el artículo 1191 (sic) del Código Civil, que la recurrida invoca para declarar la responsabilidad civil de los dueños o principales, siendo que esta norma consagra que tales dueños o principales son responsables del daño causado; ahora bien, el supuesto daño causado, como se ha mencionado fue considerado por la juez superior valiéndose de una suposición falsa en cuanto al contenido del documento analizado. Asimismo resulta falsamente aplicado el artículo 1357 (sic) del Código Civil, el cual la recurrida expresamente invoca; siendo que esta norma otorga valor probatorio al documento público en razón de los hechos jurídicos que el funcionario ha hecho constar, lo cual no ocurre en el presente asunto ya que el fallo estableció que el trastorno se produce por lo acontecido en fecha 30 de Diciembre (sic) de 2013 en las instalaciones del Supermercado El Diamante, cuestión fáctica que no aparece contenida en el referido Informe (sic).

e)  La infracción cometida fue determinante en el dispositivo del fallo, ya que con base al referido Informe (sic) Médico (sic) Psiquiátrico (sic) la recurrida estableció la existencia de un daño en relación a la persona de la accionante y en virtud de ello consideró procedente la responsabilidad extracontractual demandada, lo cual refleja el dispositivo del fallo al declarar Con (sic) Lugar (sic) la demanda y condenar a pagar una indemnización de TREINTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 30.000.000,oo)…”. (Negrillas, subrayado, cursivas y mayúsculas del escrito).

 

La Sala, para decidir observa:

La formalizante basado en el ordinal 2 del artículo 313 y 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncia “…la falsa aplicación de una norma jurídica…”, ya que, a su entender “…la parte dispositiva del fallo es consecuencia de una suposición falsa por parte del juez…”, porque “…atribuyó a un instrumento que cursa al expediente menciones que éste no contiene…”.

En tal sentido, indicó que la suposición falsa tiene como premisa por parte del juez, de un hecho positivo y concreto sin el debido respaldo probatorio en el expediente, lo cual puede acontecer cuando atribuye a un acto o expediente menciones que no contiene; como ocurre en el presente caso.

De allí que, según sus dichos “…la recurrida afirma que el trastorno adaptativo presentado por la parte demandante es producto del hecho acaecido en las instalaciones del supermercado…”, y este señalamiento no lo contiene el informe médico psiquiátrico, emanado del Instituto de Salud Pública del estado Bolívar y suscrito por el doctor Rubén Lara.

Así, aduce que “…el referido informe establece la existencia de un trastorno, sin embargo no dice que es producto del evento en las instalaciones, del supermercado…”, a su decir, el referido informe “…por el contrario, contiene los “comentarios” del galeno, y en los cuales se indica que la característica esencial del trastorno adaptativo es una respuesta emocional o comportamental a uno o varios estresantes identificables…”.

Considerando el recurrente que el vicio de suposición falsa se configura, porque “…lo afirmado por la recurrida no aparece contenido en el documento examinado y eso constituye una suposición falsa…”.

Asimismo, señala la formalizante que “…el hecho positivo y concreto que el juzgador dio por cierto valiéndose de la falsa suposición es que el trastorno adaptativo agudo mixto que alega sufrir la demandante es producto de los eventos acaecidos en las instalaciones del Supermercado El Diamante el día 30 de diciembre de 2013…”.

Por otra parte, señala que “…el caso de suposición falsa a que se refiere la presente denuncia, es el de atribuir a un instrumento del expediente menciones que no contiene…”, pues, a su decir “…el instrumento de cuya lectura se patentiza la falsa suposición es el informe médico psiquiátrico…”.

Asimismo, señala que se aplicó falsamente en el caso concreto el artículo 1.191 del Código Civil, porque “…esta norma consagra que tales dueños o principales son responsables del daño causado…”, y a su entender, siendo que “…el supuesto daño causado, como se ha mencionado fue considerado por la juez superior valiéndose de una suposición falsa en cuanto al contenido del documento analizado…”.

De igual forma, delata la falsa aplicación del artículo 1.357 del Código Civil, ya que, a su entender “…esta norma otorga valor probatorio al documento público en razón de los hechos jurídicos que el funcionario ha hecho constar, lo cual no ocurre en el presente asunto, ya que el fallo estableció que el trastorno se produce por lo acontecido en fecha 30 de diciembre de 2013 en las instalaciones del Supermercado El Diamante, cuestión fáctica que no aparece contenida en el referido informe…”.

Finalmente señala la formalizante que el vicio delatado resultó determinante en el dispositivo ya que “…con base al referido informe médico psiquiátrico la recurrida estableció la existencia de un daño en relación a la persona de la accionante y en virtud de ello consideró procedente la responsabilidad extracontractual demandada…”.

