Venley

Sentencia N.º 0152

Sentencia
N.º 0152
Fecha
18/06/2019
Sala
Constitucional
Expediente
18-0321
Ponente
Calixto Antonio Ortega Ríos
Procedimiento
Acción de Amparo Constitucional

Magistrado-Ponente: CALIXTO ORTEGA RIOS

 

El 8 de mayo de 2018, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el oficio N° 216-2018 del 4 de mayo de 2018, librado por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual remitió el expediente distinguido con el alfanumérico 3Ac-6526-18 (de la numeración de esa sala) contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta, el 20 de abril de 2018, por los abogados Claudia Morcelle Ramos y Jorge Enrique Núñez Sánchez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 76.511 y 105.838, respectivamente, actuando a favor de los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y FRANCISCO JOSÉ JUARISTI MATEO, titulares de las cédulas de identidad números 10.447.305 y 10.447.306, en el orden que se mencionan, invocando su legitimación con base en el criterio establecido por esta Sala en la sentencia N° 412 del 8 de marzo de 2002, contra las órdenes de aprehensión contra dichos ciudadanos, identificadas con los números 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para lo cual denunciaron la vulneración de los derechos a la libertad personal y a la defensa, consagrados en los artículos 44.1 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

 

Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido, el 25 de abril de 2018, por la abogada Claudia Morcelle Ramos, actuando a favor de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo, invocando su legitimación con base en las sentencias números 412/2002 del 8 de marzo y 191/2014 del 21 de marzo, ambas de esta Sala Constitucional, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la sentencia dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada.

 

 

 

El 8 de mayo de 2018, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor CALIXTO ORTEGA RIOS, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

El 1° de junio de 2018, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional la abogada Claudia Morcelle Ramos, actuando a favor de los accionantes, a los efectos de consignar  escrito contentivo de los fundamentos del recurso de apelación ejercido.

 

El 20 de junio de 2018, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el abogado Jorge Enrique Núñez Sánchez, actuando a favor de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo, a fin de solicitar pronunciamiento respecto del recurso de apelación ejercido y consignó copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los accionantes.

 

El 11 de octubre de 2018, el apoderado judicial de los recurrentes solicitó a esta Sala pronunciamiento con respecto al recurso ejercido.

 

El 13 de noviembre de 2018, la ciudadana María Begoña Juaristi, titular de la cédula de identidad N° 8.507.796, asistida por el abogado Henry Escalona, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en N° 105.838, solicitó copia simple del expediente.

 

El 16 de noviembre de 2018, la ciudadana María Begoña Juaristi, asistida por el abogado Henry Escalona, procedió a retirar copias simples.

 

El 21 de noviembre de 2018, la ciudadana María Begoña Juaristi, asistida por el abogado Henry Escalona, presentó escrito mediante el cual formuló alegatos y consignó documentos.

 

Mediante sentencia N° 877 del 5 de diciembre de 2018, esta Sala Constitucional se declaró competente para conocer del recurso de apelación ejercido y ordenó al Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas que remitiera a esta Sala las actuaciones originales del expediente N° 3ºC-S-610-17 (de la numeración de dicho tribunal de control) dentro del lapso de cinco (5) días siguientes a partir de su notificación y Decretó una medida cautelar innominada “… consistente en la suspensión de los efectos de la sentencia dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala nro. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el expediente nro. 3Ac-6526-18 (de la numeración de esa sala). Asimismo, se suspenden los efectos de la decisión del 9 de febrero de 2018, emanada del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual se decretó la aprehensión de los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y FRANCISCO JOSÉ JUARISTI MATEO, titulares de las cédulas de identidad números 10.445.305 y 10.445.306, respectivamente; así como también de las órdenes de aprehensión números 011-2018 y 012-2018, libradas contra dichos ciudadanos, en esa misma fecha, por el mencionado juzgado de control, hasta tanto se resuelva el presente recurso de apelación”.

 

El 6 de diciembre de 2018, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el abogado Jorge Enrique Núñez Sánchez, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo, a fin de consignar en autos los dos (2) instrumentos poderes que acreditan dicha cualidad.

 

El 11 de diciembre de 2018, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el apoderado judicial de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo, a fin de solicitar copia simple de la sentencia N° 877, dictada por esta Sala Constitucional el 5 de diciembre de 2018.

 

El 13 de diciembre de 2018, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional el oficio N° 1187-2018, de esa misma fecha, emanado del Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual éste remitió el original del expediente N° 3ºC-S-610-17 (de la numeración de dicho tribunal de control). En esa misma fecha, compareció ante la Secretaría de esta Sala la apoderada judicial de los accionantes, a fin de solicitar copia simple del oficio remitido al Servicio Integrado de Información Policial (SIIPOL) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante el cual se le solicitó la exclusión de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo de la base de datos de ese organismo.

 

El 17 de enero de 2019, compareció ante la Secretaría de esta Sala Constitucional el apoderado judicial de los accionantes  a fin de solicitar copias certificadas del expediente.

 

El 29 de enero de 2018, el abogado Henry Arturo Escalona Meléndez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana María Begoña Juaristi, consigna instrumento poder y solicita copia simple.

 

El 1° de febrero de 2019, la Sala dicta autos negando las copias certificadas solicitadas por el apoderado judicial de la parte accionante.

 

El 15 de febrero de 2019, la apoderada judicial de los accionantes solicitó copias certificadas de algunos folios del expediente.

 

El 26 de febrero de 2019, la a apoderada judicial de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo solicitó que se declare la prescripción de la acción penal, en la causa penal N° 3ºC-610-17, respecto a la totalidad de los delitos que dieron origen a la misma.

 

El 23 de abril de 2019, el apoderado judicial de la ciudadana María Begoña Juaristi, presenta diligencia mediante la cual efectúa pedimento.

 

24 de abril de 2019, el apoderado judicial de la ciudadana María Begoña Juaristi presenta diligencia mediante la cual solicita copias simples.

 

El 10 de mayo de 2019, la ciudadana María Begoña Juaristi, asistida por el abogado Henry Arturo Escalona Meléndez, presentó escrito mediante el cual plantea alegatos, consigna documentos y efectúa pedimentos.

 

El 13 de mayo, el apoderado judicial de los accionantes, presente escrito mediante el cual efectúa pedimentos.

 

El 16 de mayo de 2019, el abogado Heyker Francisco Campione Vivas, actuando en su carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Sexagésima Primera del Ministerio Público, presentó escrito mediante el cual formula alegatos. En la misma oportunidad, la ciudadana María Begoña Juaristi, asistida por el abogado Henry Arturo Escalona Meléndez, presentó escrito mediante el cual plantea alegatos, consigna documentos y efectúa pedimentos.

 

23 de mayo de 2019, el abogado Heyker Francisco Campione Vivas, Fiscal Provisorio  61° Nacional Plena del Ministerio Público presentó  ante la Secretaría de la Sala Oficio N° 00-DDC-F61-0068-2019, mediante la cual, formula alegatos, efectúa pedimento y consigna documentos.

 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

 

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.- El 3 de marzo de 2015, la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia dictó la orden de inicio de la investigación contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la fe pública, previsto y sancionado en el Código Penal, con ocasión de la denuncia formulada contra aquéllos por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo. Posteriormente, la Fiscalía Sexagésima Primera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, fue comisionada para actuar en dicho proceso penal. La referida denuncia obedeció a que, el 18 de enero de 2003, se llevó a cabo una asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Industrias Salineras, C.A. (INDUSALCA), en la cual se hizo constar la presencia de la accionista Amparo Mateo de Juaristi, siendo que para esa fecha, la prenombrada ciudadana se encontraba, presuntamente, fuera del país. Asimismo, la denunciante refirió una circunstancia similar con relación a la sociedad mercantil Equipos y Servicios Industriales Metalmecánicos, C.A. (ESIMECA), ya que en la asamblea general extraordinaria de accionistas de esta última empresa celebrada el 25 de septiembre de 2007, se hizo constar la presencia del ciudadano Vicente Juaristi, quien para esa fecha, según la denunciante, se encontraba presuntamente fuera del territorio de la República.

 

2.- El 8 de enero de 2018, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó, previa solicitud fiscal, una medida real innominada consistente en la prohibición de enajenar y gravar sobre los bienes muebles e inmuebles a nombre de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo, Francisco Juaristi Mateo y Estibaliz Juaristi Mateo, así como de las sociedades mercantiles Industrias Salineras, C.A. (INDUSALCA) y Equipos y Servicios Metalmecánicos C.A. (ESIMECA), respectivamente, en el expediente N° 3ºC-610-17 (de la numeración de dicho juzgado).

 

3.- El 5 de febrero de 2018, la Fiscalía Sexagésima Primera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena solicitó al Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la expedición de dos (2) órdenes de aprehensión y de una “difusión roja” contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, por la presunta comisión de los delitos de estafa, uso de documento falso o alterado, forjamiento de documentos, usurpación de identidad y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados en los artículos 462, 322, 319 y 320 del Código Penal, respectivamente.

 

4.- El 9 de febrero de 2018, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas acordó la mencionada petición fiscal y, en consecuencia, ordenó expedir órdenes de aprehensión y la “difusión roja” contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo.

 

5.- Como consecuencia de dicha decisión, se libraron las órdenes de aprehensión números 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, correspondientemente.

 

6.- El 20 de abril de 2018, los abogados Claudia Morcelle Ramos y Jorge Enrique Núñez Sánchez, actuando a favor de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, interpusieron acción de amparo contra las órdenes de aprehensión antes mencionadas.

 

7.- El 24 de abril de 2018, la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas declaró inadmisible la referida acción de amparo constitucional, con fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

8.- El 25 de abril de 2018, la abogada Claudia Morcelle Ramos, ejerció recurso de apelación contra la sentencia dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, antes mencionada.

 

II

 

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

Del escrito contentivo de la acción de amparo se desprenden los siguientes argumentos:

 

Alegó la parte actora que “La presente solicitud de tutela constitucional, responde a un proceso penal que se inició mediante la interposición de una infundada y temeraria denuncia, por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo (en los sucesivo ‘LA DENUNCIANTE’), contra ‘LOS AGRAVIADOS’, por considerar dicha ciudadana que, con ocasión del manejo y distribución de las acciones de la sociedad mercantil EQUIPOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES METALMECÁNICOS C.A. (en lo sucesivo ‘ESIMECA’), inscrita en el Registro de Información Fiscal con el nro. J-07015528-0, sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, inscrita el 18 de enero de 1979 en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 21, tomo 5-A, ‘LOS AGRAVIADOS’, supuestamente, desplegaron ciertas conductas constitutivas de delitos -lo cual rechazamos categóricamente-”.

 

Indicó que “… la precitada denuncia se sustentó en unos hechos que nunca ocurrieron. No obstante, ‘LA DENUNCIANTE’, en un obstinado afán de proseguir con sus maliciosas imputaciones, ha seguido impulsando el mencionado proceso penal -a espaldas de ‘LOS AGRAVIADOS’-, lo cual dio lugar a dos (2) arbitrarias órdenes de captura dictadas por ‘LA AGRAVIANTE’, que hoy implican una afectación a los derechos a la libertad personal y a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS’. Es por ello, que acudimos ante esta Honorable Sala de Corte de Apelaciones, por medio del presente amparo, a fin de peticionar la tutela de los derechos y garantías constitucionales de aquéllos” (Resaltado del escrito citado).

 

Adujo que “En el año 2015, ‘LA DENUNCIANTE’ formuló una denuncia contra ‘LOS AGRAVIADOS’, aduciendo que éstos incurrieron en la presunta -y negada- comisión de varios hechos punibles, en el marco del manejo y distribución de las acciones de ‘ESIMECA’, en la cual tanto la denunciante como ‘LOS AGRAVIADOS’ fungen como socios”.

 

Que “Dicha denuncia dio lugar a que se iniciara la investigación penal correspondiente contra ‘LOS AGRAVIADOS’, la cual quedó identificada con el nro. MP-98797-2015, a cargo de la Fiscalía Sexagésima Primera (61º) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… dicha investigación, desde su inicio en el año 2015 y hasta el presente día, se ha realizado, en su totalidad, a espaldas de ‘LOS AGRAVIADOS’, por cuanto el despacho fiscal encargado de dirigir aquélla, en ningún momento ha citado a éstos a fin de entrevistarlos, ni en calidad de testigos ni de imputados” (Resaltado del escrito citado).

 

En este sentido, afirmó que “… se trata de una investigación penal que se ha desplegado ¡CASI POR TRES AÑOS!, sin brindarle a ‘LOS AGRAVIADOS’ posibilidad alguna de intervención en aquélla, en el sentido de que éstos desconocían su existencia, y por tanto, se les ha impedido el acceso al expediente, por lo cual, por vía de consecuencia, aquéllos no han podido solicitar la práctica de diligencias tendientes a su exculpación o de impugnar cualquier medida de coerción personal o real dictada contra ellos o sus bienes” (Resaltado del escrito citado).

 

Alego que, “… en este contexto de total indefensión en que se encontraban (y que aún se encuentran) ‘LOS AGRAVIADOS’, el Ministerio Público solicitó al ‘AGRAVIANTE’, que se libraran órdenes de aprehensión contra aquéllos, conforme a las previsiones del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal”. 

