Sentencia N.º RC.000150
- Sentencia
- N.º RC.000150
- Fecha
- 16/05/2019
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 16-812
- Ponente
- Yván Darío Bastardo Flores
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Exp. AA20-C-2016-000812
Magistrado Ponente: Yván Darío Bastardo Flores.
En el juicio por simulación y subsidiariamente retracto legal arrendaticio, incoado ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad mercantil distinguida con la denominación K-B-LLOS 00 C.A., inscrita originalmente en fecha 30 de abril de 2001, en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el Nº 30, Tomo 536-A-Qto, cuya última modificación quedó inscrita en el señalado registro mercantil en fecha 6 de abril de 2011, bajo el Nº 31, Tomo 86-A-Qto., representada judicialmente por la ciudadana abogada Sofía Antor Troconis, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 35.614, contra las sociedades mercantiles distinguidas con las denominaciones INVERSIONES 1182450 C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 29 de abril de 1996, bajo el Nº 47, Tomo 196-A Sgdo, y BEST CHOICE INC., constituida bajo el Nº 33.997, el 6 de diciembre de 2010 y domiciliada en Carleton Court, High Street, Bridgetown, St. Michael, Barbados e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-40017279-9, representadas judicialmente por los ciudadanos abogados Arturo J. Bravo Roa, Eduardo J. Leáñez Berrizbeitia, Anny Pino Virla, José Ramón Varela Varela, María Gabriela Piñango Labrador, Mariana O. Chirinos López, Gabriela J. Pestana Martínez y Siham Massaad, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 38.593, 35.059, 88.030, 69.616, 124.870, 145.936, 146.106 y 163.987, respectivamente; el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal Superior de Reenvío, dictó decisión definitiva en fecha 21 de julio de 2016, mediante la cual declaró lo siguiente:
PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 06 (sic) de junio de 2014, por la representación judicial de la sociedad mercantil K-B-LLOS 00, C.A., en contra de la Sentencia (sic) dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, en fecha 02 (sic) de Junio (sic) de 2014; SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda que por simulación incoara la sociedad mercantil K B-LLOS 00, C.A. en contra de las sociedades mercantiles; INVERSIONES 1182450, C.A. y BEST CHOICE, INC.; ambas partes identificadas ampliamente en el encabezado del presente fallo. TERCERO: CON LUGAR la acción subsidiaria de retracto legal arrendaticio que incoara la sociedad mercantil K B-LLOS 00, C.A., en contra de las sociedades mercantiles; INVERSIONES 1182450, C.A. y BEST CHOICE, INC., ambas partes identificadas ampliamente en el encabezado del presente fallo, en consecuencia i) La (sic) sociedad mercantil K B-LLOS 00, C.A., queda subrogada en los derechos del adquiriente; sociedad mercantil BEST CHOICE, INC, en las mismas condiciones en que éste adquirió el inmueble constituido por un (01) local comercial ubicado en el nivel plaza (planta baja) distinguido con el número 2, que forma parte del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la Av. Principal de la Urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, en Jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda, dicho local tiene una superficie aproximada de CUARENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTÍMETROS CUADRADOS (47,57 Mts2); consta de Un (sic) (1) ambiente y un (1) sanitario; y sus linderos son: por el NORTE: linda con una línea recta de CINCO METROS LINEALES CON OCHENTA CENTÍMETROS (5,80 Mts.) con el nivel plaza; por el SUR: linda en línea recta de CINCO METROS LINEALIES CON OCHENTA CENTÍMETROS (5,80 Mts.) con lindero sur del Edificio (sic); por el ESTE: linda en una línea recta de OCHO METROS LINEALES CON SETENTA Y CINCO CENTÍMETROS (8,75 Mts.) con fosa de ascensor y escaleras de acceso a los sótanos; y por OESTE: en una línea recta de OCHO METROS LINEALES CON SETENTA Y CINCO CENTÍMETROS (8,75 Mts.) con el local comercial Nro.1; le corresponde un porcentaje inseparable sobre los derechos y obligaciones derivadas del condominio de 0,525327%, está identificado con el código catastral No. 15-07-01-U01-009-013-001-001-PB0-002, y número de catastro 209130010000079, según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del Municipio Autónomo Chacao del estado Miranda en fecha 04 (sic) de septiembre de 1996, con el número 42, tomo 15, protocolo primero, debiendo consignar la sociedad mercantil K B-LLOS 00, C.A., ante el tribunal de la causa, Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una vez quede definitivamente firme el presente fallo, el monto de DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES CON SETENTA CENTIMOS (Bs. 2.193.452,70), en cheque de gerencia, monto equivalente a la suma que fuere pagada por el local comercial número 01, al momento de celebrarse la dación en pago. CUARTO: Improcedente la reconvención interpuesta por la sociedad mercantil BEST CHOICE, INC., contra la sociedad mercantil K-B-LLOS 00, C.A, por cumplimiento del contrato de arrendamiento. QUINTO: Se condena en costas a las demandadas; sociedades mercantiles; INVERSIONES 1182450, C.A. y BEST CHOICE, INC., por haber resultado totalmente vencidas en la acción subsidiaria de retracto legal arrendaticio, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Queda REVOCADA la sentencia apelada
. (Destacados de lo transcrito).-
Contra la referida decisión de alzada, la apoderada judicial de las codemandadas interpuso recurso de nulidad y subsidiario recurso extraordinario de casación, los cuales fueron admitidos y oportunamente formalizado. Hubo impugnación. No hubo réplica.
Concluida la sustanciación del recurso extraordinario de casación y cumplidas las demás formalidades de ley, pasa la Sala a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los términos siguiente:
Conforme a lo dispuesto en fallos números RC-254, expediente N° 2017-072. Caso: Luis Antonio Díaz Barreto contra Ysbetia Roció González Zamora, y RC-255, expediente N° 2017-675. Caso: Dalal Abdrer Rahman Masud contra Yuri Jesús Fernández Camacho y otra, ambos de fecha 29 de mayo de 2018, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, FIJÓ SU DOCTRINA SOBRE LAS NUEVAS REGULACIONES EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL VENEZOLANO, señalando al respecto que:
...Conforme a lo estatuido en fallo de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, N° RC-510, del 28 de julio de 2017, expediente N° 2017-124; y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 362, del 11 de mayo de 2018, expediente N° 2017-1129, caso: Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., con efectos ex nunc y erga omnes, a partir de su publicación, se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem y, por ende, también quedó en desuso el artículo 210 ibídem, y SE ELIMINÓ LA FIGURA DEL REENVÍO EN EL PROCESO DE CASACIÓN CIVIL, como regla, y lo dejó sólo de forma excepcional y, en consecuencia, esta Sala fija su doctrina, en aplicación de la nueva redacción de dichas normas por efecto del control difuso constitucional declarado, y en aplicación de los supuestos descritos en la primera parte del ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA EN CASACIÓN SÓLO SERÁ PROCEDENTE, cuando: a) En el proceso se hayan quebrantado u omitido formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa; b) Por desequilibrio procesal por no mantener el juez a las partes en igualdad de condiciones ante la ley; c) Por petición de principio, cuando obstruya la admisión de un recurso impugnativo; d) Cuando sea procedente la denuncia por reposición no decretada o preterida; y e) Por la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, que degeneren en indefensión, con la violación del debido proceso, derecho a la defensa y del principio de legalidad de las formas procesales, con la infracción de los artículos 7, 12, 15, 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, así como de una tutela judicial eficaz, por la observancia de un vicio grave que afecte de nulidad la sustanciación del proceso, o que la falta sea tan grave que amerite la reposición de la causa al estado de que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, en aplicación de la doctrina reiterada y pacífica de esta Sala, que prohíbe la reposición inútil y la casación inútil. (Cfr. Fallo N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (), Yumey Coromoto () y Rosangela Arenas Rengifo (), contra SERVIQUIM C.A., y otra).
En tal sentido, verificado y declarado el error en la sustanciación del juicio, la Sala remitirá el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el proceso, o para que se verifique el acto o la forma procesal quebrantada, y si está conociendo la causa el mismo juez que cometió el vicio detectado en casación, éste no podrá continuar conociendo del caso por razones de inhibición y, por ende, tiene la obligación de inhibirse de seguir conociendo el caso y, en consecuencia, lo pasará de inmediato al nuevo juez que deba continuar conociendo conforme a la ley, el cual se abocará al conocimiento del mismo y ordenará la notificación de las partes, para darle cumplimiento a la orden dada por esta Sala en su fallo.
Por lo cual, al verificarse por parte de la Sala la procedencia de una denuncia de forma en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal primero (1°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, o verificada la existencia de un vicio de forma de orden público, conforme a lo previsto en los artículos 209, 243 y 244 eiusdem, ya sea por indeterminación: I) Orgánica, II) Subjetiva, III) Objetiva y IV) De la controversia; por inmotivación: a) Porque la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye; b) Porque las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas; c) Porque los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables; d) Porque todos los motivos son falsos; e) Por motivación acogida; f) Por petición de principio, cuando se de por probado lo que es objeto de prueba; g) Por motivación ilógica o sin sentido; h) Por motivación aparente o simulada; i) Por inmotivación en el análisis de las pruebas; y j) Por falta de señalamiento de las normas de derecho aplicables para la resolución de los distintos aspectos del fallo; por incongruencia, de los alegatos de la demanda y contestación u oposición, y de forma excepcional de los informes y observaciones, ya sea: 1) Negativa, omisiva o citrapetita; 2) Positiva o activa; 3) Subjetiva; 4) Por tergiversación de los alegatos; y 5) Mixta por extrapetita; por reposición: a) Inútil y b) Mal decretada; y en torno de lo dispositivo: I) Por la absolución de la instancia, al no declarar con o sin lugar la apelación o la acción; II) Que exista contradicción entre la motiva y la dispositiva; III) Que no aparezca lo decidido, pues no emite condena o absolución; IV) Que sea condicional o condicionada, al supeditar su eficacia a un agente exógeno para su ejecución; y V) Que contenga ultrapetita; la Sala recurre a la CASACIÓN PARCIAL, pudiendo anular o casar en un aspecto, o en una parte la recurrida, quedando firme, incólume y con fuerza de cosa juzgada el resto de las motivaciones no casadas, independientes de aquella, debiendo la Sala recomponer única y exclusivamente el aspecto casado y verter su doctrina estimatoria, manteniéndose firme el resto de la decisión, por cuanto los hechos fueron debida y soberanamente establecidos en su totalidad siendo, por tanto, innecesario la nulidad total del fallo; sin perjuicio de ejercer la Sala la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de forma de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo.
Ahora bien, la facultad de CASACIÓN DE OFICIO, señalada en el aparte cuarto (4º) del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuya constitucionalidad ya ha sido declarada por la Sala Constitucional. (Vid. Sentencia N° 116 de fecha 29 de enero de 2002, expediente Nº 2000-1561, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez y otros), al constituir un verdadero imperativo constitucional, porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus competencias (ex artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), se constituye en un deber, lo que reitera la doctrina pacífica de esta Sala, que obliga a la revisión de todos los fallos sometidos a su conocimiento, independientemente de que el vicio sea de forma o de fondo y haya sido denunciado o no por el recurrente, y su declaratoria de infracción de oficio en la resolución del recurso extraordinario de casación, cuando la Sala lo verifique.
Cuando la Sala declare la procedencia de una denuncia de infracción de ley en la elaboración del fallo, en conformidad con lo estatuido en el ordinal segundo (2°) del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concatenación con lo previsto en el artículo 320 eiusdem, que en su nueva redacción señala: En su sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio , o verifica la existencia de dicha infracción que afecte el orden público, por: a) La errónea interpretación; b) La falta de aplicación; c) La aplicación de una norma no vigente; d) La falsa aplicación y e) La violación de máximas de experiencia; y en el sub tipo de casación sobre los hechos, ya sea por la comisión del vicio de suposición falsa cuando: 1) Se atribuya a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene; 2) Se da por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos; 3) Se da por demostrado un hecho con pruebas cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo; 4) Por desviación ideológica intelectual en el análisis de las cláusulas del contrato; 5) Por silencio de pruebas, total o parcial en suposición falsa negativa; o por: 6) La infracción de una norma jurídica expresa que regule el establecimiento o valoración de los hechos o de las pruebas; y 7) Las violaciones de ley relacionadas con el control de las pruebas no contempladas expresamente en la ley o prueba libre; la Sala recurrirá a la CASACIÓN TOTAL, vista la influencia determinante de la infracción de ley de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo y, en consecuencia, anulará la totalidad del fallo recurrido en casación, es decir, LO CASA señalando los errores de fondo y, por ende, adquiere plena y total jurisdicción y DICTA UN NUEVO FALLO SIN NECESIDAD DE NARRATIVA, sino estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas y dictando el dispositivo que dirime la controversia, sin menoscabo de aplicar a la violación de ley, la CASACIÓN PARCIAL, si la infracción no es de tal magnitud que amerite la nulidad total del fallo recurrido y el error pueda ser corregido por la Sala de forma aislada, como ocurre en el caso de las costas procesales, ya sea cuando estas se imponen o se exime de su condena de forma errada.
Por último, ante la violación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, por: a) La aplicación de un criterio jurisprudencial no vigente, de esta Sala o de la Sala Constitucional, para la fecha de presentación de la demanda, o b) Que se aplique un criterio contrario a la doctrina y jurisprudencia de esta Sala o de la Sala Constitucional, dado su carácter de orden público, al estar íntimamente ligados a la violación de las garantías constitucionales del derecho de petición, igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a la defensa, la Sala tomará su decisión tomando en cuenta la influencia determinante del mismo de lo dispositivo del fallo y si éste incide directamente sobre la sustanciación del proceso o sobre el fondo y en consecuencia aplicará como correctivo, ya sea LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA o la CASACIÓN PARCIAL o TOTAL, según lo amerite el caso, en una interpretación de la ley en forma estable y reiterativa, para una administración de justicia idónea, responsable, con transparencia e imparcialidad, EVITANDO CUALQUIER REPOSICIÓN INÚTIL QUE GENERE UN RETARDO Y DESGASTE INNECESARIO DE LA JURISDICCIÓN, conforme a lo señalado en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que adoptan un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva de los derechos, de forma equitativa, sin formalismos inútiles, en un proceso como instrumento fundamental para la realización de la justicia. Así se declara . (Destacados de lo transcrito).-
RECURSO DE NULIDAD EN REENVÍO
De conformidad con lo dispuesto en las anteriormente señaladas sentencias N° RC-254 y N° RC-255, de fecha 29 de mayo de 2018, esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, fijó su doctrina sobre las nuevas regulaciones en el proceso de casación civil venezolano, SEÑALANDO AL RESPECTO LA ELIMINACIÓN DEL RECURSO DE NULIDAD EN REENVÍO, conforme a lo estatuido en fallo de esta Sala N° RC-510, de fecha 28 de julio de 2017, expediente N° 17-124; y sentencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 362, de fecha 11 de mayo de 2018, expediente N° 17-1129, caso de Marshall y Asociados C.A., contra Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A., con efectos ex nunc y erga omnes, a partir de la fecha de su publicación, donde se declaró conforme a derecho la desaplicación por control difuso constitucional de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, y la nulidad del artículo 323 eiusdem.
Ahora bien, en aplicación de los principios constitucionales de expectativa plausible, confianza legítima, seguridad jurídica y estabilidad de criterio, al haberse ejercido el recurso de nulidad en reenvío, en fecha anterior al nuevo criterio establecido por esta Sala, por parte de la abogada María Gabriela Piñango Labrador, quien actuó en representación judicial de las sociedades mercantiles codemandadas Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., el día 2 de noviembre de 2016, por ello, esta Sala pasa a conocer el recurso interpuesto en los siguientes términos:
En fecha 29 de julio de 2016, la apoderada judicial de las codemandadas ejerció recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por el tribunal superior de reenvío, el cual fundamentó en escrito presentado ante esta Sala el día 2 de noviembre de 2016, señalando al respecto lo siguiente:
CAPÍTULO I
DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN
El Recurso de Nulidad propuesto, cumple con los presupuestos de Admisibilidad previstos en el Artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, conforme al mismo: - Habiendo sido ejercido en forma conjunta el Recurso de Nulidad y el Recurso extraordinario de Casación, conforme a criterio ratificado recientemente a través del fallo № 482, de fecha 03 de agosto de 2016, Caso: GLORIA JOSEFINA DÍAZ ARTIGAS, la sustanciación de ambos Recursos de Impugnación (Casación y Nulidad), se verifica en forma subsidiaria, en el entendido que el Recurso de Nulidad se tramitará en primer orden y, solo declarado Sin Lugar éste, descenderá la Sala de Casación Civil a conocer del Recurso Extraordinario de Casación, anunciado en forma paralelo, así las cosas, se consignan en tiempo hábil ambos Recursos como quiera el Recurso de Nulidad fue ejercido en fecha 29 de julio de 2016, es decir, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del fallo (21/07/2016) de conformidad con el Artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, siendo consignado el escrito que así lo fundamenta, dentro de los cinco (5) días hábiles al recibo del expediente por parte de esta Sala, como fuere certificado por auto expreso en fecha 26 de octubre de 2016, de conformidad con la precitada norma adjetiva mientras que el Recurso de Casación, fue anunciado también en tiempo hábil en fechas 29 de julio, 11 y 12 de agosto y el 23 de septiembre de 2016, bajo subsidiariedad, siendo el último día hábil para el anuncio de dicho recurso, el día 03 octubre de 2016, como así fuere certificado por el Juzgado de la recurrida, mediante auto de fecha 4 de octubre de 2016, siendo Formalizado mediante escrito motivado dentro de la (primer día continuo siguiente al último concedido para el anuncio), de conformidad con el Artículo 315 del Código de Procedimiento Civil.
En apego a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, el presente escrito, cuenta con tres (03) folios útiles, motivo por el cual se presenta en forma separada al Recurso Extraordinario de Casación, a fines de cumplir con las disposiciones de Ley.
Solicitamos así, respetuosamente, téngase por Admitido el presente Recurso de Casación.
CAPÍTULO II
VIOLACIÓN DE LA DOCTRINA ESTIMATORIA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
La sentencia № 88 de fecha 18 de febrero de 2016 dictada por esta honorable Sala, que resolviese en reenvió la presente causa, señala lo siguiente:
"...Argumenta la recurrente que la dación en pago fue a título gratuito por lo tanto un acto simulado, siendo que las demandas llevaron a cabo actos gratuitos con el fin de perjudicarla, sosteniendo que la arrendadora no estaba en disposición de venderle el local, por cuanto nunca existió una obligación entre INVERSIONES 1182450, C.A. y BEST CHOICE, INC; y, que la disminución de patrimonio se debió a un error de cálculo.
En tal sentido, constata la Sala la existencia de una asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 21 de marzo de 2012, en la cual se acuerda la dación en pago al accionista BEST CHOICE, INC. de varios inmuebles, incluido el ocupado por la actora en su condición de arrendataria, lo cual evidencia el carácter económico de la operación, no existiendo una venta en condiciones más favorables a terceras personas, pues el monto a que se refiere la operación coincide con el ofrecido a la empresa K-B-LLOS 00, C.A. en su oportunidad. En efecto, al acordarse una reducción de patrimonio de una sociedad mercantil, las disminuciones de patrimonio conllevan a que los accionistas reciban en retorno el monto proporcional de dicha disminución (...).
(...) En conclusión, la existencia una obligación entre la dadora (INVERSIONES 1182450, C.A.) y la receptora (BEST CHOICE, INC.) en pago, entre otros, del inmueble objeto del contrato, determina que la operación entre INVERSIONES 1182450, C.A. y BEST CHOICE, INC., tiene un origen patrimonial que no ha sido desvirtuado en su validez legal en el caso de autos, y que se corresponde con operaciones mercantiles entre un accionista y la empresa en donde éste tiene acciones por efecto de la disminución de patrimonio. Por tanto, no existe violación alguna de la norma contenida en el artículo 307 del Código de Comercio, pues no consta en autos que se hubieren decretado dividendos y se pretendan pagar los mismos a través de la dación en pago.