         Ahora bien, la Sala ha indicado de forma reiterada que la suposición falsa consiste en el establecimiento de un hecho positivo y preciso, que resulta falso al no tener soporte en las pruebas, bien porque el sentenciador superior atribuyó a actas o instrumentos del expediente menciones que no contiene, o porque la prueba de la que se valió para establecer el hecho no aparece incorporada en los autos, o porque su inexactitud resulta de otras actas procesales, hipótesis estas previstas en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, conforme con las cuales la Sala puede excepcionalmente extenderse al examen del establecimiento o apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia. (Sentencia N° 267, de fecha 7 de junio de 2010. Caso de Carlos Pirela, contra Seguros La Previsora C.A., Exp. Nº 09-563).

         Así, la Sala observa que en la denuncia bajo análisis, la formalizante arguye que la ad quem incurrió en el primer caso de suposición falsa, y al respecto señala que “…el hecho positivo y concreto que el juzgador dio por cierto valiéndose de la falsa suposición es que el trastorno adaptativo agudo mixto que alega sufrir la demandante es producto de los eventos acaecidos en las instalaciones del Supermercado El Diamante el día 30 de diciembre de 2013…”,

De allí que, le endilga a la recurrida la falsa aplicación de los artículos 1.191 y 1.357 de la ley sustantiva civil, el primero de ellos, porque a su entender el supuesto daño causado, fue considerado por el juez valiéndose de una suposición falsa, y el otro, por cuanto esta norma otorga valor probatorio a un instrumento público y en el caso concreto la juzgadora consideró que el trastorno se produce “…por lo acontecido en fecha 30 de diciembre de 2013, cuestión fáctica que no aparece contenida en el referido informe…”.

 

Al respecto, la sentencia recurrida señaló:

“…Original de informe médico psiquiátrico de fecha 3 de febrero de 2014, marcado “C”, realizado a la paciente Heidy Urbano, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.553.899, historia clínica 04-22-37, realizado por el médico Rubén Alfonso Lara, titular de la cédula de identidad N° v- 8.945.863, M.P.P.S: 61.898 (folios 16 y 17). Por ello, verificado por esta juzgadora que la referida documental, es un documento público administrativo, y que el mismo no fue desconocido por el adversario a través de la prueba en contrario que desvirtúe su validez, razón por la cual, él mismo merece fe, otorgándole valor probatorio conforme a lo establecidos en los artículos 1357 (sic) y 1359 (sic) Código Civil, en concordancia con el articulo (sic) 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrado que la parte actora ciudadana Heidy Urbano ya identificada fue atendida en el Instituto de Salud Pública del estado Bolívar, por el por el Doctor Rubén Alfonso Lara, Médico Psiquiatra quien diagnostico en la paciente (Heidy Urbano):

(…Omissis…)

Trastorno adaptativo agudo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

(…Omissis…)

Así se decide.

(…Omissis…)

Para la procedencia de lo pretendido es necesario determinar si con las pruebas analizadas se ha alcanzado probar las circunstancias que condicionan en nuestro derecho la procedencia de la responsabilidad extracontractual y en particular la responsabilidad especial por hecho ajeno del principal. En ese sentido, el primer elemento que es preciso establecer es la existencia real de el daño afirmado en la demanda, y, en este particular, se observa que del análisis que se hiciera anteriormente en el presente fallo de las pruebas valoradas específicamente de las constancia médica cardiovascular e informe médico psiquiátrico, quedo (sic) establecido que, ciertamente, la señora Heidy Urbano sufrió un daño físico y psicológico que le agravó su condición cardiovascular y presión arterial, así como fue diagnosticada por trastorno adaptativo agudo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo producto del hecho acaecido el 3012-2013 en el Supermercado El Diamante C.A, que consistió: “…en las amenazas, groserías, chantaje, gritos, insultos, tratos vejatorios y humillantes, intimidaciones hacia su persona, creando en ella un estado de temor, depresión, pánico, ansiedad, e inestabilidad emocional…”. Hechos estos demostrados con las testimoniales ofrecidas y ya valoradas, quedando establecido y comprobado el pretium dolores experimentado a través de la vivencia traumática sufrida por la accionante en presencia de los asistentes al supermercado, pues ni aún en el peor de los casos en que alguien arribe al referido supermercado a hurtar alimentos u otros productos, debe recibir tratos semejantes, pues estos constituyen violación al derecho fundamental a la dignidad humana, por lo que nada justifica las vejaciones vividas por la accionante en el presente caso, pues incluso el peor de los delincuentes puede ser tratado de forma indecorosa y atentatoria contra los derechos humanos y a la dignidad, de lo contrario permitir este tipo de conductas sin nunca ser sancionado significaría un retroceso a la Ley del Talión “ojo por ojo, diente por diente”, por lo que ha quedado configurado el hecho ilícito por parte de los directores y dependientes del Supermercado El Diamante, C.A…”. (Negrillas de la sentencia). (Negrillas y subrayado de la Sala).