 

Que “… el 9 de febrero de 2018, ‘EL AGRAVIANTE’, procediendo de forma precipitada y en absoluta contravención al principio proporcionalidad que informa el régimen de las medidas de coerción personal, y sin tomar en consideración que a ‘LOS AGRAVIADOS’ se les sigue una investigación a sus espaldas, acordó dicha petición fiscal, en el expediente 3ºC-S-610-17 (de la numeración de dicho órgano jurisdiccional)  y, en consecuencia, expidió dos (2) órdenes de aprehensión contra aquéllos, dirigidas al Jefe del Departamento de Aprehensiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (en lo sucesivo ‘CICPC’)” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… tales órdenes de aprehensión carecen de toda legitimidad desde la perspectiva constitucional, por cuanto a todas luces resultan irracionales y desproporcionadas, y por tanto, no se corresponden, en modo alguno, con los fines de la privación preventiva de libertad ni con el contenido esencial del derecho a la defensa. El fundamento de esta afirmación estriba, en que ‘LOS AGRAVIADOS’, en primer lugar, no han perpetrado ninguno de los delitos que les endilga ‘LA DENUNCIANTE’ en su temeraria e infundada denuncia, como bien lo comprobará esta Honorable Corte de Apelaciones, una vez que efectúe el estudio detallado de las actas que conforman el expediente de la causa penal principal; y en segundo lugar, reiteramos, desconocían la existencia del proceso penal incoado en su contra”.

 

Que “… en el caso de autos no existe -ni puede existir- elemento alguno que sustente la racionalidad y proporcionalidad de tales órdenes de aprehensión, puesto que ‘LOS AGRAVIADOS’ no han desplegado ninguna conducta, que sea susceptible de ser subsumida en alguno de los tipos penales contemplados de nuestra legislación. Esta circunstancia impide, desde toda óptica, construir un razonamiento que justifique la procedencia y la legitimidad de dichas providencias judiciales, razón por la cual resultaba imposible, al menos desde el punto de vista jurídico, que ‘EL AGRAVIANTE’ acordara dichas órdenes”.

 

Asimismo, indicó que “… el 22 de marzo de 2018, ‘LOS AGRAVIADOS’ tuvieron conocimiento de la existencia de las mentadas órdenes de aprehensión -y de la causa penal instaurada en su contra-, mediante una nota de prensa publicada en el medio digital Caraota Digital en esa misma fecha (22 de marzo de 2018), identificada con el siguiente link: http://www.caraotadigital.net/nacionales/francisco-juaristi-exdirector-de-fedecamaras-zulia-tiene-orden-de-captura-por-estafa/”.

 

Igualmente, señaló que “… ‘LOS AGRAVIADOS’ ratificaron dicha información, mediante la nota de prensa publicada, el 30 de marzo de 2018, por el medio digital Primicias 24, en la cual también se hizo alusión a la existencia de las precitadas órdenes de captura 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, en el siguiente link: https://www.primicias24.com/?s=juaristi”.

 

Que “… la existencia de las precitadas órdenes de captura y de la causa penal incoada contra ‘LOS AGRAVIADOS’ (reseñadas en las citadas notas de prensa), fue debidamente confirmada por quienes suscriben, en la sede del Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (‘EL AGRAVIANTE’), en el cual se nos informó que aquéllas efectivamente cursan ante dicho órgano jurisdiccional, en el expediente 3ºC-S-610-17”.

 

Que “… en el caso sub lite existe una GROSERA AFECTACIÓN a los derechos a la libertad personal y a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS’, consagrados en los artículos 44 (numeral 1) y 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, la cual emerge de las irracionales, desproporcionadas e ilegítimas órdenes de aprehensión números 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, emitidas por ‘EL AGRAVIANTE’, con ocasión de una investigación penal, de cuya existencia aquéllos tuvieron conocimiento, recientemente ¡MEDIANTE DOS (2) PUBLICACIONES DE LA PRENSA DIGITAL!” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “De cara al conjunto de principios, derechos y garantías constitucionales que informan al proceso penal, resulta inaudito y absolutamente cuestionable, que ‘LOS AGRAVIADOS’ hayan tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación digitales, de la existencia de dos (2) órdenes judiciales que autorizan al ‘CICPC’ a practicar su aprehensión, y por ende, a restringir su libertad personal”.

 

Que “… el derecho a la libertad personal de ‘LOS AGRAVIADOS’ actualmente se ve amenazado por la existencia de las dos precitadas (2) órdenes de aprehensión, libradas en su contra por ‘EL AGRAVIANTE’, siendo que aquéllos desconocen cuáles fueron los motivos fácticos y jurídicos que justificaron la emisión de tales providencias judiciales, puesto que hasta la presente fecha, ‘LOS AGRAVIADOS’ aún no han sido notificados de los cargos por los cuales se les investiga, y por tanto, no han podido acceder al expediente, ni mucho menos hacer uso de las facultades defensivas que les otorga el ordenamiento jurídico vigente, a fin de oponerse a la ilegítima criminalización que hoy se pretende habilitar contra ellos” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… ‘EL AGRAVIANTE’ ha afectado escandalosamente los derechos y garantías constitucionales de ‘LOS AGRAVIADOS’, por cuanto ordenó la aprehensión de éstos, en dos (2) inauditas órdenes de fecha 9 de febrero de 2018, sin respetar la debida proporcionalidad que ameritaba, a todas luces, la adopción de tan extremas providencias”.

 

En este orden de ideas, la parte actora denunció que “… ‘LA AGRAVIANTE’, en sus órdenes de aprehensión números 011-2018 y 012-2018, ambas del 9 de febrero de 2018, generó una grotesca amenaza contra el derecho a la libertad personal de ‘LOS AGRAVIADOS’, consagrado en el artículo 44 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto autorizó la restricción del precitado derecho constitucional, en franco y grosero quebrantamiento del principio de proporcionalidad que informa el régimen de las medidas de coerción personal…” (Resaltado del escrito citado).

 

Adujo que “… la finalidad esencial de la presente solicitud de tutela constitucional, es la activación del Control Externo sobre las órdenes de captura antes reseñadas, por parte de esta Honorable Corte de Apelaciones, actuando como primera instancia constitucional en el presente proceso de amparo” (Resaltado del escrito citado).

 

En este orden de ideas alegó que “… la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado de forma pacífica y reiterada que, excepcionalmente, el Juez de Amparo está habilitado para ejercer el denominado Control Externo sobre toda orden judicial que autorice (con una finalidad cautelar) la restricción del derecho a la libertad personal (ver sentencias 1.998 del 22 de noviembre de 2006, caso: Jesús Rafael Bonaffina Corvos; 2.046 del 5 de noviembre de 2007, caso: Milagros Coromoto De Armas de Fantes; y 492 del 1 de abril de 2008, caso: Diana Carolina Mora Herrera, entre otras). Dicho Control Externo se traduce en supervisar que el acto jurisdiccional que acuerde cautelarmente la restricción de la libertad personal -dentro de este catálogo se ubica, lógicamente, la orden de aprehensión-, se sustente en una motivación fundada, razonada y proporcional, en otras palabras; que haya sido dictada de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, concretamente, constatando si los fundamentos de la decisión son SUFICIENTES (es decir, si se han plasmado los presupuestos que autorizan y justifican la medida), RAZONADA (esto es, la expresión del proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto) y PROPORCIONADA (a saber, si se han ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad), neutralizando así cualquier posibilidad de que tal orden judicial sea dictada bajo el manto de la arbitrariedad” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… la presente acción de amparo lo que pretende es cuestionar legitimidad constitucional de las precitadas órdenes de aprehensión, a la luz de las previsiones del antes mencionado Control Externo, entendido éste como una facultad legítima de todos los jueces de amparo, reconocida, incluso, por la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… uno de los aspectos que pueden ser objeto de revisión mediante el Control Externo, es el referido al cumplimiento del requisito de la Proporcionalidad de la orden de aprehensión, descrita en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal” (Resaltado del escrito citado).

 

            Afirmó que dentro de la noción de orden judicial mencionada en el artículo 44 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran arropados “… en primer lugar, la decisión del Juez de Control que resuelve la petición fiscal de una medida de privación judicial preventiva de libertad, así como la orden de aprehensión que se expide como consecuencia de ello (primer aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal), y en segundo lugar, la decisión dictada al finalizar la audiencia de presentación del imputado, en la que se resuelve mantener la medida privativa de libertad impuesta (segundo aparte de la mencionada disposición). Por tanto, resulta válido afirmar que dichas órdenes judiciales, denotan la existencia de una tensión entre el derecho a la libertad personal y la necesidad irrenunciable de una persecución penal efectiva” (Resaltado del escrito citado).

 

Señaló que “Toda orden judicial que de forma desproporcionada, autorice la restricción cautelar de la libertad personal, será violatoria del artículo 44 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia, podrá ser revisada por el Juez de Amparo, por vía del denominado Control Externo” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “En el caso de autos, ser advierte las órdenes de aprehensión dictadas por ‘EL AGRAVIANTE’, resultan absolutamente desproporcionadas, en los términos descritos en los párrafos anteriores, y por tanto, amenazan manifiestamente el derecho a la libertad personal de ‘LOS AGRAVIADOS’, de allí que a todas luces pueden y deben ser revisadas en sede de amparo, tal como hoy lo peticionamos”.

 

Así, adujo que “…la simple lectura del texto de dichas órdenes judiciales, se observa que éstas carecen de la más mínima ponderación de los derechos e intereses en conflicto, del modo menos gravoso para la libertad. Es decir, resulta evidente que en ambos actos jurisdiccionales, ‘EL AGRAVIANTE’ no articuló un mínimo razonamiento, que expresara la valoración de los tres (3) sub-principios que conforman al principio rector de proporcionalidad, de cara al caso aquí juzgado. Por el contrario, dicho órgano jurisdiccional expidió tales órdenes, con total y cuestionable ligereza, comportándose como un simple y mero tramitador de la solicitud fiscal” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “EL AGRAVIANTE’ no expresó en dichas órdenes de aprehensión, al menos mínimamente, por qué la privación preventiva de libertad de los ‘AGRAVIADOS’, era útil o idónea para garantizar las resultas del proceso incoado injusta, temeraria e infundadamente contra éstos”.

 

Que “… ‘EL AGRAVIANTE’ irrespetó el sub-principio de necesidad, ya que a pesar de la inocencia de ‘LOS AGRAVIADOS’, ordenó, de forma precipitada y apresurada, la privación preventiva de éstos, sin expresar (al menos mínimamente), las razones por las cuales consideró que otras medidas de coerción personal menos gravosas, resultaban insuficientes para salvaguardar los fines de las medidas de coerción personal, y en general, del proceso penal (evitar la sustracción del imputado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva). En otras palabras, ‘EL AGRAVIANTE’, pudiendo haber conseguido tales fines con unas medidas sustitutivas, prefirió, de buenas a primeras y sin necesidad ni justificación alguna, hacer uso de la privación preventiva de libertad como primera vía, no obstante que esta medida, tal como se indicó supra, debe ser siempre la última ratio”.

 

Que “… EL AGRAVIANTE’ no expresó en modo alguno, y por tanto, no llevó a cabo, una juicio de ponderación de los intereses en juego en el caso sub lite, que reflejara el por qué el sacrificio de la libertad individual de ‘LOS AGRAVIADOS’, resultaba, en su criterio, proporcional con la importancia del interés estatal que se pretende tutelar en el presente proceso penal. Es el caso, que dicha ponderación tampoco fue articulada ni plasmada por ‘EL AGRAVIANTE’, al menos mínimamente, en las antes mencionadas órdenes de aprehensión. Ello denota, de modo indubitable, la ligereza y falta de mesura con la que procedió, al momento de acordar la restricción de ¡LA LIBERTAD PERSONAL! de ‘LOS AGRAVIADOS”.

 

En este orden de ideas, afirmó que “Desde la perspectiva constitucional ¿era realmente imprescindible y legítimo privar de libertad a éstos? Obviamente ‘EL AGRAVIANTE’ no se tomó la molestia de responder tal interrogante; por el contrario, procedió a expedir, bajo un automatismo ciego, dos (2) órdenes de captura que, a ciencia cierta, no guardan correspondencia con la gravedad de los delitos que injustamente se le atribuyen a ‘LOS AGRAVIADOS’ (todos ellos menos graves), ni con las supuestas e imaginarias circunstancias en que éstos se cometieron. Insistimos, ambos son absolutamente inocentes de las falsas imputaciones que ‘LA DENUNCIANTE’ pretende verter sobre ellos, puesto que no existe, ni puede existir, ningún elemento objetivo de criminalidad, del cual se pueda derivar un reproche de culpabilidad contra ellos, y que por ende, justifique la expedición de una orden judicial restrictiva de su libertad personal. Del mismo modo, lo escueto de las órdenes de aprehensión dictadas contra éstos, denotan, igualmente, que ‘EL AGRAVIANTE’ tampoco elaboró una evaluación sobre el quantum de la pena probable (que en el presente caso no era alta), y cómo ello podía incidir en la procedencia de la privación preventiva de libertad de ‘LOS AGRAVIADOS”.

 

Que “Lo anterior denota, claramente, que en el presente caso, el empleo de la privación preventiva de libertad contra ‘LOS AGRAVIADOS’, acordada el 9 de febrero de 2018, lejos de perseguir una finalidad cautelar, lo que busca, en realidad, es habilitar un castigo o pena anticipada contra éstos (a pesar de que ambos se encuentran amparados por el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 49, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), todo lo cual resulta repugnante a la finalidad constitucional de las medidas de coerción personal, y en específico, al contenido del artículo 44 (numeral 1) eiusdem, ya que ‘EL AGRAVIANTE’ habilitó, de forma ilegítima y precipitada, la restricción de su libertad personal o ambulatoria, en contravención a los postulados del sagrado principio de proporcionalidad, en abierto desacato al criterio reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sus sentencias sentencias 1.998 del 22 de noviembre de 2006, caso: Jesús Rafael Bonaffina Corvos; 2.046 del 5 de noviembre de 2007, caso: Milagros Coromoto De Armas de Fantes; y 492 del 1 de abril de 2008, caso: Diana Carolina Mora Herrera, entre otras”.