Aunado a lo anterior, observa la Sala que la negociación mercantil realizada entre INVERSIONES 1182450, C.A. y BEST CHOICE, INC., es perfectamente válida desde el punto de vista mercantil y abarcaba, no sólo el bien arrendado por la empresa K-B-LLOS 00, C.A., es decir, el local comercial ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) distinguido con el Numero 2, del edificio "TORRE LA CASTELLANA", situado en la Avenida Principal de la Urbanización La Castellana, cruce con calle José Ángel Lamas, jurisdicción del Municipio Chacao, estado Miranda, sino otra gran cantidad de bienes inmuebles (más de 50) , lo que desdice de una intención deliberada y específica de afectar al arrendador, no resultando probado en autos que la dación en pago en cuestión haya tenido como objeto dañar o afectar a la actora y/o a su derecho de preferencia o de retracto legal arrendaticio, pues están incluidos otros bienes inmuebles en la operación la cual generó el pago de derechos de registro, tasas, contribuciones e impuestos considerables." (Negritas, subrayado y bastoncillos nuestros).
Con base al criterio anterior, esta Sala consideró que la dación en pago realizada entre mis representadas, es válida, no evidenciándose de dicha operación: a) Que las sociedades mercantiles INVERSIONES 1182450, C.A. y BEST CHOICE, INC., hayan vendido en condiciones más favorables a terceras personas, pues, como se indica up supra, el monto de la operación coincidió con el ofrecido a K-B-LLOS 00, C.A. en su oportunidad: b) Intención alguna de querer afectar a la demandante, sociedad mercantil K-B-LLOS 00, C.A, o a su derecho de preferencia o de retracto legal arrendaticio.
No obstante, del fallo dictado en fecha 21 de julio de 2016, se evidencia que la recurrida, no sólo omite en su parte motiva, la validez de la preferencia ofertiva realizada a la demandante en fecha 11 de Octubre (sic) de 2012 en la persona de su Directora General la ciudadana María Lourdes Bautista Novoa (Marcado como anexo G", folios 522 al 527, original del documento autenticado ante la Notarla Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda referente a la preferencia ofertiva hecha por INVERSIONES 1182450, C.A.), la cual ésta Sala consideró como válida, sino que tergiversa el "thema decidendum", al decidir algo distinto a lo peticionado, como lo fue, el sentenciar la falta de ejercicio del derecho preferente ofertivo de la actora y su notificación de conformidad con el Articulo 44 de la LAI y el literal "a" del artículo 48 de eiusdem cuando ello no fue alegado por la actora, con lo cual violó la doctrina estimatoria de esta Sala, y así solicitamos sea declarado.-
CAPITULO III
PETITUM
Con base a lo anteriormente expuesto, solicito a esta Sala de Casación Civil, declare CON LUGAR, el presente Recurso de Nulidad, y en consecuencia, declare la NULIDAD de la sentencia dictada en fecha 21 de julio de 2016, dictada por el Juzgado Superior Décimo (10°) en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por "Simulación" y subsidiariamente por "Retracto Legal Arrendaticio", interpusiese la sociedad mercantil K-B-LLOS 00, C.A. contra INVERSIONES 1182450, C.A. y BEST CHOICE INC., consecuencia de lo anterior, se reponga la causa al estado de que un Juez de Reenvió sentencie conforme a derecho .
Se verifica de la anterior transcripción, que el recurrente solicita la nulidad de la sentencia de reenvío dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de julio de 2016, alegando que el tribunal ad quem omitió en su parte motiva, la validez de la preferencia ofertiva realizada a la demandante en fecha 11 de Octubre (sic) de 2012 la cual ésta Sala consideró como válida, sino que tergiversa el "thema decidendum", al decidir algo distinto a lo peticionado, como lo fue, el sentenciar la falta de ejercicio del derecho preferente ofertivo de la actora y su notificación de conformidad con el Articulo (sic) 44 de la LAI (sic) y el literal "a" del artículo 48 de eiusdem cuando ello no fue alegado por la actora .
Ahora bien, respecto del alcance del recurso de nulidad, la Sala ha sostenido en consolidada doctrina que el mismo sólo procede cuando el Tribunal de Reenvío no se atiene en su decisión al criterio sentado por la casación con motivo de la resolución de alguna denuncia por error de juzgamiento; enfatizándose que sólo resulta procedente dicho recurso cuando este Tribunal Supremo ha casado un fallo por errores de juicio y no por defectos de actividad.
Así, la Sala, en sentencia N° 177, de fecha 25 de mayo de 2000, expediente N° 1999-1044, caso: Tarcisia Mota contra José Luvinel Parra Vargas, ratificada por quien suscribe el presente fallo, en decisión N° RNYC-214 de fecha 26 de abril de 2017, caso: Distribuidora de Licores Managers C.A., contra Seguros Nuevo Mundo S.A., la cual dejó sentado lo siguiente:
(
) Esto es, más de treinta años después, el turbulento avance de la materia dejó claro que, inclusive, sólo procede el recurso de nulidad que plantea el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, en este único supuesto:
Cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por error de juicio o error in iudicando y el Juez de reenvío contraría la doctrina desarrollada en el fallo. No puede intentarse el recurso de nulidad cuando la Sala de Casación Civil ha casado una sentencia por vicio de actividad, ya que en este caso se repone la causa y se sustancia de nuevo el juicio por el juez de reenvío que no está atado sino por la obligación de respetar las reglas de derecho, en dicha sustanciación, y en la elaboración de la nueva sentencia (Sentencia de 24 de abril de 1998, en el juicio de Inversora Findam, S. A. contra La Porfia, C. A.)
.
Como se podrá notar, el desarrollo del tema ha dado fructíferas enseñanzas, siendo una de ellas, la más notable, que el recurso de nulidad está dirigido a delatar la consonancia de la sentencia del Tribunal de reenvío con la doctrina de casación que la antecedió, siempre y cuando se refieran a errores de juzgamiento. Luego, no es posible realizar el recurso de nulidad para denunciar vicios de procedimiento anteriores ni posteriores a la sentencia de reenvío, o de construcción de esa misma decisión, lo cual quedará en el dominio de las denuncias del recurso de actividad que deberá interponerse en forma subsidiaria al de nulidad, o en forma principal si no hubiese razones para presentar el primero.
Como el recurso de nulidad de la demandante se refiere a problemas típicos de actividad previa a la sentencia de reenvío, y no aparece el señalamiento sobre la disconformidad de la sentencia recurrida con la tesis de casación, esta Sala debe declarar sin lugar dicho recurso en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
Ahora bien, en el presente caso el recurrente en nulidad para fundamentar su recurso, señaló que el ad quem omitió en su parte motiva, la validez de la preferencia ofertiva realizada a la demandante en fecha 11 de Octubre de 2012 , y asimismo delata que se tergiversó el thema decidendum, al decidir algo distinto a lo peticionado, como lo fue, el sentenciar la falta de ejercicio del derecho preferente ofertivo de la actora y su notificación de conformidad con el Articulo 44 de la LAI (sic) y el literal "a" del artículo 48 de eiusdem cuando ello no fue alegado por la actora , evidenciándose de lo antes expuestos que se señalan como vicios de nulidad dos vicios propios del recurso extraordinario de casación, como son la incongruencia negativa y la incongruencia por tergiversación, que constituyen defectos de actividad denunciables bajo las previsiones del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y no se ataca la doctrina estimatoria fijada por la Sala en la sentencia que ordenó el reenvío, por infracción de ley bajo las previsiones del ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, lo que determina la improcedencia del recurso de nulidad propuesto. Así se decide.
De igual forma esta Sala observa, que revisada la sentencia dictada por el juez de reenvío, no se desprende que haya incurrido en violación de la doctrina señalada en la sentencia N° 88, de fecha 18 de febrero de 2016, de esta Sala de Casación Civil, que lo originó.
En consideración a todo lo antes expuesto, se declara sin lugar el recurso de nulidad propuesto por la apoderada judicial de las co-demandadas. Así se decide.-
Vista la desestimación del recuso de nulidad propuesto, pasa la Sala a conocer del recurso extraordinario de casación incoado de forma subsidiaria, y al respecto observa:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
Por razones metodológicas, la Sala altera el orden seguido por el formalizante y pasa a resolver la segunda denuncia por defecto de actividad del escrito complementario de formalización, en los siguientes términos:
-II-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida de los artículos 11, 12, 15, 243 ordinal 4° y 244 del Código de Procedimiento Civil, por la comisión del vicio de inmotivación por motivación contradictoria, con base en la siguiente fundamentación:
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del Articulo 243 ordinal 4° eiusdem en concordancia con los Artículos 12 y 244 del Código de Procedimiento Civil, por, consecuente infracción de los Artículos 11 y 15 de la precitada norma adjetiva (CPC) por estar inficionado el fallo recurrido con el vicio "motivación contradictoria", lo cual deviene en el vicio de inmotivación, toda vez que, pese a que la Alzada (sic) mencionó y valoró la prueba documental consistente en Anexo (sic) marcado como G promovido por las co-demandadas INVERSIONES 112850, C.A. y BEST CHOICE INC., consistente en original del documento autenticado ante la Notarla Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda referente a la preferencia ofertiva hecha por INVERSIONES 1182450, C.A., en la que notifica a la Sociedad Mercantil K-B-LLOS 00, C.A., en La persona de su Directora General, la ciudadana María Lourdes Bautista Novoa, de fecha 11 de Octubre de 2012, quedando así establecido el hecho referente a la práctica efectiva de la notificación de la Preferencia (sic) Ofertiva (sic) (Art. 42 y 44 LAI), determinó contradictoria y erróneamente en la parte motiva que no constaba en autos prueba de la notificación del ánimo de ofertar el local por parte de nuestra representada, INVERSIONES, a la arrendataria demandante K-B-LLOS 00, C.A., en cumplimiento de lo previsto en los Artículos 42 y 44 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, lo que condujo al Tribunal (sic) de la recurrida a revisar si la actora había cumplido con los requisitos conforme a Ley (sic) (Artículo 42 LAI) para gozar del Derecho (sic) Preferente (sic), concediendo nuevamente dicho derecho, ante la supuesta falta de notificación, cuando ésta fue efectivamente notificada de la Oferta (sic) en venta del inmueble arrendado, así reconociéndolo en él escrito Libelar, siendo que la actora reclamaba en juicio -como punto de partida de su demanda por Retracto Legal- la falta de notificación de los términos de la Dación en Pago celebrada entre las codemandadas, mediante documento público debidamente registrado y no la falta de notificación de la Oferta en Venta en ejercicio de su derecho preferente, por parte de INVERSIONES, en aplicación del Artículo 44 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, como erróneamente sentenció la Alzada (sic). Lo anterior, trae como consecuencia, la nulidad del fallo de conformidad con el Artículo 244 del Código de Procedimiento Civil.
FUNDAMENTO TÉCNICO DE LA DENUNCIA:
Esta Sala de Casación Civil de manera pacífica ha asentado criterios que colocan en primer orden la lógica argumentativa como propia de la seguridad jurídica en la resolución de la controversia. Es así como la contradicción pasará a constituir la destrucción total del argumento, deviniendo en su asimilación a falta absoluta de motivación (inmotivación), vale citar fallo alusivo, dictado en fecha 30 de mayo de 2013, Caso: ORIÓN REALTY, C.A. Vs. FRANKLIN DEL VALLE RODRÍGUEZ ROCA (Expediente № 2012- 594), de seguida extracto de interés:
Omissis
La motivación del fallo se encuentra sellada por dos aspectos, como lo son la motivación del Hecho y la motivación del Derecho que, en anillo argumentativo, componen la logicidad del fallo respecto al particular de que se trate. Es así como la contradicción puede presentarse en el proceso de establecimiento del hecho, atendiendo a los argumentos de las partes y su sometimiento al filtro probatorio, o en la labor de subsunción en el precepto legal invocado o aplicable.
Omissis
En el caso de marras, el Juez yerra en el establecimiento del hecho, pues su contradicción, se materializó, no en determinar si la notificación de la preferencia ofertiva, por ejemplo, no reunía los requisitos del artículo 44 de la LAI, sino en afirmar, por una parte que fue promovida y que gozaba de valor probatorio la notificación de la preferencia ofertiva, en la oportunidad de relacionar las pruebas, no obstante, en la oportunidad de motivar el fallo como previo de la subsunción de la norma el caso concreto, afirmó que no constaba en autos la existencia de la notificación por preferencia ofertiva (Art. 44 LAl/literal a Art. 48 LAI), lo cual resulta contradictorio.
Analizado lo anterior, tenemos que en el caso de marras, en el Folio 31 de la sentencia recurrida, la Alzada estableció lo siguiente:
7.- Marcado G (folios 522 al 527) original del documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda referente a la preferencia ofertiva hecha por INVERSIONES 1182450, C.A., en la que notifica a la Sociedad Mercantil K-B-LLOS 00, C. A. , en la persona de su Directora General la ciudadana María Lourdes Bautista Novoa, de fecha 11 de Octubre de 2012. Este Tribunal le otorga valor probatorio, ya que en ningún momento ha sido desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo -129 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, del cual se aprecia que la codemandada INVERSIONES 1182450, C.A., notificó sobre la preferencia ofertiva a la demandante. Así se establece.
Pero en forma contradictoria, señala lo siguiente, sobre él mismo punto (práctica de la notificación para el agotamiento de la Preferencia (sic) Ofertiva (sic) del Arrendatario (sic)) en los folios 47 y 48:
Precisado lo anterior, el artículo 48 del Decreto con Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios señala lo siguiente:
El arrendatario podrá ejercer el derecho de retracto a que se contrae el artículo 43, si se produjeran cualesquiera de los supuestos siguientes: a) No se le hubiere hecho la notificación prevista en el artículo 44 de este Decreto Ley o se hubiere en ella alguno de los requisitos exigidos... (Subrayado Propio)
En este orden de ideas, tomando en cuenta que no quedó demostrado en autos la existencia de la respectiva notificación, y facultado el actor para ejercer su derecho de retracto, le corresponde a esta alzada, a modo de continuidad, verificar si en el caso bajo análisis, el accionante cumplió con los requisitos y/o elementos para la procedencia del derecho de retracto legal arrendaticio, pues tal y como lo establece nuestra legislación, resulta ineludible que se cumplan los requerimientos que de forma concurrente establece el mencionado artículo 42 eiusdem, a saber; primero; que el arrendatario tenga más de dos años ocupando el inmueble, segundo; que el arrendatario se encuentre solvente con el pago de los cánones de arrendamiento, y tercero; que satisfaga las aspiraciones del propietario (...) .
Es decir, la Alzada (sic) (folios 47 y 48 de la sentencia) emplenado (sic) bastoncillos y subrayado, destaca el literal a del Artículo 48 de la LAI, referente a la falta de práctica de notificación de la Preferencia (sic) Ofertiva (sic), cuando dicho hecho no solo no era controvertido sino que, aunado a ello, en forma totalmente contradictora, en el Folio (sic) 31 de la sentencia, dispuso sobre la documental. Marcada (sic) G, promovida por INVERSIONES, consistente en la preferencia ofertiva practicada por mi representada en la persona de la representante legal de K-BLLOS 00, C.A. que otorga valor probatorio, ya que en ningún momento ha sido desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, del cual se aprecia que la codemandada INVERSIONES 1182450, C.A., notificó sobre la preferencia ofertiva a la demandante. Así, se establece
Lo antes expuesto pone en evidencia el divorcio lógico en que incurriese la Alzada en el establecimiento del hecho de la efectiva notificación de la Preferencia (sic) Ofertiva (sic) por parte de la co-demandada INVERSIONES 1182450, C.A. a la arrendataria demandante, afirmando por una parte que sí se llevó a cabo dicha notificación, al punto que así lo da por demostrado, al mencionar y valorar correctamente la documental Marcada (sic) G, pero luego, en franca contradicción, declara que no consta en autos la práctica de la notificación de Preferencia (sic) Ofertiva (sic) por parte de INVERSIONES 1182450, C.A.
La contradicción se aprecia incluso respecto a otro pasaje del fallo, cuando señala la Alzada (sic) en. los folios 24 y 25 de la sentencia, puntualmente al desarrollar el particular 10 que el traslado de la Notaría Pública tenia por propósito, se cita textual: notificar extrajudicialmente a los ciudadano (sic) Randolph Anthony Morrison Básalo y Luis Enrique Fernández Feo, Gerentes Administradores de INVERSIONES 1182450, C.A., de fecha 26 de octubre de 2012, sobre la aceptación de la preferencia ofertiva, es decir, en la relación de los hechos por parte del Tribunal (sic) se reconoce que sí se llevó a cabo la Preferencia (sic) Ofertiva (sic), por lo que la contradicción resulta más que evidente siendo irreconciliable a los fines de construir el hecho en forma univoca.
Era evidente que el Tribunal de Alzada (sic) perseguía favorecer a la actora creando una suerte de reapertura de la oportunidad para que ésta manifestase en tiempo hábil su aceptación a la Preferencia (sic) Ofertiva (sic), pues como fue demostrado en juicio, la demandante actuó en forma negligente, toda vez que, venciendo el lapso de 15 días para que procediese a dar respuesta a la preferencia ofertiva, aguardó al último día (26 de octubre de 2012) y agotó un único intento a lo largo de los 15 días, a los fines de dar respuesta mediante su aceptación, pretendiendo soslayar ello con una segunda notificación de fecha 30 de octubre de 2012, que devenía en extemporánea.
Lo que es peor aún, la privación del ejercicio del derecho preferente por parte de la actora, en sujeción al Artículo 44 de la LAI, no era un hecho controvertido, por así haberlo precisado la demandante en su propio escrito libelar como se cita textual de seguidas (Página 10- Folio 11- Pieza I):
SEGUNDA CONSIDERACIÓN: A pesar de lo anterior, la arrendadora, con el fin de poder realizar la traslación de la propiedad de manera simulada, tenía que cumplir con el requisito de la preferencia ofertiva. Por ello, en fecha 11 de octubre de 2012, de manera auténtica notifica la supuesta intención de ésta de vender el inmueble que ocupa mi mandante en calidad de arrendataria, dando así cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 44 del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, para el ejercicio de su derecho preferente. No obstante, resulta evidente que, de manera premeditada La arrendadora provocó que la aceptación de dicha oferta jamás le llegara dentro del plazo de quince (15) días que la ley establece; ello se puede deducir de la casual ausencia de persona alguna en el domicilio de la empresa INVERSIONES 1182450, C.A., el día 26 de octubre de 2012 (...)
Es así como los argumentos de la Alzada respecto a la práctica de la notificación de la Preferencia Ofertiva por parte de nuestra representada en la persona de los representantes de la actora, su establecimiento como un. hecho controvertido, cuando no solo no lo era, sino que, aunado a ello, constaban en autos pruebas que demostraban (Anexo G) la práctica de la notificación de la preferencia ofertiva en los términos a los que se contrae el Artículo 44 de la LAI, así como afirmaciones en la propia sentencia que daban cuentas de la práctica efectiva de la notificación y que incluso, servían de fundamento a las pruebas de la propia demandante, como es el caso del Anexo K promovida por ésta, terminan por ser contradictorias, destruyéndose entre si debiendo considerarse como inmotivado el particular relé rente a la notificación efectiva de la Preferencia Ofertiva por parte de nuestra representada a la actora, ello en el supuesto negado de que esta Sala considerase que el Thema Decidendum en el caso de marras sí lo constituye el literal a del artículo 48 de la LAI y no el supuesto de hecho del literal b del mismo Artículo (sic).
Todo lo anterior resultó determinante para el dispositivo del fallo, pues en el supuesto negado de que esta Sala Juzgase (sic) improcedente el primer vicio delatado con esta Formalización (sic), determinando que los hechos controvertidos versaban sobre La violación del derecho preferente de la actora mediante la falta de notificación de la preferencia ofertiva (no siendo este el Thema Decidendum) por parte de nuestra representada, INVERSIONES, tenemos que ésta última, sí garantizó a La actora su derecho de preferencia ofertiva sobre el local arrendado de conformidad con el Artículo 44 de la Ley sustantiva especial, siendo ello un hecho no solo NO controvertido como se colige del. escrito libelar, sino también, probado como se evidencia del Anexo G de consistente en original del documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda, correspondiente a la preferencia ofertiva hecha por INVERSIONES 1182450, C.A., en la que se notifica a la Sociedad Mercantil K-B-LLOS 00, C.A., en la persona de su Directora General la ciudadana María Lourdes Bautista Novoa, de fecha 11 de Octubre de 2012, habiendo declarado sin lugar el Retracto (sic) Legal (sic) Arrendaticio (sic), por lo que tal contradicción hace imposible el control legal del fallo, visto los argumentos irreconciliables, siquiera por otro emergente. Si la Alzada (sic) hubiere emitido un juicio coherente, respetando la logicidad del fallo y dando lectura sostenida a las pruebas e incluso, a sus propias afirmaciones a lo largo de la motivación, aun considerando erróneamente que el hecho controvertido lo era la práctica o no de la notificación de la preferencia ofertiva a favor de la demandante, habría declarado de igual forma sin lugar la demanda, pues dicha notificación sí fue practicada, constituyendo su supuesta falta de práctica, el fundamento en el que la Alzada (sic) procedió declarar con lugar la demanda a través de una especie de reexamen de las condiciones de procedencia del derecho preferente de la actora, cuando ésta contó con el ejercicio de dicho derecho, solo que actuó en forma extemporánea, obrando en su propio perjuicio.