 

Del transcrito de la recurrida la Sala observa, que la juzgadora de la prueba documental -informe médico psiquiátrico-, de fecha 3 de febrero de 2014, estableció que “…la parte actora ciudadana Heidy Urbano ya identificada fue atendida en el Instituto de Salud Pública del estado Bolívar, por el doctor Rubén Alfonso Lara, médico psiquiatra quien diagnosticó en la paciente, Heidy Urbano, trastorno adaptativo agudo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo…”.

Asimismo, la Sala observa que la ad quem del análisis que realizó de las distintas pruebas valoradas en el presente fallo, “…específicamente de la constancia médica cardiovascular e informe médico psiquiátrico…”, consideró que “…quedó establecido que, ciertamente, la señora Heidy Urbano sufrió un daño físico y psicológico que le agravó su condición cardiovascular y presión arterial, así como fue diagnosticada por trastorno adaptativo agudo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo producto del hecho acaecido el 30 de diciembre de 2012, en el Supermercado El Diamante C.A…”.

Así, la juzgadora estableció que “…hechos estos demostrados con las testimoniales ofrecidas y ya valoradas, quedando establecido y comprobado el pretium dolores experimentado a través de la vivencia traumática sufrida por la accionante en presencia de los asistentes al supermercado…”.

Ahora bien, en el caso concreto la Sala observa que lo pretendido por la formalizante está dirigido a atacar las conclusiones a las cuales arribó la juez superior con la prueba documental -del informe médico psiquiátrico-.

En tal sentido, esta Sala en su fallo N° RC-583, de fecha 27 de junio de 2007, expediente N° 2005-615, caso: Silvia Rosa Durán, contra Alberto Antonio Monasterio Moreno, reiterado en sentencia N° 000754, de fecha 16 de noviembre de 2016, caso: Fusobron De Venezuela C.A., contra Aseguradora Nacional Unida, Uniseguros, C.A., Exp. N° 16-363,  estableció, lo siguiente:

“…Para que exista el vicio, éste tiene que consistir en una afirmación del hecho positivo y concreto. Así ha dicho la Sala. “El falso supuesto se caracteriza por el error material. Pero nunca el de raciocinio o apreciación de la prueba” (Sentencia de 17-5-60, G.F. Nº 28, seg. Etapa pág. 139); “no es falso supuesto el eventual desacierto de los jueces en apreciaciones que corresponden a su soberanía…”. (Sentencia de 1-2-62. G.F. Nº 35, seg. Etapa. Pág. 32). (Subrayado y negrillas de la sentencia).

 

En razón a lo expuesto, tal como se señaló en la jurisprudencia supra citada, la suposición falsa tiene que referirse forzosamente a un hecho positivo y concreto que el juez establece falsa e inexactamente en su sentencia a causa de un error de percepción, entre otras razones, porque no existan las menciones que equivocadamente atribuyó a un acta o prueba del expediente.

Así, el mencionado vicio solo puede cometerse en relación con un hecho establecido en el fallo, quedan fuera del concepto de suposición falsa las conclusiones del juez con respecto a las consecuencias jurídicas del hecho, porque en tal hipótesis se trataría de una conclusión de orden intelectual que aunque errónea, no configuraría lo que la ley y la doctrina entienden por suposición falsa.

En este sentido, siendo que la formalizante ha querido delatar la infracción de la primera hipótesis del vicio de suposición falsa, por mención inexistente para atacar las conclusiones de la ad quem, lo que no configura el vicio denunciado. Así se establece.

         En consideración a todos los fundamentos precedentemente expuestos, esta Sala declara improcedente la presente denuncia por suposición falsa, en consecuencia se desestima la infracción de los artículos 1.191 y 1.357 del Código Civil, por falsa aplicación. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en fecha 18 de marzo de 2016.

 

Se impone al recurrente al pago de las costas procesales del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.

 

         Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de la causa, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito  de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, ya mencionado.

 

         Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (6) días del mes de abril de dos mil diecisiete. Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.

Presidente de la Sala,

 

 

_____________________________

YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

 

Vicepresidente-Ponente,

 

 

 

_____________________________________

FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ

 

Magistrado,

 

 

 

___________________________

GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

_________________________________

VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Magistrada,

 

 

 

__________________________________

MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA

 

 

 

 

Secretario temporal,

 

 

_________________________

RICARDO ANTONIO INFANTE

 

 

 

 

Exp.: Nº AA20-C-2016-000374

 

Nota: Publicado en su fechas a las

 

 

 

 

Secretario temporal,

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