 

Alegó que “… esta amenaza al derecho a la libertad personal de ‘LOS AGRAVIADOS’ interesa al ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL (y por tanto, su tutela aquí debe ser urgente y reforzada), según el criterio asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia nro. 843 del 11 de mayo de 2005 (caso: Miguel Ángel Reyes Sosa)…” (Resaltado del escrito citado).

 

En segundo lugar, la parte actora denunció “… que ‘LA AGRAVIANTE’, en sus órdenes de aprehensión números 011-2018 y 012-2018, ambas del 9 de febrero de 2018, vulneró el derecho a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS’, consagrado en el artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que acordó la expedición de aquéllas, sin importarle que fueron el fruto de una investigación penal llevada a espaldas de ellos, en el sentido de que ésta se inició ¡HACE CASI TRES (3) AÑOS! y, aún así, su existencia era desconocida por ‘LOS AGRAVIADOS” (Resaltado del escrito citado).

 

En este sentido, afirmó que “… ‘LOS AGRAVIADOS’ han estado injustamente sometidos a una clandestina investigación penal desde el año 2105 (oportunidad en la cual ‘LA DENUNCIANTE’ formuló su denuncia ante el Ministerio Público), en el expediente nro. MP-98797-2015, llevado por la Fiscalía Sexagésima Primera (61º) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, y es el caso que, hasta la presente fecha, nunca han sido notificados y/o citados, a los efectos de comparecer a ese despacho fiscal para ser entrevistados, sea en calidad de testigos o de imputados. Es decir, ‘LOS AGRAVIADOS’ nunca han sido notificados de la existencia de dicha investigación, ni mucho menos de los cargos por los cuales se les investiga; por el contrario, han estado sujetos a una furtiva investigación, llevada totalmente a sus espaldas. De este modo, no fue sino hasta el 22 de marzo de 2018, cuando se enteraron de aquélla, al leer ¡UNA NOTA DE PRENSA EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL!, en la cual se reseñaba la expedición de dos (2) órdenes de captura en su contra, por parte de ‘EL AGRAVIANTE” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… ‘EL AGRAVIANTE’, lejos de cumplir función contralora de la actuación del Fiscal del Ministerio Público, lo que hizo fue avalar y reeditar el cuestionable -y sospechoso- comportamiento de este último, al expedir, furtivamente, dos (2) órdenes de aprehensión -solicitadas por la representación fiscal- contra ‘LOS AGRAVIADOS’, en absoluto desprecio del sagrado derecho a la defensa que a éstos les reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre esta materia”.

 

De este modo, afirmó que “EL AGRAVIANTE’ expidió, de modo clandestino, las órdenes de aprehensión hoy cuestionadas en esta sede constitucional, en el transcurso de una investigación llevada a espaldas de ‘LOS AGRAVIADOS”.

 

Que “LOS AGRAVIADOS’ desconocían la existencia de dicha causa penal, instruida en su contra por el Ministerio Público. Por tal motivo, aquéllos no han podido ejercer ninguna de las facultades defensivas antes descritas y que se derivan del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En específico, no han tenido oportunidad alguna de oponerse a la persecución penal, ni solicitar la práctica de diligencias de investigación tendientes a reafirmar su estado de inocencia, ni mucho menos de cuestionar las medidas de coerción personal y real emitidas contra sus personas y sus bienes”.

 

Que “… ‘EL AGRAVIANTE’ no sólo ha reeditado este estado de indefensión existente desde el principio de la mentada investigación, sino que, mucho más grave, lo maximizó exponencialmente al expedir las precitadas órdenes de captura, de modo furtivo y sorpresivo, contra ‘LOS AGRAVIADOS’, limitando abusivamente a éstos, el libre ejercicio de los medios o recursos procesales que la ley pone a su disposición para hacer valer sus derechos, derivadas del artículo 49 (numeral 1) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello, sin lugar a dudas, se trata de una grotesca arbitrariedad imputable directamente al ‘AGRAVIANTE’, que colocó a aquéllos en un estado de indefensión, que sólo puede ser conjurado de modo efectivo por vía del amparo constitucional”.

 

Afirmó que “En el caso de autos, concurren cabalmente los dos elementos característicos de la indefensión, recogidos en la sentencia antes citada, por cuanto, por una parte, la lesión constitucional al derecho a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS’ es imputable directamente al ‘AGRAVIANTE’, y en segundo lugar, el comportamiento de este último les privó de cualquier posibilidad de utilizar los medios legales para hacer valer su defensa, frente a la persecución penal instaurada, de modo clandestino, en su contra”.

 

Que “… resulta absolutamente censurable desde la perspectiva constitucional, que tales órdenes de aprehensión hayan sido el fruto de una investigación de cuya existencia desconocían los encartados. El deber del ‘AGRAVIANTE’, de cara a la salvaguarda del derecho a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS’, era negarle al Ministerio Público la expedición de dichas órdenes. Al no hacerlo, colocó a aquéllos en una situación de incertidumbre y desamparo, frente a la avasallante y descontrolada persecución penal que, en el caso de autos, ha sido activada contra ellos”.

 

Que “… debemos denunciar que el modo clandestino en que fueron expedidas las órdenes de aprehensión contra ‘LOS AGRAVIADOS’, colocó a éstos en una situación de desigualdad procesal frente al Ministerio Público, puesto que, al haberse neutralizado cualquier posibilidad de defensa a aquéllos, se apuntaló, injustificadamente, la posición de poder y ventaja con la que ha contado el Fiscal desde el inicio de la investigación. Lejos de garantizar el equilibrio y equidistancia entre el Ministerio Público y ‘LOS AGRAVIADOS’, el Juzgado de Control accionado se limitó a favorecer, mediante unas arbitrarias órdenes de aprehensión, una furtiva investigación penal, en la que el único e indiscutible protagonista ha sido el Fiscal, quien ha actuado de forma cómoda y descontrolada, en la fabricación de una serie de elementos de convicción falsos, con los que se pretende construir un estado de sospecha artificial contra los encartados. Se trata así, de una circunstancia que abona en la violación del derecho a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS”.

 

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la admisión de la acción de amparo, su declaratoria con lugar en la definitiva y, en consecuencia, que se declare la nulidad absoluta de las órdenes de aprehensión accionadas, así como de cualesquiera otros actos anteriores, contemporáneos o consecutivos a los que la nulidad se extienda por su conexión con las precitadas órdenes de aprehensión.

 

Por último, peticionó, como medidas cautelares innominadas, que se suspendan los efectos de las órdenes de aprehensión accionadas en amparo, así como también la paralización del proceso penal principal.

 

III

 

DEL RECURSO DE APELACIÓN

 

Por su parte, en el escrito contentivo de los fundamentos del recurso de apelación, se esgrimieron los siguientes argumentos:

 

Que “El 20 de abril de 2018, esta representación, actuando en beneficio de ‘LOS AGRAVIADOS’, interpuso una acción de amparo constitucional contra las prenombradas órdenes de aprehensión. Los argumentos medulares que sustentaron dicha petición de tutela constitucional, fueron esencialmente los siguientes: a) La afectación (por amenaza) al derecho a la libertad personal, por haberse dictado unas órdenes de aprehensión en flagrante contravención al principio de proporcionalidad; y b) La vulneración del derecho a la defensa, puesto que ambas órdenes de aprehensión fueron el fruto de una investigación penal seguida ¡POR CASI 3 AÑOS! a espaldas de ‘LOS AGRAVIADOS’, en la cual éstos nunca fueron notificados de los cargos por los cuales se les investiga, y por tanto, se les privó del derecho a ejercer las facultades defensivas previstas en la Constitución de la Repúblicas Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal” (Resaltado del escrito citado).

 

Afirmó que “Dicha solicitud de tutela constitucional, fue conocida por la Sala 3º de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual, en un inmotivado fallo del 24 de abril de 2018 (hoy recurrido), declaró inadmisible aquélla, con arreglo a las previsiones del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales” (Resaltado del escrito citado).

 

Alegó que la Corte de Apelaciones, “… a pesar de la gravedad de las injurias constitucionales ocasionadas por ‘LA AGRAVIANTE’ (las cuales, en vista de su gravedad, son susceptibles de ser catalogadas como de ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL), procedió a declarar inadmisible la acción de amparo antes mencionada, por considerar que ‘LOS AGRAVIADOS’ tenían una vía judicial ordinaria, a saber, ponerse a derecho ante ‘EL AGRAVIANTE’, y luego, una vez que éste se pronunciara sobre la procedencia de la medida de privación judicial preventiva de libertad (es decir ¡dejarlos detenidos!), es que aquéllos podían ejercer el respectivo recurso de apelación” (Resaltado del escrito citado).

 

Que según el criterio de la Corte de Apelaciones “… los ‘AGRAVIADOS’, a pesar de haber sido sometidos a una ilegítima investigación penal llevada a sus espaldas por casi de 3 años (que no es otra cosa que un típico caso de TERRORISMO JUDICIAL), deben esperar a que se materialice la amenaza a su derecho a la libertad personal (¡lo que precisamente se buscaba evitar con la acción de amparo!), para entonces poder acceder a los medios recursivos y defensivos correspondientes. Este argumento expresado por ‘LA RECURRIDA’, además de representar un evidente contrasentido, se encuentra groseramente reñido con los principios, derechos y garantías constitucionales que integran el derecho a la libertad personal, el debido proceso y el derecho a la defensa; e igualmente, constituye un desacato a la jurisprudencia pacífica y reiterada de esta Honorable Sala Constitucional, tal como se expondrá infra” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… tal dislate jurídico expuesto por ‘LA RECURRIDA’, constituye una convalidación y reedición de las gravísimas injurias constitucionales causadas por ‘EL AGRAVIANTE’, las cuales sólo pueden ser conjuradas, de modo efectivo y urgente, por vía del proceso de amparo. Precisamente, Honorables Magistrados, es lo que esta representación pretende en el caso de autos”.

 

Indicó que “Contra esta ilegítima sentencia del Tribunal a quo constitucional, esta representación ejerció, tempestivamente, el presente recurso de apelación en fecha 25 de abril de 2018, cuyos fundamentos hoy se exponen ante esta Honorable Sala Constitucional” (Resaltado del escrito citado).

 

Precisado lo anterior, la recurrente denunció que “… ‘LA RECURRIDA’ infringió el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, puesto que aplicó indebidamente dicha disposición, a fin de declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo propuesta a favor de ‘LOS AGRAVIADOS’, contra las írritas órdenes de captura emitidas contra ellos, por ‘EL AGRAVIANTE’ (Resaltado del escrito citado).

 

En este sentido, indicó que “Dicha causal de inadmisibilidad no resultaba aplicable, en modo alguno, al caso sub lite, puesto que, dada la urgencia que amerita el presente caso, no existía ninguna vía judicial ordinaria y efectiva que pudiese ser agotada, previo al ejercicio de la precitada acción de amparo. Siendo así, debo denunciar, y así lo hago, que ‘LA RECURRIDA’ rechazó de modo irrazonable, la solicitud de tutela constitucional propuesta por esta representación, y por ende, lesionó flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva de ‘LOS AGRAVIADOS’, cristalizado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”

 

Adujo que “… la acción de amparo será inadmisible, cuando el accionante haya optado por ejercer directamente aquélla, sin haber agotado, previamente los recursos ordinarios de los cuales disponía”.

 

Que “… esta Sala ha establecido una excepción a tal supuesto, la cual habilita al justiciable accionar directamente por vía de amparo, sin necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios. En este sentido, en su sentencia nro. 1.496, del 13 de agosto de 2001 (caso: Gloria América Rangel Ramos), reiterada hasta la actualidad, esta Honorable Sala Constitucional …”

 

Que “… conforme a este último criterio constitucional, está plenamente justificada la proposición inmediata de la presente acción de amparo constitucional, sin haber agotado previamente los medios o recursos adjetivos ordinarios, cuando éstos resulten manifiestamente insuficientes para el restablecimiento del disfrute del derecho constitucional afectado”.

 

Así, adujo que “En el caso sub lite, tal como se indicó de forma expresa en el escrito de amparo, no era posible acceder a la vía ordinaria de impugnación, a saber, el recurso de apelación de autos, puesto que éste era de IMPOSIBLE ACCESO para los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y JOSÉ FRANCISCO MATEO, en los términos de la prenombrada sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia nro. 1.496, del 13 de agosto de 2001 (caso: Gloria América Rangel Ramos)” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… dado que actualmente se encuentras vigentes dos (2) inauditas, desproporcionadas e ilegítimas órdenes de aprehensión contra ‘LOS AGRAVIADOS’, a éstos le ha sido materialmente imposible acceder a las actas procesales, circunstancia que también ha impedido la juramentación de sus respectivos abogados defensores. Lo antes expuesto, aunado a la urgencia que amerita el caso sub lite, justificaba plenamente la proposición inmediata de la presente acción de amparo constitucional, sin haber agotado previamente los medios o recursos adjetivos ordinarios, por cuanto éstos, tal como se indicó supra, RESULTABAN MANIFIESTAMENTE INSUFICIENTES para el restablecimiento del disfrute del derecho constitucional afectado, a saber, la libertado personal” (Resaltado del escrito).