Con base en lo anterior, se solicita sea declarado procedente el vicio por motivación contradictoria, con consecuente inmotivación, resultando nulo el fallo conforme al Artículo 244 de la norma adjetiva (Destacados de lo transcrito).-
Para decidir, la Sala observa:
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se delató la infracción por la recurrida de los artículos 11, 12, 15, 243 ordinal 4° y 244 del Código de Procedimiento Civil, por la comisión del vicio de inmotivación por motivación contradictoria.
El recurrente en casación señaló, que la juez de alzada incurrió en el delatado vicio en afirmar, por una parte que fue promovida y que gozaba de valor probatorio la notificación de la preferencia ofertiva, en la oportunidad de relacionar las pruebas, no obstante, en la oportunidad de motivar el fallo como previo de la subsunción de la norma el caso concreto, afirmó que no constaba en autos la existencia de la notificación por preferencia ofertiva (Art. 44 LAI/ literal a Art. 48 LAI), lo cual resulta contradictorio ..
Aduciendo además que la alzada: pone en evidencia el divorcio lógico en que incurriese en el establecimiento del hecho de la efectiva notificación de la Preferencia Ofertiva por parte de la co-demandada INVERSIONES 1182450, C.A. a la arrendataria demandante, afirmando por una parte que sí se llevó a cabo dicha notificación, al punto que así lo da por demostrado, al mencionar y valorar correctamente la documental Marcada G, pero luego, en franca contradicción, declara que no consta en autos la práctica de la notificación de Preferencia Ofertiva por parte de INVERSIONES 1182450, C.A .
Ahora bien, es prudente resaltar que, es doctrina de esta Sala, y que constituye materia de orden público, lo siguiente:
(
) La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras:
1.- Las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia,
2.- Las materias relativas a la competencia en razón de la cuantía o la materia,
3.- Las materias relativas a la falta absoluta de citación del demandado, y
4.- Las materias relativas a los trámites esenciales del procedimiento
(Fallo N° RC-640 del 9-10-2012. Exp. N° 2011-31). (Destacados del fallo citado).-
Por su parte, también tiene establecido la doctrina de esta Sala, que los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la nulidad de la sentencia, pues los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por lo cual esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 830 del 11 de agosto de 2004, caso Pedro Alejandro Nieves Siso y otros, contra Carmen Díaz de Falcón y otros, expediente Nº 2003-1166, señaló lo siguiente:
Esta Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 435 de fecha 15 de noviembre de 2002, caso José Rodrígues Da Silva contra Manuel Rodrígues Da Silva, expediente Nº 99-062, señaló lo siguiente:
La Sala ha indicado de forma reiterada el carácter de orden público de los requisitos formales de la sentencia, por lo que, al detectarse una infracción en este sentido, le es dable ejercer la facultad consagrada en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, para casar de oficio el fallo recurrido.
En tal sentido, la Sala en sentencia Nº 72, de fecha 5 de abril de 2001, Exp. 00-437, en el caso de Banco Hipotecario Venezolano, C.A., contra Inversiones I.L.L.C.C., C.A., ratificó el siguiente criterio, que hoy nuevamente se reitera:
Los requisitos intrínsecos de la sentencia contemplados en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, como se ha establecido en numerosos fallos de esta Sala, son de estricto orden público. En este sentido, se ha señalado que los errores in procedendo' de que adolezca una sentencia de última instancia, constituyen -como atinadamente expresa Carnelutti- un síntoma de injusticia que debe reprimirse por medio de la rescisión de la sentencia, en cuanto que los errores de tal naturaleza se traducen en violación del orden público, por en fin de cuentas reconducirse en la vulneración de alguna de las garantías no expresadas en la Constitución. (Sentencia de fecha 13 de agosto de 1992, caso Ernesto Pardo Morales contra Carlos Lanz Fernández, expediente Nº 91-169, Sentencia Nº 334).
(Destacado de esta Sala).
En el mismo sentido, que los requisitos formales de la sentencia constituyen materia de orden público, se observa la decisión Nº 889, de fecha 11 de mayo de 2007, expediente Nº 2007-285, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por la ciudadana Carola Yolanda Meléndez Belisario, que dispuso lo siguiente:
En relación con la primera denuncia de la solicitante, cabe señalar que es jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional (Vid. entre otras, sentencias núms. 1222/06.07.01, caso: Distribuciones Importaciones Cosbell C.A.; 324/09.03.04, caso: Inversiones La Suprema C.A.; 891/13.05.04, caso: Inmobiliaria Diamante S.A., 2629/18.11.04, caso: Luis Enrique Herrera Gamboa y 409/13.03.07, caso: Mercantil Servicios Financieros, C.A.), que los requisitos intrínsecos de la sentencia, que indica el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tales como la motivación, la congruencia, o la determinación objetiva del fallo son de estricto orden público, lo cual es aplicable a cualquier área del derecho y para todos los Tribunales de la República, salvo el caso de las sentencias que declaran inadmisible el control de legalidad y las de revisión constitucional dictadas por la Sala de Casación Social y por esta Sala, respectivamente, en las que, por su particular naturaleza de ser una potestad y no un recurso, tales requisitos no se exigen de manera irrestricta u obligatoria
. (Destacados de esta Sala).
Por lo cual los vicios de indeterminación orgánica, objetiva y subjetiva, indeterminación de la controversia, incongruencia negativa, positiva, por tergiversación, extrapetita, inmotivación, absolución de la instancia, sentencia condicionada o contradictoria y ultrapetita, constituyen materia de orden público, al violar principios y garantías constitucionales referentes al derecho a la defensa y una tutela judicial efectiva. (Cfr. Fallos de esta Sala Nos. RC-193, del 17 de marzo de 2016. Exp. N° 2015-628, RC-510, del 9 de agosto de 2016. Exp. N° 2016-126 y RC-891, del 9 de diciembre de 2016. Exp. N° 2015-830).-
A su vez cabe señalar, en torno a, que la función jurisdiccional es una actividad reglada, la sentencia Nº 1068 de fecha 19 de mayo de 2006, expediente Nº 2006-447, de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en el recurso de revisión constitucional incoada por el ciudadano José Gregorio Tineo Nottaro, que dispuso lo siguiente:
Asimismo sostuvo en sentencia del 19 de agosto de 2002 (Caso: Plaza Suite I C.A.), que:
la función jurisdiccional es una actividad reglada, que debe adecuarse a ciertos parámetros interpretativos establecidos de manera previa y formal por el Legislador, donde la aplicación indefectible por el juzgador de ciertas consecuencias jurídicas se impone, ante determinados presupuestos de hecho.
Esta actividad reglada previene fórmulas de actuación para la magistratura en virtud de la cual si bien el juez dispone de la posibilidad de emitir juicios de opinión que obedezcan a su particular manera de comprender las situaciones sometidas a su conocimiento y posee un amplio margen interpretativo, debe, sin embargo, ceñirse en su actividad decisoria a los postulados legales que regulan tal actividad. En este sentido, se advierte como el ordenamiento jurídico introduce disposiciones normativas dirigidas especialmente a la actividad de juzgamiento´.
Las anteriores consideraciones se fundamentan en los artículos 15, 243, ordinal 5º y 244 del Código de Procedimiento Civil
. (Destacados de esta Sala).
Por su parte el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, estatuye expresamente lo siguiente:
Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior; por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita. (Destacado de la Sala)
El artículo 243 eiusdem, dispone:
Toda sentencia debe contener:
1° La indicación del Tribunal que la pronuncia.
2° La indicación de las partes y de sus apoderados.
3° Una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan de autos.
4° Los motivos de hecho y de derecho de la decisión.
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.
6° La determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión. (Destacado de la Sala)
El artículo 12 ibídem, preceptúa:
Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la ley, de la verdad y de la buena fe.
Por su parte el artículo 15 del código adjetivo civil, expresa:
Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género.
De donde se desprende, en un análisis concatenado de las normas antes transcritas, por ser materia de orden público, que el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia es sancionado por la ley con la nulidad la decisión de que se trate, y que igual consecuencia acarrea, el que el juez haya absuelto la instancia, por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca qué sea lo decidido; y cuando sea condicional, o contenga ultrapetita, porque otorgue más o cosa distinta a lo pretendido. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-103, de fecha 25 de febrero de 2004, expediente N° 1999-395, caso: Mercedes Isabel Reyes Bastidas contra Ricardo Fadus Yaujuana y otro.)
Ahora bien, en el presente caso esta Sala considera necesario transcribir lo pertinente del fallo recurrido, a objeto de verificar si ha incurrido en la infracción de orden público en su formación, concerniente a la inmotivación por motivación contradictoria, con el incumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia, y al respecto observa:
La sentencia impugnada en casación, estableció lo siguiente:
(
) DE LAS PRUEBAS.
Omissis
DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA.
La codemandada BEST CHOICE, INC, aportó las siguientes probanzas:
Omissis
Por su parte, la codemandada INVERSIONES 1182450, C.A., aportó las siguientes probanzas:
Omissis
7.- Marcado G (folios 522 al 527) original del documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda referente a la preferencia ofertiva hecha por INVERSIONES 1182450, C.A., en la que notifica a la Sociedad Mercantil K-B-LLOS 00, C.A., en la persona de su Directora General la ciudadana María Lourdes Bautista Novoa, de fecha 11 de octubre de 2012. Este tribunal le otorga valor probatorio, ya que en ningún momento ha sido desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, del cual se aprecia que la codemandada INVERSIONES 1182450, C.A., notificó sobre la preferencia ofertiva a la demandante. Así se establece.-
Omissis
Valorado como ha sido el material probatorio traído a los autos por ambas partes, se procede a emitir pronunciamiento de fondo.
Omissis
De la acción Subsidiaria (sic) de Retracto (sic) Legal (sic) Arrendaticio (sic) interpuesta por la parte actora.
Como quedo de manifiesto en la parte narrativa del presente fallo, la parte actora solicitó como acción subsidiaria el retracto legal arrendaticio en cuanto a la operación de dación en pago que consta de documento protocolizado debidamente inscrito en fecha 14 de noviembre de 2012, bajo el N° 2012. 2093, bajo el asiento registral 1 del Inmueble matriculado con el N° 240.13.18.1.19876, correspondiente al folio Real del año 2012, mediante el cual se le transmitió a la última de las mencionadas, entre otros bienes inmuebles, un local comercial ubicado en el nivel plaza, planta baja, distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida principal de la Urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda.
Por su parte las demandadas al momento de contestar la demanda negaron, rechazaron y contradijeron por falso, que INVERSIONES 1182450, C.A., en su carácter de arrendadora, haya tenido que cumplir con el requisito de la preferencia ofertiva, para realizar la traslación de propiedad de manera simulada, en efecto, las dos codemandadas opusieron idénticas defensas, esto es, en primer lugar que la operación llevada a cabo entre las partes es una dación en pago y no una compraventa, excluyéndose así la aplicación del supuesto de preferencia ofertiva prevista en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; y, en segundo lugar, opusieron la caducidad de la acción, al haber transcurrido más de cuarenta (40) días entre la fecha en que fue notificado el actor y tuvo conocimiento de la operación y la fecha en que interpuso la demanda.
Para decidir se observa;
El artículo 43 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios establece: El retracto legal arrendaticio es el derecho que tiene el arrendatario de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por cualquier acto que comporte la transmisión del derecho de propiedad.
Ahora bien, con respecto al alegato de las demandadas relativo a que la dación en pago excluye la posibilidad del retracto legal arrendaticio, no se colige de la norma supra transcrita que tal afirmación sea cierta, pues el articulo in comento no menciona el tipo de negocio jurídico a través del cual puede ser trasladada la propiedad, lo que deja ver que cualquier operación cuya consecuencia es la transmisión de la propiedad del bien del arrendador-propietario a un tercero sin cumplir con las condiciones exigidas en la Ley, pueden ser atacadas por vía de retracto legal arrendaticio, razón por la cual al no excluirse la dación en pago como medio para transmitir la propiedad y estar incluida en un instrumento traslativo de propiedad no prospera la excepción previa opuesta por las co-demandadas en su escrito de contestación, relativo a que con la dación en pago quedaron ellas excluidas de la obligación de ofrecer el inmueble de autos a la parte actora, en virtud de la preferencia ofertiva. Y así se establece.-
Observa esta Superioridad (sic), que el Tribunal (sic) de la causa consideró que habían transcurrido más de cuarenta (40) días entre la fecha en que la parte actora tuvo conocimiento de la transmisión del bien, es decir el 04 (sic) de marzo de 2013 y la fecha en que se interpuso la demanda, a saber; 17 de mayo de 2013, concluyendo el a-quo bajo ese supuesto, que la acción de retracto legal está absoluta y claramente caduca.
Por su parte, el Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial en fecha 20 de febrero de 2015, respecto a la caducidad alegada por la parte demandada señaló;
Omissis
No obstante, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión de fecha 18 de febrero de 2016, ordenó que por vía de reenvío, el Juzgado Superior que conociera acogiera al criterio explanado en dicha decisión, cuyo criterio se transcribe de seguidas;
Omissis
Para emitir pronunciamiento con apego estricto a lo ordenado por nuestro máximo Tribunal de la República en Sala de Casación Civil, se observa;
Establecen los artículos 42 al 45 y 47 del Decreto con Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, lo siguiente:
Omissis
Ahora bien, de acuerdo con el criterio supra transcrito de la Sala de Casación Civil que esta alzada lo acoge y lo aplica al presente caso, las partes pueden ejercer la acción de retracto legal arrendaticio, dentro de los cuarenta (40) días siguientes, computados a partir de la fecha en que quede demostrado que hayan tenido conocimiento claro de la enajenación o dación en pago del inmueble.
En ese sentido, adujo la Sala que la misiva de fecha 3 de marzo de 2013, en la que la demandante recibió la información de que a partir de esa fecha debía pagar los cánones de arrendamiento y tratar todo lo relacionado con el contrato de arrendamiento, con la sociedad mercantil BEST CHOICE, INC, no indicaba expresamente la dación en pago del inmueble a esta última, ni el precio ni los términos generales en que se llevó a cabo, al no haber sido acompañada por el documento traslativo de la propiedad.
Esa imprecisión u omisión generó en la arrendataria tal incertidumbre que en fecha posterior a su recibo, es decir, el día 8 de abril de 2013, concurrió al Registro respectivo a solicitar copia simple del documento contentivo del negocio jurídico mediante el cual Inversiones 1182450, C.A., dio en pago a la empresa BEST CHOICE INC., todos los locales y oficinas de su propiedad que conforman el edificio Torre La Castellana, entre los que se encuentra el inmueble que nos ocupa.
De acuerdo a lo antes expuesto y apegándonos estrictamente al criterio de la Sala Civil de nuestro Máximo Tribunal, el lapso de caducidad para ejercer el retracto legal arrendaticio comienza a computarse a partir de la fecha de notificación al inquilino de la enajenación del inmueble, o la prueba cierta que ha tenido conocimiento de ello, entonces, como quiera que fue el día 8 de abril de 2013, cuando la parte actora concurrió al Registro respectivo a solicitar copia simple del documento contentivo del negocio jurídico mediante el cual Inversiones 1182450, C.A., dio en pago a la empresa BEST CHOICE INC., todos los locales y oficinas de su propiedad que conforman el edificio Torre La Castellana, entre los que se encuentra el inmueble de autos, concluye quien decide que es a partir de esa fecha 08 (sic) de abril de 2014, que comienza a computarse el lapso de caducidad establecido en el artículo 47 del Decreto con Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, supra transcrito, y por cuanto la demanda fue incoada en fecha 17 de mayo de 2013, es decir; habiendo transcurrido 39 días continuos de los 40 que establece la norma como plazo para efectos de la caducidad de la acción, concluye quien decide que la parte actora ejerció su derecho de retracto legal arrendaticio en tiempo hábil, pues lo hizo en el día 39, por lo que no procede en derecho la caducidad de la acción alegada por la parte demandada. Y así se establece.-
Precisado lo anterior, el artículo 48 del Decreto con Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios señala lo siguiente:
El arrendatario podrá ejercer el derecho de retracto a que se contrae el artículo 43, si se produjeran cualesquiera de los supuestos siguientes: a) No se le hubiere hecho la notificación prevista en el artículo 44 de este Decreto Ley o se omitiere en ella alguno de los requisitos exigidos
(Subrayado Propio)
En este orden de ideas, tomando en cuenta que no quedó demostrado en autos la existencia de la respectiva notificación, y facultado el actor para ejercer su derecho de retracto, le corresponde a esta alzada, a modo de continuidad, verificar si en el caso bajo análisis, el accionante cumplió con los requisitos y/o elementos para la procedencia del derecho de retracto legal arrendaticio, pues tal y como lo establece nuestra legislación, resulta ineludible que se cumplan los requerimientos que de forma concurrente establece el mencionado artículo 42 eiusdem, a saber: primero; que el arrendatario tenga más de dos años ocupando el inmueble, segundo; que el arrendatario se encuentre solvente con el pago de los cánones de arrendamiento, y tercero; que satisfaga las aspiraciones del propietario
Con las probanzas analizadas en la oportunidad del examen del acervo probatorio, específicamente la marcada D (folios 484 al 492 pieza I), se evidencia la copia fotostática del contrato de arrendamiento autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del Estado Miranda de fecha 25 de noviembre de 2008, anotado bajo el No. 16, Tomo 226, a cuya copia este Juzgado Superior le otorgó valor probatorio, ya que en ningún momento fue desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, apreciándose que entre las partes que conforman el presente juicio se celebró un contrato de arrendamiento sobre el inmueble constituido por un local comercial ubicado en el nivel plaza (planta baja) distinguido con el número 2, del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la Av. Principal de la Urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, en Jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda, autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del Estado Miranda de fecha 25 de noviembre de 2008, anotado bajo el No. 16, Tomo 226, en consecuencia se desprende que la parte actora tiene más de dos años ocupando el inmueble en calidad de arrendataria cumpliéndose así el primer requisito. Y así queda establecido.
En cuanto al requisito relativo a la solvencia en el pago de los cánones de arrendamiento, encuentra ésta alzada que no fue punto controvertido en este juicio la solvencia o no del arrendatario, por lo que se tiene que la accionante se encontraba solvente al momento de interponer la demanda de retracto legal, en fecha 17 de mayo del 2013. Y así también se establece.
Por último, en cuanto al tercer requisito a que alude la norma, es decir, que se satisfaga las aspiraciones del propietario, mal podía el arrendatario satisfacer tales aspiraciones pues las desconocía, en virtud de la dación en pago que se celebró entre las co-demandadas, aunado a que la arrendadora procedió a evitar le fuere hecha la notificación con la respuesta de la preferencia ofertiva, lo cual se evidencia de la gestión de notificación infructuosa que realizara la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 26 de octubre de 2012, tal como se desprende del anexo marcado K (folios 76 al 85 pieza I), relativo al documento original en el cual la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, se trasladó y constituyó en el local distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre la Castellana, situado en la avenida principal de la Urbanización la Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda, con el propósito de notificar extrajudicialmente a los ciudadanos Randolph Anthony Morrison Basalo y Luís Enrique Fernández Feo, Gerentes Administradores de INVERSIONES 1182450, C.A., de fecha 26 de octubre de 2012, sobre la aceptación de la preferencia ofertiva. Este tribunal le otorgó valor probatorio, ya que en ningún momento fue desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, lo anterior se desprende del anexo marcado L (folios 86 al 92 pieza I), relativo al documento original en el cual la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, se trasladó y constituyó en el local distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre la Castellana, situado en la avenida principal de la Urbanización la Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda, con el propósito de notificar extrajudicialmente a los ciudadanos Randolph Anthony Morrison Basalo y Luís Enrique Fernández Feo, Gerentes Administradores de INVERSIONES 1182450, C.A., de fecha 30 de octubre 2012, sobre la aceptación de la preferencia ofertiva. Este tribunal le otorgó valor probatorio, ya que en ningún momento fue desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
En efecto, siendo que se cumplieron los dos requisitos anteriores y toda vez que de los autos no se evidencia que la demandada arrendadora haya expresado queja alguna con respecto al estado del bien inmueble objeto del litigio, deduce esta sentenciadora que el mismo se encuentra en perfecto estado, por consiguiente el tercer requisito también se encuentra satisfecho. Y así se establece.-
De manera que, cumpliéndose los tres (3) requisitos copulativos exigidos en la norma a que se ha hecho referencia, esta Alzada concluye que en el caso de marras el pretendido retracto legal arrendaticio resulta procedente, pues el derecho de subrogación que dispone el arrendatario está concebido en la ley, con miras a proteger y beneficiar a éste, siendo irrenunciable, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y cumplidos como ha quedado de manifiesto tales requisitos, tiene la parte actora; sociedad mercantil K-B-LLOS 00, C.A., el derecho a subrogarse en el lugar del adquirente, es decir, tiene el derecho a que se le ofrezca en venta el inmueble de autos, en las mismas condiciones en que se le ofreció al adquiriente, BEST CHOICE, INC.; por lo que en el dispositivo del fallo se declarará con lugar la acción de retracto legal arrendaticio. Y así se establece
. (Destacados de la Sala).-
Ahora bien, de la lectura de todo lo antes transcrito se desprende palmariamente y sin lugar a dudas, tal y como lo adujo el formalizante, que la decisión impugnada adolece del vicio de inmotivación por contradicción en sus motivos, sobre un mismo punto, dado que los motivos expuestos por el juez se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, generando una situación equiparable a la falta de fundamentación, por cuanto que, la jueza de instancia en una evidente contrariedad argumentativa, procedió a otorgarle valor probatorio a las pruebas aportadas por la codemandada Inversiones 1182450, C.A., específicamente a la probanza marcada con la letra G, consistente de notificación notarial, (folio 476 de la pieza II del expediente), estableciendo lo siguiente:
7.- Marcado G (folios 522 al 527) original del documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda referente a la preferencia ofertiva hecha por INVERSIONES 1182450, C.A., en la que notifica a la Sociedad Mercantil K-B-LLOS 00, C.A., en la persona de su Directora General la ciudadana María Lourdes Bautista Novoa, de fecha 11 de octubre de 2012. Este tribunal le otorga valor probatorio, ya que en ningún momento ha sido desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, del cual se aprecia que la codemandada INVERSIONES 1182450, C.A., notificó sobre la preferencia ofertiva a la demandante. Así se establece
. (Destacado de la Sala).
Y por otro lado, en la parte motiva de la recurrida, específicamente en el punto denominado De la acción Subsidiaria de Retracto Legal Arrendaticio interpuesta por la parte actora , estableció que:
Precisado lo anterior, el artículo 48 del Decreto con Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios señala lo siguiente:
El arrendatario podrá ejercer el derecho de retracto a que se contrae el artículo 43, si se produjeran cualesquiera de los supuestos siguientes: a) No se le hubiere hecho la notificación prevista en el artículo 44 de este Decreto Ley o se omitiere en ella alguno de los requisitos exigidos
(Subrayado Propio)
En este orden de ideas, tomando en cuenta que no quedó demostrado en autos la existencia de la respectiva notificación, y facultado el actor para ejercer su derecho de retracto, le corresponde a esta alzada, a modo de continuidad, verificar si en el caso bajo análisis, el accionante cumplió con los requisitos y/o elementos para la procedencia del derecho de retracto legal arrendaticio, pues tal y como lo establece nuestra legislación, resulta ineludible que se cumplan los requerimientos que de forma concurrente establece el mencionado artículo 42 eiusdem, a saber: primero; que el arrendatario tenga más de dos años ocupando el inmueble, segundo; que el arrendatario se encuentre solvente con el pago de los cánones de arrendamiento, y tercero; que satisfaga las aspiraciones del propietario
. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, en cuanto a la inmotivación del fallo, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 1619, del 24 de octubre de 2008, expediente N° 08-774, caso de la Agencia de Festejos San Antonio C.A., en revisión constitucional, estableció lo siguiente:
El requisito de la motivación del fallo se fundamenta en el principio de legalidad de los actos jurisdiccionales. La tutela judicial eficaz requiere respuestas de los órganos de administración de justicia, que estén afincadas en motivos razonables, por lo que es necesario que toda sentencia contenga los motivos de hecho y de derecho en que apoye su dispositivo para el conocimiento y la comprensión de los litigantes, como condición y presupuesto para el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante la proposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley otorgue a las partes que tengan legitimación para oponerlos. Si no consta en el acto jurisdiccional la motivación sobre los supuestos de hecho o la cuestión de derecho, se configura el vicio de inmotivación o falta de fundamentos, cuya consecuencia es, se insiste, la obstaculización para la verificación del control de la legalidad del dispositivo de la sentencia.
El procesalista Leopoldo Márquez Añez explicó que el requisito de la motivación se incorporó en nuestra legislación desde la promulgación del Código de Procedimiento Judicial de 12 de mayo de 1836 (Código de Aranda). Asimismo, aludió al hecho de que en nuestras primeras constituciones existió una norma de carácter procesal. Sobre el particular comentó que:
El requisito de la motivación se consagró por primera vez en la Constitución de 15 de agosto de 1819, cuyo artículo 12, Sección Tercera, exigía que Todo tribunal debe fundar sus sentencias con expresión de la ley aplicable al caso. Esta consagración constitucional de la motivación representó un hito en la historia de las instituciones procesales en Venezuela, tanto más destacado y relevante, cuanto que ello significó la ruptura radical con el derecho español, que había eliminado el requisito de motivación de las sentencias desde 1778. En efecto, por Real Cédula de 23 de junio de 1778, Carlos III mandó derogar la práctica de motivar las sentencias, con la siguiente justificación:
Para evitar los perjuicios que resultan con la práctica
de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias, que vienen a ser un resumen del proceso, y las costas que las partes se siguen; mando, cese en dicha práctica de motivar las sentencias, ateniéndose a las palabras decisorias
. (Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana, Colección de Estudios Jurídicos n.° 25, págs., 31-33).
Igualmente, esta Sala Constitucional en reciente decisión n.° 889/2008 del 30 de mayo, y que hoy se reitera, señaló respecto a la necesidad de motivación de la sentencia lo siguiente:
la motivación del fallo debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que expresan los jueces como fundamento de su dispositivo; las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran y, las segundas, por la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes; por tanto, el vicio de inmotivación en el acto jurisdiccional consiste en la falta absoluta de afincamientos, que es distinto de que los mismos sean escasos o exiguos, lo cual no debe confundirse con la falta absoluta de motivación, que puede asumir varias modalidades: a) que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento; b) que las razones que haya dado el sentenciador no guarden relación alguna con la pretensión o la excepción, de modo que deben tenerse por inexistentes jurídicamente; c) que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y; d) que todos los motivos sean falsos
.. (Destacados de la Sala).
También ha sostenido esta Sala, que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades, a saber:
a) Que la sentencia no contenga materialmente ningún razonamiento que la apoye. Vale decir, no contenga materialmente ningún razonamiento, de hecho o de derecho que pueda sustentar el dispositivo.
b) Que las razones expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la pretensión deducida o las excepciones o defensas opuestas. Caso en el cual los motivos aducidos, a causa de su manifiesta incongruencia con los términos en que quedó circunscrita la litis, deben tenerse jurídicamente como inexistentes.
c) Que los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables. Generando una situación equiparable a la falta de fundamentación; y
d) Que todos los motivos son falsos. Caso en que los motivos sean tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden a la alzada o a la casación conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión, caso éste también que se equipara a la falta de motivación. (Cfr. Sentencia Nº 83 del 23/3/92, caso: Juan Nazario Perozo, contra Freddy Victorio Escalona Cortez y otros, reiterada mediante fallo Nº RC-182 del 9/4/08, Exp. 2007-876, entre otras, caso: Marlene Evarista Revete Abreu y otros, contra la Asociación Civil Unión de Conductores del Oeste).
Así las cosas, respecto al supuesto c) antes citado se observa, que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad del fallo, y en este sentido se ha pronunciado esta Sala en sus fallos N° RC-704, del 27 de noviembre de 2009, expediente N° 2009-242; N° RC-457, del 26 de octubre de 2010, expediente N° 2009-657; N° RC-215, del 13 de mayo de 2011, expediente N° 2010-547; N° RC-121 del 29 de febrero de 2012, expediente N° 2011-581; y N° RC-393 del 8 de julio de 2013, expediente N° 2013-101, entre muchos otros, de la siguiente forma:
siendo que la contradicción en los motivos envuelve en el fondo inmotivación, cuando los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves, generando así la falta absoluta de fundamentos sobre el punto de que trate, siempre que, naturalmente, la contradicción verse sobre un mismo considerando, lo cual conducirá, irremediablemente, a la destrucción recíproca de los mismos, e impedirá con ello el control de la legalidad el fallo
(Destacado de la Sala).
Por lo que, la motivación debe estar constituida por las razones de hecho y de derecho que dan los jueces como fundamento del dispositivo. Las primeras están formadas por el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que las demuestran; y las segundas, la aplicación a éstos de los preceptos y los principios doctrinarios atinentes.
Para la Sala en constante y pacífica doctrina, por lo menos a partir de 1906, está claro, que el vicio de inmotivación en el fallo, consiste en la falta absoluta de fundamentos y no cuando los mismos son escasos o exiguos con lo cual no debe confundirse. (Cfr. Fallo N° RC-934, de fecha 15 de diciembre de 2016, expediente N° 2016-365, caso: Michel Kalbahdji Basnaji contra ALTEC, C.A., y otro, bajo la ponencia del mismo Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo).-
Así las cosas, observa esta Sala de la sentencia recurrida, la contradicción en que incurriere la alzada en el establecimiento del hecho de la efectiva notificación de la preferencia ofertiva por parte de la co-demandada INVERSIONES 1182450 C.A., a la arrendataria demandante, afirmando por una parte que sí se llevó a cabo dicha notificación dándola por demostrado en la valoración realizada a la documental marcada con la letra G, y en su parte motiva, declara que no consta en autos la práctica de la notificación de la preferencia ofertiva, como ya se explicó con anterioridad en este fallo.
Lo que determina palmariamente sin lugar a dudas, que por una parte se le da valor probatorio a la prueba a la documental marcada con la letra G, señalando la notificación efectiva, cuando el fallo recurrido expresa:
Este tribunal le otorga valor probatorio, ya que en ningún momento ha sido desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.359 y 1.360 y siguientes del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, del cual se aprecia que la codemandada INVERSIONES 1182450, C.A., notificó sobre la preferencia ofertiva a la demandante. Así se establece
. (Destacado de la Sala).
Y por otra parte, se señala sobre el mismo punto, que no quedó demostrado en autos la existencia de la respectiva notificación, expresando lo siguiente:
que no quedó demostrado en autos la existencia de la respectiva notificación, y facultado el actor para ejercer su derecho de retracto, le corresponde a esta alzada, a modo de continuidad, verificar si en el caso bajo análisis, el accionante cumplió con los requisitos y/o elementos para la procedencia del derecho de retracto legal arrendaticio
(Destacado de la Sala)
De lo anteriormente transcrito se verifica claramente y sin objeción alguna, la ilógica contradicción evidenciada en este caso, dado que la jueza de la recurrida, por una parte establece en la valoración de la documental marcada con la letra G, en el establecimiento del hecho de la efectiva notificación de la preferencia ofertiva por parte de la codemandada Inversiones 1182450 C.A., a la arrendataria demandante, afirmando por una parte que sí se llevó a cabo dicha notificación, y en su parte motiva, declara que no consta en autos la práctica de la notificación de la preferencia ofertiva por parte Inversiones 1182450 C.A., a la arrendataria demandante.
Tal situación, muestra confusión, ambigüedad y poca claridad de la juez en su labor lógica al construir la sentencia. Este comportamiento contraviene su deber jurídico de confeccionar una sentencia clara, justificada, precisa y expresa.
En adición a todo lo anteriormente expuesto, considera necesario esta Sala de Casación Civil, traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional de este máximo tribunal de justicia en fallo Nº 889 del 30 de mayo de 2008, caso: INHERBORCA, expediente: 2007-1406, según el cual es necesario evaluar la influencia determinante en el dispositivo del fallo de cualquiera de las infracciones de orden jurídico a las que se refiere el artículo 320 de la ley civil adjetiva, pues de lo contrario la casación sería inútil. La referida Sala señaló:
(
) En ese orden de ideas, estima esta Sala Constitucional pertinente el recordatorio de que la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el deber de todos los jueces o juezas de la República de asegurar la integridad de la Constitución (ex artículos 334 y 335 constitucionales), obligan al juez, siempre, a la interpretación de las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles (ex artículo 26), para el logro de que la justicia no sea sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, como lo ordena el artículo 257 del Texto Fundamental.
Por otra parte, en lo que respecta, específicamente a la nulidad y reposición de actos procesales, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil preceptúa:
Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.
De allí que, en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que deben caracterizar todo proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales; precepto que, aunque preconstitucional, se adapta en un todo a los principios que recogieron los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999.
(
omissis
)
Así, en este caso, sólo habrá habido infracción del orden jurídico, en los términos del artículo 320, si la prueba respecto de cuya apreciación se incurrió en contradicción -en criterio de la Sala de Casación Civil-, tiene la posibilidad de influir de forma determinante en el dispositivo del fallo.
En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva, los preceptos a que se hizo referencia con anterioridad, 206 del Código de Procedimiento Civil y 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, llevan a la ineludible conclusión de que, en todo caso y en todos los casos, la nulidad y reposición a que se refiere el artículo 320 del Código Adjetivo no podrán ser pronunciadas si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado en este supuesto, la sentencia que hubiere compuesto la controversia entre las partes en forma ajustada a derecho-, apreciación que debe hacerse en estricto respeto al derecho de los justiciables a una justicia equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles, en el marco de un proceso que sea, en forma eficaz, un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que no sacrifique ese objetivo por la omisión de formalidades no esenciales (ex artículos 26 y 257 C.R.B.V.); así se declara.
En el asunto de autos, esta Sala Constitucional observa que el acto de juzgamiento que expidió la Sala de Casación Civil no estableció, antes de la declaratoria de nulidad del fallo objeto del recurso de casación, si la prueba de experticia respecto de cuya apreciación estimó que hubo contradicción, era determinante en el dispositivo de la sentencia, al extremo de que ameritara la anulación de ésta última, comprobación que, dentro de la actividad juzgadora de la Sala, era inexcusable con la finalidad de que no se impusiera a las partes una reposición inútil, más cuando el juez de alzada declaró que los mismos hechos que habría arrojado la prueba de experticia que había decidido no apreciar, esto es, que durante los años 1998 y 1999 la parte actora no registró operaciones comerciales por concepto de venta de inmuebles surgían de otros medios de prueba (declaraciones de impuesto sobre la renta).
En consecuencia, no podía haberse afirmado que esa contradicción en los motivos del fallo dejaba al dispositivo sin sustento, sin el análisis que imponen los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, previo a cualquier declaratoria de nulidad y reposición, como es el caso de la que recoge el artículo 313, ordinal 1°, del Código Adjetivo
(Negrillas y subrayado de este fallo)
En aplicación del criterio antes señalado de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, se observa, que el vicio de actividad declarado en este caso compromete el fondo del asunto debatido y tiene influencia determinante de lo dispositivo del fallo suficiente para cambiarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, dado que en base a dicha contradicción la alzada por un lado le otorgó valor eficacia jurídica a un instrumento probatorio que señala demuestra un hecho y posteriormente señala que dicho hecho (notificación) no fue cumplido.
En consecuencia, esta Sala de Casación Civil, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales que ad exemplum fueron señalados con anterioridad en este fallo, al observar en el presente caso un vicio de orden público en la formación de la sentencia, relativo a la inmotivación por contradicción, al verificarse la existencia de dos (2) motivos que se contradicen entre sí sobre un mismo punto, que son inconciliables, constituyendo palmariamente una disyunción exclusiva, en el sentido de que tiene que ser una u otra pero no ambas argumentaciones, considera que lo establecido por la recurrida en el fallo, resulta a tal punto contradictorio que sus fundamentos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e inconciliables, que generaron una situación equiparable a la falta de fundamentación, configurando un inefable defecto de motivación que infringe los requisitos legalmente establecidos para la formación de las sentencias, es por ello que la Sala concluye que la sentencia recurrida adolece del vicio denunciado, acarreando así la infracción de lo estatuido en los artículos 12 y 243 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, lo que en razón de ello conlleva a declarar con lugar la presente denuncia y por consiguiente el recurso extraordinario de casación; y por vía de consecuencia la nulidad del fallo recurrido, conforme a lo establecido en los artículos 244 y 210 eiusdem. Así se decide.
Por haber encontrado esta Sala procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se abstiene de conocer y decidir las restantes denuncias contenidas en el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 eiusdem. Así se decide.-
En consideración de todo lo antes expuesto y ante la detección de un vicio de orden público que presenta el fallo analizado por esta Sala, se CASA TOTAL el fallo recurrido, se DECRETA SU NULIDAD ABSOLUTA, y se pasa a decidir el fondo de la controversia, estableciendo las pretensiones y excepciones, analizando y apreciando las pruebas, conforme al nuevo proceso de casación civil venezolano, ya citado en este fallo, en los siguientes términos:
SENTENCIA DE MÉRITO
ALEGATOS DE LAS PARTES:
En el libelo de demanda interpuesto por la actora contra las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., expresa lo siguiente:
1) Mediante documento autenticado en la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 3 de febrero de 2010, anotado bajo el Nº 29, Tomo 30, celebró contrato de arrendamiento con la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., el cual tuvo por objeto un (1) inmueble propiedad de la arrendadora constituido por un (1) local comercial ubicado en el Nivel Plaza (planta baja), distinguido con el número 2, del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida principal de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda.
2) El contrato de arrendamiento fue el último de una relación arrendaticia cuyo inicio data del día 20 de noviembre de 2000, y que se prolongó hasta el 25 de noviembre de 2010.
3) Que para finalizar la relación arrendaticia, en fecha 27 de octubre de 2010, mediante documento autenticado en la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda, anotado bajo el Nº 19, Tomo 165, se estableció que efectivamente, de mutuo acuerdo, se daba por terminada la relación arrendaticia, y se haría uso de la prórroga legal consagrada en el artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente para el momento de la relación, por tres (3) años, lapso éste que vence el día 24 de noviembre de 2013.
4) Manifestó que estando dentro de la prórroga legal, en fecha 2 de julio de 2012, dirigió comunicación privada a la arrendadora Inversiones 1182450, C.A., mediante la cual le manifestó la intención de adquirir el local que ocupa como arrendataria, ofreciéndole por dicha operación la suma de un millón ochocientos veinticuatro mil bolívares fuertes (Bs. 1.824.000,00).
5) Como respuesta a la oferta de compra realizada, el 27 de julio de 2012, la representante legal de la actora María Lourdes Bautista Novoa, recibió correo electrónico de parte de la ciudadana Zaida González, quien en nombre de Inversiones 1182450 C.A., le envió documentos correspondientes a la preferencia ofertiva, aumentando el monto de la oferta de venta ofrecido, correspondiendo a la cantidad de dos millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos bolívares con setenta céntimos (Bs. 2.193.452,70), y un documento de respuesta a la preferencia ofertiva, en el que se pretendía que su mandante manifestara su renuncia al derecho de adquirir el inmueble.
6) Su representada envió a la arrendadora comunicación privada en fecha 15 de agosto de 2012, recibida en la misma fecha, participándole la aceptación plena de la oferta contenida en el documento enviado por correo electrónico.
7) Como ratificación de la aceptación contenida en el documento privado, su representada en fecha 23 de agosto de 2012, por intermedio de la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, notificó a la arrendadora la aceptación a la oferta realizada por correo electrónico.
8) Que en fecha 11 de octubre de 2012, la arrendadora, por intermedio de la Notaría Pública Segunda del Municipio Chacao del estado Miranda, procedió a notificar a su representada de conformidad con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente para ese momento, su intención de dar en venta el local comercial que se encontraba ocupando por la cantidad de dos millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos bolívares con setenta céntimos (Bs. 2.193.452,70).
9) Precisó que la arrendadora procedió a evitar le fuere hecha la notificación con la respuesta de la preferencia ofertiva, lo cual se evidencia de la gestión de notificación infructuosa que realizara la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 26 de octubre de 2012.