 

Que “… ‘LA RECURRIDA’ consideró, erróneamente, que ‘LOS AGRAVIADOS” tenían a su disposición una vía judicial ordinaria, a saber, ponerse a derecho ante ‘EL AGRAVIANTE’, y luego, una vez que éste se pronunciara sobre la procedencia de la medida de privación judicial preventiva de libertad (es decir ¡dejarlos detenidos!), es que aquéllos podían ejercer el respectivo recurso de apelación”.

 

Que “… según lo expuesto en la sentencia hoy impugnada, ‘LOS AGRAVIADOS’, a pesar de haber sido sometidos a una ilegítima investigación penal a sus espaldas por casi de 3 años (que no es otra cosa que un típico caso de terrorismo judicial), debían esperar a que se materializara la amenaza a su derecho a la libertad personal ¡lo que precisamente se buscaba evitar con la acción de amparo!, para entonces poder acceder a los medios recursivos y defensivos correspondientes. Este argumento expresado por ‘LA RECURRIDA’, además de representar un evidente contrasentido, se encuentra groseramente reñido con los principios, derechos y garantías constitucionales que integran el debido proceso; e igualmente, constituye un desacato al criterio establecido por esta Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia nro. 1.496, del 13 de agosto de 2001 (caso: Gloria América Rangel Ramos)” (Resaltado del escrito citado).

 

Indicó que “… del razonamiento expuesto por ‘LA RECURRIDA’, se desprende que, en su criterio, las órdenes de aprehensión no están sometidas, de ninguna manera, al control judicial, y por tanto, no pueden ser impugnadas o recurridas. Ello, a la luz de lo dispuesto en los artículos 25, 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, resulta a todas luces desacertado, puesto que no puede existir ningún acto del Poder Público ajeno al control judicial, máxime cuando se trata de actos que encierran flagrantes vulneraciones a los derechos y garantías constitucionales de una persona sometida a una persecución penal”.

 

Que “Tal dislate jurídico expuesto por ‘LA RECURRIDA’, lo que constituyó, en realidad, fue una grosera y escandalosa reedición de las gravísimas injurias constitucionales causadas por ‘EL AGRAVIANTE’, las cuales sólo podían ser conjuradas, de modo efectivo y urgente, por vía del proceso de amparo”.

 

Que “… contrariamente a lo señalado por ‘LA RECURRIDA’, no operaba aquí la causal de inadmisibilidad descrita en el artículo 6 (numeral 5) de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

 

Siendo así, alegó que “… resulta evidente que este ilegítimo proceder de la Sala 3º de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, vulneró flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y JOSÉ FRANCISCO JUARISTI MATEO (en su vertiente del derecho al acceso al proceso), consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que constituyó un rechazo irrazonable de una pretensión de amparo, al estar fundamentado en una errónea aplicación del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales” (Resaltado del escrito citado).

 

En segundo lugar, denunció la vulneración del orden público constitucional, indicando al respecto lo siguiente:

 

Que “… en el caso de autos se está en presencia de una grosera infracción al orden público constitucional, y así lo denuncio, por cuanto ‘LA RECURRIDA’, en su sentencia del 24 de abril de 2018, convalidó dos (2) órdenes de aprehensión emitidas de forma desproporcionada, el 9 de febrero de 2018, por ‘EL AGRAVIANTE’, en el marco de una investigación penal seguida a espaldas de ‘LOS AGRAVIADOS’ por casi tres (3) años, en franca contradicción al derecho a la libertad, al debido proceso y al derecho a la defensa de éstos, consagrados en los artículos 44.1 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente”.

 

Que “Tal como lo estableció esta Honorable Sala Constitucional en su sentencia nro. 2.807, del 14 de noviembre de 2002 (caso: Hugo Roldán Martínez Páez), el orden público constitucional está conformado por una serie de principios e instituciones cristalizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas finalidades esenciales son, básicamente, inspirar la creación, interpretación y aplicación razonable del ordenamiento jurídico; así como garantizar el buen funcionamiento de las relaciones entre los particulares y el Estado, en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… las finalidades antes descritas cobran especial relevancia en el ámbito del proceso penal, por cuanto uno de los cometidos esenciales de este último es estructurar, regular y materializar los procedimientos para la aplicación de la pena al infractor, esto es, el poder punitivo del Estado (ius puniendi), a fin de darle una solución racional e institucionalizada al conflicto social generado por la comisión del hecho punible. A mayor abundamiento, la aplicación del ius puniendi (o criminalización secundaria), constituye la forma más poderosa de intervención del Estado en la esfera de los particulares, a saber, en su libertad personal. Por esta razón, las normas del proceso penal deben interpretarse y aplicarse con estricta sujeción a los principios, derechos y garantías constitucionales, y por ende, cualquier actuación de los órganos del sistema penal que incurra en infracción de aquéllas, inexorablemente estará viciada de nulidad absoluta, tal como lo disponen los artículos 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, con arreglo a esta última disposición, serán nulidades absolutas, entre otras, aquellas que impliquen la inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales, previstos en dicha ley adjetiva penal, en la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. En íntima conexión con esta norma, se encuentra el artículo 180 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual la declaratoria de nulidad de un acto procesal, conlleva la de los actos consecutivos que del mismo emanaren o dependieren” (Resaltado del escrito citado).

 

Afirmó que “… ‘LA RECURRIDA’ vulneró flagrantemente el contenido esencial del derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que convalidó, de forma grotesca, el ilegítimo proceder del Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”.

 

Que “… ‘LA RECURRIDA’, en su sentencia del 24 de abril de 2018, reeditó dicha infracción constitucional, al considerar legítima, la emisión de unas órdenes de aprehensión manifiestamente desproporcionadas, aunado a que éstas fueron el fruto de una persecución penal (que no es otra cosa que un grosero terrorismo judicial) llevada a espaldas de ‘LOS AGRAVIADOS’ ¡por casi tres (3) años!, en la cual se practicaron diversas diligencias de investigación, sin que aquéllos supieran de su existencia”.

 

Alegó que “Su deber como Juez Constitucional, era ejercer el Control Externo sobre las ilegítimas órdenes de aprehensión emitidas contra ‘LOS AGRAVIADOS’, dada la grave y escandalosa violación al derecho a la libertad personal que aquéllas encerraban. Por tanto, al no hacerlo, convalidó y reeditó la lesión al derecho a la libertad personal de aquéllos” (Resaltado del escrito citado).

 

Indicó que “… esta Honorable Sala Constitucional ha señalado de forma pacífica y reiterada que, excepcionalmente, el Juez de Amparo está habilitado para ejercer el denominado Control Externo sobre toda orden judicial que autorice (con una finalidad cautelar) la restricción del derecho a la libertad personal (ver sentencias 1.998 del 22 de noviembre de 2006, caso: Jesús Rafael Bonaffina Corvos; 2.046 del 5 de noviembre de 2007, caso: Milagros Coromoto De Armas de Fantes; y 492 del 1 de abril de 2008, caso: Diana Carolina Mora Herrera, entre otras). Dicho Control Externo se traduce en supervisar que el acto jurisdiccional que acuerde cautelarmente la restricción de la libertad personal -dentro de este catálogo se ubica, lógicamente, la orden de aprehensión-, se sustente en una motivación fundada, razonada y proporcional, en otras palabras; que haya sido dictada de forma fundada, razonada, completa y acorde con los fines del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, concretamente, constatando si los fundamentos de la decisión son SUFICIENTES (es decir, si se han plasmado los presupuestos que autorizan y justifican la medida), RAZONADA (esto es, la expresión del proceso lógico que individualiza la aplicación de las exigencias constitucionales al caso concreto) y PROPORCIONADA (a saber, si se han ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para la libertad), neutralizando así cualquier posibilidad de que tal orden judicial sea dictada bajo el manto de la arbitrariedad” (Resaltado del escrito citado).

 

Señaló que lo pretendido con la acción de amparo intentada contra las órdenes de aprehensión, era “… cuestionar legitimidad constitucional de aquéllas, a la luz de las previsiones del antes mencionado Control Externo, entendido éste como una facultad legítima de todos los jueces de amparo, reconocida, expresamente, por esta Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “Uno de los aspectos que pueden ser objeto de revisión mediante el Control Externo, es el referido al cumplimiento del requisito de la Proporcionalidad de la orden de aprehensión” (Resaltado del escrito citado).

 

            Que “… dentro de tal noción de ORDEN JUDICIAL, se encuentran arropados, en primer lugar, la decisión del Juez de Control que resuelve la petición fiscal de una medida de privación judicial preventiva de libertad, así como la orden de aprehensión que se expide como consecuencia de ello (primer aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal), y en segundo lugar, la decisión dictada al finalizar la audiencia de presentación del imputado, en la que se resuelve mantener la medida privativa de libertad impuesta (segundo aparte de la mencionada disposición). Por tanto, resulta válido afirmar que dichas órdenes judiciales, denotan la existencia de una tensión entre el derecho a la libertad personal y la necesidad irrenunciable de una persecución penal efectiva” (Resaltado del escrito citado).

 

Adujo que “…  Toda orden judicial que de forma desproporcionada, autorice la restricción cautelar de la libertad personal, será violatoria del artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia, podrá ser revisada por el Juez de Amparo, por vía del denominado Control Externo” (Resaltado del escrito citado).

 

En este sentido, alegó que “En el caso de autos, se denunció ante ‘LA RECURRIDA’, que las órdenes de aprehensión dictadas por ‘EL AGRAVIANTE’, resultaban absolutamente desproporcionadas, en los términos descritos en los párrafos anteriores, y por tanto, amenazan manifiestamente el derecho a la libertad personal de ‘LOS AGRAVIADOS’, de allí que a todas luces podían y debían ser revisadas en sede de amparo, por vía del control externo, tal como debidamente se peticionó en la acción de amparo declarada inadmisible por el Tribunal a quo constitucional” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… de la simple lectura del texto de dichas órdenes de aprehensión, se advierte que éstas carecen de la más mínima ponderación de los derechos e intereses en conflicto, del modo menos gravoso para la libertad. Es decir, resulta evidente que en ambos actos jurisdiccionales, ‘EL AGRAVIANTE’ no articuló un mínimo razonamiento, que expresara la valoración de los tres (3) sub-principios que conforman al principio rector de proporcionalidad, de cara al caso aquí juzgado. Por el contrario, dicho órgano jurisdiccional expidió tales órdenes, con total y cuestionable ligereza, comportándose como un simple y mero tramitador de la solicitud fiscal. Es el caso, que tan ilegítimo comportamiento de ‘LA AGRAVIANTE’, fue convalidado, e incluso, reeditado, por la Corte de Apelaciones, en su ilegítima sentencia del 24 de abril de 2018, hoy recurrida” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… la Corte de Apelaciones no tomó en cuenta, y por tanto, no examinó, que ‘EL AGRAVIANTE’ no expresó en dichas órdenes de aprehensión, al menos mínimamente, por qué la privación preventiva de libertad de los ‘AGRAVIADOS’, era útil o idónea para garantizar las resultas del proceso incoado injusta, temeraria e infundadamente contra éstos”.

 

Afirmó que “… ‘LA RECURRIDA’ tampoco tomó en consideración, que ‘EL AGRAVIANTE’ irrespetó el sub-principio de necesidad, ya que a pesar de la inocencia de ‘LOS AGRAVIADOS’, ordenó, de forma precipitada y apresurada, la privación preventiva de éstos, sin expresar (al menos mínimamente), las razones por las cuales consideró que otras medidas de coerción personal menos gravosas, resultaban insuficientes para salvaguardar los fines de las medidas de coerción personal, y en general, del proceso penal (evitar la sustracción del imputado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva). En otras palabras, ‘EL AGRAVIANTE’, pudiendo haber conseguido tales fines con unas medidas sustitutivas, prefirió, de buenas a primeras y sin necesidad ni justificación alguna, hacer uso de la privación preventiva de libertad como primera vía, no obstante que esta medida, tal como se indicó supra, debe ser siempre la última ratio. Ello fue debidamente planteado en la acción de amparo, pero es el caso que ‘LA RECURRIDA’ no se tomó la mínima molestia de analizar tan patente violación al derecho a la libertad personal, y por tanto, al orden público constitucional”.

 

Que “… actuando bajo un automatismo ciego, ‘LA RECURRIDA’ optó por declarar inadmisible la acción de amparo, como una salida cómoda y descuidada, para evadir el cuestionamiento de la gravedad de la lesión constitucional causada por ‘EL AGRAVIANTE’.

 

Que “… ante ‘LA RECURRIDA’ se denunció expresamente, mediante la acción de amparo, que de la lectura de las escuetas órdenes de aprehensión hoy accionadas, se advertía con meridiana claridad que ‘EL AGRAVIANTE’ no expresó en modo alguno, y por tanto, no llevó a cabo, una juicio de ponderación de los intereses en juego en el caso sub lite, que reflejara el por qué el sacrificio de la libertad individual de ‘LOS AGRAVIADOS’, resultaba, en su criterio, proporcional con la importancia del interés estatal que se pretende tutelar en el presente proceso penal. Es el caso, que dicha ponderación tampoco fue articulada ni plasmada por ‘EL AGRAVIANTE’, al menos mínimamente, en las antes mencionadas órdenes de aprehensión. Ello denota, de modo indubitable, la ligereza y falta de mesura con la que procedió, al momento de acordar la restricción de ¡LA LIBERTAD PERSONAL! de ‘LOS AGRAVIADOS”.