10) En fecha 4 de marzo de 2013, la arrendadora envió comunicación privada a su representada mediante la cual se le notificó que habían sido cedidos todos los derechos, acciones y obligaciones del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes a la sociedad mercantil Best Choice Inc., indicando que los pagos correspondientes a los cánones de arrendamiento serían facturados y cobrados por la cesionaria.
11) El día 8 de abril de 2013, se obtuvo copia fotostática simple del documento protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 14 de noviembre de 2012, contentivo de la dación en pago realizada por la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., a la sociedad mercantil Best Choice Inc., de todos los locales y oficinas de su propiedad que conforman el edificio denominado Torre La Castellana entre los que se encuentra el local que se encuentra ocupando su representada.
12) Señaló que de una revisión del expediente contentivo del acta constitutiva de la arrendadora y de los actos celebrados por la asamblea de accionistas, se pudo constatar en primer lugar que no existe el acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 27 de abril de 2012, bajo el N° 1, Tomo 111-A SDO, la cual se alude como causa de la obligación cuyo pago fue el inmueble objeto de la controversia.
13) Indicó que existen tanto un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 4 de octubre de 2011, inscrita el 11 de noviembre del mismo año en el referido registro mercantil bajo el N° 37, Tomo 298-A-SDO, y otra de fecha 24 de enero de 2012, registrada el 22 de marzo de 2012, bajo el N° 31, Tomo 71-A-Sdo; en las cuales no se evidencia la existencia de la obligación asumida por la arrendadora a favor de su única accionista, que pudiere ser saldada con la dación en pago del inmueble que ocupa su representada como arrendataria; por lo cual considera que se está en presencia de un acto simulado para hacer la traslación de propiedad del inmueble a un tercero sin contraprestación alguna.
14) Concluyó señalando que si la dación en pago lo fue a título gratuito, en un acto simulado, efectivamente el precio y las condiciones resultaron a todas luces inferior y más favorables que las ofrecidas inicialmente a su representada, lo cual se subsume en uno de los supuestos establecidos en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios para la procedencia del retracto legal arrendaticio, razón por la que debe solicitarse judicialmente la declaratoria del acto simulado y subsidiariamente a dicha declaratoria el derecho de retracto legal.
15) Fundamentó su acción en los artículos 1141, 1142, 1147, 1148 y 1281 del Código Civil, así como los artículos 43, 47 y 48 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
16) Finalmente solicitó se declare la simulación de la operación de dación en pago y de la pretendida acreencia saldada con la propiedad del local que su apoderada ocupa como arrendataria y asimismo de forma subsidiaria se del derecho de retracto legal arrendaticio para que se le subrogue en el lugar de la empresa Best Choice Inc., en las mismas condiciones que el negocio simulado, o en las originalmente ofertadas a su mandante.
La sociedad mercantil codemandada Best Choice Inc., en su contestación, sostuvo:
1) Rechaza y contradice tanto los hechos como el derecho de la demanda que, por no ser ciertos los hechos señalados en el libelo, ni mucho menos, las consecuencias que de los mismos puedan derivarse.
2) No es cierta la inexistencia del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de marzo de 2012, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y el estado Miranda, en fecha 27 de abril de 2012, bajo el N° 1, Tomo 111-A SDO, a la que se alude como causa de la obligación cuyo pago fue el inmueble objeto de la presente controversia.
3) Niega y rechaza que no se evidencie la existencia de la obligación asumida por la arrendadora, sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., a favor de su representada que pudiere ser compensada con la dación en pago del inmueble que ocupa la demandante arrendataria.
4) Niega, rechaza y contradice que se esté en presencia de un acto simulado con el ánimo de efectuar la traslación de la propiedad del inmueble a un tercero sin contraprestación alguna a título gratuito.
5) No es cierto que la dación en pago sea un acto simulado, y que el precio y las condiciones resultaran inferiores y más favorables que las ofrecidas inicialmente a la actora, por la codemandada Inversiones 1182450 C.A.
6) Niega, rechaza y contradice que la sociedad mercantil Best Choice Inc., recibiera en dación en pago el inmueble objeto de arrendamiento en condiciones más favorables que las ofertadas por la codemandada Inversiones 1182450 C.A.
7) Niega, rechaza y contradice que la codemandada Inversiones 1182450 C.A., en su carácter de arrendadora, haya tenido que cumplir con el requisito de la preferencia ofertiva, para realizar la traslación de propiedad de manera simulada.
8) No es cierto que de manera premeditada, la arrendadora Inversiones 1182450 C.A., haya provocado que la aceptación de la oferta jamás llegara dentro del plazo de quince (15) días que la ley establece.
9) Niega, rechaza y contradice que se haya buscado impedir a toda costa que se produjera la aceptación de la parte actora a la oferta.
10) Niega, rechaza y contradice que a pesar de que la arrendadora procedió a dar en pago a la sociedad mercantil Best Choice Inc., el local que ocupa la actora como arrendataria, se desprenda de ello la intención de la arrendadora de que la parte actora no conociera la existencia de la dación en pago.
11) Niega, rechaza y contradice que la motivación o causa del negocio jurídico celebrado sea falsa, ni que se haya podido constatar que la última asamblea de accionistas no fue celebrada en fecha 21 de marzo de 2012, como aparece en el documento de dación en pago, ya que la misma se encuentra debidamente protocolizada ante el registro mercantil correspondiente.
12) Niega, rechaza y contradice que del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de marzo de 2012, no se desprenda que la empresa Inversiones 1182450 C.A., haya asumido alguna obligación a favor de la sociedad mercantil Best Choice Inc., y que por tanto, dicha acreencia fuera inexistente, sino que por el contrario la misma era cierta y exigible.
13) No es cierto que de la disminución del valor del patrimonio de la codemandada, no se desprenda la obligación de restituir algún monto por parte de Inversiones 1182450 C.A., a su representada.
14) Niega, rechaza y contradice que la celebración de la dación en pago se haya llevado a cabo sobre la base de una acreencia inexistente y por un monto distinto al causado como consecuencia de la disminución de patrimonio.
15) Niega, rechaza y contradice que se haya simulado una operación de dación en pago por una acreencia inexistente que tuviera visos de certeza, a los fines de evitar que se descubriera una supuesta intencionalidad en la operación.
16) Niega, rechaza y contradice que se haya pretendido la entrega de la propiedad del inmueble arrendado sin la existencia de acreencia alguna, así como la subsunción de la operación de dación en pago en el supuesto de hecho del artículo 48 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, es decir, la transmisión de la propiedad del inmueble a un tercero de manera gratuita o sin contraprestación económica.
17) Niega, rechaza y contradice que el precio ofertado a la actora, por la codemandada Inversiones 1182450 C.A., haya sido mayor a aquel por el que se verificó la dación en pago
18) Niega, rechaza y contradice que haya mediado manipulación, engaño o consentimiento fraudulento alguno por parte de mi representada y la codemandada Inversiones 1182450 C.A., en la celebración de la dación en pago que dio origen a la traslación de la propiedad del inmueble arrendado, que pudiese devenir en un vicio del consentimiento y que constituyese el supuesto negado de simulación.
19) Admitió que la codemandada inversiones 1182450 C.A., garantizó el derecho de preferencia ofertiva mediante notificación practicada por la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, en la que manifestó su voluntad de dar en venta el local arrendado por la cantidad de dos millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos bolívares con setenta céntimos (Bs. 2.193.452,70).
20) Admitió lo señalado por la demandante en lo referente a que la manifestación de la voluntad por parte de la actora de la aceptación de la preferencia ofertiva se hizo de manera extemporánea el día 30 de octubre de 2012.
21) Que es cierto que la dación en pago fue realizada entre su representada y la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., acordada mediante asamblea de accionistas de fecha 21 de marzo de 2012.
22) Admitió que en fecha 4 de marzo de 2013, la arrendadora Inversiones 1182450 C.A., envió comunicación privada notificando a la actora de la cesión de derechos, acciones y obligaciones del contrato de arrendamiento celebrado entre Inversiones 1182450 C.A., y la sociedad mercantil Best Choice Inc.
23) Concluyó precisando que los petitorios de la demanda no pueden proceder en derecho en contra de su representada por cuanto se trata de una argumentación carente de elementos fácticos ciertos de los que no se puede derivar las consecuencias jurídicas demandadas.
Asimismo la codemandada Best Choice Inc., planteó reconvención a la sociedad mercantil actora, para que convenga o sea condenada en:
1) Indicó que fue celebrado contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., autenticado por ante la Notaría Pública Cuarto del Municipio Autónomo Chacao del estado Miranda en fecha 3 de febrero de 2010, anotado bajo el N° 29, Tomo 30.
2) Que en el contrato se estipuló en su cláusula primera que el bien inmueble objeto del mismo tendría por objeto un local comercial, ubicado en el Nivel Plaza (Planta Baja), identificado con el N° 2 del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida principal de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas del Municipio Chacao del estado Miranda.
3) Asimismo su cláusula tercera acordó que se pagaría un canon mensual de arrendamiento por la cantidad de siete mil ochocientos setenta y seis bolívares con sesenta y seis céntimos (Bs. 7.876,66), dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, por mensualidades adelantadas.
4) De igual manera se convino que la duración del contrato sería de un (1) año improrrogable a partir del 25 de noviembre de 2009, teniendo en cuenta que la relación arrendaticia nació en fecha 20 de noviembre de 2000.
5) Señaló que se previó en la cláusula vigésima tercera una cláusula penal en el supuesto que la arrendataria no entregara el local comercial a la fecha de vencimiento del contrato, o de una de sus prórrogas, correspondiendo la cantidad de quinientos treinta bolívares (Bs. 530,00), por cada día de retraso contados desde el día siguiente de la terminación de la relación arrendaticia y hasta el día de la entrega del inmueble objeto del contrato.
6) Señaló que llegada la fecha de finalización del contrato las partes procedieron a celebrar un documento de prórroga legal en fecha 27 de octubre de 2010, debidamente autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda, anotado bajo el N° 29, Tomo 165.
7) Que en el referido documentó las partes acordaron no darle prórroga contractual o convencional al contrato.
8) Que la arrendataria en ejercicio del artículo 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente para ese momento, se acogió a la prorroga legal arrendaticia en el entendido que tendría una duración de tres (3) años concluyendo el contrato en fecha 24 de noviembre de 2013.
9) Indicó que ambas partes reconocían el deber de la arrendataria de entregar el inmueble, para la fecha de finalización del contrato en el entendido que la no entrega del mismo daría derecho al ejercicio y solicitud de la medida de secuestro prevista en el artículo 39 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios.
10) Sin embargo alegó que a la finalización del contrato y su prórroga su representada ha solicitado la entrega del inmueble a la arrendataria obteniendo la negativa de cumplir con lo pactado.
11) Fundamentó su reconvención en los artículos 1159, 1160, 1167 y 1264 del Código Civil.
12) Solicitó en consecuencia el cumplimiento del contrato de arrendamiento suscrito entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., y la prórroga legal arrendaticia del inmueble objeto del mismo.
13) Que, se ordene la entrega a su representada, libre de personas y bienes, el local comercial objeto del contrato, el cual consta de un local comercial.
14) Como daños y perjuicios previstos a través de cláusula penal, solicita se pague la suma de quinientos treinta bolívares (Bs. 530,00) por cada día de retraso en la entrega del inmueble, cantidad ésta que deberá computarse desde el día 24 de noviembre de 2013 (exclusive) hasta la fecha definitiva de su entrega (inclusive).
15) Por ultimo solicitó la indexación o ajuste inflacionario de los montos correspondientes de los daños y perjuicios, así como las costas del proceso.
La actora en su contestación a la reconvención, sostuvo:
1) Planteó la cuestión previa contenida en el ordinal 5° del artículo 436 del Código de Procedimiento Civil referente a la falta de caución necesaria para proceder al juicio.
2) Que las obligaciones reclamadas son derivadas de convenciones de naturaleza netamente civil, por lo que el ejercicio de la acción por vía reconvencional requiere de la demandada-reconviniente no domiciliada en el país, el cumplimiento previo del requisito contenido en el artículo 36 del Código Civil.
3) Que dicho artículo consagra la figura conocida como CAUTIO JUDICATUM SOLVI según la cual, el demandante no domiciliado en la República debe afianzar el pago de lo que pudiere ser juzgado y sentenciado, salvo que determine que posee bienes suficientes en el país.
4) La demandada reconviniente Best Choice Inc., es una empresa constituida y domiciliada en Barbados, de conformidad con su acta constitutiva y por consiguiente debe, a los fines de entablar el juicio civil, ceñirse a lo establecido en el artículo 36 del Código Civil.
5) Pertenecen a la empresa codemandada reconviniente una serie de inmuebles, cuya propiedad deriva de un acto jurídico cuya declaratoria de simulación constituye la pretensión del juicio principal, y en ese sentido, puesta en duda la legalidad de dicha propiedad, la excepción promovida por esta representación judicial debe prosperar en derecho y ordenarse a la codemandada reconviniente la constitución de la cautio judicatum solvi.
Por su parte la sociedad mercantil codemandada Inversiones 1182450 C.A., en su contestación reprodujo íntegramente los alegatos de la contestación presentada por la codemandada Best Choice Inc., salvo lo referente a la reconvención.
DE LAS PRUEBAS
Pruebas promovidas por la demandante-reconvenida, y su valoración:
Junto con el libelo de demanda presentó:
1.- Marcado B copia fotostática simple del contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., autenticado en la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 3 de febrero de 2010, anotado bajo el Nº 29, Tomo 30, del inmueble constituido por un (1) local comercial ubicado en el Nivel Plaza (planta baja), distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre La Castellana, cuya superficie aproximada es de un cuarenta y siete metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados (47,57 mts2), situado en la avenida Eugenio Mendoza de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentadas la misma en copia fotostática sin que fuera impugnada, se considera fidedigna, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocida y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
2.- Marcado C copia fotostática simple del documento referente a la prórroga legal autenticada ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda de fecha 26 de octubre de 2010, bajo el No. 19, Tomo 165, mediante el cual las partes declaran de mutuo acuerdo poner fin a la relación arrendaticia, y, de conformidad con la prorroga legal prevista, su plazo para la entrega del inmueble objeto del contrato es hasta el día 24 de noviembre de 2013. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentadas la misma en copia fotostática sin que fuera impugnada, se considera fidedigna, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocida y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
3.- Marcado D original de la carta misiva suscrita por la actora y dirigida a la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., recibida por esta en fecha 4 de julio de 2012, en la que manifiesta su intención de adquirir el local comercial que le fue ofrecido en venta objeto del contrato de arrendamiento. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocida y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1371 y 1374 del Código Civil.
4.- Marcado E copia impresa de correo electrónico de fecha 27 de julio de 2012, mediante la cual la ciudadana Zaida González le remite a la representante legal de la actora documentos anexos de preferencia ofertiva y respuesta sobre el inmueble objeto de la presente causa. Debe advertir esta Sala que el mismo constituye un documento electrónico, observándose que en el presente caso sí fue impugnado oportunamente en la contestación de la demanda por parte de la representación judicial de las codemandadas, ante lo cual la demandante promovió prueba de experticia a los fines de probar su autenticidad, por lo que el valor probatorio de los mismos será establecido al momento de analizar dicho medio de prueba. Así se establece.
5.- Marcado F copia fotostática simple del poder especial otorgado por los ciudadanos Pedro Antonio Arcaya y Luís Enrique Fernández Feo, quienes actúan como Gerente Administrador A y Gerente Administrador B de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., a la abogada Zaida Gonzalez de Silva, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 21.374, para que represente a la señalada empresa en el otorgamiento del contrato de compra venta del local comercial N° 7, situado en la planta baja del Nivel Plaza del edificio Torre La Castellana, autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda, bajo el N° 5, Tomo 120, en fecha 16 de agosto de 2010. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentado el mismo en copia fotostática sin que fuera impugnado, se considera fidedigno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachado de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil y del mismo queda probado el carácter con que actúa la abogada Zaida González de Silva. Así se establece.-
6.- Marcado G copia fotostática del poder especial otorgado por los ciudadanos Pedro Antonio Arcaya y Luís Enrique Fernández Feo, quienes actúan como Gerente Administrador A y Gerente Administrador B de Inversiones 1182450 C.A., a la abogada Zaida González de Silva, antes identificada, para que represente a la señalada empresa en el otorgamiento del contrato de compra venta de diez (10) oficinas identificadas con las letras desde la A hasta la J, situadas en la planta tipo 6 (nivel 8) del edificio Torre La Castellana, autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda, bajo el N° 13, Tomo 79, en fecha 17 de mayo de 2011. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentado el mismo en copia fotostática sin que fuera impugnado, se considera fidedigno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachado de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil y del mismo queda probado el carácter con que actúa la abogada Zaida González de Silva. Así se establece.
7.- Marcado H original de comunicación privada de fecha 15 de agosto de 2012, realizada por la ciudadana María Lourdes Bautista, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A, a la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., a los fines de notificar a esta última la aceptación plena de la oferta presentada para la adquisición del local comercial objeto del presente juicio. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y por cuanto no fue desconocida de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocida y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1371 y 1374 del Código Civil.
8.- Marcado I copia certificada de la notificación de la aceptación a la oferta de fecha 23 de agosto de 2012 por la ciudadana María Lourdes Bautista, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A, a la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., realizada ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocida y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
9.- Marcado J copia fotostática simple del documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda, referente a la preferencia ofertiva hecha por la empresa Inversiones 1182450 C.A., en la que notifica a la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A., en la persona de su Directora General María Lourdes Bautista Novoa, de fecha 9 de octubre de 2012, de su intención de vender el local comercial objeto de la presente controversia. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentadas la misma en copia fotostática sin que fuera impugnada, se considera fidedigna, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocida y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
10.- Marcado K copia certificada del documento en el cual la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, se trasladó y constituyó en el local distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre la Castellana, situado en la avenida principal de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda, con el propósito de notificar extrajudicialmente a los ciudadanos Randolph Anthony Morrison Basalo y Luís Enrique Fernández Feo, en sus condiciones de Gerentes Administradores de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., en fecha 26 de octubre de 2012, sobre la aceptación de la preferencia ofertiva. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentado el mismo en copia fotostática sin que fuera impugnado, se considera fidedigno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachado de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
11.- Marcado L copia certificada del documento en el cual la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del estado Miranda, se trasladó y constituyó nuevamente en el local distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre la Castellana, situado en la avenida principal de la Urbanización la Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda, con el propósito de notificar extrajudicialmente a los ciudadanos Randolph Anthony Morrison Basalo y Luís Enrique Fernández Feo, antes identificados, en fecha 30 de octubre 2012, sobre la aceptación de la preferencia ofertiva. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentado el mismo en copia fotostática sin que fuera impugnado, se considera fidedigno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachado de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
12.- Marcado M original de comunicación privada de fecha 4 de marzo de 2013, suscrita por los representantes legales de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., y dirigida a la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A., mediante la cual notificó la cesión de todos los derechos, acciones y obligaciones del contrato de arrendamiento a la empresa Best Choice Inc. Dicho instrumento fue presentado a la demandante-reconvenida, y por cuanto no fue desconocida de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocida y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1371 y 1374 del Código Civil. Así se decide.
13.- Marcado N copia fotostática del documento de Registro de Información Fiscal (RIF) de la empresa Best Choice Inc. Respecto de este instrumento, esta Sala observa que el mismo emanó de un organismo de la administración pública, como lo es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por lo que constituye un documento público administrativo, y dado que el mismo no fue impugnado, ni desconocido por la codemandada-reconviniente, se tiene por fidedigno y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, 1360 y 1363 del Código Civil y artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
14.- Marcado O original de la constancia de recepción de solicitud de copia simple de fecha 8 de abril de 2013 del documento protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda de fecha 14 de noviembre de 2012, referente al negocio jurídico celebrado entre la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., y la empresa Best Choice Inc., mediante el cual dio en pago las oficinas y locales comerciales localizadas en el inmueble denominado Torre La Castellana, situado en la avenida Eugenio Mendoza de la Urbanización la Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y por cuanto no fue tachado de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, quedando demostrada la fecha en que fue solicitada por la actora la copia del negocio jurídico de dación en pago celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc. Así se establece.
15.- Marcado P copia fotostática simple del documento referente a la dación en pago celebrada entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., mediante el cual se transfirió la propiedad de los bienes inmuebles propiedad de la empresa Inversiones 1182450 C.A., constituidos por trece (13) locales comerciales y cuarenta y seis (46) oficinas, identificadas plenamente en el documento, del edificio denominado Torre La Castellana, ubicado en la avenida Eugenio Mendoza de la Urbanización la Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda, construido en la parcela de terreno identificada con el número de catastro 209/13-15-16-01-03 y una franja de terreno S/N; dicha parcela tiene una superficie de cuatro mil trescientos sesenta y dos metros cuadrados con ocho centímetros cuadrados (4.362,08 mts2); documento el cual fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 14 de noviembre de 2012, desde los números 2012.2092 al 2012.2150, del Asiento Registral 1 correspondiente al libro de folio real del año 2012. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentado el mismo en copia fotostática sin que fuera impugnado, se considera fidedigno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachado de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
16.- Marcado Q copia fotostática simple del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., de fecha 4 de octubre de 2011, registrada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, el 11 de noviembre de 2011, bajo el Nº 37, Tomo 298-A-SDO, mediante la cual se acordó el incremento del patrimonio con cargo a la cuenta de superávit por revalorización del activo propiedad de la compañía, con el objeto de reflejar el valor en mejor forma el valor real del acervo real de la compañía. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentado el mismo en copia fotostática sin que fuera impugnado, se considera fidedigno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachado de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
En el período probatorio:
Conforme al principio de la comunidad de la prueba, la actora promovió los siguientes medios probatorios:
1.- Ratificó la promoción de las documentales presentadas en su escrito libelar.
2.- Exhibición del documento constitutivo de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., y de las actas de asamblea de accionistas en las que se haya verificado la venta o traspaso de acciones. Con respecto a la presente prueba debe señalarse que el juzgado a quo mediante auto del 12 de mayo de 2014, declaró inoficioso pronunciarse sobre la misma por cuanto ya constaba la declaración del notario donde certifica que tuvo a la vista la documentación de la inscripción de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., dándose fe pública del documento cuya exhibición se solicitó; asimismo respecto a la actas de asambleas en las que pudiera verificarse el traspaso accionario, dicha representación no consignó copias de los mismos ni indicó datos que conociera acerca de lo contenido en dichos documentos, por lo que fue negada su admisión; en este sentido dicho pronunciamiento no fue objeto de apelación por parte de la representación judicial de la actora por lo que quedó firme, en virtud de lo cual se desecha la presente exhibición. Así se estima.
3.- Exhibición del documento constitutivo de la sociedad mercantil Best Choice Inc. Con respecto a la presente prueba debe señalarse que el juzgado a quo mediante auto del 12 de mayo de 2014, declaró asimismo que la representación de la actora no consignó copias del documento, ni indicó datos que conociera acerca de lo contenido en dicha documental, por lo que fue negada su admisión; en este sentido dicho pronunciamiento no fue objeto de apelación por parte de la representación judicial de la actora por lo que quedó firme, en virtud de lo cual se desecha la presente exhibición. Así se estima.
4.- Experticia informática sobre copia impresa de correo electrónico de fecha 27 de julio de 2012, promovida en su escrito libelar con la letra E. Sobre la referida prueba mediante auto de fecha 13 de mayo de 2014, fue declarado desierto el acto de nombramiento de expertos informáticos, y en virtud de ello no hay nada que valorar, en consecuencia se desecha la prueba identificada con la letra E promovida por la actora en su escrito libelar. Así se decide
Pruebas promovidas por la sociedad mercantil codemandada-reconviniente Best Choice Inc., y su valoración:
Junto con el escrito de contestación a la demanda presentó:
1.- Marcado A copia fotostática simple del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 de fecha 21 de marzo de 2012, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital el 27 de abril de 2012, bajo el Nº 1, Tomo 111-A-SDO, mediante la cual se acordó la disminución patrimonial de la empresa en la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y un bolívares con treinta céntimos (Bs. 247.955.531,30), y con el fin de saldar dicha deuda se acordó entregar en dación en pago a la accionista sociedad mercantil Best Choice Inc., en su condición de propietaria del cien por ciento (100%) de la compañía Inversiones 1182450 C.A., los inmuebles propiedad de esta última, constituidos por los locales y oficinas del edificio denominado Torre La Castellana, ubicado en la avenida Eugenio Mendoza de la Urbanización la Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda, construido en la parcela de terreno identificada con el número de catastro 209/13-15-16-01-03 y una franja de terreno S/N; con una superficie de cuatro mil trescientos sesenta y dos metros cuadrados con ocho centímetros cuadrados (4.362,08 mts2).
La presente documental fue presentada a la demandante-reconvenida en copia fotostática simple, la misma fue posteriormente impugnada por la representación judicial de la sociedad mercantil K-B-LLOS 00, C.A., sin embargo observa esta Sala que a los folios 528 al 535 de la pieza N° 1 del expediente judicial, fue consignada la copia certificada de dicha acta, y por cuanto no fue tachada de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
2.- Marcado B copia fotostática simple del documento referente a la dación en pago celebrada entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., mediante el cual se transfirió la propiedad de los bienes inmuebles propiedad de la empresa Inversiones 1182450 C.A., constituidos por trece (13) locales comerciales y cuarenta y seis (46) oficinas, anteriormente identificado; documento el cual fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 14 de noviembre de 2012 bajo el N° 9, Tomo 44. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
3.- Marcado C copia certificada del contrato de arrendamiento autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Autónomo Chacao del estado Miranda de fecha 3 de febrero de 2010, bajo el No. 29, Tomo 30, del inmueble constituido por un local comercial ubicado en el nivel plaza (planta baja), distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre La Castellana, anteriormente identificado. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
4.- Marcado D copia certificada del referente a la prórroga legal autenticada ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda de fecha 26 de octubre de 2010, bajo el No. 19, Tomo 165, mediante el cual las partes declaran de mutuo acuerdo poner fin a la relación arrendaticia, y, de conformidad con la prorroga legal prevista, su plazo para la entrega del inmueble objeto del contrato es hasta el día 24 de noviembre de 2013. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
5.- Marcado E copia fotostática simple del documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda referente a la preferencia ofertiva hecha por INVERSIONES 1182450, C.A., en la que notifica a la sociedad mercantil K-B-LLOS 00, C.A., en la persona de su Directora General María Lourdes Bautista Novoa, en fecha 11 de octubre de 2012. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
En el período probatorio:
Conforme al principio de la comunidad de la prueba, la codemandada-reconviniente solicitó la ratificación de todas las documentales presentadas en su escrito de contestación a la demanda y de reconvención, marcadas con las letras desde la B hasta la I; asimismo promovió en esta oportunidad las siguientes documentales:
1.- Marcado F1 copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., y el ciudadano Antonio Nirchio Tursellino, titular de la cédula de identidad N° 5.278.993, cuyo objeto es el local comercial distinguido con el N° 2 ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio Torre La Castellana, anteriormente identificado, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería; autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha 26 de febrero de 2002, bajo el N° 52, Tomo 22. Dicho instrumento fue presentado a la demandante-reconvenida, y por cuanto no fue tachado de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
2.- Marcado F2 copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., cuyo objeto es el local comercial distinguido con el N° 2 ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio Torre La Castellana, anteriormente identificado, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería, autenticado ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Chacao del estado Miranda de fecha 23 de noviembre de 2006, anotado bajo el N° 70, Tomo 159. Dicho instrumento fue presentado a la demandante-reconvenida, y por cuanto no fue tachado de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
3.- Marcado F3 copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., cuyo objeto es el local comercial distinguido con el N° 2 ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio Torre La Castellana, anteriormente identificado, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería, autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 25 de noviembre de 2008, anotado bajo el N° 16, Tomo 226. Dicho instrumento fue presentado a la demandante-reconvenida, y por cuanto no fue tachado de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
Pruebas promovidas por la sociedad mercantil codemandada-reconviniente Inversiones 1182450 C.A., y su valoración:
Junto con el escrito de contestación a la demanda presentó:
1.- Marcado A copia fotostática simple del contrato de arrendamiento celebrado entre la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., y el ciudadano Antonio Nirchio Tursellino, titular de la cédula de identidad N° 5.278.993, cuyo objeto es el local comercial distinguido con el N° 2 ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio Torre La Castellana, anteriormente identificado, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería; autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha 26 de febrero de 2002, bajo el N° 52, Tomo 22. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
2.- Marcado B copia fotostática simple del contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., cuyo objeto es el local comercial distinguido con el N° 2 ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio Torre La Castellana, anteriormente identificado, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería, autenticado ante la Notaría Pública Séptima del Municipio Chacao del estado Miranda de fecha 23 de noviembre de 2006, anotado bajo el N° 70, Tomo 159. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
3.- Marcado C copia fotostática simple del contrato de arrendamiento celebrado entre la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., y el ciudadano Antonio Nirchio Tursellino, titular de la cédula de identidad N° 5.278.993, cuyo objeto es el local comercial distinguido con el N° 2 ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio Torre La Castellana, anteriormente identificado, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería, autenticado ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha 26 de febrero de 2002, anotado bajo el N° 47, Tomo 22. Dicho instrumento fue presentado a la demandante-reconvenida, y al ser presentado el mismo en copia fotostática sin que fuera impugnado, se considera fidedigno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachado de falsa en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
4.- Marcado D copia fotostática simple del contrato de arrendamiento entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., cuyo objeto es el local comercial distinguido con el N° 2 ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio Torre La Castellana, anteriormente identificado, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería, autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del estado Miranda de fecha 25 de noviembre de 2008, anotado bajo el No. 16, Tomo 226. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
5.- Marcado E copia fotostática simple del contrato de arrendamiento entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., cuyo objeto es el local comercial distinguido con el N° 2 ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio Torre La Castellana, anteriormente identificado, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería, autenticado en la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 3 de febrero de 2010, anotado bajo el Nº 29, Tomo 30, del inmueble constituido por un local comercial ubicado en el nivel plaza (planta baja), distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre la castellana, situado en la avenida principal de la Urbanización la castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Jurisdicción del Municipio Chacao del Estado Miranda. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
6.- Marcado F copia fotostática simple del documento referente a la prórroga legal autenticada ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda de fecha 26 de octubre de 2010, bajo el No. 19, Tomo 165, mediante el cual las partes declaran de mutuo acuerdo poner fin a la relación arrendaticia, y, de conformidad con la prorroga legal prevista, su plazo para la entrega del inmueble objeto del contrato es hasta el día 24 de noviembre de 2013. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
7.- Marcado G original del documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda referente a la preferencia ofertiva hecha por Inversiones 1182450 C.A., en la que notifica a la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A., en la persona de su Directora General María Lourdes Bautista Novoa, de fecha 11 de octubre de 2012 de la intención de compra sobre el local objeto del presente juicio. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
8.- Marcado H copia certificada del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., celebrada en fecha 21 de marzo de 2012, y registrada ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el N° 1, Tomo 111 A SDO, en fecha 27 de abril de 2012. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
9.- Marcado I copia certificada del documento referente a la dación en pago celebrada entre la sociedad mercantil Inversiones 1182450, C.A., y la empresa Best Choice Inc., de fecha 14 de noviembre de 2012, el cual fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda, en esa misma fecha, desde los números 2012.2092 al 2012.2150, del Asiento Registral 1 correspondiente al libro de folio real del año 2012. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
10.- Marcado J copia fotostática simple del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., celebrada en fecha 4 de octubre de 2011, e inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el N° 37, Tomo 298-A SDO, en fecha 11 de noviembre de 2011. Sobre dicha prueba esta Sala ya emitió pronunciamiento, por lo cual se da por reproducido dicho análisis en este acto. Así se establece.
11.- Marcado K copia fotostática simple del acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., celebrada en fecha 24 de enero de 2012, mediante la cual se aprobó la disminución del patrimonio de la empresa por existir un error material involuntario en el incremento del patrimonio de la compañía aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de octubre de 2011; inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital bajo el N° 31, Tomo 71-A SDO, en fecha 22 de marzo de 2012. Dicho instrumento fue presentado a la codemandada-reconviniente, y al ser presentado el mismo en copia fotostática sin que fuera impugnado, se considera fidedigno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil y por cuanto no fue tachado de falso en la oportunidad correspondiente se da por reconocido y en consecuencia se le da pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido con el artículo 430 eiusdem, y el artículo 1363 del Código Civil. Así se establece.
En el período probatorio:
Conforme al principio de la comunidad de la prueba, la codemandada-reconviniente solicitó la ratificación de todas las documentales presentadas en su escrito de contestación a la demanda, marcadas con las letras desde la A hasta la K.
MOTIVA
Efectuado el análisis que antecede, esta Sala de Casación Civil, pasa a decidir la presente controversia a fondo, en los términos siguientes:
Del análisis de los alegatos expuestos por la parte actora y de las defensas opuestas por las partes codemandadas, así como su reconvención, esta Sala observa del material probatorio traído a los autos por las partes, que el thema decidendum se circunscribe a determinar si efectivamente procede o no la acción de simulación de la dación en pago mediante el cual se transfirió la propiedad de los bienes inmuebles propiedad de la empresa Inversiones 1182450 C.A., constituidos por trece (13) locales comerciales y cuarenta y seis (46) oficinas, anteriormente identificado; documento el cual fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 14 de noviembre de 2012 bajo el N° 9, Tomo 44, entre los cuales se traspasó la propiedad del inmueble constituido por un (1) local comercial ubicado en el Nivel Plaza (planta baja), distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida Eugenio Mendoza de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, jurisdicción del Municipio Chacao del estado Miranda, objeto del contrato de arrendamiento, celebrado con entre la actora y la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., y en su defecto conocer subsidiariamente sobre la acción de retracto legal arrendaticio sobre dicho inmueble.
Asimismo, se circunscribe a determinar si efectivamente procede o no el cumplimiento de contrato de arrendamiento, propuesto por la codemandada Best Choice Inc., vía reconvencional.
Con respecto a tales pretensiones, se observa que ambas partes convinieron en los siguientes hechos:
- Que la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., garantizó el derecho de preferencia ofertiva mediante notificación practicada por la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, en la que manifestó su voluntad de dar en venta el local arrendado por la cantidad de dos millones ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos bolívares con setenta céntimos (Bs. 2.193.452,70).
- Que la manifestación de la voluntad por parte de la actora de la aceptación de la preferencia ofertiva se hizo de manera extemporánea el día 30 de octubre de 2012.
- Que es cierto que se haya realizado una dación en pago entre su las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc.
- Que en fecha 4 de marzo de 2013, la arrendadora Inversiones 1182450 C.A., envió comunicación privada notificando a la actora de la cesión de derechos, acciones y obligaciones del contrato de arrendamiento celebrado entre Inversiones 1182450 C.A., y la sociedad mercantil Best Choice C.A.
De la acción de simulación incoada por la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A.
Solicita la parte actora la nulidad por simulación del contrato de dación en pago celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., mediante el cual se transfirió la propiedad de los bienes inmuebles propiedad de la empresa Inversiones 1182450 C.A., constituidos por trece (13) locales comerciales y cuarenta y seis (46) oficinas, anteriormente identificado; documento el cual fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 14 de noviembre de 2012 bajo el N° 9, Tomo 44, incluyendo dentro del traspaso un local comercial ubicado en el Nivel Plaza (planta baja), distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida Eugenio Mendoza de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda.
Para fundamentar la pretensión de simulación en cuestión, señaló la actora que: i) no era cierta la existencia de un acta de Asamblea de Accionistas de la empresa Inversiones 1182450, C.A., de fecha 21 de Marzo de 2012, registrada ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 1, Tomo 111-A SDO, de fecha 27 de abril de 2012; ii) que existían dos (2) actas de asambleas generales extraordinarias de accionistas, la primera de fecha 4 de octubre de 2011, y otra celebrada el 24 de enero de 2012, de las cuales no se evidencia la existencia de obligación alguna por parte de la empresa Inversiones 1182450 C.A., con la empresa Best Choice Inc., por lo que se estaría en presencia de un acto simulado; y, iii) que la dación en pago fue a título gratuito y era un acto simulado, siendo que las codemandadas llevaron a cabo actos gratuitos con el fin de perjudicar a la actora.
Ahora bien, con respecto a la acción de simulación, esta Sala de Casación Civil ha expresado: La doctrina y la jurisprudencia son contestes en admitir que la figura de la simulación, por tratarse de actos con apariencia de verdad tras la cual se esconde la verdadera intención de las partes, solo es posible arribar a su comprobación mediante circunstancias y hechos que rodean el acto jurídico al cual se le imputa el carácter de simulado . (Cfr. sentencia N° RC-436 del 13 de agosto de 2018, caso: Carlos Joaquín Spartalian Duarte contra María Eusebia Duarte Santamaría de Spartalian y otros bajo la ponencia del mismo Magistrado que suscribe la presente decisión).
En ese sentido, esta Sala estima oportuno reiterar, que aun cuando la simulación no aparece definida por el legislador patrio, la doctrina y la jurisprudencia han consagrado los principios que gobiernan esta materia, y a tal efecto ha establecido, entre otras, en sentencia Nº 427, de fecha 14 de octubre de 2010, caso: César Palenzona Boccardo contra María Alejandra Palenzona Olavarria, aplicable ratione temporis al sub iúdice, la cual se ratifica en esta oportunidad, que la configuración de la simulación depende de una serie de elementos o parámetros que deben estar presente de manera concurrente, entre los cuales a título enunciativo, debe encontrarse:
A.- El propósito de los contratantes de transferir un bien de un patrimonio a otro, para salvaguardarlo;
B.- La amistad o parentesco de los contratantes;
C.- El precio vil e irrisorio de adquisición;
D.- Inejecución total o parcial del contrato; y
E.- La capacidad económica del adquirente del bien.
Esos elementos fijados por la Sala, constituyen indicios, que si bien no son únicos, ayudan al juez a detectar en qué casos se está en presencia de un negocio simulado.
Ahora bien, la figura de la simulación, contempla los actos con apariencia de verdad tras los cuales se esconde la verdadera intención de las partes, por lo cual solo es posible arribar a su comprobación mediante circunstancias y hechos que rodean al acto jurídico al cual se le imputa el carácter de simulado.
Alegados estos hechos, debe entonces analizarse el contradictorio y las pruebas para determinar si las consecuencias jurídicas determinan o no- la simulación alegada.
i) De la alegada inexistencia del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., de fecha 21 de marzo de 2012.
En lo referente al presente argumento las codemandadas ratificaron en sus respectivos escritos de contestación la existencia de dicha acta de asamblea, y, sobre ese particular, observa esta Sala que consta efectivamente copia certificada del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., celebrada en fecha 21 de marzo de 2012, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital bajo el Nº 1, Tomo 111-A SDO, en fecha 27 de abril de 2012.
De la misma se aprecia que la codemandada Inversiones 1182450 C.A., celebró asamblea en la que se discutió la disminución del patrimonio mediante la entrega de unos inmuebles de su propiedad a la sociedad mercantil Best Choice Inc.; asimismo dicha acta corresponde a un documento autentico al cual tiene pleno valor probatorio, siendo así esta Sala no verifica la procedencia del primero de los alegatos señalados por la actora, pues se constató la existencia del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada en fecha 21 de marzo de 2012, la cual fue la que sirvió como soporte a la dación en pago cuya simulación accionó. Así se decide.
ii) Señaló igualmente la demandante que lo que existía realmente eran dos (2) asambleas generales de accionistas, la primera de ellas, celebrada el 4 de octubre de 2011, mediante la cual se acordó el incremento del patrimonio con cargo a la cuenta de superávit por revalorización del activo propiedad de la compañía, y la otra celebrada el 24 de enero de 2012, donde efectivamente se acuerda la disminución patrimonial por error material incurrido en la asamblea de accionistas de fecha 4 de octubre de 2011, de las cuales no se evidenciaba la existencia de obligación alguna por parte de la empresa Inversiones 1182450 C.A., para con la empresa Best Choice Inc., lo que presume un acto simulado.
Aceptada la existencia de la actas en cuestión, esta Sala observa que del objeto relacionado en estas actas de asambleas generales extraordinarias de accionistas (de fecha 4 de octubre de 2011 y 24 de enero de 2012), no se encuentran relacionados directamente con la dación en pago cuya nulidad se pretende, sin embargo es de hacer notar que ninguna de las asambleas señaladas estaba encaminada a la aprobación ni discusión del referido negocio jurídico; en este sentido el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas que aprobó la dación en pago de los bienes inmuebles ubicados en el edificio denominado Torre La Castellana, propiedad de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., a favor de la empresa Best Choice Inc., y que fue señalada en el documento de dación en pago cuya simulación se demanda, lo fue la celebrada en fecha 21 de marzo de 2012, la cual quedó registrada ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, bajo el Nº 1, Tomo 111-A SDO, en fecha 27 de abril de 2012.