 

En este orden de ideas, alegó que “Desde la perspectiva constitucional ¿era realmente imprescindible y legítimo privar de libertad a éstos? Obviamente ‘EL AGRAVIANTE’ no se tomó la molestia de responder tal interrogante; por el contrario, procedió a expedir, bajo un automatismo ciego, dos (2) órdenes de captura que, a ciencia cierta, no guardan correspondencia con la gravedad de los delitos que injustamente se le atribuyen a ‘LOS AGRAVIADOS’ (todos ellos menos graves), ni con las supuestas e imaginarias circunstancias en que éstos se cometieron. Insistimos, ambos son absolutamente inocentes de las falsas imputaciones que ‘LA DENUNCIANTE’ pretende verter sobre ellos, puesto que no existe, ni puede existir, ningún elemento objetivo de criminalidad, del cual se pueda derivar un reproche de culpabilidad contra ellos, y que por ende, justifique la expedición de una orden judicial restrictiva de su libertad personal. Del mismo modo, lo escueto de las órdenes de aprehensión dictadas contra éstos, denotan, igualmente, que ‘EL AGRAVIANTE’ tampoco elaboró una evaluación sobre el quantum de la pena probable (que en el presente caso no era alta), y cómo ello podía incidir en la procedencia de la privación preventiva de libertad de ‘LOS AGRAVIADOS’.

 

Así, señaló que “… en el presente caso, el empleo de la privación preventiva de libertad contra ‘LOS AGRAVIADOS’, acordada el 9 de febrero de 2018, lejos de perseguir una finalidad cautelar, lo que busca, en realidad, es habilitar un castigo o pena anticipada contra éstos (a pesar de que ambos se encuentran amparados por el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 49.2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), todo lo cual resulta repugnante a la finalidad constitucional de las medidas de coerción personal, y en específico, al contenido del artículo 44.1 eiusdem, ya que ‘EL AGRAVIANTE’ habilitó, de forma ilegítima y precipitada, la restricción de su libertad personal o ambulatoria, en contravención a los postulados del sagrado principio de proporcionalidad, en abierto desacato al criterio reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sus sentencias sentencias 1.998, del 22 de noviembre de 2006, caso: Jesús Rafael Bonaffina Corvos; 2.046, del 5 de noviembre de 2007, caso: Milagros Coromoto De Armas de Fantes; y 492, del 1 de abril de 2008, caso: Diana Carolina Mora Herrera, entre otras”.

 

Que “… tal amenaza al derecho a la libertad personal de ‘LOS AGRAVIADOS’ interesa al ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL (y por tanto, su tutela aquí debió –y debe- ser urgente y reforzada), según el criterio asentado por esta Honorable Sala Constitucional, en su sentencia nro. 843, del 11 de mayo de 2005 (caso: Miguel Ángel Reyes Sosa), en la cual se estableció lo siguiente: (omissis) (Resaltado del escrito citado)”.

 

Adujo que en virtud de lo anterior, es por lo que “… se acudió a la vía del amparo constitucional, a fin de censurar, desde la perspectiva constitucional, las órdenes de aprehensión números 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, dictadas por ‘EL AGRAVIANTE’, mediante las cuales se autorizó la restricción de la libertad personal de ‘LOS AGRAVIADOS’, irrespetando, de forma escandalosa, el principio de proporcionalidad; siendo que tales órdenes constituyen una grosera extralimitación de atribuciones, que generó una flagrante amenaza a su derecho a la libertad personal” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… contrariamente a lo señalado por el Tribunal a quo constitucional, dicha acción de amparo sí resultaba, a todas luces, admisible y procedente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, máxime cuando el derecho a la libertad personal es de eminente orden público, tal como se indicó anteriormente” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… ‘LA RECURRIDA’ infringió el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no activar (debiendo hacerlo) el control externo sobre las órdenes de aprehensión dictadas contra ‘LOS AGRAVIADOS’, y por tanto, al omitir el examen de su legitimidad constitucional conforme a dicho control. Es el caso, que las prenombradas órdenes de aprehensión eran manifiestamente contrarias al contenido del derecho a la libertad personal, por cuanto resultaban absolutamente desproporcionadas. Ello debía obligatoriamente ser controlado por el Tribunal a quo constitucional, al momento de examinar la acción de amparo y las denuncias en él planteadas” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… al declarar inadmisible dicha solicitud de tutela constitucional, ‘LA RECURRIDA’ reeditó la mentada lesión al derecho a la libertad personal ocasionada a ‘LOS AGRAVIADOS’, circunstancia que invalida, totalmente, su sentencia del 24 de abril de 2018, hoy impugnada en apelación”.

 

Por otra parte, alegó la recurrente que “… ‘LA RECURRIDA’ infringió el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que al declarar inadmisible la acción de amparo propuesta -en primer grado de jurisdicción-, convalidó unas órdenes de aprehensión que fueron el fruto de una investigación penal en la cual ‘LOS AGRAVIADOS’ estaban en un grosero estado de indefensión, ya que dicha investigación se ha llevado por casi ¡tres (3) años! a espaldas de aquéllos. Es decir, a pesar de que en el amparo se denunciaron una serie de patentes y escandalosas lesiones a varias disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que por tanto interesan al orden público constitucional, ‘LA RECURRIDA’ optó por desechar la solicitud de amparo sometida a su consideración”.

 

En este orden de ideas, señaló que “… ‘LOS AGRAVIADOS’ han estado injustamente sometidos a una clandestina investigación penal desde el año 2105 (oportunidad en la cual ‘LA DENUNCIANTE’ formuló su denuncia ante el Ministerio Público), en el expediente nro. MP-98797-2015, llevado por la Fiscalía Sexagésima Primera (61º) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, y es el caso que, hasta la presente fecha, nunca han sido notificados y/o citados, a los efectos de comparecer a ese despacho fiscal para ser entrevistados, sea en calidad de testigos o de imputados. Es decir, ‘LOS AGRAVIADOS’ nunca han sido notificados de la existencia de dicha investigación, ni mucho menos de los cargos por los cuales se les investiga; por el contrario, han estado sujetos a una furtiva investigación, llevada totalmente a sus espaldas. De este modo, no fue sino hasta el 22 de marzo de 2018, cuando se enteraron de aquélla, al leer ¡UNA NOTA DE PRENSA EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL!, en la cual se reseñaba la expedición de dos (2) órdenes de captura en su contra, por parte de ‘EL AGRAVIANTE” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… En la acción de amparo se denunció, que ‘EL AGRAVIANTE’, lejos de cumplir función contralora de la actuación del Fiscal del Ministerio Público, lo que hizo fue avalar y reeditar el cuestionable -y sospechoso- comportamiento de este último, al expedir, furtivamente, dos (2) órdenes de aprehensión -solicitadas por la representación fiscal- contra ‘LOS AGRAVIADOS’, en absoluto desprecio del sagrado derecho a la defensa que a éstos les reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre esta materia”.

 

Que “Esta deleznable violación al debido proceso y al derecho a la defensa, fue convalidada por el Tribunal a quo constitucional, en su sentencia del 24 de abril de 2018, puesto que, a pesar de tratarse de una lesión que interesa al orden público constitucional, prefirió, cómodamente, rechazar la acción de amparo, bajo el fatuo y errado argumento de que ‘LOS AGRAVIADOS’ tenían a su disposición una vía judicial ordinaria, que ‘debieron agotar’ antes de acudir al amparo”.

 

Así, indicó que “… esta Honorable Sala Constitucional, en innumerables decisiones, ha establecido de forma pacífica y reiterada, que toda violación al debido y al derecho a la defensa, especialmente en el ámbito penal, interesa al ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL, y por tanto, su examen resulta obligatorio para el Juez de Amparo” (Resaltado del escrito citado).

 

En este sentido, invocó las sentencias 1.127/2005, del 3 de junio de 2005; 1.303/2005, del 20 de junio; 429/2011, del 5 de abril; y 668/2016, del 1 de agosto, todas de esta Sala.

 

Que de conformidad con dichas sentencias “…toda lesión del debido proceso y del derecho a la defensa en sede jurisdiccional y, especialmente en el ámbito penal, configura un atentado contra el ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL. Lo anterior responde a que el debido proceso sujeta la creación, aplicación y desarrollo de los procedimientos judiciales, a los principios, valores y normas contenidas en la Constitución. Desde esta perspectiva, el debido proceso es el epicentro de la regulación constitucional de la actividad judicial, que permite canalizar esta última hacia la realización de la Justicia, entendida ésta como un valor superior del actual modelo de Estado venezolano, delineado en el artículo 2 del Texto Constitucional. Así pues, resulta incuestionable la relevancia ético-política que posee el debido proceso, ya que éste constituye una garantía esencial para el buen funcionamiento de las relaciones entre el Estado y los particulares dentro del sistema de justicia” (Resaltado del escrito citado).

 

Que “… ‘LA RECURRIDA’ convalidó las órdenes de aprehensión expedidas, de modo clandestino, por ‘EL AGRAVIANTE’, en el transcurso de una investigación llevada a espaldas de ‘LOS AGRAVIADOS”.

 

Que “Tal como se denunció en la acción de amparo, ‘LOS AGRAVIADOS’ desconocían la existencia de dicha causa penal, instruida en su contra por el Ministerio Público. Por tal motivo, aquéllos no han podido ejercer ninguna de las facultades defensivas antes descritas y que se derivan del derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En específico, no han tenido oportunidad alguna de oponerse a la persecución penal, ni solicitar la práctica de diligencias de investigación tendientes a reafirmar su estado de inocencia, ni mucho menos de cuestionar las medidas de coerción personal y real emitidas contra sus personas y sus bienes”.

 

Que “LA RECURRIDA’ no sólo ha reeditado este estado de indefensión existente desde el principio de la mentada investigación, sino que, mucho más grave, lo maximizó exponencialmente al convalidar las precitadas órdenes de captura, las cuales fueron expedidas de modo furtivo y sorpresivo, contra ‘LOS AGRAVIADOS’, limitando abusivamente a éstos, el libre ejercicio de los medios o recursos procesales que la ley pone a su disposición para hacer valer sus derechos, derivadas del artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello, sin lugar a dudas, se trata de una grotesca arbitrariedad imputable directamente a ‘LA RECURRIDA’, que ha consolidado el estado de indefensión en que se encuentran ‘LOS AGRAVIADOS’, y que sólo puede ser conjurado de modo efectivo mediante el presente recurso de apelación”.

 

Que “En el caso de autos, concurrieron cabalmente los dos elementos característicos de la indefensión (…), por cuanto, por una parte, la lesión constitucional al derecho a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS’ era imputable directamente al ‘AGRAVIANTE’, y en segundo lugar, el comportamiento de este último les privó de cualquier posibilidad de utilizar los medios legales para hacer valer su defensa, frente a la persecución penal instaurada, de modo clandestino, en su contra”.

 

En este orden de ideas, adujo que “… resulta absolutamente censurable desde la perspectiva constitucional, que tales órdenes de aprehensión hayan sido el fruto de una investigación de cuya existencia desconocían los encartados. Por ello, el deber de ‘LA RECURRIDA’, de cara a la salvaguarda del derecho a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS’, era censurar la omisión de ‘EL AGRAVIANTE’ de negarle al Ministerio Público la expedición de dichas órdenes. Al no hacerlo, mantuvo la situación de incertidumbre y desamparo en que se encuentran ‘LOS AGRAVIADOS’, frente a la avasallante y descontrolada persecución penal que, en el caso de autos, ha sido activada contra ellos”.

 

Que “… ‘LA RECURRIDA’ no tomó en consideración el modo clandestino en que fueron expedidas las órdenes de aprehensión contra ‘LOS AGRAVIADOS’, lo cual colocó a éstos en una situación de desigualdad procesal frente al Ministerio Público, puesto que, al haberse neutralizado cualquier posibilidad de defensa a aquéllos, se apuntaló, injustificadamente, la posición de poder y ventaja con la que ha contado el Fiscal desde el inicio de la investigación. Lejos de garantizar el equilibrio y equidistancia entre el Ministerio Público y ‘LOS AGRAVIADOS’, el Juzgado de Control accionado se limitó a favorecer, mediante unas arbitrarias órdenes de aprehensión, una furtiva investigación penal, en la que el único e indiscutible protagonista ha sido el Fiscal, quien ha actuado de forma cómoda y descontrolada, en la fabricación de una serie de elementos de convicción falsos, con los que se pretende construir un estado de sospecha artificial contra los encartados. Se trata así, de una circunstancia que abona en la violación del derecho a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS”.

 

Que “Tan grosera violación al orden público constitucional, no fue atendida ni cuestionada, en modo alguno, por ‘LA RECURRIDA’, a pesar de que ello era su deber como Juez de Amparo”.

 

Que “… al declarar inadmisible la solicitud de tutela constitucional impetrada contra las mencionadas órdenes de aprehensión, sin lugar a dudas, reeditó la mentada lesión al debido proceso y al derecho a la defensa de ‘LOS AGRAVIADOS’ (y por tanto, al ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL), circunstancia que invalida, totalmente, su sentencia del 24 de abril de 2018, hoy recurrida en apelación” (Resaltado del escrito citado).

 

Con base en lo anterior, la recurrente hizo los siguientes pedimentos:

 

“PRIMERO: Que el presente recurso de apelación sea ADMITIDO y SUSTANCIADO conforme a derecho.

 

SEGUNDO: Se declare CON LUGAR el presente recurso de apelación y, en consecuencia, se ANULE la sentencia dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala 3º de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta contra las órdenes de aprehensión números 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, emitidas por el Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal.

 

TERCERO: A todo evento, en el supuesto de que esta Honorable Sala tenga a bien estimarlo, solicito que el presente asunto se tramite como de MERO DERECHO, se prescinda de la audiencia constitucional y se declare la PROCEDENCIA IN LIMINE LITIS de la presente acción de amparo, conforme al criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia nro. 993, del 16 de julio de 2013 (caso: Daniel Guédez Hernández y otros), y en consecuencia, declare la NULIDAD ABSOLUTA de las órdenes de aprehensión números 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, emitidas por el Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, contra los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y JOSÉ FRANCISCO JUARISTI MATEO, así como de cualesquiera otros actos anteriores, contemporáneos o consecutivos a los que la nulidad se extienda por su conexión con las precitadas órdenes de aprehensión.

 

CUARTO: Se decrete, como MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, la suspensión de efectos de la sentencia dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala 3º de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; así como de las órdenes de aprehensión 011-2018 y 012-2018, ambas emitidas por el Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal el 9 de febrero de 2018, contra los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y JOSÉ FRANCISCO JUARISTI MATEO”.

 

IV

 

DE LA SENTENCIA APELADA

 

La sentencia dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas estableció lo siguiente:

“Observa esta Sala que los ciudadanos CLAUDIA MORCELLE RAMOS y JORGE ENRIQUE NÚÑEZ SÁNCHEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 76.511 y 105.838, respectivamente, aducen en su escrito contentivo de la acción de amparo actuar a favor de los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y JOSÉ FRANCISCO JUARISTI MATEO, contra quienes el Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, libró órdenes de aprehensión el 9 de febrero de 2018, por los delitos de ESTAFA, USO DE DOCUMENTO FALSO O ALTERADO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS, USURPACIÓN DE IDENTIDAD y FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, contentivo en el proceso originario distinguido con el número 3ºC-S-610-17 nomenclatura del identificado Juzgado, que hoy día no han sido ejecutadas, invocando para acreditar su legitimidad el contenido de la sentencia Nº 412 del 8 de marzo de 2002, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Luis Reinoso.

 

La citada sentencia, con ponencia del ciudadano Magistrado Dr. Antonio García García, en su parte motiva afirmó –entre otros- lo siguiente:

 

(omissis)

 

En estricto acatamiento al criterio plasmado en la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y con vista a la revisión efectuada por esta Sala al libelo contentivo de la acción de amparo ejercitada, se desprende que su objetivo se centra en la presunta violación de los derechos a la libertad y seguridad personal de los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y FRANCISCO JOSÉ JUARISTI MATEO, titulares de las cédulas de identidad números V-10.447.305 y 10.447.306, respectivamente, por lo cual en principio los ciudadanos CLAUDIA MORCELLE RAMOS y JORGE ENRIQUE NÚÑEZ SÁNCHEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 76.511 y 105.838, respectivamente, tienen legitimidad.

 

Ahora bien, la acción de amparo es presentada contra dos (2) órdenes de aprehensión libradas por el Jugado Tercero (3º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, previa solicitud del titular del ejercicio de la acción penal, que hasta la presente fecha no se han ejecutado, lo que conlleva a que en el proceso penal originario los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y JOSÉ FRANCISCO JUARISTI MATEO, no han designado Defensor a tenor de lo previsto en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que no han comparecido espontáneamente ni han sido aprehendidos por los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano.

 

Dentro de las facultades del Ministerio Público como titular de la acción penal, está la de solicitar al órgano jurisdiccional una orden de aprehensión, de manera motivada, cuyo único objetivo es ubicar, detener y presentar al justiciable ante su juez natural, para así garantizar el derecho inalienable de ser oído, debidamente asistido por su defensor, siendo obligación del órgano jurisdiccional constatar la concurrencia de las exigencias del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, para decretar o no la orden, lo que conlleva en el primer supuesto, el decreto de la medida de privación judicial preventiva de libertad.

 

En razón de lo anterior, las órdenes de aprehensión fueron autorizadas por el Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, conforme al postulado constitucional inserto en el artículo 44 numeral 1 y con fundamento a lo previsto por el legislador en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

(…)

 

En armonía con lo parcialmente transcrito, debe afirmarse que en el caso bajo estudio, una vez ejecutada la orden de aprehensión, el aprehendido tiene derecho a designar un defensor o bien solicitar se provea de un defensor público, para que sea oído y una vez, imputado podrá hacer uso pleno del derecho a la defensa sin ningún menoscabo, correspondiéndole al Juez conforme los argumentos de las partes, previa verificación de las actuaciones y en uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, en la audiencia prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad o sustituirla.

 

Si el órgano jurisdiccional, estima procedente mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, el imputado podrá de acuerdo a las previsiones insertas en el sistema recursivo que rige el proceso penal e inserto en el Libro Cuarto, Título III De la Apelación, dentro de los cinco días de despacho siguientes a la respectiva decisión, hacer uso de la doble instancia, donde podrá realizar las denuncias que estime pertinentes y que abarcaron tanto la orden de aprehensión como el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad, siendo este el medio idóneo y efectivo previsto en el ordenamiento jurídico penal.

 

Así las cosas, deviene que al existir recurso de apelación de autos, que puede hacerse efectivo una vez que ejecuten las órdenes de aprehensión libradas por el Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contra los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y JOSÉ FRANCISCO JUARISTI MATEO, titulares de las cédulas de identidad números V-10.447.305 y V-10.447.306, lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR INADMISIBLE la acción de amparo propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y ASÍ SE DECIDE” (Resaltado del fallo citado).

 

V

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 A los fines de delimitar el objeto de la presente controversia y revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, se observa que el recurso de apelación ha sido interpuesto por abogada Claudia Morcelle Ramos, actuando a favor de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo, contra la sentencia dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala nro. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por dicha profesional del derecho, contra las órdenes de aprehensión identificadas con los números 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, expedidas contra tales ciudadanos por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión del proceso penal que se les sigue por la presunta comisión de los delitos de de estafa, uso de documento falso o alterado, forjamiento de documentos, usurpación de identidad y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados en los artículos 462, 322, 319 y 320 del Código Penal, respectivamente.

 

En el escrito contentivo de la acción de amparo, la parte actora denunció la vulneración de los derechos a la libertad personal y a la defensa, consagrados en los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ya que, según la parte actora, dicho órgano judicial dictó contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo unas órdenes de aprehensión totalmente desproporcionadas, en el marco de una investigación penal que se les ha seguido a sus espaldas desde el año 2015 y de la cual apenas tuvieron conocimiento el 22 de marzo de 2018, mediante una nota de prensa publicada en un medio de comunicación digital.

 

Por su parte, la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión del 24 de abril de 2018, declaró inadmisible la acción de amparo propuesta, al considerar que ésta “… es presentada contra dos (2) órdenes de aprehensión libradas por el Jugado Tercero (3º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, previa solicitud del titular del ejercicio de la acción penal, que hasta la presente fecha no se han ejecutado, lo que conlleva a que en el proceso penal originario los ciudadanos VICENTE JUARISTI  MATEO y JOSÉ FRANCISCO JUARISTI  MATEO, no han designado Defensor a tenor de lo previsto en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal, dado que no han comparecido espontáneamente ni han sido aprehendidos por los cuerpos de seguridad del Estado Venezolano”.

 

En este sentido, el a quo constitucional afirmó que “… en el caso bajo estudio, una vez ejecutada la orden de aprehensión, el aprehendido tiene derecho a designar un defensor o bien solicitar se provea de un defensor público, para que sea oído y una vez, imputado podrá hacer uso pleno del derecho a la defensa sin ningún menoscabo, correspondiéndole al Juez conforme los argumentos de las partes, previa verificación de las actuaciones y en uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, en la audiencia prevista en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad o sustituirla. Si el órgano jurisdiccional, estima procedente mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, el imputado podrá de acuerdo a las previsiones insertas en el sistema recursivo que rige el proceso penal e inserto en el Libro Cuarto, Título III De la Apelación, dentro de los cinco días de despacho siguientes a la respectiva decisión, hacer uso de la doble instancia, donde podrá realizar las denuncias que estime pertinentes y que abarcaron tanto la orden de aprehensión como el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad, siendo este el medio idóneo y efectivo previsto en el ordenamiento jurídico penal”.

 

Para fundamentar el recurso de apelación ejercido, la parte accionante -hoy recurrente- adujo que en la sentencia dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, se aplicó indebidamente la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y por tanto, incurrió en un rechazo irrazonable de la pretensión de amparo. Asimismo, alegó que la Corte de Apelaciones, con dicho fallo, reeditó las afectaciones a los derechos a la libertad personal y a la defensa que ocasionó el Juzgado de Control señalado como agraviante.

 

Precisado lo anterior, debe esta Sala pasar a analizar si la sentencia recurrida se encuentra o no ajustada a derecho, y a tal efecto se observa:

 

En primer lugar, en cuanto al alegato esgrimido por la recurrente en sus fundamentos de la apelación, referido a que la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas aplicó indebidamente el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se observa que, efectivamente, ésta invocó dicha causal de inadmisibilidad, aduciendo para ello que los agraviados debían comparecer ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de dicho Circuito Judicial Penal, a fin de designar y juramentar a su respectiva defensa, oportunidad en al cual, además, se evaluaría la ratificación o no de la medida de privación judicial preventiva de libertad contra ellos. Asimismo, estimó que los agraviados, antes de acudir a la vía del amparo, debieron agotar previamente el recurso de apelación, contra la eventual decisión privativa de libertad que emitiera el referido juzgado de control. Incluso, invocó el criterio vinculante establecido por esta Sala en sentencia N° 1.381 del 30 de octubre del 2009, por el cual es procedente la expedición de una orden de aprehensión contra una persona, sin necesidad de que ésta haya sido imputada previamente.

 

Efectivamente, esta Sala ha establecido de forma pacífica y reiterada que, por regla general, la proposición directa de la acción de amparo contra una orden de aprehensión, da lugar a la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que existe una vía judicial ordinaria que debe ser agotada, previamente al amparo, como lo es el recurso de apelación de autos, contemplado en el artículo 439.4 del Código Orgánico Procesal Penal (ver sentencia N° 540 del 6 de julio del 2016, entre otras).

 

En el caso de autos, la recurrente alegó que dadas las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean la pretensión de amparo, el recurso de apelación de autos era un medio insuficiente para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, lo cual justificaba plenamente el ejercicio directo de la acción de amparo. Para sustentar tal aserto, indicó que en el caso sub iudice  no era posible acceder al recurso de apelación de autos, como vía de impugnación ordinaria, ya que para el momento de la interposición del amparo pesaban dos órdenes de aprehensión sobre los agraviados, expedidas en una investigación desplegada a sus espaldas por casi tres años, situación que les impedía acceder a las actas procesales y juramentar a sus abogados defensores. Según la recurrente, la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones erró al declarar inadmisible la acción de amparo, ya que, según ésta, los agraviados debían ponerse a derecho para entonces acceder a los medios recursivos y defensivos correspondientes, lo cual, según la impugnante, en la praxis conllevaría a la materialización de la amenaza al derecho a la libertad personal de los agraviados, que precisamente fue lo que se pretendió evitar con la acción de amparo.

 

Visto lo anterior, esta Sala advierte que en el presente caso los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y José Francisco Juaristi Mateo no se encuentra a derecho, en virtud de que en su contra, el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas dictó órdenes de aprehensión, identificadas con los números 011-2018 y 012-2018, respectivamente, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, las cuales no se ha hecho efectiva.

 

Ahora bien, la falta de estadía a derecho, que debe ser considerada como una conducta contumaz o de rebeldía para afrontar la justicia venezolana, trae como consecuencia que el proceso penal seguido contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y José Francisco Juaristi Mateo (por la presunta comisión de los delitos de de estafa, uso de documento falso o alterado, forjamiento de documentos, usurpación de identidad y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados en los artículos 462, 322, 319 y 320 del Código Penal, respectivamente) se encuentre actualmente suspendido, circunstancia que impide que el órgano jurisdiccional que conocen del referido proceso penal puedan resolver o decidir peticiones de los mencionados ciudadanos.

 

En tal sentido, esta Sala Constitucional comparte el criterio de la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al declarar inadmisible la acción de amparo incoada, ya que, los accionantes en amparo debían ponerse a derecho para entonces acceder a los medios recursivos y defensivos correspondientes, que en el caso de autos es el recurso de apelación de autos, previsto en cardinal 4 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual no hicieron y en su lugar, ejercieron la acción de amparo constitucional, sin ponerse a derecho y acudir a la vía procesal preexistente e idónea para enervar la situación jurídica que se aleja infringida. En efecto, cuando un  juez de primera instancia en lo penal en funciones de control  dicta una orden de aprehensión en el marco de un proceso penal, es en la audiencia de presentación, con la presencia del investigado, en esa cuando nace el derecho al recurso, a los fines de enervar los efectos de una medida de privación judicial preventiva de libertad y las demás medidas cautelares que puedan ser decretadas sobre bienes muebles e inmuebles relacionados con el delito que se investiga.