De la referida acta de asamblea general extraordinaria de accionistas se aprecia que la sociedad mercantil codemandada Inversiones 1182450 C.A., aprobó la disminución del patrimonio de la compañía mediante la entrega de unos inmuebles correspondientes a locales comerciales y oficinas ubicadas en el edificio Torre La Castellana, a la sociedad mercantil Best Choice Inc.
Por tanto, como consecuencia directa de la falta de procedencia del segundo de los elementos alegados para soportar la simulación, esta Sala debe desecharlo, por cuanto las actas de asamblea de accionistas a las que se refiere la actora en este punto, no buscaban la aprobación de la dación en pago, ni tampoco contradice o niega la existencia de otra asamblea que se refiera a la aprobación del tema en cuestión como lo es el acta de asamblea de accionistas de fecha 21 de marzo de 2012. Así se decide.
iii) Por último señaló la actora que la dación en pago fue realizada a título gratuito de manera simulada, ya que, en su criterio, siendo que las codemandadas llevaron a cabo actos gratuitos con la finalidad de perjudicar a la actora no estando la arrendadora en disposición de venderle el local a la demandante.
Que nunca existió una obligación cierta entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., ya que, la disminución de patrimonio acordada se debió a un error de cálculo.
En este orden de ideas, se observa del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 21 de marzo de 2012 de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., anteriormente identificada, mediante la cual se disminuyó el patrimonio de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., y se acordó la dación en pago a la única accionista, empresa Best Choice Inc., de varios inmuebles conformados por locales y oficinas ubicados en el edificio Torre La Castellana, incluido el ocupado por la actora en su condición de arrendataria, que no hubo una venta en condiciones más favorables a terceras personas, pues el monto a que se refiere la operación coincide con el ofrecido al actor en su oportunidad.
Con relación a dicha acta de fecha 21 de marzo de 2012, observa este Sala que la misma se refiere a la disminución de patrimonio de una sociedad mercantil, lo cual no tiene relación con el pago de dividendos, o mucho menos con la venta de acciones u otras figuras que pudieran parecer análogas o parecidas. Los aportes o disminuciones de patrimonio conllevan a los accionistas de la sociedad a incorporar al patrimonio o recibir en retorno, según el caso, el monto proporcional de dicho aumento o disminución patrimonial, no formando el monto, en caso de aumento, parte del capital social, pero sí de la prenda común de los acreedores.
Analizado lo anterior, se puede deducir del acta de asamblea de accionistas de fecha 21 de marzo de 2012, que no sólo fue acordada una disminución de patrimonio de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., sino que se acordó la entrega a la accionista Best Choice Inc., mediante una dación en pago, el aporte del patrimonio que habría desaparecido, con cargo en los inmuebles que alcanzaban la suma de doscientos cuarenta y siete millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y un bolívares con treinta céntimos (Bs. 247.955.531,30).
Dicha afirmación, contenida en instrumento debidamente inscrito ante el registro mercantil, el cual no fue desvirtuado por ningún medio probatorio por parte de la actora, permite concluir que el acto jurídico de dación en pago tiene efectos jurídicos frente a terceros y es suficiente para probar el negocio jurídico contenido en él; de esta manera, se concluye que sí existía una obligación entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., la cual tiene un origen patrimonial cierto, el cual se corresponde con operaciones mercantiles entre un accionista y la empresa en donde tiene acciones por efecto de la disminución de patrimonio. Así se decide.
Ahora bien, resulta necesario hacer algunos análisis sobre los informes presentados por la parte actora en la alzada, en relación a los siguientes señalamientos, relacionados con el análisis del acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la empresa Inversiones 1182450 C.A., de fecha 21 de marzo de 2012, al señalar:
- Que el a quo confundió los términos patrimonio con capital, acepciones que en derecho mercantil tienen significados bastante disímiles.
- Que al disponerse del patrimonio de la empresa Inversiones 1182450 C.A., y convertirlo en dividendos a favor de la accionista Best Choice Inc., luego de haber declarado en asamblea anterior un incremento del mismo en razón del superávit por aumento de su valor en el mercado, es un acto que se encuentra reñido con el dispositivo del artículo 307 del Código de Comercio que establece que no se pueden pagar dividendos a los accionistas sino por utilidades líquidas y recaudadas.
- Que, evidentemente, la disminución de patrimonio acordada en razón del error material señalado en el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de la codemandada Inversiones 1182450 C.A., celebrada el 24 de enero de 2012, se encuentra justificada, mas no la pretendida disminución total del patrimonio contenida en la asamblea del 21 de marzo de 2012, esta última realizada mediante la capitalización del superávit o beneficio por revalorización de los inmuebles que constituyen el patrimonio de dicha empresa y menos aún con la salida de dicho patrimonio para el pago de una deuda con la accionista que no deviene de una utilidad líquida y recaudada, conforme las previsiones del citado artículo 307 del Código de Comercio.
- Señaló las siguientes presunciones para determinar la simulación solicitada:
i) Que existe una relación estrecha entre las sociedades mercantiles Best Choice Inc., e Inversiones 1182450 C.A., siendo la primera la única accionista de la última; lo cual se verifica además del hecho cierto que quien representa a la codemandada Best Choice Inc., en las asambleas es el ciudadano Luis Enrique Fernández Feo, quien a su vez forma parte la Junta Directiva de la sociedad mercantil Inversiones 1182450, C.A.
ii) Que luego de realizada la pretendida dación en pago en fecha 14 de noviembre de 2012, la empresa Inversiones 1182450 C.A., se mantuvo como arrendadora cobrando cánones de arrendamiento a su mandante hasta el 4 de marzo de 2013, fecha en la que notifican una supuesta cesión del contrato de arrendamiento ocurrida de derecho en razón de la traslación de la propiedad.
iii) La situación patrimonial de las partes intervinientes en el negocio jurídico simulado no demuestra la justificación económica para la realización del mismo; por el contrario, ha quedado evidenciado que la pretendida disminución del patrimonio no tiene justificación legal alguna sino que es contraria al artículo 307 del Código de Comercio;
iv) Además de la imposibilidad legal de que se disminuya el patrimonio mediante la capitalización de superávit a favor de la accionista, lo cual hace que la dación en pago se verificara como consecuencia de obligaciones inexistentes, existen suficientes indicios que hacen suponer que el negocio resulta evidentemente simulado y por ende resulta a todas luces procedente el ejercicio del retracto legal;
v) A pesar de haber sido impugnada la copia impresa del correo electrónico y su archivo adjunto, tales documentos constituyen indicios que adminiculados a la omisión de notificación de la dación en pago por parte del adquirente; a la notificación hecha por la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., de un acto inexistente como lo es la cesión de contrato de arrendamiento, y a la imposibilidad legal de disminución total del patrimonio de dicha empresa mediante la capitalización del superávit o revaluación del mismo a favor del accionista.
En este orden de ideas, constituye una infracción a los artículos 12, 15 y 243 ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil, por incongruencia negativa, cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide sólo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello, como son, en el libelo de la demanda, en la contestación o en los informes u observaciones, siempre y cuando sean formuladas peticiones o alegatos que, aunque no estén comprendidos en la demanda, o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-105 de fecha 20 de diciembre de 2006, expediente N° 06-067).
Así pues, el requisito de congruencia establecido en el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, estatuye que toda sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia..., es decir, necesariamente debe existir una coherencia entre la sentencia y lo pretendido y rebatido por las partes en el decurso del proceso.
Por otro lado, el vicio de incongruencia ha sido definido en innumerables fallos por este Máximo Tribunal, como una infracción al requisito de la sentencia de pronunciarse sobre el problema jurídico sometido a su decisión, circunscrito a los términos de la demanda y de la contestación, por lo cual sólo puede resolverse las cuestiones que hayan sido presentados en esos actos, aplicando el derecho a los hechos alegados y probados.
El sentenciador, debe en consecuencia, pronunciarse sobre todo lo alegado y sólo sobre lo alegado por los litigantes en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el escrito de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, que de acuerdo con reiterada jurisprudencia, el jurisdicente está en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa y de esta manera satisfacer la exigencia legislativa, conforme a lo estatuido en los artículos 12 y ordinal 5° del artículo 243, ambos del Código de Procedimiento Civil, en aplicación del antiguo Adagio Latino: Justa alegata et probata judex judicre debet, que determina que: (Según lo alegado y probado el juez debe juzgar o que el juez debe sentenciar con arreglo a lo alegado y probado), para así dar cumplimiento al principio de exhaustividad que impone a los jueces, el deber de resolver todas y cada una de las cuestiones alegadas por las partes que constituyen el problema judicial; y por tanto no incurrir en omisión de pronunciamiento. Cuando el Juez incumple con tal mandato, su sentencia queda viciada de incongruencia negativa o citrapetita. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-388, de fecha 15 de julio de 2.009, caso de Ana Carrillo contra Gustavo Galvis, expediente N° 09-218).
Asimismo, la doctrina de esta Sala ha expresado que no toda modificación vicia el fallo; el tribunal puede acordar menos de lo reclamado (minus petitio), pero no puede pronunciarse sobre cosa no demandada (non petita), ni sobre cosa extraña (extrapetita), ni otorgar más de lo pedido (ultrapetita), pues su decisión debe enmarcarse dentro de los límites de lo reclamado (intrapetita). Debe acotarse que el fallo, al incurrir en non petita; extrapetita y ultrapetita incurre en el vicio de nulidad de la sentencia, conocido comúnmente como ultrapetita, establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, pues tales términos nos llevan a la misma conclusión, cual es que la sentencia se excedió concediendo más de lo que delimitaron los contendientes en la litis.
En una sentencia de vieja data, dictada en fecha 24 de julio de 1940, la antigua Corte Federal y de Casación, estableció una precisa y categórica definición del requisito de congruencia, de la manera siguiente:
El artículo 162 del Código de Procedimiento Civil, determina las condiciones que debe reunir la sentencia para su validez, y los defectos que la vician de nulidad. En cuanto a los requisitos del fallo, la citada disposición ordena que toda sentencia debe contener decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las acciones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas. Este ordenamiento indica, según la interpretación y aplicación tradicional y constante de dicho precepto legal, que entre la demanda y la contestación de una parte, y la sentencia, de la otra, debe existir la debida y correspondiente congruencia. Si el fallo carece de esa conformidad, es porque ha sido alterado el problema jurídico planteado por las partes´ (Márquez Añez Leopoldo. Memoria de la Corte Federal y de Casación. Tomo II, pág. 65. Año: 1941, Obra Citada pág. 11. Cita Nº 2)
(Resaltado de la Sala y cursivas del fallo).
Con base en lo anterior, esta Sala, en innumerables oportunidades ha definido en qué consiste el vicio de incongruencia negativa, y ha sostenido que el mismo (...) resulta del no pronunciamiento por parte del juez sobre los presupuestos de hecho que forman el problema judicial debatido, conforme a los términos en que se explanó la pretensión y la contradicción (...).(Sentencia N° 194, de fecha 3 de mayo de 2005, caso: Wismer Febres Pérez contra Maldonio Valdivieso citada en sentencia N° 421 de fecha 15 de julio de 2015, caso: Santuario de Coromoto de El Pinar contra Bella Monique, C.A. y otro, y ratificada en sentencia N° 306 de fecha 18 de mayo de 2017, caso: Construcciones Gamal Oriente, C.A. contra Geovanne Ramón Hidalgo Guasamucare.).
En tal sentido ha señalado esta Sala, que de forma excepcional existen alegatos de los informes u observaciones que deben ser resueltos obligatoriamente, y al respecto la doctrina de esta Sala expresa, que entre los alegatos que se pueden esgrimir ante el juez de alzada en informes, relacionados con los hechos del proceso, los cuales pueden incluso sobrevenir a la contestación de la demanda y que pueden tener influencia determinante en la suerte del proceso, ad exemplum tenemos los siguientes: Los relacionados con la confesión ficta, la cosa juzgada sobrevenida luego de celebrada la contestación, la caducidad y prescripción opuestas en la contestación, que sólo puede ser rebatida en los informes, la extemporaneidad de la apelación, la falta de mandato o de representación del apelante, la falta de cualidad sobrevenida del apelante, el fraude procesal, el desistimiento de la acción o del procedimiento, la solicitud de transacción o convenimiento, la violación del orden público, el señalamiento de una actuación manifiesta injustamente por parte del juez de la recurrida y la obstrucción grave del proceso. (Cfr. Fallo de esta Sala N° RC-868, de fecha 15 de diciembre de 2017, expediente N° 2016-074, caso: Importadora Radiante 10.000, C.A., contra Iván Francisco Gorrín Parra, entre muchos otros).
Ahora bien, de conformidad con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, los elementos planteados por el actor en sus informes con respecto al análisis del acta de asamblea general de accionistas de la empresa Inversiones 1182450 C.A., de fecha 21 de marzo de 2012, escapan al thema decidendum que se trabó con la litis, pues lo cierto es que nunca esos elementos fueron planteados en el libelo de la demanda y se incorporan, por primera vez, en los informes.
No obstante lo anterior, esta Sala observa que en el análisis acerca de los efectos del acta de asamblea de fecha 21 de marzo de 2012, se puede colegir que la misma se refiere a una disminución patrimonial de la sociedad mercantil Inversiones 1185420 C.A., lo cual nada tiene que ver con el pago de dividendos, ni con la venta de acciones.
Dichos aportes o disminuciones patrimoniales obligan a los accionistas a incorporar al patrimonio o recibir en retorno, de la sociedad mercantil, el monto de dicha disminución o aumento patrimonial, no formando parte del capital, pero sí de la prenda común de los acreedores.
Asimismo el pago realizado a través de la dación en pago de una disminución de patrimonio, es válido para lograr el fin de retornar al accionista lo que se ha disminuido del patrimonio; por lo que, no se verifica violación de la norma contenida en el artículo 307 del Código de Comercio, pues no consta en autos que se hubieren decretado dividendos y se pretendan pagar los mismos a través de la dación en pago. Así también se declara.
Con relación a los elementos de los cuales la parte actora señala presunciones, si bien existe una relación directa entre las sociedades mercantiles Best Choice Inc., e Inversiones 1182450, C.A.; o el hecho de que la empresa Inversiones 1182450 C.A., se mantuviera como arrendadora en el cobro de los cánones de arrendamiento hasta el día 4 de marzo de 2013, fecha en la que efectivamente notificó la cesión del contrato de arrendamiento a la actora; o que los negocios jurídicos de ambas empresas se verifican en el mismo domicilio; los mismos no son capaces de establecer una presunción de que no se haya realizado una verdadera dación en pago, tal y como fue aprobada en el acta de la asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 21 de marzo de 2012; en virtud de los cual dicha negociación es perfectamente válida y asimismo abarcaba, no sólo el bien arrendado por la actora, sino cincuenta y nueve (59) inmuebles compuestos de locales y oficinas ubicadas en el edificio denominado Torre La Castellana, lo que no infiere una intención deliberada y específica de afectar concretamente al actor.
De esta manera, la asamblea de accionistas de fecha 21 de marzo de 2012, no tuvo como objeto afectar a la actora en derecho de preferencia o de retracto legal arrendaticio, pues como ya fue señalado, no era el único inmueble sujeto a la negociación; razón por la cual no se puede derivar la presunción hominis señalada por la sociedad mercantil demandante en su escrito de informes. Así se decide.
En razón de los razonamientos antes expuestos esta Sala declara improcedente la pretensión de simulación del contrato de dación en pago protocolizado en fecha 14 de noviembre de 2012, desde el Nº 2012.2092 hasta el Nº 2012.2150, del asiento registral 1, correspondiente al libro de Folio Real del año 2012, celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., mediante el cual se transmitió a esta última, entre otros bienes inmuebles, un local comercial ubicado en el Nivel Plaza (planta baja), distinguido con el Nº 2 del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida Eugenio Mendoza de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda. Así se decide.
De la acción subsidiaria de retracto legal arrendaticio interpuesta por la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A.
En cuanto a la pretensión de retracto legal arrendaticio, esta Sala observa que mediante el documento de dación en pago celebrada entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., mediante el cual se transfirió la propiedad de los bienes inmuebles propiedad de la empresa Inversiones 1182450 C.A., constituidos por trece (13) locales comerciales y cuarenta y seis (46) oficinas, identificadas plenamente en el documento, del edificio denominado Torre La Castellana, ubicado en la avenida Eugenio Mendoza de la Urbanización la Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda, construido en la parcela de terreno identificada con el número de catastro 209/13-15-16-01-03 y una franja de terreno S/N; dicha parcela tiene una superficie de cuatro mil trescientos sesenta y dos metros cuadrados con ocho centímetros cuadrados (4.362,08 mts2); documento el cual fue protocolizado ante el Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 14 de noviembre de 2012, desde los números 2012.2092 al 2012.2150, del Asiento Registral 1 correspondiente al libro de folio real del año 2012.
En este orden de ideas, es preciso señalar que dentro de los inmuebles traspasados se encontraba el local comercial ubicado en el Nivel Plaza (planta baja), distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida Eugenio Mendoza de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda, para realizar actividades de estética en general, incluyendo la rama de peluquería, objeto del contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades mercantiles K-B-LLOS 00 C.A., e Inversiones 1182450 C.A., objeto de la presente controversia.
De esta manera considera conveniente esta Sala traer a colación lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 341.- Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.. (Destacados de esta Sala).
Por su parte señala el artículo 49 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, aplicable ratione temporis para el momento de la interposición de la demanda, en lo referente a la procedencia del retracto legal arrendaticio en caso de transferencia global del inmueble en el que se halle el local arrendado, lo siguiente:
Artículo 49. El retracto legal arrendaticio no procederá en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad del inmueble del cual forme parte la vivienda, oficina o local arrendado.. (Destacado de la Sala).
A su vez cabe señalar, en torno a la inadmisibilidad de la demanda de retracto legal arrendaticio por enajenación global del inmueble en el marco del artículo 49 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que esta Sala de Casación Civil en su sentencia Nº RC-735, de fecha 9 de diciembre de 2011, expediente Nº 2011-509, dispuso lo siguiente:
La interpretación del artículo 49 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios conlleva a entender que si se produce la venta global de la propiedad o del inmueble del cual forme parte el local arrendado, no procede el retracto legal arrendaticio; ya que este derecho de preferencia, nace únicamente, cuando son vendidos en forma individual los locales, casas o apartamentos propiedad del enajenante, y que los mismos se encuentren arrendados. En el caso que nos ocupa, y según lo estableció el juez de la causa en el auto mediante el cual declaró inadmisible la demanda.
En este orden de idea se observa del documento otorgado por ante la oficina de Registro Público del segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara en fecha 29/12/2010 anotado bajo el N° 2010.13340, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 363.11.2.2.3397 y correspondiente al libro del folio real del año 2010 que la propietaria vendió el terreno propio y el edificio sobre el enclavado denominado edificio LAS GOAJIRAS
En razón de que el inmueble en controversia fue vendido como un todo, en forma global, resulta evidente que los arrendatarios no ostentan el derecho que reclaman, lo que, por vía de consecuencia, conlleva a la improcedencia de la presente denuncia de infracción del artículo 49 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se decide.
En atención a la parte de la denuncia que acusa la violación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, observa la Sala que los recurrentes no explican satisfactoriamente de que manera infringió el ad quem la referida norma, ya que, no es a él a quien corresponde la admisión de la demanda; no obstante esta Máxima Jurisdicción Civil extremando sus deberes, señala a los formalizantes que, al no poseer la cualidad para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio, por prohibición expresa de la Ley, no tendrían los accionantes base legal para demandar su cumplimiento y que les fuera admitida su pretensión. Así se decide
. (Destacado de esta Sala).
Ahora bien, ante lo previsto en las disposiciones legales y criterio jurisprudencial anteriormente referidos, esta Sala observa, que en el caso sub iudice se puede deducir que el bien inmueble objeto de la presente controversia se hallaba a su vez incorporado entre los inmuebles localizados en el edificio denominado Torre La Castellana, objeto de la dación en pago celebrada entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., por lo que el referido negocio jurídico fue realizado globalmente.
En virtud de lo antes indicado, tal como lo dispone el artículo 49 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, aplicable ratione temporis para el momento de la interposición de la demanda, no resulta procedente el derecho de ejercer retracto legal arrendaticio cuando la venta o enajenación de la propiedad del inmueble se hiciere de forma global como se puede observar en el presente caso.