 

Así pues, esta Sala Constitucional, mediante sentencia N° 365, del 10 de mayo de 2010, caso: José Pérez Amado, estableció lo siguiente:

“Cabe destacar además que en el proceso penal contemplado en la legislación penal vigente el ejercicio de los derechos y garantías contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela operan para el imputado una vez que éste ha cumplido con el deber de comparecer a juicio y, por ende, ponerse a derecho, en aras de permitir el ejercicio de la acción penal mediante el debido proceso. Así se declara.

…

Llegado a este punto, la Sala considera precisar que en el proceso penal actual, de corte acusatorio, regido por los principios de publicidad, inmediación y concentración –inherente este último al derecho a la defensa- la presencia del procesado requerido judicialmente es esencial, pues con ella se consolida la aplicación del principio de oportunidad, por lo que la no comparecencia a juicio por parte del imputado constituye una suerte de desobediencia específica al mandato judicial, quien enterado de su obligación de comparecer al juicio incumple con una obligación derivada del mandato constitucional; siendo considerado ante esta conducta como procesado contumaz.

…

Aunado a ello, es preciso destacar que en el proceso penal actual es imprescindible la estadía a derecho del procesado para dirimir en audiencia pública y en presencia de todas las partes cualquier solicitud que efectúe el procesado y respecto de la cual pretenda favorecerse invocando sus derechos; aceptar lo contrario implicaría desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y trastocar los principios que informan el Código Orgánico Procesal Penal, convalidando así, en este caso, la conducta evasiva y contumaz del procesado Fernando Pérez Amado (solicitante de la revisión) quien ha rehusado someterse a la justicia venezolana, y no obstante, pretende entonces invocar derechos y garantías a su favor, los cuales derivarían –según afirma- de sentencias absolutorias”.

 

Con posterioridad, dicho criterio fue ratificado en sentencia N° 710 del 9 de julio de 2010, caso: Eduardo Manuitt Carpio, en los términos siguientes:

 

“En efecto, en el proceso penal actual, que es predominantemente acusatorio, es necesario que la persona imputada o acusada se ponga a derecho, todo ello en virtud de que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 no está permitido el juicio en ausencia, como sí lo establecía la derogada Constitución de 1961, en su artículo 60.5, que preveía: “…Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en ausencia, con las garantías y en la forma que determine la ley”. Así pues, tomando en consideración que bajo la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no está en absoluto permitido el enjuiciamiento en ausencia, todo proceso penal se suspende cuando el imputado o acusado evada la estadía a derecho, máxime cuando en su contra se haya librado una orden de aprehensión; y la misma no se haya hecho efectiva. Además, para que el imputado pueda beneficiarse de todos los derechos y garantías que ofrece el sistema procesal penal, es necesario que afronte el proceso penal, para poder ejercer, en el mismo, su derecho a la defensa”.

                                                              

De manera que, la Sala considera que la presente acción de amparo constitucional deviene inadmisible, conforme a lo señalado en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que en los procesos penales que se encuentran suspendidos, al no haberse hecho efectiva la aprehensión de los accionantes, devienen en inadmisibles por falta de agotamiento de las vía procesales preexistentes, las cuales no ejercieron debido a la situación de contumacia en la que se encuentran con respecto al proceso penal que se les sigue por la presunta comisión de los delitos de de estafa, uso de documento falso o alterado, forjamiento de documentos, usurpación de identidad y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados en los artículos 462, 322, 319 y 320 del Código Penal, respectivamente.

 

 Por lo cual, lo procedente en el caso sub índice es declarar sin lugar la apelación ejercida por los abogados Claudia Morcelle Ramos y Jorge Enrique Núñez Sánchez,  actuando a favor de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo y confirmar la decisión dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por los mencionados ciudadanos contra las órdenes de aprehensión identificadas con los números 011-2018 y 012-2018, ambas de fecha 9 de febrero de 2018, dictadas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide.

 

No obstante el anterior pronunciamiento, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, se advierte que, el 3 de marzo de 2015, la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia ordenó el inicio de una investigación contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, con ocasión de una denuncia formulada contra éstos. Luego, el 5 de febrero de 2018, la Fiscalía Sexagésima Primera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en ese mismo proceso penal, solicitó al Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la expedición de dos (2) órdenes de aprehensión y de una “difusión roja” contra los ciudadanos antes referidos, por la presunta comisión de los delitos de estafa, uso de documento falso o alterado, forjamiento de documentos, usurpación de identidad y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados en los artículos 462, 322, 319 y 320 del Código Penal, respectivamente. Posteriormente, el 9 de febrero de 2018, las antes mencionadas órdenes de aprehensión fueron acordadas y expedidas por dicho juzgado de control, junto a la respectiva “difusión roja” internacional.

 

Ahora bien, luego de separar trabajosamente los diversos argumentos y referencias de variado orden planteados directamente en la denuncia, actas de entrevistas y otros escritos presentadas por la denunciante ante el Ministerio Público, e incluso, en las solicitudes fiscales presentadas ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se advierte que los hechos que motivaron la interposición de dicha denuncia, ocurrieron, presuntamente, en fechas 18 de enero de 2003, con relación a la sociedad mercantil Industrias Salineras, C.A. (INDUSALCA); y 25 de septiembre de 2007, respecto a la sociedad mercantil Equipos y Suministros Industriales Metalmecánicos, C.A. (ESIMECA).

 

En cuanto a los hechos presuntamente acaecidos y relacionados con la empresa Industrias Salineras, C.A. (INDUSALCA), tenemos que para calcular la prescripción ordinaria, se debe tomar en cuenta el término medio de la pena del delito de estafa, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, el cual es, en definitiva tres (3) años de prisión.

 

El artículo 108.5 del Código Penal, establece el lapso de tres (3) años de prescripción ordinaria que sería aplicable al delito de estafa. Por su parte, el lapso de la extinción de la acción penal, según lo previsto en el artículo 109 eiusdem,  comenzará a contarse para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración.

 

Así las cosas, en el proceso penal que dio origen a la presente causa, la denuncia fue interpuesta el 3 de marzo de 2015, por unos hechos presuntamente acaecidos el 18 de enero de 2003 y desde esa oportunidad hasta la presente fecha, transcurrieron más de dieciséis (16) años, lapso que supera con holgura los tres (3) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.5 del Código Penal.

 

Por otra parte, en torno al delito de falsedad de actos y documentos, se debe tomar el término medio de la pena, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, esto es, nueve (9) años de prisión; siendo que el artículo 108.2 del Código Penal, establece el lapso de diez (10) años de prescripción ordinaria, siendo que los hechos presuntamente ocurrieron en fecha 18 de enero de 2003, por lo que desde esa oportunidad hasta la presente fecha, transcurrieron más de dieciséis (16) años, lapso que supera con creces los diez (10) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.2 del Código Penal.

 

Con relación al delito de falsa atestación, se debe tomar el término medio de la pena, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, esto es, seis (6) meses de prisión; siendo que el artículo 108.5 del Código Penal, establece el lapso de tres (3) años de prescripción ordinaria, siendo que los hechos presuntamente acaecieron el 18 de enero de 2003, por lo que desde esa oportunidad hasta la presente fecha, también transcurrieron más de dieciséis (16) años, lapso que supera los tres (3) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.5 del Código Penal.

 

En cuanto al delito de falsedad de actos y documentos y usurpación, se debe tomar el término medio de la pena, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, esto es, nueve (9) años de prisión; siendo que el artículo 108.2 del Código Penal, establece el lapso de diez (10) años de prescripción ordinaria, siendo que los hechos presuntamente acaecieron en fecha 18 de enero de 2003, por lo que desde esa oportunidad hasta la presente fecha, igualmente  transcurrieron más de dieciséis (16) años, lapso que también supera con creces los diez (10) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.2 del Código Penal.

 

Por último, con ocasión al delito de falsedad de actos y documentos, se debe tomar el término medio de la pena, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, esto es, un (1) año de prisión; siendo que el artículo 108.5 del Código Penal, establece el lapso de tres (3) años de prescripción ordinaria, siendo que los hechos presuntamente acaecieron en fecha 18 de enero de 2003, por lo que desde esa oportunidad hasta la presente fecha, han transcurrido más de dieciséis (16) años, lapso que supera los tres (3) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.5 del Código Penal.

 

De igual manera, con ocasión a los hechos presuntamente acaecidos, vinculados con la empresa Equipos y Servicios Industriales Metalmecánicos C.A. (ESIMECA), tenemos que para calcular la prescripción ordinaria, se debe tomar en cuenta el término medio de la pena del delito de estafa, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, el cual es, en definitiva tres (3) años de prisión.

 

El artículo 108.5 del Código Penal, establece el lapso de tres (3) años de prescripción ordinaria que sería aplicable al delito de estafa. Por su parte, el lapso de la extinción de la acción penal, según lo previsto en el artículo 109 eiusdem,  comenzará a contarse para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración.

 

De igual forma se advierte que en el proceso penal que dio origen a la presente causa, la denuncia fue interpuesta el 3 de marzo de 2015, por unos hechos presuntamente ocurridos el 25 de septiembre de 2007 y desde esa oportunidad hasta el presente, transcurrieron más de once (11) años, lapso que supera holgadamente los tres (3) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.5 del Código Penal.

 

Por otra parte, en torno al delito de falsedad de actos y documentos, se debe tomar el término medio de la pena, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, esto es, nueve (9) años de prisión; siendo que el artículo 108.2 del Código Penal, establece el lapso de diez (10) años de prescripción ordinaria, siendo que los hechos presuntamente acaecieron en fecha 25 de septiembre de 2007, por lo que desde esa oportunidad hasta la presente fecha, transcurrieron más de once (11) años, lapso que supera los diez (10) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.2 del Código Penal.

 

En relación, al delito de falsa atestación, se debe tomar el término medio de la pena, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, esto es, seis (6) meses de prisión; siendo que el artículo 108.5 del Código Penal, establece el lapso de tres (3) años de prescripción ordinaria, siendo que los hechos presuntamente se suscitaron en fecha 25 de septiembre de 2007, por lo que desde esa oportunidad hasta la presente fecha, también han transcurrido más de once (11) años, lapso este que supera los tres (3) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.5 del Código Penal.

 

En cuanto al delito de falsedad de actos y documentos y usurpación, se debe tomar el término medio de la pena, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, esto es, nueve (9) años de prisión; siendo que el artículo 108.2 del Código Penal, establece el lapso de diez (10) años de prescripción ordinaria, siendo que los hechos presuntamente acaecieron el 25 de septiembre de 2007, por lo que desde esa oportunidad hasta la presente fecha, transcurrieron más de once (11) años, lapso que supera con creces los diez (10) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.2 del Código Penal.

 

Concluyendo, con ocasión al delito de falsedad de actos y documentos, se debe tomar el término medio de la pena, conforme lo señala el artículo 37 del Código Penal, esto es, un (1) año de prisión; siendo que el artículo 108.5 del Código Penal, establece el lapso de tres (3) años de prescripción ordinaria, siendo que los hechos presuntamente tuvieron lugar el 25 de septiembre de 2007, por lo que desde esa oportunidad hasta la presente fecha, transcurrieron más de once (11) años, lo cual que supera los tres (3) años de extinción de la acción penal, previstos en el artículo 108.5 del Código Penal.

 

A mayor abundamiento, debe esta Sala precisar que por mandato expreso del artículo 109 del Código Penal, la prescripción de la acción penal comenzará para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho.

 

En este sentido, en sentencia 1.118/2001, del 25 de junio, esta Sala estableció que “Comienzan a correr estos lapsos de prescripción desde el día de la perpetración de los hechos punibles; en las infracciones intentadas o procesadas, desde el día en que se realizó el último acto de ejecución; y, para las infracciones continuadas o permanentes desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho”.

 

Ahora bien, en el caso de autos, se observa que los hechos punibles objeto de la denuncia formulada por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo, deben entenderse como delitos instantáneos, que son aquellos en los que el hecho que los constituye se consuma o perfecciona en un solo momento, es decir, instantáneamente. Esta clase de delito se corresponde con el concepto de “…hechos punibles consumados…” empleado por el legislador en el artículo 109 del Código Penal.

 

El fundamento de ello estriba, en que ni en la solicitud de órdenes de aprehensión formulada el 5 de febrero de 2018 por la Fiscalía Sexagésima Primera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, ni mucho menos en la decisión dictada por el Tribunal Tercero (3º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 9 de febrero de 2018 -en la cual se acordó la mencionada solicitud fiscal-, se invocó la figura del delito continuado prevista en el artículo 99 del Código Penal, ni la del delito permanente. Tampoco se calificaron como intentadas o frustradas tales infracciones penales. En consecuencia, debe concluirse que se está en presencia de unos -presuntos- delitos instantáneos, perfeccionados en un solo momento.

 

Luego, en cuanto al momento de comisión de los hechos, esta Sala observa, luego del análisis concatenado de los diversos soportes documentales que rielan en autos, y especialmente, de los diversas entrevistas sostenidas por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo en la Fiscalía Sexagésima Primera del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, que dicha ciudadana, en su condición de denunciante (y por tanto, como la persona que relató las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente tuvieron lugar los delitos), afirmó de modo reiterado y conteste que los hechos objeto del proceso se suscitaron, presuntamente, en fechas 18 de enero de 2003, con relación a la sociedad mercantil Industrias Salineras, C.A. (INDUSALCA); y 25 de septiembre de 2007, respecto a la sociedad mercantil Equipos y Suministros Industriales Metalmecánicos, C.A. (ESIMECA). Siendo así, es a partir de tales fechas en que debe empezar a computarse la prescripción ordinaria de la acción penal en el caso de autos, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Penal.

 

Tampoco se ha verificado la existencia en el presente caso, de actos procesales que hayan interrumpido la prescripción ordinaria de la acción penal, conforme al artículo 110 del Código Penal. En efecto, en sentencia 1.089/2006, del 19 de mayo, esta Sala estableció, respecto al sentido y alcance de dicha disposición, que “… el listado de los actos que interrumpen de la prescripción puede ser estructurado en el siguiente orden: 1.- La sentencia condenatoria; 2.- La requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare; 3.- La citación que como imputado practique el Ministerio Público, y las diligencias y actuaciones procesales subsiguientes; 4.- La instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca tal carácter”.

 

En el caso de autos, no consta que se haya dictado una sentencia condenatoria contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo, en el proceso penal primigenio; tampoco que tales ciudadanos hayan sido citados por el Ministerio Público en calidad de imputados, ni mucho menos la existencia de actos procesales “subsiguientes” a dicha citación; ni tampoco la instauración de una querella contra aquéllos por los delitos que dieron lugar a la denuncia formulada por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo. En cuanto a la figura de la “requisitoria”, se advierte que el único acto equiparable a tal concepto, fueron las órdenes de aprehensión expedidas el 9 de febrero de 2018, por el Juzgado Tercero (3º) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, es decir, más de quince años después de la fecha en que presuntamente se perpetraron los hechos denunciados.

 

            Vista la circunstancia antes descrita, resulta menester señalar que esta Sala Constitucional ha establecido en anteriores oportunidades, que la expedición de una medida cautelar limitativa de la libertad personal, cuando la acción penal para perseguir el delito que la motivó se encuentra notoriamente prescrita, constituye una flagrante vulneración a los derechos a la libertad personal, a la defensa y a la presunción de inocencia, consagrados en los artículos 44.1 y 49, en sus numerales 1 y 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

 

En este sentido, esta Sala, en sentencia N° 168 del 13 de febrero 2001, estableció lo siguiente:

 

“Resulta necesario, llegado a este punto, referirnos a la llamada prescripción judicial o extraordinaria de la acción penal, la cual opera de pleno derecho una vez iniciado un juicio penal. En tal sentido, el artículo 110 del Código Penal, dispone lo siguiente:

 

‘Artículo 110. [omissis]...

 

[...] pero si el juicio, sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal’.

 

Por su parte, el artículo 108 eiusdem, en su ordinal 5º, preceptúa:

 

 ‘Artículo 108. Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:

 

[omissis]

 

5º. Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos [...]’.            

 

Ahora bien, el delito de lesiones personales menos graves, tipificado en el artículo 415 del Código Penal, por el cual se le dictó auto de detención al ciudadano Brosman Alexander Mujica, tiene asignada una pena de tres (3) a doce (12) meses de prisión.

 

Por tanto, la acción penal para ese delito prescribe ordinariamente a los tres (3) años, contados a partir de su comisión y, extraordinariamente, a los cuatro (4) años y seis (6) meses, una vez que hubiere comenzado el juicio.

 

Resulta claro para la Sala, entonces, que la causa penal que motivó a la defensa del imputado, hoy accionante, a interponer su acción de amparo constitucional, comenzó en el año 1994, con ocasión del auto de detención dictado a propósito de la comisión del delito antes mencionado. Que el auto de detención dictado, recobró sus efectos a consecuencia de la revocatoria del beneficio de sometimiento a juicio al imputado de autos, encontrándose prescrita extraordinariamente la acción penal correspondiente, al haber transcurrido holgadamente, más de cuatro (4) años y seis (6) meses, entre el año 1994, en el cual se dictó la detención preventiva, convertida en sometimiento a juicio, y el año 2000, en el cual se practicó la detención del imputado de autos; tal como se evidencia de las normas sustantivas supra transcritas. Acota la Sala que el ciudadano Brosman Alexander Mujica fue detenido el 1º de agosto de 2000 y recluido en el Internado Judicial de Carabobo con sede en Tocuyito, Estado Carabobo, vulnerándose así los derechos constitucionales del imputado, referidos a la defensa, a la presunción de inocencia y a la libertad y seguridad personales, consagrados en los artículos 44 y 49.1.2 de la Constitución vigente.

 

Considera esta Sala oportuno destacar que la prescripción de la acción penal puede plantearse en el momento inicial del proceso o surgir durante el juicio. En ambos casos, la institución dado su carácter público, obra de pleno derecho y el juez debe reconocerla y declararla aun contra la voluntad del imputado o acusado, en razón de que no ha sido establecida en el interés de las partes, sino en interés de la propia sociedad. Por ello, su declaratoria conlleva, necesariamente, la impunibilidad del encausado, aunque se hubiese comprobado la existencia del hecho punible y se hubiese determinado la responsabilidad penal del agente del delito.

 

Uno de los caracteres fundamentales de la acción de amparo es ser un medio procesal judicial restablecedor, tendente a restituir la situación jurídica infringida, esto es, a colocar de nuevo al solicitante en el goce de los derechos constitucionales que le han sido menoscabados. Igualmente ha sostenido la Sala que la indefensión o derecho a la defensa ocurre cuando en un determinado iter procesal, en este caso un proceso penal, hay una omisión o una negativa de alguno de los medios legales con que puedan hacerse valer los derechos de las partes que en él intervienen, es decir, porque no se haya podido ejercer algún recurso procesal, como resultado de una determinación o conducta del Juez que lo niegue o limite indebidamente.

 

Tal es el caso de autos, donde el órgano jurisdiccional penal, Juzgado Primero de Primera Instancia para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, ordenó la detención del ciudadano Brosman Alexander Mujica, por la comisión del delito de lesiones personales menos graves, tipificado en el artículo 415 del Código Penal, encontrándose prescrita, en forma notoria, la acción penal correspondiente para perseguirlo. Esta circunstancia revela la falta de potestad de dicho juzgado para ello, lo cual derivó del transcurso del tiempo, con lo que se extralimitó en el ejercicio de sus funciones legales, configurándose así la pretendida violación a los derechos y garantías constitucionales alegados por el accionante.

 

En consecuencia, la Sala congruente con el fallo dictado por el a quo, debe confirmar la sentencia dictada por la Sala nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, mediante la cual, en fecha 18 de agosto de 2000, declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la defensa del ciudadano Brosman Alexander Mujica, por la violación los derechos constitucionales a la defensa, a la presunción de inocencia y a la libertad y seguridad personales, consagrados en los artículos 44 y 49.1.2 de la Constitución vigente. Así se declara”.

 

Precisado lo anterior, se constata que en el presente caso el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, antes de ordenar la expedición de las órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, debió examinar si había operado la prescripción de la acción penal, respecto a los delitos por los cuales el Ministerio Público le solicitó dichas órdenes. Por cuanto,  tal como lo ha señalado esta Sala, la declaratoria de prescripción debe ser previa a cualquier otro pronunciamiento, por ser materia de orden público (ver sentencias 3.318/2005, del 19 de diciembre; 4.586, del 13 de diciembre; 31/2011, del 15 de febrero; y 1.277/2011, del 26 de julio) e incluso, puede ser declarada de oficio (ver sentencia nro. 1.593/2009, del 23 de noviembre), toda vez que se trata de un límite al ejercicio del poder punitivo del Estado (ver sentencia nro. 2.357/2007, del 18 de diciembre).

 

En efecto, la prescripción de la acción penal constituye una expresión del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, según los artículos 26, 49.3 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta obligación del Juez de Control de verificar la prescripción está reflejada, en el plano legislativo, en el artículo 236.1 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual requiere para la procedencia de la medida de privación judicial preventiva de libertad, entre otras cosas, que se acredite la existencia de “… un hecho punible cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita”.

 

En el caso sub examine, de haber cumplido con este deber de verificación, el tribunal de control no habría dictado, de ninguna manera, las órdenes de aprehensión antes señaladas, ya que, como se indicó anteriormente, operó la prescripción de la acción penal en cuanto a los delitos de estafa, uso de documento falso o alterado, forjamiento de documentos, usurpación de identidad y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados en los artículos 462, 322, 319 y 320 del Código Penal, respectivamente.

 

Habiendo quedado constatado entonces que el Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas expidió, el 9 de febrero de 2018, unas órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, estando evidentemente prescrita la acción penal para perseguir todos y cada uno de los delitos por los cuales aquéllas fueron solicitadas, vulneró los derechos a la libertad personal, a la defensa y a la presunción de inocencia de dichos ciudadanos, consagrados en los artículos 44.1 y 49, en sus numerales 1 y 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, en los mismos términos expuestos por esta Sala en sentencia nro. 168/2001, del 13 de febrero, la cual resulta aplicable al caso de autos. Así se declara.

 

En virtud del anterior pronunciamiento, conforme a los principios de economía y celeridad procesal y a los fines de evitar la tramitación de un juicio penal que en definitiva sería objeto de sobreseimiento, tomando en cuenta que en el presente caso se encuentra prescrita la acción penal para perseguir todos y cada uno de los delitos por los cuales el Ministerio Público pretende imputar a los ciudadano Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, es por lo que la Sala Constitucional, con fundamento en los artículos 25.16, 107 y 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se avoca al conocimiento de la causa penal que cursa ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, tramitada en el    N° 3ºC-S-610-17 (nomenclatura de dicho tribunal), referida a la denuncia formulada contra aquéllos por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la fe pública, previsto y sancionado en el Código Penal, con ocasión de la denuncia formulada contra aquéllos por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo; y, en  atención a los derechos a la tutela judicial efectiva y a ser juzgado dentro del plazo razonable, consagrados en los artículos 26 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 257 eiusdem, se declara la prescripción ordinaria de la acción penal respecto a los delitos de estafa, uso de documento falso o alterado, forjamiento de documentos, usurpación de identidad y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados en los artículos 462, 322, 319 y 320 del Código Penal, respectivamente, los cuales dieron lugar a la expedición de las órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco Juaristi Mateo, en el expediente 3ºC-S-610-17, por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.  En consecuencia, se decreta el sobreseimiento de dicha causa a favor de los mencionados ciudadanos, ya que la prescripción es una de las causales de extinción de la acción penal e igualmente un supuesto de procedencia del sobreseimiento, según lo dispuesto en los artículos 49.8 y 300.3 del Código Orgánico Procesal Penal. Así también se decide.

 

En vista de los anteriores pronunciamientos, esta Sala deja sin efectos la medida cautelar acordada en sentencia nro. 877/2018, del 5 de diciembre.

 

VI

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:

 

1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada CLAUDIA MORCELLE RAMOS, actuando a favor de los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y FRANCISCO JUARISTI MATEO, contra la decisión dictada, el 24 de abril de 2018, por la Sala nro. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, la cual se CONFIRMA.

 

2.- Se AVOCA en la causa contenida en el expediente identificado bajo la nomenclatura 3ºC-S-610-17 del Tribunal Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, referida a la denuncia formulada contra aquéllos por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo, por la presunta comisión de uno de los delitos contra la fe pública, previsto y sancionado en el Código Penal, con ocasión de la denuncia formulada contra aquéllos por la ciudadana María Begoña Juaristi Mateo

 

3.- Se DECLARA la PRESCRIPCIÓN ORDINARIA de la acción penal respecto a los delitos de estafa, uso de documento falso o alterado, forjamiento de documentos, usurpación de identidad y falsa atestación ante funcionario público, previstos y sancionados en los artículos 462, 322, 319 y 320 del Código Penal, respectivamente, los cuales dieron lugar a la emisión de las órdenes de aprehensión contra los ciudadanos VICENTE JUARISTI MATEO y FRANCISCO JUARISTI MATEO, titulares de las cédulas de identidad números 10.447.305 y 10.447.306, respectivamente, en el expediente 3ºC-S-610-17, del Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y en consecuencia, el SOBRESEIMIENTO de dicha causa a favor de los mencionados ciudadanos.

 

4.- Se deja SIN EFECTOS la medida cautelar acordada por esta Sala en la decisión nro. 877/2018, del 5 de diciembre.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte accionante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Remítase copia certificada del presente fallo a la Sala nro. 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Ofíciese al Jefe de la Dirección de Policía Internacional (INTERPOL) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin de que se modifique en la base de datos de dicha dependencia, el estatus de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo y Francisco José Juaristi Mateo, titulares de las cédulas de identidad números 10.447.305 y 10.447.306, respectivamente. Ofíciese al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) a fin de excluir de la base de datos de dicho organismo, la prohibición de enajenar y gravar sobre los bienes muebles e inmuebles a nombre de los ciudadanos Vicente Juaristi Mateo, Francisco Juaristi Mateo y Estibaliz Juaristi Mateo,

 

titulares de las cédulas de identidad números 10.447.305, 10.447.306 y 14.832.779, respectivamente, así como de las sociedades mercantiles Industrias Salineras C.A. (INDUSALCA) y Equipos y Servicios Metalmecánicos C.A. (ESIMECA), inscritas en el Registro de Información Fiscal bajo los números J-07008378-6 y J-07015528-0, respectivamente. Devuélvase al Juzgado Tercero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el original del expediente N° 3ºC-S-610-17 de la numeración de dicho tribunal de control. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 días del mes Junio de dos mil diecinueve. Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

 

El Presidente,

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

  El Vicepresidente,

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

Los Magistrados,

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

 

 

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

 

 

 

CALIXTO ORTEGA RIOS

                 (Ponente)                                     

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

 

 

LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON

 

 

 

La Secretaria,

 

 

MÓNICA ANDREA RODRÍGUEZ FLORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-0321

COR.

 

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