Siendo esto así y de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente señalado por cuanto la actora no posee la cualidad para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio, por prohibición expresa de la ley, no tiene la demandante-reconvenida base legal para demandar su cumplimiento ni para que le sea admitida su pretensión. (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº RC-735, de fecha 9 de diciembre de 2011, expediente Nº 2011-509).
En virtud de lo anteriormente señalado, esta Sala declara la inadmisibilidad de la pretensión de retracto legal arrendaticio, en razón de que el inmueble objeto de la presente causa fue traspasado por parte de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., a la sociedad mercantil Best Choice Inc., como una totalidad. Así se decide.
De la reconvención ejercida por la sociedad mercantil Best Choice Inc.
En su oportunidad para contestar la reconvención, la actora-reconvenida en la oportunidad de dar contestación a la misma, se limitó a oponer la cuestión previa prevista en el ordinal 5° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, fundándose para ello que la demandada-reconviniente se encuentra domiciliada en el extranjero y no había presentado caución de conformidad con el artículo 36 del Código Civil.
En este sentido, en primer lugar, debe entenderse que en el presente proceso, estando en discusión una relación de carácter arrendaticio, ha de tenerse como una relación de carácter eminentemente civil, tal y como lo ha señalado esta Sala de Casación Civil sentencia Nº 835, de fecha 13 de noviembre de 2007, caso: Agostinho de Nobrega da Fonte contra Tasca Restaurant Night Club Cartajena, C.A., en la que se señala:
evidencia esta Sala de la revisión exhaustiva de las actas del expediente, que el caso de autos trata de una resolución de contrato de derecho común, específicamente de un contrato de arrendamiento, al cual le resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Aclarado lo anterior, evidencia esta Sala de la revisión exhaustiva de las actas del expediente, que el caso de autos trata de una resolución de contrato de derecho común, específicamente de un contrato de arrendamiento, al cual le resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En este sentido, el artículo 10 del prenombrado Decreto, establece lo siguiente:
La competencia judicial en el Área Metropolitana de Caracas corresponde a los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, en lo relativo a la impugnación de los actos administrativos emanados de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura; y en el resto del país, la competencia corresponde a los Juzgados (sic) de Municipio (sic) o los de igual competencia en la localidad de que se trate, en cuyo caso, a tales Juzgados (sic) del interior de la República (sic) se les atribuye la competencia especial Contencioso Administrativo en materia inquilinaria. El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales, a que se refiere esta Ley, en materia de arrendamientos urbanos y suburbanos será competencia de la jurisdicción civil ordinaria. (Negrilla de la Sala).
Por su parte, el artículo 33 eiusdem, señala:
Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento (
) y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley y al procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía
.
De las normas antes transcritas, se desprende que corresponde a la jurisdicción civil ordinaria el conocimiento de las demandas en materia de arrendamientos urbanos y suburbanos, entre ellas las de resolución de contrato de arrendamiento.
En consecuencia, dado que en el presente caso, las actuaciones tanto de la parte demandante (persona natural) como la demandada (persona jurídica), provienen de un contrato de naturaleza eminentemente civil, esta Sala considera que la competencia para conocer del presente asunto corresponde a la jurisdicción civil
. (Resaltado de la Sala)
De esta forma, a criterio de esta Sala resulta aplicable el contenido del artículo 36 del Código Civil, el cual dispone lo siguiente:
el demandante no domiciliado en Venezuela debe afianzar el pago de lo que pudiere ser juzgado y sentenciado, a no ser que posea en el país bienes en cantidad suficiente y salvo lo que dispongan leyes especiales.
Tal requisito legal, bajo la fundamentación del actor-reconvenido es exigible, ya que la sociedad mercantil Best Choice Inc., se constituyó mediante documento otorgado en Barbados, encontrándose su domicilio en ese país.
Con fundamento en la norma contenida eiusdem, en concordancia con la doctrina jurisprudencial citada supra, tal requisito para la interposición de la demanda, se le impone expresamente al demandante no domiciliado en la República, no siendo aplicable su contenido a las personas residentes en nuestro país que accionan ante los tribunales.
Ahora bien, esta Sala observa que en el expediente instrumento poder emanado de la sociedad mercantil Best Choice Inc., en el cual se designa a la representación judicial de dicha empresa para actuar en el presente juicio, se puede extraer que Best Choice Inc., está
constituida y organizada bajo las Leyes (sic) de Barbados, e inscrita en el Registro de compañías de Barbados bajo el N° 33997, en fecha 6 de Diciembre (sic) de 2010, cuya oficina está ubicada en Carleton Court High Street, Bridgetown, St Michael, Barbados
quedando en carga de la parte codemandada-reconviniente demostrar que la misma tendría como asiento principal de sus negocios e intereses la República Bolivariana de Venezuela y/o que tendría bienes suficientes en el país capaces de responder sobre las eventualidades en el proceso.
En tal sentido, en la fase probatoria, la parte demandada-reconvenida hizo valer los efectos del documento de dación en pago de fecha 14 de noviembre de 2012, debidamente protocolizado desde los números 2012.2092 al 2012.2150, del Asiento Registral 1 correspondiente al libro de folio real del año 2012, a través del cual se evidencia que la sociedad mercantil Best Choice Inc., tiene bienes inmuebles en el país capaces de soportar las consecuencias procesales del juicio. En atención de lo anterior, al existir bienes suficientes en el país capaces de garantizar las eventualidades del presente proceso la defensa previa opuesta debe ser desestimada. Así se decide.
Determinado lo anterior, y en cuanto al fondo de la controversia, se observa que la actora-reconvenida no planteó ningún elemento a su favor, por lo que no existe ninguna defensa o excepción a ser analizada.
En este orden de ideas, se observa que del contrato de arrendamiento celebrado entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y K-B-LLOS 00 C.A., autenticado en la Notaría Pública Cuarta del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 3 de febrero de 2010, anotado bajo el Nº 29, Tomo 30, del inmueble constituido por un (1) local comercial ubicado en el Nivel Plaza (planta baja), distinguido con el número 2 del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida Eugenio Mendoza de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda, se convino en su cláusula segunda que la duración del contrato sería de un (1) año a partir del 25 de noviembre de 2009.
Asimismo, se observa del documento denominado entre las partes como prórroga legal autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del estado Miranda de fecha 26 de octubre de 2010, bajo el Nº 19, Tomo 165, mediante el cual las partes declaran de mutuo acuerdo poner fin a la relación arrendaticia, y, de conformidad con la prorroga legal prevista, su plazo para la entrega del inmueble objeto del contrato es hasta el día 24 de noviembre de 2013, resulta clara y evidentemente la exigibilidad del cumplimiento del mismo, con la consecuente obligación de la empresa K-B-LLOS 00, C.A., de entregar el bien objeto del contrato de arrendamiento libre de personas y bienes, para la fecha de finalización del contrato.
Ahora bien, esta Sala observa en conformidad con lo estatuido en el artículo 1.259 del Código Civil, que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, y que, no pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley, y al verificarse en el presente caso que las partes asumieron obligaciones recíprocas en el contrato de arrendamiento, y siendo que la demandante-reconvenida aceptó que pasaría a hacer uso de la prórroga legal prevista en la ley, se produjo efectivamente el mutuo consentimiento entre ambos sujetos procesales, toda vez que la demandada-reconviniente confirmó el carácter de tiempo determinado del contrato de arrendamiento, lo que originó el mutuo acuerdo, conforme al viejo adagio latino que señala: UBI PARTES SUNT CONCORDES NIHIL AB IUDICEM, ya que, donde las partes están de acuerdo, no se hacen lugar los jueces. Así se declara. (Cfr. Fallo N° RC 732, de fecha 10 de noviembre de 2005, expediente N° 2004-826, caso: Máximo Alejandro de Pablos Martínez contra Humberto de Pablos Martínez y otro; criterio ratificado en los fallos Nos. RC 216, de fecha 3 de julio de 2018, expediente N° 2017-826; RC 229, de fecha 9 de mayo de 2018, expediente N° 2017-260; FOR 225, de fecha 9 de mayo de 2018, expediente N° 2017-784).
De esta manera, la prórroga legal debía transcurrir hasta el 24 de noviembre de 2013, debiendo hacerse entrega el inmueble el día 25 de noviembre de 2013; sin embargo, llegada la indicada fecha no se hizo entrega del inmueble, permaneciendo hasta la actualidad la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A., en el mismo.
De tal manera que una vez vencida la prórroga legal la arrendadora debe requerir la entrega del inmueble, observando esta Sala que del acuerdo recogido en el documento de prorroga legal de fecha 26 de octubre de 2010, de extender el plazo de prórroga legal constituye el último convenio de las partes para la entrega del inmueble, lo cual debía cumplirse el día 25 de noviembre de 2013, sin que se haya verificado que la demandante-reconvenida diera cumplimiento al mismo, y por cuanto se está en presencia de un contrato a tiempo determinado, resulta aplicable al presente caso lo dispuesto en el artículo 1.599 del Código Civil, según el cual: Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye en el día prefijado, sin necesidad de desahucio, en razón de lo cual debe proceder la parte demandante-reconvenida a hacer la entrega del bien inmueble objeto del presente juicio de conformidad con lo estipulado en el contrato de arrendamiento celebrado. Así se decide.
Ahora bien en el presente caso se demanda como daños y perjuicios el pago de la indemnización prevista en la cláusula VIGÉSIMA TERCERA del contrato suscrito entre las partes conforme a la cual:
VIGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULA PENAL.
Se conviene en forma expresa que si a la expiración del plazo concedido, señalado en la Cláusula Segunda de este mismo documento o en caso de resolución o terminación anticipada del mismo, LA ARRENDATARIA no hiciere entrega del inmueble señalado, pagará a la propietaria a título de cláusula penal, además del canon establecido la cantidad de Quinientos Treinta Bolívares Fuertes (Bs.F. 530,00), por cada día de retraso en la entrega y hasta la fecha de la entrega material definitiva de EL INMUEBLE a satisfacción de la ARRENDADORA
.
De la cláusula antes transcrita, se observa que las partes acordaron en caso de mora en la entrega del inmueble, que la arrendataria deberá cancelar una indemnización equivalente a la cantidad de quinientos treinta bolívares (Bs. 530,00), por cada día de retraso en la entrega y hasta la fecha de la entrega.
De igual manera, según lo dispuesto en el artículo 1.167 del Código Civil:
Artículo 1.167.- En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.
Con fundamento en la precitada norma, en caso de incumplimiento de un contrato, el acreedor de la obligación puede demandar su cumplimiento como es el presente caso, y asimismo la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar.
Al respecto debe destacarse que estamos en presencia de una cláusula penal o también denominada pena convencional, la cual consiste en la estipulación conforme a la cual las partes establecen que en caso de inejecución culposa de una obligación, el deudor se compromete a cumplir una determinada prestación de dar o de hacer, que puede consistir en el pago de una suma de dinero, como en el presente caso.
En este sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente para el momento es posible estipular esta clase de cláusulas, en los siguientes términos:
Artículo 28. Las partes podrán establecer cláusulas penales por el incumplimiento de la obligación asumida por el arrendatario, referida a la entrega del inmueble al vencimiento del plazo.
En virtud de todo lo antes expuesto concluye esta Sala, que al haber sido declarada la procedencia en derecho de la pretensión de cumplimiento de contrato de arrendamiento incoada por la sociedad mercantil Best Choice Inc., en contra de la sociedad mercantil Inversiones 1182450 C.A., se debe condenar a la demandante-reconvenida a pagar la indemnización de daños y perjuicios conformada por la cláusula penal prevista en la cláusula VIGÉSIMA TERCERA correspondiente a la mora en la entrega del inmueble, cuyo monto deberá ser determinado mediante experticia complementaria del fallo, con base en la cantidad de quinientos treinta bolívares (Bs. 530,00) por día, desde el día 25 de noviembre de 2013 hasta la fecha en que quede definitivamente firme la presente decisión. Así se decide.
En consecuencia de la declaratoria anterior y por cuanto fue solicitado por la codemandada-reconviniente una vez verificado el cálculo anterior, se ordena la indexación judicial del monto previamente condenado, desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme este fallo, mediante auto expreso que lo declare, dictado por el tribunal de primera instancia cuando reciba el expediente, tomando en cuenta los decretos leyes de reconversión monetarias y los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), publicados por el Banco Central de Venezuela, hasta el mes de diciembre del año 2015, y a partir del mes de enero de 2016, en adelante, se hará conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vista la omisión del Banco Central de Venezuela de publicar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (I.N.P.C.), calculada sobre la base del promedio de la tasa pasiva anual de los seis (6) primeros bancos comerciales del país, a menos que dichos índices sean publicados con posterioridad, y a tal efecto el juez en fase de ejecución, podrá: 1.-Oficiar al Banco Central de Venezuela, con el objeto de que -por vía de colaboración- determine dicha corrección monetaria, u 2.-Ordenar que dicho cálculo se haga mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, con el nombramiento de un (1) solo perito. Así se decide. (Cfr. Fallos de esta Sala N° RC-517, de fecha 8 de noviembre de 2018, expediente N° 2017-619; N° RC-538, de fecha 7 de agosto de 2017, expediente N° 2017-190 y N° RC-865, de fecha 7 de diciembre de 2016, expediente N° 2015-438).
Con base a los anteriores razonamientos se confirma la decisión del a quo, parcialmente en los términos aquí expuestos por esta Sala. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de nulidad propuesto por la representación judicial de las sociedades mercantiles co-demandadas INVERSIONES 1182450 C.A., y BEST CHOICE INC.
SEGUNDO: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado por la representación judicial de las sociedades mercantiles INVERSIONES 1182450 C.A., y BEST CHOICE INC., contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 21 de julio de 2016, en consecuencia, CASA TOTAL y SE ANULA la sentencia recurrida.
TERCERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la sociedad mercantil K B-LLOS 00 C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas de fecha 2 de junio de 2014, en consecuencia se confirma el mencionado fallo en los términos de esta Sala.
CUARTO: SIN LUGAR la demanda por simulación de la operación de dación en pago celebrada entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., ejercida por la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A.
QUINTO: INADMISIBLE la demanda por retracto legal arrendaticio ejercida por la demandante-reconvenida, contra las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc.
SEXTO: CON LUGAR LA RECONVENCIÓN que por cumplimiento de contrato de arrendamiento, fuera intentada por la sociedad mercantil BEST CHOICE INC., contra la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A.
SÉPTIMO: SE CONDENA a la demandante reconvenida sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A., a entregar a la sociedad mercantil BEST CHOICE INC., el inmueble objeto de litigio, constituido por un local comercial identificado con el Nº 2 cuya superficie aproximada es de un cuarenta y siete metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados (47,57 mts2), ubicado en el Nivel Plaza (planta baja) del edificio denominado Torre La Castellana, situado en la avenida Eugenio Mendoza de la urbanización La Castellana, cruce con la calle José Ángel Lamas, Municipio Chacao del estado Miranda.
OCTAVO: SE CONDENA a la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A., a pagar a la sociedad mercantil BEST CHOICE INC., la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la mora en la entrega del inmueble, con base en la cantidad de quinientos treinta bolívares (Bs. 530,00) por cada día de retraso, prevista en la cláusula vigésima tercera del contrato de arrendamiento, cuyo monto deberá ser determinado mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo estatuido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, desde la fecha 25 de noviembre de 2013, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la presente decisión.
NOVENO: SE ORDENA la indexación judicial del monto que arroje el cálculo ordenado en el punto anterior, desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme este fallo, de la forma establecida en la motiva de la presente decisión.
Se CONDENA EN COSTAS del proceso por vencimiento total y del recurso extraordinario de casación, a la demandante reconvenida sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A., de conformidad con lo previsto en los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil.
Queda de esta manera CASADA la sentencia impugnada.
Publíquese regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese la presente decisión al juzgado superior de origen antes mencionado, de conformidad con la ley.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil diecinueve. Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación.
Presidente de la Sala y Ponente,
___________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado,
___________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
________________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
_______________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
Secretaria Temporal,
_______________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
Exp. AA20-C-2016-000812
Nota: Publicada en su fecha a las ( )
Secretaria Temporal,
Quien suscribe, Magistrado GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ, en atención al contenido y alcance del artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 62 del Reglamento Interno de este alto Tribunal, expresa su voto salvado con respecto a la decisión precedentemente consignada y aprobada por la mayoría de los Magistrados integrantes de esta Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de nulidad ( ) SEGUNDO: CON LUGAR el recurso extraordinario de casación ( ); TERCERO: SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la sociedad mercantil K B-LLOS 00 C.A. ( ); CUARTO: SIN LUGAR la demanda por simulación ( ); QUINTO: INADMISIBLE la demanda por retracto legal arrendaticio ( ); SEXTO: CON LUGAR LA RECONVENCIÓN que por cumplimiento de contrato de arrendamiento, fuera intentada por la sociedad mercantil BEST CHOICE INC. ( ); SÉPTIMO: SE CONDENA a la demandante reconvenida ( ) a entregar ( ) el inmueble objeto de litigio ( ); OCTAVO: SE CONDENA a la sociedad mercantil K-B-LLOS 00 C.A., a pagar a la sociedad mercantil BEST CHOISE INC., la indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la mora en la entrega del inmueble ( ); NOVENO: SE ORDENA la indexación judicial ( ). Ello, en razón de las consideraciones siguientes:
En el presente asunto, la mayoría de los Magistrados consideró que la pretensión por retracto legal arrendaticio era inadmisible, dado que el inmueble objeto del litigio fue traspasado conjuntamente con otros 58 locales que formaban parte de un bien, sin establecer claramente la razón por lo cual no le era permitido al actor, amparado en el artículo 49 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, en lo sucesivo Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, solicitar el retracto legal arrendaticio. Al respecto, se expuso:
esta Sala observa, que en el caso sub iudice se puede deducir que el bien inmueble objeto de la presente controversia se hallaba a su vez incorporado entre los inmuebles localizados en el edificio denominado Torre La Castellana, objeto de la dación en pago celebrada entre las sociedades mercantiles Inversiones 1182450 C.A., y Best Choice Inc., por lo que el referido negocio jurídico fue realizado globalmente .
De lo anterior, se observa que se consideró como «enajenación o transferencia global» la dación en pago del conjunto de locales del edificio, obviando que cada uno de ellos es «susceptible de aprovechamiento independiente», es decir, en la decisión se trata al edificio como bien pro indiviso.
Contrario a lo que sostiene la mayoría sentenciadora, resulta que cada una de las oficinas y locales comerciales constituye un inmueble con título de propiedad particular. Esto se desprende de la propia dación en pago, donde se transfiere la propiedad de 13 locales comerciales y 46 oficinas, no la propiedad del edificio como un todo, por lo cual el edificio se encuentra sometido a la Ley de Propiedad Horizontal. Como corolario, no se puede afirmar válidamente que se trató de una transferencia global de la propiedad del inmueble objeto de arrendamiento, a fin de excluir la preferencia ofertiva y el retracto legal arrendaticio, pues de esta manera se considera al inmueble objeto del juicio como «parte» del «local arrendado», lo cual es falso.
Así, considerando que cada local es susceptible de aprovechamiento independiente y que el arrendatario tiene el uso de la globalidad del bien arrendado, debía establecerse que la parte actora tiene derecho a la preferencia ofertiva y al retracto legal, conforme a los artículos 42 y 49 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En abono a lo anterior, la propia empresa arrendadora, conforme al artículo 42 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, realizó la respectiva notificación por el derecho de preferencia ofertiva, por lo cual, se afianza la posición sobre el hecho de que no se trató de una cesión sobre un inmueble de forma global, sino de 59 inmuebles individuales.
En tal sentido, debió la Sala entrar a conocer las alegaciones contenidas en el libelo de la demanda con relación a la pretensión de retracto arrendaticio, y no desecharla bajo el argumento sostenido en el presente fallo.
Queda así expresado el fundamento del voto salvado. Fecha ut supra.
Presidente de la Sala,
_____________________________
YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES
Vicepresidente,
___________________________________
FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ ESTÉVEZ
Magistrado Disidente,
_________________________
GUILLERMO BLANCO VÁZQUEZ
Magistrada,
_______________________________
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Magistrada,
_________________________________
MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA
La Secretaria Temporal,
___________________________________
MARIAM JOSEFINA ALTUVE ARTEAGA
AA20-C-2016-000812.
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias